La OCDE culpa a los políticos de la crisis inmobiliaria

ELMUNDO* : La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que la "gestión deficiente" de los mercados de la vivienda jugó un "papel importante" en el desencadenamiento de la reciente crisis financiera mundial y ha alertado de que una política errónea en este campo podría ralentizar la recuperación económica. En un informe (en inglés) 'Vivienda y Economía: Política de Renovación', la OCDE defiende que reformas en la regulación del sector financiero, la fiscalidad, el uso del suelo, la normativa del mercado de alquiler y la vivienda social mejorarán el sector inmobiliario y afectarán a la economía en su conjunto, ya que se trata de un sector "clave para la estabilidad y el crecimiento". El secretario general de la OCDE, Angel Gurria, señaló que los países de la OCDE han visto el daño causado por unas políticas "mal diseñadas" a través de sus efectos en los mercados de vivienda. "En la medida que buscamos nuevas fuentes de crecimiento, queremos restaurar la confianza en nuestros sectores financieros e intentamos que nuestras economías sean más verdes, las políticas relacionadas con la vivienda pueden tener un gran impacto en nuestro futuro", añadió.

Por su parte la economista de la OCDE Aida Caldera afirmó que las políticas de ayuda al alquiler, "son importantes para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, promover la movilidad geográfica (en un contexto de desempleo) y dar salida al exceso de oferta de pisos construidos".

El mercado del alquiler es aún pequeño -en torno al 13% de la oferta total-, por lo que "convendría promoverlo más", concluye Caldera.

Crédito demasiado fácil

La OCDE destaca que la facilidad para conseguir un crédito durante las dos últimas décadas amplió la volatilidad de los precios de la vivienda, que han registrado subidas del más del 90% en Australia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, España y Reino Unido desde 1980 a 2008.

En su opinión, la desregulación y la innovación en los mercados hipotecarios, junto a unos marcos de supervisión inadecuados, contribuyeron a una "significativa relajación" en las normas del crédito, a un incremento de la morosidad y a la crisis de las hipotecas 'subprime'. Por ello, cree que futuras modificaciones en los mercados hipotecarios deberían estar relacionadas con una vigilancia regulatoria más estrecha y una regulación prudencial.
Mercados demasiado imaginativos

Asimismo, el informe también señala que las políticas de vivienda que han favorecido la propiedad frente al alquiler han reducido la movilidad tanto laboral como residencial. "Esto es particularmente cierto para hogares con hipotecas que entraron en posiciones negativas de capital debido a la crisis. Los bajos riesgos de movilidad socavan la recuperación en marcha del empleo", agrega el informe.

En su informe, la institución también propone incrementar la capacidad de respuesta de la nueva oferta de vivienda a la demanda del mercado. Cree que los países deben evaluar de nuevo los procedimientos de licencias que limitan el inicio de nuevas vivienda y reconsiderar la regulación del suelo. "Una oferta más receptiva puede limitar la volatilidad de precios, sus incrementos excesivos y animar la movilidad laboral".

Además, apuesta por eliminar las políticas fiscales que favorecen la vivienda sobre otras inversiones, ya reducen los costes del préstamo; animan las inversiones excesivas, la especulación y la volatilidad de precios y limitan la movilidad. En su opinión, los impuestos a la propiedad deberían reflejar mejor el valor del mercado.

Por último, la OCDE insiste en fomentar la movilidad laboral y defiende que unos costes de transacción más bajos permitirían moverse a familias con limitaciones financieras, así como un rediseño de la estricta regulación del alquiler.



* El Mundo - 20.01.11
Foto: especulacion viñeta


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El Síndic de Greuges recomienda a Ayuntamiento y Consell que trabajen para proteger el patrimonio cultural

EUROPAPRESS/Valencia* : El Síndic de Greuges ha recomendado al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat que trabajen para proteger el patrimonio cultural valenciano. Así, ha instado al consistorio y a la Conselleria de Cultura y Deporte para que "de forma coordinada y dentro de su respectivo ámbito competencial, sigan adoptando todas las medidas preventivas, sancionadoras y de rehabilitación que se estimen procedentes" con el fin de preservar dicho patrimonio. Esta recomendación se recoge en la respuesta, consultada por Europa Press, que el Defensor del Pueblo valenciano hace a la queja que una asociación le remitió sobre la rehabilitación de los inmuebles de interés histórico-artístico existentes en el barrio de Benicalap, en la ciudad de Valencia. Entre estos edificios se encuentran La Ceramo, la antigua fábrica de Bombas Gens, la Alquería del Moro, la Alquería de la Torre y el Casino del América.

El Síndic de Greuges valora, no obstante, la disposición mostrada por la administración local y la autonómica para trabajar en este sentido y espera que ésta "se pueda materializar en el futuro para seguir trabajando conjuntamente".

Así, explica que admitida a trámite esta queja, ambas administraciones le entregaron copia de las contestaciones enviadas en su día al autor de la reclamación con la información sobre las actuaciones que se estaban realizando y con el ofrecimiento de mantener reuniones para "seguir avanzando en la protección del patrimonio cultural valenciano".

La entidad que formuló la queja trasladó su reclamación al Síndic de Greuges después de haber solicitado al Ayuntamiento de Valencia y a la Conselleria de Cultura, en febrero de 2010, "la adopción de medidas de recuperación y rehabilitación de los inmuebles de interés cultural existentes en Benicalap" y después de no haber recibido "ninguna contestación hasta el momento".

La asociación destaca "la necesidad de adoptar medidas para evitar el estado de abandono y degradación de los inmuebles", así como la conveniencia de que sean "rehabilitados y destinados a equipamientos socio-culturales".

El Síndic de Greuges señala que el patrimonio cultural de la Comunitat "es una de las principales señas de identidad del pueblo valenciano y el testimonio de su contribución a la cultura universal". En este sentido afirma, como recoge su recomendación, que "los bienes que lo integran constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor".

Así, apunta que su "conservación y enriquecimiento corresponde a todos los valencianos y, especialmente, a las instituciones y los poderes públicos que lo representan, en este caso, a la Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat valenciana y al Ayuntamiento de Valencia", precisa.

El Síndic de Greuges agrega, en esta línea, que la Constitución española, en su artículo 46, indica que "todos los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de España y de los pueblos que la integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad".

Igualmente, explica que el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 12, desarrollado por la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano "dispone que la Generalitat velará por la protección y defensa de la identidad y los valores e intereses del pueblo valenciano y el respeto a la diversidad cultural de la Comunitat Valenciana y su patrimonio histórico".

COLABORACIÓN PRIVADA

Por otro lado, el Síndic de Greuges, como señala en esta recomendación, resalta que no se puede "obviar que en materia de protección del patrimonio cultural resulta fundamental la colaboración de las personas privadas que son propietarias de los inmuebles".

Así, sostiene que sin esa colaboración "la actuación de las administraciones públicas se ve gravemente entorpecida al tener que acudir a medios drásticos como la expropiación y la imposición de sanciones", además de "asumir íntegramente unos elevados costes de rehabilitación que deben ser satisfechos con cargo a los siempre limitados presupuestos públicos".



* Europa Press - 23.01.11
Foto: Valencia, Alquería de la Torre - Antonio Marín Segovia (flickr)

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Pozuelo.- La 'Gürtel' pagó 28.000 euros en viajes a Sepúlveda y Ana Mato

PÚBLICO/Madrid* : Un informe policial incorporado ayer al sumario Gürtel ha destapado que la red corrupta pagó 28.000 euros en viajes del hoy ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, de su mujer, sus hijos y otros familiares. Cuando se hicieron los pagos (2003-2004), la esposa de Sepúlveda era Ana Mato, actual vicesecretaria de organización del PP y número tres del partido. Para la policía, los viajes eran "pagos en especie" por los favores que a la red corrupta prestaba Sepúlveda, imputado en el caso desde febrero de 2009. Mato, ahora divorciada de Sepúlveda, siempre ha sostenido que desconocía los tratos que su ex marido pudiera mantener con la red que dirigía Francisco Correa. Pero los documentos contables y bancarios de la trama analizados para el informe constatan que, además del ex regidor, tanto Mato como sus hijos viajaron con cargo a la trama. La policía sospecha que incluso se desplazaron así una hermana de Mato y una sobrina.

En un par de viajes a nombre de Sepúlveda aparecen gastos por alquiler de vehículo. Y en ambos casos se arrendaron a nombre de la dirigente del PP, lo que podría indicar que la pareja iba junta. Entre diciembre de 2003 y septiembre de 2004, la trama contabilizó 13 viajes de la familia por 8.698 euros. Pero hubo más hasta alcanzar la cifra de 27.992 euros.
Hasta a la empleada de hogar

La trama conservaba un archivo informático en formato excel titulado así: "Extracto servicios sres. Sepúlveda/Mato". La frecuencia de los viajes era tal que uno de los albaranes localizados por la policía refleja un vuelo en diciembre de 2004 a Quito a nombre de una mujer de filiación, domicilio y DNI idénticos a los de la empleada de hogar del matrimonio. Costó 986 euros. Y también lo abonó el equipo de Correa, asegura la policía.

Entre los viajes regalados a la familia del ex alcalde por la red corrupta con fondos de su caja B la opaca a efectos fiscales, de ahí salían los sobornos figura uno realizado a Suiza por Mato y una de sus hijas el 30 de junio de 2004. Con destino a Ginebra y Montreux, los costes de transporte y alojamiento ascendieron a 2.497 euros.

Al informe policial, fechado el pasado día 19, la dirigente conservadora respondió ayer amenazando con acciones judiciales a quien "ponga en entredicho" su buen nombre. Según Mato, de ese viaje a Suiza ya dio explicaciones en la primavera de 2010, cuando el levantamiento del secreto de una parte del sumario dejó al descubierto algunas de las hojas en formato excel que componían los archivos de la caja B de la Gürtel.

En aquella ocasión, Mato aseguró que había pagado el viaje a Suiza (Ginebra y Montreux) de su bolsillo, aunque no aclaró si en metálico o mediante cheque o transferencia. Ayer, sus portavoces tampoco lo aclararon. Pero el cotejo de los documentos incautados con los movimientos de la cuenta bancaria de Pasadena la agencia de viajes de la trama indican que el dinero de ese viaje salió de la ya citada caja B.

Ese cotejo demuestra que el 12 de diciembre de 2003 la trama anotó en su contabilidad un pago de 20.000 euros junto al concepto "Ingreso BVVA Cta. Pasadena Viajes (Fra. Rocío Simbaña y Sr. Sepúlveda". El mismo día, la cuenta abierta por Pasadena en el BBVA registró un ingreso por la misma cantidad. Ese monto, y así lo explica la policía, equivale a la deuda acumulada por Sepúlveda a lo largo del año (18.111,90 euros) sumada a un importe menor que, supuestamente, destinó Correa a pagar algún viaje o servicio prestado por Rocío Simbaña, una de sus empleadas.

Al año, el 20 de diciembre de 2004, la trama volvió a cancelar la deuda viajera de Sepúlveda. Su contabilidad B lo reflejó así: "Ingreso BBVA, Canc. Fras. de Pasadena V. c/Cgo. Jesús Sepúlveda: 8.972 euros". Y, siguiendo la pauta, ese mismo 20 de diciembre hubo un ingreso en metálico en la cuenta de Pasadena en el BBVA. Su importe, 8.971,73 euros. Esa cancelación de facturas incluía, sostiene la policía, también la deuda del viaje a Suiza realizado por Ana Mato en junio de ese año. La trama también pagó otros 909 euros.

El informe policial incluye un cuadro elaborado a partir de documentos de la red y que cifra en más de 250.000 euros los cobros de Sepúlveda en metálico.



* Público - 24.01.11
Foto: Pozuelo (Madrid), ayuntamiento - elpais.com

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Costas paraliza una urbanización en primera línea de la Albufereta

INFORMACIÓN/Alicante* : El Servicio provincial de Costas ha ordenado al Ayuntamiento la inmediatas paralización de las obras de infraestructuras que se están llevando a cabo en el borde litoral de la Albufereta porque invaden el dominio público marítimo-terrestre y carecen de la preceptiva autorización, advirtiendo de sanción en caso contrario. Las obras citadas corresponden a las infraestructuras de la llamada Unidad de Actuación 19 (UA 19), una urbanización en primera línea del litoral en el que se preven cerca de 50 viviendas. La comunicación de Costas, el organismo del Ministerio de Medio Ambiente, se recoge en un requerimiento al Ayuntamiento, en el que se informa que el 21 de octubre pasado el personal vigilante del litoral adscrito al Servicios de Costas comprobó "la instalación de arquetas y conducciones de agua, así como apertura de zanjas" en la zona de la Albufereta delimitada por los hitos M-104 a M-110, "todo ello en zona de servidumbre de protección, tránsito y dominio público marítimo-terrestre".

El escrito añade que dichas obras carecen de la "concesión o autorización pertinente", por lo que Costas comunica al Ayuntamiento que "procedan a la inmediata paralización de dichas obras y soliciten la preceptiva autorización administrativa significándole que en caso contrario se procederá a incoar expediente sancionador".
Se da la circunstancia de que Costas notificó este requerimiento al Ayuntamiento el 4 de noviembre del pasado año pero el documento se remitió a la Concejalía de Atención Urbana, donde han tardado dos meses y medio para constatar que el asunto compete la Gerencia de Urbanismo, donde ha sido enviado estos días.
Las obras denunciadas corresponden a la urbanización de los terrenos de la UA 19, una actuación que el Ayuntamiento adjudicó a Promociones La Albufera en julio de 2004 y que ha sufrido numerosas paralizaciones y retrasos hasta que finalmente el pasado otoño la promotora inició los trabajos de urbanización de la parcela. La superficie total es de 9.500 metros cuadrados y ocupa la primera línea del litoral entre los edificios de Las Brisas, Nirvana y el Grillo.
El plazo para completar las obras de urbanización es de tres meses, por lo que deben estar casi acabadas. Acto seguido se deberán construir las viviendas, que suman 5.834 metros cuadrados lo que supondrá unas 50, que se distribuirán en dos bloques de edificación abierta, uno de ellos más próximo al mar.

Urbanismo precisa que es una obra privada
El delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Mendoza, tras informarse de este asunto, manifestó ayer que las obras que ha ordenado paralizar el Servicio Provincial de Costas no son responsabilidad municipal ya que las está efectuando una empresa privada en la Unidad de Actuación número 19
Alfonso Mendoza añadió, además, que los trabajos que invaden la zona de dominio público corresponden exclusivamente a un viario y no afectan, por tanto, al resto de la urbanización.
Sobre esta Unidad de Actuación número 19 hay que recordar que el Ayuntamiento abrió a la promotora un expediente sancionador en el año 2008 por las "reiteradas y excesivas demoras" en la tramitación e inicio de las obras, e incluso desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se barajó la posibilidad de anular la adjudicación y la condición de urbanizador a la promotora. La propuesta de sanción ascendió a 12.000 euros. La mercantil presentó un escrito de alegaciones y admitió retrasos pero de sólo 131 días, por lo que cuantificó el importe de la multa en 9.432 euros.



* Información - 22.01.11
Foto: Imagen de las obras denunciadas por Costas en primera línea de la Albufereta - información

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Se multiplican las sentencias urbanísticas en A Coruña

ELCORREOGALLEGO* : En los últimos meses sentencias de las más altas instancias judiciales están dando la razón a los que en el final del pasado siglo criticaban el caos urbanístico de A Coruña, producto de planes urbanísticos permisivos con la construcción. Casos renombrados como el del edificio Conde de Fenosa -pasó de oficinas a viviendas y aumentó en exceso su volumen-, el de Someso -de un campo de fútbol a un centro comercial- o el Parque Ofimático -de oficinas a un barrio residencial-, son actualidad, pero hay más que se van quedando en el olvido, pero que siguen latente. Y si vamos más atrás, nos encontramos con la paradoja que un edificio del barrio de Os Castros sigue en pie tras la primera sentencia firme que se dictó en 1979 por invadir el patio de luces del contiguo.

El perfecto diseño del ensanche de Barcelona de finales del siglo XIX fue el origen del urbanismo moderno en España. Muchas ciudades lo copiaron, pero no por ser un ejemplo, sino que se les obligó por ley a las capitales de provincia y ciudades de más de 20.000 habitantes a seguir las mismas pautas. Entre ellas A Coruña, lo hizo en 1.895 fuera de las murallas exteriores, donde hoy está la calle Juana de Vega, y las manzanas se edificaron en rectángulos o trapecios adaptadas al terreno.

Lo cuenta Xosé Lois Martínez Suárez, doctor en arquitectura, y profesor titular del departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña, de la que es además en la actualidad el vicerrector de Infraestructuras.

En su repaso a los planes urbanísticos de municipio de A Coruña, apunta que "otra gran experiencia del ensanche", además del que en forma de uve parte de Juana de Vega hacia la plaza de Vigo y hacia la plaza del Maestro Mateo, "fue la de la Ciudad Jardín, una auténtica barriada con un centenar de parcelas que se construyó en la década de 1920 por una sociedad de cooperativistas".

Tras la paralización de las iniciativas en la siguiente década, se retomaría la actividad con un plan fallido en 1945, sustituido por otro en 1948 -el primero que abarcó todo el municipio- que definió el desarrollo de la expansión de la urbe, aunque años después el Ministerio de la Vivienda, que tenía rango superior al Ayuntamiento, fue por libre y así creó el barrio de las Flores y el polígono de Elviña en sus dos fases.

"Con el de 1968 comienzan los problemas al conceder mayor altura en las construcciones", dice Martínez Suárez. En 1980 se intentó corregir ello, pero la llegada del PSdeG al poder municipal propició dos planes, en 1985 y 1998, que permitieron excesos que es muy posible que el Ayuntamiento tenga que pagarlos ahora, con indemnizaciones millonarias o, en otros casos compensando a los afectados con terrenos que tengan edificabilidad.

Otra opinión recabada es la de Mario López Rico, arquitecto y concejal de Rehabilitación del Ayuntamiento herculino, quien piensa que "es un poco excesivo hablar de caos", porque considera que A Coruña "sufrió como casi todas las ciudades una fuerte presión inmobiliaria especuladora en los años 60 e 70", producto del "desarrollismo franquista", y aporta una visión muy particular: "A Coruña además cuenta con una peculiar topografía y configuración en fondo de saco, que es un atractivo y al mismo tiempo una gran dificultad para la planificación en comparación con las otras grandes ciudades gallegas".

López Rico lamenta que el primer gobierno democrático del alcalde Domingos Merino encargó un PXOM para corregir los excesos anteriores pero "pasó lo que pasó, y lo primero que hizo Paco Vázquez fue meter en un cajón un magnífico proyecto del arquitecto Xosé González-Cebrián, y aprobar el de 1985 que primaba el incremento de densidad sin prever mecanismos para gestionar la obtención de dotaciones y espacios públicos".

Por eso, coincide con el profesor Martínez Suárez en que el Plan Busquets humanice la ciudad. No obstante advierte: "Esperemos que no sufra una amputación o una transformación indesable". "Hay cosas que no veo bien, algunos convenios urbanísticos que se deben retirar o revisar, pero globalmente este plan es un gran avance", precisa.

Densidad excesiva

El PXOM coruñés vigente desde 1998 hizo que la urbe herculina volviera a los excesos del desarrollismo de los años sesenta. Colapsó el centro y provocó una densidad excesiva al permitirse alturas que duplican el ancho de la calle. Prácticamente 300 viviendas, que suponen unos 1.000 habitantes, por hectárea, y todo ello sobre una estructura del siglo XIX. "Es un documento dramático", manifiesta Xosé Lois Martínez, quien recuerda que por este plan se descatalogaron edificios como el Matadero, el Asilo de Ancianos, o el que fuera la sede de Fenosa -el hoy llamado Conde de Fenosa, que una sentencia en firme del Tribunal Supremo obliga a demoler- y se provocaron disparates en barrios de pocas alturas como Atochas Monte Alto con calles estrechas que provocan congestión. "Por eso, con el comienzo del siglo, las personas jóvenes comenzaron a irse a los ayuntamientos de la periferia en busca de una forma de vivir más humanizada", indica el profesor.



* El Correo Gallego - 24.01.11
Foto: FALTA DE ARMONÍA Hay zonas de A Coruña, construidas a partir de los años sesenta, en las que parece que los edificios cayeron del cielo sin ningún tipo de orden - elcorreogallego

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Los tópicos sobre la rentabilidad del AVE

GINÉS DE RUS* : Los sucesivos gobiernos de España han invertido con entusiasmo en la construcción de líneas de alta velocidad ferroviaria, con fuerte apoyo de los medios de comunicación (la cobertura informativa ha sido tan espectacular y acrítica que me recuerda lo que Luis Garicano contaba aquí sobre el gasto en publicidad de las grandes empresas y sus consecuencias; y también, permítanme la frivolidad, esta pieza maestra), obviamente con el soporte de sus usuarios directos, que pagan un billete que escasamente cubre los costes variables y, sorprendentemente, con el respaldo agradecido del resto de la sociedad, que sigue creyendo que en esto de las infraestructuras, cuanto más grande y más caro, mejor. El asunto es serio, muy serio, porque es mucho el dinero público que se ha invertido, y se sigue invirtiendo, en un modo de transporte demasiado caro para lo que ofrece (véase la crónica de César Molinas aquí y un buen ejemplo sobre el concepto de coste de oportunidad aquí). Mientras el presidente del Gobierno se enorgullece de que pronto seremos el primer país del mundo en kilómetros de AVE; los británicos, que sí tienen problemas de capacidad en la red convencional, y demanda más que suficiente para este tipo de transporte de altos costes fijos, siguen haciendo números (y, por cierto, publicando sus resultados en la web del Ministerio de Transportes) antes de decidirse a invertir en la vías que unirían Londres con Manchester y con Escocia.

Los suecos, por su parte, siguen evaluando la rentabilidad social de la inversión antes de decidirse a construir la línea Estocolmo-Gotemburgo y en Estados Unidos todavía no han construido ni una sola línea, a pesar de tener corredores de tráfico (y renta per cápita) más apropiados para este tipo de tecnología que nosotros.

La rentabilidad económica de la alta velocidad (véase un análisis coste-beneficio general aquí) es muy sensible al volumen de demanda existente en el corredor donde se construye la línea, a su capacidad de desviar tráfico de otros medios de transporte con fuertes externalidades (no internalizadas), a la existencia de una disposición a pagar alta de sus usuarios, etcétera. Unas condiciones que no se dan en el caso español (como puede verse aquí para el Madrid-Sevilla y aquí para el Madrid-Barcelona). Sin embargo, el Gobierno y los promotores de estos proyectos han argumentado que el AVE crea empleo y actividad económica, favorece el desarrollo regional y la cohesión territorial y mejora el medioambiente.

Como el empleo lo crea cualquier otra actividad en la que se gasta el dinero, el AVE se parece más a un avión que a un tren convencional y la evidencia sobre el papel de la inversión en infraestructuras para reducir las desigualdades regionales es poco esperanzadora (un buen trabajo aquí). Veamos si, al menos, el AVE contribuye a que tengamos un medio ambiente mejor.

Impacto medioambiental

Para empezar, nadie discute que construir y explotar una línea de alta velocidad tiene en principio un impacto medioambiental negativo considerable, desde el suelo que ocupa, el efecto barrera que produce en el territorio y la contaminación acústica, visual y atmosférica. A continuación, nos olvidaremos de la ocupación de suelo, la segregación del territorio por donde pasa la vía y otros factores, para concentrarnos exclusivamente en el impacto sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Es en este tipo de contaminación en la que se suele centrar el debate sobre las virtudes ecológicas del AVE, que aunque también contamina, si consiguiera desviar tráfico de la carretera y el avión en cantidades suficientes, podría ocurrir que el saldo neto fuese positivo. Veamos esto con más detalle.

El AVE contamina durante el periodo de construcción. La producción de los materiales de construcción, su transporte, la utilización de camiones, grúas, bulldozers, tuneladoras, contamina tanto que es difícil que durante su vida útil, en la que sigue contaminando, consiga compensarlo mediante la reducción de emisiones en los modos a los que resta tráfico.

En un estudio reciente, Kageson calcula el ahorro para una línea de 500 km con supuestos muy favorables de volumen de demanda, ocupación y desviación de tráfico, sin incluir la contaminación durante la construcción, obteniendo un valor de 90.000 toneladas de reducción de emisiones al año, lo que resulta insignificante teniendo en cuenta que “la construcción de una línea de esta longitud puede suponer varios millones de toneladas de CO2”.

Otro estudio, es el de la consultora Booz Allen Hamilton para el Ministerio de Transportes del Reino Unido. El siguiente gráfico muestra (pinche el gráfico para ampliar), para un periodo de 60 años, lo que contamina cada modo de transporte si llevase todo el tráfico (es muy simplista porque la demanda es constante durante el periodo y tampoco se consideran mejoras tecnológicas que reducen la contaminación).

Los dos gráficos siguientes son mucho más interesantes. Los autores parten de la cuota de mercado actual del tren con respecto al total tren más avión y calculan la cuota que se correspondería con la emission parity. La paridad de contaminación se alcanza cuando la desviación de tráfico es tal que la contaminación con AVE sería igual a la que se estima si el AVE no se hubiese construido. Si se consigue desviar más tráfico hacia las líneas de alta velocidad que en el umbral de emisión paritaria, el AVE estaría contribuyendo positivamente a la reducción del calentamiento global.

Primer gráfico, línea Londres-Manchester. El tren tiene hoy un 54% de cuota de mercado. La línea naranja muestra que incluso con el 100% de cuota para el tren, el AVE contamina más que el avión.

En el siguiente gráfico tenemos una noticia buena y una mala. La buena, que la paridad de contaminación se alcanza con un 62% de cuota de mercado para el AVE. La mala, que teniendo en cuenta que la cuota actual del tren es del 14%, que los trenes británicos funcionan bien y que a mayor distancia el avión compite mejor, es más difícil pasar el umbral (el avión sigue conservando un 50% del tráfico en el Madrid-Barcelona).

Hay mil razones para desconfiar de estos estudios. Son demasiados los supuestos y muy elevada la incertidumbre en periodos de tiempo muy prolongados. Sin embargo, estos y otros estudios favorables a la alta velocidad en el Reino Unido apuntan a que el balance medioambiental es muy pobre o negativo.

En el caso de España, no parece que el debate sobre los efectos medioambientales del AVE deba ser nuestra mayor preocupación, dada la baja rentabilidad social de estos proyectos y el lamentable estado de la evaluación económica en el sector público. Dentro de las reformas estructurales hay que incluir el análisis coste-beneficio riguroso de los proyectos de inversión pública, y para ello el problema central no es metodológico sino de diseño institucional. El análisis coste-beneficio se ha degradado en España hasta convertirse en un requisito administrativo con un contenido inservible y en el que nadie cree, una barrera administrativa más para los que deciden sobre la construcción de obras de ingeniería civil. Sacar la evaluación económica de Fomento y pasarla a Economía y Hacienda ya sería un gran paso. Y además, barato.

Agradecemos la publicación de este artículo a Nada es Gratis.

* Ginés de Rus Mendoza es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.


* El Confidencial - Opinión - 15.01.11


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Anse pide que se retire un plan que prevé levantar en Puntas de Calnegre 7.700 viviendas

LAVERDAD/Murcia* : La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) ha remitido un escrito a la Comunidad advirtiendo de los efectos que tendría el desarrollo de un plan parcial alrededor del poblado de Puntas de Calnegre. El desarrollo urbanístico previsto, impulsado por Hansa Urbana, prevé la construcción de 7.700 viviendas y un campo de golf. El Plan Parcial ocuparía una superficie de casi 500 hectáreas, y se encontraba previsto en el Plan General de Lorca aprobado durante la alcaldía de Miguel Navarro (PSOE), al que Anse también presentó alegaciones. A juicio de la asociación, no cabe duda de que resulta obligatorio someter a evaluación ambiental y a evaluación de repercusiones el citado proyecto, ya que «existen efectos previsibles sobre la Red Natura 2000 y sobre el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope».

El Plan Parcial, han explicado desde Anse, afectará a hábitats de interés comunitario, especies de flora, a zonas con hábitat de calidad para la tortuga mora y a amplias extensiones de cultivos de regadío. Además, alertan de los efectos de la afluencia de una población de entre 20.000 y 30.000 personas sobre la playas y calas de este parque regional.
Desde Anse afirman, además, que éste no es el único proyecto urbanístico previsto en la planicie costera comprendida entre la Sierra de Las Moreras y el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope. «El Ayuntamiento ha declarado urbanos y urbanizables la casi totalidad de los terrenos de esta llanura costera, al igual que hizo con Marina de Cope».




* La Verdad - 21.01.11
Foto: Lorca, puntas de Calnegre - agm, laverdad.es

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