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EUROPAPRESS/Málaga* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha presentado denuncias contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Casares y actual presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Sánchez (IU), y contra el regidor de Colmenar (Málaga), Pedro Fernández (PSOE). En ambos casos, el fiscal considera que "no ejercieron sus competencias en materia urbanística".
Así, en el caso de Colmenar, el ministerio público señala en su denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, que un promotor, también denunciado, solicitó en 2003 licencia para una construcción agrícola, que fue denegada en comisión municipal, aunque éste "construyó una vivienda unifamiliar aislada de unos 96 metros cuadrados", con piscina y zona para barbacoa, en suelo no urbanizable.
Durante dicha construcción, el fiscal considera que el regidor "no ejerció en ningún momento, como era su obligación, las competencias urbanísticas que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) le atribuye como alcalde". "Lejos de ello --dice el escrito-- fue con su actitud favoreciendo la consolidación de la construcción", a la que se concedió suministro de agua sin tener licencia.
En enero de este año, la Patrulla Urbana del Seprona pidió informes al Ayuntamiento sobre dicha obra, tras lo que el alcalde dictó un decreto incoando un procedimiento sancionador que quedaba suspendido hasta que se depuraran responsabilidades penales. La información del Seprona dio origen a las diligencias de investigación de la Fiscalía de las que derivan esta denuncia.
Además de al alcalde y al promotor, también se denuncia a un arquitecto que, "puesto de acuerdo" con el promotor denunciado, hizo una certificación falsa en la que se constaba que la construcción que se estaba realizando tenía una antigüedad superior a los cinco años, con el fin de "conseguir escriturar y legalizar la vivienda mediante declaración de obra nueva".
Para el fiscal, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio del que responderían los tres denunciados, el arquitecto en calidad de cooperador necesario; y de uno de falsedad en documento oficial en el caso sólo de éste y del promotor.
CASARES
En el caso de Casares, el fiscal presentó dos denuncias contra el regidor y contra el edil de Urbanismo, al considerar, igual que en el caso anterior, que "la inactividad de los denunciados, no ejerciendo sus competencias en materia de disciplina urbanística, ha dado como resultado la consolidación de la construcción ilegalmente realizada, lo que, a su entender, "equivale al dictado de una resolución totalmente arbitraria e injusta".
Así, la Fiscalía indica en sus escritos que los denunciados tras recibir un acta de inspección del Seprona, en un caso, y tras la visita realizada por los servicios urbanísticos del Ayuntamiento, en el otro, iniciaron expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística en relación a dos obras sin licencia.
En una denuncia, la acusación señala que "aún cuando no ejercieron sus competencias urbanísticas, tenían conocimiento de la realización de las obras denunciadas", pues, previamente, el entonces alcalde "concedió autorización para la acometida de agua". En la otra, se precisa que "no ejercieron sus competencias pues se limitaron a dictar el decreto".
En ambos casos, el fiscal indica que la construcción fue terminada y que, tras conocer el Consistorio que se habían iniciado unas diligencias de investigación de la Fiscalía, el concejal dictó una resolución en la que se declaraba la caducidad del expediente iniciado por decreto "casi cinco años después de incoado". Para el ministerio público, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio.
* Europa Press - 15.05.09
Foto: Colmenar (Málaga) - malagahoy.es
Denuncian al ex alcalde de Casares y al regidor de Colmenar por no ejercer competencias urbanísticas
Imputado el ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno Alonso
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ELMUNDO/Madrid* : El magistrado que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, imputó al ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno Alonso participación en una trama y los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La imputación se formalizó tras prestar declaración por su implicación en la trama corrupta de empresas encabezada por Francisco Correa. Se trata de los delitos genéricos que investiga el TSJM en la totalidad de los imputados.
De igual modo, el magistrado acusó de los mismos delitos de corrupción a Eduardo Jaussi, quien fuera diseñador de escenarios para la empresa Special Events, y a Christian Rodríguez Maza, durante un tiempo gestor de las sociedades patrimoniales de Correa.
Hasta ahora, Pedreira acusa de estos delitos de corrupción a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco, así como al ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, entre otros implicados en la trama de corrupción.
Martín Vasco y López Viejo son los aforados madrileños con medidas cautelares impuestas. La pasada semana, Pedreira impuso a Martín Vasco una fianza de 955.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del procedimiento penal. Mientras que fijó una fianza de 750.000 euros para López viejo. Según el TSJM, ninguno de ellos ha recurrido todavía la fianza establecida.
El pasado martes, el instructor fijó una fianza de un millón de euros para Galeote, a quien Garzón le atribuye la percepción de la trama de Correa de más de 600.000 euros durante los doce años que estuvo como edil.
El Tribunal de Madrid considera que entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación aparecía la posible percepción por López Viejo, Martín Vasco y Bosch "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa.
En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el 'cerebro' de la trama Francisco Correa. El juez les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.
* El Mundo - E.P. - 14.05.09
Foto: Majadahonda (Madrid), gran vía - Fev. (wikipedia.org)
El Parlamento Europeo contra los abusos urbanísticos en España
MARÍA DEL PILAR BARCELÓ* : El pasado 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario, que algunos llaman “resolución Auken” por basarse en el informe preparado por dicha eurodiputada. La resolución, emitida a raíz de las múltiples peticiones efectuadas durante la legislatura por ciudadanos y entidades no gubernamentales, incluye las siguientes consideraciones:
1. Los procesos urbanizadores que se han llevado a cabo en muchos casos configuran un modelo de desarrollo insostenible con graves consecuencias medioambientales, sociales y económicas. Por ello expresa su inquietud acerca del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el suministro y la calidad de las aguas.
En particular observa que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, y que el cemento y el hormigón no sólo ha saturado esas regiones y afectado al frágil medio ambiente costero, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas que han sufrido una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales (destrucción de yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, etc), así como de su entorno natural y paisajístico.
Señala asimismo que este modelo de crecimiento, de expansión urbana excesiva, tiene también consecuencias negativas para el turismo de calidad ya que destruye los valores del territorio.
2. Esta situación se ha visto favorecida por una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada que en muchos casos es contraria a los objetivos europeos de protección del medio ambiente y adecuada ordenación del territorio; por una aplicación laxa de la legislación urbanística y medioambiental; la falta de control de los procedimientos urbanizadores por parte de las autoridades locales; y la corrupción, particularmente presente en la urbanización de muchas zonas costeras.
La resolución apunta a la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades. Llama la atención sobre el hecho de que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor; y que hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión.
Asimismo alude a la incidencia negativa de una falta de trasposición correcta por parte del Estado español de las Directivas europeas sobre blanqueo de dinero, que ha limitado la capacidad de control sobre la circulación ilegal de capital financiero, incluidas inversiones en determinados proyectos urbanísticos de gran envergadura.
3. A estos factores se suma un cierto laxismo judicial. Sólo recientemente las autoridades judiciales han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva de muchas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos con responsabilidades urbanísticas, pero pese a ello los procedimientos son de una duración desmedida, y las sentencias que se dictan a menudo son inefectivas en orden a una reparación, lo cual provoca en la ciudadanía una impresión de falta de actuación de la justicia española. La resolución considera alarmante la falta confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia.
Ante esta situación, el Parlamento europeo reclama diversas actuaciones al Estado español y a las Comunidades Autónomas. Entre ellas destacamos las siguientes:
* La suspensión y revisión de todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, así como la paralización de todos los desarrollos urbanísticos que no respeten los criterios comunitarios sobre adjudicación de contratos urbanísticos, agua y medio ambiente.
* El desarrollo de una cultura de la transparencia dirigida a informar a los ciudadanos sobre la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos.
* La promoción de un debate público que concluya en la adopción de medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible. En particular se pide la derogación de todas las figuras legales que favorecen la especulación y una adecuada definición del “interés general”, que ha menudo se ha utilizado para justificar la aprobación de proyectos insostenibles desde el punto de vista medioambiental..
* El respeto a las Directivas comunitarias que exigen la consulta al público implicado en la fase de establecimiento y elaboración de los planes o de cualquier modificación sustancial de los mismos.
* En general, la promoción de un urbanismo que suponga un desarrollo justo, transparente y sostenible, en interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de promotores, inmobiliarias y otros intereses creados.
Finalmente el Parlamento acuerda transmitir su resolución al Consejo y a la Comisión, al Gobierno y al Parlamento del Reino de España, a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, a los Defensores del Pueblo nacionales y regionales de España y a los peticionarios, y alude a diversos medios de presión que se podrían adoptar en caso de no dar el Estado español una respuesta suficiente.
La resolución fue aprobada por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, con la oposición de socialistas y populares españoles.
El próximo día 7 de junio se celebran elecciones al Parlamento Europeo. Las encuestas vaticinan una participación reducida, de alrededor del 30%. La resolución Auken es una muestra de lo que el Parlamento puede hacer por nosotros como ciudadanos. Sería bueno que todos fuéramos conscientes de la trascendencia que tienen en nuestra vida muchas de las decisiones de la Unión, y que el día 7 no nos quedáramos en casa.
http://www.attacmallorca.es/2009/05/12/la-resolucion-auken/
* Rebelión/ATTAC Mallorca - 14.05.09
El TSJ de Valencia imputa a Camps y Costa
LEVANTE* : También han sido citados como imputados por "posible delito de cohecho" el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret. El president de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario regional del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, han sido citados a declarar como imputados el próximo 19 de mayo por su relación con la supuesta trama de corrupción en el PP, el denominado caso Gürtel.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha informado en un comunicado de que el magistrado instructor de la causa abierta para investigar un supuesto delito de cohecho también ha citado a declarar al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.
En una providencia dictada esta mañana, el magistrado José Flors ha acordado citar a los cuatro en calidad de imputados, y ha previsto que Camps y Costa presten declaración el día 19 por la mañana (a las 10 y 12 horas, respectivamente) mientras que Campos y Betoret lo hagan la mañana del día siguiente.
La decisión llega después de que el pasado 21 de abril el tribunal valenciano se declarara competente para asumir las investigaciones del caso "Gürtel" en aquellos hechos que afectan a Camps, Costa, Campos y Betoret por "posible delito de cohecho".
La declaración de competencia tuvo lugar después de que el pasado 5 de marzo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, aconsejado por la Fiscalía Anticorrupción, se inhibiera a favor del tribunal valenciano de parte del caso "Gürtel" y de que, once días más tarde, la causa llegara a la Ciudad de la Justicia de Valencia remitida desde el Juzgado Central número 5 de Madrid.
Anticorrupción solicitó además al TSJCV que fuera éste el órgano competente para tomar declaración al presidente de la Generalitat y al secretario regional del PP y también portavoz del PP en Les Corts Valencianes para esclarecer su supuesta relación con el caso, y que interrogara a ambos aforados.
Estos hechos, según concretaba en un auto, consisten en la "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa sin que, en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten "vinculados a una concreta actividad" del entorno de Francisco Correa.
* Levante-EMV - EFE - 14.05.09
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
