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ELPAÍS/Murcia* : La Guardia Civil cree que el ex alcalde de Totana del PP y diputado del grupo mixto en el Parlamento autonómico murciano, Juan Morales, siguió aprovechándose de su cargo de diputado para hacer negocios ilícitos y tratar de cobrar comisiones ilegales por las gestiones urbanísticas iniciadas cuando era primer edil totanero.
Documentos interceptados al abogado de Morales muestran que la ex mujer de éste -está separado, no divorciado y sin separación de bienes- firmó un convenio con la empresa Visanfer en la que el empresario se comprometía a pagar cinco millones de euros de comisión a cambio de la recalificación de una finca en un Parque Natural.
Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) que consta en el sumario de la Operación Tótem, al que ha tenido acceso EL PAÍS, subraya: "Juan Morales, desde su nueva posición de diputado regional, sigue aprovechándose de su condición de servidor público con influencias en la Administración (...) para seguir haciendo ver a Manuel Núñez Arias que aún conserva cierta influencia y que de él depende la exitosa culminación de la operación, consiguiendo así una recompensa por sus servicios". Morales fue alcalde de Totana hasta 2007, cuando pasó a la Asamblea regional en la lista del PP. En diciembre pasado, cuando estalló el escándalo de corrupción, fue expulsado y pasó al Grupo Mixto. IU recordó ayer que Morales fue elegido por el PP portavoz de la Comisión de Ordenación del Territorio, por la que debería pasar la recalificación de esa parcela.
Según la investigación judicial, Morales habría pactado con el empresario una comisión ilegal de 3,6 millones, de la que también se beneficiarían los intermediarios Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara, así como el empresario totanero Gabriel Martínez, amigo íntimo de Morales. Una frase de este último, dueño de Huevos Maryper, llevó a la Guardia Civil a pensar que el ex alcalde continuaba delinquiendo desde la Asamblea.
Martínez y Morales, una vez que éste había salido de la alcaldía de Totana, negociaban con Núñez Arias la comisión ilegal por las gestiones para aprobar el convenio urbanístico. "Por si hay que dar un toque en Murcia o donde sea", señaló el empresario totanero.
El responsable de Política Municipal de IU y edil de Totana, Juan José Cánovas, dijo tener constancia "de que hubo personas del municipio que informaron al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, o a parte de su entorno, sobre qué pasaba en el municipio". El alcalde de Totana, el popular José Martínez Andreo, aseguró ante la prensa que las presuntas corruptelas de Morales las conocía "media Totana y medio Región de Murcia".
NEGOCIANDO LA PASTA
José Antonio Alcántara, Juan Morales y Gabriel Martínez (en la foto, escaneada de un informe de la Guardia Civil) viajaron a Vigo en octubre de 2007 para cobrar 3,6 millones de euros de comisión. Luego rebajaron el monto a 600.000 euros para "bajarse el dinero a Murcia en bolsas".
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 06/06/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
El ex alcalde de Totana extorsionó a industriales desde la Cámara murciana
Ben Magec afirma que la nueva moratoria triplicará las camas turísticas
LAPROVINCIA* : La organización ecologista Ben Magec critica el incremento de nuevas camas turísticas que auspicia el Gobierno canario en la reforma de las Directrices y el consumo de suelo que supondrá. En este sentido, los ecologistas aseguran que, con esta nueva norma, habrá complejos que puedan pasar a tener el triple de camas y en terrenos que, aunque sean urbanizables, ahora mismo están sin utilizar.
Para Ben Magec, uno de los principales problemas es que "ni el Gobierno de Canarias ni los ciudadanos conocen el volumen de licencias municipales, autorizaciones previas y planeamientos parciales que hay en las Islas", algo que para la organización "parece que a nadie le preocupa".
Ben Magec presentó ayer sus alegaciones a la Ley de Medidas Urgentes impulsada por el Ejecutivo que modifica aspectos de la Ley del Territorio y de las Directrices de Ordenación del Turismo de 2003. Su portavoz, Antonio Hernández, afirma que esta iniciativa del Gobierno es consecuencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Ben Magec en el Parlamento, donde se defiende el crecimiento cero y la renovación de las zonas turísticas pero sin ofrecer el doble o el triple de camas como hace el Ejecutivo en su norma.
Hernández tildó de "fraude democrático" la paralización en la que se encuentra al ILP en la Cámara ya que, a este ritmo, se aprobará primero la Ley de Medidas Urgentes que la propuesta de los ecologistas, avalada por más de 45.000 firmas, con lo que esta iniciativa popular quedaría totalmente descafeinada.
El arquitecto Eduardo Torres criticó que el Gobierno esté "enredando" más la situación al permitir construir nuevos hoteles sin conocerse exactamente cuántas autorizaciones previas hay aún vigentes desde antes de las Directrices. Ante ello, Ben Magec exige que se den a conocer los datos reales sobre el suelo turístico calificado existente en el Archipiélago.
* La Provincia - R. ACOSTA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 05.06.2008
Foto: Canarias, hoteles sur grancanaria - laprovincia.es
La Plataforma Vivienda Digna afirma que ahora es el peor momento para comprar
La asociación Plataforma por una Vivienda Digna* exige a la nueva Ministra de Vivienda –Beatriz Corredor- que se retracte por sus recientes declaraciones en las que afirmaba que “es el momento adecuado para comprar una vivienda si realmente se necesita”, o en su defecto que dimita; puesto que no necesitamos un Ministerio para confundir a la población por medio de mensajes de sesgado interés, cuando ya tenemos a los agentes, analistas y lobbys del sector inmobiliario que realizan esa labor casi a diario.
Nos parece una aberración que la titular de Vivienda haya sucumbido tan rápido a las presiones del sector inmobiliario hasta llegar a asumir prácticamente su discurso con total sumisión, como se plasma en las anteriores declaraciones que incluyen también la frase “el Ejecutivo ha tomado medidas muy parecidas a lo que piden”. Y consideramos de una demagogia e irresponsabilidad máxima que se anime a comprar en un entorno en el que el precio de la vivienda está en clara disminución, en el que la morosidad por el sobreendeudamiento hipotecario está creciendo vertiginosamente, en el que se afronta un escenario de posibles nuevas subidas de tipos de interés y de grave recesión de la economía española –con aumentos significativos de desempleo- y en el que los vendedores y promotores de vivienda se resisten al único camino lógico que existe para salir del atolladero –bajar los precios significativamente-. De esta forma, la institución que preside Beatriz Corredor está echando más leña al fuego de las causas que han provocado esta crisis socioeconómica para beneficiar precisamente a los que tienen una buena parte de la culpa en provocarla. Muchos ciudadanos que sucumban a este mensaje lanzado desde nuestras instituciones, lo pueden pagar muy caro en el futuro y buscando el símil, supone poco más o menos que si, tras la presión de las empresas tabaqueras, la Ministra de Sanidad animara a la población a fumar.
Le recordamos a la nueva Ministra, que el Ministerio de Vivienda es una institución pública que sufragamos los ciudadanos con nuestros impuestos y que tiene suficientes problemas de los que preocuparse como para dedicarse a potenciar la labor comercial de las empresas inmobiliarias y entre ellas cabe citar las innumerables deficiencias en la tramitación de las ayudas al alquiler, la desproporcionada subida sin ningún tipo de justificación de la vivienda protegida en muchas comunidades autónomas, la proliferación de nuevas tipologías de vivienda protegida sin fines estrictamente sociales, los anómalos mecanismos de financiación municipal y autonómica, los constantes abusos y fraudes, etc., cuestiones todas ellas que por no resolverse, sólo están consiguiendo enquistar el problema y que su resolución sea más dolorosa aún para el conjunto de la ciudadanía mientras se perpetúa la exclusión de un amplio porcentaje de la población de lo que es un derecho constitucionalmente protegido.
Respecto a las medidas anunciadas ayer, también le recordamos a la Ministra que el “alquiler con derecho a compra” no es alquiler social –el gran déficit de la política de vivienda española frente a la europea-, sino una solución que se presta a ser una nueva trampa que postergue la insostenibilidad del mercado inmobiliario, que la rehabilitación debe orientarse fundamentalmente a satisfacer el acceso de los excluidos del mercado y a dar impulso a un mercado regulado del alquiler y que el Gobierno va muy mal encaminado en las soluciones, si éstas pasan por sostener el sector y los precios actuales con la financiación artificial del ICO y manteniendo una fiscalidad orientada fundamentalmente a la compra de viviendas que actualmente consume dos terceras partes de los recursos totales asignados a políticas de vivienda.
A los ciudadanos les recordamos que pueden comprobar fácilmente que la vivienda ha bajado significativamente de coste en dos periodos muy recientes de nuestra Historia, que ya en otros países afectados por la burbuja inmobiliaria están bajando mucho los precios y que en España también han empezado a hacerlo a pesar de que no se refleje suficientemente en las estadísticas oficiales por las deficiencias de éstas. Así pues, lo mejor que pueden hacer ahora los que tengan intención de adquirir una vivienda es no dejarse encandilar por estos mensajes, extremar la cautela y esperar a que se desenvuelva la situación del mercado inmobiliario y, sobre todo, de la crisis en la que estamos inmersos.
La Plataforma pide cambios radicales en la política de vivienda
Para la Plataforma, la mejor política de vivienda es la que crea el marco para que la diferencia entre salario y precio de la vivienda (tanto en compra como en alquiler) sea razonable y estable al margen de las tensiones especulativas y de los ciclos económicos. Esto, unido a un parque de vivienda pública extenso para los jóvenes y las rentas más bajas sería avanzar hacia el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución. Para ello, exigimos al Gobierno que atienda realmente las recomendaciones que se le realizan desde numerosas instituciones nacionales e internacionales y que además, empuje cambios estructurales en todas aquellas instancias gubernamentales cuyas políticas afecten a la vivienda y el urbanismo, con el objetivo de reducir la disparatada relación entre salarios y precios de la vivienda en compra o alquiler. Que los precios de la vivienda vuelvan a una senda razonable debería ser el cometido principal del Ministerio y no justo el contrario.
Con el objetivo de lograrlo, los distintos comités territoriales de la Plataforma consensuaron en su día una batería de 40 propuestas que ya le fueron remitidas al Gobierno en espera de que sirvieran para abrir un proceso de reflexión profundo de cara al futuro de las políticas de vivienda en este país y seguimos esperando que así sea.
* Plataforma Vivienda Digna - 05.06.2008
El Supremo condena al Ivima por construcción ilegal
ELPAÍS/Madrid* : Mil viviendas públicas ya construidas por la Comunidad de Madrid en cinco enclaves de la región fueron edificadas tras la convocatoria de un concurso ilegal en 2004 por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente de la Consejería de Vivienda del Gobierno regional.
Así lo denunció en su día el Colegio de Arquitectos y así lo confirmó ayer una sentencia del Tribunal Supremo. En las viviendas, situadas en La Ventilla (Tetuán), Arroyo Culebro (Leganés), el Ensanche de Vallecas, Valdemoro y Navalcarnero viven unas 5.000 personas.
Formalmente, la sentencia del Supremo podría acarrear la demolición de las viviendas y la convocatoria de un nuevo concurso en regla, pero fuentes jurídicas destacan que, para ello, "habría que acudir a un incidente de ejecución de sentencia que no parece que las partes interesadas contemplen", informa Julio M. Lázaro. La eventual demolición y la consiguiente reconstrucción dañarían a quienes ya habitan las casas, extremo que la justicia y ambas partes tratan de eludir.
El alto tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por el Ivima contra una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitida el 5 de octubre de 2006 a instancias del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Su decano, por entonces Ricardo Aroca, invocaba argumentos jurídicos y éticos contra la forma en que el instituto regional había convocado el concurso para tal construcción. "Solapar el proyecto arquitectónico y el de obra, tal como hizo el Ivima, era una medida disparatada", subraya Aroca. "Por más que discutimos entonces que íbamos a recurrirla se nos dijo desde el Gobierno regional: 'Mientras el Supremo decide, acabamos de construir las viviendas". Y añade Aroca: "Eso debería llevar aparejado que la gente que tomó aquella decisión ilegal quedara apartada de cargos públicos".
La norma que obliga a separar ambos proyectos, de obra y arquitectónico, obedece a la necesidad de mantener la independencia creativa del arquitecto, su autonomía ejecutiva y la calidad de la edificación frente a eventuales prácticas de mera optimización económica en las que podría incurrir la entidad constructora. Un portavoz de la Consejería de Vivienda señaló: "Desde el año 2006, los procedimientos empleados anteriormente, que solapaban el proyecto de obra y el arquitectónico, ya no se realizan de aquella forma, sino conforme a la norma que la ley establece".
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS / JESÚS SÉRVULO - Madrid - 06/06/2008
Foto: Madrid, viviendas ensanche Vallecas - burbujona
El fiscal denuncia por prevaricación a dos gobiernos del PP en Abegondo
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ELPAÍS/A Coruña* : La querella formulada por el fiscal especializado en delitos urbanísticos ante el Juzgado decano de Betanzos imputa a los dos últimos gobiernos del PP en Abegondo un delito de "prevaricación continuada" por permitir la urbanización de decenas de viviendas sobre suelo rústico entre los años 2002 y 2005.
Se trata de la corporación que presidió el ex conselleiro de Agricultura y actual diputado autonómico del PP, José Antonio Santiso Miramontes, y la que encabezó su sucesor, Juan José Rocha Carro, actual alcalde independiente del municipio.
La denuncia del ministerio público acusa por el mismo motivo a los tres últimos arquitectos que trabajaron para el ayuntamiento coruñés: al actual, Manuel Cortón Muinelo, a su antecesora, Cristina Ballón López, y a Antonio Carro Núñez que ejerció a través de una asistencia técnica como aparejador municipal entre 1998 y 2003, así como a dos de sus colaboradores.
La querella del fiscal relata el procedimiento administrativo que permitió urbanizar más de 200.000 metros cuadrados de suelo rústico y segregar 88 parcelas donde ya se han construido medio centenar de viviendas unifamiliares en Limiñón, Os Valiños, Pedregal, Coto, parroquias todas del municipio de Abegondo. Según su querella, entre los años 2002 y 2007 "por parte de los denunciados se facilitó la construcción de numerosas viviendas unifamiliares, todas ellas en suelo rústico y en algunos casos de protección forestal".
El objetivo de la trama consistía, según la denuncia, "en conceder licencias" para edificar construcciones para "usos incompatibles con el suelo en que se enclavaban las fincas, que según su calificación sólo podrían permitir "actividades agropecuarias".
La denuncia cuestiona los informes del arquitecto municipal, Antonio Carro Núñez, a favor de la parcelación en suelo rústico a lo largo de 2002 y la posterior aprobación de las licencias por parte del Gobierno del PP que presidía Santiso Miramontes.
A Santiso como al resto de los concejales le imputa el fiscal un delito de "prevaricación continuada", incluido su teniente de alcalde y actual regidor de Abegondo, Juan José Rocha Carro. De hecho, el hombre que dirige el Gobierno local (actualmente bajo las siglas de la Agrupación Progresista de Abegondo en coalición con BNG y PSOE) aparece doblemente imputado. Por su votación a favor en 2002 y por aprobar tres años después, ya como alcalde, proyectos urbanísticos reformados y segundas licencias que permitieron legalizar decenas de viviendas.
Permisos caducados
Esta última decisión la adoptaron Rocha y los ediles del PP que componían la Junta de Gobierno local de Abegondo en 2005 con el informe en contra de la secretaria municipal. Los arquitectos municipales no pusieron trabas a la operación.
En sus conclusiones, el ministerio público advierte de que los permisos concedidos en 2002 se encontraban caducados cuando tres años más tarde el Gobierno de Rocha pretendió legalizar las construcciones. Además, el fiscal duda de que los promotores que solicitaron las primeras licencias antes de vender fincas y permisos a segundos compradores, iniciasen las obras para las que pidieron permiso. El escrito desvela que su verdadero interés fue el de edificar sobre suelo rústico para venderlas y obtener beneficios económicos.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 06/06/2008
Foto: Abegondo (A Coruña) - osloureiros.com
Promotoras de pisos protegidos en el norte de Madrid aplican subidas del 30%
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DIAGONAL* : En tan sólo cuestión de días, los adjudicatarios de 570 viviendas protegidas en el municipio de San Sebastián de los Reyes, en el límite norte de Madrid, han visto cómo el precio que tenían que pagar por sus pisos subía en proporciones ni siquiera soñadas durante los años del ‘boom’ inmobiliario.
En abril, fecha de resolución del sorteo, el precio del metro cuadrado en las ocho promociones del barrio de los Tempranales seguía siendo de 1.474 euros, tal y como figuraba en el pliego de condiciones publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) el 21 de diciembre de 2006. Cuando los agraciados contactaron con sus promotoras, se enteraron de que las condiciones iban a ser muy distintas. Las subidas conocidas por DIAGONAL a través del foro de afectados superan el 30% : de 1.400 a 1.900 euros el metro cuadrado. Según el diario gratuito 20 Minutos, el aumento alcanza el 66% : 2.400 euros por metro cuadrado.
“El problema no es sólo la cantidad, sino la forma de pago”, asegura Hamadi, uno de los compradores. La entrada, según figura en el BOCAM, no debía superar el 20% del precio total del piso. Ahora, quienes quieran optar por una vivienda de 65 metros cuadrados deben abonar desde el principio 30.000 euros, con una cuota mensual de 750 euros y dos cuotas adicionales al año de 1.500 euros. En el proceso, en al menos tres de las ocho promociones, los adjudicatarios han pasado, sin saberlo, a ser cooperativistas. “Y no nos han dado ningún plan de precios cerrado. Todavía no sabemos exactamente cuánto tendremos que pagar”, se lamenta Hamadi.
Ante las primeras quejas, el actual Gobierno municipal, del PP, dijo no tener constancia de esta situación, pese a que el terreno para las promociones fue sacado a la venta por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV). “Se escudaron en que la operación se realizó con la otra alcaldía, de PSOE e IU”, cuenta Hamadi. Las primeras apariciones de los afectados en los plenos municipales, que se han llegado a prolongar hasta las 12 de la noche, han arrojado la promesa informal del Ayuntamiento de una reunión con las promotoras para que cumplan las condiciones iniciales. Al cierre de esta edición, los vecinos esperaban que se produjeran los primeros contactos. Sin embargo, en el intermedio muchos de ellos han tenido que renunciar ya al piso debido a las nuevas condiciones de pago. Hamadi ve clara la vinculación entre la reciente subida de un 30% en el precio de la vivienda protegida, aprobada por la Comunidad de Madrid, y el caso de los Tempranales.
“Ahora que bajan los precios, las promotoras y cooperativas se han subido al carro de la vivienda protegida para seguir haciendo dinero”, asegura. El negocio es redondo : las promotoras le compran el suelo a los ayuntamientos al precio estipulado por éstos, con la condición de que reserven parte del terreno a pisos protegidos. Con la revisión de los módulos, sólo en el caso de la promoción de Hamadi, la revalorización alcanza los tres millones y medio de euros. Se han producido casos similares en Los Espartales (Alcalá de Henares), Getafe (donde el Ayuntamiento ya ha tenido que recular) y Alcorcón. Un fenómeno generalizado No obstante, la tendencia es estatal. Una de las últimas acciones de Carme Chacón al frente de Vivienda fue emitir el decreto por el que las comunidades autónomas podían subir el precio básico de las viviendas protegidas.
Fernando Martín, presidente de la promotora Martinsa-Fadesa, valoraba en el salón inmobiliario de Madrid las oportunidades de esta política : “Nos permite ganar más dinero con la vivienda protegida que con la libre”. Estas palabras, pronunciadas en plenas negociaciones con sus acreedores, subrayan la importancia estratégica de la vivienda protegida para las inmobiliarias con problemas. Así, las subidas van del 24% medio en Madrid al 15% de Castilla y León o el 6% del País Vasco, todas ellas por encima de la pauta marcada por el mercado libre, cuyos precios bajarán este año un 2,2%, según La Caixa.
* Diagonal - Diego Sanz Paratcha, Redacción - 29 may - 11 jun de 2008
Foto: SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. Vista aérea de la ciudad/ diagonalperiodico.net
El Defensor del Pueblo pide al Consell que escuche a la CHJ para los PAIs
PANORAMAACTUAL* : El Defensor del Pueblo, reclama a la Generalitat valenciana en su informe anual correspondiente a 2007 que tenga en cuenta los estudios de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que se acredite la suficiencia hídrica para aprobar nuevos planeamientos urbanos que conlleven un incremento del consumo de agua.
El documento hace "mención especial" a las quejas que se tramitan en la Conselleria de Vivienda y destaca el caso de Parcent.
El informe del Defensor del Pueblo, al que tuvo acceso EuropaPress, hace "especial mención" a las quejas que se tramitan en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Así, destaca que en 2007 "se ha constatado un cambio notable" respecto a etapas anteriores, ya que en alguno casos la Conselleria no ha facilitado los expedientes solicitados, y en otros, la información ofrecida es "insuficiente, excesivamente breve, incompleta" y en ocasiones fuera de plazo.
Asimismo, explica que en la mayoría de estos expedientes se denuncia la aprobación de instrumentos de planeamientos por parte de ayuntamientos "sin que se haya acreditado la suficiencia" de los recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas. Una cuestión que califica de "grave" y que "preocupa de forma notable".
El informe señala que el fin de las peticiones que el Defensor del Pueblo reclamó a la Conselleria era contrastar y conocer la posición de la Administración autonómica frente a estos instrumentos de planeamiento urbano.
Parcent
Así uno de los casos a los que se refiere es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el de la localidad alicantina de Parcent, al que destaca por su "especial relevancia" y porque afecta a un "número importante" de vecinos, 200 concretamente, formularon en marzo de 2006 una queja contra el Ayuntamiento por aprobar de tres programas de actuación integrada, ´El Replà´, ´El Cantalar´ y ´La Solana´.
Esta actuación, apuntó, conllevaría la construcción de cerca de 1.800 viviendas, por lo que la población pasaría de 1.050 habitantes a 10.200. Además, añade que este aumento se llevaría a cabo "sin que estuviesen previstas de forma adecuada las infraestructuras necesarias para garantizar la prestación de servicios básicos".
Por ello, se inició una investigación que culminó el 2 de noviembre de 2006 con la recomendación al Ayuntamiento de Parcent y a la Conselleria de que no se aprueben estos tres programas sin el informe favorable de la CHJ.
Conclusiones
Así, en las conclusiones finales del Defensor de Pueblo indica que los ayuntamientos "no deberían aprobar instrumentos urbanísticos" que conllevasen un incremento del consumo de agua "si no cuentan con el previo informe favorable de la CHJ".
Asimismo, indica que la Administración autonómica "no debería admitir a trámite ningún expediente urbanístico elevado por los ayuntamientos para su aprobación definitiva que no incluya el citado informe o en el caso de que este sea desfavorable.
De esta manera, el Defensor de Pueblo, manifiesta que en caso de que la Comisión Territorial de Urbanismo aprobase un expediente urbanístico sin el citado informe con siendo este desfavorable, insta a la CHJ a informar a la Abogacía del Estado de la Delegación de Gobierno, por si hubiera que interponer un recurso contencioso-administrativo.
Como los programas de actuación de Parcent estaban en posesión de la Generalitat en espera de la aprobación definitiva, se pidió, el 29 de mayo de 2007, un informe a la Conselleria para conocer el estado de la tramitación. Dicho informe, señala el Defensor del Pueblo, tuvo que ser requerido en dos ocasiones más, el 17 de julio y el 11 de septiembre de 2007, sin que la Conselleria hubiese dado respuesta a la fecha de finalización del documento elaborado por este organismo estatal.
Además, esta entidad resalta que "este mismo escenario se repite" con motivo de las quejas formuladas por la actuación urbanística de Benicàssim Golf, por los que se solicitaron los informes a la Generalitat en tres ocasiones, el 26 de julio, 20 de septiembre y 22 de noviembre de 2007.
* Panorama-Actual - 05/06/2008
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
La sostenibilidad urbanística como clave en el cuidado del medio ambiente
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ABC/Sevilla* : El urbanismo y el medio ambiente se convirtieron en un matrimonio mal avenido con el advenimiento de la fiebre del ladrillo. Las recalificaciones de zonas verdes o rústicas en los planes urbanísticos, así como la agresividad inmobiliaria en el litoral andaluz han causado pérdidas, en muchos casos irreparables, que no obstante han generado una concienciación social que ya se deja notar en la legislación.
Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, el urbanismo se sitúa entre los temas más acuciantes de la agenda internacional y por este motivo, la Cátedra de Desarrollo Inmobiliario Sostenible del Instituto de Práctica Empresarial ha presentado en Sevilla el libro «Hacia un urbanismo sostenible. Estrategias europeas y españolas para un urbanismo y medio ambiente sostenibles», elaborado por el abogado especializado en medio ambiente y profesor de esta nueva disciplina, Jesús Vozmediano.
Novedad
Esta monografía recopila, por primera vez en España, todos los principios, recomendaciones e indicaciones contenidos en las principales Estrategias de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea y España.
Jesús Vozmediano destacó la idoneidad de publicar este compendio justo ahora «en este periodo de crisis económica, energética y, en general, de denuncia del desarrollo insostenible que se ha seguido en los últimos años».
Libro «necesario»
De hecho, calificó el libro de «plenísima actualidad y vitalmente necesario para todos los profesionales, ya que la sociedad del futuro conllevará necesariamente un cambio total de enfoque a todos los niveles, en cuánto a sostenibilidad se refiere».
Por su parte, José Antonio Pérez, director de la Cátedra de Desarrollo Inmobiliario Sostenible comentó las claves de la crisis inmobiliaria actual y algunas recetas para afrontarla a través del desarrollo de estrategias de urbanismo sostenible, bioconstrucción y el empleo de energías renovables, integradas gracias a las nuevas tecnologías en el proceso del planeamiento, urbanización, edificación y rehabilitación en el sector inmobiliario. Pérez, quien detalló que de los 14 años de experiencia que acumula el Instituto de Práctica Empresarial, la cátedra de urbanismo respetuoso con el medio ambiente lleva dos en funcionamiento, añadió que «los volúmenes de crecimiento no serán sostenibles si se siguen desarrollando en la actual dirección. Y teniendo siempre en cuenta el pilar básico, que es la ordenación territorial y el planeamiento, debemos atender las necesidades de la ciudadanía, pero optimizando el gasto energético y maximizando las zonas verdes». Así, en su opinión de igual forma que en la anterior etapa 92-96 se fabricaron las claves para dimensionar en volumen al sector inmobiliario, «en esta nueva etapa que estamos viviendo, la necesidad agudiza el ingenio, de tal forma que se fabricarán las nuevas líneas por donde cabalgar en el sector inmobiliario español, donde la base es ser más sostenible que ayer, en aras a mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones». Para el director de la Cátedra de Desarrollo Inmobiliario Sostenible, «más allá de las palabras y las buenas intenciones ha llegado la hora de tomar decisiones y llevarlas a la práctica por el futuro de todos».
* ABC - LOLA RODRÍGUEZ - 05.06.2008
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
