Viñeta: El Roto - 23 Marzo 2010, elpais.com
Ilegales - El Roto
Una juez imputa al alcalde de Sada por permitir edificar en suelo público
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El alcalde de Sada, Abel López Soto, y la concejal de Urbanismo, María Josefa Carnota, están imputados por cometer un presunto delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. La magistrada del Juzgado de Instrucción nº1 de Betanzos admitió a trámite una querella presentada por un particular contra la construcción de dos inmuebles, uno situado en la avenida Sada y Contornos, y el otro, en el límite del camino de Fiunchedo.
La juez detectó indicios de irregularidades en la ejecución de los edificios y citó a López Soto y a Carnota para declarar el próximo 26 de abril en calidad de imputados.
El edificio colindante con el camino de Fiunchedo, según sostiene el denunciante en la querella, redactada por el letrado José Ramón Sierra, se construye sobre una zona clasificada como VP, es decir, pública. El inmueble, además, incumple las normas de edificabilidad, ya que triplica la permitida. La licencia para ejecutar las obras concedida a O Meu Lar SL caducó en octubre de 2008. El plazo para construir los pisos era de tres años, pero los trabajos comenzaron poco antes de que caducase el permiso.
El técnico general de Urbanismo del Ayuntamiento, según la querella, advirtió en marzo del año pasado de que existía una "alteración del planeamiento" porque al amparo de una licencia caducada se permitía realizar obras "en contra del planeamiento de aplicación", ya que la Xunta cambió "la ordenación urbanística de la parcela".
"El señor alcalde de Sada y demás responsables municipales siempre solicitan informes externos cuando los de los técnicos municipales no favorecen a la entidad O Meu Lar SL", afirma el afectado, quien denuncia que tanto López Soto como Carnota autorizan la ejecución de unas obras con una "ocupación y edificabilidad ilegal" que suponen "una alteración del planeamiento urbanístico de Sada". El querellante y su abogado destacan que el regidor y la responsable de Urbanismo no actúan "para impedir que se ejecuten unas obras absolutamente ilegales", por lo que subrayan que son autores de un delito de prevaricación por omisión. "Los trabajos provocarán en el futuro daños probablemente irreparables al propio patrimonio municipal y al de futuros compradores de buena fe", recalcan.
El denunciante también presentó la querella contra el arquitecto municipal de Sada y el promotor inmobiliario y único administrador de O Meu Lar SL. El hombre exige a la juez que decrete la libertad provisional de los cuatro procesados bajo fianza de 100.000 euros para garantizar las responsabilidades civiles derivadas del delito hacia futuros compradores. Los pisos del primer edificio, que carece de licencia de primera ocupación, ya han sido vendidos.
* La OPinión a Coruña - 25.03.10
Foto: Imagen del inicio de las obras del edificio que linda con el camino de Fiunchedo. / juan varela, laopinioncoruna.es
Mogán: La juez de 'Góndola' imputa al ex consejero del PP José Jiménez
CANARIASAHORA/Gran Canaria* : El ex consejero de Medio Ambiente y Aguas del Cabildo de Gran Canaria José Jiménez (PP) ha sido citado a declarar como imputado por la juez titular de Primera Instancia e Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana, Mónica Oliva, en el marco del caso Góndola que investiga una presunta trama de corrupción del PP en el Ayuntamiento de Mogán.
Jiménez figura en una nueva ronda de citaciones judiciales en calidad de imputado junto al actual concejal de Turismo del grupo de gobierno presidido por Francisco González (PP), Tomás Lorenzo, durante el mandato anterior también al frente de Medio Ambiente.
Además de José Jiménez y Tomás Lorenzo, en junio deberán prestar declaración como imputados asistidos por sus abogados el técnico del Departamento de Aguas de Mogán Adrián Guerra Peralta, el ex asesor de Urbanismo y primo del alcalde, Eduardo Gabriel Marrero González, el funcionario responsable del Consejo Insular de Aguas, José Luis Guerra Marrero y el ingeniero de caminos Francisco González González-Jaraba.
Otras tres personas relacionadas con el caso, Rosa Elena Díaz Machín, Armando Luis Betancor Álamo y Lidia Esther Quintana Álamo, han sido citadas a declarar por la juez instructora en calidad de testigos.
Conversaciones con el alcalde por la depuradora de Taurito
José Jiménez figura en el sumario del caso Góndola en conversaciones pinchadas al alcalde de Mogán, Francisco González, principal imputado del caso con siete delitos, entre ellos, cohecho. El líder del PP de Mogán presionaba en aquellas conversaciones durante varios meses de 2006 al Cabildo de Gran Canaria, a través del consejero de Aguas, para regularizar una depuradora instalada en Taurito por el empresario Santiago Santana Cazorla.
En la conversación grabada el 6 de julio de 2006, a las 10:34 horas, entre Francisco González y José Jiménez, el alcalde le explica al consejero su angustia porque a Santana Cazorla "se le dio deprisa y corriendo el certificado de puesta en marcha, la puso en marcha, pero me está presionando por el tema del agua, tú sabes que no tiene calificación para [...] pozo distribuidor del agua y está distribuyendo el agua en Taurito, ¿eh?....".
El 31 de octubre, a las 13:56 horas, es José Jiménez quien llama al alcalde de Mogán y le explica que la depuradora de Taurito tiene una subvención del Cabildo de 300.000 euros y que Santana Cazorla "ha presentao once certificaciones que se le han pagao, del orden de doscientos cincuenta mil euros, le queda algo menos de cien mil euros pero porque le falta presentar la certificación, no depende de ninguna licencia sino simplemente de que presente la certificación última para pagarle lo último".
El alcalde explica al consejero de Aguas de la época que las trabas "ahora por lo visto es por Unelco", a lo que Jiménez le replica que "pues que se aclare, si es Unelco, nosotros podemos, como ya hemos hecho en alguna ocasión, por interés munici...prioritario, esencial...y tal, que le den la conexión, salvo que la depuradora tenga un defecto de incumplimiento de la norma y no tenga informe de, de Industria [...]".
La conversación de ese día concluye con la afirmación del interlocutor del Cabildo de que "...insisto, no es de nosotros...ha cobrao, y si tu ves que hay, que hay, que tenemos que hacer algo, lo hacemos, vale."
La situación ilegal de la depuradora de Taurito, en suelo rústico y sin informes favorables, y las conversaciones mantenidas durante varios meses de 2006 entre el alcalde de Mogán y el constructor grancanario para regularizar la instalación, llevó a los investigadores del caso a solicitar al juez instructor el 10 de diciembre de 2006 que se intervinieran también los teléfonos de Santana Cazorla, detenido finalmente el 5 de febrero de 2007 en el marco de la operación policial, 18 días después de las detenciones de los principales implicados, el propio alcalde y la ex teniente de alcalde Onalia Bueno.
Entre las conversaciones captadas de Jiménez y González, figura también una en la que el consejero del grupo de gobierno insular presidido entonces por José Manuel Soria, actual vicepresidente del Gobierno de Canarias, informa a Francisco González de que está cometiendo irregularidades al permitir la depuradora y el líder del PP de Mogán muestra su total ignorancia al respecto y lamenta ante el consejero el "chantaje" al que le somete Santana Cazorla.
La ignorancia del alcalde de los delitos ecológicos que pudiera estar cometiendo por la depuradora ilegal de Santiago Santana Cazorla llevó el 27 de octubre de 2006 al consejero de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, José Jiménez, a explicar al primer regidor moganero su situación de flagrante ilegalidad, después de que el alcalde insistiera de nuevo con los permisos del Cabildo, porque "estuve hablando con José Manuel la semana pasada que fui a Noruega con él, y él me dijo, bueno y no puedo hablar con Pepe a ver si él...¡coño! si tu le das la subvención ya de una puñetera vez pues yo me ahorro, yo me evito el problema de meterme en un follón, tío. Porque claro...es que me está cha...me está..."
José Jíménez Suárez no acabó el mandato 2003-2007 al frente de Medio Ambiente y Aguas del Cabildo de Gran Canaria. En marzo de 2007 presentó su dimisión a José Manuel Soria por motivos personales, según trascendió en su día para presentarse a una oposiciones a la Comunidad Autónoma de Canarias.
* Canarias Ahora - 25.03.10
Foto: Mogán puerto - puertosdecanarias.com
Álava: Agirre avaló la presencia de De Miguel en empresas mientras era diputado
ELMUNDO/Vitoria* : Según la normativa vigente, los diputados forales, al igual que el jefe del Ejecutivo provincial, no pueden ejercer ningún tipo de actividad «laboral, profesional, mercantil o industrial» excepto la docencia o la investigación. Pese al manifiesto conflicto de intereses, Agirre eligió a De Miguel para una jugosa cartera en la que, entre otros asuntos, el ya ex diputado podía decidir sobre la disciplina urbanística del territorio, sobre la gestión del plan foral de obras y servicios o sobre las relaciones entre los ayuntamientos alaveses y la Diputación.
Es potestad del diputado general "acordar la sustitución de los diputados forales en caso de incompatibilidades".
Fuentes cercanas a Agirre apuntaron que, en ningún caso, se trató de una decisión arbitraria. La Diputación alega que el decreto de compatibilidad, firmado el 21 de enero de 2008, contaba con el visto bueno de la Secretaría General de Diputación, por lo que se solicitarán las explicaciones pertinentes dentro de la casa para determinar las causas de esa decisión.
* El Mundo - 25.03.10
Foto: Vitoria , sede Diputación foral - portalviajar.com
Ponferrada: El Supremo ratifica la nulidad de la ordenación urbanística de La Rosaleda
LACRÓNICA/León* : El Tribunal Supremo ha infligido un nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de Ponferrada, al ratificar, mediante la desestimación del recurso de casación interpuesto por el Consistorio ponferradino, la ilegalidad de la aprobación definitiva de la modificación urbanística del PGOU correspondiente al llamado Sector S3 (La Rosaleda),decretada por una sentencia judicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia, TSJ, de Castilla y León el 9 de noviembre de 2005...
... en la que, a su vez, se estimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comarca del Bierzo contra la Orden de 26 de julio de 2001 de la Consejería de Fomento de Castilla y León en la que se aprobó definitivamente la nueva ordenación urbanística de lo que hoy es el barrio de La Rosaleda.
El ‘palo’ a las tesis sostenidas desde hace años por el alcalde, Carlos López Riesco, y por su equipo de Gobierno es de gran calado político y jurídico, no sólo por los argumentos desestimatorios de la casación que emplea el Tribunal Supremo, TS, sino porque en estos momentos existe todo un rosario de sentencias condenatorias o desfavorables al Ayuntamiento y que fueron sistemáticamente recurridas en casación sobre la base de idénticos fundamentos que los que el TS acaba de rechazar con contundencia.
Así, en la sentencia desestimatoria, el Supremo incide en que la sentencia del TSJ recurrida “anula la aprobación del plan impugnado porque el aumento de volumen o densidad de población no se ha seguido, como exige la norma autonómica citada (art. 58.3.d) de la Ley 5/1999, [de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León]), de un incremento proporcional de los espacios libres públicos y dotaciones situados en su entorno próximo”. En ese sentido, para el Alto Tribunal, los argumentos utilizados por la representación jurídica del Ayuntamiento de Ponferrada invoca una vulneración de “preceptos estatales puramente instrumental sobre la aplicación e interpretación de la normativa urbanística autonómica que aplica exclusivamente la sentencia recurrida”.
Este párrafo es clave a la hora de entender todo el proceso suscitado respecto a lo que la oposición municipal calificó en su día como “imprudente” estrategia de recurrir sistemáticamente en casación todo pronunciamiento del TSJ desfavorable al Ayuntamiento, pues como muy bien establecía el propio TSJ de Castilla y León en esta sentencia y en otras muchas también recurridas, no cabía recurso contra ellas porque para su pronunciamiento sólo se había tomado en cuenta la normativa autonómica, por lo que pasara lo que pasara, el Supremo sólo podía entrar a valorar las presuntas vulneraciones de la legislación estatal, pero nunca las cuestiones interpretativas de la legislación autonómica, reservadas en exclusiva al TSJ. En este sentido la sentencia del Supremo es taxativa: “Conviene recordar que el artículo 86.4 de la Ley de esta Jurisdicción dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en la infracción de normas de derecho estatal o comunitario europeo que san relevantes y determinantes del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora”. Pues bien, en ningún momento fueron invocadas o consideradas normas estatales o comunitarias para fundamentar la sentencia del TSJ, sino únicamente se tomó en cuenta la Ley de Urbanismo de Castilla y León, por lo que el recurso de casación era “imposible” que prosperara” tal y como señalaron en su día numerosos especialistas en derecho urbanístico y los equipos jurídicos de la oposición municipal del Ayuntamiento.
Esta “ligereza” a la hora de recurrir en casación es también la “culpable” de que el Supremo en su sentencia determine que el Ayuntamiento de Ponferrada tendrá que hacer frente a las costas procesales del recurso de casación.
* La Crónica de León - 25.03.10
Foto: Estado actual de La Rosaleda, cuya ordenación urbanística ha sido declarada nula por el Tribunal Supremo. LABARGA, la-cronica.net
Se acabó la fiesta
ÍÑIGO MAGRO DE ORBE/Valencia* : En unas recientes declaraciones a propósito de la orden ministerial sobre el "expolio" de El Cabanyal, la portavoz del Consell afirmaba (sin pestañear) que era inadmisible la injerencia del Gobierno de España en "la apertura de una calle en Valencia"... Creo que con este tipo de declaraciones se está intentando confundir a la opinión pública, minimizando un asunto que la señora portavoz debería de saber que va más allá de una simple obra municipal. Sin embargo, la banalización del problema no hace más que confirmar las discutibles políticas urbanísticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Valencia en los últimos años.
Valencia no ha sabido aprovechar sus oportunidades. Sus políticas urbanas han estado encaminadas, en la mayoría de los casos, a conseguir una imagen de "modernidad" basada en actuaciones puntuales, al margen de los problemas reales que, históricamente, han estado presentes en el urbanismo valenciano y que, como la conexión de la ciudad con el mar, siguen sin resolverse.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha convertido en la referencia mediática más evidente de ese modo de "hacer ciudad". Sus "edificios emblemáticos" (formalistas y desarraigados) no han sido capaces de vincularse a la ciudad más allá de su propio simbolismo. Los planetarios, pérgolas, umbráculos, peinetas, cascos galácticos y artefactos varios que lo forman, han ido invadiendo el viejo cauce del río, sin apenas haber sido capaces de cualificar los lugares que ocupaban: ni desde sus desmesuradas escalas, ni desde sus formalismos excluyentes. Estaríamos ante uno de los ejemplos más claros de lo que se ha dado en llamar, no sin razón, la arquitectura del espectáculo.
Y Valencia está harta de espectáculos. Se acabó la fiesta. Porque como dijo el prestigioso arquitecto Oriol Bohigas: "Una ciudad no es solamente la lujosa yuxtaposición de contenedores arquitectónicos, aunque éstos sean tan caros y tan aparatosos como los de la llamada Ciudad de las Artes y las Ciencias".
Han pasado los grandes eventos. La Copa del América apenas nos ha dejado el edificio aislado Veles e Vents, de David Chipperfield, como muestra de calidad arquitectónica; seguimos sin noticias del proyecto de Jean Nouvel Valencia Litoral (la única propuesta seria de tratamiento unitario del frente marítimo); y la dársena interior, que fue objeto de aquel concurso de imposible solución, ha quedado definitivamente encerrada en el anillo de asfalto de la fórmula 1...
Tenía razón Bohigas porque, con aquella afirmación, estaba haciendo un diagnóstico (y un pronóstico) de la política urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento de Valencia en los últimos años.
No dejemos escapar otra oportunidad. Aprovechemos la orden ministerial para proponer "otra forma de rehabilitación de El Cabanyal". Sin destruirlo. Porque pienso que es totalmente incoherente defender una política de apertura al mar y, al mismo tiempo, proponer una acción de esventramento (acción radical y agresiva sobre la trama urbana) que divide por la mitad uno de los barrios marineros con mayor capacidad de regeneración urbana, en el límite de la ciudad con su frente litoral.
No será mediante la penetración de una gran avenida a través de un conjunto de interés patrimonial como debería de plantearse la conexión con el mar. Sería más razonable utilizar las condiciones de la trama urbana y la textura social de ese lugar para, con unas políticas menos agresivas, intentar una regeneración del barrio. Serían unas políticas de esponjamiento que supondrían la rehabilitación de edificios y la construcción de espacios urbanos cualificados (pequeños espacios de convivencia) que, sin duda, acabarían por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. De esta manera, el barrio vivo de El Cabanyal se acabaría convirtiendo en el filtro urbano por el que discurriría la vida de la ciudad en busca del mar Mediterráneo.
* Íñigo Magro de Orbe es doctor arquitecto y profesor de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Valencia.
* ELPAIS.com - Opinión - 25.03.10
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