ELMUNDO/Almería* : La Administración General del Estado ha acordado hoy el desistimiento del procedimiento de expropiación iniciado en julio de 2007 de los bienes inmuebles ubicados en el paraje de El Algarrobico en el municipio almeriense de Carboneras al decaer las causas que lo motivaron tras una sentencia judicial de septiembre de 2008.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, del 5 de septiembre de 2008, ordenaba al Ayuntamiento de Carboneras iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la concesión de la licencia del hotel, que podría llevar a la nulidad de la concesión de la licencia de obras.
Tras esta sentencia, el Estado ha dictado una resolución, que ha sido firmada hoy por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, al ser la autoridad competente para dictar el citado acto administrativo, según ha informado la Oficina de Comunicación de la Delegación del Gobierno en un comunicado.
Tras este fallo judicial, el Estado ha acordado acudir a la figura del desistimiento del procedimiento de expropiación "en tanto no se resuelva la cuestión judicial sobre la posible nulidad".
La Dirección General de Costas, tras conocer de la ocupación de determinados terrenos ubicados en la servidumbre de protección de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, dictó resolución el 2 de diciembre de 2005, por delegación del Ministerio de Medio Ambiente, mediante la cual se declaraba de utilidad pública estos terrenos a los efectos de expropiación.
A esta primera resolución, que fue convalidada por acuerdo de Consejo de Ministros con fecha 23 de febrero de 2007, le siguió el acuerdo del delegado del Gobierno en Andalucía -el 30 de julio de 2007-, de necesidad de ocupación de los bienes y derechos, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 9 de agosto, por el que se inició el procedimiento expropiatorio.
Contra el acuerdo del Ayuntamiento de Carboneras de conceder licencia de obras -con fecha 13 de enero de 2003- se pronunciaron diversas asociaciones y la Junta, que pidieron la revisión de oficio de dicho acuerdo, y que fueron desestimadas por el Consistorio.
Presentados los recursos, éstos fueron admitidos a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, y sobre los que ahora se ha pronunciado anulando dicho acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Carboneras "por no ser conforme a derecho", y ordenándole a que inicie el procedimiento de revisión de oficio de dicho acuerdo municipal.
Conocida la resolución judicial de 5 de septiembre de 2008, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, y tras informe de la Abogacía del Estado, entiende que procede el desistimiento de dicho procedimiento de expropiación en tanto no se resuelva la cuestión judicial sobre la nulidad de la licencia.
No obstante, se atienden los efectos que podría tener sobre la determinación del justiprecio de los terrenos, y en atención al hecho de que si, finalmente, se declarara nulo dicho acuerdo municipal (bien en su revisión de oficio, bien por la vía judicial), la expropiación se haría innecesaria o, cuanto menos, su objetivo se circunscribiría sólo a los terrenos y no a la edificación.
La Administración General del Estado acuerda por tanto no continuar adelante con un procedimiento que puede suponer un detrimento de los fondos públicos, aunque dicha resolución de desistimiento tampoco es impedimento para que si se alteraran las circunstancias que concurren tras la sentencia se inicie de nuevo el procedimiento expropiatorio.
* El Mundo - EFE - 19.06.09
Foto: Un barco de Greenpeace fondeado frente al hotel del Algarrobico. | Arturo González (archivo)
El Estado desiste a los dos años de expropiar el hotel en la playa del Algarrobico
Un polígono en Alcàsser con informes en contra agrava las inundaciones en Silla
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LEVANTE/Valencia* : La empresa de Fernando Bas Grau instaló un sistema de gestión de las aguas pluviales que tiene graves deficiencias según los estudios. El entonces concejal de Urbanismo de Silla que aprobó el proyecto es hoy diputado provincial.Las cíclicas inundaciones que afectan al núcleo urbano de Silla se han visto agravadas tras la urbanización del polígono de l'Alter, de Alcàsser. La obra la promovió la empresa Promociones Baspal, cuyo administrador es Fernando Bas Grau, suegro del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Un informe del Ayuntamiento de Silla señala que la gestión de aguas pluviales que Promociones Baspal desarrolló en el polígono fue "insuficiente" y concluye que aguas abajo se producen inundaciones cada vez con mayor frecuencia. Por allí discurre el cauce de la Rambleta, que se adentra en Silla, cuyo casco urbano puede verse afectado con lluvias torrenciales, advierte. Las obras del polígono, que ya han concluido, también afectan a una parte del término municipal de Silla.
Los técnicos han realizado un seguimiento de las obras y el informe desvela deficiencias en el sistema de gestión de las aguas pluviales. Afirma que la balsa de laminación construida "sirve de poco" por falta de capacidad, deficiencia de llenado y carencias en el sistema de vaciado. El agua discurre por los viales del polígono y se concentra al sureste. Ante lluvias de escasa intensidad las arquetas con rejilla resultan "insuficientes" y son objeto "de emboces continuos". En días de lluvia de intensidad media, el agua se acumula en la zona baja, inunda aceras y parcelas y toma el canal de salida de las obras del AVE. A lluvias más intensas el fenómeno se acrecienta, según la documentación.
Promociones Baspal fue creada el 4 de febrero de 2004 y según el registro mercantil cuenta con un empleado. La firma se dedica a la construcción, reparación y conservación de edificaciones. Fernando Bas Grau presentó el proyecto de urbanización comprendido entre las calles Fusters, Pedrapiquers, Llanterners y Antic Regne el 2 de diciembre de 2003, meses después de que su yerno se convirtiera en jefe del Consell.
En junio de 2005 el consistorio de Alcàsser presidido por Remedios Avia (PP) aprobó definitivamente el proyecto. Y siete días después lo hizo también el de Silla en contra de los informes de sus técnicos. El hoy diputado provincial Isidro Prieto era el concejal de Urbanismo. Prieto asegura que se hicieron reuniones para "introducir medidas correctoras, pero las aguas llegaban a Silla igual. Ahora se está empezando a dar solución a este problema por una inversión de la Generalitat de casi 8 millones de euros". El entonces alcalde, Josep Lluís Pitarch (Bloc), asegura que su equipo de gobierno exigió una corrección al proyecto y logró que se ejecutara una balsa de decantación y que por eso dieron su apoyo, explica. A Pitarch lo mantenía en la alcaldía un cuatripartito y el Partido Popular controlaba el área de urbanismo.
Pero el arquitecto municipal insistía en febrero de 2005 en que la documentación aportada por Baspal se limitaba a afirmar que tiene "resuelta" la evacuación pero mostraba sus dudas de que esto fuera así. Ese mismo mes Bas pide al Ayuntamiento de Silla la licencia administrativa para proceder a la urbanización en la parte que afecta a este término.
La familia de Isabel Bas, la mujer del presidente de la Generalitat, era propietaria en un 90% de los terrenos, según documentación del Ayuntamiento de Alcàsser. Incluso una parcela del polígono que se halla dentro del término de Silla es propiedad de una cuñada de Camps.
La parcela de Gloria Bas se fusionó con el resto de propiedades de la familia. Después, Fernando Bas cedió a la empresa Pavasal la urbanización y aún no le han entregado las obras aunque ya están concluidas, según dijo el propio Bas a este diario.
Los técnicos nunca vieron claro el proyecto
Aquel año se aprobó también el acceso ferroviario del AVE en el tramo Alcàsser-Picassent que supuso la modificación del PGOU y la ordenación de la zona este del polígono. A la primera petición formulada por el suegro de Camps a finales de 2003, el Ayuntamiento de Alcàsser, gobernado entonces por el regionalista Julio Chanzá, no puso objeción ya que la urbanización de la zona mejoraba la comunicación dentro del polígono. Pero el Ayuntamiento de Silla no lo vio claro y el 29 de diciembre de 2003 ya reclamaba un informe con cálculos sobre el drenaje y el arquitecto señalaba que mientras no se clarificara el desagüe de pluviales y su evacuación no se podía informar favorablemente. Silla considera "del todo punto inaceptable" que el polígono vierta las aguas directamente a la cuenca de la Rambleta e insta a Alcàsser a una solución que no sea trasladar las aguas abajo. Alega que el Patricova rechaza incrementar el riesgo de inundación en otros municipios potencialmente afectados y advierte del incremento de caudales por la regresión de la superficie de cultivo y de que la capacidad del desagüe de la Rambleta es "limitada" y que incluso con lluvias de escasa intensidad se provocarán inundaciones en la zona urbana de Silla.
* Levante-EMV - CARLOS ALÓS - 18.06.09
Foto: Instalaciones de la última fase del polígono de l´Alter de Alcàsser ya acabadas pero aún cerradas; al fondo, Silla. - abelard comes , levante-emv.com
Sevilla: Los delitos urbanísticos crecen un 28% y rondan el millar de casos desde 2005
DIARIODESEVILLA* : Los delitos urbanísticos crecieron en 2008 año en Sevilla un 28,78% con respecto al año anterior, lo que ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente a mostrar su "preocupación" por el incremento de casos a pesar de las sentencias condenatorias que se han registrado en los últimos años y la decisión de los jueces de acordar la demolición de las edificaciones.
La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo recoge que el año pasado se incoaron 255 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio frente a los 198 que se contabilizaron en 2007. La mayoría de estas infracciones son cometidas por particulares que levantan pequeñas construcciones en suelo rústico.
Desde 2005, el número de delitos contra la ordenación del territorio que ha investigado la Fiscalía hispalense asciende ya a 906 y, según la memoria, estas investigaciones acaparan el 85% del trabajo que realizan los fiscales especialistas en Medio Ambiente. Así, de las 298 diligencias de investigación incoadas en 2008, 255 lo fueron por delitos contra la ordenación del territorio frente a las 23 relacionadas con el Medio Ambiente, nueve contra la Flora y la Fauna y cinco contra el Patrimonio Histórico.
El fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Rufino, señala que desde 2007 los jueces de Sevilla han dictado unas 40 sentencias firmes en las que se acuerda la demolición de las construcciones ilegales, con la finalidad de restaurar el suelo a su estado original. El fiscal advierte de que estas condenas han generado "notables problemas" a la hora de ejecutar el derribo, "por las naturales trabas creadas por los condenados, la sistemática impugnación de cualquier providencia orientada a ejecutar tal pronunciamiento y la falta de colaboración de algún Ayuntamiento particularmente afectado".
Otras veces la efectividad de la demolición se retrasa "innecesariamente", dice el fiscal, porque el juzgado de lo Penal fija un plazo "injustificadamente amplio" para llevar a cabo la demolición.
Para dar eficacia a la medida de demolición, la Fiscalía ha optado por oponerse a cualquier suspensión de las penas de prisión mientras no se satisfaga el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil que constituye la demolición, siempre que el acusado sea solvente. La negativa a demoler ha llevado a dos juzgados a dictar órdenes de ingreso en prisión de los condenados, aunque el encarcelamiento no se ha producido porque el reo ha recurrido esta decisión.
La Fiscalía también se opone en estos casos, cuando no se produce la demolición, a que se sustituya la pena de prisión por una multa, ya que, según el Ministerio Público, el hecho de no derribar "demuestra la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado".
En cuanto a las zonas más conflictivas durante 2008, la memoria de la Fiscalía subraya los procedimientos abiertos que afectan a los parajes de El Serafín, en La Rinconada, y Clarevot, que abarca a varios municipios, además de la investigación iniciada sobre suelos no urbanizables en El Arahal. Sólo en esta última localidad se espera que la unidad de Policía Adscrita a la Junta remita más de 170 atestados por posibles delitos en este paraje, donde una sola de las parcelaciones tiene 294.883 metros cuadrados y unas 147 parcelas de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados, donde ya se han levantado edificaciones sin licencia.
La Fiscalía de Medio Ambiente muestra su preocupación por el incremento de delitos urbanísticos a pesar de la relevancia pública que se está dando a las condenas. "La situación ha empeorado y sorprende que pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias, publicadas en muchas ocasiones en los medios de comunicación, continúen proliferando las pequeñas edificaciones en suelo rústico y, en ocasiones, en suelos de especial protección". El fiscal concluye que ante este fenómeno, el uso y eficacia de las facultades de disciplina urbanística de los Ayuntamientos es "ínfima", sobre todo en cuanto a la adopción de medidas cautelares.
* Diario de Sevilla - J. Muñoz - 19.06.09
Foto: La imagen muestra una parcelación ilegal, uno de los fenómenos que más trabajo generan a la Fiscalía de Medio Ambiente. - diariodesevilla.es
El juez del 'caso Guateque' centra la investigación en cuatro concejales
ELPAÍS/Madrid* : El caso Guateque salpica ya a parte de la cúpula del Ayuntamiento. Santiago Torres, el juez que investiga la mayor trama de corrupción descubierta en Madrid relacionada con la concesión de licencias a locales, fija su investigación ahora sobre 16 cargos de confianza municipales, incluidos cuatro concejales del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).
Se trata de Luis Asúa, edil responsable del distrito de Retiro; Luis Miguel Boto, de Chamartín; Dolores Navarro, responsable de Arganzuela, y Elena Sánchez, de Hortaleza. Tres de ellos estaban en otros distritos en el mandato anterior, periodo sobre el que pide información el titular del Juzgado de Instrucción 32 al Ayuntamiento de Madrid.
Los cargos que ostentaban entonces todos ellos (salvo Boto, los demás han cambiado de destino) están en una gigantesca base de datos en poder del magistrado: la de la Concejalía de Medio Ambiente, departamento del que partieron las irregularidades de este caso, iniciado hace dos años. En total, 10 ediles y nueve cargos de confianza, según esa documentación, ordenaron agilizar las licencias, a tenor de las anotaciones hechas en los expedientes por los funcionarios (véase gráfico en la página siguiente).
Torres pide información sobre quiénes, en determinadas fechas entre 2005 y 2007, ocupaban el puesto de concejal u otro alto cargo. Al menos tres de estas fechas, citadas en la providencia del juez, del 10 de junio, coinciden con las anotadas en los expedientes. Es el caso, por ejemplo, de Elena Sánchez, entonces edil de Ciudad Lineal, que pidió agilizar una licencia para una cafetería de Arturo Soria. Los funcionarios lo anotaron el 9 de enero de 2006: "Prioridad concejal de Ciudad Lineal".
Las coincidencias en las fechas siguen en el caso de las gestiones de Luis Asúa, entonces en el distrito de Centro, para dos locales en la calle de la Cruz y en la de Salitre, y las de Dolores Navarro (Tetuán) para un restaurante en Capitán Haya. Cuando el contenido de estos expedientes fueron publicados por EL PAÍS hace año y medio, los ediles alegaron que tramitaron su agilización por las quejas recibidas de los dueños de los locales por el atasco de las licencias.
El magistrado solicita también datos de quiénes eran en esas fechas (entre 2005 y 2007) los gerentes (la mano derecha de los concejales) y otros altos cargos de siete de los 21 distritos: Hortaleza, Chamartín, Latina, Retiro, Barajas, Carabanchel y Salamanca. Según la providencia del juez, el origen de esta petición es la declaración de una funcionaria imputada, Esther del Olmo Rodríguez, del Departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Dos de los principales cabecillas de la trama, Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro -ambos imputados-, eran los responsables.El testimonio de la imputada Del Olmo, según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "ha resultado crucial". Y eso significa, según la misma fuente, que el siguiente paso será llamar a declarar en calidad de testigos o imputados a algunos de estos cargos de confianza del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid,
"Yo he llamado muchas más veces de lo que aparece en la base de datos", aseguraba ayer uno de los altos cargos sobre quien reclama información el juez; "era todo un desastre y me interesaba por algunos expedientes. Es una cosa normal porque era un caos". Considera que la declaración de Del Olmo es una maniobra exculpatoria de los principales imputados en el caso Guateque, Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos, compañeros de Del Olmo.
Asimismo, el juez pide las declaraciones a Hacienda entre 2003 y 2006 del ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y ex concejal Alberto López-Viejo, destituido en febrero por estar implicado en el caso Correa de corrupción vinculada al PP. Su esposa, Teresa Gabarra, obtuvo para un restaurante suyo una licencia en un tiempo récord, 20 días, tal y como declararon dos inspectores municipales ante el juez. Un portavoz del TSJM señaló que esta reclamación obedecería a intentar conocer los bienes de la mujer de López-Viejo. El juez Torres ya se interesó por el patrimonio de López-Viejo el 27 de marzo. Reclamó las declaraciones del Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad y el de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos del Gobierno regional. El magistrado pedía también al Registro Civil el régimen económico del matrimonio.
Los investigados
- Luis Asúa, ex concejal de Centro.
- Dolores Navarro, ex concejal del distrito de Tetuán.
- Luis Miguel Boto, concejal de Chamartín.
- Sánchez Gallar, ex concejal de Ciudad Lineal.
- Jorge Rodrigo, ex gerente de la Junta de Hortaleza.
- Fernández Sánchez, ex gerente en Salamanca.
- Ángel R. Herraiz, gerente de la Junta de Chamartín en 2005.
- Sonsoles Medina, gerente de la Junta de Carabanchel en 2006
Los ediles en el foco de investigación
Luis Asúa Brunt, concejal de Retiro.
- Cuando era concejal de Centro pidió adelantar la licencia de un bar en la calle de la Cruz y de otro local en Salitre.
Luis Miguel Boto, concejal del distrito de Chamartín.
- Pidió adelantar la licencia de una bocadillería en el paseo de la Castellana. Sigue en el mismo puesto.
Elena Sánchez, concejal de Hortaleza.
- Desde su puesto anterior, como edil de Ciudad Lineal, pidió priorizar una licencia de una cafetería en Arturo Soria.
Dolores Navarro, concejal del distrito de Arganzuela.
- Cuando estaba en Tetuán pidió adelantar la licencia de un bar restaurante en la calle del Capitán Haya.
Con información de Beatriz Jiménez.
* ELPAIS.com - JORGE RODRIGO, EX GERENTE DE LA JUNTA DE HORTALEZA. - Madrid - 19/06/2009
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
