ELCORREO/Vizcaya* : El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao que sienta las bases de la regeneración de Zorrozaurre, aprobado en abril de 2008. El fallo estima el recurso presentado por la asociación de vecinos El Canal al considerar que la modificación del Plan General de Bilbao en esta zona incurrió en tres fallos de procedimiento que invalidan toda la tramitación.
El varapalo judicial retrasará la planificación urbanística pero no obligará a parar las obras que están en marcha o a punto de empezar, ya que la sentencia no es firme y será recurrida ante el Supremo.
La resolución judicial ha dejado un sabor «agridulce» en el área de Urbanismo, según afirmó ayer la concejala Julia Madrazo. Por un lado, es contundente al anular el documento aprobado en el pleno del 24 de abril de 2008 con el respaldo de los socios de gobierno, PNV y EB. El PP se abstuvo y el PSE votó en contra, en plena polémica por el plan de construcción de viviendas en los rellenos del canal que al año siguiente decayó por un acuerdo político. El recurso de los vecinos no se refiere a esta actuación en concreto sino al conjunto de la operación urbanística, que los jueces analizan desde múltiples ángulos, como la viabilidad económica, la vivienda o el impacto ambiental.
Y en ese examen, el Ayuntamiento no sale tan mal parado. El tribunal le da la razón en ocho de las once cuestiones que los vecinos han puesto sobre la mesa. Bastaría, sin embargo, un solo incumplimiento para anular el acuerdo. El principal es la falta del informe del Consejo Asesor de Planeamiento, que en Bilbao celebró su primera reunión en enero de 2009. Aunque este órgano consultivo no se había constituido cuando se aprobó el acuerdo plenario, los magistrados destacan que el informe es «un trámite esencial, sin que quepa relativizar su importancia, porque la ley no queda al libre albedrío de los ayuntamientos».
También advierten que la modificación del Plan General debería haber regulado con más detalle el trazado definitivo y anchura del canal de Deusto, que con su apertura convertirá Zorrozaurre en una isla; una tarea que las autoridades municipales dejaron para el plan especial de la zona, todavía pendiente de aprobación. La tercera objeción hace referencia a las infraestructuras viarias. El puente elevado sobre la ría que conectaría Zorrozaurre con Olabeaga «con un diseño de autovía de gran capacidad» fue eliminado por su fuerte impacto pero sigue incluido en el Plan General de Carreteras del País Vasco, que deberá ser modificado.
En los asuntos de mayor calado, por el contrario, el tribunal avala los cimientos del plan de Zorrozaurre. Cree que la ordenación prevista está «razonablemente justificada, tanto en la redensificación residencial como en el porcentaje de vivienda protegida». Da por bueno el método de valoración de la viabilidad económica del plan y tampoco cuestiona los informes medioambientales. «La idea central de Zorrozaurre está perfectamente vigente», resume el director de la asesoría jurídica municipal, Gonzalo Ruiz. El Ayuntamiento ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo porque considera que los argumentos que dan la razón a los vecinos son «discutibles». De esta forma evita que la sentencia sea firme y que los recurrentes puedan instar su ejecución. Continuarán, por lo tanto, las obras que ya están lanzadas -la clínica del Igualatorio, en construcción, y la nueva sede de Idom, a punto de empezar- y se seguirán concediendo licencias para la rehabilitación de las viviendas de la ribera de Deusto.
El retraso será inevitable en la planificación del conjunto de la operación urbanística, que deberá volver a empezar. El Ayuntamiento, pese a todo, tiene trabajo adelantado y cree que la demora se limitará a dos meses. En abril tenía previsto aprobar la segunda modificación del Plan General en esta zona, que recoge el acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco para suprimir algunas infraestructuras y repartirse cargas con el fin de reducir costes. El documento deberá esperar al pleno de junio, ya que «se subsanarán los defectos de forma detectados por el tribunal para evitar problemas en el futuro». En el horizonte se mantiene la previsión de «finales de 2012 o principios de 2013» para iniciar las obras de urbanización con la apertura del canal.
LAS CLAVES
Consejo asesor de planeamiento. El informe es un trámite «esencial» que el Ayuntamiento ha incumplido.
Apertura del canal. No requería un nuevo trámite de información pública porque «esa solución siempre se contempló como una posible alternativa». Eso sí, el Ayuntamiento debería haber definido el trazado al detalle sin esperar al plan especial de la zona.
Viabilidad económico-financiera. El método de valoración es «correcto».
Estudios de intensidad de tráfico y contaminación. No son necesarios en la modificación del Plan General.
Estudios ambientales. Se contemplan medidas correctoras y se aborda el problema de inundabilidad de forma «razonable».
Infraestructuras viarias. Hay que modificar el Plan General de Carreteras de Euskadi al haber eliminado un viaducto elevado.
Vivienda. Se cumplen las reservas de vivienda protegida y la densidad edificatoria está «razonablemente justificada».
Igualatorio e Idom. Su aportación a las cargas generales de urbanización está justificada.
* El Correo - 31.03.10
Foto: El plan de Zorrozaurre ha recibido un varapalo judicial, aunque el Ayuntamiento cree que no supondrá un retraso importante. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ, elcorreo.com
Bilbao: El Tribunal Superior anula el plan de Zorrozaurre por fallos de procedimiento
Santa Cruz: El TSJC mantiene todas las imputaciones en 'Las Teresitas'
CANARIASAHORA/Tenerife* : La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) mantiene la imputación a todos los encartados en la presunta trama de corrupción en torno a la operación de compra del frente de la playa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con su alcalde Miguel Zerolo (CC) al frente, a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
La magistrada Carla Bellini así lo ha acordado mediante un auto del 25 de marzo, en el que acuerda no acceder a la petición del secretario de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Víctor Reyes Delgado, de sobreseimiento y archivo de la causa en su contra.
La defensa de Reyes había interesado el archivo argumentando que su participación en los hechos se limitaba "a efectuar e intervenir en su calidad de funcionario y en el ejercicio propio de su actividad", en concreto, la elaboración de informes y asesoramientos jurídicos en el expediente para la compra de once parcelas en el frente de playa, entre ellos, realizar la operación a través de una compraventa o el precio de la misma.
Sin embargo, la magistrada considera que aunque Reyes conozca el contenido de parte de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y el TSJC, "es lo cierto que existe otra parte que aún no se ha culminado y de la que se siguen realizando investigaciones y que además se encuentran secretas, y de las que el imputado no es conocedor".
De este modo, Carla Bellini admite que "estamos ante unas diligencias de una alta complejidad jurídica, lo cual hace preciso extremar las averiguaciones a fin de poder depurar al máximo las posibles responsabilidades de las personas que, de una forma u otra, participaron y tuvieron relación directa o indirecta con la operación de compra, por parte el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del frente de la playa de Las Teresitas".
Víctor Reyes Delgado aparece en la investigación del caso Parque Marítimo ejerciendo una función clave muy similar a la que le ha llevado a estar imputado por prevaricación en el caso Las Teresitas: emitir informes para favorecer la comisión del presunto delito investigado, contradiciendo además resoluciones anteriores desfavorables.
Desde su posición en la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes informó favorablemente de la tasación de la compraventa de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia por parte del Ayuntamiento en 2001, después de que la arquitecta municipal Pía Oramas rechazara la elevada cuantía de la operación investigada por el TSJC y Anticorrupción.
En el caso del Parque Marítimo, el secretario de Urbanismo emitió un informe favorable a otorgar la licencia de fiestas a Santa Cruz Park Tenerife SL, contrariando abiertamente la propuesta de la Jefa de los Servicios Jurídicos Municipales, y cuyo parecer figura en la resolución de denegación de la concejal de Urbanismo.
* Canarias Ahora - 30.03.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, playa Las Teresitas - laprovincia.es
El auto del Supremo por las molestias de las obras desata la alarma en el Consell
LEVANTE/Valencia* : El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, considera "muy preocupante" la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la administración autonómica a indemnizar a un comercio que se vio afectado por las obras del metro durante 21 meses entre 2001 y 2002.
A juicio de Flores, el auto de la sala de lo civil del Supremo "puede sentar un precedente y poner en peligro la obra pública", respondió a los periodistas tras ser interrogado por su opinión sobre la sentencia.
Un concesionario de automóviles de Valencia, ha conseguido que el Tribunal Supremo le dé la razón y obligue a la administración autonómica a indemnizarle con casi 420.000 euros -más los intereses legales y las costas procesales- por las molestias que le causaron las obras del metro en la calle Amadeo de Saboya. Las obras en aquel momento las ejecutaba Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por lo que es la empresa ferroviaria la que debe hacer frente a la indemnización. Sin embargo, la mercantil no se encuentra en su mejor momento económico ya que a finales del pasado año acumulaba una deuda a corto y largo plazo que superaba los 800 millones de euros. Los servicios jurídicos de FGV revisaban todos los vericuetos legales a su alcance para encontrar un responsable solidario de la indemnización: la unión temporal de empresas que ejecutó las obras o la Conselleria de Infraestructuras que se las encargó.
"Habrá que estudiar el tema -admitió ayer Mario Flores- pero es muy preocupante porque creo que el interés general está por encima del privado, y esa sentencia podría propiciar que otro tipo de comercios quieran resarcirse y entonces peligraría la obra pública", afirmó.
Mario Flores admitió que "cualquier actuación de infraestructuras ferroviarias genera ciertas incomodidades por lo que siempre tenemos un cuidado especial para intentar molestar lo menos posible". "Una de las cosas que creo habrá valorado juez es que es cierto que hay un tiempo en el que se sufren ciertas incomodidades pero luego los locales por donde pasa este tipo de transporte público se revalorizan de forma importante", se justificó. Aunque incluso llegó a dudar de que el concesionario tuviera problemas de acceso durante los 22 meses que recoge la sentencia.
* Levante-EMV - 31.03.10
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
Condenan a un ex alcalde de Guillena por permitir la construcción de chalés ilegales
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ELMUNDO/Sevilla* : Justo Padilla (PSOE), ex alcalde de Guillena, ha sido condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por su "renuencia" a cumplir la legalidad urbanística y por permitir la construcción de un centenar de chalés en una zona forestal con "pleno conocimiento" de su ilegalidad.
El juicio contra Padilla no llegó a celebrarse en enero pasado porque el ex alcalde aceptó la condena pedida por el fiscal, que incluye la "pérdida definitiva del cargo de alcalde e incapacidad para obtener dicho cargo, el de concejal u otro análogo", según la sentencia notificada ahora a las partes.
El fallo del juzgado penal 12 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, precisa que Padilla "no sólo no paralizó las construcciones ilegales ejecutadas en un paraje de especial protección forestal", sino que cobró tasas a los propietarios que pidieron licencias de obras y, hasta el año 2005, les cobró el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Los chalés ilegales se levantaron en la segunda fase de la urbanización "Lagos del Serrano", una zona que "nunca ha sido urbana ni urbanizable", sino "zona de protección de la serranía", según el fallo.
El entonces alcalde tuvo una actitud "renuente a hacer cumplir la ley" de manera "patente y manifiesta" pues no tomó ninguna medida para hacer cumplir sus propios decretos de paralización.
Prevaricación por omisión
Padilla dimitió en mayo de 2009, después de 30 años en el cargo, y según la sentencia ha sido condenado por un delito de prevaricación por omisión, por "dejar hacer, tanto a la comunidad de propietarios como a los particulares que construían ilícitamente", lo que "equivale de facto a autorizar sus actos".
Precisa el juez que incluso informó favorablemente, de forma verbal, la ejecución de las obras de electrificación de los terrenos de la segunda fase de Lagos del Serrano y, también de forma verbal, autorizó a algunos propietarios edificar sin licencia ni proyecto.
Esta causa contra Padilla fue presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha pedido condenas de inhabilitación similares contra el alcalde de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP), su antecesor José Párraga (PSOE), el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos Manuel Ruiz Lucas (IU) y el ex regidor de La Campana Francisco Vargas (IU), en juicios previstos para los próximos meses.
* El Mundo - EFE - 30.03.10
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info
El juez sobre Matas: ´Está claro que ha venido a burlarse de los simples mortales´
DIARIODEMALLORCA* : El juez del "caso Palma Arena", José Castro, ha notificado hoy una fianza de tres millones de euros para eludir prisión para el ex presidente del Govern balear Jaume Matas, después de que la Fiscalía pidiera para él la misma cantidad. Asimismo, se confirma la retirada del pasaporte del ex president, aunque abone la fianza, con lo que no podrá regresar a Estados Unidos y deberá personarse en los Juzgados el día 1 y 15 de cada mes en cualquier juzgado del país. El plazo máximo para abonar la fianza se fija en el miércoles 7 de abril hasta la medianoche.
El magistrado José Castro ha dispensado al ex político balear de la obligación de acudir personalmente a la notificación del auto, tal y como le pidió su abogado Rafael Perera, quien ha sido citado a las 10:00 horas en el juzgado de instrucción número 3 de Palma para recibir la resolución.
El auto de medidas cautelares del juez también afecta, al cuñado de Matas, Fernando Areal, antiguo tesorero del PP balear, que le ha impuesto la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia en los Juzgados los días 1 y 15 de cada mes.
Así lo expone el juez Castro en un contundente auto de más de 140 páginas que dictó hoy y en el que justifica, junto a otros numerosos hechos supuestamente delictivos En el auto apunta a una "farsa orquestada" por el ex presidente del Govern, Jaume Matas, para ocultar que era quien tomaba personalmente las decisiones relativas a la construcción del velódromo Palma Arena y que supusieron el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros entre 2005 y 2007, parte de los cuales pudieron acabar engrosando su patrimonio, según las investigaciones
En su resolución, a la que tuvo acceso este diario, el juez instructor del caso Palma Arena asevera que "a efectos de ostentar un control directo sobre el proyecto y dar una cobertura formal a sus decisiones", encargó a su entonces directora general de Gabinete, Dulce Linares, y al ex director general de Deportes, José luis 'pepote' Ballester, "llevar las actuaciones necesarias para tal fin basjo su supervisión y control directo", y ordenando a sus subordinados en el proyecto que hicieran lo que ambos indicaran.
Asimismo, encargó la gestión del velódromo a la Fundació Illesport con el objetivo de "eludir los controles ordinarios técnicos, de intervención y fiscalización del Govern". Todas las actas de las reuniones de este órgano, añade el juez, "son falsas" y Matas era quien ordenaba confeccionarlas con el contenido que "facilitaba previamente y las firmaba tras su confección".
En concreto, sobre el imputado pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.
En el auto, Castro también se ha referido a la relación de Matas con "Estudios Jurídicos y Procesales", en las que el ex president del Govern ha afirmado desconocer los permonores de su contratación y ha negado que fuere a pedirles trabajo, tras abandonar la política. De hecho, Matas ha corregido que "no fue a pedirles trabajo, sino a ofrecerles sus servicios", a lo que el juez concluye que "está claro que el señor Matas ha venido a reirse de los simples mortales".
En cuanto a las investigaciones sobre el soborno de 250.000 euros que supuestamente le entregó el conocido productor televisivo José Luis Moreno, Castro ha asegurado que "no ha hecho más que empezar".
En su escrito, el magistrado reconoce que no existe ninguna prueba de tal entrega, "por lo que habrá de estarse a lo que arroje esa investigación que, en tanto judicializada, no ha hecho más que empezar".
El magistrado reconoce que el denunciante de estos hechos, Luis Velasco Ortiz, no pudo ratificar en el Juzgado su denuncia, "quizá por la premura de su citación y encontrarse en Sudamérica", aunque ya se había ratificado ante la Fiscalía Anticorrupción.
Por ello, afirma, "salvo la manifestación del denunciante, ningún dato objetivo existe sobre tal entrega, pero tan cierto como esto es también que las irregularidades denunciadas relativas a adjudicación de programas y encargo de decorados tienen visos de ser ciertas".
Y ello porque estas irregularidades han sido "corroboradas en la Fiscalía por personas vinculadas a IB3 cuando supuestamente se produjeron".
En definitiva, Castro afirma que, si bien "cabía esperar" que Matas ofreciera explicaciones que pudieran "desvirtuar los abrumadores elementos de cargo que pesaban sobre él", finalmente durante sus quince horas de declaración "se invirtió más en formular las preguntas que en el desarrollo de las respuestas, que en su generalidad brillaron por su ausencia".
Es más, considera que algunas de las explicaciones que ha dado Matas suponen una "burla" a su Juzgado y a los ciudadanos y, en otros casos, "todo un disparate".
* Diario de Mallorca - 30.03.10
Foto: Jaume Matas - diariodemallorca.es
El TS anula el plan urbanístico Coto Catalá de Llíria pese a que recurrió el Consell
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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos de casación interpuestos por Residencial La Maimona y la Generalitat contra la anulación de la aprobación del Plan de Actuación Integral (PAI) de la partida del Coto Catalá, aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Llíria en enero de 2006. La actuación incluía la reclasificación como urbanizables de unos terrenos que estaban inicialmente dotados de protección urbanística por ser suelo forestal por lo que la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) "Tos Pelat" y el Centre de Acuicultura Experimental (CAE) denunciaron ante los juzgados la decisión municipal.
El fallo del Supremo, que no admite a trámite sendos recursos de casación, confirma una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 9 marzo de 2009.
El auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo anula con su fallo la reparcelación, el presupuesto de proyecto de urbanización y las obras hasta el momento ejecutadas en los terrenos afectados por el PAI. Supone además la anulación de la alternativa técnica, el proyecto de urbanización y la adjudicación a Sector Residencial Maimona, S.L.U. como agente urbanizador de la obra.
La sentencia llega tarde para una amplia zona del Coto Catalá destrozada por las máquinas de la promotora.
* Levante-EMV - 30.03.10
Foto: Llíria (Valencia), coto Catalá - levante-emv.com
El Tribunal Superior anula el plan con 700 viviendas nuevas en Perales de Tajuña
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ELPAÍS/Madrid* : El urbanismo madrileño ha recibido un nuevo varapalo de los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado un plan urbanístico que permitía construir 718 viviendas en Perales de Tajuña (2.858 habitantes). Este planeamiento contaba con el visto bueno de la Comunidad de Madrid que aprobó las normas transitorias que lo regulan en marzo de 2007.
La mitad de las viviendas estaban proyectadas en una zona de vega inundable ocupada desde hace decenas de años por huertos. El TSJM anula el plan tras un recurso de Ecologistas en Acción por considerar que acarreaba la destrucción de ricas zonas de vega. El tribunal considera que las normas fueron aprobadas "extemporáneamente".
Las normas transitorias de Perales de Tajuña pretenden la reclasificación de la Vega del Lugar, situada al este del municipio. Estas normas también incluyen la construcción de un polígono industrial que sirva como apoyo logístico para el futuro aeropuerto de Campo Real. Ecologistas considera que tendrá un gran efecto paisajístico.
La Comunidad de Madrid aprobó el plan a través de las normas transitorias, un mecanismo que permite agilizar los trámites urbanísticos. A diferencia de los planes urbanísticos, estas normas son redactadas y aprobadas por la Administración regional.
Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio explica que la decisión del tribunal se debe a un defecto de forma. "La Ley del Suelo establece un plazo máximo de seis meses para elaborar estas normas. Nos excedimos porque pedimos informes sectoriales que las retrasaron", justifica. Este portavoz confirmó que la Comunidad de Madrid ya ha recurrido la sentencia del TSJM.
Ecologistas en Acción considera que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre se ha servido de esta "modalidad de plan para agilizar la aprobación de actuaciones urbanísticas muy conflictivas, como la de Perales o Los Molinos (también anuladas)". La organización ecologista observa con preocupación la política urbanística del Ejecutivo regional. "Esta situación no puede ser aceptada ya que es una muestra de la mala salud de un Gobierno autoritario y que desprecia las leyes", zanja.
* ELPAIS.com - 30.03.10
Foto: Perales de Tajuña (Madrid), ayuntamiento - pueblos-espana.org
El Supremo suspende Benicasim Golf por riesgo de insuficiencia de recursos hídricos
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LEVANTE/Castelló* : Una pequeña asociación vecinal ha conseguido tumbar el PAI Benicasim Golf cinco años después de su aprobación definitiva por el ayuntamiento y tras una intensa lucha que, hasta la fecha, había venido acompañada por derrotas a nivel judicial. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, notificada ayer mismo y sobre la que no cabe recurso ordinario, por la que ordena la "suspensión cautelar" de uno de los proyectos urbanísticos estrella del municipio, decisión marcada por lo que consideran un "acreditado riesgo de insuficiencia de recursos hídricos para la obra".
Los vecinos habían presentado un recurso de casación en 2008 tras ver como el TSJ de la Comunidad Valenciana, en sendos autos dictados el 13 de diciembre de 2007 y el 4 de marzo de 2008, denegaba las medidas cautelares que ahora sí asume el Tribunal Supremo. Y para ello se acoge a las propias declaraciones que se han ido tomando a lo largo de estos años, hasta el punto de destacar que, de las explicaciones emitidas por la Sala de instancia y por el agente urbanizador, "se deduce que no hay informe expreso emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar y que no existe concesión de aguas otorgada" por dicha CHJ.
La conclusión es que "es cierto el riesgo, repetidamente denunciado tanto en la instancia como en casación por los recurrentes, de insuficiencia de recursos hídricos para los desarrollos urbanísticos" recogidos en el PAI Benicasim Golf. Acreditado este aspecto, argumenta el Supremo que "de no suspender" la ejecución de todas las actuaciones previstas en este PAI, "la acción impugnatoria ejercitada por los recurrentes perdería su legítima finalidad". Es más, asevera que con la suspensión cautelar "no sólo no pueden derivarse perjuicios para el interés general" sino que, por el contrario, "este interés general se ve mejor amparado" con dicha paralización. El PAI Benicasim Golf, proyecto que empezó a ver la luz en 1999 bajo tutela del PP -y que han venido amparando los diferentes gobiernos municipales, plantea el desarrollo de dos millones de metros cuadrados y casi 3.000 viviendas rodeando un campo de 18 hoyos diseñado por Severiano Ballesteros.
Lenta burocracia
El Ayuntamiento de Benicàssim, tras diversos modificados, aprobó el Plan Parcial de Mejora, Proyecto de Urbanización y Programa de Actuación Integrada en 2005. Un lustro después,. el desarrollo seguía en punto muerto por la lenta aprobación de las infraestructuras previas para su puesta en marcha. Una de ellas, fundamental al estar asentado en la zona húmeda del Cuadro de Santiago, es el encauzamiento del barranco de la Parreta, proyecto que el Consell ha tenido bloqueado durante años y que, en la actualidad, tiene el proyecto aún por redactar.
Cautela es la palabra que esgrimió ayer la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Benicàssim, Susana Ros, a la hora de valorar la sentencia del Tribunal Supremo "ya que primero tenemos que recibirla en el consistorio y después estudiarla para ver los pasos a adoptar". La edil socialista incidió en que "no tenemos aún conocimiento de tal sentencia pero ya podemos dejar claro que este equipo de gobierno -integrado por PSPV, Bloc y Esquerra Unida- siempre ha sido muy respetuoso con las decisiones judiciales y acatará, com no puede ser de otra manera, lo que marquen los tribunales". Susana Ros, en cualquier caso, dejó claro que el proyecto Benicasim Golf "es una situación heredada del anterior equipo de gobierno", al apuntar que fue aprobada en pleno en 2005 con el Partido Popular y ARB al frente del consistorio en aquella época. Por tal motivo, señaló que "habría que preguntarles también a ellos, a los que lo aprobaron, qué piensan sobre este tema". Sobre los argumentos del tribunal para paralizar de manera cautelar el PAI, centrados en que no está garantizado el suministro hídrico, Susana Ros insistió en que no tienen la sentencia en mano para entrar a valorarlo, pero sí que recordó que "desde el Partido Socialista de Benicàssim siempre hemos sido muy exigentes a la hora de valorar los recursos hídricos". De hecho, en todo el proceso previo a la aprobación del PAI por el pleno en 2005, los socialistas, en aquella época en la oposición, basaron parte de sus argumentos en la falta de informes sobre el agua.
* Levante-EMV - 30.03.10
Foto: Recreación del proyecto Benicasim Golf en la zona sur del municipio. levante-emv
La agencia de control urbanístico incrementó un 4.200% los derribos
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ELPAÍS/Galicia* : Desde el 31 de julio de 1980, día en que el Gobierno de Adolfo Suárez transfirió las competencias sobre urbanismo a Galicia, hasta 2007, una única construcción ilegal fue demolida en la comunidad. Durante casi tres décadas, ese expediente de derribo fue toda la contundencia que demostraron siete gobiernos distintos frente a la anarquía inmobiliaria que reinó en el interior y la costa cuando estalló el boom urbanístico.
En sólo dos años, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que acaba de descabezar, previa modificación de sus estatutos, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas presidida por Agustín Hernández, había revertido esa situación. Durante 2008 y 2009, el organismo independiente que impulsó el bipartito ejecutó 42 órdenes de demolición, cinco en su primer año de funcionamiento y 37 el ejercicio pasado y firmó expedientes por los que incrementó sus sanciones hasta 8.335.859 euros.
Con una labor ingente por delante, la estrategia diseñada por el organismo cuando sus inspectores empezaron a pisar las obras pasaba por poner fin a la sensación de impunidad que amparaba a los infractores, ya fueran constructores o alcaldes. Proliferaron los expedientes de restauración de la legalidad (169 entre 2008 y 2009) y las excavadoras irrumpieron por fin en los solares para tumbar edificaciones ilegales. Las actas de inspección aumentaron al mismo ritmo que los medios de la APLU: en 2008 fueron 265, un año más tarde, 517. En este tiempo, los expedientes informativos se multiplicaron por cuatro hasta los 887 durante 2009 y se presentaron 208 recursos en los tribunales, incluidos los que pretenden anular las licencias y poner fin al desaforado crecimiento en Barreiros, y que el juez ya ha empezado a anular. Igual que los expedientes sancionadores, que pasaron de 12 a 44.
El grado de efectividad de sus acciones judiciales no deja lugar a dudas: los pleitos planteados por la agencia se resolvieron con 114 sentencias favorables y 18 desfavorables. En el caso de los juicios que afectaron a demoliciones y sanciones, el 99% cayeron del lado del ente adscrito al Gobierno gallego.
Además, en virtud de un convenio con la fiscalía, la documentación de los casos más graves se remitían al ministerio público que obtuvo de ese modo jugosa información con la que sustanciar sus denuncias, la última por prevaricación urbanística contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, del PP, tres de sus concejales y la arquitecta municipal, Marta Geada.
Esa fue la silenciosa labor que desde 2007 ha efectuado el ente al que ahora pretende restar competencias y personal la Xunta de Feijóo. Según fuentes próximas a este organismo, la relación de puestos de trabajo que diseña su nueva directora, María Fernández Allegue, prescindirá de 16 técnicos (dos inspectores, ocho subinspectores, tres jefes de sección y tres auxiliares administrativos) que previsiblemente pasarán a depender directamente de la consellería. Ésta también se ha reservado la capacidad para destituir y nombrar al director de la APLU, hasta ahora a salvo de presiones políticas.
Desde que la consellería de Política Territorial de María José Caride la puso en marcha, los técnicos de la agencia resolvieron 539 solicitudes de autorización sobre usos en zonas de servidumbre (los primeros 100 metros de la costa). Una tarea que ya no ocupará más a sus funcionarios puesto que el cambio de los estatutos además de servir en bandeja el cese de su anterior director, Hipólito Pérez, otorga esa atribución, la de permitir infraestructuras junto al mar (aparcamientos, chiringuitos, piscifactorías y paseos marítimos municipales) a la Dirección Xeral de Urbanismo.
Durante los dos últimos años, sus funcionarios atendieron 1.000 consultas efectuadas por técnicos y personal municipal, y 12.000 efectuadas por los ciudadanos.
Pese a la falta de colaboración de algunos alcaldes, los inspectores de la Xunta habían empezado a detectar una disminución de las obras que comienzaban sin licencia autonómica. Esa es la constatación que arrojan las inspecciones en todas las provincias salvo en la de Pontevedra en la que se siguen detectando contrucciones irregulares.
La agencia en 2009
- 517 inspecciones en 55 ayuntamientos.
- 237 expedientes de reposición de la legalidad urbanística tramitados (129 finalizados).
- 37 órdenes de demolición ejecutadas. Sanciones por un importe de 6.893.194 euros.
- 282 recursos administrativos interpuestos (261 resueltos).
- 114 sentencias judiciales favorables, 18 desfavorables. 99% de sentencias favorables sobre demoliciones y sanciones.
- 100% de cumplimiento en la suspensión de obras sin permiso autonómico.
- 539 solicitudes resueltas sobre autorización en zona de servidumbre de proteccion de costas.
- 92 órdenes de paralización de obras sin permiso autonómico.
- 1.000 consultas atendidas a técnicos y personal municipal, 12.000 dudas respuestas a consultas ciudadanas.
* ELPAIS.com - 30.03.10
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org
Y era la corrupción
LUIS DEL VAL* : El insoportable goteo de la corrupción que afecta a cualquier partido que haya tenido sus manos cerca de la caja, resulta desmoralizador. De la misma manera que el violador en la cárcel no comete ningún delito y, es un preso ejemplar, podríamos decir que los partidos que no tienen acceso a la administración de fondos son los más honrados. Pero, igualmente, en cuando el violador sale de prisión le faltan jornadas para volver a cometer un delito, y cualquier partido limpio y puro entra en el riesgo de las comisiones en el momento en que están a su alcance.
Hay dos causas que producen este efecto terrible: la necesidad de los partidos de mantener los aparatos, gastando mucho más dinero del que disponen, y la bondadosa contemplación con que cada partido observa a los afiliados que han pillado con las manos en la masa. Decía Napoleón que para vencer en la guerra hacían falta sólo tres cosas: dinero, dinero y dinero. Los partidos, en cuanto se meten en la carrera electoral, son mandrinadoras de fondos, que luego tienen que devolver o compensar y vienen los trapicheos y la irresistible exaltación de tesoreros, consejeros de política territorial y concejales de urbanismo. Luego, como se temen las indiscreciones del acorralado, hay una comprensión al imputado hasta que no se le condene con todos los pronunciamientos en contra.
La gente que tiene que contar cada euro para llegar a fin de mes, y la que paga los impuestos con rigurosa honestidad, está empezando a cabrearse de este goteo grosero y de esta comprensión versallesca. Poco a poco, se va formando el caldo de cultivo para que aparezcan los salvapatrias (ya tuvimos a Gil) ante el desconcierto de los partidos que no se explican esa desafección. Bueno, pues era la corrupción, chicos, la que os terminará mandando a todos, incluso los muchísimos honrados, a la calle. No es una profecía: es un razonamiento contrastado.
* Levante-EMV - Opinión - 30.03.10
El fiscal pide enviar al Supremo los indicios de corrupción contra un aforado de Castilla y León
ELPAÍS* : Un ex consejero aparece como comisionista de la trama a cambio de adjudicaciones. La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado ya suficientes indicios de delito en la adjudicación de obras en la Junta de Castilla y León como para haber pedido en los últimos días al juez Antonio Pedreira, que instruye la investigación del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que remita al Supremo las últimas conclusiones policiales donde se dibuja la implicación de aforados en el caso.
Las supuestas actividades irregulares que han motivado esta petición se recogen en varios informes de la policía, y tienen que ver con la adjudicación de obras públicas en esa comunidad, gobernada por el PP.
La policía llevaba más de seis meses intentando esclarecer la identidad de tres personas que habrían cobrado 40.000 euros en comisiones ilícitas y que aparecían en los apuntes de la contabilidad B de la trama corrupta. Los agentes requisaron en la sede principal de las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, documentación suficiente para acreditar que la adjudicación de la construcción de la variante de Olleros de Alba por la Consejería de Fomento de Castilla y León habría sido supuestamente amañada para beneficiar a una empresa concreta, Teconsa, que a su vez habría repartido comisiones ilegales entre cargos políticos. Correa habría sido el encargado de distribuir esas cantidades; además, se habría quedado con una parte.
Teconsa, la favorecida por esa adjudicación, es la misma empresa que, sin ninguna experiencia en trabajos de sonorización, se quedó con la organización de ese tipo de tareas durante la visita del Papa a Valencia. La televisión autonómica valenciana, Canal 9, dirigida por un amigo de la trama, Pedro García, adjudicó a Teconsa esas labores por seis millones de euros, de los que la mitad, según la investigación judicial, fueron a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales. Teconsa no hizo nada: subcontrató los trabajos a empresas especializadas que cobraron menos de la mitad del dinero que adjudicó la televisión valenciana.
"T.O." Y "TOTI" eran algunas de las iniciales que aparecían en los apuntes de la organización corrupta en relación a la obra de Castilla y León. Hace más de un año, el juez Baltasar Garzón apuntó que Correa y algún político habían influido en la decisión de adjudicar la variante a una empresa determinada. Garzón se basaba en apuntes contables requisados al contable de la trama, José Luis Izquierdo, donde aparecía incluso un fax remitido el 5 de diciembre de 2002 desde la Consejería de Fomento castellano-leonesa que dirigía entonces el popular José Manuel Fernández Santiago, ahora presidente del Parlamento de Castilla y León. El 3% del importe de la adjudicación, 96.100 euros, aparecían en la contabilidad B de la trama, repartido entre distintas personas identificadas con iniciales que la policía atribuyó a Fernández Santiago (TOTI), a Luis Bárcenas (ex tesorero del PP) e incluso a Jesús Merino (diputado nacional popular).
Tras varios informes policiales, la Fiscalía Anticorrupción considera que los indicios que ya hay son suficientes para nuevas imputaciones, aunque se trata de aforados de otra comunidad autónoma, en este caso de Castilla y León, por lo que ha considerado que lo mejor es remitirlo al Supremo, donde ya se investigan supuestos delitos de Bárcenas y Merino.
En el Supremo está el informe de la Intervención General del Estado sobre la variante de Olleros. Anticorrupción ha pedido al juez que en lo referido a Fernández Santiago, que en principio debería ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, vaya al Supremo, ya que la competencia de éste sobre Bárcenas y Merino arrastraría al presidente del parlamento castellano leonés al Supremo. Anticorrupción entiende que debe ser el Supremo el que se quede con la causa de Castilla y León, para no abrir un nuevo frente junto a los de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, y el del Supremo.
Fuentes próximas a la Fiscalía del alto tribunal sostienen que no pueden pedir la asunción de la competencia sobre lo que afecta a Castilla y León porque ya lo hicieron para asumir toda la causa y el Supremo respondió que se quedaban sólo con los aforados nacionales (Bárcenas y Merino). Parece que los magistrados esperarán a que Pedreira levante el secreto del sumario y el instructor del caso en el alto tribunal le siga. A partir de ese momento, habrá que ver si el Supremo decide hacerse cargo o hay que remitirlo al tribunal superior de Castilla y León.
* ELPAIS.com - 29.03.10
Foto: Valladolid, sede Cortes Castilla y León - vallisoletvm
La Guardia Civil investiga cien bordas del Aran por delito urbano
LAMAÑANA/Lleida* : La Policía Judicial de la Guardia Civil, en perfecta conjunción con la unidad de delitos urbanísticos y de la propia Fiscalía de Lleida, investiga un centenar de Bordas de la Val d’Aran que podría estar incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio, al tratarse de un suelo de especial protección.
Se trata de una de las investigaciones, en materia de delito urbanístico, más ambiciosas que lleva a cabo la Guardia Civil y a cuyo frente se encuentra el capitán Vicente Estévez, que en los dos últimos años ha trabajado duramente por frenar las irregularidades en esta materia, después del desproporcionado crecimiento urbano de algunos municipios en la última década.
Hasta estos momentos, la Guardia Civil ha instruido 46 atestados policiales relacionados con estas construcciones, típicas en el Aran, construidas en los términos municipales de Vielha, Es Bordes y Naut Aran, en suelo de especial protección. Se investiga un presunto delito contra la ordenación del territorio y hasta el momento hay ya 12 imputados. “Pero esto sólo es la punta del iceberg, ya que son al menos un centenar de bordas las que se investigarán de manera progresiva. Se trata de un proceso de mucho trabajo porque cada vivienda es un caso independiente, unas diligencias distintas y lleva su tiempo, pero la propia jueza de Tremp y los Ayuntamiento de la zona están dándonos gran apoyo para sacarlo adelante. Se trata de la construcción de una casa de ensueño en lo que era una construcción agrícola ganadera y esto choca frontalmente con la ley”. Apostilló el jefe de la policía judicial.
Pero las irregularidades urbanísticas en estos años de expansión y especulación no se han producido sólo en zonas de montaña, sino en pueblos dormitorio, próximo a la capital, donde las construcciones ilegales, en muchos casos por falta de normativa urbanística, se han expandido de forma alarmante. Durante el pasado año cabe destacar las actuaciones llevadas a cabo en Alcarràs, Vallbona de les Monges, Alpicat, partida de Gualda u otras de menor calado en l’Alt Urgell. “La mayoría de los casos son por la construcción de una nave industrial en zona no urbanizable, por construir casas en zonas rurales o por construir edificaciones en zonas sin plan urbanístico y el balance de este pasado año ha sido de más de 63 imputados, cuyos procesos están en marcha”.
La propia Diputación y los Ayuntamiento han mostrado sensibilidad con el tema y han puesto en marcha jornada de formación y asesoramiento para impedir incurrir a veces en este tipo de delitos.
Pero el trabajo de la Guardia Civil no sólo se ha centrado en el tema urbanístico, sí quizás el más novedoso, sino que a lo largo de 2009 efectuaron un total de 165 diligencias, con 41 detenidos y 1.100 actuaciones con los diversos juzgados. Desde la Policía Judicial se destaca el aumento de las investigaciones de ilícitos penales que vienen de fuera, de otros puntos del Estado. “Cada vez más los delitos se interrelacionan en la distancia por las nuevas vías de comunicación existentes y esto hace que la movilidad de la delincuencia sea más fácil. También es necesario destacar el aumento de delito llamados informáticos. Internet es una ventana abierta al mundo y necesita de una vigilancia constante”.
Tabaco y divisas
El contrabando de tabaco ha vuelto a aumentar en los últimos meses. El balance de 2009 así lo reflejaba y en ese repunte también ha tenido algo que ver la crisis económica y, por supuesto, el trabajo de permeabilización de la frontera de la Farga por parte de los agentes. No obstante, en los últimos dos años los equipos que luchan con este tipo de delitos han centrado sus actuaciones en el contrabando de tabaco procedente de países asiáticos a través del puerto de Barcelona y que luego se destribuye, pasando por Lleida, a todo el Estado. “Este tipo de tabaco carece de todo tipo de control sanitario y puede tener productos altamente nocivos. En algunas análisis hemos detectado hasta excrementos de animales como ratas. En 2009 se hicieron importantes aprehensiones de China”.
El aumento de aprehensiones de divisas ha crecido, con la variante de que ahora no se intervienen cuando salen hacia Andorra, sino cuando las quieren entrar. “Las advertencias de la UE de intervenir datos de bancos andorranos ha originado miedo y los evasores están recuperando el dinero. Son en esas entradas cuando se detectan”.
Aunque la Guardia Civil ya no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana su trabajo sigue siendo intenso y de esta capacidad resolutiva han dado cuenta a la fiscalía y la judicatura.
Dos imputados en Anseral por concesión de licencias de casas
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al grupo de delitos urbanísticos ha imputado, en una de sus últimas actuaciones, a dos personas -máximos responsables del Ayuntamiento- en el núcleo de Anseral, en Valls de Valira, como un presunto delito de prevaricación en la concesión de licencias urbanas para la construcción de unas casas.
La instrucción del atestado policial con motivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Lleida, en relación a una denuncia urbanística sobre unas viviendas ubicadas en el número 15 de la calle Major de Anseral, ha finalizado con dos imputaciones por un presunto delito de prevaricación en la concesión de licencias urbanas.
Otra de las últimas actuaciones llevadas a cabo y que también se encuentra en proceso judicial, ha sido la llevada a cabo en Torà, en la que fueron imputados el promotor de una obra, el secretario del Ayuntamiento y el técnico municipal, por supuesta prevaricación, por permitir la construcción de una nave industrial con una licencia de almacén agrícola. Aunque en la concesión de la obra hacen constar que no se puede construir, la firmaron favorable. Actualmente se investigan las posibles responsabilidades municipales en Aitona por la construcción de un circuito que podría atentar con la ordenación territorial.
* La Mañana - 29.03.10
Foto: Valle de Aran, bordas - nevasport.com
Matas fraccionó contratos igual que Aguirre y Camps
PÚBLICO/Palma* : El Gobierno de Jaume Matas utilizó la técnica del circuito cerrado -adjudicaciones a dedo- para la agencia Nimbus, que, a su vez, financiaba al PP, aplicando el mismo sistema que la Generalitat Valenciana y el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre emplearon con las empresas de la trama Gürtel.
Las adjudicaciones se fraccionaban para que su importe unitario nunca excediera los 12.020 euros, el límite máximo que la ley marcaba hasta finales de 2007 para los llamados contratos menores, aquellos que se otorgan sin concurso ni expediente administrativo de ninguna clase.
En el segundo mandato de Matas (2003-2007), Nimbus recibió 2,4 millones de euros en contratos de todo tipo concedidos por el Ejecutivo balear, según los datos conocidos hasta la fecha. Fernando Areal, cuñado de Matas y en aquella época gerente del PP en el archipiélago, entregó a la agencia 71.000 euros en dinero negro para saldar deudas del partido. La empresa consignaba sus trabajos para los conservadores bajo el epígrafe "Producciones B". Los investigadores entienden que las anotaciones allí contenidas reflejan dinero opaco. Y subrayan que, tanto el representante legal de Nimbus, imputado en el caso Palma Arena, como otros dos empleados de la empresa ya han admitido ante el juez que se fraccionaban los contratos de manera fraudulenta.
Esto también consta en el escrito donde los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach pidieron el viernes una fianza de tres millones de euros para el ex president balear si quiere eludir la prisión. Hoy, a las 10 de la mañana, el juez José Castro comunicará a los abogados de Matas el importe de la fianza definitiva su imposición se da por segura, así como el resto de medidas cautelares.
Lo previsible es que el juez confirme la retirada de pasaporte. Convencidos de que el riesgo de fuga es elevado, los fiscales, que atribuyen al ex líder del PP balear delitos susceptibles de acarrear penas de cárcel superiores a 24 años, también demandan que se le prohíba abandonar el territorio nacional y se le obligue a comparecer ante el juez cada 15 días.
La defensa de Matas alega que privarlo del visado internacional vulneraría el derecho al trabajo de su cliente, que presta servicios profesionales para la consultora Pricewaterhouse en EEUU. El que fue ministro de Medio Ambiente en el segundo Gobierno de Aznar ya ha confesado en sede judicial que manejó dinero negro, pero niega que su saneado patrimonio tenga origen en el cobro de sobornos. La esposa de Matas, Maite Areal, se negó a declarar ante el juez. Las sospechas sobre Matas arrancaron tras una denuncia anónima sobre el piso palacete que la familia había comprado en 2004 en el centro de Palma, justo al lado de la sede de la Cámara de Cuentas balear.
Como informó Público el sábado, la agencia Nimbus sufragó al menos parte de la campaña electoral de Jaume Matas en 2007. Lo hizo endosando facturas falsas a varios departamentos del Gabinete de Matas, entre ellos, la Fundación Illesport. Illesport tenía encomendada la puesta en marcha del velódromo Palma Arena, cuyo coste se disparó desde los 48 millones presupuestados hasta 110.
La Fundación Illesport también abonó gastos del mitin protagonizado por Rajoy el 18 de mayo de 2007 en el Palma Arena. A sufragar cuñas radiofónicas de la campaña electoral de Matas, Illesport destinó, al menos, 19.127 euros. Y el mitin de Rajoy costó al ente público balear 4.802. La investigación no ha concluido, por lo que no puede descartarse el hallazgo de nuevas facturas falsas.
Facturas falsas
Las facturas emitidas por Nimbus contra Illesport, la Dirección General de Deportes y la Conselleria de Vicepresidència eran falsas, concluye Anticorrupción. "La prestación de servicios contratada no se realizaba a pesar de ser abonada la misma por el órgano de administración correspondiente", se lee en el escrito de Carrau y Horrach.
Y, al igual que en Madrid con Special Events y otras tres empresas del caso Gürtel, y como en Valencia con Orange Market, el importe de los contratos "se fraccionaba en cuantías inferiores a 12.000 euros para evitar el preceptivo procedimiento de concurso o [procedimiento] negociado sin publicidad, y se adjudicaba directamente a la mercantil a la que se quiere beneficiar". En Madrid, el conglomerado empresarial de la red que dirigía Francisco Correa obtuvo más de tres millones de euros gracias a contratos menores otorgados por el Ejecutivo de Aguirre entre 2003 y 2008. En Valencia, el cálculo de la oposición apunta a que Orange Market, la filial local de la Gürtel, consiguió del Gobierno de Francisco Camps no menos de 574.000 euros mediante esa fórmula.
Antonio Alemany: un ‘negro’ bien pagado
Entre los contratos simulados con Nimbus figura el suscrito para que la agencia preparase, supuestamente, los discursos de Matas. Como recuerdan los fiscales, el ex president disponía de empleados del Gobierno para ese tema. Pero, según Carrau y Horrach, el dirigente conservador quería beneficiar a Antonio Alemany, columnista de ‘El Mundo’ que, mediante el concurso amañado para Nimbus, fue el auténtico destinatario del dinero. En los cuatro años que hizo de ‘negro’ para él, Alemany cobró, según los fiscales, “aproximadamente 200.000 euros”. Imputado en la causa, el periodista solía luego comentar en su columna los discursos, obviando que el verdadero autor era él, afirman fuentes cercanas del caso.
* Público - 29.03.10
Foto: Palma, velódromo Palma-arena - paraisobalear.com
Los monumentos trocearían en tres la posible rambla de la Diagonal
ELPERIÓDICO/Barcelona* : La posible rambla de la Diagonal no será nunca tal. O visto con espíritu positivo, por el precio de una, Barcelona contaría con tres ramblas en la Diagonal. La presencia de los monumentos de las plazas de Juan Carlos I –más conocido por el Llapis y el Cinc d’Oros– y de Jacint Verdaguer, con la estatua erigida al mosén y padre de las letras catalanas, interrumpiría la acera central obligando a peatones y ciclistas a dar un rodeo por las calles adyacentes, como ya ocurre hoy, en lo que a las dos ruedas se refiere.
Las dos opciones que propone el ayuntamiento para la transformación de la avenida se pueden simplificar en el debate entre un bulevar y una rambla. Una rambla, propiamente dicha, es un accidente geográfico creado por el curso natural del desguace del agua de lluvia.
En Barcelona, por aquello de la pendiente y de que el agua siempre toma el camino más corto, la dirección habitual es montaña-mar. Estas zonas, claro está, han quedado históricamente descubiertas para evitar las avenidas de agua. Su urbanización dio paso, por extensión, a la creación de largos paseos expeditos de obstáculos
FALSA RAMBLA / Dicho de otro modo, la que se propone como opción B no es más que una falsa rambla y, por tanto, la colocación de hitos en medio de ella no interrumpe ninguna circulación natural. Hecha esta salvedad, cabe reconocer que el cruce de la avenida Diagonal con el paseo de Gràcia y el de Sant Joan son, sin duda, dos de los puntos más difíciles de resolver en un proyecto de transformación. Sobre todo en el caso del Cinc d’Oros –así conocido desde 1909 porque ahí se colocaron las primeras farolas.
El cruce del paseo de Gràcia y Diagonal pasará, de realizarse la transformación, a ser la confluencia de tres calles que cruzan el espacio central: las antes citadas y la calle de Còrsega. que se reabrirá en su tramo entre la rambla de Catalunya y el paseo de Gràcia y permitirá un acceso fluido desde el Eixample-Gràcia al otro lado de la Diagonal.
Otro asunto pendiente, y que se resolverá cuando se confeccione el proyecto ejecutivo, si es que la opción B es finalmente la elegida por el ciudadano, es el paso del tranvía por esos dos cruces clave.
Según los expertos del ayuntamiento, todas las posibilidades están abiertas. Desde que ambos sentidos del tram pasen por uno de los lados del monumento, sea el llapis, sea el de Mossèn Cinto, a que las vías flanqueen los hitos.
El paso del tranvía, toda vez que la rambla o acera central desaparece, es independiente de la solución escogida en el referendo. Eso sí, en cuanto a los recorridos peatonales el bulevar, con sus anchas aceras cerca de las fachadas parece que soporta mejor, o como mínimo de manera más natural, el rodeo por el paseo de Gràcia o el de Sant Joan.
Como aclaró el ayuntamiento el pasado lunes, en una sesión de trabajo sobre la transformación de la avenida, el obelisco del Cinc d’Oros no dificultará, en ningún caso, el paso de la calle de Còrsega por la Diagonal. En cualquier caso, tampoco se ha previsto su retirada.
MONUMENTO A PI I MARGALL / El obelisco forma parte del monumento original al republicano federalista Francesc Pi i Margall erigido en 1936. Lo acompañaba una estatua de la República, de Josep Viladomat. En 1939, la escultura fue sustituida por otra, la Victoria (es obvio cuál) y la de Viladomat quedó almacenada casi 50 años. Ya en democracia, la alegoría a la victoria franquista fue retirada y en su lugar se colocó un escudo de la Casa Real, que no de España.
Por su parte, el monumento a Verdaguer se erigió en 1924. Fue el único hito urbano religioso, según consta en varias fuentes históricas, en los años del anticlericalismo más irredento e incendiario.
* El Periódico - 28.10.03
Foto: Imagen del ‘Cinc d’Oros’, con el obelisco, desde lo alto de una finca esquinera del paseo de Gràcia, el martes. - fERRAN NADEU, el periodico.com
Los registradores tendrán que avisar si sospechan de parcelaciones ilegales
ELPAÍS* : "Todo el mundo sabe que la parcelación es el paso previo a la construcción en suelo no urbanizable". Esta afirmación la hizo hace seis años el entonces fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Carlos López Caballero, hoy encargado de la lucha contra la corrupción. Entonces, la recién promulgada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ya las prohibía y en este tiempo han salido a relucir casos tan llamativos como los de Medina Azahara o en otras muchas comarcas rurales, que ponen en evidencia la poca eficacia del combate contra este fenómeno.
Ahora, el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado el pasado día 16 por el Consejo de Gobierno de la Junta introduce medidas severas contra las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, definidas en la LOUA como la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que puedan inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Lo más novedoso es la implicación de los registradores de la propiedad, que, según la normativa, "deberán comunicar a la consejería competente en materia de urbanismo las solicitudes de inscripción registral de parcelaciones con licencia o declaración de innecesariedad cuando estas pudieran ser contrarias a la ordenación urbanística y territorial". Es una obligación comparable a la que tienen los notarios de comunicar los casos en los que sospechen que se puede ocultar blanqueo de capitales.
Las parcelaciones quedan además sujetas a la posibilidad de las actuaciones de derribo exprés por las que se ha conocido este reglamento. El artículo que faculta la "inmediata demolición" en el plazo máximo de un mes de aquellas actuaciones "manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística". Y expresamente cita entre estas: "... y, en cualquier caso, las actuaciones de parcelación o urbanización sobre suelos no urbanizables, y cualesquiera otras que se desarrollen sobre terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales o dotaciones públicas".
Dentro de la línea general que inspira el reglamento de impedir la obtención de beneficios económicos a los infractores, la norma es especialmente dura en el caso de las parcelaciones ilegales, de forma que contempla que las multas se eleven hasta alcanzar un 150% del beneficio obtenido por el infractor en la venta del terreno parcelado, y, en todo caso, con el que se fije por el valor del mercado.
La parcelación urbanística en suelo no urbanizable es además una de las actuaciones contra las que el reglamento faculta la intervención subsidiaria de la Junta para sancionar, si es que no lo hacen los respectivos ayuntamientos.
* ELPAIS.com - 29.03.10
Foto: Cordoba, parcelaciones ilegales Sierra - ecologistasenaccion.org
Marbella: Ávila Rojas se resiste a la piqueta
SUR/Málaga* : El suelo está calificado como parques y jardines, pero alberga un apartotel con 80 inmuebles, una piscina y un aparcamiento. La edificación, ubicada en Nueva Andalucía, no está incluida en el sistema de compensaciones para normalizar construcciones irregulares que contempla el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella y el Ayuntamiento acordó en abril de 2009 su demolición.
Sin embargo, la empresa que levantó el apartotel de manera ilegal, Naviro Inmobiliaria 2000 SL, propiedad del promotor granadino José Ávila Rojas, ha acudido a los tribunales para intentar evitar el derribo.
La entidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consistorio marbellí que ordena la reposición de la realidad física alterada al estado inmediatamente anterior a la realización de los actos. Es decir, la demolición de todo lo construido. El recurso ha sido presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, por lo que tendrá que resolver sobre este asunto el hasta hace unos días instructor del 'caso Malaya', el magistrado Óscar Pérez, que el próximo 5 de abril se incorpora a su nuevo cargo tras dejar la sede judicial de Marbella. El juez y el promotor ya se conocen. Ávila Rojas se encuentra procesado en 'Malaya' por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
El empresario salió el pasado diciembre de prisión, cinco meses y medio después de que ingresara en la cárcel para cumplir una condena de ocho años de cárcel por cuatro delitos de fraude a la Hacienda Pública. Obtuvo el tercer grado penitenciario por buena conducta y ausencia de riesgo de fuga, lo que le permitió abandonar la cárcel granadina de Albolote.
Ávila Rojas está considerado uno de los constructores de cabecera del GIL durante la época en la que la formación independiente comandada por el fallecido Jesús Gil gobernó Marbella. Según desvelan las investigaciones del 'caso Malaya', el empresario es socio en varias promociones inmobiliarias, así como en otros negocios, del supuesto cerebro de la trama de corrupción destapada en el municipio, Juan Antonio Roca. El ex asesor urbanístico obtenía las parcelas del patrimonio municipal y aportaba el suelo, mientras que el constructor se encargaba de levantar los inmuebles, según el auto de procesamiento.
El promotor es el responsable de un importante número de edificaciones cimentadas de manera irregular. Algunas de ellas serán legalizadas por el nuevo PGOU. Otras no, como es el caso del complejo inmobiliario Banana Beach o de una promoción de 34 viviendas construida sin licencia en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, que Ávila Rojas sí aceptó demoler. El derribo, cuyos gastos asumió el empresario, tuvo lugar hace un año y fue el primero de una obra ilegítima de la 'era GIL'. Los inmuebles habían sido levantados sobre zona verde.
Conflicto urbanístico
En esta ocasión, la actitud del constructor tiene poco que ver con la de hace un año. A pocos días de la entrada en vigor del futuro PGOU de Marbella, el recurso de Ávila Rojas contra la resolución municipal para demoler el apartotel de Nueva Andalucía podría entenderse como una declaración de intenciones por parte del empresario ante el nuevo planeamiento.
El promotor mantiene abiertos otros conflictos urbanísticos con el Ayuntamiento, como el referente al antiguo campo de fútbol Francisco Norte, donde Ávila Rojas edificó de manera ilegal un aparcamiento subterráneo de dos plantas. Lo hizo en unos terrenos calificados como equipamiento público deportivo y sin contar con proyecto de ejecución. Recientemente el Consistorio marbellí rebajó de 4,5 a 1,5 millones de euros la sanción económica con la que el constructor debía responder por estos hechos.
* SUR - 29.03.10
Foto: El apartotel, que integra 80 inmuebles, está construido en unos terrenos de Nueva Andalucía calificados como parques y jardines. :: JOSELE-LANZA, diariosur.es
La Xunta quita competencias y personal a la agencia de legalidad urbanística
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ELPAÍS/Galicia* : Nació en 2007 como una agencia independiente para poner coto al urbanismo desaforado y al enjambre de grúas que acechaba la costa gallega en pleno boom immobiliario. Un freno al "ti vai facendo" que presidió durante décadas las relaciones entre algunos alcaldes y promotores, certificación última del todo vale que ha imperado en la construcción.
Con ese objetivo, el Gobierno de Emilio Pérez Touriño creó en 2007 la Axencia de Protección da Legalide Urbanística (APLU). El bipartito se valió entonces de los mismos técnicos que ya trabajaban para Alberto Núñez Feijóo en su etapa como vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Política Territorial. Pero decidió blindar las competencias de este organismo y poner el trabajo de los inspectores a salvo de las presiones del poder político y de los alcaldes.
Los estatutos establecían que los sucesivos directores de la APLU tendrían mandatos asegurados de cuatro años. Como la agencia arrancó en 2007 no coincidirían con las legislaturas del Gobierno de turno. Era la excusa perfecta para que ningún conselleiro tuviera la tentación de influir sobre el trabajo de los inspectores urbanísticos. Ese estatus especial y sobre todo la rigurosa defensa del territorio que llevó a la agencia a multiplicar los expedientes por infracciones nunca contó con el respaldo de los alcaldes. Sólo 45 de los 315 municipios se adhirieron durante estos tres años voluntariamente a la agencia, pensada también para tutelar las competencias urbanísticas en los ayuntamientos más pequeños que apenas cuentan con medios para hacerlo.
La desconfianza de los alcaldes (de todos los partidos) fue a más cuando la APLU empezó a instruir expedientes y a revisar licencias urbanísticas con sus inspectores sobre el terreno. El caso más paradigmático fue el de Barreiros, en la Mariña lucense, que desembocó en 44 recursos por la vía de lo contencioso-administrativo que el bipartito presentó contra cada una de las licencias otorgadas por el alcalde Alfonso Fuente Parga, para edificar 3.174 viviendas en suelo sin urbanizar.
En virtud de un convenio que Manuel Fraga firmó aún como presidente en 2004 con el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, Xunta y ministerio público se comprometían a intercambiar información sobre hechos presuntamente delictivos. Esa declaración de intenciones derivó en un acuerdo de colaboración entre la APLU y el ministerio público suscrito el pasado septiembre para colaborar en la persecución de delitos relacionados con la construcción. La nueva fórmula irritó al conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández, que ya entonces mostró en público su contrariedad por el acuerdo. Hernández supo entonces que la Justicia pondría el punto de mira sobre la forma de entender el urbanismo de varios alcaldes, algún histórico del PP, pero también socialistas y nacionalistas.
El conselleiro temía -porque había visto la espectacular foto aérea de Barreiros que ocupaba toda una pared en la sede de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística con las edificaciones irregulares marcadas en rojo- que este alcalde de la Mariña lucense podría ser el primero en entrar en los juzgados. No se equivocaba. La denuncia contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, la firmó el fiscal jefe de Lugo a mediados de diciembre pasado y toma como base los informes de la APLU.
El ministerio público acusa al regidor y a tres de sus concejales, así como a la arquitecta municipal, de prevaricación urbanística, por conceder a lo largo de todo el año 2006 los permisos pese a los informes contrarios de la secretaria del Ayuntamiento y el requerimiento de la anterior Consellería de Política Territorial para que no lo hiciese.
Son varios los funcionarios consultados que afirman que entonces se fraguó la destitución de Hipólito Pérez como director de la axencia. No era ningún secreto, porque por aquel entonces, finales de diciembre, principios de enero, un importante alto cargo de la consellería de Territorio se permitía admitir en público que tal vez Pérez fuese "demasiado estricto" para ese puesto.
La destitución del que había sido subdirector de Disciplina Urbanística con Feijóo hasta 2005 se fraguó el jueves 11 de marzo en el Consello de la Xunta, sin que el presidente comunicase la decisión a la prensa. Hernández explicó después que la incorporación de María Martínez Allegue, ex secretaria de los ayuntamientos de Mos y Tui, al puesto en sustitución de Hipólito Pérez buscaba fomentar "la cooperación con los ayuntamientos". Pese a esa declaración, tanto Henández como el presidente de la Federación de Municipios e Provincias, el socialista Carlos Fernández, se apresuraron a desmentir que los alcaldes hubieran presionado para relajar el control de la agencia, a la que el propio Fernández, regidor de Ames, siempre se negó a adherirse.
Una semana más tarde, fue el propio Feijóo quien reconoció que su Gobierno decidió modificar los estatutos para que el director de la agencia no tuviese "especifidades" respecto a otros directores generales. Dicho en lenguaje llano: la inspección, el control urbanístico y la potestad de sancionar vuelven a depender directamente del poder político.
La purga en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística había comenzado meses antes. Con el director, desde la llegada del PP a la Xunta, han caído su segunda, Isabel García, y tres de los cuatro jefes de servicio provinciales, a excepción del de Ourense. Además de descabezar el equipo que había puesto en marcha este organismo, la nueva relación de puestos de trabajo que está elaborando la dirección del ente prescinde de 16 técnicos (dos inspectores, ocho subinspectores, tres jefes de sección y tres auxiliares administrativos) que previsiblemente pasarán a depender directamente de la consellería.
El cambio de los estatutos de la APLU operado por el departamento de Hernández le sirvió además para hacerse con competencias hasta ahora en manos de la agencia: desde ahora el poder para autorizar obras y usos en los primeros 100 metros de la costa recaerá también sobre la consellería. El conselleiro de Territorio recupera la potestad para autorizar paseos marítimos municipales, chiringuitos, aparcamientos e incluso infraestructuras para piscifactorías en la zona de servidumbre.
* ELPAIS.com - 28.03.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Baleares: La lista de nunca acabar
DIARIODEMALLORCA* : Más de 5,4 millones de euros. Si mañana el juez ratifica la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imponer una caución de 3 millones de euros a Jaume Matas, esa será la suma de las principales fianzas a políticos de Balears imputados por delitos de corrupción. A día de hoy, el global ya supera los 2,4 millones de euros. De no haberlos abonado en los respectivos juzgados, hoy tendríamos a una docena de políticos entre barrotes, a la espera de los pertinentes juicios. Otros han sido ya condenados, y cumplen sus penas por haber desviado fondos públicos a sus bolsillos particulares.
La cifra da una idea del volumen de casos que azotan a las islas, donde todavía está por analizar si el fenómeno de la corrupción está inserido en el ADN de la clase política autóctona, o si aflora gracias al ingente trabajo –tras un cambio de actitud hace sólo unos años– de la Justicia local.
Ninguna otra Comunidad Autónoma ha batido el récord: El ex president del Govern, dos ex presidentes del Parlamento, cinco ex consellers, el presidente del Consell de Ibiza, varios ex consellers del Consell de Mallorca, varios diputados, directores generales y concejales están acusados de prevaricar, malversar caudales públicos, cobrar sobornos, falsear documentos públicos y otros delitos asociados a prácticas corruptas.
Por su notoriedad, sin duda encabezan el ranking Jaume Matas y Maria Antònia Munar. Ostentaron el poder en la pasada legislatura, y con pocos días de diferencia han tenido que sentarse delante de un juez para dar cuenta de sus presuntos enriquecimientos ilícitos, amén de la financiación irregular del PP y UM, sus respectivos partidos. Su futuro judicial es incierto, de momento sobre la segund
· Colabora, pero sigue imputado. El ex conseller de Medio Ambiente de UM colaboró con la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el caso Maquillaje, y apuntó hacia su anterior jefe Miquel Nadal, con el que tuvo un careo. Con todo, el juez le mantiene la imputación a pesa la mayor fianza penal de las impuestas hasta ahora: 350.000 euros, pero mañana puede quedar a años luz de la de Matas.
En el segundo escalafón están cinco ex consellers del Govern, tanto de UM como del PP. Otra consellera del actual Ejecutivo, Joana Barceló (PSOE), ha declarado recientemente por una querella interpuesta por un particular en Menorca, al igual que su compañero socialista Marc Pons, presidente del Consell de Menorca, también imputado por el mismo caso.
En las imágenes que acompañan este artículo se muestran los principales políticos baleares encausados hasta el momento por delitos de corrupción. El caso Palma Arena es el que acarrea un mayor número de imputados. Aparte de Matas y el resto de cargos más conocidos, también fueron arrestados y prestaron declaración el ex director insular de Deportes del Consell, Antoni Palerm, acusado de facturar empresas suyas para las obras del velódromo, y el encargado de la construcción, Jorge Moisés, ambos del PP. El jefe de prensa del partido y ex director general de Comunicación, Joan Martorell, también está imputado en una pieza separada por la supuesta financiación irregular del PP.
En la operación Peaje, que trata de dirimir si hubo desvío de caudales públicos de la carretera Palma-Manacor, la Fiscalía Anticorrupción también se ha querellado contra el ex conseller insular de Obras Públicas, Antoni Pascual (UM), que podría finalmente ser imputado, si bien no ha sido citado a declarar por ahora.
Uno de los principales imputados por la operación Maquillaje, que investiga si UM regó con subvenciones desde el Consell de Mallorca a una red de empresas afines, es Alfredo Conde, ex director de la emisora radiofónica Ona Mallorca y presunto testaferro del ex diputado de UM Bartomeu Vicens.
La comisionada para la reforma de la Playa de Palma, Margarita Nájera (PSOE), sigue estando imputada por la presunta venta a bajo precio de un solar a su ex marido por parte del ex recaudador municipal de Calvià, al que ella como alcaldesa subió el sueldo. Esta causa se ha archivado y reabierto en varias ocasiones, y ahora el fiscal estudia el sobreseimiento.
JAUME MATAS
¿Se enriqueció con fondos públicos?. Al ex presidente del Govern del PP se le investiga por el presunto desvío de más de 50 millones de euros públicos durante la construcción del velódromo Palma Arena, por presunto enriquecimiento ilícito y financiación irregular del PP.
MARIA A. MUNAR
¿Se enriqueció con fondos públicos?. La ex presidenta del Parlamento y de UM está acusada de seis delitos, entre ellos malversación, delito electoral y cohecho. Está imputada en el caso Can Domenge y en libertad bajo fianza de 350.000 euros por la caso Maquillaje.
MIQUEL NADAL
Poliimputado. El ex conseller de Turismo de UM, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, sufragó presuntamente su campaña electoral en Palma con fondos del Consell de Mallorca. También está encausado en la operación Voltor y en el caso Can Domenge.
FRANCESC BUILS
Sin pasaporte. El también ex conseller de Turismo de UM tuvo que abonar recientemente 100.000 euros para eludir la prisión provisional, y está sin pasaporte a la espera de juicio. Se le acusa de haber amañado concursos públicos previo cobro de 30.000 euros como mínimo.
MIQUEL À. GRIMALT
Colabora, pero sigue imputado. El ex conseller de Medio Ambiente de UM colaboró con la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el caso Maquillaje, y apuntó hacia su anterior jefe Miquel Nadal, con el que tuvo un careo. Con todo, el juez le mantiene la imputación.
JOSÉ JUAN CARDONA
Entramado. Al ex conseller de Comercio e Industria del PP se le investiga por haber dirigido un presunto entramado de corrupción en el consorcio CDEIB. Como diputado autonómico, tiene condición de aforado, por lo que instruye su causa el Tribunal Superior.
JAUME FONT
Plan Territorial. Fue conseller de Medio Ambiente del PP y ahora es el portavoz de ese partido en el Consell de Mallorca. Lleva meses imputado y sin novedades por el caso Plan Territorial, que investiga supuestos pelotazos urbanísticos en connivencia entre políticos y empresarios.
MAXIMILIANO MORALES
Son Oms. Como presidente del Parlamento, fue la segunda autoridad de Balears de 1999 a 2003, y uno de los principales barones de UM. Está acusado de haber cobrado comisiones a cambio de lograr que se recalificara el actual polígono de Son Oms, en Palma.
BARTOMEU VICENS
Condenado. Al igual que Nadal, el ex conseller insular de Ordenación del Territorio de UM está imputado en varios casos –Son Oms, Can Domenge y Plan Territorial–. Está condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación, a la espera de lo que diga el Supremo.
DAMIÀ NICOLAU
Condenado. El ex secretario general de UM y ex alto cargo del actual Govern también ha sido condenado a dos años y tres meses por el mismo delito que Vicens –malversar 12.000 euros públicos–, y está ahora pendiente de que el Tribunal Supremo confirme o revoque el fallo.
J. RODRIGO DE SANTOS
Condenado. Fue el máximo responsable del Urbanismo de Palma, y teniente de alcalde del PP. Está en la cárcel después de que se le condenara a dos años por malversar más de 53.000 euros públicos en prostíbulos y a 13 años y medio por abuso sexual de menores.
EUGENIO HIDALGO
Condenado. El ex alcalde de Andratx del PP cumple condena en prisión después de que el Supremo ratificara el pasado diciembre la pena de 4 años de privación de libertad por un chalé en suelo protegido. Pero aún le quedan por afrontar varias decenas más de juicios.
JAUME MASSOT
Condenado. La máxima autoridad urbanística de Balears con el Govern del PP está encarcelado desde el pasado 28 de diciembre, cuando el Supremo ratificó la condena dictada por la Audiencia de Palma de tres años y medio contra él, por delito de prevaricación y urbanístico.
LLUC TOMÀS
Condenado. En septiembre de 2008, el ex alcalde de Llucmajor del PP fue condenado a 3 años de cárcel y 8 de inhabilitación por consentir el desvío de un millón de euros del Ayuntamiento a su edil Joaquín Rabasco. El Supremo revisa ahora el fallo, pero el fiscal ha pedido incluso mayor pena.
JOAQUÍN RABASCO
Condenado. El ex concejal de la Agrupación Social Independiente (ASI) de Llucmajor está condenado a 6 años de prisión y 8 de inhabilitación, al igual que su pareja, María del Mar Aldao. Ambos montaron un entramado de empresas para saquear el consistorio de su municipio.
ANTÒNIA ORDINAS
El triste capítulo del Cola-Cao. Durante años fue mujer de confianza de Jaume Matas, que la colocó al frente del consorcio CDEIB. Ha confesado que se apropió de más de 200.000 euros públicos que enterró en una lata de Cola-Cao en su jardín, y de haber recibido comisiones. Está a la espera de juicio.
KURT VIAENE
Comisiones. El ex director general de Promoción industrial del Govern del PP continúa en libertad bajo fianza de 100.000 euros, imputado por el mismo caso que Antònia Ordinas. Se le acusa de cobrar comisiones y de dirigir una trama para el desvío de fondos públicos del CDEIB.
DAMIÀ VIDAL
Bitel II. Con el Govern de Matas, fue el director-gerente de la empresa pública de informática Bitel. La policía le detuvo por una presunta malversación de 700.000 euros públicos. En su defensa, alegó que "no sabía decir que ´no´ al alto tren de vida" que llevaba él y su familia.
MIQUEL À. BONET
Ibatur. Ha podido eludir temporalmente la cárcel gracias a que en su día pagó 85.000 euros de fianza. Estuvo al frente del Instituto balear de Turismo (Ibatur) con el PP y UM, y al parecer se quedó con dinero del ente público mediante facturas falsas a nombre de familiares suyos.
XICO TARRÉS
Ibiza centro. El presidente del Consell de Ibiza y diputado del PSOE está acusado de participar en una trama de financiación irregular de su partido, desvelada antes de las últimas elecciones. Fue precisamente un dirigente socialista, Roque López, quien le implicó mediante unas grabaciones.
MARINA SANS
Caso Funeraria. La ex presidenta de la funeraria municipal de Palma devolvió 6.800 euros que había cargado a la empresa para viajes particulares suyos y de su familia. Sigue como concejala del PP en la oposición en Cort, y está imputada al igual que el ex gerente Óscar Collado.
RAFAEL DURÁN
Palma Arena. Dimitió hace poco como concejal del PP en la oposición en el Ayuntamiento de Palma. Está imputado por el caso Palma Arena, ya que formaba parte del consorcio para la construcción del velódromo que duplicó su coste. Está en libertad bajo fianza de 15.000 euros.
PEDRO ÁLVAREZ
Palma Arena. El conseller del PP en la oposición en el Consell de Mallorca participó durante su etapa como concejal de Cort en la pasada legislatura en la construcción del velódromo, por lo que está ahora imputado.
ANTONI SERRA
Palma Arena. El diputado del PP en el Parlamento balear era miembro, al gual que sus compañeros Durán y Álvarez, del consorcio para la construcción de la pista ciclista cubierta, cuyo elevado desfase se está investigando.
´PEPOTE´ BALLESTER
Palma Arena. José Luís Ballester, más conocido como ´Pepote´, fue mano derecha de Matas, que le nombró su director general de Deportes para que supervisara el día a día de las obras del velódromo, por el que está imputado.
FERNANDO RUBIO
Can Domenge. El portavoz adjunto del PP en el Consell está imputado por la finca que la institución vendió por la mitad de su valor de mercado, y cuya adjudicataria ha confesado que tuvo información privilegiada.
MIQUEL À. FLAQUER
Voltor. Ex presidente de UM y ex conseller de Economía del Consell, está imputado por el caso Can Domenge y por la operación Voltor, que investiga una red de UM para beneficiar a empresas afines. En libertad bajo fianza.
ANTONI OLIVER
Voltor. El ex alto cargo de UM en la conselleria de Turismo ha conseguido eludir la prisión con una fianza de 100.000 euros. El ´pollencí´ está acusado de conceder contratos a empresarios afines al partido.
JOAN SASTRE
Voltor. Al ex director general de Promoción turística se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, al igual que sus compañeros de UM Flaquer, Oliver, Álvaro Llompart y Antoni Rebassa.
JUAN F. GÁLVEZ
Turismo Joven. En la pasada legislatura fue el director general de Juventud del PP. Está acusado, junto a Juan Francisco Gosálbez, gerente del consorcio Turismo Joven, del desvío de fondos en el ente público para fines privados.
DAMIÀ AMENGUAL
Turismo Joven. Sobre los papeles era el gerente del consorcio saqueado, aunque en la práctica era Gosálbez quien lo dirigía. Se hizo célebre cuando declaró ante el juez que lo de comer langosta con cargo al Govern era normal.
GONZALO AGUIAR
Carretera de Manacor. Ha sido el director insular de Carreteras, y está imputado por las obras del desdoblamiento de la vía Palma-Manacor, pues la Fiscalía sospecha que se hincharon facturas y hubo pago de comisiones.
* Diario de Mallorca - 28.03.10
Foto: Palma, palau consell insular Mallorca - trivago.com
Las urbanizaciones de Vélez se rebelan
SUR/Málaga* : Vivir fuera de los cascos urbanos consolidados tiene ventajas, pero también inconvenientes. Uno de ellos, en Vélez-Málaga, es la obligación que tienen los propietarios de constituirse en Entidades Urbanísticas de Conservación para garantizar el mantenimiento de viales, aceras, sistemas de alumbrado y zonas verdes, además del mobiliario urbano.
Esta obligación ha provocado el rechazo de los vecinos afectados por esta figura recogida en el PGOU de 1996, al entender que supone una discriminación para los titulares de viviendas fuera de los cascos urbanos consolidados.
Colectivos como la asociación de vecinos de Chilches han iniciado una recogida masiva de firmas en contra de estas entidades, y están manteniendo contactos con otros colectivos afectados por la medida con el fin de hacer un frente común ante el Consistorio. «Queremos el mismo trato que cualquier otro vecino del centro de Vélez o Torre del Mar. Lo que no puede ser es que el Ayuntamiento nos grave por recibir los mismos servicios que el resto», señala el presidente de la asociación de Chilches, Francisco Malpartida.
La movilización de los 31 sectores afectados en el municipio ha llevado al equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE, GIPMTM e IU) a paralizar la puesta en marcha de las entidades. Según el edil de Urbanismo, Salvador Marín (IU), porque se han observado grandes diferencias entre la realidad actual y el PGOU.
Así las cosas, el gobierno ha anunciado que habrá reuniones con los vecinos de cada urbanización para ver caso por caso, y que se estudiarán los criterios acordados en su día.
Vivir a un lado de la calle
En Vélez son 31 los sectores que están obligados a constituirse en Entidades Urbanísticas de Conservación, algunos separados del casco urbano por una simple calle o una avenida. En esta situación se encuentran sectores como Vélez-Málaga 7 y 8, conocidos también como nuevo ensanche de Vélez. Los vecinos con viviendas en el lado derecho de la calle no tienen que pagar nada para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras, en cambio de los de la margen izquierda sí.
E l presidente de la asociación de vecinos Velis, Fernando Mata, se pregunta en concepto de qué pagan entonces el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el resto de impuestos y tasas municipales.
Según Malpartida, los propietarios de viviendas en los sectores obligados a convertirse en Entidades Urbanísticas de Conservación, ademas de tener que hacer frente a las cuotas de sus comunidades de vecinos tendrán la obligación de afrontar con derramas extraordinarias las cantidades que sean necesarias para reparar cualquier avería.
«Lo que quiere el Ayuntamiento es desentenderse del mantenimiento. Es un chollo, porque por un lado ingresan los impuestos y por otro no atienden los gastos que genera el mantenimiento y conservación de las infraestructuras», señala.
El asunto ha llegado incluso a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que en julio admitió a trámite la queja planteada por un grupo de vecinos de Chilches contra el acuerdo del pleno municipal acordando los criterios generales para exigir la creación de estas entidades.
Para el colectivo, el Consistorio no es competente para regular esta figura. Además asegura que lo que hace el Ayuntamiento se eximirse de cumplir las competencias que la Ley Reguladora de Bases Régimen Local le obliga en cuanto a la prestación de los servicios municipales mínimos. «La Oficina del Defensor del Pueblo ha calificado al consistorio como Ayuntamiento entorpecedor porque no contesta los requerimientos que realiza sobre esta cuestión», afirma Malpartida.
Para esta asociación, la LOUA sólo obliga a crear estas entidades urbanísticas de conservación durante el periodo de su transformación a suelo urbano recepcionable por el Ayuntamiento. Asimismo consideran que se vulnera el principio constitucional de igualdad, a la vez que hace caso omiso al artículo 4.1 de la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía sobre la obligación de los ayuntamientos de garantizar el mismo nivel de prestación de servicios en todo su territorio.
Según Mata, sólo en Vélez ciudad se ven afectadas zonas como la situada al norte del Polideportivo, la comprendida entre la avenida La Pasionaria y el Camino de Remanente, La Mata y El Limonar, así como las situadas entre el colegio Zona Norte y el arroyo del Cementerio. Por su parte en Torre del Mar, entra la zona nueva de la Azucarera y el ensanche al oeste.
El consistorio veleño, según los criterios aprobados por el pleno, se comprometía a pagar el consumo eléctrico del alumbrado público de estas entidades, a la vez que el mantenimiento de los viales estructurales, sistemas generales y equipamientos públicos, algo que los vecinos consideran insuficiente.
* SUR - 28.03.10
Foto: En la avenida de las Naciones de Vélez sólo los vecinos de la margen izquierda, que es el nuevo ensanche de la ciudad, deben crear las entidades de conservación. :: EVA GUZMÁN, diariosur.es
El juez ve posible prevaricación en el acuerdo de Paterna con Siro
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LEVANTE/Valencia* : La magistrada del juzgado de instrucción nº1 de Paterna ha dictado un auto para que se siga el procedimiento judicial por un supuesto delito de prevaricación en el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Paterna y la mercantil Galletas Siro, del que serían presuntos responsables el ex concejal, Domingo Rozalén (EU), el arquitecto municipal y el jefe de la sección de Planeamiento Urbanístico, así como el ex gerente de la empresa municipal Sumpa.
La querella que presentó en 2005 el empresario Jorge Cubells, afectado por la reparcelación del sector 9 también era contra el ex alcalde socialista Francisco Borruey, pero al fallecer el pasado año se declara sobreseído el proceso.
La querella concluía que el plan parcial y el proyecto de reparcelación del polígono l'Andana se realizaron "a la medida" de un convenio del consistorio con la mercantil Siro para que ésta pudiera disponer, tras una permuta, de unos terrenos de 20.000 metros cuadrados en el sector para una fábrica, tras cerrar Galletas Río.
El auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, indica que de las actuaciones practicadas se desprende que los "hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación" por los imputados, por lo que da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la práctica, excepcional, de diligencias complementarias.
Según el auto, la reparcelación adjudicó al ayuntamiento una parcela de 20.000 metros cuadrados, mientras que a la empresa del denunciante Cubells, que tenía dos con más de 15.000 metros donde ahora se ubica la fábrica de Siro, se la desplazó a otro lugar. Un último informe pericial, de julio de 2009, constata que la superficie total de esas parcelas era de casi 15.000 metros, por lo que no debieron desplazarla, pues la mínima edificable era de 14.000 metros. Otro perito declaró que al afectado se le sumó una superficie de 13.502 metros de forma manual y "sin ser resultado de ningún cálculo aritmético". Asimismo el querellante aportó como prueba un contrato de 16 de julio de 2003, firmado por Productos Alimenticios La Familia, de la que Siro es la única accionista, con una constructora para hacer una fábrica en los terrenos que meses después se le adjudicaron. Los representantes legales de las sociedades declararon que existía un error en la fecha ya que la correcta era julio de 2004.
Posteriormente a la reparcelación, también recurrida en un contencioso administrativo, el anterior gobierno PSPV-EU aprobó el convenio con Siro, el 18 de mayo de 2005, que establecía la permuta de terrenos para instalar la nueva fábrica en la parcela de 20.000 metros y la aprobación del PAI del sector Río donde se ha localizado la villa romana. Un informe de la secretaria municipal desaconsejó la permuta porque la reparcelación estaba en los tribunales. El PP se abstuvo y UV votó en contra.
* Levante-EMV - 28.03.10
Foto: PAI de la antigua galletas Río donde ha aparecido la Villa Romana. levante-emv
