TERRA* : La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) expondrá hoy al Parlamento Europeo (PE) la problemática de las viviendas con sentencias firmes de derribo en Cantabria, una comunidad en la que, en los últimos quince años, los tribunales han declarado ilegales un millar de casas.
Se trata de urbanizaciones repartidas por toda Cantabria, pero que se concentran, sobre todo, en municipios costeros como Arnuero, Argoños, Miengo o Piélagos. En gran número de casos, se trata de segundas residencias.
La asociación ecologista ARCA (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) ha impulsado la mayor parte de las demandas que han concluido en sentencias de demolición en la comunidad autónoma.
Su vicepresidente, José Ángel Herrera, ha explicado a Efe que, tras la actuación de la asociación, está la idea de que la solución al modelo urbanístico de 'masificación' que atenta contra el paisaje de Cantabria está en la ordenación del territorio, 'con buenas normas y buenos estudios técnicos'.
Para propiciar un cambio en el modelo urbanístico, ARCA se ha movilizado en numerosas y variadas acciones y, al tiempo, ha denunciado ante los tribunales.
Según Herrera, las 700 viviendas que se han declarado ilegales a instancias de ARCA en los últimos años son tan sólo 'la punta del iceberg', porque 'si la asociación tuviera más recursos económicos, no hubieran sido 700, sino 7.000' las casas con sentencias de derribo.
Sin embargo, los afectados reivindican sus derechos sobre unas viviendas adquiridas y que, tras las órdenes de derribo, pierden todo su valor convirtiendo en 'víctimas' a sus moradores, que ni siquiera han sido parte en los pleitos entre ARCA y los ayuntamientos.
Antonio Vilela, portavoz de AMA, la asociación que agrupa a gran parte de esos afectados, resume en pocas palabras el sentir de los propietarios: 'Si la Administración ha sido la culpable, que sea ella la que pague'.
Vilela ha mostrado su esperanza en que la comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) sirva para concienciar sobre la situación de los propietarios y para reivindicar una mayor seguridad jurídica en la compra de viviendas.
Para ello, una de las propuestas que AMA planteará a la Comisión de Peticiones es la creación de un registro de demandas sobre viviendas y que, en el momento de la compra, los notarios tengan que informar si hay algún problema sobre la propiedad.
Los afectados apuestan por la legalización de las viviendas en los casos que sea posible y por permutas o indemnizaciones cuando no haya expectativas de 'salvación'.
En esa última situación podría estar la urbanización de la Playa de La Arena, en el municipio de Arnuero, que se ve, tanto por los afectados como por los ecologistas, como la bandera y el icono de las urbanizaciones con sentencias de derribo en Cantabria.
Esta urbanización está integrada por 144 pisos (aunque inicialmente se proyectaron más), situados a unos 200 metros de la playa de La Arena de Isla, una zona que, antes de construirse, era un encinar que los ecologistas trataron de defender de la entrada de las máquinas, hasta llegar a detenciones por resistencia.
Por ello, los promotores de las sentencias de derribo no quieren ni oír hablar de posibilidades de legalización para los pisos de La Arena, mientras que sus propietarios no entienden por qué a esta urbanización se le ha colgado un 'sambenito' de paradigma de atentado urbanístico.
Iñaki Zabalo, que posee un piso en La Arena, cuenta cómo los residentes en esa urbanización han sido pioneros en la lucha por la legalización de viviendas con sentencias de derribo a lo largo de quince años (la sentencia que anula la licencia de La Arena es de 1994), 'en los que ha pasado de todo'.
'Nosotros somos los que tenemos que aceptar una sentencia de derribo cuando para nada somos culpables. Todas las sentencias establecen la culpabilidad a partes iguales entre la Administración regional y local', resalta Zabalo, que insiste en que, sin embargo, los únicos 'paganos' de esos fallos judiciales son los propietarios de las casas.
Aunque los propietarios 'no tienen nada en contra' de ARCA, Zabalo y sus vecinos le reprochan a esta organización su postura respecto a La Arena mientras hay otros puntos de Cantabria, 'como Castro u otros sitios de Noja en donde no han hecho nada'.
Una de las mayores quejas de los afectados es que ninguna administración ofrece alternativas para dar una solución a su problema. Lamentan que, desde algunos ámbitos, se apunta que el suyo 'es un mal efectivo, pero no real', a la espera de la ejecución de los derribos, lo que no hace sino 'alargar la pesadilla'.
De alguna forma los ayuntamientos afectados también viven esta situación. 'Esto es una espada de Damocles que tenemos los ayuntamientos', indica a Efe el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual.
Como inicio de solución, sólo existe el plan que el Gobierno de Cantabria elaboró, por mandato del Parlamento regional, para analizar la situación de las casas y urbanizaciones sobre las que pesan sentencias de derribo. Pero, al mismo tiempo, los tribunales apremian a los alcaldes con multas y denuncias ante la Fiscalía para que no demoren más el cumplimiento de las sentencias.
Aunque el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José María Mazón, ya esbozó, al presentar el documento ante la Comisión de Urbanismo de la Cámara, que solamente en algunos casos está abierta la posibilidad de la no demolición.
Si bien ese plan del Gobierno se ha visto como 'un balón de oxígeno' por AMA, desde esta asociación se lamenta que ese documento carece de presupuesto y plazos concretos. Sus asociados solicitan al Ejecutivo que 'se ponga las pilas' para agilizarlo.
* Terra Actualidad - EFE - 16.04.09
Foto: EFEMM
Los afectados por el urbanismo desordenado de Cantabria apelan hoy a Bruselas
El TSJ declara nulo el estudio detalle del área de transformación del Campus de Vigón
NOTICIASDEBURGOS* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el estudio detalle que presentó la Universidad de Burgos para la conversión de los terrenos del Campus de Vigón en suelo urbanizable no consolidado, al considerar que no cumple con la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
De este modo, se estima parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público “Francisco de Vitoria” contra la aprobación de dicho estudio en un pleno municipal.
Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el estudio detalle elaborado por SOGIUBU sería nulo porque se basa en una ficha del Plan General de Ordenación Urbana que incumple la normativa, tanto en lo que se refiera a la obligatoriedad de ceder parte del suelo recalificado al Ayuntamiento de Burgos, para destinarlo a aparcamientos, espacios verdes y equipamientos, así como a la altura máxima permitida para los futuros edificios, que supera los 14 pisos.
En su momento, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público “Francisco de Vitoria” presentó un recurso contra el acuerdo de pleno que aprobó dicho estudio de destalle sobre el área de modificación del Campus de Vigón, que fue rechazado por el consistorio burgalés.
Con esta sentencia, el TSJ estima parcialmente dicho recurso y reconoce también que el proyecto de cambio de calificación de los terrenos responde, no al interés general, sino a un interés económico de la Universidad de Burgos, dado que el dinero recaudado de la venta de los terrenos iría destinado al pago de la construcción del campus único en La Milanera.
Desde el equipo de gobierno municipal, el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, no ha querido pronunciarse sobre la sentencia y ha insistido en que el Ayuntamiento de Burgos actuó en este caso como un intermediario, al tramitar una propuesta de interés general. Debe ser la Universidad de Burgos la que tome la decisión sobre el futuro del proyecto.
Por su parte, los socialistas han criticado que, una vez más, la Justicia considere ilegal una decisión del Ayuntamiento de Burgos, en lo que se refiere al acuerdo plenario sobre el estudio detalle, y ha insistido en que, antes de pedir responsabilidades a los ciudadanos, tendría que ser el consistorio el primero que cumpliese las leyes. El concejal Luis Escribano no ha querido entrar a valorar los intereses de la Universidad de Burgos en este proyecto.
Independientemente de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se pueda recurrir en casación, la Universidad de Burgos tendrá ahora que modificar el proyecto sobre el Campus de Vigón para poder seguir adelante con su intención de vender los terrenos y poder financiar el campus único de La Milanera.
* Radio Arlanzón - Noticias - 16.04.09
Foto: Burgos - google
El Parlamento europeo destapa nuestras vergüenzas
COTIZALIA* : Nuestros políticos nos han vuelto a defraudar. Una vez más nos han abochornado. Esta vez en Europa. La novedad es que ha sido de forma consensuada. Los eurodiputados europeos, exceptuando los españoles, opinan de forma generalizada que en España nos hemos pasado, que nuestras instituciones no funcionan. Los nacionales han respondido que no, también de forma consensuada. Se han unido por una vez –por qué no lo harán para algo bueno- para intentar tapar sus (nuestras) vergüenzas. El consenso, aunque por razones opuestas, ha sido absoluto por ambas partes.
El pasado 26 de marzo la Eurocámara aprobó un texto en el que se denunciaban las arbitrariedades y abusos urbanísticos y medioambientales cometidos en España. Como muestra, un botón de la declaración:
“S. Considerando que se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas,
U. Considerando que existen cada vez más pruebas de que las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la UE, que han conllevado daños irreparables a la biodiversidad y la integridad medioambiental de muchas regiones de España; considerando que el Parlamento ha observado, sin embargo, en respuesta a estas acusaciones, que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos, y que ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española; considerando que debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la instancia de recurso procedente, una vez agotadas las vías nacionales, es el Tribunal de Derechos Humanos,
V. Considerando que esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa, como lo ha hecho la aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las Comunidades Autónomas españolas en algunas actuaciones urbanizadoras, así como la aparición de algunos casos relevantes de corrupción ocasionados por ellas,
W. Considerando que los Defensores del Pueblo regionales han intervenido frecuentemente, en circunstancias muy difíciles, para defender los intereses de los ciudadanos de la UE en casos relacionados con abusos urbanísticos, aunque en general, las autoridades regionales han desoído sus esfuerzos,”
Ha sido contundente el Parlamento Europeo. Aunque no queramos asumirlo, eso es lo que piensan en Europa de nosotros, por abrumadora y democrática mayoría: 349 votos a favor, 110 en contra (nuestros representantes en pelotón), 114 abstenciones.
Resumámoslo:
* Nuestro modelo de desarrollo –afortunadamente ya quebrado- es insostenible. Ha tenido y está teniendo gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas.
* Ha producido daños irreparables a la biodiversidad y la integridad medioambiental de muchas regiones de España.
* Nuestra legislación es inadecuada y en ocasiones injustificada, especialmente la autonómica.
* Nuestra justicia peca de falta de actuación, es parcial y de una lentitud desmedida.
* Ha habido una aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las Comunidades Autónomas españolas.
* Estamos invadidos de funcionarios locales corruptos, y no solo locales.
* Son responsables del desaguisado tanto las autoridades nacionales, como las autonómicas y locales.
* No distingue entre partidos: es generalizado.
En definitiva, Europa está señalando con el dedo a los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nos debería hacer recapacitar. ¿O es que acaso toda Europa nos tiene manía?
Si los partidos políticos españoles han sido capaces de ponerse de acuerdo para intentar tapar las vergüenzas mutuas, para avergonzar a cualquier europeo de bien, deberían ser capaces de ponerse de acuerdo en acabar con la corrupción, con el cochambroso pesebre nacional, autonómico y local; la subasta a la baja de la naturaleza y el medio ambiente, el destrozo a manos de intereses mezquinos de todo paraje que merece la pena conservar y cuidar, nuestras costas y árboles; de proteger los intereses de muy pocos en contra de los de la mayoría; de los nombramientos digitales de ministros, consejeros, asesores, directores, expertos o secretarios inoperantes; esa caterva de personajes de dudosa moralidad y profesionalidad que justifican y amparan las chapuzas y las corruptelas. ¿Y se llaman a sí mismo demócratas? ¿Es esa la igualdad que predican?
Hay que empezar a crear una legislación adecuada y coherente; un sistema lógico y transparente de gestión y toma de decisiones que beneficie a los ciudadanos, un consenso a favor de todos; una justicia que funcione; un reparto de competencias sensato.
Acabar con las políticas de hechos consumados que ponen en manos de la justicia –o lo que queda de ella- asuntos que saben muy bien que no se resolverán hasta dentro de diez o quince años, mientras tanto se consuma el desaguisado y sus responsables siguen disfrutando de la poltrona; que se resolverán –si alguna vez se hace- cuando el daño ya está hecho, cuando ya no se puede volver atrás. Tropelías que se podrían haber evitado si habitásemos un auténtico Estado de Derecho.
Aunque aquí todavía tengamos la boina, la chapela o la barretina bien calada, el resto de los europeos tienen todo el derecho del mundo, y hacen muy bien, en decirnos lo que hacemos mal; una versión postmoderna del Traje nuevo del Emperador, el maravilloso cuento de Andersen que nos descubre que estamos desnudos de decencia, de profesionalidad, de sentido común y de honestidad. Es lo que tiene ser europeos.
Y nosotros, los ciudadanos españoles y de tantas micronaciones que la contienen, seguimos sin querer enterarnos; nos hemos convertido, por nuestra desidia y comodidad, en cómplices necesarios de tales abusos.
Hoy quería haber continuado hablando de los biocombustibles o de cualquier otro tema, pero a veces la triste actualidad se impone. Lo dejaremos para otro día.
Señores políticos: ¿podrían por favor dejar de avergonzarnos de una vez?
Ciudadanos, ¿no deberíamos regenerar y cuidar entre todos nuestra todavía joven –tantos sudores costó- pero ya agónica democracia? ¿Poner coto a tanto desmán? Poco futuro podremos construir con instituciones que no funcionan.
Dentro de poco son las elecciones europeas. ¿Serán nombrados candidatos dignos ciudadanos, esos primus inter pares de cualquier democracia que se precie? ¿O seguirá siendo cementerio de dinosaurios políticos y otros especímenes depredadores al calor de suculentos ingresos?
Es tiempo de reflexión.
* Cotizalia.com - José M. de la Viña - 16/04/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Costas derriba una edificación ilegal en la playa de Chipiona
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DIARIODECÁDIZ* : El conocido Bar 'Eduardo' situado en la playa de las Tres Piedras de la localidad de Chipiona ha sido derribado hoy tras decretar la Demarcación de Costas de Andalucía Artlántico su demolición por estar situado en dominio público marítimo-terrestre y considerarlo «ilegal».
La maquinaria de derribo ha comenzado a trabajar a las diez de la mañana y las tareas de demolición del popular chiringuito playero se han llevado a cabo con total normalidad.
El propietario del Bar Eduardo se ha trasladado a otras instalaciones cercanas, a escasos treinta metros, que ya no se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre, desde donde seguirá ofreciendo servicios de hostelería.
Según anunció ayer la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico el derribo conlleva también la restitución ambiental de una zona de aparcamiento que se encuentra cerca del establecimiento.
Con este acto se culmina un expediente resuelto el 14 de noviembre de 2007, al carecer el interesado de título alguno que le habilitara para ocupar el dominio público, según establece el artículo 31.2 de la Ley de Costas.
Indica la fuente que durante todo el procedimiento, la Demarcación de Costas concedió al propietario del establecimiento todos los cauces establecidos por la Ley para la resolución del mismo conforme a derecho, existiendo, por tanto, una aceptación por parte del ocupante de la instalación de la norma aplicada.
* Diario de Cádiz - EFE - 15.04.09
Foto: Familiares de Eduardo observan el derribo del bar ubicado en la playa de las Tres Piedras de Chipiona. /Borja Benjumeda, diariodecadiz.es
