VEGAMEDIAPRESS* : España con sus corrupciones asusta ya a los extranjeros. Un simple ejemplo es la traducción de esta página web en holandés que comienza así: Ruleta española. Las prácticas horrorosas de un gobierno corrupto. ¿De un solo golpe perder todas sus posesiones? Si esto es posible. Compre una vivienda en España en la Costa Blanca (entre otros) y corra el riesgo de que un constructor, en colaboración con el gobierno local, confisque su casa y su tierra y no reciba ni un céntimo a cambio. Es la ruleta rusa, pero ahora en el Estado de Derecho democrático y el Reino de España, desde 1986 miembro de la Unión Europea.
Hasta la fecha, al menos 15.000 extranjeros, pero también familias españolas han sido víctimas de una loca Ley (LUV = Ley Urbanística Valenciana), que permite a los municipios, sin la participación de la población local, construir terrenos industriales, campos de golf, hoteles, etc. ¡Y prepárese Vd. si en esta nueva urbanización a desarrollar por el ayuntamiento Vd. tiene una casa! ...........
* Govert Westerveld.
http://www.abusos-no.org/
Esta página web está en inglés y castellano y describe bien la corrupción en España. Resultado, la gente de fuera se asusta y ya no compran casas en la playa. 15000 víctimas de corrupción de muchos países. Ellos hablan en sus países ahora mal de España. Con razón que la televisión extranjera quiere estar informada. La gente de fuera no se contenta con ver las fiestas de toros y el espectáculo de futbol. Ellos no se fían de las bonitas palabras, sino quieren estar bien informados con documentos e imágenes. El informe Auken está muy claro, pero aquí nadie sabe lo que es. Hablé con un alto político y dice que no puede ser que la gente de fuera pierda su casa y dinero. Tampoco sabía este político lo que son los Think Thank y tampoco conocía el libro de 1957 de Cyril Northcote Parkinson. Desde el año 2003 la Asociación valenciana en defensa de los derechos humanos, medioambientales y en contra de los abusos urbanísticos (abusos urbanísticos no) se había puesto en contacto con el Parlamento Europeo y el día 26 de marzo de 2009 dicho Parlamento aprobó definitivamente, con el voto a favor de todos los parlamentarios salvo el de los españoles, tanto de PSOE como de PP, el llamado «informe Auken». A continuación sale un fragmento de este informe:
…Considerando que existen cada vez más pruebas de que las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la UE, que han conllevado daños irreparables a la biodiversidad y la integridad medioambiental de muchas regiones de España; considerando que el Parlamento ha observado, sin embargo, en respuesta a estas acusaciones, que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos, y que ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española; considerando que debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la instancia de recurso procedente, una vez agotadas las vías nacionales, es el Tribunal de Derechos Humanos…
Es decir, desde la Comisión y el Parlamento Europeo llegan advertencias a España. Su desarrollo económico la ha puesto en el punto de mira de analistas internacionales. Ya no está en cuestión el urbanismo valenciano, sino el del Estado. Lógicamente los responsables valencianos no están en nada de acuerdo con el informe Auken y recuerdan que la Unión Europea no tiene competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, lo que es competencia de los Estados Miembros. Es decir, desde la Comisión y el Parlamento Europeo llegan advertencias a España. Su desarrollo económico la ha puesto en el punto de mira de analistas internacionales. Ya no está en cuestión el urbanismo valenciano, sino el del Estado. Lógicamente los responsables valencianos no están en nada de acuerdo con el informe Auken y recuerdan que la Unión Europea no tiene competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, lo que es competencia de los Estados Miembros.
El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria lo tiene claro. La corrupción actúa como un lastre en la economía, cercenando el crecimiento. "La imagen de España ha ido deteriorándose por la corrupción. En los tres últimos índices de Transparencia Internacional hemos ido bajando en puntuación y perdiendo imagen por el urbanismo, y continuará en el de este año", anota Villoria. A su juicio, la corrupción "amenaza a la democracia y a la economía nacional. Los datos del Banco Mundial son determinantes: a más corrupción, menos inversión. Los extranjeros encuentran mayores dificultades y costes adicionales". Otra cosa es la percepción ciudadana. Tienen una imagen muy negativa de funcionarios y políticos, pero sólo el 3% incluye la corrupción como uno de los tres problemas más importantes: "No son conscientes de la estrecha relación que hay entre economía y corrupción", concluye el catedrático.
Pues si cada día más corrupción. En el link abajo se puede ver que España va cada día peor. ¡¡La estadística va en inglés, francés, pero también en español!!
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2009
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat valenciana, José Ramón García Antón se apresuró a calificar en abril 2009 el informe Auken sobre el urbanismo en España y que se ha aprobado hoy en el Parlamento Europeo como "totalmente intolerable y politizado". García Antón, a través de un comunicado, ha apuntado que el informe evidencia "un claro desconocimiento de las instituciones urbanísticas en el derecho español, desde el derecho de la propiedad, reconocido en nuestra Constitución, hasta las leyes de las comunidades autónomas". En este sentido, el conseller ha recordado que la Unión Europea no tiene competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que es competencia de los estados miembros. El informe, ha insistido, "es totalmente intolerable ya que no reconoce las competencias de los propios Estados y de las comunidades autónomas", como proponía la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea, que recomendó que se volviera a examinar el texto del estudio antes de ser votado. El conseller ha matizado que el informe Auken "no es vinculante" y ha apuntado que su único objetivo es "llevar a la opinión pública a la confusión y al error aprovechando la próxima campaña europea". Triste es que José Ramón García Antón falleció el 12 de agosto de 2009 a los 61 años. No se le conocía ninguna dolencia cardíaca, pero aquel mediodía, mientras dormía la siesta en su casa, sufrió un infarto y falleció.
Al parecer, se está a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra el gobierno de España por incumplimiento de Directivas Europeas en materia urbanística que podría implicar una sanción de elevada cuantía. Es decir, el pueblo español aún no se ha dado cuenta de que España está también sujeta a las leyes de la Unión Europea de la cual es miembro. No se ha dado cuenta de que los periódicos ingleses, alemanes, holandeses y otros tantos están llenos de escándalos urbanísticos españoles y que hoy en día los extranjeros para tener su casa de verano se irán a otros mercados, tales como el italiano, griego, chipriota o croata. España con tanta corrupción ha matado a la gallina de los huevos de oro.
* Govert Westerveld es
Cronista oficial de Blanca (Murcia)
Hispanista
Especialista en el tema de los moriscos
Especialista en La Celestina
Especialista en la historia del Juego de las Damas
Escritor de libros del juego de damas
Especialista en biografia de los Lucenas (Ajedrez)
* Vegamedia Press - Abril 2010
Foto: corrupcion - google.es
España ha matado la gallina de los huevos de oro
El TSJ anula los cambios en el PGOU de Albaida que reclasificaban todo el término
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LEVANTE/Valencia* : El TSJ-CV ha dado la razón al grupo municipal socialista de Albaida en la batalla legal emprendida en el año 2006 contra las modificaciones introducidas por el nuevo equipo de gobierno del PP en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado de manera provisional en la etapa del PSOE. La sentencia, en contra de lo defendido por el ayuntamiento, indica que se trata de cambios "de carácter sustancial" que supone "una auténtica desviación del modelo territorial" y que abren la puerta a la reclasificación masiva de suelo "sea cual sea su grado de protección".
Estas modificaciones pretendían dar cobertura legal a la macrourbanización con campo de golf que en aquellos años defendía el alcalde de Albaida, Juan José Beneyto (PP), como "la solución definitiva" a los problemas del municipio.
Los magistrados de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo estiman el recurso interpuesto por los concejales de la oposición contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 31 de julio de 2006, por el que se aprobó definitivamente el texto refundido del PGOU y anulan la polémica "directriz 1.c) 3" del referido Plan por "ser contrario a Derecho".
Según la sentencia, la referida "directriz" supone "una modificación de carácter sustancial" que "no puede calificarse como puntual", como defendía el PP de Albaida, puesto que "supone una auténtica desviación del modelo territorial definido en el propio plan general", se recalca.
Los magistrados recuerdan en la sentencia que el PGOU diseñado en la etapa del socialista Joan Bodí, "no permite, en aras a un criterio de sostenibilidad ecológica, la creación y desarrollo de nuevas zonas urbanizables hasta tanto no se vayan consolidando las ya clasificadas". Por el contrario, la adenda incorporada por el gobierno de Albaida "habilita ampliamente la posibilidad de reclasificaciones de suelo no urbanizable, sea cual sea su grado de protección, bastando a tal efecto -continúa la sentencia- que se consideren de "especial interés para el municipio"".
Falta de información pública
En la sentencia se destaca que a la vista de que se trataba de una modificación "sustancial" del PGOU, "resultaba necesario abrir un nuevo trámite de información pública que garantizara la participación pública en el proceso de planeamiento a fin de que los ciudadanos pudieran conocer y formular alegaciones al respecto". Los cuatro magistrados que firman la sentencia, recuerdan que la información pública en el planeamiento urbanístico es un trámite "esencial" y, en este caso, "la omisión de ese segundo trámite de audiencia" determina la parcial declaración de nulidad del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de 31 de julio de 2006, "por ser contrario a Derecho" en cuanto aprueba la referida adenda que convierte todo el término municipal de Albaida en urbanizable en el supuesto de que se presente un proyecto de "especial interés" o de "carácter estratégico", según esta adenda.
* Levante-EMV - 21.04.10
Foto: Albaida (Valencia) - cma.gva.es
Las Palmas: Veinte colectivos llevan al fiscal las indemnizaciones millonarias
LAPROVINCIA* : Una veintena de asociaciones de vecinos de la capital grancanaria llevará mañana ante la Fiscalía Antocorrupción un dossier con las sentencias judiciales que han provocado indemnizaciones millonarias que ahora tendrá que pagar el Ayuntamiento por irregularidades urbanísticas, como el caso de las torres del Canódromo. Los colectivos ciudadanos quieren que se investigue de oficio a técnicos y concejales de las dos últimas corporaciones por ser los causantes de ese daño patrimonial a los contribuyentes.
Las asociaciones de vecinos denunciantes se sienten perjudicadas porque, al final, serán los ciudadanos los que se hagan cargo de abonar la cuantía de las sentencias. Pepa Sánchez Bueno, presidenta del colectivo Triana-San Telmo, explicó a este periódico que, ante tanto perjuicio, "lo normal es que se abra una investigación".
La denuncia, cuyo contenido completo se hará público mañana mismo, incluye entre otras sentencias la que ordena el derribo de las torres del Canódromo, cuyas indemnizaciones a Realia, la empresa promotora que construyó los edificios, alcanzarían cifras "millonarias", según valoró en su momento el concejal de Urbanismo, Néstor Hernández.
El carácter "millonario" de las sentencias ha sido uno de los argumentos más utilizados por este concejal y otros miembros del gobierno local socialista para referirse a determinadas actuaciones de la mayoría anterior, del PP, llegando incluso a apuntar la cifra de 40 millones de euros de fondos municipales, no concretada hasta ahora, para hacer frente a esas supuestas indemnizaciones.
Sin embargo, la denuncia que preparan los colectivos vecinales no hace ninguna distinción sobre siglas políticas ni corporaciones. De hecho, señalan que esta iniciativa de llegar hasta la Fiscalía Anticorrupción está motivada "por las acciones de determinados técnicos y departamentos durante el mandato anterior y actual del gobierno municipal".
La actual corporación, de hecho, decidió recurrir ante el Tribunal Supremo precisamente la sentencia del Canódromo, una postura que otro de los colectivos que acudirá mañana a la Fiscalía, Avecalta, se tomó como el incumplimiento de una promesa electoral de Jerónimo Saavedra.
* La Provincia - 21.04.10
Foto: Las Palmas, torres del Canódromo (archivo)- canarias7.es
La tramitación del Parque Nevada en Armilla sienta en el banquillo al ex alcalde y a otros 10 acusados
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IDEAL/Granada* : La presunta tramitación irregular del Parque Nevada de Armilla sentará en el banquillo desde el martes y hasta el próximo 27 de mayo al ex alcalde socialista y al ex edil de Urbanismo de la localidad granadina junto a otras nueve personas, entre ellas el promotor del centro comercial, Tomás Olivo. El Juzgado de lo Penal 3 de Granada será el encargado de enjuiciar a los once acusados durante los 19 días en los que se ha fijado la vista, que arrancará el martes con las cuestiones previas y continuará, si la jornada lo permite, con la declaración de los tres imputados principales y de un arquitecto de la promotora, según han informado fuentes judiciales.
El resto de acusados son los cuatro concejales que en la Junta de Gobierno Local aprobaron la licencia de obras del centro, otro arquitecto contratado por el Ayuntamiento y dos abogados.
Para el ex alcalde y el ex edil de Urbanismo, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, el fiscal pide dos años de cárcel, 20 de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa de 10.800 euros por dos delitos contra la ordenación del territorio y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Promotor
El promotor, también imputado en el caso Malaya, se enfrenta a dos años y dos meses de prisión, otros dos años de inhabilitación y la misma multa por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave de la autoridad, mientras que para el resto de acusados la Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación.
El fiscal pide además la "completa, íntegra y total" demolición de lo construido, aunque contempla como alternativa una posible demolición parcial para la creación de un anillo verde.
Las obras del que se proyectó como el centro comercial más grande de Andalucía permanecen paralizadas desde abril de 2007 por orden del Juzgado que instruyó la causa (el número 6 de Granada), aunque con posterioridad fueron autorizados algunos trabajos de seguridad.
Contencioso-administrativo
Al margen de la vía penal, en el que además de la Fiscalía acusan el PP y Los Verdes, entre otras partes, el caso también tiene una vertiente contencioso-administrativa, a la que recurrió la Junta de Andalucía para pedir la nulidad de la licencia de obras que el Ayuntamiento de Armilla concedió en septiembre de 2005 a Galerías Comerciales para la construcción del centro comercial Nevada.
En abril de 2009, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada decidió no anular la licencia de obras, aunque estimó parcialmente el recurso presentado por la administración autonómica y determinó que el consistorio tiene la obligación de revisar la licencia para aclarar el presunto exceso de edificabilidad.
En el fallo, el juez consideró además que "en aras de los intereses públicos implicados" podrían buscarse "soluciones alternativas, ya fuese modificando el proyecto y adoptando una nueva resolución conforme a los parámetros urbanísticos vigentes o incluso aprobándose una nueva y clara normativa" por las administraciones.
A raíz de este fallo, el Ayuntamiento, la Junta y el promotor iniciaron conversaciones, al margen de la vía penal, para tratar de llegar a un acuerdo sobre la adecuación a la legalidad de la edificación, negociación que según el consistorio aún no se ha plasmado en ningún acuerdo.
* Ideal - 19.04.10
Foto: Armilla (Granada), centro_comercial_Nevada - M.Zarza (ELPAIS.com)
Planean recalificar campos que tienen ayudas europeas
LAVERDAD/Cartagena* : El grupo ecologista Anse y el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, volvieron a polemizar ayer sobre el alcance de las recalificación de suelo en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Los naturalistas aseguraron que los mapas remitidos por el Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma para que ésta revise su diseño revelan una gran «apuesta» por convertir suelos suelo agrícola y de montaña en terrenos para hacer viviendas.
El portavoz de Anse, Pedro Garía, dijo que la propuesta inicial de 2005 era muy superior a la definitiva, pero aun así el gobierno del PP «ha abierto la puerta a extensas recalificaciones de suelo agrícola en el entorno de Molinos Marfagones, la zona sur del Mar Menor o el espacio comprendido entre la autovía de La Manga y la Sierra Minera».
Anse denunció que los dueños el suelo han recibido ayudas de la Unión Europea asociadas a la producción de regadío, y ahora ven convertido su terreno en urbanizable.
«En muchos casos se recoge en el Plan General un cambio de uso de suelo que en un futuro permitiría la recalificación mediante la firma de convenios urbanísticos», advirtió Pedro García. Y mostró su disconformidad con que se dé la categoría de «urbanizable residencial» a una parte de las laderas de montaña que rodean la ciudad.
«Segado y la paloma común»
Joaquín Segado defendió que el nuevo Plan General está concebido para que el municipio tenga «posibilidades de crecer», y no de limitarlas. «A lo mejor estos señores ecologistas lo que quieren es demoler casas para que pueda anidar la paloma común», dijo Segado para contrarrestar las críticas de Anse.
El responsable municipal de Urbanismo aseguró que el Ayuntamiento ha cumplido de forma «escrupulosa» las directrices legales a la hora de plantear su ordenación del suelo. Y señaló que este diseño no choca con las ayudas (de las cuales dijo no tener constancia) que hayan podido recibir los dueños en una etapa por actividades agrícolas.
En cuanto a las zonas de monte, Segado señaló que la inmensa mayoría del suelo seguirá sin ser urbanizable. Puso como ejemplos que de la cota 50 a 75 en adelante no se podrá construir, y que el área poniente de San Julián es militar.
* La Verdad - 20.04.10
Foto: El Mar Menor visto desde el paraje de Las Matildes, en la autovía de La Manga. :: PABLO SÁNCHEZ / AGM
El Defensor del Pueblo tramita una queja sobre el estado de las Casitas Bajas
ABC/Sevilla* : La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por José Chamizo, ha admitido a trámite un escrito presentado por los vecinos de un área de la barriada Santa Teresa conocida por las Casitas Bajas de Amate, en el que se da cuenta del mal estado de muchas de las edificaciones tras el temporal de lluvias. El presidente de la asociación de vecinos de Santa Teresa, Amate y Regiones Devastadas, Francisco Ledesma, recordó que el problema viene desde hace años y que el propio Defensor del Pueblo ya actuó en 2004 «sin recibir respuesta municipal». En 1989 Urbanismo aseguró que «se iba a hacer un barrio nuevo, sin que hasta ahora se haya hecho nada».
Desde la visita realizada a la zona a finales de marzo por el concejal delegado del Distrito Cerro-Amate, Francisco Fernández (PSOE), destacó Ledesma la única novedad la ha constituido la presentación en la sede del Defensor de la documentación pertinente por parte de los vecinos. Mientras, «en las viviendas cada día surge algo nuevo», señaló el líder vecinal, y el riesgo de derrumbe sigue.
* ABC - 21.04.10
