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MÁLAGAHOY* : La vigilancia urbanística se estrecha sobre los municipios de la Axarquía. Tras la condena del alcalde de Cómpeta y las imputaciones por delitos urbanísticos de los de Tolox y La Viñuela, la Fiscalía investiga ahora al regidor de Canillas de Aceituno.
El fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo-Rubio, ha llevado ante el juzgado al alcalde de este pueblo axárquico, el socialista José Manuel Aranda. Según el fiscal, el alcalde, que se encuentra en la actualidad en su tercer mandato, concedió entre 2005 y 2006 seis licencias para construcción de viviendas unifamiliares en terreno no urbanizable. El fiscal investiga el caso.
El edil manifestó a este diario desconocer el caso por el que se le denuncia, aunque espera recibir la información para poder actuar sobre ello.
Aranda expuso que "en Canillas llevamos más de un año sin dar ni una sola licencia" y aprovechó para criticar los vaivenes normativos que, a su juicio, paralizan a los municipios. "Intentamos aprobar los planes generales, pero no hay manera; primero entró en vigor la LOUA, cuando nos estábamos adaptando, entran los POT y más adelante el POTA... nos estamos volviendo locos", dice.
El alcalde apuesta por que se apruebe una normativa definitiva y que "todos los que se la salten sean perseguidos", dijo.
Sin embargo, la apertura de una denuncia por parte del Miniserio Fiscal ha supuesto una satisfacción para el grupo GENA-Ecologistas en Acción de la Axarquía, que viene denunciando desde hace tiempo las presuntas irregularidades cometidas por los ayuntamientos de la comarca.
El pasado mes de diciembre, el grupo ecologista denunciaba ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ante la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Málaga, la "construcción de una urbanización encubierta realizada en suelo rústico no urbanizable en Canillas de Aceituno", según expusieron en un comunicado.
El grupo explica que el Ayuntamiento hace pasar por aperos de labranza casas de mayores dimensiones y que no son compradas por agricultores, "sino por personas de avanza edad o, aún peor, por promotoras o inmobiliarias".
Ecologistas en Acción facilitó al fiscal la documentación de 48 viviendas residenciales, en 2006, y cinco más en 2005. "Superponiendo fotos aéreas se demuestra como en el año 2000 en estos parajes sólo había cuatro cortijos".
* Málaga Hoy - Rebeca Tobelem / Málaga - 06.04.2008
Foto: Canillas de Aceituno (Málaga) - en-la-costa-del-sol.com
El fiscal denuncia al alcalde de Canillas por dar licencias ilegales
El Cabanyal, de la indecisión municipal a la degradación especulativa
VICENTE GALLART* : Oír como hemos tenido ocasión estos últimos días, de quienes llevan gobernando esta ciudad desde el 5 de julio de 1991, cómo se atribuye toda la responsabilidad sobre el estado al que ha llegado el Cabanyal a «determinadas plataformas [los Salvem] que actúan con el beneplácito del partido socialista», que han impedido que el todopoderoso gobierno municipal pudiera llevar adelante su ansiado y por todos conocido interés de regenerar el barrio, resultaría un tanto cómico, si no fuera porque hay vecinos que se lo creen.
En 1988 el PSOE, con su falta de determinación en la aprobación del Plan General, no fue capaz de dejar resuelto el planeamiento del Cabanyal-Canyamelar y en cambio, ante la indecisión, optó por diferir la solución concreta de «la conexión del paseo al mar con el paseo marítimo, previo análisis y decisión sobre su continuidad o no», a un estudio posterior, acotando un Área de Planeamiento Diferido, que debía quedar redactado en el siguiente cuatrienio. Aun bajo su responsabilidad, en ese mismo año, se organizó un Concurso Internacional de Ideas para la conexión de Valencia con el frente marítimo, cuyo fallo se dio a conocer en diciembre de 1989, dejando desier-to el primer premio, porque se juzgó que ninguno de los trabajos presentados aportaba una solución global que cumpliera los objetivos establecidos en las bases del concurso. Unos pocos años después, en 1993 y ya con Rita Barberá como alcaldesa, fue la Generalitat Valenciana, gobernada aún por Joan Lerma, la que decidió declarar Bien de Interés Cultural al Conjunto Histórico Protegido del Cabanyal.
Así pues, es en estas condiciones en las que la señora Barberá debe asumir su plena responsabilidad sobre lo bueno y lo malo que haya podido ocurrir con nuestro barrio, desde que ella gobierna. No cabe mirar fuera para buscar responsables sobre la degradación paulatina del barrio. Si los socialistas se mostraron indecisos y prefirieron congelar el barrio, ellos sabrán con qué resultados electorales, han sido los populares los responsables de mantener la nevera en condiciones, y por el olor que sale de algunas casas, más bien parece que los congeladores se desconectaron hace muchos años. ¿Acaso piensa la señora alcaldesa que ayudan a regenerar el barrio las muchas casas propiedad de Cabanyal 2010, que se están alquilando sin contar con suministro de agua ni luz y cuya falta de habitabilidad hace que acaben alquilándolas a los más desfavorecidos de esta sociedad, que prefieren estar ahí antes que debajo de un puente, aunque precisen hacer sus necesidades en la puerta de la casa? Quien diga que esto es un bulo, sencillamente miente o no se entera de lo que pasa en el Cabanyal.
Culpar a las distintas organizaciones vecinales por haber recurrido a los tribunales, cuando esos mismos tribunales creyeron que había argumentos suficientes como para suspender cautelarmente las demoliciones, no les libera de su responsabilidad de crear las condiciones para una gestión adecuada de la regeneración del 98 % del barrio que no ha estado en ningún momento afectado por la prolongación ni paralizado por ninguna suspensión cautelar. Lo que sucede es que la única gestión que se ha hecho durante estos diez últimos años ha ido dirigida a crear las condiciones que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos amistosos para la compra de viviendas en la zona afectada por las futuras expropiaciones. Unos acuerdos que en apenas algún caso se han producido con vecinos que tenían esa vivienda como su lugar de residencia, ya que difícilmente se puede encontrar a alguien tan ingenuo como para vender amistosamente su casa por la tercera o cuarta parte de lo que le costaría comprar otra de idénticas características a la suya en la cera de enfrente, como está ocurriendo en la calle San Pedro. Tan sólo hay que asomarse a los escaparates de las inmobiliarias próximas para comprobar que lo que el ayuntamiento pretende expropiar a 500 euros/m2, su precio de mercado está a una media de 2.350 euros/m2. Según parece, los vecinos de este barrio que ven con buenos ojos los argumentos municipales que dicen «defender el interés general, y no intereses particulares de unos cuantos» expropiables, no se muestran tan generosos con las muchas viviendas vacías que algunos poseen fuera de la prolongación y que «por el interés general» o por caridad cristiana, según prefieran, podrían ofrecer al ayuntamiento por el mismo valor del justiprecio del bien que van a perder los otros por la vía de la expropiación. Tal vez si se pusiera en marcha el Registro Municipal de Casas Vacías, como ya se ha hecho con el de solares, algunos defensores del interés general empezarían a ponerse nerviosos.
La empresa mixta Cabanyal 2010, cuya legalidad está cuestionada por los tribunales europeos, no es la Oficina Riva que pueda gestionar la regeneración del barrio, ya que, aunque ostenta algunas competencias municipales en cuanto a información urbanística, expropiación y realojos, carece de todas las competencias propias de una oficina de rehabilitación integral, como la que ha empezado a funcionar últimamente en Ruzafa. Carece de competencias de gestión y resolución de expedientes de ayudas para la rehabilitación. Tampoco cumple con los objetivos sociales que tienen estas oficinas. No se puede ocultar que es una empresa formada por accionistas (Armiñana, Pavasal...), en la que no hay lugar para la participación de los agentes urbanos existentes y, en particular, de aquellas asociaciones que representan a los habitantes y comerciantes del Cabanyal-Canyamelar, participación que en cambio contempla el propio Pepri. Su gestión sólo ha creado desconfianza, comportándose como una auténtica empresa inmobiliaria sin escrúpulos, en la que algunos vecinos que se han acercado ingenuamente han visto cómo ofertas que se les hacían hoy dejaban de ser válidas al día siguiente.
Convencidos de que una Oficina Riva es el instrumento indispensable para empezar a poner en marcha la regeneración del Cabanyal, desde la asociación de vecinos, en varias reuniones mantenidas con el señor Alfonso Grau, le hemos manifestado la imperiosa necesidad de ponerla en marcha, pero su respuesta siempre ha sido la misma: «No, mientras no haya una sentencia definitiva de los tribunales». Él bien sabe que ha sido así, de manera que, una vez más, le repetimos que no necesita esperar a que el Tribunal Supremo levante ninguna suspensión cautelar para empezar la regeneración del Cabanyal. Tan sólo lo impide la estrategia especulativa que el gobierno municipal se ha marcado. Ésa es su responsabilidad.
* Vicepresidente de la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar
* Levante-EMV - Opinión - 06 de abril de 2008
El urbanismo sin control deja más de 4.000 casas ilegales en el Almanzora
ELPAÍS/Almería* : Ni cerveza, ni sol. La primeras palabras en castellano que muchos británicos han tenido que aprender después de comprarse una casa en la hasta ahora desapercibida comarca del Almanzora (Almería) han sido contencioso administrativo, Plan General de Ordenación o licencia de primera ocupación.
En los últimos años, la fiebre urbanizadora ha avanzado a pasos agigantados con un saldo de viviendas ilegales que fluctúa entre las 4.000 y las 6.000, según las estimaciones. Las promociones comenzaron a brotar en el momento en el que los promotores advirtieron que la comunidad británica veía en esta zona las características de un retiro idílico: buen clima, tranquilidad y un nivel de vida más barato que en el Reino Unido. "Una casa aquí, con un gran jardín, sol y un pueblo con todos los servicios a cinco minutos en coche es el sueño de cualquier pensionista británico", mantiene Maura Hillen, ejecutiva de banca irlandesa retirada en Albox (11.000 habitantes censados) hace un año.
La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente ya alertaba en 2007 del alto índice de delitos urbanísticos que se estaban investigando en la comarca, sobre todo en los municipios de Zurgena, cuyo alcalde fue detenido esta semana en una operación contra la corrupción urbanística, Albox, Oria, Cantoria y Arboleas.
Las investigaciones se conocían, pero la demolición en febrero de una casa en Vera, propiedad de británicos, cruzó fronteras e hizo saltar todas las alarmas.
La comunidad británica se unió y pidió ayuda al Parlamento Europeo. La mayoría se siente estafado por la falta de control de los últimos años. "Nadie ha hecho su trabajo correctamente", sentencia David Dunthorn, portavoz de la asociación Abusos urbanísticos Almanzora no, que aglutina a 300 británicos afectados. "Le prometí a mi esposa que si esto no nos gustaba nos marchábamos en un par de años, pero estamos atrapados. Hemos puesto los ahorros de nuestra vida en unas casas sobre las que nadie nos alertó", añade Dunthorn.
Las historias de los propietarios de estas viviendas, todas en el término de Albox, dan para escribir un serial. En tres años, Judy Baker, teleoperadora jubilada de la British Telecom, ha gastado 300.000 euros en una vivienda de la que ni siquiera tiene escritura. No tiene agua corriente, ni luz. Gasta 90 euros a la semana en alimentar a un generador de electricidad y tuvo que pagar 6.000 euros a un vecino por un trozo de parcela después de que denunciara un cambio en sus lindes. Baker explica con flema inglesa por qué tiene que hacerse responsable de todos los gastos. El constructor, ahora desaparecido, le hizo firmar un contrato en el que ella aparecía como promotora.
El caso se repite, con variantes, en las 12 viviendas de alrededor, también responsabilidad del mismo promotor. Thomas Jones, ingeniero mecánico dueño de la villa Las dos Torres pagó 1.000 euros de la instalación del agua y la parte que le correspondía los 100.000 euros que costaron unas torres de alta tensión instaladas cerca de sus viviendas. "Sevillana desconectó la electricidad porque las casas no tienen licencia de primera ocupación", explica. "Necesitamos que sepan que la comunidad inglesa no tiene dinero ilimitado y que hacen falta soluciones con horizontes cercanos", subraya David Dunthorn.
En estos años, la economía de los pueblos de interior ha resucitado. Han abierto comercios, supermercados e innumerables inmobiliarias. Muchos jóvenes han encontrado trabajo en la construcción, mientras los últimos agricultores y cabreros cambiaban el trabajo duro y mal pagado en sus tierras por cheques que garantizan tranquilidad económica de por vida.
Antes de las municipales de 2007, Albox contaba con 13 expedientes de demolición de chalés firmes. En la localidad vecina de Arboleas, también limítrofe con Zurgena, Ecologistas en Acción ha denunciado ilegalidades urbanísticas en siete pedanías.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ / M. J. LÓPEZ - Almería - 06/04/2008
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net
Resultados encuesta: ¿Solucionarán las próximas elecciones generales el problema del ladrillazo?
Como no podía ser de otra manera, el resultado de esta encuesta que empezó en Febrero es claro...
... un 76% de los votantes cree que el sistema funciona mal y que los ciudadanos 'patasarriba' no confían en que las recientes elecciones generales vayan a resolver el problema del ladrillazo en España. Y no porque sea cuestión de competencias autonómicas o municipales (que también), sino porque se ha llegado a tal punto de salvajismo territorial que, posiblemente, ya nadie confíe en las soluciones reales de un sistema urbanístico anticuado y caduco.
En la campaña electoral se vio que el tema del ladrillazo y la especulación urbanística no interesaba a los dos grandes partidos, que no se atrevieron a debatir en público sobre esta cuestión. Sin duda el tema del estallido de la burbuja inmobiliaria estaba demasiado presente, con las consecuencias de la prevista recesión económica y el aumento del paro en la construcción. Pero hay que destacar que ambos partidos políticos han contribuido a crearla artificialmente y, por tanto, son responsables ahora de su caída en picado, con las previsibles consecuencias sociales de un modelo equivocado tantas veces aquí denunciado.
En definitiva, que la situación sigue siendo cada vez más complicada, a pesar de alguna tímida reacción en ciertas comunidades, ya que junto al agravamiento de la cuestión social se une la tremenda carga de profundidad de un territorio urbanísticamente insostenible, con la falta de credibilidad creciente de las instituciones públicas encargadas de su ordenamiento (como seguimos viendo a diario en este blog), y con una organización territorial que demuestra las múltiples carencias medioambientales, de equipamientos o de infraestructuras básicas que van a terminar repercutiendo negativamente en la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos.
NOTA: Empieza nueva encuesta: ¿Son los derribos la mejor solución contra las construcciones ilegales?
Benidorm, la verticalidad fea pero barata
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PÚBLICO/Reportaje* : Una treintena de personas celebra al atardecer la procesión de Santa Faz por las calles del casco antiguo de Benidorm. La mayoría son mujeres mayores que se agarran del brazo, llevan un palo de caña y cantan "¡Ave María Purísima!". El desfile transcurre ante la atenta mirada delos hombres ingleses de tez colorada que llenan a esa hora los bares gays. Al finalizar el acto religioso, las mujeres toman en la calle vino dulce y rosquillas.
Son de las pocas personas originarias de Benidorm (tan sólo el 6% de la población). Muchas de ellas acudieron la semana pasada al entierro de Pedro Zaragoza, don Pedro, alcalde falangista de la ciudad durante los años cincuenta y sesenta y que en 1956, impulsó un plan general que transformó un pueblo de pescadores en la que pasó su luna de miel la escritora Sylvia Plath en la actual fábrica turística.
Zaragoza sacó las aguas fecales de la playa y compró pozos a un municipio cercano para poder llevar a Benidorm el agua corriente. Incluso tuvo tiempo para inventar el Festival de la Canción de Benidorm.
Que viva el biquini
"Don Pedro dejó la ciudad muy bien", cuenta una mujer tras la procesión. "Y fue el que permitió que las mujeres estuviesen en bikini en la playa", apostilla otra. Por esto, el arzobispado de Valencia quiso excomulgarle cuatro veces, pero Zaragoza se fue con su Vespa hasta Madrid para hablar con Franco y le convenció.
Cuando Pedro Zaragoza era alcalde, en Benidorm vivían 6.000 vecinos y el Ayuntamiento tenía un presupuesto de 70.000 pesetas. Ahora residen 71.000 personas (el 30% inmigrantes) y el Gobierno municipal (PP) tiene seis millones de euros de remanente negativo en tesorería.
En medio, la ciudad ha tenido de regidor a Eduardo Zaplana que, en 1991, consiguió el bastón de mando gracias al apoyo de una tránsfuga del PSOE. Ya como presidente de la Generalitat Valenciana, Zaplana permitió que la ciudad modificara puntualmente su plan general, lo que permitió a una quincena de hoteles exceder la edificabilidad prevista hasta en un 40%.
La ciudad acumula en los últimos cuatro años 1.500 infracciones urbanísticas sin resolver y el retranqueo para aprovechar los espacios es un clásico: el 70% de los locales comerciales lo tienen.
El edificio más alto
En Benidorm hay 140 rascacielos de más de 20 pisos. "El hotel Bali es el que más levanta", comenta un taxista tratando de explicar que el Bali, con sus 52 plantas y sus 186 metros de altura preside el resto de edificaciones. Hasta la construcción de la Torre Espacio de Madrid era el edificio más alto de España.
Pero ni siquiera está al lado de la playa; los turistas se conforman con sus inmensas piscinas y con subir y bajar en el ascensor panorámico. Una suite cuesta casi 1.000 euros la noche. Esta impresionante mole es el mayor ejemplo del modelo de urbanismo de la localidad: la construcción en vertical.
Una forma de ver el desarrollo de las ciudades contrapuesto a la hilera de chalets y que cuenta con detractores y con defensores. La mayoría de los expertos coinciden en que los rascacielos producen menos impacto en el medio ambiente que los adosados, pero es un modelo que no se puede sobreexplotar.
Para Alfonso de Esteban, catedrático de Estructura Social de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Premio Europeo de Urbanismo la construcción vertical "ocupa menos suelo que los adosados tipo gallinero que se hacen ahora por todo el país". "Se ahorra agua porque las torres tienen una única zona de riego y cada chalet suele tener su propio jardín", agrega.
Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, se postula como "defensor de Benidorm". "Es más eficaz, hay menos pérdidas de agua en la red. Se gestiona mejor una ciudad así que otra con un modelo disperso", asevera. Pero señala que tiene puntos negativos como "el impacto visual".
Rafael Mata, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles también aboga por la verticalidad. Cree que el único inconveniente del turismo en torre es para el propio turista: "Es obvio, todos preferiríamos un chalet al lado de una ladera".
Faltan infraestructuras
Desde la oposición en el Ayuntamiento, la portavoz adjunta del PSOE, Maite Iraola, explica que el crecimiento de la población no ha ido acompañado por infraestructuras. "Hay un único hospital para toda la comarca de la Marina Baixa y necesitamos otro", denuncia.
Para el PSOE también faltan equipamientos culturales al margen de los shows de los hoteles y parques. "El único pulmón verde es el de L´Aigüera", critica Iraola. Además de la falta de zonas verdes, Ecologistas en Acción critica el "alarmante deterioro y la degradación"de la costa de Benidorm y que se están levantando construcciones a sólo 60 centímetros de la línea de costa.
Los vecinos, mientras, viven el día a día pero con un ojo en el futuro. "Lo que importaes ganar pasta con las licencias. Aquí casi nadie protesta porque con muchos la administración ha hecho la vista gorda", concluye un camarero, antes de preparar las mesas para la cena.
En tres minutos: Manuel Pérez Fenoll, alcalde de Benidorm (PP): «Critican por la foto, sin ver la ciudad»
Manuel Pérez Fenoll, alcalde de Benidorm por el Partido Popular, defiende el modelo de los rascacielos que llenan esta ciudad del Levante por una cuestión de “sostenibilidad”. “Se ocupa menos espacio y se ahorra en infraestructuras”, asegura. No ve nada malo ni ningún problema en gobernar una localidad con un centenar de bloques que tienen más de 20 alturas.
¿Por qué defiende la construcción verticalfrente a la horizontal?Los rascacielos ocupan mucho menos espacio que los chalets adosados, es más sostenible y se ahorra a la hora de canalizar los servicios. Por ejemplo, cuando hay que repartir el gas, con menos tubería llegamos a más vecinos. También se pierde menos agua en el reparto que si las canalizaciones tuviesen que llegar a muchas más construcciones seguidas una detrás de otra.
Si tan bueno es el modelo Benidorm, ¿por qué hay mucha gente que lo critica continuamente?
Los que critican la ciudad es porque no la conocen, y no se puede criticar algo que no se conoce. Suelen ser personas que sólo han visto Benidorm en fotografías, donde se ve el conglomerado de edificios. Pero al entrar dentro de la localidad la sensación cambia; es un lugar perfectamente habitable. El modelo es el acertado y no seré yo quien lo cambie.
Llama la atención al pasear por la ciudad que apenas hay parques ni zonas verdes de recreo. Puede ser que falten grandes zonas verdes dentro de Benidorm, tenemos en el Gobierno municipal un proyecto para hacer un gran parque yla ordenanza establece que entre cada rascacielo tiene que haber un espacio destinado a zonas verdes.
El Plan General de Urbanismo es del año 1956 y la última revisión se hizo en 1990. ¿El Gobierno municipal tiene pensado actualizarlo? Estamos dispuestos a estudiarlo y a que se abra el debate.
* Público - SUSANA HIDALGO - Benidorm - 05/04/2008
Foto: Vista de Benidorm desde el hotel Bali, con 186 metros de altura y 52 plantas. - MÓNICA PATXOT, publico.es
NOTICIA RELACIONADA: La trastienda de los hoteles - PÚBLICO - 05/04/2008
El juez investiga también la concesión de cinco 'parkings' a JJ dentro del 'caso Urbanismo'
IDEAL/Granada* : El filtrador que trae de cabeza al gobierno municipal y a los empresarios sigue con las manos ligeras. Han aparecido más papeles, algunos anónimos, otros con nombres y apellidos, que afectan a los mismos protagonistas: al conocido promotor José Julián Romero y al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Lorente.
La Fiscalía del TSJA ha remitido al juzgado número 4 de Granada nuevos trozos de expedientes que no formaban parte de la denuncia original presentada el 3 de marzo por supuesta prevaricación y cohecho contra el promotor y dos funcionarios de la Gerencia. Los papeles llegaron después de conocerse la denuncia.
Los expedientes están ahora en manos del juez que investiga el 'caso Urbanismo', que tendrá que decidir qué hace con ellos, si aprecia algún indicio de delito o si directamente los archiva. Según fuentes próximas al caso el juzgado aún no se ha solicitado informe de la Fiscalía.
Los documentos, a los que ha tenido acceso IDEAL, afectan a la adjudicación de cinco grandes aparcamientos en Granada en cuya concesión habría intervenido supuestamete Lorente.
Una participación que nadie había cuestionado hasta ahora y que todos daban por hecho. Parece lógico que en los expedientes aparezcan informes del que durante dos décadas ha sido el hombre fuerte del urbanismo granadino con todos los alcaldes que han pasado por la plaza del Carmen. Incluso que interviniera en algún momento en la baremación de las ofertas.
Pero este procedimiento habitual se ha sometido ha revisión. En su denuncia por el 'caso Urbanismo' el fiscal no pasa por alto la amistad que existe entre promotor y funcionario y cuestiona la conveniencia de la participación de Lorente en algunos proyectos: «No sólo no se abstiene en los expedientes de su amigo declarado, sino que informa en los mismos y controla la legalidad de las promociones del empresario».
Pendiente de la amistad
La sombra de la sospecha -según la denuncia de Fiscalía- se sustenta en el famoso informe de los detectives que siguieron a Lorente y a José Julián por Japón. La investigación del fiscal acreditó un «pago tardío» de 4.654,50 euros del funcionario al promotor por los gastos del viaje, un ingreso que se produjo cuando las diligencias ya estaban abiertas.
La última documentación remitida al juzgado la forman trozos de expedientes de cinco aparcamientos subterráneos: Los Cármenes, San Jerónimo, Parque Genil, Cruz de Lagos y Joaquina Eguaras. Grandes 'parkings' que en algún caso rondan el millar de plazas.
Pese a que algunos de estos expedientes se terminaron de tramitar en el anterior mandato (PP), la mayoría empezaron a gestionarse entre el año 2000 y 2001, con el tripartito. En todos aparecen entre las interesadas empresas relacionadas con José Julián Romero, aunque en algún caso -Joaquina Eguaras- es la única oferta que se presentó al concurso.
En la documentación que han hecho llegar a la Fiscalía también se alerta sobre algunas presuntas irregularidades en la tramitación de los aparcamientos, como el desvío de la acequia gorda para la excavación del 'parking' de Parque del Genil o la concesión de las hipotecas en tres de ellos. Este periódico intentó contactar ayer con el promotor implicado para recoger su versión.
* Ideal - 04.04.08 - Q. CHIRINO Y C. MORÁN
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
Estepona: La demolición de la estructura del hotel de Prasa concluirá en dos semanas
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SUR/Málaga* : La estructura del hotel de Prasa, que se levanta junto a la playa de La Rada, desaparecerá en breve de la imagen del litoral esteponero. Las obras de demolición se encuentran ya en la recta final -con la ejecución del 80% de la estructura- y la empresa encargada de ejecutar los trabajos prevé concluir el derribo en un par de semanas...
...según explicó ayer el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, que indicó que la retirada de los escombros concluirá en este mes.
Con motivo de los trabajos que se están realizando, la avenida de España permanecerá cortada al tráfico, entre las rotondas de intersección con la avenida Juan Carlos I y el puerto deportivo, el próximo sábado y domingo, de 08.00 a 19.00 horas.
La demolición se inició hace dos meses. El edificio de Prasa tuvo su embrión durante el gobierno del GIL. En 1996 el Ayuntamiento firmó un convenio con el propietario del solar, Acasa, donde se contemplaba una modificación de elementos en el PGOU para casi quintuplicar la edificabilidad de la parcela y otorgarle 22.000 metros cuadrados de techo para un hotel. En 1999 se aprobó esta modificación del planeamiento y unos meses después se le concedió a una sociedad del grupo Prasa, Estepona Beach 2000, la licencia para edificar. La construcción del edificio se paralizó en 2003 porque no se ajustaba a la legalidad urbanística, ya que invadía zona de protección del dominio público y no se ajustaba al planeamiento.
«Era un convenio leonino para los intereses municipales. La Junta de Andalucía informó negativamente sobre esta modificación de elementos, pero se le otorgó la licencia para crear el complejo hotelero. Lo que había en el interior del convenio era un proyecto que mezclaba la parte hotelera con apartamentos turísticos; en paralelo existía un proyecto de concesión a Prasa de una parcela del puerto para aparcamientos», según explicó el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, cuando se inició la demolición.
Futuro
Esta parcela dispondrá tras la demolición de la estructura de 7.000 metros cuadrados edificables. El acuerdo urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y la promotora Prasa para el derribo de esta estructura contempla compensar a la empresa por la superficie que se demuele en la parcela de La Rada y por las pérdidas ocasionadas durante la tramitación del expediente con 25.000 metros cuadrados de edificabilidad en unos terrenos ubicados en primera línea de playa en arroyo Antón (El Velerín). Estos terrenos pasarán a disponer de un total de 35.000 metros cuadrados de techo tras esta operación urbanística.
Lo cierto es que la operación urbanística de permuta de terrenos se plasmará cuando se apruebe la revisión del planeamiento. Será entonces cuando se analice esta operación en el contexto del modelo territorial que defina el plan; si bien el equipo redactor emitió un informe favorable en el que se indica que los planteamientos del convenio se ajustan al plan.
* Sur - 04.04.08 - MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO
Foto: La empresa ha derribado el 80% de la estructura, situada en primera línea de playa. / M. P, diariosur.es
EL TSJM declara nula la licencia de obra de 33 chalets de Aranjuez
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MADRIDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Aranjuez en septiembre de 2004 para la construcción de 33 chalets en la zona conocida como el Montecillo.
El motivo de la nulidad, según los grupos de la oposición, PP y ACIPA, radica en que se concedió una licencia para construir viviendas en una zona calificada como suelo urbano no consolidado. La denuncia fue presentada en su día por la empresa Finca La Gravera S.L., propietaria de una parcela colindante declarada como zona verde, y que reclama también sus cargas y beneficios.
Para la portavoz del PP en Aranjuez, María José Martínez, la situación es "excepcional", ya que se trata de 33 viviendas que quedan fuera del ordenamiento urbanístico de la ciudad y que pueden ser derribadas en un plazo de cuatro años si el demandante solicita la ejecución de la sentencia, contra la que no cabe recurso.
Martínez explicó también que en ese caso los propietarios de las casas podrían reclamar a la constructora, y ésta al Ayuntamiento, que podría tener que asumir "una responsabilidad patrimonial cifrada en unos 210 millones de euros". El PP ha pedido la dimisión del edil de Urbanismo.
Sin embargo, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aranjuez, Francisco Fernández del Valle, pidió al PP que explique "de dónde saca esos números" y ha explicado que la licencia fue concedida porque contaba con las firmas favorables de los técnicos municipales.
"Si no la hubiera firmado me hubieran acusado de prevaricación", dijo Fernández del Valle, que recordó que el convenio urbanístico fue firmado por el último gobierno del PP en la ciudad, en el año 2000, y que cuando llegaron al gobierno en 2003 ya estaba hecha la modificación puntual del PGOU en la zona.
Del Valle recordó que el PGOU de 1996 no delimitaba unidades de ejecución en el suelo urbano no consolidado, y que se actuaba de forma sistemática a la hora de conceder esas licencias. "De hecho, durante el último gobierno del PP, y hasta que en 2003 adaptamos el PGOU a la ley de 2001, se acometieron licencias similares como las de los terrenos de Pirelli o la Charca del Secano".
"No creo que se vayan a derribar las viviendas", dijo Fernández del Valle, que ha asegurado que "si se pide ejecutar la sentencia el juez no va a tirar casas que ni están en zona verde o en zona dotacional".
* Madridiario - 04-04-2008 - MDO/EFE
Foto: Aranjuez (Madrid) - madridiario.es
El fiscal pide reabrir el caso Los Parques des Cubells al ver indicios de delito
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DIARIODEIBIZA* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Eivissa, que dirige Antoni Torres, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Balears contra la decisión del juez Juan Carlos Torres de archivar la causa penal abierta por el caso de Los Parques des Cubells. En este lugar, situado entre Cala Llentrisca y es Cubells, el anterior Ayuntamiento de Sant Josep otorgó decenas de licencias de obras pese a tratarse de un espacio dotado de la más alta protección ecológica y hallarse catalogado como suelo inedificable.
El escrito del recurso presentado por la Fiscalía recuerda que el Ayuntamiento de Sant Josep intentó dar cobertura legal a sus actuaciones, en los años noventa, mediante la tramitación de un Plan de Delimitación de Suelo Urbano para este lugar. Sin embargo, el Ministerio Público señala que dicho instrumento nunca llegó a ser aprobado definitivamente por las instituciones competentes de Balears y que, incluso, la extinta Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) advirtió a Sant Josep de que, mientras dicho plan no estuviera definitivamente aprobado, no podía considerarse en vigor ni ser aplicado.
Pese a ello, el Ayuntamiento consideró urbanizable la zona y continuó otorgando licencias para mansiones en este paraje de acantilado.
El escrito del recurso, que ocupa 18 folios, revela que muchas de estas licencias fueron otorgadas además sin el preceptivo informe jurídico, con lo que la gravedad del caso sería aún mayor.
El fiscal destaca la «contumacia y perseverancia de los técnicos urbanísticos y autoridades municipales, considerando contra viento y marea que la zona era suelo urbano, lo que supone un gravísimo incumplimiento de sus deberes constitucionales en orden a servir con objetividad los intereses generales y no los de un particular», en alusión al promotor.
Sobre este caso declararon en su momento como imputados el aparejador y el ex arquitecto municipales de Sant Josep y el promotor, Jacques Portrat.
El fiscal considera que el juez no argumentó ni justificó su decisión de archivar este caso.
* Diario de Ibiza - J. Ll. Ferrer - 05 de abril de 2008
Foto: Vista aérea de la zona edificada en Los Parques des Cubells / M. Copa, diariodeibiza.es
