,+playa++-+mma.es.jpg)
ELPAÍS* : El juez Baltasar Garzón ha imputado al constructor José Luis Ulibarri, que aparece en múltiples conversaciones grabadas donde el cabecilla de la supuesta red corrupta, Francisco Correa, le cita para hablar de grandes pelotazos urbanísticos cuyos beneficios se iban a repartir a medias.
Correa llega a comentar que en la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte a una empresa de Ulibarri se ganó una comisión. "Le he vendido mi barco a Ulibarri. En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarle. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla", señala.
También habla de Ulibarri para comprar unos terrenos en un municipio alicantino y lograr unas plusvalías de "12.000 kilos". El proyecto no cuajó.
En la denuncia sobre la red corrupta también aparece un supuesto pelotazo en Xilxes (Castellón) que sí parece haberse consolidado. La empresa UFC, propiedad de Ulibarri, forma parte del accionariado de Xilxes Golf Resort. La sociedad presentó un programa para construir, sobre 1,7 millones de metros cuadrados, un campo de golf y 6.500 viviendas. El suelo afectado era, en su totalidad, rústico pero fue recalificado como urbanizable, al margen de las áreas reservadas como zona verde y suelo terciario.
El Plan de Actuación Integrada (PAI) pasó la tramitación y obtuvo el informe positivo sobre la declaración de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. En mayo pasado, la Comisión de Urbanismo, que es la que ha de dar el último aprobado a los proyectos y que depende del Gobierno de Francisco Camps, dio el visto bueno a la actuación aunque requirieron al Ayuntamiento para que realizara unas correcciones sobre la necesaria reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial y modificaran un aspecto de los accesos.
Aunque entonces fuentes del departamento calificaron las modificaciones de "no muy importantes", ayer se afanaron en señalar que el proyecto no tiene la aprobación definitiva, ya que ha de volver a pasar por la Comisión de Urbanismo. En cualquier caso, el aprobado, con condiciones, de la comisión se realizó pese a la existencia de un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que señaló que no estaban garantizados los recursos hídricos para este desarrollo. Como en otras ocasiones, la Generalitat Valenciana consideró que los informes de la CHJ no son vinculantes.
El informe favorable a este PAI se incluyó en la primera tanda de resoluciones positivas que adoptó el Gobierno valenciano en 2008, después de que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, constructores y empresarios del golf, entre otros, arremetieran contra el Ejecutivo valenciano por los supuestos retrasos en la aprobación de programas urbanísticos.
La sociedad que inicialmente, en 2004, presentó el proyecto estaba formada por promotores de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en 2006 comenzó a moverse el accionariado ya que algunos de los socios de Xilxes Golf Resort optaron por adquirir otra sociedad, Costa Malvarrosa, que había presentado una propuesta colindante a la primera, de 1,2 millones de metros cuadrados, otras 4.500 viviendas y un campo de golf.
El visto bueno de la Generalitat Valenciana, en mayo de 2008, se realizó de manera conjunta. Fue poco después cuando parte de los promotores se salió de Xilxes Golf Resort y entró UFC. La relación entre ambas sociedades llegó a través de Andrés Selma, un empresario inmobiliario que participa en grupos de comunicación con José Luis Ulibarri, presidente de UFC. Ambos, Ulibarri y Selma, son socios mayoritarios de Mediamed, firma concesionaria de 13 licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Valenciana.
* ELPAIS.com - M. FABRA / F. MERCADO - Castellón / Madrid - 11/02/2009
Foto: Xilxes (Castellón), playa - mma.es
Garzón investiga los vínculos de la red con un 'pelotazo' en Castellón
Juzgan a un ex alcalde y a cinco ex concejales populares de Bueu por un presunto delito de prevaricación
+-+farodevigo.es.jpg)
LAVOZ/Pontevedra* : Los criterios de la comisión de gobierno de la época en que el popular Tomás Barreiro fue alcalde de Bueu (1999/2002) centraron ayer una vista en Pontevedra por presunta prevaricación en asuntos urbanísticos.
La fiscala pide diez años de inhabilitación para el ex regidor y cinco ex ediles, y el pago las costas, a las que la acusación particular añade el abono de una multa por las cantidades que el Concello dejó de percibir en los expedientes bajo sospecha. El defensor solicitó la absolución.
Se enjuiciaron siete resoluciones sobre expedientes variados: un gallinero, varios muros, garajes y áticos. La denuncia la presentaron la ex edila socialista Aurora Cerviño y otro vecino.
La fiscala y la acusación particular aseguran que la comisión rebajó las sanciones por debajo del límite mínimo marcado por ley para las infracciones urbanísticas graves. Añaden que los informes técnicos señalaban que las obras no eran legalizables, que el secretario lo advirtió y por lo tanto no se las podía atenuar tratándolas de leves. En las resoluciones, se dejó la calificación de grave en casi todos los casos, aunque se les aplicó una sanción menor al margen fijado para infracciones graves.
Los ex miembros de la comisión apelaron a razones sociales, técnicas y la costumbre para justificar sus acciones, lo que no convenció a la fiscala, que las tachó de arbitrarias. La defensa negó la discrecionalidad y resaltó que ni Xunta ni Subdelegación del Gobierno reprocharon ilegalidad alguna cuando revisaron los acuerdos de la comisión.
* La Voz de Galicia - M.G. - 11.02.09
Foto: Bueu (Pontevedra) - farodevigo.es
"Ahí llevas, cuéntalo Juanico"
+-+andaluciarustica.com.jpg)
ELPAÍS/Almería* : El próximo lunes el ex alcalde socialista de Ohanes, Juan Francisco Sierra, declarará como imputado por un presunto delito de cohecho y coacción tras la denuncia presentada por un promotor y constructor que asegura haber pagado al que fuera primer edil de la citada localidad almeriense para obtener determinados permisos urbanísticos.
Un vídeo supuestamente grabado en 2005 en casa del promotor y que la Fiscalía de Almería tiene en su poder desde el pasado 5 de diciembre aporta pruebas de este hecho. En concreto, según consta a la Fiscalía, Sierra -que dimitió el pasado 12 de enero argumentando motivos de salud- habría pedido al promotor inmobiliario el pago de contraprestaciones económicas para la concesión de licencias de primera ocupación para 25 viviendas construidas en el término municipal. Esta conducta, prolongada en el tiempo según el denunciante, habría ido acompañada de obligaciones que se habrían impuesto al denunciante para conseguir los citados permisos.
La Fiscalía remitió a mediados del pasado mes de diciembre al Decanato de los juzgados de Almería una denuncia contra el ex alcalde de Ohanes, en la que solicita la práctica de diligencias, entre ellas la toma de declaración en calidad de imputado, por los presuntos delitos de cohecho continuado y coacciones a un promotor inmobiliario.
En la grabación, dada a conocer ayer por el PP Andaluz desde Málaga, se ve cómo el ex alcalde acepta dinero en un sobre de manos del empresario. En el vídeo, el ex alcalde dice al empresario de forma tajante que él le concederá las licencias urbanísticas e incluso asegura sin tapujos que piensa presentarse y ganar las próximas elecciones y que empadronaría "a 50 personas" si fuera necesario para cumplir sus objetivos.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, pidió ayer explicaciones al Ministerio Público sobre lo sucedido con el que fuera alcalde de Ohanes bajo las siglas socialistas. "Desde el PP consideramos que el fiscal general del Estado debería explicar qué actuaciones se han acometido desde principios de diciembre, porque ya han pasado muchos meses, y qué actuaciones ha llevado a cabo la Fiscalía, en relación con este asunto. Muchos ciudadanos pueden pensar que existen dos varas de medir", afirmó Sanz.
"Este alcalde ha dimitido como alcalde del PSOE, pero lo ha hecho después de que estos hechos se pusieran en manos de la Fiscalía. Los hechos se remontan al 5 de diciembre del 2008 cuando se produce una denuncia por parte del empresario ante Fiscalía, aunque el pleno de la dimisión de este alcalde no se celebra hasta el 12 de enero de 2009, pleno en el que no se deja intervenir a ningún miembro de la oposición y donde se alega su dimisión por motivos de salud y el traslado de trabajo como funcionario de la Junta de Andalucía en Medio Ambiente", explicó ayer Sanz.
En medio del cruce de reproches entre los dos principales partidos, el responsable de comunicación de la ejecutiva provincial del PSOE, Joaquín Jiménez, se refirió ayer al asunto: Nuestra única valoración es que la Justicia tiene que trabajar. Supimos por ustedes que fue imputado y también hemos sabido que ha sido llamado a declarar la próxima semana y también lo hemos sabido por ustedes. Yo creo que lo importante es que la Justicia está trabajando y tendrá que tomar las medidas que tenga que tomar. Esto es un Estado de derecho, afortunadamente".
La prueba de una corruptela
Promotor. Juanico, no digo nada. En tus manos me encomiendo. Ahí llevas, cuéntalo... Tenía que haber veintiocho.
Sierra. Te habrás equivocado o lo que sea.
P. Pues 1.000 euros te tengo que dar. Lo único que te digo, que tengas cuidado si a alguien más le has podido pedir algo.
A. Que al final nadie se cree... Si coges malo y si no coges peor. Yo lo más probable es que me presente para las próximas.
P. Lo que hay es para desarrollarlo en el tiempo que estés tú.
A. No, eso está claro. Las licencias, las licencias te las voy a dar yo. Puede ser que tarden dos meses, tres meses, que ya está. No creo que se tarde más.
P. Que aunque es dinero negro yo tengo que rendirle cuentas también a estos.
A. Nosotros, hombre a las pruebas... A la mejor amiga le vamos a sacar muchos votos al paro, entiendes, muchos. Entonces, si digo de censar 50 personas las censo.
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 10/02/2009
Foto: Ohanes (Almería) - andaluciarustica.com
El urbanismo salvaje gana terreno en el interior de la provincia
,+diseminados+-+laopiniondemalaga.es.jpg)
LAOPINIóN/Málaga* : Marbella es el ejemplo de lo que puede hacer con una ciudad el urbanismo desaforado. La masificación que sufre la Costa del Sol es evidente en todas y cada una de las localidades del litoral, aunque en los últimos años el interior ha ganado terreno en estas prácticas.
Si en la franja costera la mayor parte de los casos estaba relacionado con grandes urbanizaciones ilegales, en el interior de la provincia lo habitual es la construcción de casas irregulares sobre terrenos calificados en la ley como rurales.
Tanto el coordinador de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía, Juan Calvo-Rubio, como el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, reconocen que esta tendencia se ha dado en los últimos años. "El interior gana terreno. Son otro tipo de casos. En la Costa del Sol eran las grandes urbanizaciones y en el interior son las pequeñas casitas, que no es que no hagan daño. Muchas veces se piensa que eso no hace daño, el problema es que todos queremos hacernos una pequeña casita y cuando salimos al campo no es lo mismo. Hay bastantes más del interior que del litoral", reflexiona Calvo-Rubio.
Para Morales, "estos delitos son muy graves y permanecen en el tiempo. La Fiscalía va a seguir siendo beligerante en la lucha contra estos ilícitos y, de hecho, se está pidiendo la demolición de las construcciones irregulares en todos los escritos de acusación. Por cierto, éstas son muy efectivas".
Antonio Morales también entiende que la Sección de Medio Ambiente está funcionando muy bien y ya "está consolidada. Ahora de lo que se trata es de apoyarla y profundizar en la materia, pero los cimientos son muy firmes y el área es muy eficaz". También expresa un deseo: "Lo ideal sería que pronto hubiera otro fiscal más en Medio Ambiente".
Otra paradoja que destaca Morales es la siguiente: "Lo lógico después de tantas condenas por delitos contra la ordenación del territorio es que se cometieran menos infracciones urbanísticas, pero cada vez hay más diligencias previas".
La permanencia en el tiempo de estos delitos es evidente: sólo basta coger el coche y darse una vuelta por algunos pueblos del Valle del Guadalhorce.
* La Opinión de Málaga - J. A. SAU - 10.02.09
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
