José S.Mujica.- Canarias7* : "La Justicia gana cada vez más terreno en el esclarecimiento de las operaciones inmobiliarias de Las Teresitas. El fallo del Supremo y las dos sentencias del Tribunal Superior (conocidas esta semana) se suman a la instrucción impulsada por la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez, cuya querella se está convirtiendo en un centro de referencia para entender la trama municipal y empresarial diseñada en torno al potencial urbanístico de la playa de San Andrés, al Norte de Santa Cruz de Tenerife. Los sendos pronuncimientos del TSJC no dejan lugar a dudas sobre la posible ilicitud del proceso y arrojan más luz sobre la mala fe que rodea al caso a la hora, sobre todo, de salvaguardar los intereses del erario público.
El alcalde santacrucero, Miguel Zerolo, imputado por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, no disimula el hundimiento emocional que sufre desde que Anticorrupción lidera las investigaciones.
La escalofriante historia de Las Teresitas agrupa todos los epígrafes para ser una novela de éxito en el género de la intriga policial: duración (en 1989 se aprobó la reparcelación de la playa); dinero (unos 150 millones de euros); peritajes (tasaciones muy por debajo de lo pagado por el Ayuntamiento); sociedades (empresarios y firmas de peso); entidades financieras (Cajacanarias); abogados de la junta de compensación; pequeños propietarios afectados por decisiones políticas; y, fundamentalmente, operadores públicos liderados por el alcalde Zerolo, la oposición socialista y popular y diversos técnicos municipales. Entre todos, la Justicia está sacudiendo una polvareda que, lejos de enredar la madeja, está recolectando unos frutos muy apetitosos para saber qué pasó entre los años 1998 y 2005 cuando el Ayuntamiento tinerfeño, Inversiones Las Teresitas, Cajacanarias y Mapfre Inmuebles movieron 148,5 millones de euros en las operaciones de compraventa del paraje natural.
En sendos fallos, la Sala del alto tribunal canario abunda en la connivencia del Ayuntamiento con la gerencia municipal de urbanismo, Inversiones Las Teresitas y la junta de compensación del polígono, una amalgama de intereses que precisaba de un cooperante eficaz (la entidad de ahorro) para completar la cuadratura del círculo.
Ese círculo denota que en su interior se abrigó un pelotazo en toda regla. La estela pone en evidencia a sus protagonistas. Ignacio González y Antonio Plasencia (propietarios de Inversiones Las Teresitas)compraron a la junta de compensación el frente y la trasera de la playa por 30 millones de euros, mediante un crédito concedido por Cajacanarias y calificado de alto riesgo por el Banco de España. En el consejo de la entidad se sentaba Miguel Zerolo, quien, por cierto, renunció al derecho de preferencia que le confería la Ley al Ayuntamiento para comprar unos terrenos de notoria utilidad pública.
Zerolo esperó tres años para comprar a Plasencia-González los mismos terrenos, pero con una diferencia sustancial: adquirió sólo el frente y, encima, pagó 22 millones más.
En 2005, González-Plasencia completaban la obra de ingeniería financiera con una nueva venta al grupo Mapfre (los solares de la trasera) por 96 millones;hoy Mapfre también trata de vender.
Los tribunales certifican ahora que el proceso ha de iniciarse de nuevo y que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó una fortuna por un suelo que ya era suyo. Para Miguel Zerolo y el resto de los imputados, el banquete judicial sólo acaba de empezar.
* Canarias 7 - 19 julio 2007
Foto: Las Teresitas (Tenerife) /canarias7.es
Las Teresitas: Señas de Identidad. El cerco judicial gana terreno
¿Entiendes o no?
JUAN BOLEA* : "Los pelos se nos han vuelto a poner como clavos o escarpias al leer la transacción de las conversaciones secretas (que dejaron de serlo gracias a un pinchazo policial) entre el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande y uno de los constructores con intereses económicos en dicho término municipal. En tales, y ahora públicas componendas, el político recordaba al empresario la necesidad de abonar de inmediato (a él, se supone) una compensación millonaria por haberle permitido edificar en un solar un número mayor de viviendas al estricta y legalmente permitido. "Te he llamado por el tema que ya hablamos la última vez", decía el concejal. "¿De qué?", preguntaba el constructor, como haciéndose el loco. "De la compensación que tienes que darle al Ayuntamiento". "¿Cuánto era?" "122.000 euros". "Y eso... ¿Tanto, de qué es?" "Pues de lo que hablamos en su día, del exceso de peso y del exceso de viviendas. ¿Entiendes o no?", remataba, sin piedad, conminatoriamente, a modo de ultimátum, el edil de Alhaurín.
Viene al caso este ejemplo para preguntarnos, una vez más, si este tipo de situaciones, de prevaricaciones, de corruptelas, es habitual o simplemente esporádico. Si, tal como sucede en otros países, en especial en los de habla hispana, el nuestro es un modelo de corrupción establecida, clínica, endémica, o, por el contrario, tan sólo saltan a la luz pública los pocos casos reales de corrupción que en la realidad han sido o son.
Ésta es la hamletiana duda: ¿cuántos de estos chorizos, de estos siniestros concejales de Urbanismo, hay repartidos por la piel de toro? Sabemos, desde luego, que hay unos cuantos en Marbella, en los municipios de la Costa del Sol, quizá en Valencia, tal vez en nuestras islas más turísticas, en Baleares o Canarias, pero... ¿quién nos asegura que tal especie no se ha extendido por la España interior, por los feudos de la honradez socialista, del honor de los populares, incluso de la ética de Izquierda Unida?
Antes, en los primeros tiempos de la transición, el origen de estos desórdenes morales y financieros parecía tener origen en el económico sostén de los partidos. Muchos creen, saben o presumen que la fontanería oscura de las grandes siglas pudo llevar liquidez a los grifos de la intendencia interna gracias al trasiego de maletines, pero tal justificación colectiva, si acaso lo era, no parece tener aplicación en Alhaurín el Grande; allí, como en tantos otros municipios, los políticos implicados en casos de corrupción podrían estar persiguiendo su lucro personal, al margen del partido al que representen.
A la Justicia, claro está, compete combatir este tipo de lacras, pero una amplia mayoría de ciudadanos coincidiría, me temo, en que las penas a los delitos llamados de pajarita o de guante blanco no son en absoluto ejemplarizantes; y en que sus actores salen del maco demasiado pronto, en muchos casos para reincidir.
¿Y no tienen,también, los partidos, una enorme responsabilidad para desprenderse de las manzanas podridas, y evitar que el cesto huela a degradación?
* Escritor y periodista
* El Periódico de Aragón - 19/07/2007
La 'Biblia' de la corrupción en Marbella
F.J.Pérez/J.Viúdez.- El País* : "El día de San Valentín de 2006, Juan Antonio Roca se sinceró por teléfono ante el empresario sevillano Manuel González Sánchez-Dalp: "La diferencia entre tú y yo es que todas tus propiedades están a tu nombre y las mías están cada una a nombre de su padre y de su madre". Roca ignoraba que su móvil estaba pinchado y que la frase acabaría figurando en la primera de las 230 páginas de un informe sobre las actividades de blanqueo de dinero relacionadas con él y que el Cuerpo Nacional de Policía remitió al juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, el 24 de marzo de 2006, cinco días antes de la primera fase de la operación, que acumula ya 102 detenciones.
El informe, verdadera Biblia para entender la red de corrupción marbellí, disecciona el complejo entramado empresarial tejido por Roca y sus testaferros para ocultar el dinero negro. Entre otras valoraciones, los agentes destacan la "inexistencia de negocios lícitos" del sumo muñidor del urbanismo en Marbella entre 1991 y 2006.
El último auto del juez, del 16 de julio, en el que incoa un procedimiento con sumario tras su larga investigación en la que se han reunido indicios de delitos tipificados con, al menos, nueve años de cárcel para los afectados, enumera un entramado de 18 sociedades. "No existen sociedades como tales con existencia real como personas jurídicas, sino tan sólo una mera apariencia que no es sino una estructura aparente de un único sujeto que se esconde tras las mismas a fin de que su inmenso patrimonio no pueda ser detectado e intervenido", sostiene el magistrado.
- El reparto de la trama. Protagonista clave en la red, según el juez, es Manuel Sánchez Zubizarreta, el abogado "encargado de constituir y gestionar todas las sociedades". Según la policía, actuaba como "agente formador de compañías al servicio de Roca para la ocultación, no sólo de su patrimonio, sino de aquellas operaciones con importantes promotores inmobiliarios en Marbella que no se quiere que sean del conocimiento público". Y dan los nombres de algunos de estos empresarios: José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Javier Arteche, Fidel San Román, Carlos Sánchez. El bufete pone a disposición de Roca "a los fines de la simulación subjetiva a los socios y a los propios trabajadores por cuenta ajena del despacho".
El juez nombra a Montserrat Corulla como la testaferro elegida para gestionar los negocios en Madrid como la conversión en hotel de los palacios de Saldaña, Tepa y Villagonzalo, "bajo los designios de Roca y Sánchez Zubizarreta".
Otro personaje en la escena es Óscar Benavente, "mano derecha de Roca" y que sirve para ocultar "algunas de sus más preciadas propiedades" como la ganadería Marqués de Velilla o la finca La Caridad, en Marbella. El tercer pilar es Salvador Gardoqui, "testaferro de Roca desde el inicio de sus actividades" y que le da "cobertura y asistencia" en la empresa Maras Asesores. Por el despacho de esta firma pasaban, según el juez "todos los promotores y empresarios que querían hacer algo en Marbella" y en su contabilidad "aparece la caja de cohechos y corrupción de Roca". Juan Germán Hoffman coordinaba el entramado societario de Roca fuera de España. Durante la investigación, se han intervenido cuentas de Roca en Suiza, Gibraltar, Liechtenstein, Singapur o Isla de Man.
- Incremento inusual de patrimonio. El juez atribuye a Roca un patrimonio superior a 120 millones de euros, reconocido por el propio imputado, que incluye fincas de "enorme extensión" en Jimena de la Frontera (Cádiz), Murcia y San Pedro Alcántara; hoteles como La Malvasía en El Rocío-Almonte (Huelva), tasado en 2,4 millones de euros, o los palacios de Villagonzalo, Tepa y de Saldaña, en Madrid, valorados en más de 50 millones de euros. En la relación se incluyen la ganadería de caballos, con 100 ejemplares de pura raza y de toros, las promociones urbanísticas Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf, en Los Alcázares (Murcia), un helipuerto y al menos un avión privado "de los mejores del mercado en su categoría" y una colección de obras de arte tasada en 30 millones de euros.
- Inexistencia de negocios lícitos. Los agentes de Blanqueo, que comenzaron sus investigaciones en noviembre de 2005, contaron en el informe que el "gran patrimonio de Roca" se debe a los "beneficios obtenidos por su vinculación al Ayuntamiento de Marbella como gerente de Urbanismo". En un epígrafe titulado "Inexistencia de negocios lícitos", la policía analiza el lujoso ritmo de vida de la familia Roca y lo compara con los bienes de que disponía el ex asesor del GIL antes de llegar a Marbella.
En los cuatro meses de intervenciones telefónicas, los agentes descubrieron que Roca y sus parientes "realizan continuos viajes de turismo". La esposa de Roca, María Rosa Jimeno, viajó tres días a París a visitar a amigos y hacer compras. Posteriormente realiza otro viaje a la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, con sus dos hijos, Antonio y María, también imputada en el caso Malaya.
El 26 de mayo de 1991, día en que el difunto Jesús Gil llegó a la alcaldía de Marbella por mayoría absoluta, Roca estaba cobrando el subsidio de paro. "Un año más tarde se vincula directamente con el Ayuntamiento de Marbella a través de [la sociedad municipal] Planeamiento de 2000. Se inicia entonces su espectacular acopio patrimonial e inexplicable auge económico", escriben los policías. Según el juez, Roca se hizo con "el poder absoluto" en Marbella, y convirtió a los concejales en sus "empleados y subordinados".
Roca sólo disponía al principio de un apartamento de 105 metros cuadrados en Cartagena, su ciudad natal. El último domicilio familiar es un piso de 535 metros cuadrados en el exclusivo edificio Poseidón de Marbella. Hasta 1997, los ingresos declarados por la familia Roca se limitaban al salario del ex asesor como empleado municipal. "No existen otras rentas legítimamente percibidas en la unidad familiar a través de otros empleadores o mediante el desarrollo de actividades empresariales ni profesionales", señala la policía.
- Gusto por el lujo. La renta familiar anual disponible declarada por la familia Roca oscilaba entre los 46.750 euros de 1997 y los 356.000 de 2003, tras la venta de un inmueble. La policía analiza parte del destino dado a este dinero y las cuentas no le cuadran: cacerías en Zimbabue, Kirguizistán y Suráfrica -donde abatir un elefante cuesta 25.000 euros-, 36.000 euros en caballos, escolarización de la hija en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid... Según la policía, "en modo alguno Roca y su entorno pueden justificar de forma racional y con origen lícito el enorme incremento patrimonial". La renta media declarada es "a todas luces irrisoria" y está a "años luz del patrimonio y las inversiones realizadas".
* ELPAIS.com - Marbella - 19/07/2007
Foto: Marbella /J.ROJAS - ELPAIS.com
La especulación urbanística y la precariedad amenazan la conservación del patrimonio industrial
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GranadaDigital* : "La conservación y preservación del patrimonio industrial, de las maquinarias y edificios técnicos y productivos del pasado, presenta en la actualidad múltiples problemas provocados, principalmente, por la precariedad en la que se encuentra dicho patrimonio, así como por otros factores, como el gran número de elementos a conservar; la continua transformación de los elementos; la falta de rentabilidad económica de las instalaciones; su privilegiada situación en la mayoría de los casos (lo que alienta la especulación inmobiliaria); la carencia o diversidad de criterios a la hora de plantear su conservación o derribo; y la falta de sensibilización hacia este valioso patrimonio, tanto por parte de las administraciones públicas, como de la propia sociedad en general.
Pero la destrucción del patrimonio industrial no sólo está ligada a su precariedad, a la especulación urbanística y al interés de la propiedad particular, sino también a la falta de concreción del papel que debe jugar ese patrimonio a la hora de diseñar y ordenar el territorio sobre el que se asienta. Por este motivo, los responsables del curso del Centro Mediterráneo Recuperación del Patrimonio Industrial y la Obra Pública, que se celebra a lo largo de esta semana en Almuñécar (Granada), consideran que es importante para la recuperación y el mantenimiento de ese patrimonio público una adecuada gestión basada en el eje patrimonio industrial - territorio - turismo - industria y nuevos usos.
El curso se celebra en coordinación con la Fundación Juanelo Turriano que, como parte activa de la comunidad científica nacional e internacional, se encarga de promover y coordinar el estudio histórico de la técnica y de la ciencia en sus diversas vertientes. Las sesiones proponen a los participantes un acercamiento a los diferentes métodos de intervención sobre el patrimonio histórico de las obras públicas, y su adecuación a las nuevas exigencias de uso, presentación al público y aprovechamiento cultural y turístico.
Patrimonio cultural en peligro
El patrimonio industrial y la obra pública se han convertido, desde hace algunas décadas, en una parte destacada del patrimonio cultural de los países debido a su capacidad para definir la singularidad del territorio, aunque recuperarla lleva implícito restaurar estas "obras de arte tecnológico"” y ponerlas en uso.
La provincia de A Coruña cuenta entre su patrimonio histórico con el antiguo faro Torre de Hércules, cuyo origen se sitúa en el siglo II, aunque algunos historiadores lo datan en el siglo IV. Éste es el único faro romano de la Antigüedad, con peculiaridades de estilo, que sigue en pie desde su creación y que, en la actualidad, funciona cumpliendo su objetivo original.
No corre la misma suerte otra de las muestras del patrimonio industrial histórico de nuestro país: los molinos de mar de Noja, en Cantabria. De estos ingenios, que utilizaban como fuerza motriz la salida del agua a través de unas esclusas abiertas en unas presas que se llenaban durante la pleamar, tan sólo sobreviven los restos de dos molinos de marea: el molino de Joyel, situado sobre la marisma homónima y propiedad del Consejo de Noja, que aparece documentado en 1597 y cuyos restos actuales datan de 1687, año en que concluyó su construcción conforme a las trazas de los maestros canteros Francisco de Cueto y Antonio de Venero; y el de la Victoria, que se alza sobre la ría de Helgueras, también propiedad del consejo y documentado desde 1629, fecha en que se considera concluido.
Otra obra de la ingeniería que también ha quedado atrapada en el tiempo es el Ingenio de Toledo, ideado por Juanelo Turriano para dotar de aguas a la ciudad imperial.
* Granada Digital - 16/07/2007
Foto: Noja (Cantabria), molino Joyel /elcorreodigital.com
