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LAGACETADECANARIAS* : Los vecinos de los barrios de San Lázaro y Camino la Villa hicieron ayer un llamamiento a todos los ciudadanos del área metropolitana y de la isla para que se movilicen este sábado y acudan a la manifestación del sábado prevista en el municipio de La Laguna para mostrar su rechazo a la clase política actual, en todos sus órdenes y administraciones; además de contra todos los planes urbanísticos previstos para esta zona (la ampliación de Los Rodeos, la Vía Exterior, la Vía Cornisa, la tercera fase de la Vía de Ronda y en Plan Parcial Geneto II).
El presidente de la asociación de vecinos de Camino la Villa, Pedro Delgado; y el vicepresidente de la asociación de San Lázaro, Andrés Pérez, anunciaron ayer, en primer lugar, su oposición a estos planes “que llenarán de asfalto y cemento los pueblos y barrios del área metropolitana, destruyendo todo lo que encuentre a su paso”. Delgado aseguró que “lo que está en juego es la defensa de un modo de vida, que es atacado a través de varios planes para expropiar casas, fincas y especular con el suelo, arrasando campos de cultivo y establecer polígonos industriales junto a las zonas residenciales, y construir torres de viviendas de no se sabe cuentas plantas de altura, en beneficio de unos empresarios y políticos que no siquiera viven en las zonas afectadas”.
En cuanto a las críticas hacia los responsables políticos, Pérez aseveró que, en el caso de la ampliación de Los Rodeos, “aprobaron los proyectos a espaldas de los vecinos. Nos vemos obligados a salir a la calle. Nos damos cuenta que se siguen haciendo las cosas sin contar con los vecinos y a espaldas del pueblo”. Por ello, solicitaron que “se cambie el tipo de política que se está haciendo”.
Ante esto, llamaron a la ciudadanía a participar en la manifestación “a fin de reclamar la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que les afecten”.
“La democracia no es solo votar cada cuatro años. Nuestro voto no es un cheque en blanco para que los políticos durante su mandato hagan y deshagan a voluntad propia o para tomar decisiones que afecten gravemente a nuestro modo de vida”, aseveraron los vecinos. Por ello, instaron a la ciudadanía de Tenerife que “hagan caso omiso a nuestros gobernantes, porque lo único que hacen es tergiversar las informaciones para desorientar a la opinión pública”.
Además, en lo que respecta a la manifestación, que saldrá a las 11.30 horas de la plaza del Adelantado, los vecinos anunciaron que los ganaderos, con sus tractores y cabezas de ganado, se sumarán a la movilización a partir de San Benito.
- Alternativa irá a la manifestación. Alternativa Sí se puede por Tenerife denunció ayer la agresión al suelo rústico y a los vecinos de la zona de Los Rodeos y declaró su apoyo a la manifestación del próximo sábado día 15 en contra de la ampliación de Los Rodeos, informa Efe.
Lola Padrón apoya la ampliación aeroportuaria
La alcaldesa de Puerto de la Cruz, Dolores Padrón, del PSOE, mostró ayer su respaldo a la ampliación del aeropuerto de Tenerife Norte, ya que considera que será “un revulsivo” para esa ciudad turística, informa Efe. Padrón calificó de “vital” para Puerto de la Cruz que se realicen las obras del Plan director del aeropuerto de Los Rodeos. “Esta ampliación podría ser el comienzo del revulsivo que necesita nuestra ciudad y el norte de la isla para su desarrollo económico y social”, según la alcaldesa, y consideró que así se convertirá el aeropuerto en un “verdadero referente”.
Para la alcaldesa socialista de la ciudad turística, la prioridad es potenciar los vuelos de bajo coste en el aeropuerto Tenerife Norte y la ampliación del número de vuelos.
* La Gaceta de Canarias - ÁLEX HERRERA - 13/09/2007
Foto: La Laguna (Tenerife), ayuntamiento - aytolalaguna.com
La Laguna: Los vecinos llaman a la ciudadanía a movilizarse contra la clase política y los planes urbanísticos
Anticorrupción pide que el caso de los aparcamientos pase al TSJ
INFORMACIÓN/Alicante* : La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el juez que investiga el caso de los aparcamientos en el que defiende que el órgano competente para llevar la causa es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, según conformaron ayer a este diario fuentes del ministerio público. El juzgado de Instrucción número ocho de Alicante investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz en la construcción de tres aparcamientos en la ciudad. En la causa está imputado el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, que en las pasadas elecciones autonómicas salió elegido como diputado en las Cortes Valencianas por el Partido Popular.
Las Cortes ya han certificado al juzgado que Alperi es diputado, lo que le convierte en persona aforada. La defensa de Alperi hizo llegar al juzgado poco después de las elecciones un documento en el que decía que renunciaba a su condición de aforado.
En el informe que el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, ha remitido ahora al juzgado se indica que el alcalde no puede renunciar a su aforamiento, y por tanto, la competencia de la investigación corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
El juez que lleva la causa todavía no se ha pronunciado sobre a qué órgano judicial corresponde seguir la instrucción, aunque las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que en breve podría adoptarse alguna decisión.
Sin embargo, mientras en la Fiscalía alicantina siempre se ha defendido la competencia del TSJ en el caso, algunas fuentes del ministerio público apuntaron ayer que también este tribunal tendrá que pronunciarse sobre si se declara competente o no. Estas fuentes recordaron que a principios de la pasada legislatura los juzgados de Elda tuvieron que asumir una denuncia contra del diputado del PP Alejandro Font de Mora por un supuesto intento de compra de una edil socialista. El TSJ rechazó asumir el caso y dijo que el órgano competente para investigar eran los juzgados de la provincia, aunque al final todo acabó archivado.
La Fiscalía no ha remitido todavía ningún informe al juzgado de Instrucción número uno de Alicante, que investiga el caso Mercalicante, sobre el aforamiento de Alperi.
* Información - JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ - 11 de septiembre de 2007
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
Vecinos se pronunciaron contra posible especulación con terrenos de Carabanchel
MADRIDDIGITAL* : Las Asociaciones de Vecinos de Latina y Carabanchel difundieron anoche un Comunicado de Prensa en el que reiteran su rechazo “tajante” a la pretensión de “especular” con los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel “para la obtención de plusvalías”, ya que los mismos “fueron expropiados en su día a sus titulares, para la construcción de equipamiento, y por tanto deben seguir conservando esta finalidad dotacional”.
La respuesta de los vecinos se produce a poco de conocer el acuerdo al que llegaron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su homóloga en el Ejecutivo regional, Esperanza Aguirre. Zapatero se comprometió a la cesión de los terrenos donde aún se ubica la antigua cárcel de Carabanchel para que en ellos construya la Comunidad un nuevo hospital público, pero también advirtió de que esa cesión tendrá que llevarse a cabo con la consecución de plusvalías por parte del Ministerio del Interior, titular del enorme solar, con la finalidad de que así pueda financiar la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Las vecinas y vecinos de los mencionados distritos recuerdan que llevan ya 15 años luchando contra la especulación de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel: “Nuestro objetivo –aseguran- ha sido siempre que estos terrenos se dediquen íntegramente a la construcción de equipamientos en una zona muy necesitada de ellos, y en especial a la construcción de un hospital de referencia para los más de 500.000 habitantes que en la actualidad tenemos que desplazarnos hasta el Clínico y el 12 de Octubre, que se encuentran lejos y saturados”.
Por ello, las asociaciones celebran que, “aunque con muchos años de retraso”, se haya producido el primer compromiso verbal entre la administración central, propietaria de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, y la autonómica, responsable de la gestión sanitaria, para la construcción de un nuevo hospital cuya gestión y titularidad deben ser plenamente públicas.
“Pero lo que nos resulta totalmente inaceptable y rechazamos tajantemente –agrega el Comunicado- es la pretensión de especular con estos terrenos para la obtención de plusvalías”, ya que en opinión de los vecinos, “resulta contrario al espíritu y la letra de la Constitución española, que en su artículo 47 establece que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes, regulando la utilización del suelo para impedir la especulación.
Financiación con impuestos
Recuerdan también los vecinos que “estos terrenos fueron expropiados en su día a sus titulares, para la construcción de equipamiento, y por tanto deben seguir conservando esta finalidad dotacional”, ya que la construcción de nuevos equipamientos “deben financiarse con los impuestos, no con la promoción de la especulación del suelo, responsable, en gran medida, de los actuales problemas de acceso a la vivienda”.
También las asociaciones recuerdan que la gran densidad de población de estos dos distritos, que está siendo incrementada con los desarrollos urbanísticos del PAU de Carabanchel y la operación Campamento, tiene colapsados los servicios de la zona, “lo que hace por completo inadecuado” promover nuevas viviendas.
“No hay que olvidar –enfatizan- que en la actualidad gran parte de los terrenos ya han sido reutilizados por el Ministerio del Interior para dos nuevos centros penitenciarios y una comisaría”.
“Resulta decepcionante la facilidad con la que las administraciones se ponen de acuerdo a la hora de tratar asuntos relacionados con el ladrillo, la especulación y las grandes infraestructuras, y, por el contrario, las dificultades y años de lucha que cuesta conseguir la solución de las necesidades de los ciudadanos”, indica el comunicado.
Además, recuerda la necesidad de destinar una parte de los terrenos “para la creación de un espacio para la memoria histórica de las personas que fueron represaliadas por la dictadura franquista, siendo precisamente la antigua cárcel de Carabanchel uno de los lugares más tristemente famosos”.
Por último, las Asociaciones de Vecinos de Latina y Carabanchel exigen “la celebración inmediata de la entrevista que tenemos pendiente, desde octubre de 2006, con el Ministerio del Interior, para tratar de estos asuntos. Así mismo solicitaremos reunirnos con la consejería de Sanidad y con los partidos con representación en la Asamblea de Madrid para hacerle llegar nuestra postura con claridad”.
* Madrid Digital - 12/09/07
Foto: Carabanchel - madriddigital.info
La polémica ley de la vivienda andaluza es un arma de doble filo
GRUPODEACCIÓNSOCIAL* : El reciente anuncio de una ley que garantiza el acceso a la vivienda a las personas cuya renta no supere los 3.000 euros mensuales, a escasos meses de los comicios electorales, da mucho que pensar. Las diferentes declaraciones que realizaron el ministro de Economía, Pedro Solbes, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, sobre la normativa del Consejo de Gobierno andaluz, denota un claro juego político, ya que por un lado, Solbes, defiende la postura "conservadora y economicista": que dijo no ser partidario de grandes leyes que den reconocimiento a derechos para toda la vida- o de la postura "electoralista" de Chacón, que se mostró satisfecha por la tramitación del texto andaluz.
Las leyes autonómicas sobre vivienda existentes se limitan a actuaciones administrativas o sancionadoras y, en el caso de las ayudas para la adquisición o alquiler de una casa, lo relacionan con el derecho a una vivienda de los sectores más oprimidos.
La ley de la Junta continuará la senda iniciada por la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña y reproduce, -e incluso copia y pega-, aspectos como el objetivo, organización de los contenidos y enunciados de la normativa más avanzada del Estado hasta esta semana, que aún espera su debate parlamentario tras ser aprobada por el Gobierno de la Generalitat.
La ley catalana vincula el derecho a un criterio de urgencia social, tan sólo a aquellas personas y unidades de convivencia con ingresos "bajos y moderados -sin cuantificar-, a quien el coste de la vivienda puede situar en riesgo de exclusión residencial o dificultar un proceso de inserción social".
Salvo la novedad andaluza del tope de 3.100 euros, todo lo demás no llega a ser más que una copia literal.
Como ejemplo, muy poco se dice en el anteproyecto de las viviendas desocupadas, que tan sólo se aborda en la andaluza como complemento de la oferta de viviendas protegidas. El presidente de la Junta cifra en 300.000 las VPO a construir en los próximos diez años -sin cuantificar los servicios públicos, como colegios y hospitales- pero la realidad es que existen 630.000 casas desocupadas permanentemente, según un reciente informe del Centro de Estudios Andaluces.
La Secretaría de Vivienda de la Generalitat ha colaborado con la Junta en un grupo de trabajo, con la diferencia de que el plan andaluz no asume la fórmula del alquiler forzoso, una medida que obliga a los propietarios a poner a disposición sus viviendas vacías en dos años bajo la amenaza de la expropiación.
No hay referencias tampoco a las medidas más originales del Estado en materia de vivienda, las implantadas por el Gobierno vasco que, a pesar de carecer de una ley específica, impulsa el intercambio de VPO entre propietarios o, mediante el programa Bizigune, capta viviendas vacías y paga a sus inquilinos hasta 660 euros mensuales para a continuación alquilar esos pisos a ciudadanos inscritos en las listas y cobrarles una renta no superior al 30 por ciento de sus ingresos.
El anteproyecto establece que serán los municipios los que establezcan las necesidades concretas de sus ciudadanos y establecerán los recursos necesarios para satisfacerlas. Los planes autonómicos determinarán asimismo la tipología de las viviendas y la financiación de las mismas. Sin embargo, la cercanía de las elecciones autonómicas, que previsiblemente se celebrarán el próximo marzo, impide que esta norma sea aprobada antes. Un arma de doble filo que captará adeptos en las próximas elecciones electorales.
* G.A.S. - 10 septiembre
