Viñeta de El Roto - elpais.com, 16.06.10
Consolidación de lo insostenible - El Roto
Orpesa.- Primer derribo por orden judicial
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LEVANTE/Castelló* : Ayer comenzó la demolición del edificio Portomar, en la playa de la Concha de Orpesa, cumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, que declaró ilegal y nula la licencia de obras otorgada en 2004 por el ayuntamiento. El derribo de este edificio es el primero que se efectúa en la provincia en los últimos años tras un fallo judicial que sanciona su ilegalidad. En este caso no viene determinado por la aplicación de la Ley de Costas, sino por las irregularidades de su construcción.
El consistorio pagará la demolición que asciende a 100.000 euros, tal como fija el alto tribunal valenciano.
A última hora de la tarde fueron muchos los curiosos que se acercaron a presenciar la demolición, cercana al paseo de la Concha. El pleno acordó el 2 de febrero pasado el proyecto del derribo que ayer se hacía efectivo. Dede el equipo de gobierno del PP orpesino se reitera que el derribo confirma el respeto a las decisiones judiciales, sin entrar en mayores valoraciones ni en especulaciones sobre el otro derribo pendiente en Orpesa y dictado por un tribunal, el del edificio Bernat.
El Portomar es un edificio de tres plantas, ubicado frente a la Concha, construido hace apenas dos años y que nunca ha estado habitado. Además tiene un único propietario que fue quien presentó el proyecto para demolerlo.
Tras el derribo, el propietario del inmueble deberá ser indemnizado por el consistorio, habida cuenta de que fue el consistorio actual quien en 2004 le concedió la licencia de obras para construirlo. Para ello se basó en el informe del arquitecto municipal, que avaló la legalidad de la construcción.
* Levante-emv - 16.06.10
Foto: La máquina trabaja en la demolición del Portomar frente a la playa de la Concha. levante-emv
Castilla y León.- El gestor de dos pelotazos pagó 1,2 millones a Merino
PÚBLICO* : El gestor de dos de los grandes proyectos urbanísticos más controvertidos de Castilla y León La Rosaleda, en Ponferrada, y Segovia 21, el empresario Elías Benatar, pagó entre 2004 y 2007 un total 1,2 millones más IVA a las consultorías de Jesús Merino, diputado del Partido Popular (PP) por Segovia hasta abril de 2010, cuando dimitió por su imputación en el caso Gürtel. Ambos proyectos, gestionados por Benatar a través de Eyser y Fomento Territorial, han contado con la participación destacada del constructor José Luis Ulibarri, imputado también en el caso Gürtel.
El consejero de Fomento que dio luz verde a la operación de Ponferrada fue Manuel Fernández Santiago, de quien la policía sospecha que podría tratarse del Toti que recibió pagos de la trama Gürtel, algo que el actual presidente de las Cortes de Castilla y León niega.
El pelotazo de La Rosaleda, por el que Ulibarri obtuvo 2.016 parcelas a un 20% del precio de mercado, ha sido declarado ilegal por los tribunales, pero ejecutar las sentencias es imposible al estar ya todo construido. Y el de Segovia 21, que supuso la cesión de 101 hectáreas de terreno público a una sociedad con creciente peso privado liderado por la misma persona que impulsó el proyecto desde la diputación Atilano Soto, presidente de Caja Segovia, está en los tribunales desde 2007: dos denuncias han sido archivadas y dos siguen vivas, la última de las cuales en un juzgado de Madrid, que la admitió a trámite el pasado abril.
La relación profesional entre Eyser, Fomento Territorial y los despachos que Merino compaginó durante años con su actividad de diputado de 2000 a 2010, incluyendo dos años como portavoz adjunto del grupo del PP y de dirigente nacional del partido secretario de Política Autonómica entre 2002 y 2005 y miembro del comité electoral en 2004 es antigua y declarada a Hacienda. Los diputados pueden dirigir también despachos profesionales privados más de 30 lo hacen siempre que no toquen asuntos relacionados con su tarea parlamentaria, un marco que deja mucho terreno para la ambigüedad.
Benatar fue el gestor de los dos polémicos proyectos urbanísticos en Castilla y León, el feudo de Merino. A petición del Ayuntamiento de Ponferrada (PP), redactó en 2001 la reforma urbanística que iba a permitir la construcción en La Rosaleda de más de 2.000 viviendas, un encargo que en 2004 le fue renovado para encauzar el proceso.
El proyecto fue declarado ilegal de cabo a rabo por los tribunales, pero cuando ya no había marcha atrás porque estaba todo construido y, en parte, vendido.
En 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una sentencia ratificada por el Supremo el mes pasado, anuló la reforma urbanística porque se edificó tres veces más de lo permitido y se eliminó el 10% exigido para servicios. En 2007, el mismo tribunal anuló las adjudicaciones, que beneficiaron a Ulibarri, por falta de publicidad y concurrencia.
En 2003, Fomento Territorial recibió también el encargo de gestionar el proyecto de Segovia 21, que culminará previsiblemente el año que viene con la entrega de 400 viviendas y chalets (estos últimos se están vendiendo ya a partir de 850.000 euros), un hotel de lujo, un campo de golf de 18 hoyos y un centro de negocios, entre otros.
Apoyo empresarial
El plan fue impulsado en 2001 por Atilano Soto, entonces presidente de la diputación y también al frente de Caja Segovia, que ahora lidera al grupo de empresarios que se ha sumado a la iniciativa. Los promotores defienden que el proyecto crea riqueza y que la diputación no ha tenido que pagar y, en cambio, ha ingresado seis millones.
Los críticos denuncian que se aportaron 101 hectáreas de terreno público en un paraje de ensueño a un precio irrisorio equivalente a 16 millones, en acciones de Segovia 21 tras una tasación elaborada antes de definir el proyecto en su conjunto y que el beneficiario último será privado. Las hectáreas cedidas Monte Quitapesares se fueron descatalogando por fases pese a que el proyecto era único y se fueron aportando a Segovia 21 sin subasta pública.
El juzgado archivó dos causas en Segovia, centradas sobre todo en la descatalogación en sí. Pero queda viva una demanda por la cesión de los terrenos a Segovia 21 y otra por estafa, admitida a trámite en Madrid el pasado abril.
En declaraciones a Público, Elías Benatar defendió su relación comercial con Merino y negó que los pagos por 1,2 millones de euros más IVA tengan nada que ver con La Rosaleda o Segovia 21. "Se trata de operaciones de carácter privado entre empresas, ajenas a cualquier organismo público y sin ninguna relación con el caso Gürtel, y cuya información supondría la vulneración del secreto profesional", afirma el empresario.
La versión del ex diputado
Un portavoz del despacho de Jesús Merino afirmó que el ex diputado nunca ha trabajado para Eyser o Fomento Territorial en proyectos en Castilla y León y que los pagos obedecen a consultorías para actividades en otras comunidades, singularmente un plan para llevar empresas a Castilla-La Mancha.
Los pagos fueron declarados todos en el denominado modelo 347 que exige Hacienda para los proveedores que superen los 6.000 euros y los desveló un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del caso Gürtel sobre las actividades empresariales de Jesús Merino, que entre 2002 y 2007 le reportaron 8,4 millones de euros. El informe destaca el vínculo entre Segovia 21 y Fomento Territorial.
En el auto en que el Supremo admitió la causa contra aforados nacionales, en junio de 2009, la jueza hizo constar que en el informe de Hacienda "no se refieren datos concretos que permitan la imputación de una conducta ilícita". El fiscal limitó su petición de imputación al hecho de que en la caja B de la trama apareciera que "Jesús Merino Serrano 50" recibió 50.000 euros en 2007.
Serrano 50 Global Consulting, que en 2007 declaró un pago de 50.000 euros a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP también imputado, recibió 220.000 euros más IVA de Fomento Territorial. Algaba Consultores, que poseía el 33% de Astrolago sociedad compartida con Bárcenas y Jesús Sepúlveda disuelta en 2008 sin declarar nunca actividad, ingresó otros 372.215. Y Everland, administrada por la esposa de Merino, quien a su vez contaba con autorización en una cuenta, obtuvo 591.598.
* Público - 14.06.10
Foto: Castilla y León, trama Ponferrada y Segovia 21 - publico.es
Urbanismo deprimente
DEMETRIO PELÁEZ/Galicia* : ¿De verdad llevamos diez años fomentando las buenas prácticas urbanísticas? ¿De verdad puede el Colegio de Arquitectos de Galicia, que el lunes celebró en Santiago un acto sobre este tema, sentirse orgulloso de lo que ha ocurrido en esta santa autonomía, en toda España en general, en la última década, en las últimas décadas? ¿Estamos todos ciegos o qué puñetitas pasa aquí? Porque sí, vale que algunas cosas se han hecho bien, y unas pocas incluso muy bien, pero lo cierto es que el balance general en esta parcela es desolador. Deprimente. Capaz de hacer saltar lagrimones al tipo más insensible. El urbanismo en general ha estado tan plagado de desaciertos y cafradas que de poco vale presumir de las casas rurales que se han rehabilitado, o de los edificios históricos que han sido salvados de la carcoma, o de las ciudades que han ganado espacio para los peatones, o de los molones y modernísimos inmuebles que han salpicado algunas urbes en los últimos tiempos.
Todo eso está bien, pero cuando se haga un balance serio de lo que ha sido la arquitectura y el urbanismo en las últimas décadas deberemos destacar que hemos mandado al carallium, sin temblarnos el pulso, infinidad de pueblecitos encantadores, y que hemos llenado la costa de hotelazos sin alma, y que hemos plagado infinidad de carreteras comarcales de rotondas demenciales, y que en nombre de un progreso mal entendido hemos plantado tremebundos polígonos industriales en medio de cualquier valle, y que parajes idílicos se han saturado de urbanizaciones clónicas que parecen un monumento al horror, con lo sencillo que hubiese sido construirlas con algo de gusto, con algo de decoro... ¿Seguimos? Sí, también deberemos hablar de unas ciudades que han crecido aún peor que en los años 70 y que se han llenado de barriadas inconexas, explanadas ventosas y parques de cemento en los que los árboles se niegan a crecer. Buenas prácticas urbanísticas... Estamos de coña, ¿no?
* El Correo Gallego - Opinión - 16.06.10
Marbella.- El urbanismo abre otro foco de conflicto
SUR/Málaga* : Las aguas del urbanismo vuelven a bajar revueltas. Apenas tres semanas después de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entrara en vigor la Junta y el Ayuntamiento vuelven a escenificar sus diferencias en un asunto que podría tratarse de algo puntual pero que llevaba meses en el punto de mira. El Gobierno andaluz ha requerido al equipo de gobierno que justifique la concesión de la licencia de obra a Tomas Olivo, empresario procesado en el 'caso Malaya', para levantar un bloque de seis plantas y locales comerciales en el edificio de RNE y que justifique cuáles fueron los criterios para otorgarla en diciembre del año pasado, cuando el nuevo planeamiento que cambiaba el uso del suelo estaba en su recta final, según publicó ayer el diario 'El País'.
El criterio del Ejecutivo andaluz es claro. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda entiende que el permiso se otorgó de forma indebida al estar en tramitación el nuevo Plan, que en lugar de permitir el uso residencial en la casona sindical preveía el uso hotelero y terciario y la cesión de 1.200 metros cuadrados para equipamiento público. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que en los casos donde choquen los dos planeamientos deben quedar suspendidas las licencias tras la aprobación inicial, pero el equipo de gobierno del PP aplicó esta norma más tarde, tras el visto bueno provisional. Olivo ya había pedido la licencia para la antigua casona sindical -apenas unos días antes- y el Ayuntamiento optó por seguir adelante con los permisos solicitados con anterioridad.
Con este argumento y escudado en la existencia de cuatro informes técnicos y jurídicos que avalarían el permiso el equipo de gobierno responderá de forma negativa al requerimiento de la Junta, fechado el 12 de mayo. «No se puede revocar porque los informes dicen que se otorgó conforme a derecho», señalaron fuentes municipales. La Junta parece que no se dará por vencida y amenaza con impugnar la licencia en los tribunales. El PSOE también presentó en su día un recurso contencioso y un recurso de reposición, al igual que Izquierda Unida.
«Se impone la cordura»
El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Enrique Monterroso, valoró ayer positivamente el requerimiento de la Junta y exigió a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que cumpla con la petición cursada por el gobierno autonómico. «Parece que en esta ocasión la Junta va a imponer la cordura y va a dar la razón a Izquierda Unida, pues a todas luces la licencia concedida por Muñoz en favor del imputado en el 'caso Malaya' contraviene la legalidad urbanística y atenta contra el interés general», añadió.
* SUR - 16.06.10
Foto: Vista del edificio de RNE, en plena avenida Ricardo Soriano, propiedad del empresario Tomás Olivo, procesado en 'Malaya' - diariosur.es
La jueza imputa por prevaricación al alcalde y a tres ediles de Castro de Rei
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LAVOZDEGALICIA* : El caso de Castro de Rei, que en el Juzgado de Instrucción nº3 de Lugo se bautizó como operación Rey, saltó a los periódicos cuando el 26 de octubre del año pasado la jueza titular, Estela San José, entró a registrar el Concello de Castro de Rei, y se incautó de numerosa documentación relativa a adjudicación de obras. El asunto tuvo una mayor repercusión porque el alcalde, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales salieron esposados por la puerta del consistorio y, tras pasar por el vecino Ayuntamiento de Cospeito para incautarse de una documentación relacionada, acabaron en los calabozos de la comisaría de Lugo casi tres días, hasta que declararon y salieron en libertad.
Pero el asunto no había comenzado ese 26 de octubre con el registro. Ahora, tras levantarse el secreto del sumario, se sabe que la jueza había ordenado casi un año antes pinchar el teléfono a un empresario de Castro de Rei que se dedicaba a traer inmigrantes marroquíes para trabajar en granjas y que eran explotados. Aquellas escuchas, integradas dentro de la también famosa operación Pollo, revelaron que dicho empresario también estaba tratando de poner en marcha un viejo plan de construir casi cien chalés mediante una cooperativa.
El proyecto seguía estancado por problemas urbanísticos y por ello entró en contacto con otros empresarios, algunos de ellos ya con problemas judiciales, que empezaron a hablar con técnicos de constructoras e incluso funcionarios de la Xunta. En las conversaciones empezaron a ser citados el alcalde de Castro de Rei y otros políticos como las personas necesarias para agilizar los trámites urbanísticos, a veces mediante la necesaria colaboración de políticos de mayor nivel.
A medida que avanzaban las conversaciones, la jueza fue ordenando más pinchazos telefónicos y así se descubrieron entre esos empresarios hasta proyectos irregulares de exportar leche en polvo o chatarra a países africanos, para lo que siempre necesitaban apoyos políticos que salían mencionados en las conversaciones.
Como el alcalde de Castro de Rei hablaba permanentemente con los concejales de su partido (PSOE), y también con el concejal bisagra (TEGA), que le da la mayoría frente al PP, en esas conversaciones salieron a relucir los acuerdos para repartir las obras municipales, siempre que fuese posible, entre las empresas del concello. El alcalde, con el ánimo de contentar a sus ediles y también a las firmas locales, trató de que todas se llevasen algunas obras. Mientras hablaba con los concejales, los funcionarios o los técnicos de urbanismo, la policía grababa las conversaciones. Y todas esas «artimañas previas a la adjudicación», como las denominó la jueza, fueron tipificadas como prevaricación y tráfico de influencias para los tres ediles, y para el alcalde, también cohecho. Por eso el 26 de octubre del 2009 la jueza entró a buscar pruebas en el Concello y ahora, una vez levantado el secreto y tomadas muchas declaraciones, el sumario camina hacia la calificación.
* La Voz de Galicia - 16.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org
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