ELPAÍS/Andalucía* : 300.000 piezas arqueológicas, 31 yacimientos expoliados, 52 detenidos, 70 registros, 200 agentes movilizados... Finalmente, a la espera de la completa devolución de las piezas, las cifras gruesas han quedado difuminadas hasta casi borrarse por el archivo judicial. La operación Tertis era un golpe monumental contra el expolio en Andalucía.
Saltó en febrero de 2007, cuando, después de meses de investigación, la Guardia Civil anunció la detención de 52 personas a las que acusaba de haber expoliado y dañado 31 yacimientos arqueológicos de Sevilla, Badajoz, Málaga, Cádiz, Huelva y Jaén. Se realizaron casi 70 registros y se incautaron cerca de 300.000 piezas. Una parte importante eran monedas, pero también había otros objetos de origen fenicio, íbero, romano, visigodo y árabe. "Había sacos con trozos de cerámicas y cada trozo se contó como una pieza, no eran completas", sostiene Miguel Gómez de la Rosa, abogado de 26 de los 52 acusados y especialista en este tipo de casos.
Dos años y medio después, la operación se ha quedado en nada en primera instancia. Los 52 detenidos han sido absueltos y una parte de las piezas, alrededor de un 30%, les han sido devueltas. La Junta de Andalucía guerrea ahora para que el resto, que está depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla, pase a ser propiedad pública. El juzgado de primera instancia 2 de Marchena ya ha rechazado esta posibilidad. A la Consejería de Cultura le queda el recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial.
El artículo 44 de la Ley de Patrimonio establece que son "bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar". Es el descubridor de los restos el que debe comunicárselo a la Administración. El problema en este caso, tal y como señala el juez de Marchena en sus autos, es que "no ha resultado acreditado" que las piezas fueran descubiertas con posterioridad a la entrada en vigor de la norma ni que procedan de un yacimiento concreto. Por eso, el juez ordena la devolución de las piezas.
En Andalucía existen 13.000 yacimientos arqueológicos documentados. El Defensor del Pueblo Andaluz lleva años alertando del expolio que sufren. En 2007 solicitó que se acotara la venta, tenencia y uso de detectores de metales. La Ley de Patrimonio de Andalucía restringe el uso de este tipo de aparatos. Pero no ha frenado los ataques a los yacimientos. Algunos de los detenidos en la operación Tertis pertenecían a la asociación de detectores de metales Corduba-Al Andalus.
Esta operación arrancó en octubre de 2006. La Guardia Civil reclamó al juzgado de Marchena que abriese una investigación sobre un presunto expolio llevado a cabo en el yacimiento de Montemelín, ubicado en esta localidad sevillana. Se intervinieron los telefonos de los supuestos expoliadores. La Guardia Civil dijo haber descubierto a más implicados y los ataques a los yacimientos no sólo eran en Marchena. Los agentes identificaron tres tipos de implicados: los expoliadores, los intermediarios y los coleccionistas: 52 personas en total. Que, tras las pesquisas, han quedado en libertad al haberse archivado la causa. Pero, ¿qué ha fallado en esta operación?
"Es escandaloso que se les devuelva las piezas a los expoliadores porque está acreditado que son patrimonio histórico. Pero las investigaciones deben ser más prudentes y en este caso se fue demasiado ambicioso. Las escuchas son útiles pero insuficientes", explican fuentes del caso. El juez aclara que la investigación fracasó al determinar cuándo y de que modo se obtuvieron las piezas, lo que motivó la absolución de los implicados. "No han podido determinar una relación de causalidad entre piezas concretas y su modo de obtención", detalla el magistrado Juan José Toscano en un auto.
A pesar de que las escuchas se prolongaron durante meses, las conversaciones no desvelaban las conexiones entre los acusados de 17 ciudades distintas y los yacimientos, y menos aún en qué fecha concreta se expoliaron. La absolución ha supuesto un duro golpe en la moral del Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil.
La operación Tertis ha sido el altavoz de un problema de fondo que comparten las investigaciones de delitos contra el patrimonio. Los expertos coinciden en que la legislación es insuficiente. Los delitos prescriben tras sólo tres años y la diferenciación entre delito o falta estriba en que su valor supere los 400 euros, cuando una joya de museo tiene un valor incalculable. Además, la apropiación clandestina de los restos arqueológicos hace muy difícil su persecución.
Este cóctel impide que las operaciones policiales fructifiquen. "Los piteros [aquellos que usan detectores] responden siempre que compraron las piezas en un mercadillo, que son de una herencia o, en último caso, saben que prescriben muy pronto. A veces es casi imposible acreditar el delito", ilustran fuentes policiales.
Las redes que expolian no siempre son inofensivos aficionados a la numismática con detectores de metales. Las escuchas de la operación Dioniso desvelaron que los comerciantes detenidos, que vendieron dos esculturas de una Venus y una cabeza de diosa en 100.000 euros, habían roto una escultura para vender sus piezas por separado.
+ ELPAIS.com - M. PLANELLES / J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 08/11/2009
Foto: Algunas de las piezas mostradas por la Guardia Civil en 2007.- PÉREZ CABO, elpais.com
Infructuosa lucha contra el expolio
Montaña Rayada: crónica de otro pelotazo
LAPROVINCIA/Fuerteventura* : Los vaivenes en la ordenación territorial de la dictadura a la democracia, un marco jurídico favorable a las promotoras, los errores del principal órgano de control del Gobierno canario y las técnicas especulativas de unos empresarios han desencadenado uno de los casos más increíbles de la historia reciente de las Islas...
gracias a una decisión judicial, una promotora va a cobrar 33 millones de euros (es decir, 5.498 millones de las antiguas pesetas) a cuenta de las arcas públicas por algo que le costó 55.534 euros (9.252.000 pesetas). Lo va a hacer, y va a ver así multiplicado por 6.000 el valor inicial de los terrenos adquiridos, sin haber presentado un solo proyecto, sin haber movido una sola piedra.
¿Qué es Montaña Rayada? ¿Cuándo empezó todo? ¿Por qué semejante pago sin que la promotora moviera un grano de arena? Montaña Rayada es la sociedad que compró, entre finales de los 60 y principios de los 70, 2.313.000 metros cuadrados en un paraje del que tomó la denominación. Se sitúa al sur del hotel Los Gorriones, lindando con la Playa de Sotavento, en Jandía: dunas y montículos de gran valor medioambiental que se mantenían vírgenes. Montaña Rayada SA paga en ese momento cuatro pesetas por metro cuadrado porque los terrenos eran rústicos y no se podía construir. Se trataba de la típica maniobra cazapelotazos.
La parcela de Jandía encajaba perfectamente en la filosofía desarrollista del franquismo. Así, la Comisión Provincial de Urbanismo aprueba en octubre de 1974 el Plan Especial de Ordenación Turística (PEOT) de Montaña Rayada, que la sociedad había elevado dos años antes. El PEOT conlleva que el suelo pasa a urbanizable, con lo que la promotora cumple con su propósito. Sin embargo, Montaña Rayada SA no eleva ningún proyecto en los siguientes tres años, con lo que no hace valer sus derechos. Por eso, el Ayuntamiento de Pájara rebaja en 1977 la calificación a "suelo urbanizable no programado" en el Plan General de Ordenación (PGO), un paso que limita su maniobrabilidad de la empresa.
Lo peor estaba por llegar. En diciembre de 1993, el Ayuntamiento de Pájara aprueba provisionalmente el PGO, teniendo que adaptarlo a la Ley de Espacios Naturales de 1987, que incluye Montaña Rayada en el Parque Natural de Jandía. El nuevo marco municipal, así como el Plan de Ordenación de Fuerteventura aprobado inicialmente en 1999 y ratificado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac), cambian otra vez la calificación: de "suelo urbanizable no programado" pasa a "Zona A-Suelo Rústico Especialmente Protegido".
La sociedad Montaña Rayada pierde toda opción de urbanizar los dos millones de metros cuadrados. Primero pide por vía judicial que la parcela recupere su antigua calificación, pero ya es imposible. Le queda el derecho a reivindicar una indemnización. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias accede y evalúa en 29.352.289 euros, más intereses, la compensación.
* La Provincia - DANIEL MILLET - 8-11-09
FoTo: Imagen del paraje de Montaña Rayada, en Jandía, donde la empresa del mismo nombre compró en los 70. LP / DLP
Córdoba: Expertos piden más implicación social en los proyectos del casco histórico
DIARIOCÓRDOBA* : Expertos en arquitectura y urbanismo han solicitado una mayor implicación social en las intervenciones arquitectónicas que se realicen en el conjunto histórico. Consideran que los proyectos emblemáticos deben ser "transparentes", es decir, tienen que contar con la participación ciudadana.
Esa fue una de las conclusiones que sacaron el medio centenar de expertos que se han reunido durante dos días en Córdoba para perfilar las normas que deberán regir las actuaciones que se realicen en las trece ciudades con conjuntos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, tal y como exige la Unesco. Las propuestas que han salido de este encuentro se irán puliendo de aquí al 12 de diciembre, momento en el que se reunirá en Cáceres la asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad para consensuar esa guía.
La principal filosofía de estas jornadas, que pretenden integrar la arquitectura contemporánea en los cascos históricos con la idea de evitar polémicas, es que no existe un momento más histórico que otro y que la realidad es la suma de distintas épocas y el reflejo de la sociedad. Por ello, los participantes piensan que las ordenanzas de los planes especiales de protección no deben obligar a reproducir un determinado momento como si fuera el único posible. Tal y como explicó en la clausura de las jornadas el presidente de Urbanismo, Francisco Tejada, "son ciudades vivas en las que hay que seguir interactuando".
El responsable de la oficina del casco histórico, Pedro Caro, resumió las propuestas en las que coinciden todas las ciudades participantes. Entre ellas, que hay que tener en cuenta la aparición de fenómenos como el botellón o la inmigración en la adaptación de los espacios públicos. Además, hay que incluir las nuevas tecnologías como el wifi, las medidas de ahorro energético, desterrar del paisaje urbano las redes de suministro y reducir al mínimo el tráfico, eso sí, favoreciendo la accesibilidad al centro.
Los participantes piensan que los planes especiales deben distinguir entre las edificaciones privadas --viviendas--, que deben dar respuesta a las nuevas demandas sociales, y los edificios monumentales. Además, consideran que tanto estos planes, como los generales de ordenación --que deben incluir análisis paisajísticos y no solo planos--, se redacten de manera coordinada "teniendo en cuenta que la ciudad es continua y única". Los asistentes reclaman un plan director que vea de forma global los espacios públicos, ya que piensan que también se les debe exigir criterios de calidad como a la edificación. Piden, además, que las administraciones se coordinen. Al turismo le dedican especial atención como "actividad económica que debe convivir de forma equilibrada con los residentes". Por último, exigen a los ayuntamientos que creen equipos multidisciplinares.
* Diario Córdoba - 08/11/2009 ISABEL LEÑA
Foto: Mezquita Córdoba - tripadvisor.com
La Cañada Real Galiana entre un problema social y una nueva oportunidad especulativa
KAOSENLARED/Madrid* : Intereses cruzados en la Cañada Real. ¿Es la Cañada Real Galiana un problema social que requiere soluciones inmediatas o se trata de una oportunidad de negocio? Por definición es un camino que no se puede vender ni ocupar, en el que hoy viven cerca de 40.000 personas. Hay bolsas de pobreza, pero también negocios, restaurantes, naves industriales y chalés. El proyecto de la Comunidad de Madrid, que no ha especificado el coste de la operación de desafectación, que permitirá la venta de este suelo público, es respaldado por vecinos de la Cañada y los ayuntamientos, aunque desde Ecologistas en Acción denuncian que esta recalificación no solucionará los problemas sociales.
Riccardo Valletti. Madrid
Jueves 5 de noviembre de 2009. Número 112
Casi no quedan campesinos de aquellos que llegaron en los ‘60 a la Cañada Real Galiana. Ahora en el tramo que transcurre en torno a los municipios de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada viven entre 30.000 y 40.000 personas, lo que lo convierte en el asentamiento ilegal más grande de la Unión Europea. Todo este flujo de gente, que aparentemente ha pasado desapercibida por las autoridades a lo largo de las últimas cuatro décadas, es ahora el objeto de la gran pregunta: ¿Y ahora, qué hacemos con ellos? En julio, la Comunidad de Madrid presentó un anteproyecto de ley, que es ahora proyecto de ley después de su aprobación el 24 de septiembre, en el que se establece la desafectación del suelo de un tramo de 14,2 km de la Cañada Real Galiana con el argumento de que no es “adecuado al tránsito ganadero”. Hasta el momento, el proyecto ha encontrado el beneplácito de PSOE, IU y del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, formado por sindicatos y patronal. El proyecto de ley ha sido aprobado en su planteamiento general, y sólo se han levantado 22 enmiendas parciales. Previsiblemente, a finales de noviembre, la ley será aprobada y entonces comenzará una carrera a contrarreloj de 24 meses para la actuación de los Ayuntamientos sobre los tramos de su competencia. El proyecto de ley plantea que los terrenos se pongan en manos de los tres Ayuntamientos interesados, para que busquen una solución. De esta manera, según diversas fuentes, la Comunidad de Madrid está intentando “lavarse las manos” en los problemas que supondrá recalificar estos tramos de Cañada.
LAS GRÚAS LLAMAN A LA PUERTA. El ensanche de Vallecas ya se encuentra sólo a unos pocos metros del comienzo del tramo madrileño de la Cañada. David Fernández
Distintas posturas
Los vecinos de la Cañada, que desde hace más de diez años se han organizado en cuatro asociaciones, y que han mandado estudios autofinanciados a arquitectos y biólogos para conseguir bases documentales de apoyo a su legalización, consideran el proyecto un acuerdo histórico y agradecen “la valentía demostrada por Esperanza Aguirre y su consejera de Medio Ambiente [Ana Isabel Mariño]”. En una nota de prensa del 4 de octubre exigen que una representación vecinal de las cuatro asociaciones “tenga también voz y voto en la propuesta y decisión final”; califican la desafectación como el inicio de una solución y señalan que los habitantes de la Cañada quieren ser ciudadanos de Madrid con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano: “No queremos que se nos regale nada, y de la misma forma que hemos invertido ilusiones y mucho dinero en levantar nuestras casas, estamos dispuestos a adquirir estos terrenos”. Uno de los aspectos claves de todo este tema es la disparidad de los afectados. Históricamente los asentamientos han crecido de norte a sur. En Coslada, las viviendas no se distinguen del resto del entramado de calles del municipio: tienen asfalto, iluminación pública y los vecinos llevan años pagando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Se han establecido comercios, restaurantes y naves industriales, y el Ayuntamiento ha declarado que es un despropósito que todo se derribe para dejar espacio a un parque, algo que ha sido aplaudido por las asociaciones de vecinos de la Cañada Real. A medida que se llega al sur, las condiciones empeoran, sobre todo por lo que se refiere al estado de urbanización de la calle. Rivas no ha proporcionado iluminación, ni asfalto, ni servicio de correos; pero las viviendas, en su mayoría, son dignas y la población es trabajadora, con una mayoría de sin papeles y migrantes del Magreb, Rumanía o Bulgaria. Es en el sector 6 donde el paisaje cambia radicalmente. Hay chabolas, basura junto a un camino de barro, fuegos encendidos en barriles de hierro y evidentes problemas sociales; allí se ha establecido el tráfico de droga y se vive en condiciones sanitarias e higiénicas al borde de la supervivencia. El sector 6 de la vía pecuaria está junto al vertedero y la incineradora de Valdemingómez, una zona que el Ayuntamiento no duda que recalificará como “no apta para uso residencial”. Los Ayuntamientos de Rivas y Madrid han anunciado su intención de derribar los tramos que les corresponden para construir un ‘corredor verde’, que prevé la creación de un parque urbano y que comportará el derribo de toda vivienda a lo largo de tres cuartos del tramo afectado por la ley. Esta postura es rechazada por distintos motivos tanto por las asociaciones de vecinos, que consideran responsables a ambos Ayuntamientos de la situación generada a lo largo de cuatro décadas en este espacio, como por Ecologistas en Acción, que alega que para devolver a esta vía pecuaria a su uso original no es necesario desafectar el dominio público, sino desalojar a los ocupantes con los medios legales a disposición de la Comunidad y recurrir al Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) para el realojo e integración de la población que lo precise. Para esta organización la reclasificación de este tramo de la Cañada “podría esconder una importante operación urbanística, favorecida por el oscurantismo que la Ley introduce al eliminar todo tipo de control público y social sobre el proceso”.
¿Quién puede comprar su casa?
Económicamente tampoco hay certezas, lo que ha causado enfrentamientos entre los Ayuntamientos y la Comunidad a cuenta de quién costeará los gastos de eventuales realojos de la población. Pero no se trata sólo de los realojos, Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto de ley no especifica cuánto costará la adecuación y el mantenimiento de la “ciudad lineal” de la Cañada Real ni quién cubrirá servicios como el abastecimiento de agua, el desagüe de aguas residuales, la adecuación de las carreteras, la recogida de basuras o el servicio de correos. Para esta organización, la desafectación de este tramo ha creado nuevas expectativas inmobiliarias que crearán tensiones entre los habitantes con más medios y el resto, “muy posiblemente la población más marginal acabe expulsada del tramo afectado por la ley y se asiente en otras zonas de la Cañada Real Galiana, actualmente no ocupadas, esperando tal vez, que en un futuro próximo ellos corran la misma suerte que sus vecinos”. Las asociaciones de vecinos recuerdan que muchos de los que viven en este tramo pagaron en su día por la compra de sus parcelas a los antiguos ocupantes. Estas transacciones, ilegales, se han llevado a cabo mediante contratos de cesión que nada tienen que ver con una compra efectiva. Según las investigaciones de este periódico, el precio para tales cesiones ha llegado este año a cien euros por metro cuadrado. José Fariña, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Madrid, descarta que los Ayuntamientos de Madrid y Rivas dejen las parcelas en manos de quien las ocupa actualmente y añade que, “en caso de que se decidan a urbanizar las parcelas ocupadas, tan sólo un 10% de los vecinos podrá permitirse rescatar la tierra, ya que ahora tiene un precio de mercado muy alto”. El motivo es que los Ayuntamientos se encuentran “presionados por evidentes intereses económicos”, explica Fariña a DIAGONAL. “Hasta hace unos años era una zona rural de escaso interés, pero con el crecimiento de la ciudad, del PAU de Vallecas y de las urbanizaciones de Rivas Vaciamadrid, ha cobrado una importancia estratégica de cara a futuras expansiones”.
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107 HECTÁREAS MUY GOLOSAS
Con la ley, 107 hectáreas pasarán a depender de la Comunidad. La intención de su presidenta es dar potestad a los Ayuntamientos. “Que quieren hacer zonas verdes y echar a todo el mundo, pues lo harán, no vamos a decir que no”, ha explicado Esperanza Aguirre. Los consistorios por su parte critican que pasados dos años se podrá vender el suelo ocupado aunque no se haya solucionado el tema de los realojos.
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MARCO LEGAL
Los bienes de dominio público son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, explica José Fariña. Esto quiere decir que no se pueden ocupar, ni vender, ni regalar, ni están sujetos a las normas de usucapión (prescripción de los derechos de propiedad de los bienes pasados 30 años de uso ajeno). Son bienes del Estado, que están en manos de las Comunidades Autónomas para su mantenimiento y gestión. Por este motivo, el procedimiento de desafectación de la Cañada Real Galiana transformará los bienes de dominio público en bienes patrimoniales de forma que la Comunidad Autónoma podrá disponer de ellos para venderlos si así lo desea.
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RESIDUOS TÓXICOS
La Guardia Civil ha informado de la presencia de 4.500 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos en la Cañada, que los ocupantes de algunas parcelas habrían aceptado a cambio de compensaciones económicas por parte de empresas y fábricas.
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UNA HISTORIA DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE SUELO
Nunca se ha deslindado el trazado de la Cañada en esta zona del sureste de Madrid. Algunas fuentes señalan que urbanizaciones legales como Covibar, en Rivas Vaciamadrid, han ocupado hasta 17.000 m2 de suelo de la Cañada. Durante el Franquismo varias órdenes ministeriales permitieron reducir en varios tramos los 75,2 metros de anchura hasta 14, sin embargo nunca se usó el término ‘desafectación’.
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POSTURAS DISTINTAS RESPECTO AL USO
La ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid eludió tratar el tema de los asentamientos e instaba a proteger la biodiversidad, la flora y la fauna. La desafectación, en palabras de Esperanza Aguirre, pretende “acabar con la hipocresía del uso ganadero y reconocer que allí no lo hay desde hace más de 50 años”.
* Kaos en la Red - Diagonal - 5.11.09
