+-+laprovincia.es.jpg)
LAPROVINCIA/GranCanaria* : El espacio natural vuelve a estar en el ojo del huracán por un intento de 'pelotazo', mientras los aldeanos quieren evitarlo a toda costa y que el paraje siga siendo virgen. ¿Ustedes han ido a Güi-Güi? Yo sí. Hay arena y unas piedrillas", dice Dorian, aldeano de siete años, en la cubierta del barco de la familia.
"¿Y qué haces allí, Dorian?". "Bañarme y surfear, ¿qué va a ser?", contesta con un mechón de pelo rebelde sobre su ojo derecho.
Así de claro lo tiene el niño, igual que toda la gente de La Aldea de San Nicolás.
Guguy es para el disfrute del pueblo y nadie quiere que cambie, ni que sea la excusa para un 'pelotazo'. Este espacio natural protegido de Gran Canaria ha sido noticia esta semana por el pleito que mantienen el empresario Jaime Cortezo y el Ayuntamiento por la titularidad de parte de este paraje virgen, que el promotor quiere vender en 40 millones de euros al Cabildo Insular, gracias a unos fondos europeos destinados a este fin.
La historia de Güi-Güi y de La Aldea está ligada a los conflictos surgidos en torno a propiedad de la tierra. Lo sabe y lo explica magistralmente el cronista oficial de la villa Francisco Suárez Moreno en sus libros Historia de La Aldea y El pleito de La Aldea. 300 años de lucha por la propiedad de la tierra, editados por el Centro de la Cultura Popular Canaria y por el Cabildo, respectivamente. Este reportaje hace un recorrido por ese camino desde el pasado, siempre bajo la atenta mirada del imponente macizo del Suroeste y de las gentes de tierra y salitre que habitan y disfrutan este paisaje.
La titularidad de la tierra en La Aldea siempre ha sido compleja. "Un agreste e incomunicado marco geográfico, unos métodos de acaparación de las riquezas naturales que arrancan desde la Conquista, la sucesión de regímenes sociopolíticos y económicos, antagonismos de clases... son, entre otros, los determinantes del desarrollo de este conflicto socioagrario [Pleito de La Aldea] que finalizó en 1927 tras la intervención directa del Gobierno del Estado español", explica Suárez Moreno en la introducción de su obra El pleito de La Aldea.
Los escarpados riscos de esta "isla dentro de una isla", como lo llama el cronista, fueron quizá testigos de la famosa batalla de Ajodar, en 1483. Aunque la ubicación sigue en discusión, la liza entre los castellanos y la población autóctona, con victoria local, pudo suceder en la montaña de Los Hogarzos, en la vertiente norte del barranco de Tasartico, Güi-Güi y el valle de La Aldea. A pesar de este triunfo, la Conquista se llevó a cabo y, tras ella, llegó la colonización y el reparto del botín. Según explica Francisco Suárez, "la acaparación de tierras y aguas y demás medios de producción en el valle de La Aldea de San Nicolás y sus espacios anexos, en los primeros decenios de la Colonización, se presenta confusa. Esta comarca se incluyó en el distrito de repartimientos de tierras de la zona norte insular. A principios del siglo XVI ya se encontraban en este lugar una serie de heredades procedentes bien de las datas primitivas o bien de asentamientos usurpados a los espacios realengos".
El Macizo del Suroeste fue desde el principio de realengo. Los valles de Guguy fueron ocupados poco a poco por familias que cultivaban cereales y frutos en lo que, según cuentan las crónicas, era un vergel con distintos nacientes de agua y caminos serpenteantes que comunicaban unas playas con las otras. Así, en los valles de Güi-Güi Chico y Güi-Güi Grande, en 1785 se contabilizan uno y cuatro vecinos respectivamente, en viviendas dispersas, aunque en el verano, con la recogida de las sementeras y las frutas, entraban unas ocho familias de La Aldea. "El censo parroquial de 1820 recoge un total de ocho familias con 25 miembros", señala Suárez Moreno.
Mientras que la familia Grimón, más tarde Nava-Grimón, marqueses de Villanueva del Prado y descendientes del conquistador de Tenerife Jorge Grimón, se hacían con las tierras del valle de La Aldea, entre el siglo XVI y el XVIII, el Macizo del Suroeste continuaba siendo de realengo. En estas tierras, fueron instalándose campesinos que, por la fuerza de los años, fueron legando a sus descendientes ese patrimonio.
Pero llega el liberalismo y con él la desamortización y el paso del antiguo al nuevo régimen, con la adopción de medidas de protección de la propiedad privada. Es en este contexto, en el que nace el Registro de la Propiedad de Guía, donde, gran parte del Macizo del Suroeste, desamortizado o no, aparece desde el 24 de enero de 1867 como propio del Ayuntamiento, hecho en el que la corporación basa su defensa en el litigio con Cortezo. Estas tierras realengas fueron desamortizadas y vendidas, una parte a distintos propietarios, y otra, traspasadas al Ayuntamiento, que las consideró públicas por ser de realengo. De ahí su inscripción en el Registro.
Toca al juez dirimir qué pertenece a quién. Dice un refrán canario que el animal que más corre por la noche es el mojón. O lo que es lo mismo, las lindes de las tierras son, en muchas ocasiones, fuente de conflicto.
Pero es que, en el caso de Güi-Güi, se mezcla el aspecto conservacionista. La zona fue declarada Parque Natural en 1987 y Reserva Natural Especial en 1994. En 2002, el Cabildo propone la zona como Parque Nacional. A pesar de todo ello, dos tercios de los treinta millones de metros cuadrados que componen este territorio, fueron adquiridos en 1988 por la empresa suiza Pellerine Ltd. por 240.000 euros a Protucasa, que había adquirido este territorio en los setenta del siglo XX, con el fin de urbanizar la zona. "En aquella época nos encontrábamos un duro en el suelo y decíamos, 'mira, ya tenemos para dos metros cuadrados en Güi-Güi", recuerda un vecino, haciendo referencia al bajo precio por el que el suizo Heltmut Rahms compró la propiedad.
Más tarde, habría un intento de expropiación por parte del Gobierno autónomo que, finalmente, no tuvo efecto por cuestiones de forma.
"Es un lío tremendo", dice el propio Francisco Suárez, que ha tenido que bucear en los archivos para elaborar sus investigaciones. Lo que se puede añadir es que, en el Plan Director de la Reserva Natural Especial de Güi-Güi de 2004, la estructura de la propiedad se divide de la siguiente manera: 271,98 hectáreas están contempladas como comunales del Ayuntamiento; 196,97 hectáreas pertenecen al Ayuntamiento de San Nicolás; y 2.451,95 hectáreas pertenecen a particulares. "La mayor parte de la superficie de la Reserva se halla repartida en unas pocas parcelas, de superficie superior a las 100 hectáreas. No obstante, existe un elevado número de parcelas con una superficie inferior a una hectárea. Entre 25 y 100 hectáreas sólo se contabilizan tres parcelas y con una extensión superior a 100 hectáreas hay siete parcelas. Estas diez últimas conforman casi toda la Reserva y además son las áreas de más alto valor ecológico". Así lo describe el Plan, y lo confirma un vecino de La Aldea. "Allí el que más y el que menos tiene terrenillo".
Pero, ¿cómo se ve todo esto a pie de playa? El paseo en barco desde el muelle de La Aldea es emocionante. Sebastián Miranda y su hermano Doramas, padre de Dorian, han nacido y se han criado en la zona. "No sé cuántas veces he estado allí, pero muchísimas", dice Sebastián mientras pilota su barco, en el que también viaja su amigo Echedey Ibáñez. El trayecto hasta las cuatro playas de Güi-Güi tiene sus propios puntos de interés. Lo primero, el Roque Colorado, uno de esos accidentes naturales que se dan en las islas, que no dejan lugar a dudas de su origen volcánico. Es fácil imaginar esa roca al rojo vivo y bufando al contacto con el mar.
Más al sur está Sanabria, un paredón impresionante que tiene, según cuenta Sebastián, una fuente cuya agua cae por el exterior, pero luego se esconde en la piedra para distribuirse en su interior a través de galerías. A continuación, la zona más complicada, la Baja del Trabajo.
"Se llama así porque es el encuentro de las mareas y el lugar en el que sopla más fuerte el alisio y cuando los barcos no tenían motor daba mucho trabajo superar este tramo", aclara el marino.
Más allá está el Peñón Bermejo y, a partir de aquí, las cuatro playas de Güi-Güi: La del Peñón Bermejo, "a la que venimos la gente de La Aldea, porque hay menos gente"; Güi-Güi Chico, "que, en realidad, es más grande"; La Playa del Medio, "donde está la famosa duna de Güi-Güi"; y Güi-Güi Grande, "donde desembocan los dos caminos que llegan por tierra, uno de dos horas y otro de tres".
Con un bote, a la orilla. El agua es cristalina, pura. Allí se comprueba que la arena de Güi-Güi hace cosquillas y que la playa tiene más movimiento del que cabría esperar. Un barco cargado de turistas llega desde Mogán. Dos parejas, también de guiris, llegan por el barranco y Ramón Segura, vecino de la zona, se da una vuelta para ver que todo está en orden. Ya de regreso, Dorian pregunta: "¿Qué, lo pasaron bien en Güi-Güi?".
* La Provincia - CIRA MOROTE MEDINA - 14 de julio de 2008
Foto: Güi-Güi. SANTI BLANCO, laprovincia.es
Güi-Güi, un pleito en el paraíso
3,8 millones de pisos sin ocupar
PÚBLICO* : El problema de la vivienda ha movilizado a las Administraciones públicas, que pretenden encontrar soluciones para facilitar el acceso el acceso de los ciudadanos a un bien indispensable, en un mercado tradicionalmente desequilibrado. Una de las grandes paradojas es que, a pesar de las necesidades, en España hay un número muy elevado de pisos vacíos.
Aunque no hay cifras oficiales recientes (las últimas facilitadas por el INE corresponden a 2001) se puede hacer una estimación sobre el total de pisos vacíos basada en la evolución del parque de viviendas. A finales de 2007, en España había 25,5 millones de viviendas. Si se mantiene la proporción de pisos desocupados de la estadística de 2001 (un 14,8%), se puede calcular que en la actualidad existen aproximadamente 3,8 millones de viviendas vacías.
Frente a esa cifra, los expertos consideran que la demanda actual de pisos es de 350.000 anuales, lo cual significa que hay diez viviendas desocupadas por cada una que se necesita.
Propietarios ante Hacienda
Ante esta realidad, algunos ayuntamientos y comunidades autónomas ha empezado a tomar medidas para forzar a los propietarios a sacar los pisos al mercado. Uno de los casos más representativos es el de Sevilla. Un millar de dueños de pisos de la capital andaluza desfilado ya ante los inspectores de Hacienda del Ayuntamiento para dilucidar si sus viviendas están vacías, y, si es así, cobrarles un recargo del 50% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los ejercicios 2004 a 2007. Son los mil contribuyentes con el valor catastral más alto de una lista elaborada por los técnicos municipales tras cruzar sus datos del IBI con los del padrón.
"Es una decisión política de este Ayuntamiento, que es de izquierdas", asegura a Público Manuel Enrique Llorente, director general de Hacienda de la corporación local. Una decisión que reportará medio millón de euros extra a las arcas del Ayuntamiento hispalense.
La medida que aplica ahora la coalición PSOE-IU que gobierna la capital andaluza surgió de la modificación de la Ley de Haciendas Locales de 1988 llevada a cabo por el Gobierno Aznar en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2002. En ella se permitía gravar los pisos vacíos, pero se decía también que se haría según una ley que se desarrollaría reglamentariamente. Y ahí es donde está la polémica. Para unos, eso significa que le corresponde al Estado desarrollar el reglamento. Para otros, entre ellos el gobierno municipal de Sevilla, una ordenanza municipal sirve como reglamento.
En 2003 se publicó ya la primera ordenanza fiscal regulando el recargo en Sevilla, y se ha seguido incluyendo en los ejercicios sucesivos. " Y que sepamos" dice Pérez Royo, "nadie ha impugnado las ordenanzas ante el Contencioso Administrativo".
Polémica jurídica
Desde la primera ordenanza aprobada, se afirma que son los titulares de los inmuebles los que están obligados a "comunicar al Ayuntamiento esa situación" de piso vacío. Es esta disposición la que ha servido de base a la Hacienda municipal para abrir ahora ese millar de expedientes.
La medida de recargar el IBI de las viviendas no ocupadas genera una fuerte polémica jurídica. "El Ayuntamiento entiende que con la legislación actual está plenamente habilitado para determinar si un piso esta vacío", afirma Llorente, pero su propio jefe de Inspección, el catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Sevilla, Ignacio Pérez Royo, reconoce que está en discusión "si le corresponde a las administraciones locales o al Estado reglamentar lo que se entiende por vivienda vacía".
Ésa es la clave que está parando otras iniciativas. Otro obstáculo es la indeterminación para definir qué es una vivienda vacía de forma homogénea en todo el territorio, explican fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Cáceres es la única capital que cobra el recargo desde 2004. El alcalde de Madrid lo retiró ante la oposición que provocó.
Euskadi y Catalunya
En enero de 2007, el Parlamento vasco aprobó una propuesta instando al Gobierno vasco y a las diputaciones forales a penalizar los pisos vacíos con un recargo en su IBI.
También el Parlamento de Catalunya aprobó una Ley de Vivienda que permite expropiar pisos en las grandes ciudades que lleven mucho tiempo vacíos. A partir de ahí, ambos gobiernos, empezaron a jugar con la idea de cobrar un canon fijo por piso vacío. Pero al final, ante las dudas jurídicas, sus iniciativas de penalizar los pisos vacíos están paradas.
En este debate, el Ministerio de Vivienda no se plantea una medida similar a la expropiación forzosa de pisos. Fuentes del Ministerio dicen que la política se centra en reforzar los incentivos para que los dueños de pisos vacíos los pongan en alquiler. Ya aprobó en enero ampliar las condiciones de la ayuda de 6.000 euros, además de medidas fiscales. Ahora, prepara una reforma legal para agilizar los desahucios.
* Público - F.VICENTE / S.R.ARENES - Sevilla / Madrid - 13/07/2008
Foto: Se Alquila, se vende, carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com
Destrucción a toda costa 2008 / Greenpeace
Greenpeace - Destrucción a toda costa 2008 - YouTube, July 02, 2008
El «boom» de residentes extranjeros mueve parte de los principales excesos urbanísticos
ABC/Valencia* : Los contingentes de residentes europeos afincados en la Comunidad han ejercido una doble influencia sobre el urbanismo valenciano en el último lustro. De un lado, han propiciado la expansión del sector -en ocasiones, al borde de la legalidad-, y de otro lo han estigmatizado hasta la saciedad a través de denuncias ante el Parlamento Europeo que, habitualmente, perseguían fines particulares.
De hecho, las citadas denuncias han procedido siempre de residentes censados en localidades donde la presencia de extranjeros europeos -particularmente británicos- es significativamente elevada. En algunos casos, incluso, la comunidad extranjera supera a la española, como sucede en el caso de Benitachell -cuyo alcalde acaba de ser imputado por presunta corrupción urbanística- o Rojales.
Pero la relación de los extranjeros con el urbanismo valenciano no se ha establecido sólo desde el lado de la demanda. Benitachell no es el primer municipio en el que residentes europeos forman parte de consistorios cuya gestión urbanística se encuentra -o se ha encontrado- bajo sospecha. El municipio alicantino de Jávea, también en la Marina Alta, es paradigmático en ese sentido.
El Ayuntamiento javiense fue uno de los primeros, junto con Alfaz del Pi, en incorporar residentes europeos a la Corporación. El papel de dos ediles foráneos fue determinante para facilitar la moción de censura que arrebató la Alcaldía al PP en 2005, con el urbanismo como detonante.
En Benitachell, junto al munícipe, Juan Cardona, se encuentra también imputada su primera teniente de alcalde, la austriaca Hannelore Rheindorf -que dejó el PP para integrarse en el partido independiente de Cardona-, además de un ciudadano de origen alemán que habría participado también en los hechos de los que se acusa a los ediles.
Según la denuncia de un vecino, el alcalde y la concejal le habrían exigido el pago de unos 50.000 euros para verse beneficiado por la recalificación de una parcela de su propiedad. La operación se habría realizado en el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente hace unos meses.
Presión urbanística
Al margen de su participación política, los residentes extranjeros han favorecido el aumento de la presión urbanística, especialmente en pequeños municipios -de apenas unos miles de habitantes- en las proximidades de la costa. La gestión urbanística de muchos de ellos, que comenzaron diversos procesos para expandirse a marchas forzadas, se encuentra en la actualidad en los juzgados.
Los dos casos más notables se registraron en Parcent -también en la Marina Alta- y en el municipio de Catral, en el área de influencia de Torrevieja, en la Vega Baja. En el primer caso, el TSJ paralizó tres actuaciones urbanísticas que preveían la construcción de 1.800 viviendas. Paradójicamente, fueron los propios residentes europeos los que denunciaron la situación a través de asociaciones vecinales.
En Catral, en cambio, fue el Consell el primero en tomar la iniciativa ante la proliferación de viviendas irregulares -adquiridas casi siempre por residentes británicos-, al retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento. Sin embargo, los propietarios mantuvieron también una relativa labor reivindicativa, en coincidencia con una de las expediciones de parlamentarios europeos para poner a prueba el urbanismo valenciano.
Un caso similar al de Catral, aunque no ha llegado a los juzgados, se registró en el vecino municipio de Rojales, también en la comarca de la Vega Baja alicantina, el de mayor proporción de residentes extranjeros de toda España, vivió una expansión similar a la catraleña, con miles de viviendas que en muchos casos se construyeron fuera de planeamiento -y por tanto carecen de viales y suministros-.
Partidos y asociaciones
El activismo de los europeos afincados en Rojales originó el nacimiento de un partido político específico, el Grupo Independiente, que logró representación en los pasados comicios y pactó con el PP para iniciar una andadura política que acaba de cumplir un año.
La participación política de los residentes europeos -habitualmente británicos o nórdicos- ha venido siempre motivada por el urbanismo, excepto en aquellos casos en los que se han integrado en las listas de los partidos mayoritarios, principalmente el PP.
Con la defensa de su propiedad privada como principal motivación, el contingente europeo no sólo ha alumbrado formaciones propias -en Rojales, Orihuela, Alfaz del Pi, o Benitachell-, sino también asociaciones como «Abusos Urbanísticos No».
* ABC - D. MARTÍNEZ - ALICANTE
Foto: Xabia - lasprovincias.es
