CANARIAS7* : La ex alcaldesa de la capital grancanaria Pepa Luzardo, y el concejal de Urbanismo en el anterior mandato, Felipe Afonso, tendrán que declarar en el juzgado en calidad de imputados por uno de los procesos judiciales que se siguen en el caso Canódromo, en el que se les acusa de prevaricación.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado a declarar a la alcaldesa de la capital grancanaria durante el anterior mandato, Pepa Luzardo, y al entonces concejal de Urbanismo, Felipe Afonso El Jaber, ambos del PP ahora en la oposición municipal, en la investigación que se sigue sobre las licencias de demolición y excavación de las llamadas Torres del Canódromo, un proceso en el que ambos figuran acusados de «prevaricación» tras la querella presentada por la asociación de vecinos de Ciudad Alta (Avecalta).
Un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias remitido ayer expone: «Debido a la reciente publicación en varios medios de comunicación sobre el conocido Caso del Canódromo, el magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín Rodríguez quisiera aclarar lo siguiente:
Que a partir de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, respecto a las licencias de demolición y excavación en los terrenos conocidos como el Canódromo, y las posibles irregularidades cometidas en la adopción de esos acuerdos, por la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas, ha decidido citar como imputados a Josefa Luzardo, ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y al concejal de Urbanismo del mismo ayuntamiento Alfonso El-Jaber por los presuntos delitos de prevaricación». El escrito no precisa la fecha de la comparecencia, aunque la citación recibida por las partes fija la declaración entre el 7 y el 8 de mayo próximo. El juez deberá dilucidar si las licencias de demolición y excavación del solar donde se construyen dos torres deviviendas se concedieron en contra del criterio de los técnicos de Urbanismo, lo que reforzaría la acusación. Luzardo y Afonso siempre han defendido que los permisos tenían el visto bueno de los técnicos.
* Canarias 7 - Las Palmas de Gran Canaria - 11 abril 2008
Foto: Las Palmas, proyecto torres Canódromo - Q.Curbelo, canariasahora.es
Las Palmas: Pepa Luzardo y Felipe Afonso, imputados por el ‘caso Canódromo’
Cantabria: Acoso para prevenir un derribo
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ELPAÍS* : Les llamaban terroristas y jaleaban a la gente para ir "a por ellos", a la casa de Gonzalo Canales, presidente de Arca, la organización ecologista responsable de la sentencia que paralizó la urbanización donde habían comprado sus casas, en el Alto del Cuco (Piélagos, Cantabria). Fue el miedo lo que decidió a Canales a presentar una denuncia. "El día que rompieron a disparos un farol de mi casa, pensé que habían llegado demasiado lejos", asegura.
La Guardia Civil le puso protección y visitó su domicilio durante un tiempo para comprobar que estaba bien. Casi un año después, los agentes del equipo de delitos de Internet de la Guardia Civil han identificado, imputado y tomado declaración a los autores de las amenazas en un foro de internet creado por los compradores de la urbanización paralizada hace casi un año por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por considerarla "una dentellada al monte".
Los imputados son: Miguel Durán Bermúdez, empleado de Martinsa-Fadesa, la constructora; José Ignacio Arminio Roiz y Óscar Roberto Vallejo, ambos compradores de viviendas en la urbanización. Preguntado qué pretendía decir cuando escribió "¡Todos a una, a por Arca!", el primero negó haberlo escrito y aseguró que a él "no se le ocurriría amenazar a nadie". Arminio se negó a declarar. Vallejo confesó haber llamado "terroristas" a los miembros de Arca, haber pedido "que no se fueran de rositas" y que sufrieran "en sus propias carnes el daño que nos han hecho". Consultado por este periódico, Arminio Roiz, negó haber sido llamado a declarar y aseguró que los mensajes del foro "sólo reflejan la rabia y la impotencia de los compradores. Es el colmo que la Guardia Civil investigue a los afectados", añadió. Durán también negó haber participado en las amenazas.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Santander concluyó que los hechos pueden ser constitutivos de falta. Arca ha apelado la decisión por considerar entre otras cosas, que, al tratarse uno de los imputados de un empleado de la constructora, debe ser juzgado como delito.
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Madrid - 11/04/2008
Foto: Urbanización de 400 viviendas en el Alto del Cuco- SANTOS CIRILO, elpais.com
Galicia: Un comité asesor intentará flexibilizar la aplicación de las Normas do Hábitat
ELCORREOGALLEGO* : La Xunta no dará marcha atrás en la aplicación de las nuevas Normas do Hábitat que entrarán en vigor el próximo jueves. Obligarán a adaptar las construcciones a las nuevas condiciones de habitabilidad y sostenibilidad que han provocado un incremento de los visados de obra que han llegado a los colegios de arquitectos y la preocupación de promotores y constructores.
Sin embargo, sí existe disposición para intentar suavizar que la norma se convierta en un nuevo impacto para el sector de la construcción que no pasa por sus mejores momentos.
El anuncio llegaba ayer de la mano del presidente Pérez Touriño, que rechazó que el decreto pueda implicar algún tipo de paralización en la construcción y trasladó un mensaje de tranquilidad sobre un posible freno a la construcción. "Vivenda está en condicións de adaptae el ritmo de aplicación para non perturbar", dijo el jefe del Ejecutivo, para explicar que se tendrá en cuenta el difícil momento que ya comienza a vivir el sector de la construccción como consecuencia de la desaceleración económica.
Por su parte, fuentes de la Consellería,que dirige Teresa Táboas, aclararon que esa posible flexibilización de la norma se verá en el seno del Comité Asesor do Hábitat que prevé el decreto y que se creará en este mismo mes de abril.
En el foro de ese comité, en el que estarán representados promotores, constructores y colegios de arquitectos se realizará el seguimiento de la aplicación de la norma y desde el que será posible prever "algunha excepcionalidade nalgún aspecto". La Consellería de Vivenda confía en que ese será el foro adecuado para resolver "dúbidas de propostas" que promotores y constructores puedan sugerir a la Administración.
En todo caso, la Consellería no prevé variar los principios básicos para la construcción que sustituyen al decreto de habitabilidad de 1992 y considera que cuenta con el respaldo de los profesionales de la arquitectura para llevar adelante la aplicación del decreto.
Catastrofismo
Por otra parte, la conselleira Teresa Táboas acusó ayer a la oposición de instalarse en una visión "catastrofista" al augurar que la entrada en vigor de las Normas do Hábitat acarrearía un incremento de los precios de la vivienda, algo que la titular de Vivenda desvinculó de la normativa y que relacionó con la "especulación" del suelo.
En la inauguración de Expovivenda en Santiago, la conselleira descartó de plano que la aplicación del decreto vaya a tener como consecuencia un encarecimiento de la vivienda.
Para Táboas la previsión realizada por el PP de que se pueda provocar un incremento en el coste de los inmuebles de entre un 20 y un 30 por ciento obedece a una estimación que la conselleira cree "exagerada" y a una "utilización política" de las cuestiones relacionadas con la calidad de la vivienda.
La conselleira defendió el cambio de la normativa porque para un gallego de renta media un piso constituye "la mayor inversión de su vida" y, por ello, éste "debe ser de calidad. Táboas se refirió así a los nuevos preceptos legales que obligarán a que la superficie mínima de los pisos nuevos pase de los 26 metros que establecía la norma del 92 a los 40. Como ejemplo explicó que mientras en vivienda protegida debe haber un patio de 16 metros, el decreto del 92 sólo exigía uno de nueve para la libre.
AXENCIA URBANÍSTICA
A la espera de la adhesión de los concellos
El Consello de la Xunta aprobó ayer los nombramientos de los cuatro vocales que representarán a la Administración autonómica en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que ha puesto en marcha a partir de la creación hace un mes de este nuevo organismo.
Los representantes autonómicos serán en este caso Carlos Nardiz Ortiz, decando del Colexio de Arquitectos de Galicia; Celestino García Braña, decano del Colexio de Arquitectos de Galicia; Rosario Puente Vázquez, subdirectora xeral de Réxime Xurídico Administrativo de la Consellería de Política Territorial y María Teresa Nieto Freire, subdirectora xeral de Protección da Cidade e Camiños de Santiago de la Consellería de Cultura.
La representación municipal que se prevé para la nueva agencia de control aún no ha podido ser formalizada aunque, según la Consellería de Política Territorial, ya son "entre veinte y treinta" los ayuntamientos que se han dirigido a este departamento autonómico para interesarse por este nuevo organismo en el que se considera la adhesión voluntaria de las administraciones municipales.
La incorporación a la agencia de los ayuntamientos interesados, de entre los que se elegirán otros cuatro vocales, debe realizarse a través de un convenio de adhesión que previamente tiene que ser aprobado por el correspondiente pleno de la Corporación municipal.
EL DATO
Matizaciones
La delegación en Santiago del Colexio Oficial de Arquitectos felicitó ayer a Vivenda por las Normas do Hábitat "sin dejar de lado que su adaptación a la realidad pueda sugerir matizaciones" .
* El Correo Gallego - REDACCIÓN/AGENCIAS • SANTIAGO - 11.04.2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Prisión provisional bajo fianza de 200.000 euros para el ex alcalde de Totana
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EUROPAPRESS/Murcia* : El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Julián Pérez Templado, acordó hoy prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros para el ex alcalde de Totana y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales.
Según informaron fuentes del TSJRM, para evitar la medida cautelar, el imputado tendrá que hacer efectiva la fianza antes del lunes a las 14.00 horas.
En el caso de hacerse efectiva, el diputado estará obligado a comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, deberá entregar el pasaporte y tendrá que comunicar cualquier salida al extranjero. Las actuaciones están bajo secreto de sumario.
Morales declaró durante más de 12 horas sobre su posible relación con el caso 'Tótem', que investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
El ex alcalde, que entró en el TSJRM sobre las 10.15 horas acompañado de su abogado, José María Caballero, estuvo declarando ante el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, y el fiscal José Luis Díez Manzanera.
A su salida del edificio judicial, al que tendrá que regresar mañana, Morales mostró su confianza en la Justicia ya que "después de casi cuatro meses es la primera declaración que puedo hacer ante los tribunales, cuando a mi ya se me ha condenado y se me ha ejecutado".
Igualmente, se mostró "profundamente cansado" tras sus horas de declaración porque "es mucho tiempo, mucha tensión, son muchos meses esperando pero estoy realmente satisfecho", al tiempo que confió en que "se haga un juicio justo y se demuestre que soy absolutamente inocente y lo voy a demostrar hasta las últimas consecuencias". "Me reservo las acciones oportunas contra todas las personas que han atentado contra mi honor, mi intimidad y mi propia imagen", apostilló el ex edil.
Respecto a la fianza impuesta por el juez, el diputado regional aseguró que "haré lo que tenga que hacer, como hipotecar mi casa, porque mi familia está absolutamente dispuesta a ayudarme". En este sentido, su abogado recordó que "todo su patrimonio quedó intervenido, la casa y los ahorros, por lo que ahora la familia tendrá que recopilar esta cantidad".
Sobre su declaración ante el juez y los fiscales, Morales informó de que le formularon preguntas relacionadas durante su actividad política municipal durante los años que fue alcalde de Totana --de 1995 a 1999 y de 2003 a 2007--, así como de los ocho años que fue concejal del Consistorio.
"Me he enfrentado por la defensa de los intereses de los vecinos de mi pueblo y está ahí la hemeroteca para comprobarlo, con personas e instituciones que no me han traído ningún beneficio", relató el ex alcalde, que también recordó que "cuando hubo unas inundaciones y yo reivindiqué ayudas para mi pueblo el Gobierno regional y algunos miembros del Ejecutivo me tiraron duramente de las orejas porque yo defendía los intereses de mi pueblo".
Además, afirmó que "en esos momentos, el primero que me llamó fue el presidente del Gobierno Regional, Ramón Luis Valcárcel, para decirme que yo era el alcalde y que tenía que defender los intereses de mi pueblo".
"NO HE RECIBIDO MUCHAS LLAMADAS PERO SUFICIENTES, DE MUCHA CALIDAD".
A preguntas de los periodistas sobre si en estos meses había recibido la llamada de algún miembro de su partido, Morales afirmó que "he recibido llamadas de gente, unos ocupan cargos públicos en la actualidad", y destacó que "no he recibido muchas pero suficientes, de mucha calidad". La Dirección Regional del PP aceptó su baja cautelar y voluntaria en la militancia del partido el pasado mes de diciembre.
Así, mostró respeto por los miembros de su partido porque "son gente extraordinaria que me han enseñado mucho y solamente tengo palabras de agradecimiento al presidente, a los consejeros, diputados, y a los que han pasado por el Gobierno regional y ya no están".
Por último, en relación con su acta de diputado del Grupo Mixto aseguró que acudirá a la Asamblea Regional cuando se levante el secreto de sumario y pueda demostrar su inocencia, y destacó que se han practicado una serie de actuaciones que, según dijo, "cuando se levante el secreto sumarial vamos a comprobar si se ajustan a la legalidad o no".
"Respeto las instituciones y las personas que han tomado esas decisiones, posiblemente algunas no las comparta, pero ellos han cumplido con lo que creían que era su obligación y con los intereses de una Región y de un partido", concluyó.
* Europa Press - 11.04.2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
El alcalde de Oropesa ante el juez por prevaricación
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ELPAÍS* : El Juzgado nº3 de Castellón acogió ayer la declaración del alcalde de Oropesa, Rafael Albert, del PP, imputado por un presunto delito de prevaricación tras vender suelo municipal a un precio de seis euros el metro cuadrado y sin sacarlo a subasta pública. Además del alcalde, la denuncia presentada por la fiscalía de Castellón señala también al resto de concejales del PP de la anterior Corporación, a los ediles del grupo independiente y a un expulsado del PSPV, que también votaron a favor; a los constructores que compraron el suelo y al arquitecto municipal.
Uno de los promotores a los que se les vendió el suelo es primo del edil de Urbanismo.
El Grupo Ecologista para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) presentó una denuncia poco después de que el Ayuntamiento aprobara la venta. El fiscal la archivó alegando que se trataba de un asunto "administrativo". Hace unos meses, la fiscalía, que ahora encabeza Javier Carceller, reabrió el caso y presentó denuncia ante el juzgado.
Los hechos se remontan a 2003, cuando el Ayuntamiento de Oropesa adjudicó a la empresa Cantavella y Tamborero un desarrollo urbanístico, de más de 100.000 metros cuadrados, como ampliación de una urbanización ya existente, El Balcó, junto a la playa de La Renegà. La propuesta del entonces y ahora responsable de Urbanismo, Tomás Fabregat, incluía la adjudicación del programa a esa mercantil y la venta de más de 10.000 metros cuadrados de suelo municipal, procedentes del 10% de aprovechamiento que los promotores han de ceder a los Ayuntamientos. Los propios promotores marcaron el precio: seis euros por metro cuadrado, cuando en el mercado se pagaban 200 euros, según Gecen, que citó en su denuncia que en otros sectores el Ayuntamiento elevaba el precio a 240 euros por metro y que en la zona colindante, una vez urbanizada, llegó a 600 euros el metro.
La ley sostiene que las enajenaciones de bienes patrimoniales deben realizare a través de subasta. La norma admite excepciones para los casos de "enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario, previo expediente que acredite la necesidad de efectuarla". Sin embargo, según los informes de los técnicos, no se daban estas circunstancias. Así, la venta se realizó pese a que el informe de la interventora advertía de "las iregularidades implicadas en la posible adjudicación directa al urbanizador" y a que la secretaria mantenía que "procedería la enajenación del suelo por medio de subasta". El informe jurídico era aún más esclarecedor: señalaba que, en el caso de que finalmente el Ayuntamiento optara por vender el aprovechamiento al urbanizador, el técnico municipal debería emitir un informe favorable que justificara el precio del aprovechamiento. Y sentenciaba que la propuesta del urbanizador "no se ajusta a derecho".
Ayer, ni el alcalde ni el resto de concejales del PP hicieron declaraciones al salir del juzgado.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 11/04/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), costa - C.Francesc (El País)
Costas negocia el derribo de 40 viviendas junto al mar en Granada
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ELPAÍS* : El Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto la compra de un terreno donde se construyen 40 viviendas ubicadas en el paraje de Los Yesos (Granada), para su posterior demolición. La promoción, a medio construir, no invade por escasos metros la franja de dominio público marítimo terrestre, que abarca 20 metros desde la orilla.
Pero a simple vista se observa que los bajos de la promoción, encajonada entre la carretera N-340 y el mar, resultarían anegados por cualquier temporal dada su proximidad.
"Entra dentro de nuestras posibilidades y les hemos hecho una oferta", confirmaron ayer fuentes del ministerio. La constructora ha recogido el guante, pese a que la obra es legal al situarse en suelo urbano, y cuenta con licencia municipal del Ayuntamiento del cercano pueblo de Sorvilán. "Hay muchas posibilidades de que se pueda cerrar la operación y llegar a un acuerdo. La gerencia lo está estudiando porque son precios razonables", afirman fuentes de la constructora Ibáñez Molero. La empresa no quiso cuantificar ayer la oferta lanzada por Medio Ambiente. La promoción sería finalizada en verano de 2009, y previsiblemente la crisis del sector se habrá agudizado para entonces. "La coyuntura es de decrecimiento, diga lo que diga el Fondo Monetario Internacional, porque la oferta es muy superior a la demanda y ahora mismo la obra está un poquito parada", apuntaron dichas fuentes.
Ecologistas en Acción denunció a la Demarcación de Costas la construcción, pero la delegación ya había iniciado las negociaciones. "Ya se construye en la arena de la playa. Nos parece de locos esta construcción y pedimos a Costas que actúe antes de acudir nosotros a la Fiscalía o los tribunales", aclaró ayer su coordinador en Granada, Javier Egea.
La Estrategia para la sostenibilidad de la Costa que aborda Medio Ambiente busca "la liberación efectiva de los 100 primeros metros". A pesar de que Costas ha negado que su estrategia sea un plan masivo de demoliciones, el documento explica que "la remodelación de las fachadas urbanas litorales exige realizar simultáneamente el levantamiento de edificaciones e instalaciones del dominio público".
En esta construcción de Los Yesos, Costas pone en marcha el programa de adquisición de fincas, que incluye las edificaciones legales. "No tiene por qué ser ilegal. A veces es mejor un mal acuerdo que un buen pleito", ilustran fuentes del ministerio. La Demarcación de Costas de Cádiz ha ampliado este año la zona de servidumbre de protección a los 200 metros para asegurar espacios libres en lugares donde existe un riesgo de retroceso en la costa debido a la subida del nivel del mar. De momento, la demarcación de Granada no ha tomado dicha determinación para sus 81 kilómetros de costa.
El informe Impactos en la costa española por el efecto del cambio climático, encargado por Medio Ambiente para el Mediterráneo, concluye que como media el retroceso en la playa será de 10 metros. Ni las consecuencias previstas por el calentamiento global, ni la difícil orografía de la costa granadina, llena de acantilados y playas de piedra, han sido obstáculo para los promotores.
A pesar de que el grueso del urbanismo desmedido se concentra en la zona occidental de la costa granadina, esta promoción en Los Yesos no es la única polémica en la costa más oriental. En Melicena está prevista la construcción de 96 viviendas y 101 garajes en un solar junto a la arena de la playa. Los vecinos a los que el nuevo bloque tapará las vistas se han movilizado durante las últimas semanas. De momento, las obras no cuentan con licencia para su comienzo.
* ELPAIS.com - J. MARTÍN-ARROYO - Granada - 11/04/2008
Foto: Vista aérea de la zona para promoción de viviendas - elpais.com
El fiscal pide que se inhabilite al ex alcalde de Monserrat 8 años por irregularidades urbanísticas
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ABC/Valencia* : Ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 4.500 euros. Es la pena que solicita el fiscal para el ex alcalde de la localidad valenciana de Monserrat, el socialista Josep María Mas García, por la concesión de una licencia urbanística a una concejal de su mismo partido, pese a que contravenía el Plan General de Ordenación Urbana.
El Ministerio Público considera que el ex regidor municipal, que en las últimas elecciones perdió la vara de mando en favor del Partido Popular, es autor de un delito contra la ordenación del territorio. En su escrito de conclusiones, trasladado al Juzgado como paso previo a la celebración del juicio, el fiscal mantiene que en 2004, siendo alcalde de la localidad, Josep María Mas concedió una licencia de obras a Monserrat Móvil S. A., en contra de varios informes municipales.
El suelo y la nave de dicha mercantil, dedicada a la venta y reparación de vehículos, es propiedad de Vicenta Ortega,ex concejal de dicho Consistorio, que en un principio estuvo imputada en la causa pero a la que el juez finalmente no procesó.
Según el Ministerio Público, el ex alcalde vulneró la ley cuando concedió la licencia para reforma el citado almacén automovilístico a sabiendas de que «infringía la normativa urbanística».
Dos informes en contra
Añade que, además, «hizo caso omiso de los informes técnicos desfavorables». A este respecto recuerda que en el expediente administrativo para la concesión de la licencia existía un informe emitido por el arquitecto técnico municipal el 26 de febrero en el que se dejaba constancia de que «el almacén está ubicado en suelo no urbanizable con licencia, pero que el PGOU ha dejado fuera de ordenación».
El arquitecto añadía que la licencia solicitada pretendía dar cobertura legal a la ampliación de la superficie construida con la edificación de un altillo de 15 metros cuadrados y precisaba que no procedía la concesión de la misma porque «en las edificaciones fuera de ordenación no se permiten obras de aumento de volumen que supongan un aumento de valor en caso de expropiación». Pese a la contundencia con la que se manifestó el arquitecto técnico municipal en su informe, el entonces alcalde siguió adelante. Y lo hizo ignorando un segundo dictamen contrario a su decisión, el emitido por el secretario del Consistorio el mismo día que el alcalde decidió otorgar el permiso. «Con el otorgamiento indebido de esta licencia, la mercantil solicitante pudo hacer la construcción que contravenía el planeamiento urbanístico, con el correlativo grave perjuicio para la administración municipal», concluye el fiscal.
José María Mas fue denunciado ante la Conselleria de Territorio y Vivienda por la Agrupación Independiente Aigua-Bloc. La Administración autonómica remitió el caso a la Fiscalía. El Ministerio Público denunció. El Juzgado de Instrucción número 1 de Picassent incoó diligencias previas por un presunto delito de prevaricación contra el entonces alcalde, que encabezaba la candidatura de Gent d´Esquerres (PSPV-EU) y la edil presuntamente beneficiada.
* ABC Valencia - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 10 de abril de 2008
Foto: Montserrat (Valencia) - lasprovincias.es
Julián Muñoz, condenado a un año de cárcel y ocho de inhabilitación
EFE/Marbella* : Nueva condena de cárcel para Julián Muñoz. El ex alcalde de Marbella ha sido condenado a la pena de un año de cárcel, sustituible por una multa de 7.200 euros, y ocho de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio en relación con la concesión de unas licencias a la empresa Proinsa. El ex regidor cumple actualmente condena por otras tres causas urbanísticas.
En un juicio celebrado este jueves, las partes han llegado a un acuerdo de conformidad en el que también se condena a los ex concejales Manuel Calle, Dolores Zurdo y Marisa Alcalá a la misma pena, mientras que a los ex ediles Rafael González, Tomás Reñones, Javier Lendínez, José Luis Troyano y José Luis Fernández Garrosa se les han impuesto nueve meses de prisión eludibles con 5.700 euros y otros ocho años de inhabilitación.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga, donde se ha celebrado el juicio oral, establece además la nulidad de la licencia para la construcción de la promoción 'Residencial Las Cañas', en la urbanización Carolina Sur de Marbella.
La juez ha destacado que las multas pueden ser abonadas por plazos por los condenados, aunque fuentes de la defensa de varios de los ex ediles han adelantado que al menos uno de ellos han mostrado su voluntad de cumplir la pena de prisión.
Por su parte, el ex concejal del Consistorio marbellí Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que estaba imputado también en estas diligencias, no ha sido juzgado este jueves al encontrarse en situación de busca y captura.
Un centenar de causas urbanísticas
En sus conclusiones iniciales, la Fiscalía solicitaba dos años de cárcel para Muñoz, Alcalá y González —a los que acusaba de un delito continuado contra la ordenación del territorio— y 18 meses de cárcel para el resto, pero finalmente ha modificado su petición, que se enmarca en el acuerdo marco que negocia con las defensas de los ex ediles de Marbella en relación con un centenar de causas urbanísticas.
Dicho acuerdo establece una distinción entre los ex concejales que integraron la primera y la segunda corporación municipal del GIL, tal y como ha quedado reflejado en esta sentencia, al considerar que los primeros aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, anulado posteriormente por la Junta de Andalucía, según han explicado las mismas fuentes.
En este sentido, la Fiscalía establece que las licencias aprobadas para la construcción de la promoción 'Residencial Las Cañas' eran contrarias al plan de 1968, en el que parte del suelo sobre el que se proyectaba la edificación estaba catalogado como zona verde deportiva.
Para su comparecencia en el juicio, Julián Muñoz ha sido trasladado a los juzgados desde la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde ingresó en julio de 2006 por el 'Caso Malaya', aunque actualmente cumple tres condenas por causas urbanísticas.
El ex regidor se encuentra a la espera de la notificación de su primer permiso, concedido por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 9 de Andalucía, con sede en Jaén, para abandonar la prisión durante tres días.
Muñoz solicitó dicho beneficio penitenciario cuando se encontraba en la cárcel de Jaén —donde pasó parte de su encarcelamiento—, y la junta de tratamiento de dicha prisión acordó denegarlo en diciembre de 2007, decisión que fue recurrida por el preso y que ahora ha dejado sin efecto el juez.
El magistrado, que considera que el ex alcalde "lleva una buena evolución" y que el permiso "puede ayudar a su reinserción", dictó el auto en el que concedía este beneficio carcelario el pasado 31 de marzo.
* El Mundo - EFE - 10/04/2008
Foto: Marbella, entrada - confidencial
Alicante.- Fraude de ley
INFORMACIÓN* : Apenas diez días después de hacer el paripé de devolverlo al Ayuntamiento de Alicante, pero transcurrido sólo un mes, también conviene recordarlo, de que el conseller García Antón se comprometiera ante un grupo de empresarios a aprobarlo, la comisión territorial de Urbanismo, órgano controlado por la Generalitat, dio vía libre el jueves al macroproyecto de urbanización del promotor Enrique Ortiz conocido como Plan Rabasa. Alperi ya puede irse de la Alcaldía satisfecho de hacerlo con el deber cumplido.
La actuación de las administraciones gobernadas por el PP en este caso puede ser legal, se verá cuando se resuelvan las impugnaciones y recursos que hay anunciados, pero ello no impide que constituya también un fraude de ley y un ejemplo supremo de cinismo.
Fraude de ley es aprobar una obra de tan enormes dimensiones (13.500 viviendas, el 59% VPO, sobre casi 3,7 millones de metros cuadrados) en pleno proceso de redacción de un nuevo Plan General, alegando que el proyecto no puede esperar, cuando en realidad todo indica que es el PGOU el que está esperando por él, el que ha sido frenado hasta que Rabasa pudiera tener luz verde. El Plan General es el instrumento que procura la cohesión de la ciudad. Sin él, el Plan Rabasa desbordará Alicante sin que se hayan establecido las bases de su encaje en el municipio. ¿Que la red viaria va a ser de categoría y por cuenta del urbanizador? La red viaria se hubiera hecho de todas maneras. Aquí lo que hay que ver es cómo repercute Rabasa en el conjunto de Alicante: cómo se le dota de los servicios básicos (sanidad, educación, limpieza...) y cómo se consigue que no se convierta ni en un gigantesco suburbio ni en otra isla más, como ocurrió antes con los barrios respecto al centro y luego con las playas respecto al casco urbano. Nada de eso está resuelto. El urbanizador, seguramente de forma sincera, defiende la bondad de su proyecto, sembrado de bloques rodeados de amplísimas extensiones verdes. Pero la memoria está para ejercitarla, y también fueron en su día proyectos innovadores, excepcionales, que incluso ganaron premios nacionales, Mil Viviendas o Juan XXIII. Pero sucumbieron al cortocircuito entre ellos y el resto de la ciudad.
Fraude de ley es, igualmente, dar luz verde a una macrourbanización como ésta utilizando como coartada un compromiso de abastecimiento de aguas que no estaba previsto para ella y aprovechando que no ha dado tiempo todavía a convertir en vinculantes los dictámenes que las confederaciones deben hacer sobre la disponibilidad o no de recursos, dictámenes que en este caso eran negativos. Fraude es también introducir en el último momento la aprobación del plan en el orden del día de una comisión que no estaba convocada para ello: se cumple el trámite, pero se falsea el espíritu de la ley puesto que ningún tiempo ha habido para estudiar la copiosa documentación.
Y cinismo. Cinismo es que el partido que sataniza las desaladoras las utilice cuando le conviene para cumplir sus compromisos con un empresario. Pero, sobre todo, cinismo es alegar que el plan es urgente y necesario ante la falta de viviendas sociales que padece Alicante. En los tres mandatos que lleva el PP gobernando la ciudad, no sólo no se han construido VPO, sino que se ha permitido que suelo calificado para ellas se utilizara para levantar pisos de venta libre. ¿No hacían falta las VPO hace tres, cuatro, cinco, siete, ocho años, cuando más alto era el precio de las viviendas, y son tan prioritarias para el PP ahora, cuando las ventas caen, que no se puede esperar unos meses a contar con el instrumento que evite que todas se concentren en el mismo punto de la ciudad? ¿O es que en este negocio de la construcción, como en todos, el que da primero da dos veces, y los intereses que aquí se están defendiendo son los del empresario -legítimos, por otra parte: él no está obligado a velar por el bien común- antes que los del conjunto de los ciudadanos? Ni el gobierno de Alperi ni el de la Generalitat estuvieron al lado de los ciudadanos cuando éstos los necesitaban, cuando comprar una casa era para muchos un imposible, pero bien diligentes que se muestran cuando de garantizar la cuenta de resultados de determinadas empresas se trata.
Ortiz va a levantar en Rabasa el noveno municipio en población de la provincia de Alicante. Entre tanto como allí va a edificar, podría erigir un edificio emblemático. Así luego sólo tendría que pedir la independencia, llamarle ayuntamiento y proclamarse alcalde. No cambiaría nada, pero al menos cada uno estaría en su sitio.
* Información - Opinión - 30 de marzo de 2008
