SIGLOXXI/EP* : El Grupo de Estudios de Política Criminal, asociación que trata de ofrecer a la sociedad una alternativa progresista en materia de política criminal, advierte del "fracaso" de los controles administrativo y penal en la lucha contra la corrupción urbanística y otras conductas delictivas relacionadas con esta actividad.
La asociación, formada por cerca de 200 jueces, fiscales, catedráticos y profesores de derecho penal, aprobó el pasado fin de semana un documento en el que concluye que las administraciones estatal, autonómica y local y la propia jurisdicción contenciosa-administrativa "han sido incapaces de frenar un proceso, cuando no lo han favorecido, donde frecuentemente los intereses privados y partidistas han prevalecido frente a los de la colectividad".
Según este grupo de expertos, la jurisdicción contencioso-administrativa debería prestar una atención especial a la ejecución de sus sentencias e imprimir una mayor celeridad a sus actuaciones en el ámbito urbanístico.
En cuanto al control penal, cuya finalidad es la de proteger bienes jurídicos especialmente importantes para la sociedad, entiende el documento que los delitos contra la ordenación del territorio deben castigarse con sanciones realmente efectivas para disuadir a los responsables del delito de la comisión de nuevas infracciones.
PRISIÓN EN LUGAR DE MULTAS
Para ello, rechaza que los culpables con un alto nivel socioeconómico sean obligados a pagar multas de cuantía limitada como las previstas por el sistema de días-multa, prescindiendo de las penas de prisión, o que, si se fijan éstas, tengan una escasa duración.
En los lugares donde se hayan realizado construcciones ilegales es fundamental que se acuerde la demolición como regla general, al considerar esta medida es "esencial" para demostrar que "la comisión de estos hechos no merece la pena". Asimismo, considera "inaplazable" que el Código Penal afronte la responsabilidad de las personas jurídicas.
En relación con la aprobación de la Ley del Suelo, el Grupo pide a la administración estatal una mayor implicación en la tutela del medio ambiente, del dominio marítimo-terrestre y de la disponibilidad de los recursos hídricos. A las administraciones autonómicas les reclama límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones y un mayor control de aquellos planes urbanísticos basados en datos especulativos y que no se corresponden con crecimiento reales de población.
* Siglo XXI - 04 de diciembre de 2007
Viñeta: Jobi - especula en acción
El Grupo de Estudios de Política Criminal constata el 'fracaso' de los controles para evitar la corrupción urbanística
AVE: una obra faraónica con socavones
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DIAGONAL/Barcelona* : A pocos meses de las elecciones presidenciales, Cataluña se ha convertido en estos días en el punto de atención por los diversos problemas derivados de las obras del AVE, especialmente por los socavones y los retrasos en Cercanías. Pero a esto hay que añadir un presupuesto que absorbe más del 30% del monto de infraestructura y transporte, y el riesgo geológico que supone su tramo por el centro de Barcelona para miles de edificios y grandes obras arquitectónicas. Esto último hace pensar a la plataforma AVE pel Litoral que hay “otros intereses inconfesables”.
El último socavón de diez metros en el andén central de Bellvitge, los retrasos en Cercanías o la aparición de grietas en edificios colindantes en Hospitalet de Llobregat no son dificultades nuevas, éstas se vienen produciendo desde el inicio de las obras del AVE en el año 1996 con el trazado Madrid-Zaragoza. Cabe recordar que el entonces ministro de Fomento, Álvarez-Cascos, aceptaba la dimisión del gestor de Infraestructuras Ferroviarias aludiendo a los repetidos problemas para la puesta en marcha del AVE en ese tramo, así como al sabotaje. Sabotaje que meses más tarde se convertía en una excusa ante los problemas técnicos y de gestión de las obras.
La polémica está servida en Cataluña y Rodríguez Zapatero reconoce que el trayecto escogido para la entrada del tren de alta velocidad en Barcelona es “el sitio más difícil, pero el más ambicioso”.
Presupuesto faraónico
Esta obra faraónica es la obra civil que mayor presupuesto público ha absorbido y más quebraderos de cabeza en materia de transporte ha provocado, en las dos últimas legislaturas. Según la estimación económica del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte, la inversión prevista para el AVE corresponde al 33,53% del total de inversión en infraestructuras, situándose a la cabeza en 2005-2020.
Este presupuesto se explica, en parte, por la construcción de curvas muy amplias y pendientes muy reducidas. En cuanto al trazado del AVE por el centro de Barcelona, el coste se encarecerá debido a las medidas de protección que se tendrán que tomar para evitar riesgos irreversibles. El PSOE es consciente de que los estudios geológicos, el proyecto y la ejecución de la obra deberán ser impecables, puesto que puede convertirse en un duro golpe para el Gobierno a pocos meses de las elecciones.
Está previsto que el trazado pase a escasos metros de la Sagrada Familia y de zonas densamente pobladas. La oposición (CiU, PP y ERC), que ya ha jugado sus cartas el pasado mes de julio con el electorado catalán, logró que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobara una moción que rechaza el trazado del AVE por el centro de Barcelona. Sin embargo, la proposición no concreta ningún trazado alternativo, pues las tres formaciones defienden rutas distintas.
Mientras tanto, el consorcio formado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Fomento, ya empiezan a planificar las obras que requerirá la estación del AVE de Barcelona para poder llevar a cabo una profunda renovación urbanística.
* Diagonal - Carolina Yacamán - 29 Nov / 12 Dic 2007
Foto: Barcelona, obras AVE - DALMAU (laverdad.es)
El modelo de crecimiento español es insostenible
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PÚBLICO* : Más de un tercio de los 100 primeros metros de la costa mediterránea está cubierto de cemento. Éste es uno de los principales datos del último informe del Observatorio de la Sostenibilidad Española (OSE), presentado ayer por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Según el documento, que analiza el estado del desarrollo en España, "se avanza moderadamente hacia pautas más sostenibles, particularmente en los aspectos económicos, pero en menor grado en los ambientales, territoriales y sociales".
Para los expertos del Observatorio, dirigidos por el profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid Luis Jiménez, el crecimiento español se sigue cimentando en la construcción y el consumo, "aunque se ha avanzado tímidamente hacia un modelo menos intenso en el uso de recursos energéticos y con menos contribución al cambio climático", precisa.
Construcción especulativa
El urbanismo salvaje sigue siendo el enemigo número uno del medio ambiente. O, dicho en palabras de los investigadores del OSE, "el modelo de crecimiento sigue siendo fuertemente intensivo en territorio". Entre 1998 y 2006, se han construido en España 5,5 millones de nuevas viviendas, aunque sólo se han creado 3,5 millones de hogares en el mismo periodo. La construcción responde, por tanto, a un afán especulativo, más que a una demanda real. La Comunidad de Madrid y el litoral mediterráneo son los puntos más afectados por esta hipertrofia urbana. Según las cifras manejadas por el Observatorio, el 36,52% de los 100 primeros metros de la costa mediterránea están ocupados por algún tipo de superficie artificial.
El informe recuerda que el cambio climático agudiza la desertificación y la pérdida de riqueza biológica de la Península Ibérica. Más de un tercio del suelo español se enfrenta al riesgo de desertificación, principalmente las islas Canarias y el sureste del país. El estado de los ecosistemas tampoco es esperanzador. Entre 1990 y 2006, el número de especies de fauna amenazada ha crecido un 34,6%. El Parque Nacional de Doñana, en Andalucía, el de Monfragüe, en Extremadura, y las islas Canarias son los puntos negros del mapa español de la biodiversidad.
Como aspecto positivo, los autores señalan el año 2006 como un punto de inflexión en el sector de la energía. El año pasado, el consumo energético decreció un 1%, aunque los investigadores recuerdan que, en los últimos 20 años, el consumo total de energía en España se ha duplicado. "Aún en el caso de que el cambio de tendencia esté motivado por las acciones tomadas, queda todavía un importante camino por recorrer", advierten.
A pesar del sabor a suspenso en sostenibilidad que destila el informe, sus autores apuntan que el desarrollo de iniciativas políticas -como la aprobación de la Ley del Suelo, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera- permiten prever "un escenario alentador".
Crecimiento de las energías limpias
Según el informe ‘Sostenibilidad en España 2007', el año pasado estuvo marcado por un aumento del peso de las fuentes de energía renovables en el balance general, pasando de un 6,03% en 2005 al 6,8% en 2006, en términos de energía primaria. Este dato, sin embargo, sigue alejado del 12,1% contemplado en los planes de energías renovables. El crecimiento de las energías limpias contribuyó al descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero registrado en 2006. A pesar del repunte del Producto Interior Bruto, la liberación de dióxido de carbono disminuyó un 4,1% con respecto a 2005.
Gasto insuficiente en sanidad pública
Los investigadores del Observatorio de la sostenibilidad en España subrayan que el crecimiento del gasto público en la sanidad española crece a menor ritmo que en el resto de los países de la UE-15. Según los autores del informe, "el aumento del gasto privado en Sanidad refleja la falta de gasto público en esta partida". El Observatorio señala algunos desafíos para las políticas del Ministerio de Sanidad. Entre ellos se encuentra el excesivo consumo de antibióticos. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor consumo de estos fármacos, sólo por detrás de Francia.
8.000 kilómetros de costa deslindados
Los primeros 500 metros de costa española están "artificializados" en más de un 21%. Sin embargo, existen señales que permiten visualizar un cambio de tendencia. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente citado por el OSE, hasta el 30 de septiembre de 2007 se han deslindado casi 8.000 kilómetros de costa y se prevé el deslinde de otros 1.800 kilómetros hasta el final de 2008.
El informe recuerda que la Estrategia para la sostenibilidad de la Costa prevé la incorporación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre con el objetivo de garantizar el uso público del litoral y la calidad de las aguas.
Más reciclaje, pero aún es insuficiente
En el capítulo de ‘Producción y consumo sostenible', el documento refleja una tendencia ascendente en la generación de residuos, con el consiguiente "alejamiento del objetivo de prevención establecido en el Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006 (PNRU)". Como aspecto positivo, el informe señala una tendencia al incremento del reciclado de envases metálicos, vidrio, papel, cartón y materia orgánica. También aumenta la producción de compost. A pesar de esta inclinación, las tasas de reciclado están alejadas de los objetivos fijados por el PNRU a cumplir en el año 2006.
* Público - MANUEL ANSEDE - MADRID - 04/12/2007
Foto: Benalmádena Costa (Málaga)- J.Rojas (El País)
El gobierno de Aragón apoya la creación de un nuevo "Las Vegas” en Los Monegros
JORDI GASCÓN* : La noticia de “revitalizar” la economía de la comarca aragonesa de Los Monegros en base al modelo de la ciudad norteamericana de Las Vegas (centro turístico del juego de fama internacional) ha disparado las críticas de organizaciones ecologistas y partidos de izquierda locales. El complejo, que lleva el nombre de “Gran Scala”, supondrá la construcción de hoteles-casinos (¡treintaidos! que representarán diferentes periodos de la historia universal), parques temáticos (!cuatro!), un hipódromo, una plaza de toros, un centro de convenciones, cinco zonas verdes, un zona residencial, un camping de nivel VIP (sea lo que sea lo que eso quiera decir) y un número aún indeterminado de campos de golf. En total, un espacio que podrá albergar, en su primera fase, hasta 100.000 personas.
En Aragón, sólo la ciudad de Zaragoza lo superará en población. La propuesta, iniciativa de la empresa Internacional Leisure Development, ha sido presentada por la Diputación General de Aragón como un gran éxito de gestión, ya que Los Monegros competían con otros posibles emplazamientos europeos.
Las primeras preguntas que asaltan ante esta propuesta son de orden ecológico ¿De dónde saldrá el agua y los recursos energéticos necesarias para cubrir la demandas de semejante atrocidad faraónica? ¿Habremos salvado al río Ebro de un Plan Hidrológico Nacional que iba a terminar con él para matarlo ahora en esta empresa? ¿Y el impacto sobre el medioambiente local? Que Los Monegros parezca un desierto no quiere decir que no sea un ecosistema rico en especies y con un valor ecológico nada desdeñable.
Políticas como estas deslegitimiza el empeño de la principal institución pública aragonesa, gobernada en coalición por el Partido Socialista Obrero Español y el conservador Partido Aragonés Regionalista, en aparecer como la gran defensora de la Nueva Cultura del Agua, lema principal de la EXPO de Zaragoza del próximo año. EXPO, por otro lado, que ya es en sí mismo un ejemplo de insostenibilidad, y que ha generado la oposición de los movimientos y organizaciones sociales cesaraugustanos encuadrados en la plataforma ZH2NO.
José Ángel Biel, vicepresidente de la Diputación General de Aragón, ha afirmado que los promotores del complejo de ocio que se proyecta instalar en los Monegros no han requerido en ningún momento la participación financiera del Ejecutivo, y que, por el contrario, permitirá recaudar 600 millones de euros al año sólo en impuestos (Citado en la edición del 21 de noviembre de El Heraldo de Aragón).
Aquí es cuando surgen el segundo grupo de preguntas, esta vez de orden económico-financiero. Si bien la inversión de la construcción del complejo será con fondos privados (o eso dicen), ¿saldrán también de estos fondos las infraestructuras de transporte que se requerirán (ferrocarriles, autopistas y carreteras, incluso tal vez aeropuertos)? Sería la primera vez que esto fuera así. En otras palabras, ¿en qué se acabarán dedicando los 600 millones anuales en impuestos que el gobierno autonómico considera que obtendrá? ¿Y se han descontado, en esos cálculos, los beneficios que las 2.000 hectáreas que ocupará el complejo “Gran Scala” (sin contar infraestructuras de acceso) genera hoy en día en el sector agropecuario y que, lógicamente, desaparecerán?
Habría que recordar a los promotores del complejo y a las instituciones políticas que lo defienden los graves problemas de sostenibilidad que padece la ciudad de Las Vegas, a las que se pretende emular. Las Vegas padece una seria crisis por la escasez de agua. Esta situación está enfrentado al Estado de Nevada, donde se encuentra esa ciudad, con otras vecinas como Texas, a las que se les quiera privar de sus derechos sobre los acuíferos del Río Colorado, y que requieren para mantener su ganadería.
De la mano del turismo ya hemos destruido nuestras costas y alta montaña. ¿Será éste el principio de la colonización de los territorios de interior?
* Jordi Gascón. Acció per un Turisme Responsable - ATR
* Rebelión - 04-12-2007
Castellón: La Fiscalía activa cinco investigaciones en sólo 10 días
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TERRA* : La Fiscalía de Castellón ha activado en apenas medio mes cinco investigaciones penales, la mayoría sobre asuntos denunciados hace meses y sobre presuntos delitos medio ambientales que parecían dormir en los cajones de los juzgados. Además, el Ministerio Público mantiene abiertos unos 23 casos de 'especial relevancia' sobre casos de medio ambiente o tráfico de influencias relacionados con el urbanismo.
Esta creciente actividad de la Fiscalía coincide con el inicio del trabajo en Castellón del nuevo fiscal jefe, Javier Carceller, que tomó posesión de su cargo en agosto de este año pero que se instaló en la Ciudad de la Justicia a mediados de septiembre.
En este tiempo ha reorganizado toda la institución nombrando fiscales especializados en diferentes ámbitos, entre ellos, medio ambiente y corrupción o tráfico de influencias, para optimizar las investigaciones abiertas según las materias.
También se ha realizado un barrido de todos los asuntos que se están investigando en la Fiscalía, señalando aquellos considerados 'de especial relevancia'. De estos últimos, cinco son sobre presuntos delitos medioambientales y 18 sobre tráfico de influencias relacionados con delitos urbanísticos.
Cabe recordar que, el día de su toma de posesión como nuevo fiscal jefe de Castellón, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señaló que su elección fue motivada por su 'especial énfasis en la lucha contra la corrupción, principalmente en materia urbanística y en la falta de respeto al medio ambiente y los abusos urbanísticos'.
De momento, parece que Javier Carceller no ha defraudado. En menos de un mes ha abierto diligencias penales de cinco casos, la mayoría relacionados con el medio ambiente. Y estos son sólo los que han trascendido al darlos a conocer las partes afectadas. Con el nombramiento de los fiscales especializados las investigaciones abiertas pueden ser mayores.
El pasado 14 de noviembre, el grupo ecologista Gecen dio a conocer un escrito de la Fiscalía de Castellón en la que apoyaba la paralización de las obras del aeropuerto en la zona conocida como Santa Bárbara y que el juez permitió proseguir. En este caso, la Fiscalía ha llegado tarde, pues ya han finalizado todos los trabajos en esta zona.
'El tiempo transcurrido sólo permite depurar las responsabilidades, restaurar en lo posible el daño producido y preservar con urgencia lo que queda', manifestó el Gecen tras conocer este escrito.
Seis días después, este mismo colectivo dio a conocer que la Fiscalía había abierto diligencias de investigación penal en el desarrollo urbanístico que prevé miles de viviendas en Torrenostra. La apertura se realizó tras observar 'indicios de delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente' en este plan urbanístico de Torreblanca. El Gecen denunció el caso el 31 de octubre de este año.
Otro caso relevante, es la apertura de una investigación penal contra el empresa BP Oil por la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y los recursos naturales en la ampliación de sus instalaciones en el polígono industrial del Serrallo.
La Plataforma No a la contaminació ha interpuesto varias denuncias sobre estas ampliaciones. La primera en enero de este año. Pese a ello, hasta el 22 de este mes no se había conocido la activación del caso por parte de la Fiscalía de Castellón.
Al día siguiente, de nuevo se conoció por la parte denunciante, en este caso CC.OO., que la Fiscalía había abierto diligencias por un presunto delito de prevaricación contra el actual director general de Centros de la Conselleria de Educación, Francisco Baila. La demanda la interpuso el sindicato a principios de mes por matriculaciones irregulares en un centro concertado de Castellón cuando Baila era director territorial.
Días después, la Fiscalía de Castellón abrió diligencias de investigación penal por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente a los propietarios y a los posibles promotores constructores de un total de 93 viviendas en la marjal de Nules-Burriana, un espacio protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) e incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas.
Fuentes del Gecen dieron a conocer la resolución del fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, por la que se abren diligencias de investigación penal y recordaron que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía el pasado mes de enero.
Los ecologistas denunciaron entonces la construcción no autorizada de 62 viviendas. Once meses después la Fiscalía no sólo ha abierto el caso sino que ha elevado a 93 el número de viviendas supuestamente ilegales. Los propietarios y los promotores o constructores deberán comparecer ante el fiscal.
Por último, el Ministerio Público decidió abrir una investigación penal contra el Ayuntamiento de Cabanes por la cesión 'ilegal' de la gestión del agua a la empresa Marina d'Or, tras una denuncia interpuesta por Esquerra Unida este año.
* Terra - VMT - 03/12/07
Foto: Torreblanca (Castellón), Torrenostra - mma.es
Un dictamen alerta de que el alquiler forzoso de pisos es inconstitucional
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ELPAÍS/Cataluña* : Revolcón jurídico al Gobierno de José Montilla. El Consejo Consultivo de la Generalitat considera que es inconstitucional el artículo del proyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda que prevé el alquiler forzoso de pisos vacíos. El dictamen jurídico que contiene ese pronunciamiento será entregado esta tarde a la Mesa del Parlamento catalán, que fue quien lo reclamó, a propuesta de CiU y PP.
El informe recoge los votos particulares de varios consejeros a favor de la constitucionalidad del artículo 42.6 del proyecto de ley, que desde su tramitación ha enfrentado a CiU y PP con las tres formaciones de la izquierda (PSC, ERC e ICV) que integran el Gobierno catalán. Tal era la oposición de convergentes y populares que invocaron ese artículo para desmarcarse del Pacto Nacional por la Vivienda que de manera solemne firmó el pasado 8 de octubre el Gobierno catalán con 34 agentes sociales. Se trata de un acuerdo sin precedentes en Cataluña que prevé, entre otras medidas, la construcción de 160.000 viviendas sociales en diez años.
El varapalo jurídico entraña otros matices. Y es que Montilla apostó al inicio de la tramitación del proyecto de ley por eliminar ese polémico artículo para atraer a CiU y al PP y lograr así que fuese unánime el consenso sobre el Pacto Nacional por la Vivienda. Además de eso, los asesores jurídicos de Presidencia ya alertaron sobre la probable inconstitucionalidad del precepto en cuestión.
Pero la postura del presidente de la Generalitat topó con la resistencia de los ecosocialistas de ICV, en cuyas manos está la cartera de Medio Ambiente y Vivienda. Y, sobre todo, con la rotunda oposición de Comisiones Obreras. El sindicato se negaba a firmar el pacto si se eliminaba el artículo de marras. Sólo aceptó suavizarlo, introduciendo más cautelas.
Al final, Montilla optó por no desprenderse de CC OO. "El problema de integrar a los que quedan fuera, ya lo resolverá el Consultivo", confió el presidente a sus colaboradores. Es el escenario que se abre ahora y que con toda probabilidad tendrá plasmación en la recta final de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.
El artículo que el Consultivo considera inconstitucional prevé que la Administración, agotadas todas las vías para el fomento del alquiler de pisos, "podrá acordar el alquiler forzoso de la vivienda previa la declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad". El proyecto de ley matiza que esa medida se aplicará únicamente en las zonas donde haya una fuerte y acreditada demanda residencial, pero también advierte de que a los dos años de la declaración del expediente se puede proceder a la expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarla a terceros durante un máximo de cinco años.
El dictamen del Consultivo considera que la función social de la propiedad que recoge la Constitución no justifica la expropiación de pisos vacíos para ser alquilados por la Administración y que con esa medida se vulnera el derecho a la propiedad que también recoge la Ley Fundamental. El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat ha invocado precisamente la función social de la propiedad para defender la expropiación forzosa de los pisos. También ha justificado la medida a partir de la sentencia que dictó en 1987 el Tribunal Constitucional avalando la ley andaluza de reforma agraria que cuestionaron 53 senadores de Alianza Popular.
Con la excepción de ese artículo, el dictamen que hoy entregará el Consejo Consultivo avala por amplia mayoría la constitucionalidad del resto de artículos del proyecto que cuestionaron CiU y PP. Entre ellos, que se destine a vivienda social el 20% de los pisos nuevos en suelo urbano que se construyan en Cataluña, la responsabilidad en el mantenimiento de una vivienda por parte del propietario o el sistema de adjudicación de pisos sociales.
Los dictámenes que emite el Consejo Consultivo de la Generalitat no son vinculantes, pero en la mayoría de las ocasiones han sido tenidos en cuenta por el Parlamento y el Gobierno catalán a la hora de elaborar una ley. Uno de los informes que más repercusión ha tenido fue el que emitió ese organismo durante la elaboración del Estatuto de Autonomía. Todas aquellas objeciones se incorporaron al texto en la tramitación parlamentaria. El Consejo Consultivo está formado por siete juristas. Dos de ellos son elegidos por el Gobierno catalán y los otros cinco por el Parlamento autonómico, a propuesta de los partidos y en proporción a su representatividad en la Cámara.
* ELPAIS.com - PERE RÍOS - Barcelona - 03/12/2007
Foto: Foto de familia de los firmantes del Pacto Nacional para la Vivienda- TEJEDERAS (El País)
