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LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera, de un total de 23 delitos contra la ordenación del territorio. Estos casos se refieren a las licencias de obra que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable. Vera (Convergencia Andaluza) se enfrenta a una pena de dos años de cárcel en catorce casos, y de un año en nueve, además de inhabilitación en el cargo público de hasta diez años, según confirmaron fuentes judiciales.
En estas piezas urbanísticas también están acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico del Ayuntamiento, que supuestamente habría asesorado al regidor para autorizar las actuaciones, pese a no ajustarse a la legalidad urbanística.
También en algunos casos está acusada la secretaria municipal, que habría informado favorablemente de las licencias de obra.
En los escritos de acusación se acusa a alcalde de otorgar los permisos "con infracción manifiesta de la normativa urbanística aplicable con carácter preceptivo, ante la ausencia de un PGOU en la localidad".
Precisamente el regidor se ha escudado en la ausencia de un plan urbanístico para justificar los permisos de obra. La Ley Urbanística de Andaluza establece que en los municipios sin PGOU se considerarán suelo urbano aquellas parcelas con los servicios básicos para acoger una futura promoción residencial. Según Vera, los terrenos donde se proyectan las viviendas cuentan con esos requisitos, como canalizaciones de agua y de saneamiento y suministro eléctrico.
En cambio, la Fiscalía entiende que se trata de suelos rústicos y que la dotación de servicios ha sido posterior a la autorización de los permisos para urbanizar.
Las obras de las viviendas fueron paralizadas por un juzgado de Coín. Sólo dos de las 23 promociones están terminadas. No obstante, el Ministerio Público solicita a la Junta que tramite el procedimiento de restauración del orden jurídico perturbado, incluyendo el derribo. La responsabilidad civil también recoge el pago de indemnizaciones a terceros, como propietarios de buena fe.
Los casos contra el alcalde se abrieron a raíz de dos denuncias que interpuso la Fiscalía de Medio Ambiente en 2006.
2.000 viviendas que triplican la población
El municipio de Tolox, ubicado en la Sierra de las Nieves, apenas alcanza los 2.400 habitantes. Así, las 23 promociones para construir más de 2.000 viviendas supondría triplicar la población de una localidad pequeña. Por esta razón, la Junta de Andalucía vio inviables los proyectos, pues consideró que se levantaban en zonas verdes, e impugnó las licencias de obra, que fueron aprobadas por el alcalde con los informes favorables del arquitecto municipal.
Pero la posición de la administración ha cambiado en varias ocasiones. A mediados de 2007 emitió un informe que abría la posibilidad de que parte de los inmuebles se legalizara, al localizarse en suelos con características de ser urbanos. Meses después, otro dictamen volvía a insistir en la ilegalidad de las actuaciones, lo que dio a la Fiscalía vía libre para acusar al alcalde.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 16 de febrero de 2008
Foto: Tolox. Las obras de las 2.000 viviendas se han paralizado /laopiniondemalaga.es
La Fiscalía acusa al alcalde de Tolox de 23 delitos urbanísticos
Prisión para un aparejador municipal de Arona por cohecho y prevaricación
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CANARIASAHORA* : Un arquitecto técnico ha ingresado en prisión sin fianza, mientras que otro la puede eludir si paga una fianza de 80.000 euros, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arona (Tenerife) les imputase el viernes por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Así lo informó este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, después de que los arquitectos técnicos Roberto de Luis y Zenón Rodríguez, que fueron detenidos el jueves por su posible implicación en una presunta corrupción urbanística en Arona, declarasen el viernes ante el juez Nelson Díaz Frías.
Roberto de Luis Jiménez está imputado por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, y, según se indica en un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza.
Zenón Rodríguez Neris, que está imputado por cohecho y tráfico de influencias, ha ingresado en prisión provisional comunicada eludible bajo fianza de 80.000 euros.
Los imputados comenzaron a prestar declaración a las 11-00 horas del viernes, y terminaron a las 23.30 horas.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias recuerda que el caso está bajo secreto de sumario.
Roberto de Luis trabaja desde hace más de 20 años en la oficina técnica del Ayuntamiento de Arona, mientras que a Zenón Rodríguez no se le conoce vinculación directa con el consistorio.
La Guardia Civil registró el jueves varias oficinas en la capital tinerfeña para incautarse de diversa documentación.
En relación con este caso, el juez mantiene detenidos al arquitecto municipal de Arona Eliseo de La Rosa, que ya ha sido cesado de su cargo, y al empresario Arsenio Zamora.
A Zamora y de la Rosa se les acusa de cohecho, prevaricación, extorsión y se investigan supuestos cobros de comisiones a cambio de licencias urbanísticas a raíz de la declaración de un testigo.
Esta causa judicial se inició a principios de 2007 a raíz de una denuncia del Ministerio Fiscal contra el actual alcalde de Arona, José Alberto González, de Coalición Canaria, y siete ediles de la Junta de Gobierno del mandato 2003-2007.
Los miembros de dicha Junta permanecen imputados por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio por la sistemática concesión de licencias urbanísticas que vulneraban la Ley, así como por la adjudicación de obras y de servicios a dedo.
La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Tenerife presentó en 2006 una denuncia contra Roberto de Luis por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios contra él y su sobrino J.A.M, quien igualmente ha declarado como testigo en el caso que instruye Nelson Díaz Frías.
* Canarias Ahora - EFE - 16/02/2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Almería vuelve al punto de mira de las ilegalidades urbanísticas de la mano del Gran Plaza de Roquetas
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TELEPRENSA* : La dirección de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía ha requerido del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el ejercicio de competencias de disciplina urbanística sobre el Centro Comercial Gran Plaza por haber construido una superficie de 180.016 metros cuadrados cuando legalmente sólo podía hacerlo sobre 93.980.
La Junta advierte que se trata de una infración grave, pero de grave a muy grave tipifica el acuerdo por el que se informa favorablemente el proyecto de ejecución, el referente a la licencia de obras y las de primera ejecución, advirtiendo que además de resultar contrarios a derecho “por habilitar para construir mayor aprovechamiento del realmente permitido por el planeamiento vigente en el momento de dictar dichos actos, deviene en nulos-a su vez- por anulación a su vez de la disposición general que les daba cobertura”.
La investigación sobre el presunto fraude urbanístico cometido en Gran Plaza, iniciada a raíz de la denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias de Roquetas, obliga al Ayuntamiento de la localidad a actuar de oficio y sin posible escapatoria sobre las infracciones cuya comisión permitió y sobre los acuerdos que se aprobaron en comisiones o plenos y que tengan que ver con la construcción del centro comercial.
El escrito dirigido al Ayuntamiento a cuyo frente está Gabriel Amat, presidente del PP en Almería, tiene fecha del 14 de diciembre, pero no fue registrado en su destino hasta el dos de enero. A partir de esa fecha cuenta con un plazo de tres meses para regularizar la situación y comunicar las medidas correctoras a la inspección urbanística de la Junta. De no se así, sería el propio organismo de Ordenación del Territorio quien podría actuar de forma directa, tal y como sucedió en Marbella.
La situación se presenta en estos momentos extremadamente complicada para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ya que un ente superior en materia urbanística le señala como responsable de la ocupación de dominio público previsto como viario, espacios libres y equipamientos públicos, de permitir una edificación que multiplica la que realmente podría haber ejecutado y, además, anula las licencias y acuerdos por haber sido aprobadas al margen de la ley.
Esta situación no tiene nada que ver con el pleito entre Junta de Andalucía y Gran Plaza que casi provoca su cierre hace un año, ya que en aquella ocasión el litigio se centraba en la ilegalidad de la licencia como gran superficie comercial, cuando ahora se habla de la ilegalidad de la construcción en si.
El Ayuntamiento, bajo clara sospecha en estos momentos, tiene además pendiente de aprobación su Plan General de Ordenación Urbana, que podría verse retrasado por la aparición de estas supuestas ilegalidades detectadas desde la inspección urbanística, ya que según el requerimiento de medida de restauración de legalidad y revisión de oficio ni son legales los acuerdos que permitieron la edificación del parque comercial ni el inmueble en si. También se cruza en el tortuoso camino roquetero el deslinde del que depende la conservación de las viejas Salinas como espacio libre protegido por el dominio público marítimo terrestre, mientras que la intención del consistorio es aprobar una urbanización de miles de viviendas en esa área.
Manos limpias apunta hacia intereses especulativos
ROQUETAS DE MAR.- El colectivo de “Manos Limpias en el Urbanismo de Roquetas” denunció en los medios de comunicación que en la construcción del Centro Comercial construido por Tomás Olivo en Roquetas de Mar se habían producido numerosas irregularidades ya que se había construido mas de cuatro veces lo permitido (el P:G:O:U permitía 41.216 m2 y se habían realizado realmente 180.010 m2) . Tomás Olivo se habría podido ahorrar en ésta operación urbanística , en perjuicio de las arcas Municipales , mas de 59 millones de Euros gracias a la vista gorda de los responsables Municipales, pero además del dinero no ingresado para la realización del centro Comercial tendría que haber comprado para su construcción alrededor de 300.000 metros cuadrados de terreno mas que los que realmente adquirió, terreno donde en la actualidad si se llegan a cumplir las normas urbanísticas existirían 300.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres y además no satisfechos con ésta situación el Ayuntamiento le reconoce 10.300 unidades de aprovechamiento urbanístico al considerarse que ha construido de menos en la realización del centro Comercial y por éste motivo se le compensa para que pueda construirlos en otros sectores, operación valorada en mas de 9 millones de Euros.
Con el dinero dejado de percibir se podrían haber realizado infinidad de infraestructuras tan necesarias en nuestro Municipio: Adiós para siempre al problema de las aguas residuales, realización de pistas deportivas en todos los barrios, construcción de viviendas para jóvenes, asfaltado de caminos rurales así como gran cantidad de Parques y jardines beneficiosas para todos los vecinos y un largo etcétera pero no ha sido así aquí se beneficiaron unos pocos en perjuicio de todo nuestro pueblo.
Pues bien a nuestra denuncia el Sr. Alcalde de Roquetas y Presidente del PP en Almería nos contestó que no teníamos ni idea intentando descalificarnos personalmente.
Posteriormente nuestro colectivo denunció el echo ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, llegando el asunto hasta el Sr. Director General de Inspección de Ordenación del Territorio, quien una vez estudiado el caso remite un escrito al Ayuntamiento de Roquetas (que adjuntamos) donde manifiesta justo lo que nosotros denunciamos es decir que en la Construcción del Centro Comercial “ se han contravenido las condiciones de la licencia obtenida por la materialización y patrimonialización de un aprovechamiento urbanístico superior al que tiene derecho su propietario . De tal forma que la obra así ejecutada tiene la consideración de infracción Urbanística Grave”, por lo que todos los acuerdos realizados en el Ayuntamiento de Roquetas además de resultar contrarios a derecho deberían ser declarados Nulos y especifica además que se ha ocupado el dominio público previsto en el Planeamiento vigente como viarios espacios libres y equipamientos públicos.
Una vez los responsables del Ayuntamiento de Roquetas realizan actos que perjudican a todos los vecinos para beneficiar intereses especulativos en nuestro pueblo, Hasta cuando ésta situación.
+ Teleprensa - 16 de Febrero de 2008
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - teleprensa.net
Asturias: Los arquitectos se 'suben' a las torres
LAVOZ* : Las torres de Poniente, proyectadas por Jerónimo Junquera para liberar la barrera ferroviaria de Gijón, son necesarias y resuelven un problema urbanístico de la ciudad; el proyecto de Patxi Mangado para el barrio de San Lázaro de Oviedo está en armonía con la zona, y las 22 plantas del edificio no son excesivas en relación con las casas adyacentes; por el contrario, la propuesta de Santiago Calatrava de construir tres torres de 133 metros en la parcela de El Vasco es inadecuada para la zona y no se ajusta al entorno, tan próximo al casco histórico.
Esta es la opinión de varios arquitectos consultados por LA VOZ DE ASTURIAS para conocer su valoración profesional sobre las edificaciones en altura que se están haciendo en el Principado.
Alfonso Toribio, arquitecto y presidente de Tribuna Ciudadana, considera que "en Gijón no se ha caído en la trampa de arquitecto de fuera, que sale en las revistas del corazón, sino que se ha elegido a Junquera, que es español y tiene un magnífico equipo. Además, su propuesta es muy buena para la ciudad". Respecto al proyecto de Patxi Mangado, Toribio asegura que "tiene una virtud evidente: cumple el plan de ordenación urbana de Oviedo. Representa una estética tranquila, que ni deslumbra ni molesta".
Al arquitecto, en cambio, las torres de Calatrava le parecen "absolutamente indefendibles. Están fuera de escala. Cada vez que entro en Oviedo desde la autopista pienso: Qué suerte tenemos de que la silueta de la ciudad sea la Catedral. Si el proyecto sigue adelante, éso lo vamos a perder". Otra objección que Alfonso Toribio pone al proyecto de Santiago Calatrava es que "entra en la ciudad como un elefante en una cacharrería, sin acomodarse al entorno, como sería lo correcto". Finalmente, el urbanista considera que "Calatrava no es el arquitecto adecuado para trabajar dentro de una ciudad".
Su colega Víctor García Oviedo considera que las torres de Junquera "ayudan a solventar un problema real que tiene Gijón. Además, estarán edificadas sobre suelo público, de tal manera que la obra se autofinanciará".
Respecto a los proyectos de torres en Oviedo, el arquitecto hace una consideración: "Es necesario --asegura-- tener en cuenta que Oviedo no es sólo un municipio, sino también la capital de Asturias. Por lo tanto, el Ayuntamiento y el Principado deberían ponerse de acuerdo en el modelo de capital que se quiere para Asturias". Analizado el problema desde esta perspectiva, García Oviedo opina que "es posible que las torres de Mangado encajen, pero el proyecto de Calatrava clama al cielo, es una frivolidad absoluta de un arquitecto que cree que la ciudad está para construir sus monigotes. Ni encajan en el lugar, ni responden a un proyecto beneficioso para la ciudad".
Para el arquitecto Arturo Gutiérrez de Terán, "las torres de Gijón se plantean para financiar una operación pública, lo que me parece defendible, y están en una parte de la ciudad en la que pueden resultar coherentes. Por el contrario, los proyectos de Oviedo se plantean con menos claridad y para abordar planteamientos privados, sin olvidar que uno de ellos está en zona monumental".
Por su parte, el urbanista Marcos Espina subraya que "las torres de Junquera, en Gijón, liberan mucho espacio que recupera la ciudad". Para Marcos Espina, "el convocar un concurso de ideas era conveniente, teniendo en cuenta que la entrada de Gijón va a sufrir una transformación notable". En cuanto al proyecto de Mangado, Espina asegura que "no se pueden calificar como torres. Son edificios altos que liberan espacio en una zona, como es el barrio ovetense de San Lázaro, que necesita una reordenación general". El arquitecto destaca que "la obra de Patxi Mangado puede ayudar a resolver los problemas urbanísticos del barrio".
Distinta opinión le merecen a Marcos Espina las torres de El Vasco. Para el urbanista, las torres son "inoportunas por dos razones: en primer lugar, construir tres torres de 130 metros a tan poca distancia del casco medieval que forman la Catedral y las murallas alfonsinas; y, en segundo lugar, el proyecto rompe la silueta de la ciudad y distorsiona la relación visual entre la catedral y la iglesia de San Julián".
Por su parte, el arquitecto gijonés Jovino Martínez Sierra considera que las torres de Poniente "responden a un proyecto de calidad y liberan mucho espacio público. En cualquier caso, el trabajo de Jerónimo Junquera sera positivo sólo si la calidad arquitectonica final es buena y responde al planteamiento urbanístico adecuado".
Para Martínez Sierra, la idea de Mangado para San Lázaro "parte de un buen posicionamiento, al hacer un edificio en altura". Respecto a las torres de Calatrava en El Vasco, el urbanista comenta que "el lugar es mucho más conflictivo y no me parece un buen posicionamiento". Aún más lacónico es cuando se le pregunta por el autor del proyecto, afirmando que "No me interesa la arquitectura de Calatrava".
* La Voz de Asturias - 16/02/2008 - BERNARDO SOLIS
Foto: Proyecto de Junquera para Poniente, en Gijón / JOSE VALLINA, lavozdeasturias.es
"España es el país de la UE con más casas vacías"
ADN* : "Pese a que la Constitución [española] reconoce la vivienda como un derecho básico, en realidad actualmente está considerada como una simple mercancía que se compra y se vende". El relator de la ONU en asuntos de Vivienda, Miloon Kothari, ha llegado a esta conclusión después de su visita de 10 días por España a finales de 2006, según se refleja en el primer borrador del informe que este miércoles presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Más del 60% de las denuncias por abusos urbanísticos que llegaron a la UE en el primer trimestre de 2006 procedían de España.
Pese a admitir los "progresos" de las políticas y legislaciones de las administraciones central y autonómicas -dedica especiales elogios a la política de vivienda de protección vasca y a la nueva legislación catalana pero critica la política de Mallorca-, el relator presenta España como el país donde más viviendas vacías hay en toda la Unión Europea (un 15% del total) y donde, paradójicamente, los precios de la vivienda suben también al mayor ritmo.
El borrador, de 35 páginas, dedica capítulos completos a la "especulación", la "corrupción" y el "mobbing". Sin pelos en la lengua, el relator desgrana una situación que la inmensa mayoría de los españoles ya conoce o sufre, pero que adquiere mayor relevancia al ser denunciada desde un organismo dependiente de la ONU.
Los precios Madrid y Barcelona se han más que doblado en los últimos diez años; eventos como los Juegos Olímpicos, el turismo y las segundas residencias han alimentado la especulación y el excesivo incremento de los precios; entre 1998 y 2005 el precio del suelo aumentó un 500% y en menos de un año hay quien ha obtenido un 846% de beneficios especulando con terrenos en proceso de recalificación; en cuatro años Mallorca ha modificado 227 planes urbanísticos; 15 de las 24 denuncias por abusos urbanísticos llegadas a la UE en el primer trimestre de 2006 venían de España...
El relator pide mayor "intervención estatal"
Éstos son algunos de los ejemplos puestos por el relator en el borrador de su informe para demostrar como el problema de la vivienda amenaza ya a las "clases medias" -con especial afectación sobre jóvenes, mujeres, immigrantes o ancianos- y por los cuales reclama una "intervención estatal sobre el mercado".
El borrador destaca que una de las causas del problema de la vivienda es que tradicionalmente el mercado e impuestos españoles han favorecido la compra por encima del alquiler y considera "insuficiente" la creación de la Sociedad Pública de Alquiler para darle la vuelta a esta situación.
En el lado positivo, el relator aplaude los progresos que supone la creación de un Ministerio de la Vivienda en 2004, el Plan Vivienda 2005-2008, en Cataluña la creación de la Ley del Derecho a la Vivienda que penaliza a los propietarios con viviendas vacías y también la política de vivienda protegida (VPO) del País Vasco, donde una de cada tres viviendas iniciadas en 2005 era de protección frente a una de cada trece para el conjunto de España.
* ADN - J. Albarrán Bugié - 15/02/2008
Foto: El relator de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, durante su visita a España a finales de 2006 / adn.es
El medio centenar de campos de golf en proyecto suma más de 30.000 viviendas
ELPAÍS/Andalucía* : El decreto sobre campos de golf aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno aclara el panorama normativo y el procedimiento a seguir para la implantación de estas instalaciones en Andalucía, pero no garantiza que desaparezca la controversia sobre cuántos más son justificables y cuántos se van a autorizar.
Actualmente existen entre 50 y 60 proyectos de implantación de nuevos campos de golf en la comunidad autónoma, todos ellos con urbanizaciones vinculadas que sumarían del orden de no menos de 30.000 viviendas, según resulta de consultas realizadas a las distintas organizaciones empresariales.
En estos momentos hay ya en construcción una docena de campos de golf con urbanizaciones que estaban contempladas en los planes urbanísticos vigentes con unas 12.000 casas.
Este medio centenar de nuevos proyectos se encuentra en distinto grado de madurez y en todo caso a partir de la entrada en vigor del decreto deben empezar su tramitación desde cero como campos de interés turístico.
El decreto contempla tal categoría para aquellos campos que por su excelencia medioambiental y deportiva y su capacidad de atracción turística y siempre que cumplan determinados requisitos al respecto, puedan tener desarrollos urbanísticos vinculados. La declaración de un proyecto de interés turístico corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta y la Consejería de Obras Públicas se reserva la potestad de fijar el número de viviendas permitidas en cada caso.
Hace dos años, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) tenía constancia de 150 proyectos de campos de golf, cifra que incluía desde meras declaraciones de intenciones hasta proyectos cerrados. Según la CEA y la Asociación de Empresarios de Turismo Residencial, Promotur, se mantienen en pie entre 50 y 60 proyectos, todos ellos con la aspiracíón de ser declarados de interés turístico. Para los empresarios, la construcción de un campo de golf sólo es rentable si va aparejada de desarrollos residenciales. Ambas organizaciones estiman una media de unas 600 viviendas por cada uno de estos proyectos, con lo que cabe hablar de una horquilla de entre 30.000 y 40.000 viviendas.
Baltasar Fernández Ávila, representante de la CEA en la Mesa del Turismo, advierte de que la recesión en el sector inmobiliario podría hacer desistir a algunos.
Los empresarios temen por los plazos. Según Fernández Ávila, dadas las exigencias de la norma, en el mejor de los casos un proyecto que pudiera cumplir los requisitos y presentar su solicitud ya en el segundo semestre de este año no podría empezar a ejecutarse hasta al menos dentro de dos años.
Pero además, el decreto obliga a que los campos de interés turístico estén recogidos en los planes subregionales de ordenación urbanística y hay muchas comarcas andaluzas de interés para los promotores de golf donde no hay previsto plan territorial. En ese caso habría que hacerlo, y la experiencia dice que algunos de los ya aprobados han tardado hasta siete años en elaborarse.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 15/02/2008
Foto: Golf_y_urbanización - ecologistasenaccion.org
Menos promesas, más realidades
JUAN CLAVERO SALVADOR* : La credibilidad de los partidos políticos y de los mismos políticos se pone en cuestión cada vez que llegan unas elecciones y prometen lo que no han hecho cuando han gobernado, o lo que no piensan hacer. Ahora toca ser ecologistas, y la mayoría de los partidos políticos incluyen en sus programas alabanzas al desarrollo sostenible y a la defensa de nuestros espacios naturales y de nuestra biodiversidad, cuando en la práctica, con excepciones tan honrosas como escasas, en las administraciones que gobiernan, se lanzan a políticas tan desarrollistas como ambientalmente insostenibles.
Los mismos partidos que aseguran en sus programas que defienden una movilidad sostenible, que van a luchar contra el cambio climático, que van a promover la peatonalización de las ciudades, el uso de la bicicleta y del transporte público, no paran de presionar para que se construyan más y más autopistas y aparcamientos subterráneos, llegando a presentar como uno de los logros políticos de su gestión los kilómetros de autovías construidos o el número de plazas de aparcamientos creadas.
Los mismos que denuncian la especulación en ciudades ajenas, promueven en las propias los convenios urbanísticos -auténtico cáncer generador de corrupción-, y los consabidos campos de golf con macrourbanizaciones, políticas que están destruyendo la ciudad compacta mediterránea, generando unos impactos ambientales, sociales y económicos irreversibles.
Los mismos que dicen que van a promocionar las energías alternativas, apoyan a las grandes multinacionales -autóctonas o extranjeras- que construyen centrales térmicas -en Cádiz tenemos ya cinco- que vomitan millones de toneladas de CO2, el principal gas generador del efecto invernadero.
Los mismos han reclamado insistentemente las competencias sobre el agua, terminan por actuar igual que en el franquismo, basando su política en ofertar más y más agua -pantanos, trasvases y desaladoras- para seguir despilfarrándola sin asumir que se trata de un recurso escaso que hay que administrar bien para garantizar el suministro ahora y en el futuro, y la calidad ecológica de ríos, acuíferos, lagos y mares.
Los ecologistas hemos presentado a todos los partidos políticos un Programa por la Tierra, que incluye propuestas para impulsar el camino hacia la sostenibilidad en España, esto es, garantizar una calidad de vida adecuada para todos y todas, sin hipotecar los derechos de las generaciones futuras, y asegurando una efectiva conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. El Programa por la Tierra tiene como objetivo alimentar el debate ambiental en la próxima campaña electoral. También servirá como referente para valorar los avances del futuro Gobierno de España en materia medioambiental.
En esta legislatura que termina se han producido avances legislativos importantes, pero ahora es el momento de llenar de contenido esos conceptos y de plasmar en la realidad lo ya conseguido sobre el papel. En el Programa por la Tierra analizamos todos los sectores que consideramos relevantes para el medio ambiente y desgranamos una serie de propuestas de acción concretas para cada uno de ellos. Si en los últimos años hemos conseguido que el discurso ambiental forme ya parte habitual del debate político, es ahora el momento de la acción. Vivimos tiempos importantes en los que deben establecerse ya las bases de un cambio necesario y urgente. La próxima década es clave y no hay espacio para la pasividad. Por ello, esperamos que las propuestas ecologistas formen parte esencial del debate que viviremos las próximas semanas, pero también queremos que no se quede en mera palabrería, en recetas que se repiten campaña tras campaña electoral.
Las medidas que proponemos para una política sostenible son:
1- Reducir las emisiones de CO2 cumpliendo los compromisos acordados por la Unión Europea para 2020 y 2050, impulsando una Ley contra el Cambio Climático.
2- Reducir de forma masiva el consumo energético, entre otras medidas, impulsando una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética.
3- Apoyar y apostar por un crecimiento rápido de la energía limpia, en particular, promoviendo una Ley de Energías Renovables.
4- Restringir el uso del automóvil, fomentar el transporte público y obligar a desarrollar Planes de Movilidad Sostenible, entre otras medidas, con una Ley de Movilidad Sostenible.
5- Establecer medidas efectivas para reducir la generación de residuos.
6- Educar a los niños y jóvenes en los colegios sobre los efectos del consumismo para el entorno y la sociedad, así como fomentar una educación hacia la austeridad.
7- Garantizar que las compras de todo tipo de bienes que se realicen con dinero público respondan a estrictos criterios ecológicos y sociales, eliminando totalmente la madera procedente de la tala ilegal.
8- Reducir drásticamente el uso de los productos químicos en la agricultura.
9- Luchar de forma efectiva contra la especulación y la corrupción urbanística, incentivando el alquiler y la rehabilitación de viviendas frente a la compra y la nueva construcción.
10- Recuperar todos los acuíferos, cerrando las extracciones ilegales y asegurar caudales ecológicos para todos los ríos.
11- Dar un impulso real a la red europea de espacios naturales Natura 2000, aprobando la composición definitiva, tanto terrestre como marina, y garantizar su adecuada financiación y gestión.
12- Defender el mar creando una red de espacios protegidos coherente, integrada y bien gestionada, que incluya áreas tanto litorales como oceánicas.
Los ecologistas no creemos en promesas, analizamos y valoramos los hechos. Ya no nos queda mucho tiempo.
* JUAN CLAVERO SALVADOR, DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
* La Voz Digital - Opinión - 09.02.2008
La verdadera historia de la urbanización ilegal en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
ECOLOGISTASENACCIÓN/Almería* : Para entender lo sucedido con la macro urbanización de Marina de Agua Amarga en el Parque Natural de Cabo de Gata, ahora ilegalizada por el Tribunal Supremo, hay que remontarse a 1995, momento de elaboración del proyecto, que coincide con el de la elaboración de las Normas Subsidiarias de Níjar y de los personajes implicados en ambas.
El Ayuntamiento de Níjar, entonces presidido por el socialista Joaquín García Fernández, recurrió en 1996, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, que aprobó definitivamente la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Níjar, con excepciones y modificaciones, obligando al Ayuntamiento de Níjar a incluir y respetar las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) realizada por la Delegación de Medio Ambiente.
El propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se queja en su sentencia de que la Junta de Andalucía no cuestiona el carácter urbano o urbanizable de los terrenos en relación con el PORN y que no aporta la cartografía del Parque, lo cual no le impide confirmar casi en su totalidad las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), anulándola sólo en cuanto a las actuaciones denominadas Hortichuelas UE-HO-1, 3 y 4, Pozo de los Frailes SAU-PF-3, Agua Amarga SAU-AA-5, San José SAU-SJ-5.
La Junta recurrió esta sentencia del TSJA ante el Tribunal Supremo que, revocándola, ha confirmado las determinaciones de la DIA respecto a las actuaciones denominadas Hortichuelas UE-HO-1, Pozo de los Frailes SAU-PF-3, Agua Amarga SAU-AA-5 y San José SAU-SJ-5. Y si no ha confirmado también las determinaciones sobre Hortichuelas UE-HO-3 y 4 es porque la propia Junta ha afirmado el carácter urbano de estos suelos, entre otras, mediante comunicación del Delegado Provincial de Medio Ambiente al de Obras Públicas en octubre de 1996.
Frente a estas sentencias que velan por la preservación medioambiental, nos encontramos con la permisividad del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Níjar y de la Consejería de Medio Ambiente, que durante todos estos años han tolerado, cuando no alentado, la construcción en terrenos que gozan de protección, utilizando el nuevo PORN, recién aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para legalizar las infracciones cometidas.
Un buen ejemplo lo tenemos en el área habitada preexistente de La Joya de Agua Amarga donde se están construyendo casas de nueva planta y hasta con varias alturas, aún cuando en el PORN vigente, y ratificado en la sentencia del TSJA, sólo se permite la rehabilitación, siempre que no suponga modificación alguna de volumen construido ni elementos arquitectónicos ni estéticos.
O el muy conocido caso de la macro urbanización, Marina de Agua Amarga, SAU-AA-5, que cuenta hasta con Plan Parcial, a pesar de proyectarse sobre terrenos de alto valor ecológico, finalmente reconocido así por el Tribunal Supremo.
Recordar, también, que la DIA y la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Níjar fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia no sólo por el Ayuntamiento de Níjar, sino por varios propietarios y promotores, entre los que se encuentran los de Marina de Agua Amarga, obteniendo sentencias favorables que anulaban parcialmente la DIA y declaraban urbanizables diversos terrenos protegidos dentro del Parque Natural, y entre ellos los de Marina de Agua Amarga.
Sin embargo, ninguna de estas sentencias que permitían la urbanización de terrenos protegidos fue recurrida por la Junta de Andalucía, sólo recurrió la planteada por el Ayuntamiento de Níjar. ¿Por qué?
La respuesta es muy sencilla. En los otros pleitos sólo estaban personados los promotores y la Junta de Andalucía, no había ningún tercero o asociación ecologista que tuviera acceso y controlara el desarrollo y defensa que se hacía en los mismos. Mientras que en el promovido por el Ayuntamiento de Níjar sí estaba personado el movimiento ecologista, a través de un conocido conservacionista del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, dado que en la fecha de interposición del recurso (1996) no existía como tal asociación Ecologistas en Acción.
Por tanto, el mérito de que finalmente se puedan preservar las 48 hectáreas sobre las que se proyecta ejecutar Marina de Agua Amarga, y el resto de los terrenos cuya protección ha sido igualmente convalidada por los tribunales, no corresponde a la Sra. Consejera de Medio Ambiente, que no ha contribuido en absoluto a tal logro sino, antes al contrario, ha entorpecido todo lo posible su consecución, sino al movimiento ecologista, a Ecologistas en Acción-Almería y a las personas a él vinculadas que, paradójicamente, están sufriendo el acoso y la persecución personal de las diferentes administraciones, por no cejar en su empeño de defensa del medio ambiente y el territorio.
Más información: Igor Parra Tlfno: 950-132285
* Ecologistas en Acción - Almería 12 de febrero 2008
Foto: aguamarga - parquenatural.com
