ELPERIÓDICO/Barcelona* : Parte del barrio de Prosperitat, en el distrito de Nou Barris, está en pie de guerra contra el ayuntamiento. Los vecinos se oponen a la construcción de unos pisos dotacionales en unos antiguos terrenos de Renfe-Meridiana, que fueron comprados hace años por el consistorio y están calificados como zona verde en el Plan General Metropolitano (PGM).
El plan municipal, que se encuentra en fase de aprobación inicial, pasa por llevar a cabo una modificación del PGM que permita utilizar el solar, situado entre el paseo de Valldaura, la avenida de Río de Janeiro y la calle de Argullós, para equipamientos. Según el gerente de Nou Barris, Josep García Puga, para ello el distrito plantea una permuta con otros terrenos situados en la vecina plaza de Harry Walker, que estaban destinados a edificios públicos y que ya se usan como zona verde.
GRAN DENSIDAD
Grupos de residentes, que han llenado la zona de pancartas de protesta, son contrarios al proyecto. El presidente de la asociación de vecinos, Ricardo Domingo, opina que este solar es el último que queda en el barrio por recuperar. "Prosperitat es una zona con gran densidad de población que carece de espacios verdes", asegura. En las alegaciones al plan, la asociación de vecinos asegura que el ayuntamiento no construyó "por desidia" una guardería en Harry Walker cuando el solar era para equipamientos.
La intención del distrito es levantar 125 pisos protegidos. También se construirán algunos equipamientos, cuyo uso se decidirá entre el ayuntamiento y los vecinos, en los bajos del edificio de pisos y en una pastilla de terreno próxima. La asociación critica también que las viviendas, aunque sean protegidas, no pueden ser consideradas un equipamiento porque tienen un régimen particular.
CARTELES DE CiU Los residentes no son los únicos que han levantado la voz de alarma. CiU ha llenado el barrio de carteles de protesta. El concejal nacionalista Antoni Vives critica la intención de levantar pisos en zona verde y carga contra la política municipal de la recalificación del suelo en materia dotacional, que tilda de "urbanismo trilero" en alusión a las permutas de terreno. Vives añade que el distrito de Nou Barris actúa con "prepotencia" y que no ofrece una compensación clara a los vecinos en equipamientos.
Distrito y vecinos se reunieron el pasado miércoles pero no llegaron a ningún acuerdo. Los segundos plantean mantener la calificación de zona verde, aunque se muestran dispuestos a aceptar un cambio si se elabora un plan de equipamientos. De seguir adelante, la aprobación definitiva será dentro de un año. Las obras empezarían entre el 2010 y el 2011, y el edificio estaría listo a principios del próximo mandato.
* El Periódico - JORDI SUBIRANA - BARCELONA - 25.04.2008
Foto: Una pancarta contra el plan municipal, ayer en Prosperitat/ ÁLVARO MONGE, elperiodico.com
Protesta en Nou Barris contra unos pisos en zona verde
Mallorca: El juez citará como imputados a Grande y Sastre por el Plan Territorial
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DIARIODEMALLORCA* : El magistrado Miquel Florit ha elaborado un primer listado de imputados en el llamado caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), un presunto caso de corrupción político-empresarial en torno a dicha norma de ordenación urbanística, que denunció el pasado diciembre la fiscalía anticorrupción y que se investiga en el juzgado de instrucción 1 de Palma.
Entre las primeras citaciones que se están preparando destacan las de Vicenç Grande, presidente del Real Mallorca, y Mateo Sastre, ambos entre los mayores promotores inmobiliarios de Balears.
Los investigadores quieren agilizar la instrucción de este sumario, que ha permanecido bajo secreto desde diciembre hasta hace pocos días y que se abrió a instancias de la fiscalía y tras una primitiva denuncia de la organización ecologista GOB.
En las diligencias aparecen como encausados un grupo de promotores y constructores, entre los que se encuentran Grande, Sastre, Ferrá Tur y Serratosa y otros de menor nivel de negocios. También existe un listado de políticos, dirigentes y altos cargos de Unió Mallorquina y Partido Popular que podrían ser convocados a declarar en calidad de encausados.
Básicamente, Florit y la fiscalía anticorrupción quieren esclarecer si un selecto grupo de industriales recibió información privilegiada por parte de políticos y altos funcionarios para adquirir fincas rústicas en varios puntos de Mallorca, que fueron recalificadas como urbanizables gracias a un mecanismo del plan llamado áreas de reconversión territorial.
En la causa están ya personados con sendos abogados Mateo Sastre, defendido por Juan Luis Matas, y Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio del Consell de Mallorca por UM en la pasada legislatura y representado por Eduardo Valdivia.
De momento, en las diligencias previas ya han declarado ocho testigos, entre empresarios, técnicos, asesores y particulares.
Líderes políticos
La fiscalía anticorrupción ha preparado una relación de personas que aparecerían imputadas en la supuesta trama. Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau han pedido al juez Florit que cite también, en calidad de imputados, al portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Jaume Font, y al diputado y portavoz de Unió Mallorquina en el Parlament, Bartomeu Vicens. Previsiblemente, estos dos dirigentes inaugurarán también la primera ronda de declaraciones por el caso PTM.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/M.MANSO. PALMA - 25 de abril de 2008
Foto: Imagen de la finca de Son Crever, en Marratxí, que se encuentra situada cerca de Alcampo/ Guillem Bosch, diariodemallorca.es
NOTICIA RELACIONADA: El fiscal investiga otras cuatro fincas beneficiadas con el Plan Territorial - Diario de Mallorca - 24 de abril de 2008
Los ecologistas denuncian el PGOU de Prado del Rey
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ELPAÍS/Cádiz* : Ecologistas en Acción denunció ayer ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Jerez el recién aprobado plan general de Prado del Rey (Cádiz, 6.002 habitantes), que contempla un campo de golf, 400 viviendas nuevas, un hotel y un geriátrico en el límite y dentro del Parque Natural de los Alcornocales.
La denuncia se basa en dos aspectos: que el documento incumple el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) por alcanzar un 200% el crecimiento de superficie urbanizable, cuando el límite es del 40%, y que el campo de golf necesitará el doble de agua de lo que se consume en la actualidad en un municipio afectado por restricciones debido a la falta de lluvia.
El PGOU de Prado del Rey fue aprobado el martes por la comisión provincial de ordenación del territorio después de que fuera condicionada su validación a la presentación de algunos cambios a los que la Junta de Andalucía sí da su visto bueno.
Los ecologistas, en cambio, creen que estas modificaciones no son suficientes. Recuerdan que contempla la construcción en el interior del parque natural de unas 200 casas además de un campo geriátrico. El campo de golf, que incluye la construcción de 400 viviendas y un hotel de 100 habitaciones, linda con los límites de Los Alcornocales y supondrá, según los denunciantes, el consumo de 500.000 metros cúbicos de agua.
Bruselas
"Lo denunciaremos también ante Bruselas porque es un parque protegido por la Unión Europea", anunció el portavoz ecologista, Juan Clavero. En la denuncia ya presentada ante el contencioso administrativo de Jerez se pide la paralización inmediata del plan.
El Ayuntamiento defiende el documento y recuerda que está lejos de las previsiones iniciales que contemplaban hasta 800 nuevas viviendas. Niega que vaya a incrementar los problemas de abastecimiento en el municipio porque una depuradora utilizará agua reciclada.
El alcalde, Fernando Pérez, del PSOE, siempre ha negado que su plan incumpla el POTA por entender que su documento es anterior al andaluz. No opinan los mismo los ecologistas que tildan de "escándalo" y "despróposito" este proyecto. "Se ha cedido a la presión de los especuladores", señaló Clavero.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 24/04/2008
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org
El fiscal denuncia al alcalde de Atarfe por prevaricación urbanística
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TERRA/Granada* : La Fiscalía ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), por la posible comisión de uno o varios delitos de prevaricación administrativa y prevaricación urbanística en la construcción de la urbanización Medina Elvira Residencial y el campo de golf anexo a la misma, así como en otras obras que afectaban a la infraestructura de la zona.
Según el decreto del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, de las diligencias de investigación penal incoadas a raíz de la denuncia que presentó IU, Ecologistas en Acción y Necesitamos la Vega, a los que se añadieron después más, se deduce que 'existen indicios suficientes' para considerar que los hechos podrían constituir dichos delitos, con independencia que se amplía en el transcurso de la instrucción su consideración según los nuevos elementos.
Aunque la denuncia se formula contra el regidor atarfeño, que está inmerso en otros procesos judiciales por actuaciones urbanísticas, el fiscal aclara que la imputación que se formule 'deberá extenderse a quienes hayan votado favorablemente los acuerdos presuntamente ilegales y hayan informado de igual modo en la tramitación de los expedientes'.
Igualmente, debe afectar también a 'los responsables de la empresa Nadasol y Vladigolf S.A. y/o a las personas concretas que hayan procedido a las construcciones ilegales o falseado la planimetría', según consta en el decreto del fiscal Luis Salcedo, que tiene fecha 10 de abril de 2008.
Los hechos se refieren a la zona denominada Regadíos del Cubillas donde desde el año 2005 se vienen realizando por la empresa Vladigolf S.A. y otras empresas diversas obras de edificación de la Urbanización Medina Elvira Residencial, prevista para 3.500 viviendas, la construcción de un campo de golf de 18 hoyos anexo a la urbanización y la construcción de una depuradora en el anejo de Caparacena.
Además, hay otras obras que afectan a las infraestructuras de la zona --la inclusión del Camino de Malacarilla, que conectaba el anejo de Caparacena con el pueblo de Atarfe, en la zona del campo de golf, supresión de una vía pecuaria, vertido de tierras a un barranco, tala de árboles, etc.-- o que tienen que ver con la infraestructura del campo de golf. También está prevista la construcción de un hotel en la zona Cortijo Hotel Escuela Armengol.
'TASA A LA BAJA' DE LA FINCA.
Todas estas actuaciones se realizan o proyectan en una finca vendida por Proyecto Atarfe --sociedad municipal en forma de sociedad anónima-- a Vladigolf S.A el 24 de febrero de 2005 por 3,6 millones de euros, si bien el 4 de marzo del mismo año se inscribió la hipoteca que valoró el terreno en 8,4 millones de euros, algo que es 'sorprendente', según el fiscal, ya que es el Ayuntamiento, aunque a través de Proyecto Atarfe, el que 'vende una finca por un importe inferior a su valor de tasación en caso de ejecución'.
El Ministerio Público entiende que se 'tasa a la baja' de acuerdo con unas condiciones urbanísticas que el Ayuntamiento se había comprometido a modificar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que a día de hoy no ha sido todavía aprobado de forma definitiva, puesto que la zona es objeto de especial protección por el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potaug).
Así, las obras ejecutadas en aplicación a previsiones futuras de cambio de planeamiento 'pudieran ser ilegales' por carecer de cobertura legal o por contravenir la actual pero no por su vinculación con una norma que carece de efectos. El futuro PGOU 'parece que actuaría más como un instrumento que diera cobertura a las ya realizadas'.
SUPUESTAS ILEGALIDADES.
En primer término se refiere el fiscal a una supuesta ilegalidad en la venta realizada, en base a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ya que dada la declaración de interés público del campo de golf, el procedimiento debía haber sido el concurso u otros procedimientos establecidos en la Ley de Contratos pero no su enajenación directa como finalmente se procedió.
Asimismo tanto en los convenios como en los proyectos aprobados y licencias condedidas se recogen disposiciones 'constrarias a las Normas Subsidiarias vigentes en Atarfe y a la LOUA' porque se fija el techo máximo edificable en 417.697 metros cuadrados que no coincide con el planeamiento vigente y se modifica la densidad del suelo mediante la aplicación de concepto de ensanche sobre un sector alejado cinco kilómetros del núcleo urbano.
El Potaug concede al paraje Regadíos del Cubillas la consideración de 'terreno no urbanizable especialmente protegido' y en ella, fuera del perímetro autorizado para urbanizar, se han realizado obras de urbanización en zonas de espacio especialmente protegido. Las obras se amparan en proyectos de urbanización y reparcelación en los que se define el terreno como urbanizable. 'Esta extralimitación ha sido posible porque se ha falsificado la planimetría presentada por Vladigolf realizando una superposición con los planos del POTAUG'.
Se ha construido una placha de hormigón y sobre ella una caseta en la parcela 28 que 'en la actualidad no puede ser edificada', sin que conste licencia o autorización para su construcción. En cuanto al campo de golf, 'mención especial' merece la construcción de éste y la modificación de las infraestructuras que conlleva.
Según el decreto, la construcción del campo es un uso 'compatible' con el sistema de espacios libres del Potaug, aunque 'sería conveniente' que el órgano informante aclarara si precismante la modificación de la vía respeta la conectiviada del sistema de espacios libres. Es una 'cuestión controvertida' que sea compatible con la protección del POTAUG y 'no exenta de ambigüedad', según los informes analizados por lo que puede integrar el delito de prevaricación urbanística.
HOTEL Y DEPURADORA.
Sobre la aprobación en pleno del proyecto Cortijo Hotel Escuela Armengol, el fiscal detalla que es una resolución municipal 'contraria a la normativa' del Potug, que se adoptó en pleno en el que además se advirtió, según uno de los denunciantes, de la posible prevaricación en que se podría incurrir caso de apropiación.
La ejecución de obras de la depuradora comenzaron sin estar aprobado el proyecto ni concedida la licencia, según las algaciones, aunque con posterioridad a la denuncia ha sido aportada la licencia de Vladigolf para la construcción, según el fiscal, que indica también que no se ha acreditado que cumpla las condiciones medioambientales.
* Terra Actualidad - Europa Press - 24.04.2008
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
Castigos verdes, pero inútiles
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PÚBLICO* : Es imposible saber cuántas sentencias por daños al medioambiente quedan sin cumplir en España. No lo busque, porque éste no es un dato para las estadísticas ni las memorias oficiales. Pero un repaso por los casos que han hecho historia en las dos últimas décadas sirve como sondeo: minas devoradoras de espacios protegidos, construcciones impúdicas amparadas por los ayuntamientos, hidroeléctricas que devastan ríos. Son muchas las sentencias firmes que nunca llegan a ejecutarse.
Todos los expertos consultados coinciden en que, cuanto más se alarga el proceso, más difícil será hacer posible la ejecución de la sentencia. "Para empezar, por la política de los hechos consumados", apunta Cristina Álvarez Baquerizo, abogada ambientalista. "Cuando el mal está hecho y no es reversible materialmente, lo único que te queda es una victoria moral. Por eso es tan importante denunciar apenas se conozca el primer paso de la irregularidad, como la concesión de una licencia".
También es fundamental la figura de las medidas cautelares. Por ejemplo, en el caso del Alto del Cuco, en Cantabria, donde el tribunal ha paralizado la urbanización de la ladera antes de que el destrozo vaya a más. Sin embargo las paralizaciones cautelares no son habituales, porque exigen a la parte denunciante avales económicos, a menudo de muy alta cuantía.
Si no hay paralización cautelar, la actividad denunciada continúa, y cuando llega la sentencia firme, a veces ya está concluida. Pero incluso con sentencia firme, la actividad tampoco se para. ¿Por qué?
La guinda de la tarta: el proceso de ejecución de la sentencia
Muchos ciudadanos que se meten en este via crucis judicial no saben que después de una sentencia firme aún queda otro tormento más: la ejecución de sentencia. Si ésta no se pide, todos los desvelos anteriores habrán sido inútiles: una victoria pírrica. "Además, el proceso que comienza, repite el esquema de lo ya vivido: de nuevo las partes presentan alegaciones, y la parte condenada ya se encarga de que vuelva a durar años", añade Álvarez Baquerizo. La organización cántabra ARCA consiguió su primera sentencia firme en el año 2000 y aún no se ha ejecutado.
Una de las razones de que las sentencias no se ejecuten es el remoloneo de las administraciones. "Si el juez anula una licencia y hay que derribar una casa, el que tiene que poner las máquinas es el ayuntamiento. Y éstos no suelen estar por la labor. Es más bien todo lo contrario". En otras sentencias la responsabilidad de ejecutar recae en la autoridad autonómica, por ejemplo el cierre de una mina.
Hay casos, como el de la mina a cielo abierto Feixolín, en León, en donde la resistencia de la administración es tan recalcitrante que se ha abierto un proceso penal contra algunos cargos.
La vía penal, piedra de toque
La aparición de la vía penal supone un punto de inflexión en la evolución del proceso. Hasta ese momento la justicia no actúa contra una persona concreta, porque la vía contencioso-administrativa se encarga sólo de controlar la correcta actuación de la administración.
"Pero en la vía penal se personalizan las responsabilidades y éstas trascienden a personas concretas. No obstante, acceder a la vía penal requiere la prueba de las imputaciones realizadas y, lógicamente, la prueba de la intencionalidad o la negligencia del imputado, lo que en materia medioambiental no siempre es sencillo", explica Jorge Agudo González, codirector del informe Urbanismo y democracia, Alternativas para evitar la corrupción , documento en el que se analizan 159 supuestos casos de irregularidades en esta materia desde el año 2000.
Es decir, que hay que demostrar que los responsables actuaron con intención o con imprudencia. En los últimos dos años, muchos de los casos de ilegalidad urbanística están siendo absorbidos por la Fiscalía. Ya se refleja así en la Memoria referida al año 2006, y en el boletín informativo del mes de febrero de esta institución se dedica al tema un apartado específico destacando un botón de muestra, que en Granada se han triplicado en un año las sentencias de derribo de edificios ilegales.
También se subraya las directrices dadas por el Fiscal Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, a los fiscales delegados para que se cumplan las sentencias de demolición y evitar así la sensación de impunidad.
¿Hay soluciones?
La irrupción de la vía penal se apunta como una de las esperanzas de cumplimiento de las sentencias, sobre todo desde la creación de la figura del Fiscal coordinador para los delitos ambientales y de corrupción urbanística.
La activa y decidida actuación de Antonio Vercher está empezando a obtener los primeros resultados. Pero a juicio de algunos expertos, como el catedrático de derecho administrativo Luciano Parejo, "la absorción de lo contencioso-administrativo por lo penal no es la solución. Implica una cierta perversión del funcionamiento del sistema el que las administraciones no cumplan la legalidad."
Lo cierto es que el miedo a la cárcel es lo único que parece funcionar. "Lo que revela un problema de fondo muy grave: a pesar de las buenas intenciones y de los eslóganes en favor de la sostenibilidad, en realidad una parte relativamente importante de nuestros políticos relega la protección del medio ambiente en favor de otros intereses, y en muchos casos, lamentablemente, cometiendo irregularidades cuyo freno sólo parece producirse con la amenaza de responsabilidades penales", reflexiona Agudo González.
Una falta de sensibilidad a la que no son ajenos incluso algunos jueces. En la misma memoria de la Fiscalía también se hace notar que en los juzgados de algunas provincias, como Ciudad Real o Burgos, tienden a absolverse a los infractores en materia urbanística al considerarse una conducta de menor gravedad.
Otra solución posible sería que los propios juzgados se encargaran de la ejecución de la sentencia, una competencia que les otorga la Constitución. "Si no la ejercen es porque no tienen medios, y deben delegar en las administraciones", apunta Jesús Jordano, profesor de derecho de la Universidad de Sevilla. "Sólo el estadio de la capital andaluza costó más de 200 millones de euros. Todos los juzgados de lo contencioso de España han costado menos de esa cantidad."
Los casos más destacados
Una ladera sembrada de casas
“Esto es una burla”, lanza sin dudarlo Gonzalo Canales, biólogo y presidente de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), la organización ecologista con más éxitos ante los tribunales españoles. Una decena de sentencias firmes les dan la razón frente a actuaciones urbanísticas ilegales: viviendas levantadas en suelo rústico, construídas en bosques de especial protección o en el Parque Natural de las Marismas de Santoña.........Hasta 500 viviendas tienen sentencia firme de derribo, pero ninguna ha recibido la visita de la piqueta.
El caso que más eco mediático les ha proporcionado es el del Alto del Cuco, por el impacto visual del destrozo de una ladera, y porque un juez ha parado las obras, pero lo cierto es que aún no cuenta con sentencia firme. Sí la tiene, sin embargo el ayuntamiento de otro pequeño pueblo en expansión, Argoños, en donde son cinco las urbanizaciones declaradas ilegales. “La obcecación del alcalde en hacer caso omiso ha llegado a tal extremo que el propio juez ha amenazado con acusarle de prevaricación”, ilustra Canales.
Alguna de estas sentencias van camino de los 10 años de espera para su ejecución. Y nada. “Con la sentencia sólo tienes un papel. Su ejecución es larguísima, porque la otra parte te plantea todo tipo de impedimentos. Te pasas la vida presentando papeles en el juzgado, atento a que no se te pasen los plazos, lo que echaría al traste todo el proceso”.
Con todo, todavía puede ser peor: “En algún caso el juez, cansado de tanto juego evasivo, ha amonestado a un ayuntamiento para que licite de una vez el derribo de la construcción ilegal. Entonces, los afectados han llegado a amenazar a la empresa adjudicataria de la demolición y ésta ha preferido retirarse. Ahora, los concursos para derribos quedan desiertos. Estamos en un callejón sin salida”, remacha, “pero no nos damos por vencidos”.
En Cantabria, son entre dos y tres mil los afectados por la compra de una vivienda ilegal. Se han organizado en grupos para presionar a las administraciones y los poderes políticos, y de momento han encontrado eco en el parlamento regional. El pasado mes de diciembre todos los partidos representados en la asamblea cántabra emitieron una resolución pidiendo al gobierno autonómico que dé una salida legal a esta situación. “Este es un hecho gravísimo”, valora Gonzalo Canales, “supone la quiebra del sistema, porque se está transmitiendo el mensaje de que las leyes y los jueces no sirven para nada”.
Pescadores en favor de los peces
Pedro Brufao no ha disfrutado tanto de sus paseos por el Tajo como aquella jornada de 2005 en que le comunicaron la sentencia del Supremo. Quince años después de comenzar la batalla judicial, David había vencido a Goliat. Una sencilla aunque veterana asociación de amantes de la pesca y la naturaleza había conseguido tumbar a los gigantes: la Confederación Hidrográfica del Tajo, Unión FENOSA y la electroquímica Navarro S.A.
La historia se remonta a 1990, cuando la CHT otorgó tres concesiones a Unión FENOSA para rehabilitar otras tantas presas hidroeléctricas abandonadas: Zahorejas, Peralejos de las Truchas y Hozseca, en los ríos Tajo y Hozseca. “Las recurrimos” señala Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo y presidente de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos-Ríos de Vida, la organización denunciante.
“Los datos científicos demuestran que este tipo de presas ocasionan graves daños al medio fluvial. No son tan limpias como se nos quiere vender: transforman el lecho y orillas del río, alteran el bosque de ribera, crean barreras a los peces, los engullen en las tomas y turbinas y alteran sus ciclos de actividad. A veces incluso las violentas sueltas de agua han puesto en grave peligro la integridad física de las personas, especialmente de los pescadores.”
Brufao cuenta con orgullo: “En esa zona creamos el primer coto sin muerte de pesca deportiva, para proteger a la escasa trucha común autóctona y apoyamos su declaración como Parque Natural, uno de los más importantes de España.”
La sentencia del Supremo confirmó en 2005 la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1999: “pese a no anular las tres concesiones, como pretendíamos, impuso graves limitaciones a la explotación de las presas a favor del río y afirmó que los caudales mal llamados ecológicos por la CHT no se basan en criterios científicos ni técnicos.”
Era todo un hito, pero de nuevo, la justicia se convirtió en papel mojado, pues hasta la fecha, las empresas “siguen turbinando como lo han hecho siempre y ya está. Los hechos consumados les son favorables”.
En este periplo judicial no faltan, como en otros casos, situaciones rocambolescas. La CHT reconoce disponer de estudios ambientales propios que avalan la sentencia, pero alega que no los puede dar a conocer porque iría contra los derechos de propiedad intelectual del ingeniero de la CHT autor del trabajo, “algo absurdo e ilegal, pues son documentos de acceso público”, aclara Brufao.
La asociación intenta que al menos sea inviable la presa llamada Hozseca, la más perjudicial y que se proceda a su demolición para restaurar el río. “ En los EEUU y en otros países son los mismos dueños de las presas obsoletas quienes las demuelen para recuperar la confianza de sus clientes, ahorrar dinero y restaurar el medio ambiente”.
Feixolin, 'la escopeta nacional'
“Con Feixolín llevamos diez incidentes de ejecución de sentencia firme, ¡diez!”, recalca Carlos González- Antón, el letrado que consiguió que el TSJCyL ordenara en noviembre de 2005 la clausura de la mina a cielo abierto de Villablino. El primero de varios fallos contundentes y firmes que declaran la mina ilegal y sin posibilidad de ser legalizada en el futuro.
“Feixolín es un caso realmente paradigmático de quiebra del sistema legal. Si no fuera tan grave parecería el guión de un sainete”, añade González-Antón, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de León.
La mina comenzó a ser explotada en 1995 por MSP , empresa del conocido y bien relacionado empresario Victoriano Alonso. Ya entonces carecía tanto de licencias urbanísticas como medioambientales. La explotación, que entre otros daños ha hecho desaparecer un monte de 200 hectáreas, se encuentra en pleno espacio natural del Alto Sil, y es ZEPA y LIC con importantes valores paisajísticos y ecológicos, entre ellos la presencia de osos y urogallos. Cuenta, por tanto, con la protección de una directiva europea, a pesar de lo cual no se realizó la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental, ni del proyecto inicial ni de sus ampliaciones.
Pero el cúmulo de irregularidades no acaba aquí, y a lo largo de estos trece años éste no ha hecho más que engrosar aderezado con todo tipo de acontecimientos peregrinos: alcaldes que dimiten el mismo día que han de firmar la paralización de la mina, informes de la Junta castellanoleonesa atreviéndose a prohibir la ejecución de la sentencia (afirmando que sólo se restaura, cuando los informes del SEPRONA indican que diariamente bajan centenares de camiones cargados de carbón), amenazas de despidos masivos para crear alarma social, anuncio de interminables planes de cierre de la explotación......
“Todo un muestrario de maniobras de dilación para no acatar la sentencia. En los incidentes de ejecución la empresa ha llegado a alegar que no podía parar porque pondría en peligro la vida de los mineros”, ilustra García-Antón, quien remarca que “esto es posible porque la Junta y el gobierno central miran para otro lado. No se entiende, si no, que Feixolín haya recibido subvenciones del ministerio de industria, que haya sido explotada hasta el agotamiento del recurso, y que encima hayan comenzando a explotar el monte adyacente, también sin licencia. En el colmo de la desfachatez, MSP alega que necesita extraer el material para rellenar Feixolín y cumplir así, con el mandato de restauración de la zona”.
“Estamos ante una flagrante desobediencia auspiciada por las administraciones”, diagnostica González-Antón, quien cree que asistimos a una crisis del estado de derecho. Al menos, concluye, está en proceso otro pleito en el que se encuentran imputados por delitos ambientales y urbanísticos tanto responsables de las administraciones como de la empresa”.
Golf en lugar de paisajes
El pasado mes de enero el propietario del exclusivo complejo deportivo turístico “Dehesa de Montenmedio ”, Antonio Blázquez, declaraba públicamente que “tiraba la toalla”. Más de diez años pleiteando habían llegado a su fin, o al menos así lo daba a entender el empresario, sobre cuyas instalaciones pesa una sentencia firme de derribo desde el año 2003.
Montenmedio, ubicada a caballo entre los municipios gaditanos de Barbate y Véjer de la Frontera, se publicita como un lugar de singular belleza natural, en donde las encinas, alcornoques, acebuches y lentiscos dan cobijo a una variada fauna mediterránea de la que puede disfrutarse en los paseos por la finca, en la que no falta campo de golf, piscinas, un lujoso hotel con restaurante y otras instalaciones de ocio. Su atractivo estrella es la práctica de la hípica de alto nivel. “Sin duda puede publicitarse así, porque se levantó, sin licencia, sobre un terreno no urbanizable, de protección especial por su interés ecológico, histórico, cultural y paisajístico”, ironiza un portavoz de AGADEN, la organización ecologista que acudió a los tribunales para denunciarlo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón en 2001. El auto anulaba el Plan Especial que el Ayuntamiento de Barbate había aprobado a posteriori para tratar de legalizar el complejo ya construido. Dos años después el Tribunal Supremo ratificaba los argumentos con sentencia firme y daba tres meses para derribar. No se hizo. Y eso que el recorrido judicial de Montenmedio no tiene un único denunciante. La Junta de Andalucía interpuso su primer recurso contra el complejo en 1996, iniciando un rosario de sentencias, recursos, apelaciones, que se prolongan a lo largo de una década y configuran una inextricable maraña para cualquier profano en asuntos legales.
“Hay una cosa que queda clara”, insisten en AGADEN , “todos los intentos de Blázquez y del Ayuntamiento de Barbate por legalizar Montenmedio han sido rechazados de plano por la justicia. Y reiteradamente. Hasta tres veces los tribunales han dado orden de demolición, sin que se haya cumplido. Quisiéramos creer que ahora va la vencida.”
En AGADEN no terminan de fiarse, porque ya los orígenes de Montenmedio se entrelazan con un “oportuno” incendio en el verano de 1990. Poco después, esta finca, que había sido propiedad de RUMASA, fue reprivatizada a favor de Blázquez. En los años inmediatos y “con el beneplácito de la administración provincial, comenzaron progresivamente las rozas, podas y cortas a matarrasa que acabaron derivando en la construcción del palacete, conocido como casa-club, y las posteriores ampliaciones.”
En sus últimas declaraciones sobre el asunto, Antonio Blázquez, ha asegurado que ya ha contratado el proyecto de demolición para evitar que la administración tenga que encargarse de ello. Ese proyecto de demolición debe ser aprobado por el ayuntamiento de Barbate. El mismo que ha echado siempre el capote cuando el empresario lo ha necesitado. Blázquez asegura que tiene ofertas en el extranjero para llevarse todas las instalaciones y que lo siente por el daño que le va a hacer a la economía y al empleo de la zona.
De momento, el pasado mes de marzo se ha vuelto a celebrar allí una nueva edición del Circuito Hípico del Sol.
Madrid, ilegales sin saberlo
Decenas de miles de madrileños han estado aspirando a una casa ilegal sin tener la menor idea. 22 de los nuevos ámbitos proyectados por el ayuntamiento de Madrid son ilegales por obra y gracia del propio consistorio y del gobierno regional. Lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia firme emitida en julio del año pasado.
La resolución afecta a unas 130 mil viviendas de futuros PAUS, de nombres tan conocidos en la capital como el Parque de Valdebebas, Arroyo del Fresno o Los Berrocales. En algunos ya se han iniciado las obras de urbanización, en otros todavía no se ha hecho nada. Pero también quedan dentro de la ilegalidad proyectos tan emblemáticos ya ejecutados como la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la Terminal 4 de Barajas.
"Para encontrar la causa de tan estrafalaria situación hay que remontarse a 1997", explica Jaime Doreste, coordinador del servicio jurídico de Ecologistas en Acción. "Aquel año, el equipo de gobierno del entonces alcalde, el popular Álvarez del Manzano, declara urbanizable hasta el último rincón del municipio capitalino, a pesar de que una parte de los terrenos no podían serlo por contar con una protección especial, bien por sus valores ambientales, históricos, culturales o agrícolas. Eso no fue obstáculo para la corporación, que remozó el PGOU y recalificó 34 millones de m2 protegidos"
El líder de la oposición, el socialista Juan Barranco, denunció el Plan ante la justicia y, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón en 2003, no admitió la paralización cautelar. Los planes de urbanización siguieron adelante mientras la sentencia rebotaba a más altas instancias: fue recurrida por el consistorio ante el Tribunal Supremo. "Éste se pronunció el año pasado y ya no cabe recurso", señala Jesús Muñoz, abogado de la Asociación de Vecinos de Aluche, una de las agrupaciones que no ve con buenos ojos cómo se quiere desarrollar la Operación Campamento, también afectada. "Sólo la zona de los cuarteles es urbanizable legalmente, pero el actual proyecto pretende colmatar de casas el resto de los terrenos, por donde discurren arroyos, con su vegetación de ribera y su fauna".
Al menos aquellos que aspiraban a tener su casa en este desarrollo aún no han puesto un duro. En otros, como el de Ahijones de Vicálvaro, sí lo han hecho, y hay aportaciones que alcanzan los 30.000 y hasta los 50.000 euros. En este ámbito, un juzgado ya ha dictado la suspensión de las obras de urbanización, y "sin embargo, nada se ha parado. Al revés, parece que han acelerado", apunta Muñoz.
El ayuntamiento ha tratado de amparar su actuación aprobando un Acuerdo que pretendía justificar las recalificaciones, pero los jueces no lo han aceptado. "De hecho el consistorio está empeorando las cosas", expone Muñoz "no ha ordenado la paralización de las obras y está incumpliendo la sentencia. Por eso, ante la aparición de cooperativas en la Operación Campamento, la AVV de Aluche está informando a los vecinos de la posibilidad de que las viviendas proyectadas no lleguen a construirse o que incluso puedan ser derribadas". Esta última opción podría parecer descabellada pero lo cierto es que el propio magistrado ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, Segundo Menéndez, ha dicho públicamente que "lo que se tenga que derribar, se terminará derribando".
El último capítulo de este culebrón todavía se está escribiendo. Barranco no sólo no ha pedido la ejecución de la sentencia que él mismo promovió, sino que se ha opuesto a que lo hagan Ecologistas en Acción y dos asociaciones vecinales. En un encuentro con vecinos del Sureste, un concejal socialista ha prometido a los vecinos que no va a solicitar la ejecución para no empeorar las cosas, pero los afectados no están tranquilos.
De hecho parece que tienen motivos para no estarlo pues la Ley del Suelo tanto autonómica como nacional, consagra que cualquier ciudadano, a través de la Acción Pública, puede solicitar el cumplimiento de la legalidad urbanística incluso años después de concedidas las correspondientes licencias por el Ayuntamiento.
* Público - MARTA GALLUP - Madrid - 24/04/2008
Foto: Piélagos (Cantabria), urbanización Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com
El Tribunal Superior anula el plan de urbanismo del PP en Ourense
ELPAÍS* : El Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense que aprobó en 2003 el PP en solitario es ilegal. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado una de las 17 demandas presentadas contra la totalidad del planeamiento anulando su aprobación por la Consellería de Ordenación del Territorio "por ser contrario a derecho".
La sentencia, que analiza el recurso presentado por un particular, el promotor Delio Óscar Santalices Vieira, destaca que los planos que se expusieron al público en la fase de información "no se corresponden con los que figuran como aprobados inicialmente". Además, la memoria, el estudio económico-financiero, la normativa, los convenios urbanísticos y el catálogo expuestos "carecían de todo tipo de testimonio, sello o firma que indicase que se correspondía con el original".
Para el tribunal, la discrepancia entre los documentos aprobados y los expuestos constituye "un vicio que no puede subsanar la falta de reclamaciones o que determinados propietarios resultasen beneficiados por mayores posibilidades de edificación", ya que la información pública "atiende a intereses generales, no a los particulares de unos propietarios".
El fallo del tribunal pone al actual gobierno municipal en una difícil situación, toda vez que los socialistas habían presentado en solitario una demanda judicial a la totalidad del plan en 2003, cuando estaban en la oposición, conocedores de que "era absolutamente injusto y además tenía todos los informes jurídicos internos y externos en contra". Ahora, si no lo recurren desde el Ayuntamiento, sus proyectos de expansión urbanística y empresarial iniciados para la ciudad, la vivienda social que han empezado a construir y el plan de termalismo se desplomarían. Lo mismo ocurriría con las cesiones urbanísticas que constituyen el 70% del nuevo presupuesto municipal aprobado para este año. Así lo reconocían ayer los tres grupos políticos. Mientras el portavoz del PP, Enrique Nóvoa, destacaba que ni le corresponde a su partido recurrir al Supremo, ni desea otro modelo urbanístico. "Nos gustaba éste", sentenció y anunció que pedirán al alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, que presente recurso.
Rodríguez no entró ayer en detalles y únicamente declaró su intención de consensuar con los socios de gobierno del BNG y con el PP el desarrollo urbanístico de la ciudad. "Estudiaré los pasos legales una vez que haya hablado con ellos", dijo. En cualquier caso, manifestó que la sentencia confirma la denuncia de los socialistas desde que se aprobó el plan en 2003 "cuando lo tildamos de ilegal, especulativo, políticamente injusto y técnicamente inviable".
Además, acusó al PP de generar "gran incertidumbre jurídica con una aprobación de un planeamiento por mayoría simple" y destacó que en su lucha contra este plan "el PSOE no recibió el respaldo de nadie, ni de los empresarios, ni de nuestros socios de gobierno del BNG". El grupo nacionalista advirtió en junio de 2007 al regidor que si revisaban el PXOM, como pretendían los socialistas, romperían el gobierno de coalición.
El alcalde expresó su esperanza en alcanzar "el máximo consenso" de los otros dos grupos municipales, "especialmente de nuestros socios", para afrontar la revisión urbanística de la ciudad "en defensa del interés colectivo". Socialistas y nacionalistas no descartan recurrir ante el Supremo para ganar dos o tres años y elaborar mientras tanto un nuevo planeamiento.
En abril de 2007, el Tribunal Superior ya había anulado el planeamiento puesto en marcha en el barrio de A Ponte. La sentencia invalidó centenares de viviendas de nueva promoción, zonas verdes e incluso la recién estrenada sede de la Policía Local de la ciudad.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 25/04/2008
Foto: ourense - red2000.com
La Fiscalía lleva a los Juzgados 38 casos de Obra Nueva en El Puerto
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DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía ha interpuesto en tan sólo los dos últimos meses 38 denuncias en los Juzgados por otros tantos casos de Obra Nueva registrados en El Puerto. Así lo avanzó ayer a este diario el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, que desveló además que tiene pendiente de hacer lo propio con otra treintena de casos más.
Se trata de los casos de emisión de certificados falsos de antigüedad de viviendas ilegales detectados por el actual equipo de gobierno del Partido Popular durante la gestión de Independientes Portuenses la pasada legislatura, que el alcalde y la ahora edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, comenzaron a remitir a Fiscalía en octubre, como adelantó este periódico.
Según explicó ayer a este diario Núñez, las denuncias que ha interpuesto se dirigen contra autores y beneficiarios de estos papeles falsos, que persiguen lograr la prescripción de la irregularidad urbanística cometida al construir una casa sin licencia (que vence a los cuatro años), y que permiten a los titulares pedir un préstamo hipotecario tras la inscripción en el Registro de la Propiedad.
En unos casos, las denuncias son únicamente por la comisión de un presunto delito de falsedad en documento público, al tratarse de inmuebles situados por ejemplo en suelo urbano no consolidado. Y en otros, coexiste también, al entender del fiscal de Medio Ambiente, un presunto delito contra la ordenación del territorio por ser casas levantadas en suelo clasificado como no urbanizable en el Plan General de El Puerto. Este diario ha podido saber que no son muchos los profesionales denunciados por firmar papeles falsos, toda vez que por ejemplo hay un profesional, el arquitecto Joaquín P.S., que habría rubricado un buen número de estos certificados fraudulentos. Se trata del mismo arquitecto imputado en la trama destapada por la Guardia Civil en Chiclana el verano pasado, bautizada con el nombre de Operación Obra Nueva.
Núñez practica además diligencias para determinar las posibles responsabilidades en las que han podido incurrir antiguos dirigentes de IP y funcionarios municipales con los decretos de legalización de inmuebles presuntamente ilegales firmados por el ex alcalde Hernán Díaz y el anterior edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, que también ha enviado el PP a la Fiscalía.
+ Diario de Cádiz - Rosa Romero / Cádiz - 24.04.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Buscan nuevos casos de corrupción urbanística fuera de Totana, Los Alcázares...
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20MINUTOS/Murcia* : El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, dijo hoy en Cartagena que la fiscalía tiene abiertas nuevas investigaciones contra la corrupción urbanística en otros ayuntamientos distintos a los de Totana, Los Alcázares, Aguilas, Torre Pacheco y Fuente Alamo.
López Bernal, que hoy presentó en la comisión de Justicia de la Asamblea Regional la memoria de la fiscalía de 2006, no quiso desvelar los nombres de esos ayuntamientos.
También defendió la seriedad del trabajo que realiza la fiscalía a partir de denuncias presentadas, y citó la de un particular que fue la que recientemente reactivó las investigaciones en Torre Pacheco.
Con respecto a la recusación del juez Salvador Calero por parte de la defensa del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, el fiscal indicó que Calero es el juez natural del juzgado de San Javier que lleva el caso.
La fiscalía, que reclama más medios de los cuerpos de apoyo para poder desarrollar las investigaciones contra la corrupción urbanística, defiende su imparcialidad y el trabajo bien realizado como demuestra, dijo Manuel López Bernal, que ni jueces ni tribunales han archivado las denuncias que han sido presentadas.
* 20 Minutos - Agencias - 24.04.2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - totana.es
Catral: Todos imputados
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INFORMACIÓN/Alicante* : El titular del Juzgado nº4 de Orihuela ha decidido imputar a todas las personas que aparecen citadas en un sumario por la presunta falsificación de certificados de antigüedad de viviendas ilegales en la huerta de Catral, incluidos los compradores, una joven pareja de finlandeses que aparecen como perjudicados en la denuncia que inició el procedimiento.
Ambos declararon en compañía de un abogado ayer en Orihuela.
La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) interpuso en diciembre de 2006 una querella ante el juzgado en la que se decía que el arquitecto Miguel Antonio Mateo Sánchez realizó presuntamente certificados falsos para acreditar una antigüedad superior a cuatro años de cuatro viviendas ilegales con licencia de obra menor en suelo de huerta de Catral a pesar de que cuando lo hizo, según AECU no estaba ni terminada.
Este tipo de certificados se realizan para avalar que las viviendas tienen más de cuatro años. Las irregularidades denunciables, como la reparcelación ilegal de suelo rústico, la falta de licencia o la ausencia de autorización de la Conselleria prescriben tras ese periodo.
AECU un colectivo que tiene registrados a 1.750 socios que se ha convertido en los últimos años en azote de las malas prácticas en materia urbanística de promotores, arquitectos, abogados, notarios y constructores de la comarca, presidido por Honorio Fernández, denunció a este arquitecto y a los dos representantes de la promotora Sol Catral S.L para defender los intereses de sus asociados que adquirieron la vivienda.
El joven matrimonio Kal Seligren y Palvi Sainico abonó 281.000 y 23.000 euros más por mejoras a finales de 2004 para la adquisición de una casa sobre una parcela de 1.990 metros cuadrados, perteneciente a un terreno mayor de ocho mil segregado de forma ilegal para hacer otras tres casas. "El promotor, constructor y vendedor les asegura que todo está en orden y nunca les informan de que es suelo rústico no urbanizable", aclara la querella. Incluso un notario de Callosa de Segura "autorizó con gran maestría y sin ningún escrúpulo" dice Hernández la escritura de división horizontal.
"Rigor mortis"
El representante de AECU no se explicaba ayer cómo el juez ha podido denunciar a los perjudicados, además de excluir al colectivo denunciante como acusación en un asunto que ellos mismos iniciaron. El magistrado les ha impuesto una fianza de 5.000 euros para ejercer la personación particular. Un abono "que no vamos a aportar", aclaró Honorio Hernández. Fernández se preguntaba ayer si quieren "tapar la boca a AECU". Acusó ayer en un escrito directamente al juez "de aplicarnos el rigor mortis" para "quitarnos de en medio", algo dice, "que sueñan todos" los "beneficiarios y conseguidores de impunidad" para "el urbanismo salvaje".
* Información - D.P. - 24 de abril de 2008
Foto: Imagen parcial de las construcciones ilegales en suelo no urbanizable agrícola en la huerta de Catral/ A.S., diarioinformacion.com
