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MADRIDIARIO* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar al concejal de Urbanismo e Industria del Ayuntamiento de Leganés, Raúl Calle (IU), por la demolición de una ermita del siglo XVI ubicada en la finca Fuente de la Mora.
La demolición de esta ermita, que data de 1528, fue denunciada el pasado mes de mayo por la asociación Ciudadanas y Ciudadanos por el Cambio.
En portavoz de este colectivo, Mariano Maroto, ha afirmado este lunes que, a su juicio, el responsable municipal de Urbanismo cometió "negligencia por no haber controlado las obras de rehabilitación del edificio histórico y los términos en los que se concedió la licencia de obra, con el agravante de ser una obra muy sensible desde el punto de vista histórico".
Maroto ha asegurado que la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid también ha "tomado cartas en el asunto", ya que, según él, "actuará de oficio por negligencia y esquilmación del patrimonio histórico de la ciudad".
* Madridiario - 02-06-2008 - MDO/EFE
Foto: Leganés (Madrid), ermita demolida - madridiario.es
Citan a declarar a un concejal de Leganés por la demolición de una ermita del s. XVI
Oposición a la urbanización Paisaje del Vino en Haro
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Ecologistas en Acción de La Rioja* se opone a la urbanización “Paisaje del Vino” en Haro, y pide a la Dirección de Medio Ambiente de La Rioja que el estudio de Impacto Ambiental se considere negativo, por considerar que bajo la apariencia de un campo de golf lo único que se esconde es un autentico pelotazo urbanístico.
Esta asociación ha presentado una serie de alegaciones ante La Dirección General de Calidad Ambiental contra la Urbanización del sector Urbanizable s-4 “ Paisaje del Vino en Haro, Argumentado en resumen lo siguiente:
Que esta Urbanización representa un auténtico cambio en el modelo territorial y en la estructura urbanística del municipio de Haro por cuanto permite la creación de un nuevo núcleo de población con unas 1.500 viviendas y alrededor de 5.000 habitantes. Esta nueva urbanización se encuentra totalmente separada del actual núcleo urbano con una autopista por medio e incrementa la población de Haro en un 50 %. Por este motivo y sin haber Revisado el plan General como en su día alego esta Asociación donde se contemplase la creación de esta nueva ciudad y las consecuencias que puede tener para Haro, (infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, intercomunicación entre ambos núcleos, accesos, etcétera)
Por ejemplo, esta nueva ciudad tiene como acceso de entrada la carretera de Villalba que desemboca en el barrio de las Bodegas, lo que provocará un auténtico atasco de vehículos en dicho punto si se quiere acceder a Haro. En consecuencia, el Plan General futuro debería tener en cuenta este hecho e incluir entre su inversiones la realización de las carreteras necesarias, salvo que se pretenda que sean todos los riojanos los que tengamos que pagar esas obras mientras los promotores se llevan las plusvalías de la urbanización, como ha sucedido en la traída de aguas de la urbanización del campo de golf de Sojuela que hemos acabado pagando todos, bajo la disculpa del abastecimiento a Entrena.
Igualmente, si se pretende que toda la gente que vaya a vivir a la urbanización acceda a Haro con el fin de promover el sector de servicios, habrá que prever la creación de suficientes aparcamientos en la ciudad., ya que, evidentemente, todo el mundo se desplazará en coche particular,
Por todo ello desde Ecologistas en Acción de La Rioja, propone que el estudio de Impacto ambiental se considere negativo, debido como ya hemos argumentado a que no habido una Modificación del Plan General, además consideramos que esta urbanización tiene un impacto muy negativo en el modelo territorial de Haro que bajo la apariencia de un campo de golf lo único que esconde es un auténtico pelotazo urbanístico.
* Ecologistas en Acción de La Rioja - 30.05.2008
Foto: Haro (La Rioja), ayuntamiento - wikipedia.org
Los vecinos del Cabanyal se quejan de que el interés por la F-1 no ha llegado al barrio
LEVANTE/Valencia* : La Asociación de Vecinos Cabanyal- Canyamelar criticó ayer en un comunicado que el "interés" del Ayuntamiento por la Fórmula 1 "no parece haber llegado al barrio". En este sentido, señalaron que el consistorio "se muestra infinitamente más eficaz en facilitar la construcción de un circuito urbano de F-1, que en la demolición de dos viejas y abandonadas casas del Cabanyal que se están cayendo a trozos".
Los vecinos explicaron que antes de las pasadas Navidades, la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar y la Junta Mayor de Semana Santa solicitaron la demolición de varias construcciones que se sitúan en la calle Mariano Cuber, a 300 metros del circuito de F-1. Ambas entidades temían por el riesgo de desprendimientos y coincidían en la "progresiva degradación" del entorno que se estaba produciendo en esta parte del barrio, alejada de la zona de la prolongación, indicaron
"Todo sigue igual"
Señalaron que "todo fueron buenas palabras, en su momento, prometiendo la rápida actuación de los servicios municipales", manifestaron, pero lamentaron que, "a día de hoy, todo sigue igual o peor cada día que pasa". Al respecto, apuntaron que "lo que para los vecinos es un tema importante, no parece serlo tanto para nuestras autoridades".
En esta línea, los vecinos resaltaron que "demoler unos edificios que están abandonados por sus propietarios, en ruina inminente y fuera de ordenación desde que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988, parece no urgir para nuestro Ayuntamiento, más pendiente de otros eventos", algo que, según indicaron, se debe a que "aquí no hay foto que hacerse con ningún magnate".
* Levante-EMV - Europa Press - 02 de junio de 2008
Foto: Valencia, el Cabanyal - levante-emv.com
El 61% de los delitos contra el Medio Ambiente son urbanísticos
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DIARIODESEVILLA* : Seis de cada diez delitos que investiga la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla se corresponden con infracciones urbanísticas, en su mayor parte por la proliferación de construcciones y urbanizaciones irregulares.
Desde que se creó en 2005 la sección especial de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en el Ministerio Público, se han investigado 1.185 asuntos, de los cuales 728 son por delitos urbanísticos, 436 relacionados con el Medio Ambiente -por ejemplo los incendios forestales-, y sólo se han desarrollado 21 investigaciones por delitos contra el patrimonio histórico.
La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de 2007 advierte que de persistir "la avalancha" de asuntos urbanísticos que se han registrado en Sevilla en los últimos dos años se corre el riesgo de que los fiscales especialistas se dediquen exclusivamente a "este tipo de delincuencia urbanística y no de otras cuestiones medioambientales stricto sensu, por la monopolización de sus medios humanos y materiales en la persecución de los delitos sobre la ordenación del territorio". Aunque el año pasado se produjo un leve descenso del número de delitos urbanísticos, la proporción sigue siendo elevada. El fiscal delegado de Medio Ambiente de Sevilla, Javier Rufino, recoge en la memoria que si bien se ha logrado un "eficaz" sistema de coordinación entre los cuatro fiscales que integran actualmente la sección, es "absolutamente necesario aumentar los medios y el número de funcionarios como única forma de garantizar la efectividad del sistema organizativo".
Entre las carencias, los fiscales denuncian que en estos momentos no cuentan con técnicos y peritos a su disposición, algo que contraviene lo previsto en el Estatuto del Ministerio Fiscal.
En cuanto a la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Administraciones públicas, la Fiscalía hispalense destaca las "buenas relaciones" con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y las unidades de urbanismo de la Guardia Civil, así como con la Consejería de Obras Pública de la Junta y las delegaciones de Cultura en lo que se refiere a los asuntos de ordenación del territorio o protección de parajes.
Una investigación realizada por el Seprona entre enero de 2005 y septiembre de 2006 detectó la existencia de 1.400 construcciones ilegales en la provincia. Esta cifra supone casi la mitad del total de las edificaciones irregulares contabilizadas en Andalucía, donde se registraron 3.343 construcciones ilegales, lo que da una muestra del problema. La investigación se llevó a cabo en 21 municipios sevillanos, donde había 309 parcelaciones ilegales.
* Diario de Sevilla - J. Muñoz, memoria del ministerio público - 01.06.2008
Foto: Una urbanización ilegal en Castilblanco de los Arroyos - diariodesevilla.es
La CHJ paraliza cinco planes urbanísticos de más de 300 casas en Benissa por falta de agua
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LEVANTE/Alacant* : La Confederación Hidrográfica del Júcar se ha pronunciado "desfavorablemente" sobre la ejecución de cinco planes urbanísticos presentados al Ayuntamiento de Benissa "por no acreditar la disponibilidad de recursos hídricos".
De esta forma la CHJ paraliza la tramitación de los Planes Parciales de Benimarco, Fanadix 2, Busseit 2, la Capella, y el Plan de Actuación Integrada de la Llobella, que fueron presentados entre septiembre de 2004 y febrero de 2006 y que conllevarían la construcción de más de trescientas viviendas.
Según ha podido saber Levante de Alacant, el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente ha respondido negativamente a la solicitud de informe relativo a la cédula de urbanización de cada uno de estos proyectos urbanísticos. El pronunciamiento de la Confederación realizado a instancias de la Conselleria de Medio Ambiente es preceptivo en el procedimiento administrativo previo a la aprobación de los planeamientos por parte del consistorio y, finalmente, por la conselleria.
En este sentido, la confederación advierte de que "la red municipal con la que se pretende abastecer el incremento de la demanda" no se puede garantizar. Los documentos ponen de manifiesto que Benissa dispone de 35.000 m3 del pozo del camí Sanet, que podrían doblarse si saliese adelante la concesión da de otro pozo con la misma capacidad que abastecerían "a un total de 15.218 habitantes, con lo que se entiende que se consolidaría la demanda actual existente de abastecimiento en el municipio".
De ahí, que la CHJ especifique en la respuesta emitida sobre el proyecto de la Llobella que "la disponibilidad de recursos hídricos debe tener en cuenta no sólo la población presente, sino las demandas" del mismo PAI y de los "Planes Parciales de Carrions, Busseit1 y 2, Benimarco, Fanadix 1 y Fanadix 2 (...) y justificar que el volumen del derecho de aprovechamiento sea suficiente para el abastecimiento de todos ellos indicando el consumo actual y el de todas las actuaciones a desarrollar".
Capacidad mínima
El organismo que gestiona la cuenca del Xúquer devolvió los cinco informes entre el 16 de abril y el 13 de mayo a la conselleria argumentado la falta de garantía en el abastecimiento de nuevas construcciones. En consecuencia, los últimos cinco dictámenes realizados por la CHJ podrían crear precedente y extenderse a los proyectos urbanísticos posteriores, presentados a partir de 2006. Lo que impediría el desarrollo del suelo urbano del municipio.
El rechazo de la construcción de los cinco planes pone sobre la mesa la realidad en cuanto a la disposición de recursos hídricos de Benissa. La Confederación no sólo informa sobre la imposibilidad de suministrar agua al PAI de 172 viviendas de la Llobella; sino que también razona negativamente la construcción de paquetes menores, de incluso 37 chalés.
En este sentido, se produce una contradicción entre el crecimiento urbanístico y poblacional contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana de 2003 y la disponibilidad de recursos hídricos que pueda asegurar el consumo de agua potable. La memoria informativa del PGOU contempla la posible adhesión al Programa Agua impulsado por el Ministerio, aunque el consistorio benissenc no ha realizado una solicitud decidida para su implantación.
Además, la afección de barrancos y ocupación de la zona de servidumbre y de policía de los cauces (ocupación del dominio público hidráulico) también son motivo de oposición en tres de los planes evaluados.
* Levante-EMV - Eloïssa Vidal - 01.06.2008
Foto: Benissa (Alicante), baladrar - guiaplayas.es
Prisión para los alcaldes que no destinen suelo para viviendas
JUAN LUÍS RODRÍGUEZ* : Recientemente hemos podido conocer a través de distintos medios que Antonio Vercher, Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, ha solicitado al gobierno que reforme el Código Penal al objeto de poder establecer medidas hacia aquellos alcaldes que no destinen suelo a viviendas de protección oficial (VPO). La Ley del suelo de 2.007 establece una reserva de al menos el 30%, para esta finalidad.
La citada fiscalía, por medio de su Memoria de la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2.007 resalta; “el reconocimiento del derecho constitucional a la vivienda”. Señala que los alcaldes incumplen el porcentaje de suelo destinado a estas casas y es imposible perseguirlos y que la corrupción urbanística es cada vez más sofisticada, existiendo una generalizada sensación de impunidad en los consistorios.
Se construyen urbanizaciones enteras en terrenos donde esto no puede hacerse, pero aún así, cuentan con el aval de bancos, arquitectos técnicos y ayuntamientos.
Antonio Vercher ha solicitado al ministerio de justicia que en el Código Penal se introduzca un apartado contra la malversación: “La autoridad o funcionario que diere al suelo… destinados a satisfacer fines de primera necesidad o relacionados con la sostenibilidad, una aplicación distinta a la que le corresponda, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.
Me gustaría decirle, Sr. Vercher cuanto le apoyo en su iniciativa. Seguramente al igual que yo, muchísimos ciudadanos estarían encantados de estrecharle la mano y felicitarle por su acertadísimo compromiso en esta materia.
Sabe usted Sr. Vercher la magnitud de ira que puede una persona acumular ante la visión de esos alcaldes que se ponen con dinero público el sueldo que les da la gana, abandonar sus labores públicas, para dedicarse a almorzar casi a diario con sus grupos de colegas constructores en los mejores restaurantes de sus municipios, mientras entre risas y cubatas de postre comentan su próximo negociete.
Para eso no se vota en unas elecciones municipales. Pero fíjese usted lo difícil que es denunciar ese tipo de cuestiones, para un ciudadano de a pie, en un municipio.
Inmediatamente después de esa memoria, su contenido y sus declaraciones, en un asunto tan importantísimo como es el de la vivienda para aquellos que carecen de ella o están esperándola, tendría que haber ocurrido algo de lo siguiente:
- Que hubiera usted recibido el apoyo público por parte del presidente del gobierno y alguno de sus ministros. ¿Cuántos asuntos hay más importantes que este? Creo que se podrían contar con los dedos de una sola mano, y sobrarían dedos.
- Idem por parte del líder de la oposición y líderes del resto de partidos.
- Que la Federación de Municipios y Provincias hubiera salido en su apoyo, expresándole que es una iniciativa ciudadana que sin duda va a permitir que alcaldes delincuentes lo tengan más difícil, con el consiguiente beneficio para todos.
- Que los líderes de los sindicatos o sus portavoces le hubieran dado públicamente la enhorabuena por su preocupación y, sin duda, aportación de un grano de arena magnífico en su tamaño, al incuestionable beneficio que la puesta en práctica de un añadido legal como el que propone puede suponer en la calidad de vida de muchísimos trabajadores y trabajadoras.
- Que el mundo de la Universidad, tan metido en sus despachos y dedicado a teorías y avances que cada vez más, repercuten en desorbitados beneficios para las empresas, mientras los ciudadanos lo pasan cada vez peor, le hubiera prestado su automática atención y apoyo.
- Que los tertulianos a sueldo se dedicaran por un par de días a hablar de ese tema que usted ha señalado. Porque, le haría mucho bien a la ciudadanía.
Para que iniciativas como la suya rápidamente tuvieran resonancia a todos los niveles, y los delincuentes que se dedican a la política y que gozan de inmunidad supieran de inmediato cuantas instancias públicas salen al paso, sirviendo a la gente, cuando un ciudadano, en este caso un fiscal como usted, propone lo que usted a propuesto.
Debería haber apostado por más años de cárcel, Sr. Vercher. ¿Uno a tres años de cárcel para una persona que utiliza ideas y proyectos sociales para llegar al poder municipal y luego niega el derecho a la vivienda a un ser humano de su municipio? Pruebe usted dos meses sin casa. ¿Llega a hacerse una idea? Creo que usted puede llegar ha hacerse un cálculo del problema que eso supone para un ser.
En vez de haberlo propuesto usted debería haberlo hecho el congreso. Pero no, ha sido usted.
Enhorabuena y gracias. Soy solo un ciudadano. Y sé que nadie ha salido para fortalecer su justa petición: que metan en la cárcel a una de las especies delincuentes que desde la escuela más nos deberían enseñar a aborrecer hasta su extinción; la de los políticos que se sirven de las personas en vez de servir a las personas. Como los parásitos.
* Rebelión - 31-05-2008
