VEGAMEDIA/Murcia* : El alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, se enfrenta a un año de prisión y ocho de inhabilitación por permitir-y promover- la construir un restaurante en el entorno de la Torre Vieja. En su escrito de calificación –en el que acusa al primer edil de prevaricación-, el ministerio público pide también una pena de quince meses para la propietaria del restaurante por un delito contra la ordenación del territorio.
Además, exige la inmediata demolición del restaurante. Así lo cuenta el diario LA OPINIÓN.
El inmueble –conocido también como Torre de los Moros o del Obispo- es un edificio del siglo XIV que esta declarado Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. Además, esta ubicado en un terreno clasificado como suelo no urbanizable de protección arqueológica en las normas subsidiarias municipales.
El primer intento de iniciar la obra se produjo a principios de 1999. Entonces, el alcalde trató de cambiar la clasificación para que se declarase suelo comercial privado a lo largo de caminos, compatible con el uso de restaurante, pero la Consejería de Obras Publicas lo rechazó. La acusada, no obstante, encargó el proyecto y lo presentó en el Colegio de Arquitectos, que denegó el visado hasta en dos ocasiones. Con esta negativa, el alcalde remitió un escrito a la Dirección General de Cultura en el que insistía en la aprobación provisional del cambio de clasificación.
En marzo de 2002, esta dirección general autorizó el proyecto al entender que no se producían daños al patrimonio histórico. El entonces responsable de este departamento, Fernando Armario, estuvo imputado por esta decisión. Ahora, sin embargo, el fiscal solicita que se archive la causa contra él porque considera que únicamente actuó de acuerdo a los informes de los técnicos y que su autorización iba vinculada “al cumplimiento del ordenamiento urbanístico vigente”.
El alcalde, incluso, llegó a intentar que el proyecto fuese aprobado por la Consejería “por razones de interés social”. La obra también fue rechazada por la arquitecta técnica de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, por la arquitecta técnica de ayuntamiento de Alguazas y por el propio arquitecto municipal. A pesar de ello -“y siendo conocedores los dos acusados de todos estos informes técnicos contrarios”-, la acusada inició las obras a finales del año 2002 “con el visto bueno del alcalde”.
En marzo de 2004, y ya con la obra concluida, Lladó desistió de su intento de cambiar la clasificación del suelo y ordenó la apertura de un expediente sancionador a la propietaria del restaurante.
* Vega Media Press - 301.11.2008
Foto: Alguazas - wikimedia.org
La Fiscalía pide un año de cárcel para el alcalde de Alguazas
Un fallo del TSJ sobre Patraix abre una nueva vía judicial contra el plan Rabasa
INFORMACIÓN/Alicante* : En pleno parón del sector de la construcción, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad acaba de dictar una sentencia anulatoria de un plan urbanístico en Patraix (Valencia) que abre una nueva vía judicial contra el controvertido proyecto de Rabasa.
Así lo sostienen expertos jurídicos y urbanísticos, que ya han alegado contra la macroactuación en el noroeste de Alicante, y que consideran que el fallo del TSJ abona nuevas iniciativas legales contra el plan de Rabasa, además de otras ya en marcha como el recurso de la Delegación del Gobierno por la carencia de un informe de disponibilidad hídrica por parte de la Confederación Hidrográfica.
La sentencia del TSJ acepta los recursos de varias empresas urbanísticas que alegaron infracciones procedimentales de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística por parte del Ayuntamiento de Patraix. Esos recursos se centraban en la vulneración del principio de libre concurrencia que rige en la contratación pública porque en el citado plan urbanístico se produjo una "modificación sustancial" de sus condiciones sin que tales cambios fueran sometidos a exposición pública, lo que privó a las empresas recurrentes de poder "presentar una nueva proposición para competir por la adjudicación", según consta en el fallo judicial.
"Posición de privilegio"
A raíz de este incumplimiento, el fallo sostiene que la empresa adjudicataria del PAI (Programa de Actuación Integrada) de Patraix -Dupsa, del grupo de Juan Soler- quedó en una "posición absolutamente privilegiada", ya que las demás constructoras "no pudieron competir en igualdad de condiciones". A causa de la sentencia, Dupsa ha quedado suspendida en su condición de agente urbanizador y sus obras deben quedar paralizadas mientras se plantea la redacción, aprobación y adjudicación de un nuevo plan de urbanización para las obras que aún quedan por hacer.
Aunque los trabajos de urbanización de Patraix ya están muy avanzados y el PAI de Rabasa aún tiene que ser aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Alicante, los paralelismos entre ambos proyectos ya han empezado a establecerse a consecuencia del fallo del TSJ. Así lo han hecho los servicios jurídicos de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), cuyas alegaciones al plan de Rabasa ya sostenían que la aprobación y adjudicación de este PAI al empresario Enrique Ortiz fueron "nulas de pleno derecho, al incurrir en infracción de los principios rectores de la contratación administrativa"; y más en concreto, del mencionado principio de pública competencia o libre concurrencia, recogido en el artículo 9 de la Constitución y en el preámbulo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). "La doctrina sentada por la sentencia del TSJ sobre el PAI de Patraix es plenamente aplicable al de Rabasa", sostiene Manuel Alcaraz, miembro de la PIC, "dado que son el mismo supuesto de hecho: una modificación sustancial de condiciones que se produce después de haber sido adjudicado el proyecto, incrementado el presupuesto y, por tanto, el beneficio del adjudicatario [Enrique Ortiz] sin posibilidad de concurrencia de otras empresas".
En sus alegaciones, esta plataforma cívica reflejó que los cambios introducidos por el Ayuntamiento de Alicante tras la adjudicación a la firma de Ortiz -Viviendas Sociales del Mediterráneo, S. L.- son "esenciales y desfiguran por completo la inicial propuesta", ya que provocan "un incremento de la edificabilidad lucrativa hasta parámetros que permiten obtener porcentajes de retribución cercanos al 50% o 60% y de las viviendas (que pasan de 12.860 a 15.278), así como una espectacular alza en el coste del presupuesto de ejecución de las obras, que aumenta en un 28,60 por ciento".
El escrito de la plataforma, que también fue remitido a la Comisión Europea, destaca a continuación que, una vez modificado el plan de Rabasa, no pudieron "entonces optar a su contratación el resto de licitadores que presentaron al principio alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas o cualquier interesado que lo pudiera estar en los nuevos términos propuestos por la Administración".
Pero no sólo la PIC puso de relieve la infracción del principio de libre concurrencia en este proceso. También el Síndic de Greuges asumió esa tesis en su resolución sobre el PAI de Rabasa: "Teniendo en cuenta la envergadura y transcendencia económica del proyecto urbanístico que nos ocupa y el elevado importe de las obras a realizar", destacó el Defensor autonómico, "esta Institución desconoce las razones de interés público que impiden o desaconsejan la no aplicación de las normas sobre contratación pública, entre otras, por ejemplo, la relativa a la publicación de un anuncio en el BOE ni el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, al objeto de promover lo máximo posible la concurrencia en la oferta y la competitividad de precios, tiempos y calidades entre distintas y numerosas empresas que permita y asegure la selección de la proposición más favorable y beneficiosa para el interés público y de los propietarios afectados".
* Información - J.E.M. - 30.11.2008
Foto: Vista aérea de los terrenos del plan de Rabasa con la Gran Vía a su paso por San Blas en primer término - INFORMACION
Catorce imputados y 34 testigos comparecen en el TSJIB en el juicio por el caso Caballistas
EUROPAPRESS/Mallorca* : Un total de catorce acusados -doce de ellos cargos actuales y ex dirigentes del PP y dos funcionarios- y hasta 34 testigos comparecerán entre mañana y el miércoles en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en el marco del juicio que tendrá lugar por el caso Caballistas, presunta trama de corrupción urdida entre 2004 y 2005 para legalizar la vivienda particular que el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, construyó en suelo rústico bajo el pretexto de ser la sede de una asociación hípica inexistente.
Los acusados, a quienes la Fiscalía imputa un delito de falsedad en documento oficial con distintos grados de participación, deberán declarar mañana en una sesión que se prolongará desde las 9.30 hasta las 20.00 horas, mientras que el martes será el turno de los testigos y el miércoles serán expuestos los informes y conclusiones finales. En concreto, el Ministerio Público postula que once ayuntamientos gobernados por el PP -Ses Salines, Santanyí, Santa Margalida, Lloret, Inca, Sa Pobla, Felanitx, Campos, Llucmajor, Montuïri y Selva- emitieron certificados falsos para apoyar la legalización de la vivienda particular de Vidal.
Es precisamente el ex primer edil de Ses Salines quien se enfrenta a la mayor pena -seis años de prisión, 24 meses de multa (36.000 euros) y seis años de inhabilitación especial para cargo o función pública- por la supuesta comisión de once delitos de falsedad documental en diferentes modalidades. También están acusados el celador de obras de Ses Salines, Sebastián Escalas, y el secretario del ayuntamiento de Campos, Sebastià Portell, sobre quienes pesan cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación por el mismo delito, además del ex alcalde de Campos, Andreu Prohens (tres años de cárcel y cinco de inhabilitación).
El resto de acusados son el primer edil de Santanyí, Miquel Vidal; el actual alcalde en funciones de Llucmajor, Joan C. Jaume; la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el ex primer edil de Sa Pobla, Antoni Serra; el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; el ex alcalde de Santa Margalida, Antonio del Olmo; el alcalde de Selva y recién elegido presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger; el primer edil de Montuïri, Gabriel Matas; el ex alcalde de Lloret, Joan Jaume, y el ex concejal de Sa Pobla, Joan Llabrés, para quienes la Fiscalía solicita nueve meses de inhabilitación y diez de multa.
Tal y como expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, los consistorios implicados emitieron a lo largo de 2004 certificaciones dirigidas a avalar la concesión de la declaración de interés general por parte del Consell de Mallorca, necesaria para legalizar la construcción de un chalé, una nave y otras edificaciones propiedad de Vidal y ubicados en los terrenos de Na Fonda, una parcela en suelo rústico no urbanizable con un tamaño -8.878 metros cuadrados- muy inferior al requerido por la normativa urbanística para poder construir (14.000 metros cuadrados).
Así, como único medio para legalizar lo construido, Vidal precisaba que la Administración declarase el interés general de las actividades que se iban a desarrollar en el lugar, de modo que instó a la Agrupación Caballista de Ses Salines a promover la tramitación de un expediente que solicitase esta declaración y la legalización, justificando que el uso de la infraestructura iba a destinarse a a la actividad de un club social hípico.
DOCUMENTOS FALSOS
Fue el 11 de agosto de 2004 cuando el ex primer edil elaboró y firmó un documento oficial del Ayuntamiento para hacer constar que la Agrupación actuaba de manera habitual "en diversas exhibiciones, demostraciones y espectáculos de doma" desde 1995 hasta entonces, certificado que fue incorporado al expediente de interés general en el 'anexo 1: certificaciones de ayuntamientos', pese a que, en realidad, la asociación no había sido constituida ni registrada en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Conselleria de Bienestar Social hasta 2001, hecho que Vidal "conocía perfectamente".
Sin embargo, el entonces alcalde no se limitó a elaborar este documento sino que convenció a otros diez primeros ediles para realizar certificados similares e inveraces que, una vez obtenidos, fueron incorporados al expediente de interés general. Así, los alcaldes y ahora acusados firmaron, a instancias de Vidal, documentos oficiales para hacer constar la habitual actividad de la entidad hípica y que, en el caso de Prohens y Portell, fueron elaborados a sabiendas de que el contenido no se correspondía con la realidad y de que la Agrupación no tenía la antigüedad que se le hacía constar (1995).
Mientras tanto, el resto de implicados elaboraron documentos similares en la confianza de que Vidal les había dicho la verdad en torno a la declaración de interés general, y con la imprudencia de no encomendar al secretario de cada municipio que comprobase la información ni realizar gestiones serias para confirmar la veracidad de lo narrado. En cuanto al inspector de obras, Sebastià Escalas, certificó en enero de 2005 un informe donde hacía constar que en la parcela en cuestión había un edificio de 26 años, pese a ser consciente de que no existía una única edificación y que los elementos construidos tenían menos de diez años.
COMPOSICIÓN DEL JUICIO
En concreto, el juicio estará presidido por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, Antonio Monserrat, quien acordó la apertura de la vista oral el pasado 18 de junio, así como por los magistrados Antonio Capó y Javier Muñoz. Además, habrá dos acusaciones particulares, una por parte del socialista Andreu Crespí y representada por la abogada Estela Soler, y la otra de un vecino de Manacor, Jaime Melis -denunciante de los hechos-, ejercida por Josep de Luis e Isabel Fluixà.
A su vez, los acusados serán defendidos por Rafael Perera (Joan Jaume, Antoni del Olmo, Joan Rubert, Joan Rotger, Antoni Serra y Gabriel Matas), Agustí Cerveró (Miquel Vidal), Gabriel Lladó y Josep Zaforteza (Catalina Soler), Virginia Núñez y María Pascual (Joan Llabrés), José Ignacio Herrero (Sebastià Escalas), Joan Buades (Sebastià Vidal), Juan Camacho (Andreu Prohens) y Carles Tarancón (Sebastià Portell).
Algunos de los testigos que declararán durante el juicio son la madre de Vidal, Catalina Bonet, Pedro Trovat y Adriana Pousa (técnicos del Consell que realizaron las inspecciones obrantes en el expediente administrativo), el teniente de alcalde de Montuïri, Jaume Bauzà, y el alcalde de Felanitx, Gabriel Tauler. Cabe destacar que el TSJIB asumió la causa, que en un principio estaba en manos del magistrado Antoni Rotger, debido a la condición de Catalina Soler como aforada por ser diputada 'popular' en el Parlament.
* Europa Press - 30.11.2008
Foto: Ses Salines, ayuntamiento - caribana-club.com
Sólo una de las 300 licencias ilegales de Gondomar puede acabar en derribo
ELPAÍS/Vigo* : Fue la última licencia ilegal de obras otorgada por la Xunta de Goberno de Gondomar, el 17 de enero de 2006, en el río revuelto de la normativa urbanística local. La última de más de 300, todas ilegales. El fiscal pide cárcel e inhabilitación para el ex alcalde y otros cinco ex concejales en el juicio por prevaricación que continúa mañana en Vigo. Las obras con aquellas licencias han ido realizándose y sólo sobre una, la última, una vivienda unifamiliar, hay una orden judicial de demolición.
El 16 de enero de 2006, víspera de la última licencia de obras en Gondomar, la secretaria municipal presentó al gobierno local el informe que tapaba todo agujero de escape para continuar dando permisos. El Tribunal Supremo había sentenciado en febrero de 2005 la anulación del plan general, pero los gobernantes de Gondomar pensaron que podían esquivar el fallo y fueron liando su aplicación hasta agotar las posibles salidas, cegadas en última instancia por la Xunta y por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Pero esta sentencia también tardó en hacerse ostensible. Un día, cuando ya había constancia de su existencia pero se aducía que no había llegado al ayuntamiento, apareció de súbito en una mesa, y así dio pie a la secretaria municipal a reiterar, el 16 de enero de 2006, que el polémico plan general había desaparecido del ordenamiento jurídico y que resultaba inviable conceder licencias a su amparo.
Para entonces, desde el 22 de febrero de 2005 ya se habían otorgado más de 300 en sucesivos lotes periódicos. A pesar del informe de la secretaria municipal, al día siguiente de comunicarlo, 17 de enero, se concedió la solicitada por Rebeca Fernández Prieto, la única otorgada en esa fecha, contra la tónica común, y con el citado informe de la secretaria insertado en la misma para curarse la funcionaria en salud. La licencia se otorgó a nombre de Rebeca, pero la tramitación pudo prosperar por su padre, Jaime Fernández Álvarez, funcionario de la oficina de urbanismo.
Las licencias, según fuentes consultadas por este periódico, se venían dando o negando de modo discrecional, sin criterios objetivos. El trato personal con el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, tenía más garantías de eficacia que acogerse a la normativa, sumida en el caos. Jaime Fernández conocía ese estado de cosas. Maestro nacional sin oposiciones que vivía de dar clases particulares en el pueblo, fue rescatado de esa dedicación por Ramón Sestelo, alcalde del PP que le hizo su secretario particular. Cuando Sestelo cedió el sillón a Carlos Silva Mariño, tras las elecciones de 2003, dejó a su secretario colocado en la oficina de urbanismo como auxiliar administrativo.
A la licencia que solicitó para su hija se le aplicó una ordenanza, la de "núcleos rurales de alta densidad" que, como el resto del plan general, ya no existía. La parcela tampoco pertenecía a suelo urbano porque no estaba conectada a las redes públicas de abastecimiento o saneamiento y sólo cabía aplicarle el régimen de suelo rústico, para lo que precisaba autorización de la Xunta, estar vinculado a una explotación agrícola y que la parcela midiera más de 4.000 metros cuadrados. No cumple ninguna de estas condiciones y cada una ya podría ser motivo de anulación.
La parcela mide más de 800 metros cuadrados, la edificación excede la ocupación máxima y no respeta los retranqueos mínimos ni las cesiones para un vial, lo que suscitó la denuncia ante el juzgado de vecinos que se consideraron discriminados porque ellos sí habían tenido que ceder terrenos al efecto. Los Fernández fueron eximidos de esa obligación gracias a un informe del arquitecto técnico municipal, compañero de oficina del padre, que señala que no procede tal cesión porque "en la zona de acceso a la parcela existen muros de rueiros de interés arquitectónico suficiente para ser conservados". El muro fue destruido por las propias obras.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 30/11/2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
El caso del alcalde de Torrevieja lleva tres años estancado
ELPAÍS/Alicante* : El sumario para esclarecer la multimillonaria plusvalía (5,2 millones de euros) que ganó el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, con la compraventa de una finca lleva tres años estancado. La causa, por imperativo legal, tendrá que dirimirse en el Tribunal Superiro de Justicia (TSJ) dada la condición de aforado del imputado.
No obstante, la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha pedido al juzgado que se practiquen todas las pruebas pendientes antes de enviar el sumario al alto tribunal.
La instrucción, que dirige el Juzgado número 4 de Torrevieja, prácticamente no ha avanzado desde que en octubre de 2005 declaró el regidor en calidad de imputado por los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El primer edil defendió la legalidad de la operación inmobiliaria y achacó la generosa plusvalía al "auge urbanístico" que vivió la comarca de La Vega Baja en aquellas fechas. Hernández Mateo compró la finca -18 hectáreas de suelo rústico en Almoradí- en 2000 a la promotora Edén del Mar por 180.000 euros y, dos años más tarde, la vendió a la misma mercantil por 5,4 millones. El Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado diversos programas urbanísticos a Eden del Mar.
Desde la declaración del regidor la instrucción apenas ha avanzado, debido a los cambios de magistrado en la oficina judicial. Hace dos meses, la actual titular del juzgado pidió al fiscal que emitiera su informe para el auto de inhibición en favor del TSJ. No obstante, según fuentes del caso, Anticorrupción ha contestado a la magistrada que culmine antes la instrucción y practique las pruebas solicitadas por esa parte.
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante considera "necesario" practicar todas las pruebas pendientes antes de evacuar su informe para elevar la causa al TSJ.
Las pruebas a las que alude la Fiscalía se refieren a las adjudicaciones que el Ayuntamiento de Torrevieja ha realizado a la promotora Eden del Mar antes y después de la operación inmobiliaria del alcalde, así como un informe pericial sobre los movimientos de las cuentas de Hernández Mateo.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 30/11/2008
Foto: Torrevieja - alicanteconfidencial.blogspot.com
El derecho a la vivienda
GERARDO PISARELLO Y JAUMEN ASENS* : Hace poco más de un año y medio, el Relator Especial de la ONU para el derecho a una vivienda digna vino a España en visita oficial. Su objetivo era evaluar el grado de adecuación de la situación habitacional a las declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos. Sus conclusiones fueron demoledoras: de los países de la Unión Europea, España era el que más construía, el que más viviendas vacías tenía y el que menos vivienda asequible ponía a disposición de la población.
Naturalmente, este panorama no podía atribuirse al azar o a alguna misteriosa conjura divina. Los enormes costes sociales y ambientales del modelo urbanístico e inmobiliario español, su nervio especulativo, estaban estrechamente imbricados en políticas públicas concretas diseñadas a lo largo de los años ochenta y noventa. Estas políticas habían girado en torno a obsesiones claramente identificables: la consideración de la propiedad privada como régimen principal de acceso a la tenencia de vivienda; la progresiva liberalización del suelo y la privatización, en general, del régimen urbanístico e inmobiliario.
Si las obsesiones de este antimodelo, comparadas con el panorama europeo, podían considerarse singularmente españolas, sus consecuencias también lo eran. Así quedaba descrito en el Informe del Relator de la ONU y así lo aceptaron, aunque con la boca pequeña, diferentes organismos públicos. De hecho, la constatación de la gravedad de la situación condujo a varias comunidades autónomas, y al Estado central más tarde, a aprobar una serie de medidas que pretendían inscribirse en un horizonte urbanístico diferente. Las leyes de suelo vascas, las leyes catalanas de barrios y del derecho a la vivienda, o la nueva ley estatal del suelo, reflejaban un propósito de enmienda y la asunción del estrepitoso fracaso de la gestión neoliberal de la vivienda y del territorio.
Pasados algunos años, sin embargo, las expectativas generadas, salvo honrosas excepciones, han quedado insatisfechas. El desarrollo de las previsiones normativas más garantistas ha sido insuficiente, cuando no de una exasperante lentitud. Las exiguas y muchas veces discrecionales ayudas en materia de vivienda distan mucho de lo que debería ser un servicio público orientado a garantizar un auténtico derecho, como la salud o la educación. Mientras, la consideración de la vivienda como un bien de inversión, como motor de la economía y alimento de las arcas públicas, ha continuado siendo el eje de la política estatal y de la mayoría de las comunidades autónomas.
La reciente crisis financiera e inmobiliaria ha hecho más evidente, si se quiere, la escasa incidencia de estas políticas públicas en la realidad cotidiana. A las miles de personas que no podían acceder a una vivienda digna en el mercado de alquiler se suman ahora las miles de familias –muchas de ellas inmigrantes– que han perdido su casa o que corren el riesgo de perderla a causa de hipotecas que se han tornado impagables.
En la línea de sus homólogos europeos, el gobierno español ha respondido a la nueva situación anteponiendo los intereses de los señores del mercado a los de los ciudadanos de a pie y los colectivos más vulnerables. Casi una tercera parte del presupuesto público se destinará a empresas e instituciones financieras que en muchos casos, además de enriquecerse, han tenido una responsabilidad inocultable en la actual crisis. Ni las condiciones de las ayudas ni las obligaciones asumidas por los destinatarios han quedado claras.
La voluntad política exhibida para socorrer a quienes han urdido esta trama especulativa ha sido mucho más decidida que la desplegada para rescatar a las familias que corren el riesgo de quedar sin techo o que siguen sin poder pagárselo en el mercado. Medidas como la moratoria en el pago de las hipotecas o en el uso de las cuentas de ahorro vivienda benefician más a los propios bancos que a los colectivos con recursos más modestos. El colmo de los despropósitos es el reciente anteproyecto de ley estatal que pretende favorecer el acceso al alquiler… ¡facilitando el desahucio de los arrendatarios más vulnerables! Es precisamente en contextos críticos como el actual cuando los poderes públicos deberían demostrar su compromiso, no con los privilegios de unos pocos sino con los derechos de todos los habitantes, comenzando por el elemental derecho de todos a una vivienda adecuada y a una existencia digna. Nada de ello se conseguirá mediante “estímulos” a los grandes propietarios y constructores o insuflando aires a un sistema financiero que agoniza fruto de su propia desmesura. Por el contrario, hoy más que nunca, hace falta determinación para cambiar el rumbo de raíz: poniendo límites a los precios abusivos del mercado privado de alquiler, creando con lo ya construido un parque de vivienda pública asequible, suficiente y de calidad y sometiendo el sistema financiero a estrictos controles democráticos que permitan trascender, en definitiva, la gestión neoliberal y productivista del territorio. Esta determinación se podrá tener o no. Pero hay que saber que en ello se juega la credibilidad de las instituciones frente a una ciudadanía cuya paciencia no debería presumirse infinita.
* Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona
* Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.
http://blogs.publico.es/dominiopublico/?p=909
* Rebelión - Público - 20.11.2008
Líderes en quejas medioambientales
LEVANTE* : La Comunitat Valenciana lidera junto a Andalucía la la lista de autonomías en las que la UE ha abierto una queja o procedimiento de infracción contra el Reino de España por el incumplimiento de la normativa europea. Entre los once expedientes abiertos existen algunos que son competencia del Estado y otro que solo "afecta" a la Comunitat, aunque no se trata de una posible infracción cometida en su territorio.
Éste es el caso del procedimiento seguido por defectos en la Declaración de Impacto Ambiental de la Línea de Alta Velocidad en el subtramo Motilla del Palancar-Valencia.
La memoria Medio Ambiente en España 2007 editada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, recoge un total de 68 quejas de las que 11 tienen sede o afectan a la Comunitat Valenciana, idéntico número que Andalucía, mientras que Castilla y León tiene 7 y Madrid y Galicia 6. Paradójicamente, en 2006 no se inició ningún procedimiento de infracción contra España situado en la Comunitat. En 2006 hubo 10.
Según figura en la base de datos del ministerio, que es quien tiene que responder ante la Comisión, en 2007 se registraron un total de 11 expedientes correspondientes a "quejas" o "procedimientos de infracción". En este balance se cuela también la demanda presentada en 2005, pero resuelta en 2007 con sentencia condenatoria contra España, por el vertido de aguas residuales sin depurar en la playa de Motilla en Sueca.
La mayoría de los expedientes está vinculado al impacto ambiental de algunos proyectos y a los desarrollos urbanísticos, seguidos por las áreas de Biodiversidad y Aguas. En cuanto a las competencias "de fondo" de los procedimientos, dos son competencia del Estado central: el Ferrocarril de Alta Velocidad Valencia y el Aeropuerto de Castelló, aunque en este caso el proyecto ha tenido a la Generalitat Valenciana como principal promotor.
Existe otro expediente con competencia compartida entre el Estado y la Generalitat, en concreto la afección a especies protegidas de peces en Castelló por la ampliación de la central térmica de Iberdrola, y otros tres de competencia exclusiva autonómica: Extracción de aguas y desecación de subsuelo en Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Interés para las Aves (LIC y ZEPA); la carencia de agua potable en la urbanización Valle del Sol en Mutxamel, y el Plan Eólico en la Comunitat Valenciana.
No obstante existe una mayoría relativa de asuntos compartidos entre la administración autonómica y la local referidos a desarrollos urbanísticos (4). En cuanto al estado actual de los procedimientos que figuraban activos en 2007, solo uno se ha resuelto favorablemente tras ser archivado, estando la casi totalidad "pendientes", en fase aún de "queja", salvo uno, el aeropuerto de Castelló, que es ya una Carta de Emplazamiento contra España.
Por lo que respecta a la condena por contaminación en las playas de Sueca, el expediente sigue abierto por cuanto todavía "no se ha ejecutado la sentencia", según explicaron en el Ministerio de Medio Ambiente. El Tribunal de Justicia de la UE condenó en abril de 2007 al Gobierno por incumplir la normativa comunitaria sobre tratamiento de aguas residuales. La multa impuesta por la UE supera ya los 2,2 millones al no haberse ejecutado aún las inversiones anunciadas por el ministerio para impedir la llegada de aguas residuales de Sueca a la playa de Motilla.
El Ayuntamiento de Sueca argumenta que no puede hacer frente a la cantidad que debería abonar para acometer la ampliación de la depuradora y la conexión de las zonas urbanas desde les Palmeres y Motilla hasta el Mareny Blau a la depuradora. Las obras de los colectores y la depuradora, junto con la creación de un filtro verde en el Perelló, tienen un presupuesto de 32 millones y el ayuntamiento debería aportar diez millones.
* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 24.11.2008
Foto: Castellón, obras aeropuerto - lasprovincias.es
Alicante: El Ayuntamiento legalizará más de 500 casas construidas sin licencia en las partida rurales
LASPROVINCIAS* : Borrón y cuenta nueva, pero con condicionantes. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, expresaba de esta manera la intención del Ayuntamiento de legalizar las viviendas que se han construido sin licencia en los últimos años en las partidas rurales y que, según fuentes de las asociaciones de vecinos de las pedanías, superan las 500 casas.
Castedo, que ayer se reunió en El Rebolledo con los representantes vecinales para informarles de las previsiones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) respecto a estos núcleos de población, señaló que la Gerencia de Urbanismo hará un amplio estudio de la situación en la que se hallan las viviendas unifamiliares diseminadas, muchas de ellas construidas suelo rústico o no urbanizable, con el fin de establecer los mecanismo para su legalización.
En cualquier caso, Castedo sí que se reafirmó en su voluntad de que las viviendas construidas en ramblas o en zonas inundables, no podrán ser legalizadas y permanecerán fuera de ordenación.
El nuevo Plan General contempla la calificación de suelo urbano de los terrenos en los que se ha construido las viviendas de manera ilegal y que a medida que ha pasado el tiempo han formado un núcleo de población. Especialmente en la partida de El Moralet, donde se han construido más de 200 casas unifamiliares que conforman la urbanización Villanueva, donde la calificación del suelo pasará a ser urbano, lo que permitirá legalizar estas viviendas que los vecinos califica de alegales puesto que a su juicio, en muchos casos y dado el tiempo transcurrido desde que se edificaron las casas, las infracciones urbanísticas han prescrito. También en la Cañada, Bacarot, Fontcalent o La Alcoraya existen un centenar de estas vivienda ilegales.
El presidente de la adopción de vecinos de El Moralet, Vicente Aracil, considera que también existen muchas viviendas que están fuera de ordenación en núcleos como la Finca Don Jaime, Vallegrande Este y Oeste, y El Ventorrillo, donde se han de determinar el planeamiento adecuado para su integración como núcleo urbano.
Aracil reclamó también a la alcaldesa que se haga un estudio sobre las zonas inundables que recoja la realidad actual de la situación. Considera que si bien el plan general vigente desde 1987 establece la ubicación de estas zonas, "pueden haber cambiado tras la construcción de las nuevas vías de comunicación como la autopista de circunvalación de Alicante, por lo que muchas de las viviendas podrían quedar desafectadas y legalizarse".
El presidente de los vecinos de El Rebolledo, Miguel Ibáñez, también reclama que el Ayuntamiento elimine la antena de telefonía que afecta a un colegio y a la nueva plaza que construye el Ayuntamiento.
Las Provincias - T.R. - 28.11.2008
Foto: Viviendas diseminadas en una de las partidas rurales del término municipal de Alicante. - lasprovincias.es
El urbanismo y la justicia
ENRIQUE CLIMENT* : El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, acaba de reconocer en público que las sentencias sobre asuntos urbanísticos no se pueden ejecutar cuando la obra objeto de disputa ya está a medio edificar o construida del todo.
Muchas gracias por la aclaración, señor presidente. Así se entiende mucho mejor el reproche injusto y ventajista que en tantas ocasiones se ha dirigido a los afectados por abusos urbanísticos: «¿A qué vienen tantas quejas ante los organismos europeos? ¡España no es una república bananera! ¿Por qué no se dirigen a los tribunales españoles?...».
Por supuesto que las víctimas de abusos urbanísticos recurren a los tribunales españoles. Y con bastante frecuencia David vence a Goliath: Patraix, Porxinos, Benicassim, Els Mestrets, Llombay-Burriana, Vilafames? Lo que ocurre es que, a diferencia de la Biblia, aquí al final gana siempre Goliath (es decir: los ayuntamientos en coalición con los urbanizadores), porque tienen el tiempo y los fondos necesarios para recurrir, y recurrir, mientras que los afectados difícilmente pueden mantener durante cinco o diez años una guerra desigual contra un adversario que juega con todas las ventajas, sobre todo cuando lo que está en juego es su casa, que es quizás su único patrimonio. E incluso si consiguen que al final los tribunales les den la razón, las sentencias contrarias a urbanizadores-ayuntamientos no se podrán ejecutar, según reconocen altos magistrados. En otras palabras: a quien le hayan quitado la casa y/o la parcela para hacer adosados turísticos «por razones de interés público», que se despida de ella por los siglos de los siglos. Pleitos tengas y los ganes.
Nos cuenta la prensa que el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo se muestra muy crítico con la decisión de la Comisión Europea de sentar las leyes urbanísticas valencianas en el banquillo de los acusados del Tribunal Europeo de Justicia, y no entiende por qué Europa persigue la legislación valenciana pero no las leyes de otras autonomías como La Rioja, Castilla-La Mancha o Cataluña.
La respuesta es muy simple, señor presidente, y no responde a ninguna conjura anti-valenciana, por mucho que algún político fallero y los palmeros que lo jalean se empeñe en afirmarlo. En julio de 2004, Abusos Urbanísticos ¡No! (AUN) presentó una queja formal ante la Comisión Europea contra la LRAU, firmada por los abajo firmantes y redactada por un jurista afectado por la LRAU y miembro de AUN. A la vista de los resultados, nuestros argumentos convencieron a la Comisión Europea, que, a pesar de las innumerables presiones de los gobiernos español y valenciano, ha llevado a España ante el Tribunal Europeo por la violación de las directivas comunitarias que se produce en Valencia. En el bien entendido, señor presidente, de que si el Tribunal Europeo nos da la razón, todas las legislaciones autonómicas que siguen la pauta de la valenciana habrán de ser reformadas. Y así lo saben los demás gobiernos autonómicos, que están pendientes del resultado de este pleito para saber si tienen que reformar o no su normativa urbanística.
También nos cuenta la prensa que el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano achacó a «extranjeros con construcciones ilegales en medio del suelo rústico que los ayuntamientos no han derribado nunca» las quejas y denuncias dirigidas a la Comisión y el Parlamento Europeo «porque se les expoliaba sus terrenos. Pero no tengo conocimiento de que ninguna autoridad valenciana haya tenido por objeto expoliar a los extranjeros».
Si la transcripción de sus declaraciones es correcta, nos sentimos desmoralizados como ciudadanos. Qué mal hemos debido transmitir nuestro mensaje para que se siga insistiendo en la falsa cantinela de los extranjeros y las construcciones ilegales. O qué bien transmite su mensaje el conglomerado de intereses «Abusos Urbanísticos Sí», que consigue convencer a personalidades que presumíamos mejor informadas. Conocemos extranjeros y españoles afectados, propietarios de caserones del siglo XVIII o masías centenarias (¿ilegales desde hace siglos, señor presidente?) a los que un PAI que sólo responde al interés público del obsceno beneficio que trata de obtener el urbanizador les obliga a ceder de forma obligatoria y gratuita más del cincuenta por ciento de su terreno, y que para conservar sus casas -convenientemente encajonadas entre bungalows turísticos construidos por interés público- tienen que pagar cantidades superiores a seiscientos mil euros. Dado que, aunque recurrieran contra el PAI y les dieran la razón hay muchas posibilidades de que no se pudiera ejecutar la sentencia («pleitos tengas y los ganes»), ¿con qué derecho se les puede reprochar que denuncien este escándalo ante el Parlamento Europeo?
Para terminar, un detalle que no carece de importancia: según la LRAU y la LUV, la aprobación de un programa urbanístico «lleva implícita la declaración de interés público a efectos expropiatorios». Es decir: aunque el artículo 33.3 de la Constitución diga que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, la realidad es que, con el voto de cualquiera de los alcaldes y/o concejales de Urbanismo -presuntos delincuentes- que pueblan los calabozos y cárceles de nuestra tierra se están expropiando (¿expoliando?) las viviendas y terrenos de los afectados por abusos urbanísticos. Y ya hemos examinado más arriba lo poco que puede hacer la justicia para poner coto a estos desafueros, por mucho que los ciudadanos, tanto españoles como residentes de otros países, sigamos creyendo en una justicia imparcial, que debe estar por encima de promotores codiciosos y políticos de estómagos agradecidos.
Ante esta situación, ¿qué se puede hacer para evitar los abusos urbanísticos, las denuncias, y la mala imagen del urbanismo valenciano? Aquí van unas cuantas propuestas:
Respeto de las viviendas existentes, legalmente construidas y al corriente de sus impuestos.
Criterios claros que delimiten el interés público que justifica un desarrollo urbanístico.
Paralización cautelar de PAIs recurridos, mediante prestación de avales de cuantía tasada, y no proporcional a los presupuestos desmesuradamente inflados con que los urbanizadores desvalijan a los pequeños propietarios históricos. Actualmente se exigen cantidades desorbitadas, que en la práctica impiden a los afectados hacer efectiva la suspensión.
Que la financiación total de los PAIs sea por cuenta y riesgo del urbanizador, y luego el Ayuntamiento plantee la repercusión a los propietarios, de forma que el propietario perciba el precio real del mercado, con el que pagar los gastos de urbanización, y las plusvalías no vayan a parar directamente al urbanizador (tomamos prestada la idea de doña Blanca Blanquer, ex directora general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana).
*Enrique Climent y (*)Charles Svoboda, que firma también este artículo, son presidente y vicepresidente de Abusos Urbanísticos ¡No!
* Información - Opinión - 28.11.2008
Tribulaciones del patrimonio edificado de Madrid
ELPAÍS* : Arte, paisaje e historia es igual a patrimonio cultural. Pero hablar de patrimonio edificado en Madrid es sonreir y llorar, consecutivamente. Sonreir, porque en relación a otras ciudades españolas, el grado de conservación de los bienes patrimoniales públicos es considerado razonable por algunos expertos como el arquitecto Vicente Patón, representante durante años del Colegio de Arquitectos en distintas comisiones de control patrimonial.
Y también equivale a llorar, porque la protección de esos bienes podría ser mucho, muchísimo más eficaz, según éste y otros arquitectos especializados, más líderes vecinales, convocados este miércoles por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Madrid en un debate sobre Ciudadanía y Patrimonio celebrado en la casa de la Panadería de la plaza Mayor.
Para lograr una protección completa sería preciso no sólo que Ayuntamiento y Comunidad tomaran distancia de los mecanismos de fiscalización, donde son jueces y parte, sino también que creciera la sensibilidad ciudadana en defensa de lo que es suyo, establece Patón; habría que añadir además eficacia de la inspección de las actuaciones sobre bienes patrimoniales públicos, más una contención contundente de las pulsiones municipales orientadas a descatalogar bienes protegidos. Tal es la tendencia más frecuente en los órganos municipales con poder para modificar, por presiones políticas o inmobiliarias, los planes generales de ordenación urbanística, según denunció el arquitecto.
Destrucción de la 'Pagoda' de Fisac
Todo ello afloró en la Casa de la Panadería esta semana, durante la jornada dedicada a Ciudadanía y defensa del Patrimonio, organizada por el grupo Municipal de Izquierda Unida con un panel de arquitectos, ?Vicente Patón como ponente y Ricardo Aroca, Carlos Sánchez Casas, Alberto Tellería y Daniel Álvarez, anfitrión de IU, como tertulianos? y algunos de los principales líderes de movimientos vecinales madrileños: Julián Rebollo, de Cárcel de Carabanchel; Alberto Ferrero, de Caño Gordo-Dehesa de la Villa; Álvaro Bonet, de la Cornisa de las Vistillas-San Francisco el Grande; Juan Antonio Aguilera, de Dolmen de Dalí y el jardinero de la Casa de Campo, Luciano Labajos, de Ecologistas en Acción y Comisiones Obreras.
El evento, con ponencia, mesa redonda y coloquio, se celebraba en la sala de Bóvedas de la Casa de la Panadería, recinto paradigmático del Madrid del siglo XVII cuya planta básica, por cierto, ha sido transformada en Oficina Municipal de Turismo en una actuación de dudosa factura. Durante el acto se recordaron desmanes como la destrucción, en 2001, de la histórica casa de Iván de Vargas, apenas a 100 metros de la sede muncipal o el derribo de la Pagoda de Miguel Fisac.
Milagros Hernández, concejal de Izquierda Unida y organizadora de la jornada, se refirió a la necesidad del debate ciudadano sobre el patrimonio, que concierne a la ciudadanía de manera directa, y anunció una secuencia de debates monográficos semejantes. El ponente Vicente Patón brindó al público asistente una panorámica de la situación patrimonial en Madrid, desde los marcos legales ?ley de Patrimonio Histórico de 25 de junio de 1985, Ley regional de la Comunidad de Madrid, de 9 de julio de 1998? que los conservan y los catalogan, así como los tres niveles de protección a los que se afectan para su protección, más el papel de las comisiones de control municipal y regional y los problemas que en todos estos registros se presentan, amén de una ristra de sugerencias de soluciones que propuso.
Entre ellas Patón ofreció dos muy tangibles: la primera, la autorización de los muros de carga en las edificaciones con valor patrimonial, con objeto de mantener el respeto a la tectónica histórico-artística de la ciudad; la segunda proposición señalaba la necesidad de que se autorice en el casco histórico el empleo de los materiales tradicionales básicos de la construcción: piedra, hierro, madera y ladrillo. Patón se refirió a que en los edificios sometidos al grado más bajo de protección ?gran parte de los construidos en el siglo XVIII y XIX? es donde más desmanes se dan. Y ello porque, si bien carecerían de aspectos estéticos espectaculares, si conservan la traza, el aura y la volumetría de la ciudad histórica. En cuanto a la arquitectura contemporáea, el ponente abogó por incluirla en el catálogo de bienes de interés cultural, del que permanece ausente.
Una carga para sus dueños
En Madrid, "ser propietario de un bien patrimonial es una carga para su dueño", dijo por su parte Ricardo Aroca, ex-decano del Colegio Oficial de Arquitectos, que participaba en la mesa redonda posterior a la ponencia. Aroca hizo hincapié en mantener vivas las ciudades y no trocaerlas en parques temáticos inanimados, y destacó la necesidad de hacer rentable el patrimonio edificado, como principal argumento de convicción ante los que deciden.
Para el arquitecto Carlos Sánchez Casas, "la politización de las causas ciudadanas de defensa del patrimonio es una necesidad", aludió a los profesionales comprometidos y rechazó la práctica de culpar a la política de todos los males.
Alberto Tellería se mostró partidario de reducir el IBI a los bienes protegidos y subrayó las deficiencias existentes en la formación histórico-patrimonial de muchos arquitectos. "En la Escuela Superior de Arquitectura, la Historia era una "maría" (asignatura secundaria)", recordó.
Posteriormente, intervinieron en otro foro, relativo a la defensa ciudadana del patrimonio, los líderes del movimiento ciudadado, Julián Rebollo, de Carabanchel, que explicó las tribulaciones sufridas por el movimiento vecinal ante lo que tildó de "arbitrariedad de ministerios y Ayuntamiento" y que derivó en la demolición del edificio carcelario cuya cúpula los vecins intentaron salvar pra crear un centro por la paz y la memoria; Juan Antonio Aguilera, del colectivo de defensa del Dolmen de Dalí, denunció "el ocultamiento de documentación oficial sobre la plaza", de la cual dijo que "su enlosado de granito negro ?con rayos solares incisos hoy desaparecidos por una actuación municipal? formaba, con la escultura, la figura de piedra y la peana, parte integral del conjunto monumental", que definió como "la única obra urbanística diseñada en el mundo por el artista universal, concebida como un templo";
Alberto Ferrero, de la Dehesa de la Villa, destacó que los responsables municipales de su Distrito, tras hacer oidos sordos a la información vecinal para detener la destrucción de la Fuente de Caño Gordo y el viaje de agua de Palacio, solicitaron a su asociación "la misma información vecinal que antes de actuar habían rechazado".
Por su parte Álvaro Bonet, de la Asociación para la Defensa de la Cornisa de las Vistillas, hizo un repaso pormenorizado y gráfico de los desmanes patrimoniales que Madrid registra y los riesgos que gravitan sobre la línea que perfila el paisaje de la ciudad, que consideró patrimonio intangible y valiosísimo de Madrid. Luciano Labajos, jardinero de Comisiones Obreras y dirigente de Ecologistas en Acción, remarcó la necesidad de organizar las acciones de defenesa del patrimonio, entre las que dio prioridad a las concernientes al patrimonio natural y paisajístico.
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - Madrid - 20/11/2008
Foto: La 'Pagoda' de Fisac - elpais.com
Corrupción civil
XOSÉ MANUEL PEREIRO* : Los sistemas de vigilancia del urbanismo por parte de las Administraciones públicas son un fiasco absoluto, a causa sobre todo del debilitamiento de las competencias de control municipal. Por ello, sería necesario actualizar las incompatibilidades del personal de los ayuntamientos, reforzar los cuerpos autonómicos de inspección y las unidades policiales especializadas. Además, habría que obligar a comparar las declaraciones de bienes de los ediles antes y después de ocupar el cargo, y por supuesto, acometer la demolición de construcciones ilegales y la imposición de sanciones conminatorias.
Argumentos así de contundentes no han salido de la pluma de un columnista que denuncia el apocalipsis de la corrupción inmobiliaria, sino que forman parte de la intervención del fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, en el Parlamento gallego. Es el discurso de un alto cargo ante una institución más que insigne. Si la gente de orden y el pensamiento mainstream van por ese camino, imaginen como estará el asunto a nivel underground.
Es de agradecer el esfuerzo del responsable del ministerio público en Galicia por intentar poner el dedo en esta llaga. Pero no sé yo si el problema se arregla con el cumplimiento de las leyes. En primer lugar, porque la normativa urbanística, al menos para un lego, es algo semejante a la teología: además de inescrutable, tremendamente susceptible en las interpretaciones y con una demora eterna en la tramitación. Me temo que incluso lo es para la gente de la toga. No pongo en cuestión la importancia del derecho romano en nuestro sistema jurídico, pero quizás los estudios para juez o fiscal deberían actualizar más las materias.
De hecho, antes de la reciente riada, o punta del iceberg, de alcaldes presuntamente cogidos con las manos en la masa (150 en toda España), en Galicia llegaban los dedos de una manopla para contar los casos de ediles condenados por cuestiones urbanísticas. Y en los dos o tres casos, por nimiedades, mientras son más que conocidos (aunque no se publiquen o no se denuncien por falta de pruebas) enriquecimientos exponenciales de autoridades, en coincidencia casual y temporal con su mandato. Hasta ahora, las leyes, como decía Gandhi de las cobras, sólo muerden a los que van descalzos.
Dicho de otra forma, o se pueden hacer barbaridades urbanísticas perfectamente legales o las leyes urbanísticas se pueden incumplir tranquilamente. Por no molestar con casos actuales, en mi primera visita a la Muxía pos-Prestige, noté como que faltaba algo ya desde la entrada. Efectivamente, la iglesia románica de Santa María estaba completamente oculta, excepto el campanario, por un edificio levantado entre la costa y el templo. Legalmente, supongo. Por aquellos días, el entonces gobierno local aprobó un PGOU que doblaba el número de viviendas y triplicaba la población en O Vilar, la única zona de expansión de la villa. Buena parte de la superficie, además de propiedad de concejales, estaba dentro del límite de 200 metros protegidos por la Ley de Costas, por lo que, según convenios firmados con dos inmobiliarias, "el Ayuntamiento se compromete a reducir dicha zona de protección de 200 a 100 metros por el procedimiento de excepcionalidad justificada que prevé la ley".
Es que en esto no hay esa "alarma social" que empuja a la justicia a ser inflexible. Según un reciente reportaje de este periódico, el 70% de los cargos municipales implicados en escándalos urbanísticos resultó reelegido (y parte del 30% restante posiblemente se retiró motu proprio para hacer caja). La sociedad civil es unánimemente civil sobre los tirones de bolsos, pero no lo es tanto sobre los robos de bienes comunes como el territorio. O sea que la presión social, que es la que evita salidas del tiesto estético en el resto de Europa, y en casi toda la costa atlántica excepto Galicia, tampoco funciona.
No todo vale para crear esa "sociedad civil" que aquí escasea. Me refiero, por ejemplo, a ese sistema hidropónico de la Consellería de Medio Ambiente de crear de la nada y a la carta (y con una cuenta de 610.000 euros) un movimiento verde moderado y mandadiño, mediante la conversión de sindicalistas o afiliados en ecologistas, conservacionistas y "naturistas" -que no son gente amante de la naturaleza, sino de andar como la naturaleza los parió-. La conciencia social, incluida la ecologista, no se cría en invernaderos.
* ELPAIS.com - Opinión - Galicia, 20/11/2008
La Fiscalía mantiene que «los casos de Zarra y Onteniente son la punta del iceberg»
ABC/Valencia* : «Los casos de Zarrra y Onteniente no son hechos aislados, son la punta del iceberg». Lo dice la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia para justificar su ofensiva contra las construcciones ilegales y por extensión, contra los alcaldes que hacen la vista gorda ante los desmanes urbanísticos que se cometen en los municipios que gobiernan.
Mantiene el Ministerio Público que el «goteo incesante» de denuncias «enmascara un problema más grave»: el de la «prevaricación urbanística» de alcaldes y cargos públicos por acción o por omisión, por permitir las edificaciones ilegales o por no hacer nada para evitarlas.
Como avanzó ABC en su edición del pasado 19 de noviembre, la Fiscalía de Valencia se dirigirá a todos los ayuntamientos de la provincia para reclamar un listado de los expedientes administrativos por irregularidades urbanísticas abiertos por cada uno de ellos.
El objetivo de la Sección de Medio Ambiente, coordinada por Joaquín Baños, es tener un conocimiento preciso de todos aquellos casos que, estando bajo la investigación de los consistorios, deberían traspasar los límites de la vía administrativa y ser remitidos al Ministerio Público por ser constitutivos de delito.
Las cien primeras cartas
La fiscal jefe, Teresa Gisbert, ha hecho suya la propuesta de la Sección de Medio Ambiente y ha redactado un decreto en el que acuerda «recabar el auxilio de la Administración Local a través de los respectivos alcaldes» para que remitan un listado de los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde el 10 de diciembre de 2004», fecha en la que entró en vigor la Ley de Suelo No Urbanizable. La misma información será solicitada a la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Hay alcaldes que conceden licencia para construir en suelo no urbanizable; otros, que no hacen nada ante edificaciones ilegales; los hay también que incoan expediente administrativo y lo dejan prescribir deliberadamente en busca de una legalización sobrevenida de la construcción ilegal y hasta se sabe de ayuntamientos que cobran impuestos por las construcciones aún a sabiendas de que son ilegales...
«La flagrancia de determinadas conductas cometidas por funcionarios públicos» ha llevado a la Fiscalía a sospechar que son muchas la ilegalidades urbanísticas que no llegan a conocimiento del Ministerio Público, motivo por el cual se dirigirá a los 268 municipios de la provincia de Valencia para «determinar en cuántos se están cometiendo estos delitos». De momento, se abren diligencias informativas. Si se aprecian indicios de ilícito penal se transformarán en diligencias de investigación que concluirán en la correspondiente denuncia. El Ministerio Público propone cárcel, multa e inhabilitación para los alcaldes que incumplen con la obligación de poner en conocimiento del fiscal la existencia de una posible ilegalidad.
La primera remesa de comunicaciones requiriendo información a los Consistorios salió ayer. La Fiscalía ya se ha dirigido a cien ayuntamientos. En los próximos días, lo hará con el resto.
Dice el Ministerio Público que hay un «goteo incesante» de denuncias por construcción de viviendas en suelo no urbanizable; añade que en la mayoría de las ocasiones, la Fiscalía tiene conocimiento de ello gracias al Seprona, a la Conselleria de Territorio y Vivienda y a algunos ayuntamientos; y concluye que «esta manera individual de afrontar el problema de las construcciones ilegales enmascara un problema más grave, que es el de la prevaricación urbanística».
Según la Fiscalía, el caso de Zarra, en el que el propio alcalde y su equipo de gobierno concedían, supuetamente, las licencias para construir en suelo donde no está permitido, «no es la conducta más común por su flagrancia». Pero recuerda que otros «ayuntamientos legalizan de hecho» estas construcciones ilegales, bien no incoando el preceptivo expediente sancionador, bien archivándolo y dejando pasar el tiempo de prescripción, como ocurre en Onteniente, cuya alcaldesa está siendo investigada. «Otros ayuntamientos pasan a considerar legales estas construcciones cobrando los impuestos municipales». Ante esto, «debe ser la Fiscalía la que tome la iniciativa».
* ABC - I.R.T. - 27.11.2008
Foto: ALEX DOMINGUEZ. Las irregularidades en Catral llevaron al Consell a suspender las competencias urbanísticas Información publicada por ABC el pasado 19 de noviembre
La Fiscalía investiga al ex alcalde de Teo por conceder licencia a dos edificios en suelo municipal
LAVOZ/A Coruña* : La Fiscalía Superior de Galicia investiga la gestión urbanística del ex alcalde de Teo, Armando Blanco, al existir la sospecha de que este regidor popular dio en el año 1999 el visto bueno a una licencia municipal para dos inmuebles que se construyeron en terrenos públicos, sin que existiese previamente ninguna operación de venta de la parcela, de más de dos mil metros cuadrados de superficie y en un enclave privilegiado del área metropolitana de Compostela.
El inicio de la investigación arrancó de forma casual el pasado mes de octubre tras una reunión solicitada por los vecinos de la urbanización Parque Montouto al actual alcalde, Martiño Noriega (BNG), para reclamar mejoras en el entorno de las viviendas. En dicha reunión, el regidor informó a los vecinos de que el Concello tenía dificultades para atender tales demandas porque, pese a que la urbanización fue construida hace más de 15 años y desde entonces no se realizaron tareas de mantenimiento de los espacios públicos, la obra aún no estaba recepcionada por la Administración local, lo que condiciona cualquier inversión pública en ella.
Tras este contacto inicial, un vecino de Montouto facilitó al Concello de Teo una supuesta acta de recepción de la obra fechada en abril de 1999. El documento incluye la rúbrica del anterior alcalde, Armando Blanco; un representante de la empresa constructora; y dos técnicos municipales: el secretario y el aparejador, ambos funcionarios.
Acta oficial
En dicha documentación, la empresa constructora de Parque Montouto asumía el compromiso de mejorar deficiencias en alumbrado, acceso y aceras, entre otras demandas generales. Y también se acordaba la cesión al Concello de Teo de terrenos de la urbanización, tal y como establece la normativa en concepto de aprovechamiento urbanístico.
Mes y medio después de la firma del acta de recepción, que no se encontraba en las dependencias municipales y de la que posteriormente apareció un original que confirma la recepción de la obra en los mismos términos, la comisión de gobierno de Teo concedió licencia municipal de obras a la promotora Parque Montouto S.?A. para dos edificaciones. Para ello, a la empresa se le exigió un aval de cinco millones de pesetas.
Tras recibir la licencia, esta constructora, hoy sin actividad, vendió en diciembre del mismo año la licencia a otra empresa, que fue la que asumió la construcción de dos edificios de 24 pisos cada uno en terrenos que, según la citada acta de recepción, estaban cedidos al Concello, aunque nunca se llegasen a escriturar ni a incorporar al patrimonio municipal de Teo. Tampoco hay constancia de que se llevase a cabo ninguna enajenación de patrimonio que afectase a los citados terrenos, ya que este tipo de acuerdos los debe tomar la corporación en una sesión plenaria.
Los 48 pisos se comercializaron en los años siguientes como viviendas de lujo por su diseño y emplazamiento privilegiado debido al valor paisajístico de la parcela, ubicada además a menos de cuatro kilómetros del centro urbano de Santiago. Ya en el año 2002, la comisión de gobierno de Teo concede licencia de primera ocupación a estos dos inmuebles, que tienen toda la documentación en regla.
Esta información y la documentación que la avala forma parte del expediente que acompaña la denuncia presentada ante el fiscal Antonio Roma por el actual regidor de Teo. El Concello, que únicamente ha confirmado la denuncia y sus términos, está a la espera de que la Fiscalía abra formalmente una investigación.
* La Voz de Galicia - Emma Araújo - 27/11/2008
Foto: Teo (A Coruña) - consumer.es
Pilas de ladrillos / El Roto
Viñeta: El Roto - 2008.11.19, elpais.com
El Tribunal Superior da otro revés a la Junta por el hotel Algarrobico
,+vista+playa+hotel++ilegal-+elpais.com.jpg)
ELPAÍS/Almería* : La justicia ha dado otro revés al Gobierno andaluz por el hotel Algarrobico. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido de forma cautelar una parte del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) en el sector que afecta al paraje donde está el hotel.
El tribunal considera que el plan, aprobado en febrero de este año, deja la puerta abierta a la rehabilitación de inmuebles con uso turístico y, por tanto, al "uso efectivo" del hotel de Azata del Sol con un "efecto devastador" medioambiental. El auto del TSJA ordena a la Junta de Andalucía que mantenga el grado de protección que el espacio tenía con anterioridad al nuevo documento y que se remite a la planimetría publicada en BOJA en diciembre de 1994, tal y como se solicitaba en el recurso interpuesto por la organización Greenpeace.
La responsable de Campaña de Costas de la organización conservacionista, Pilar Marcos, valoró el auto e instó a la Administración andaluza a dar los pasos pertinentes para echar abajo el hotel de 400 habitaciones a 50 metros del mar.
"La justicia sigue reprobando el comportamiento de la Junta en el Algarrobico. Nuestra pregunta es: ¿a qué espera la Junta para demoler el hotel? En lugar de esa desidia y pasividad empleada para seguir el juego de la promotora en el abanico judicial con diferentes procesos abiertos, que empleen sus esfuerzos en derribarlo", dijo Marcos.
La Consejería de Medio Ambiente anunció ayer el recurso contra la suspensión cautelar dictada por el TSJA y defendió el nuevo plan. El Gobierno autonómico considera que este instrumento "refuerza la protección de este espacio y permitirá en su momento la demolición del hotel ubicado en El Algarrobico".
En un comunicado, la Junta matizó que esta suspensión cautelar afecta a la "mínima zona" donde se ubica el hotel, cuyas obras de construcción se encuentran paralizadas, por lo que el plan sigue vigente en el resto del Parque Natural.
El auto del Tribunal Superior estima "acertada" la suspensión del PORN en lo referido al sector donde se ubica el hotel promovido por la mercantil Azata del Sol, para evitar, en el caso de una eventual sentencia estimatoria en el contencioso-administrativo, "gravísimos e irreparables perjuicios al medio ambiente" derivados de la consolidación del establecimiento turístico.
Así las cosas, el auto desestima el criterio de la Consejería de Medio Ambiente, que se apoyaba en un artículo sobre las excepciones incluidas en los usos y actividades de la zona. Este artículo recogía como "salvedad" las zonas alteradas por la explotación minera y otras zonas degradadas. Sin embargo, el tribunal rechaza el argumento del Gobierno andaluz y estima que no existe una mención expresa al Algarrobico en dicha excepción.
La categoría asignada al suelo donde se levanta el hotel es objeto de litigio en otro proceso seguido en el TSJA. El juez de Almería Jesús Rivera estimó el pasado septiembre que la zona era "no urbanizable", en contra de lo que sostiene la Administración andaluza, que lo sitúa en zona D2, definida como urbanizable. De este modo, este magistrado ordenó en febrero de 2006 la paralización cautelar de las obras del hotel de Azata del Sol en el paraje natural de Carboneras. A continuación, declaró nula la licencia municipal, que deberá ser revisada por el Ayuntamiento (PSOE) al vulnerar la normativa en materia de costas y medio ambiente.
El nuevo Plan del parque natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) desclasifica la totalidad del paraje de El Algarrobico (Carboneras), donde se levanta el hotel de Azata del Sol, como suelo urbanizable. La nueva definición afecta a 269 hectáreas, un 0,5% de la superficie del espacio natural. Esta decisión administrativa puso en pie de guerra a las entidades conservacionistas. Así, el nuevo Plan de Ordenación de la Junta motivó que Salvemos Mojácar, Greenpeace y Amigos del Parque Cabo de Gata-Níjar recurrieran la nueva normativa, si bien Greenpeace presentó un recurso separado en lo relativo exclusivamente al paraje del polémico hotel.
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 27/11/2008
Foto: Algarrobico (Almería), vista playa hotel ilegal- elpais.com
La especulación ahoga el barrio de la Barceloneta
ELPAÍS/Barcelona* : "Vivíamos en un cuarto, en el piso de mi bisabuelo, en la calle de Berenguer Mallol, y mi madre, hace cinco años, quiso alquilar la planta baja porque mi padre estaba enfermo. Yo me quedé en el de arriba y mi madre, el de abajo. Firmamos dos contratos por cinco años y en marzo se acaban. Las dos nos vamos a la calle. Ayer me llamó una mujer diciendo que ha comprado mi piso y que me marche. Tengo una niña pequeña. ¿Qué hago?"
Lola, una mujer rubia, acaba de ir a la oficina de rehabilitación de la Barceloneta a explicar su caso a la funcionaria. Nerviosa, se retuerce las manos. "Estoy acostumbrada a vivir con poco. ¿Me podréis ayudar?".
Lola explica su historia por si pueden ofrecerle un piso de la red de emergencia social, pero antes, en la calle, lo han hecho Fina, Carmen y María. Un paseo por la Barceloneta revela el profundo contraste entre el hotel Vela, en construcción, símbolo del turismo de lujo, y la angustia con la que viven los vecinos que soportan una presión inmobiliaria altísima, con rentas bajas y la mala fe de muchos propietarios. Fina, de 68 años, sufrió un caso más cruel: tuvo que dejar su piso de toda la vida, con su marido enfermo, por el que pagaba 240 euros, para vivir en un bajo en la calle de Baluard por 620. Allí, en un puñado de metros, muestra una cocina oxidada, un lavabo del que salen bichos y un comedor sin apenas luz.
La presión inmobiliaria la sufre toda Barcelona pero más en este barrio de 15.000 personas, donde se pagan alquileres de entre 850 y 900 euros por los 30 metros cuadrados de los quarts de casa, la tradicional vivienda en la que los inquilinos hacen equilibrios con el espacio, y que los promotores encuentran ideales como apartamentos turísticos. En la casa de Emilia Lloca, presidenta de la asociación de vecinos de l'Òstia, llegaron a vivir nueve personas y además allí su madre trabajaba como modista. Antonio Martínez, camarero, muestra cómo vive feliz con su mujer y tres niños, que comparten cuarto, aunque la ropa, por falta de armarios, es su peor calvario.
Quizá por eso, el famoso plan de los ascensores, frenado ahora por el Consistorio, consistente en eliminar una línea de pisos de una finca para que cupiera un elevador, parece casi una frivolidad (el 83% de los edificios carecen de él, pero en el global de Ciutat Vella tampoco lo tienen el 81% de ellos). El precio del metro cuadrado, tanto de compra como de alquiler, es el más de alto de Barcelona: 5.825 euros frente a 4.930 de toda la ciudad y 18,63 frente a 14,06, respectivamente, según un informe del Ayuntamiento de Barcelona, de 2007. "Desgraciadamente, la gente ha descubierto la maravilla de la Barceloneta. Se piden 800 euros de alquiler cuando la gente vive con 400. Las cuentas no salen", dice Gerard, asistente social. Mucha gente ha tenido que irse.
El Ayuntamiento invertirá en los próximos años 15 millones de euros, previstos en la Ley de Barrios, para darle un empujón a la Barceloneta. Itziar González, la edil, ha impulsado medidas para garantizar els quarts de casa, que consagran una forma de viday asegura que nadie tendrá que irse, que primará el derecho a la vivienda al del ascensor. "Pero ¿quién protege a los inquilinos si el dueño apuesta por ello? ¿Qué pasará cuando se les acabe el contrato?", dice Gala Pin, de la Plataforma en Defensa de la Barceloneta. Del 55% de pisos alquilados del barrio, sólo el 7% son de renta antigua. Los vecinos creen que al final se dependerá de la conciencia de cada propietario. "Lloraba por la calle", narra María Blasco, de 61 años. "Pagaba 460 euros y se me acababa el contrato. Al final, me subieron sólo 60 euros".
El Plan de Barrios incluye datos demoledores: en 2007, 945 vecinos (el 6,1% de la población) fueron atendidos por los servicios sociales. "El poder adquisitivo de los vecinos de la Barceloneta es de los más bajos de Barcelona y eso implica un riesgo de exclusión social", advierte el informe. Emilia Lloca reclama la retirada del plan de los ascensores porque dice que un propietario ganaría un litigio en los tribunales. Y clama al Ayuntamiento: "Si quieren un barrio turístico ¡que nos protejan!", dice, y pide una tarjeta para residentes que recoja descuentos en las tiendas porque intuyen que los precios se dispararán cuando el hotel Vela se inaugure.
Lloca planea una campaña en primavera para explicar a los turistas cómo viven y para que los barceloneses sepan que la Barceloneta es más que un barrio donde ir a comer paella. Eso también lo saben dos hombres que dan vueltas vestidos de negro, con pinta de ser de una inmobiliaria. Carmen ni los mira: "Cobro 500 euros de pensión y quieren que pague 700 u 800. No encuentro nada por 400. Ya les he dicho que yo, de mi casa, no me voy".
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL - Barcelona - 24/11/2008
Foto: Barcelona, barrio_de_la_Barceloneta - wikipedia.org
Jornadas de Encuentro y Debate Vecinal. Derecho a la Vivienda. Derecho a la Ciudad
INDYMEDIA/Sevilla* : Jornadas de encuentro y debate vecinal en Sevilla los días 28, 29 y 30 de Noviembre. En el Centro Vecinal El Pumarejo y el Centro Social Fábrica de Sombreros. CRISIS ECONÓMICA Y DERECHO A TECHO: Desde los periódicos serios a los programas de humor; desde el parlamento a la barra de los bares, todo el mundo: políticos, banqueros, empresarios, trabajadores…hasta el Papa, habla de crisis. Sus consecuencias son múltiples y devastadoras, por más que una y otra vez nos inviten a tener confianza ¡con qué descaro! en la misma golfería y en los mismos golfos que han organizado el desastre y se han aprovechado de él durante los últimos años.
Uno de sus efectos nos preocupa de manera especial porque tiene que ver con la necesidad de miles de personas sencillas de tener una vida decente. Nos referimos al terremoto inmobiliario y a sus consecuencias en relación con el ejercicio efectivo del derecho a disfrutar de una vivienda digna.
En realidad, para muchos, el problema no es nuevo. Durante los últimos quince años hemos asistido a una orgía de precios en el mercado de la vivienda en la que algunos disfrutaban como cosacos llevándoselo calentito, otros a duras penas compraban un piso soñando que el esfuerzo las merecía porque era una inversión segura y muchos se angustiaban diariamente porque sus salarios bajos y precarios no le daban para satisfacer la codicia de promotores y caseros. Mientras tanto el Estado permitía la corrupción, saludaba el crecimiento de la economía del ladrillo, no quería oír las advertencias de quienes anunciaban el desastre ni las protestas de los excluidos y simulaba intentar remedios a los daños colaterales más evidentes. En realidad, la crisis viene de lejos: para quienes sufrían el acoso inmobiliario, para los que a diario recibían órdenes de desahucio, para los afortunados por los sorteos de viviendas municipales que no podían pagar, para quienes consumían su juventud en casa de sus padres sin poder emanciparse, para quienes tenía en vilo la hipoteca mensual, para el conjunto de la ciudadanía a la que la corrupción urbanística saqueaba a diario…, las penalidades no son nuevas.
Lo nuevo es que ahora parece que se ha acabado la fiesta para los ricos, y con ella, las migajas que caían para el pueblo. Banqueros y grandes promotores inmobiliarios, con los bolsillos llenos de pasadas ganancias, los mismos que ayer defendían las virtudes del libre mercado y repelían cualquier tipo de intervención pública en la economía, reclaman hoy ayuda del Estado porque si algo no pueden consentir es que sus beneficios dejen de crecer. Lo nuevo es la tristeza y compasión que provocan en los gobernantes que se estrujan los sesos acordando continuas medidas para ayudarlos.
Un día deciden que recalificarán como viviendas protegidas las que se le han quedado colgadas, al otro, que aumentarán la cantidad garantizada de los depósitos bancarios particulares para que la gente (que no olvida el “corralito” argentino) no saque su dinero de los bancos, otro, el Banco Central Europeo rebaja el tipo de interés al que presta dinero a los bancos privados mientras que éstos lo suben a los que les pagamos la hipoteca, el de más allá, que destinarán cincuenta mil millones de euros a comprar la basura con la que han especulado para que sus pérdidas las paguemos entre todos, y siempre, más de lo mismo, que seguirán financiando la promoción inmobiliaria para que no se pare de construir viviendas (300.000 prevé el Pacto andaluz por la vivienda en Andalucía) o campos de golf que arrasarán el medio ambiente, mientras que miles de ellas permanecen vacías. Al final todas sus medidas para combatir la crisis se reducen a una: pagar con dinero público, con dinero de todos, los derroches de los potentados.
Sin embargo, es tan grave la cosa y tan grande su codicia, que las aguas no vuelven a su cauce, sino que, por el contrario, cada vez arrasan con más fuerza. Los poderosos parecen estar desconcertados y mucha gente se pregunta angustiada ¿qué pasará?
Pasará lo que el pueblo quiera que pase. En lo que respecta al derecho a disfrutar de una vivienda digna, la gente tenemos claro tres cosas: una, lo que necesitamos es simplemente un alojamiento digno, estable y al alcance de nuestros ingresos; dos, nuestra necesidad y nuestro derecho es más importante que los negocios de los corruptos, banqueros y promotores; y, tres, somos la inmensa mayoría y por tanto más fuertes que ese puñado de especuladores.
Nada está definitivamente decidido. La salida a la crisis puede tener muchas direcciones. Unas, las que hasta ahora impulsan los gobernantes, benefician a los poderosos y pretenden recomponer el tinglado de sus beneficios a costa del pueblo. Otras harán posible acabar con el sistema que tanta ruina y dolor nos está trayendo a los de abajo y mejorar nuestras condiciones de vida haciéndola más segura, más justa, más feliz y más democrática.
Que la salida sea beneficiosa para nosotros va a depender de nuestra capacidad para unirnos y organizarnos, para plantar cara con firmeza y para descubrir entre todos las soluciones que necesitamos.
Creemos que algunas de estas soluciones son sencillas: la vivienda es un derecho de todos, no un negocio. Como tal derecho, igual que hacemos con la educación o la sanidad, su respeto y satisfacción no puede quedar en manos de los negociantes privados, sino de toda la sociedad y de las instituciones públicas que deben defenderla. Hace falta un servicio público y universal de vivienda: un parque de viviendas de propiedad del Estado a disposición de cualquier persona que lo demande. A este fin deben dedicarse los recursos públicos en vez de malgastarlos en las multimillonarias ayudas a los ricos ni en los miserables paños calientes con los que intentan acallar a algunos sectores particulares de afectados (viviendas de emergencia, ayudas al alquiler, sorteos…). Para esto no hace falta construir más viviendas: muchas más de las que se necesitan están vacías. El estado debe comprar o, en su caso, expropiar, aprovechando la bajada de los precios, las viviendas (o su derecho de uso) que requiera la formación de este parque público, y dejar de malvender las pocas que todavía posee. Las viviendas en situación de abandono deben ser obligatoriamente arrendadas a precio tasado a quien lo pida y su ocupación inmediatamente despenalizada (como lo estuvo hasta 1.995) y regularizada. No se trata de paralizar la industria de la construcción sino de cambiar su tarea. De nada le sirve, sólo aplaza el problema, seguir construyendo hasta arrasar todo el suelo disponible, sin embargo, la rehabilitación y restauración de la ciudad consolidada es una tarea inaplazable que proporciona muchos más puestos de trabajo.
Mientras tanto, es preciso adoptar algunas medidas que impidan que quienes hoy tengan un lugar donde vivir, lo pierdan. Para los arrendamientos, significa decretar su prórroga forzosa a voluntad del inquilino (como antes del Decreto Boyer de 1.985) y una moratoria de los desahucios por falta de pago con aseguramiento público. Para los hipotecados, la reducción temporal de su cuota hipotecaria al 25% del importe de sus ingresos y una moratoria de las ejecuciones hipotecarias por impago.
Discutamos estas propuestas, mejorémoslas entre todos, organicémonos y exijamos a los poderes públicos la apertura inmediata de una mesa de diálogo con efectiva presencia de los afectados y las víctimas de la presente situación en la que se adopten las soluciones que necesitamos.
Viernes 28>> La vivienda como derecho.
A las 17 h en el Centro Vecinal Casa del Pumarejo. En la Pza. del Pumarejo.
Sabado 29 de Noviembre>> La crisis de los espacios públicos.
A las 11 h en el Centro Social Fabrica de Sombreros. Calle Heliotropo.
Domingo 30 de Noviembre>> La crisis. ¿Y ahora qué?
A las 11 h en el Centro Social Fabrica de Sombreros. Calle Heliotropo.
Martes 2 de Diciembre>> Acto público por la vivienda
A las 19 h en e Teatro Alameda. Alameda de Hercules.
* Indymedia Estrecho - 20.11.2008
Icomos recomienda incluir Sevilla en la Lista de Patrimonio en Peligro si se construye la torre Pelli
EUROPAPRESS* : El Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) ha emitido un informe en el que se recomienda al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco incluir los bienes inscritos en la declaración unitaria de Sevilla (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias) en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro en tanto que no se retire la propuesta de construcción de la Torre Cajasol, según el proyecto del arquitecto argentino César Pelli.
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se insta asimismo al Ayuntamiento a suspender la licencia de construcción del rascacielos, por el impacto "irreversible" que tendrá en la percepción "de y desde la Catedral-Giralda y el Alcázar".
Por otro lado, se recomienda a la corporación local incorporar conocimientos teóricos y aplicados en el urbanismo de la ciudad "que permitan una correcta protección de todos sus valores culturales", puesto que los existentes en materia de paisaje son "loables a pesar de su escaso alcance, pero absolutamente ineficaces ante la escala de obras como la que es objeto de este informe".
A la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Icomos solicita que actúe "con contundencia y claridad" ante la propuesta, acusando en este sentido a la administración autonómica de "pasividad" durante los meses de tramitación del proyecto, lo que, a juicio de esta organización, expresa claramente su "inhibición". También se recomienda a la Junta que encargue, caso de no hacerlo Cajasol o el Ayuntamiento, un estudio "urgente" por parte de especialistas independientes del impacto en el paisaje cultural de la construcción de la torre.
INSTA A CAJASOL A "REFLEXIONAR"
Por último, el organismo insta a Cajasol, entidad bancaria promotora del proyecto, a "reflexionar" sobre la importancia de sus propuestas arquitectónicas, apelando a su responsabilidad por su misión social y cultural, ante una propuesta "inadecuada e irrespetuosa para una ciudad con los valores de Sevilla".
El informa hace hincapié en que no se entra a valorar el valor arquitectónico del proyecto de Pelli, sino la incidencia de éste en un sector tan "sensible" al paisaje urbano de Sevilla.
Al respecto, Icomos explica la incidencia sobre el paisaje urbano de Sevilla, sobre un relieve "fundamentalmente llano", y con una afección a escala general y metropolitana --el proyecto se ubica al final de uno de los principales corredores de entrada a la ciudad por el Oeste--, municipal --el rascacielos "acapararía" la atención visual, anulando los hitos históricos de la ciudad--, conjunto histórico --el arrabal histórico de Triana o el Monasterio de Santa María de las Cuevas se encuentran a pocos metros del proyecto, mientras que la preocupación básica sería que la Giralda dejaría de ser el referente paisajístico de la ciudad-- o conflictos en la escala del cauce histórico del río Guadalquivir.
También se hace referencia, en el informe del organismo internacional, a referentes teóricos y normativos utilizados para analizar la gestión del patrimonio mundial --Carta de Venecia o el Convenio Europeo del Paisaje, entre otros--, mientras que, en lo referente a la legalidad cultural de la administración autonómica, Icomos considera que la construcción incumpliría la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, en varios puntos como la alteración o perturbación de la contemplación de los Bienes de Interés Cultural.
Asimismo, el Icomos señala la "paradoja" existente entre la orientación técnica y teórica del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad y algunas de sus propuestas urbanísticas, como la que permite la construcción de la Torre Pelli. El PGOU "manifiesta explícitamente más preocupación por el impacto de cableados, antenas de telefonía móvil, terrazas-veladores y publicidad que por las estrategias para proteger el carácter general del paisaje de Sevilla", se subraya.
El organismo también rechaza la construcción de la torre en aras de la modernidad urbana. "No hace falta construir rascacielos para ser modernos en una ciudad", indica el escrito, que también señala que la capital hispalense "es una ciudad con muchas carencias y un gran recelo a incorporar a la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones básicas sobre aspectos cruciales para la ciudad".
TRAYECTORIA "ERRÁTICA" DE GESTIÓN CULTURAL
Por todo ello, Icomos considera que el nuevo modelo de "verticalización" de la ciudad "se convertirá en un contexto inadecuado en el que entender, proteger y gestionar" los bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial. Además, el organismo dice que la trayectoria de gestión del patrimonio cultural ha sido "errática" y en la que se ha "perdido rumbo".
"Si se exceptúa la propuesta, que por otro lado fue retirada el pasado mes de febrero, de la construcción de tres rascacielos en Oviedo de Santiago Calatrava, no hay antecedentes en el urbanismo democrático español de una acción como la que se plantea a una distancia tan corta de un centro histórico o de bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial", reza el informe.
* Europa Press - Sevilla, 26.11.2008
Foto: Catedral Sevilla - E.P.
La Audiencia embarga al ex alcalde por los daños en el marjal de Pego
ELPAÍS/Alicante* : El proceso para ejecutar las compensaciones económicas por los daños medioambientales ocasionados durante la pasada década en el parque natural del Marjal de Pego-Oliva ha comenzado. La sección 3ª de la Audiencia de Alicante ha dictado una providencia para establecer si el ex alcalde Carlos Pascual es titular de varios inmuebles y de dos vehículos con el fin de proceder a su embargo.
Pascual, que gobernó Pego entre 1995 y 2003, cumple desde 2007 una condena de seis años por haber ordenado obras ilegales en ese espacio natural y además, según la sentencia que en su día le convirtió en el primer cargo público en entrar en prisión por un delito ecológico, también debía indemnizar a la Generalitat valenciana con 1,2 millones de euros y pagar una multa de casi 8.000 euros.
Para hacer frente a la indemnización se habían declarado responsables civiles subsidiarios el Ayuntamiento de Pego y la comunidad de regantes del espacio protegido. Sin embargo, ahora la Audiencia ha detectado que Pascual podría contar con bienes para hacer frente al menos a parte de ese pago, motivo por el que el pasado 5 de noviembre ordenó que se libraran dos oficios al Registro de la Propiedad de Pego y a la Jefatura Provincial de Tráfico con el fin de confirmar si existen fincas y vehículos a nombre del ex concejal.
Además, el actual gobierno de la población, integrado por Ciutadans per Pego, PSPV y BNV, prepara ahora una nueva denuncia contra Pascual por haber adjudicado en 2003 unas obras de limpieza de acequias a la empresa Ruzafa, SL, por valor de casi 400.000 euros sin que mediara ningún expediente de contratación ni proyecto técnico.
El tripartito tomó esta decisión después de una sentencia que obligaba al Consistorio a pagar a la empresa y le instaba a depurar responsabilidades por una operación que podría resultar lesiva para los intereses municipales. En los últimos años las mismas obras encargadas en 2003 por Pascual en el marjal apenas le han costado al actual gobierno 30.000 euros. Así, sólo por las obras encargadas por el ex alcalde en el marjal, el Consistorio podría verse obligado a pagar cerca de 1,6 millones de euros en plena crisis.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 26/11/2008
Foto: Pego, marjal - accioecologista-agro.org
Cientos de vecinos se personan en el ´caso Las Teresitas´ y declaran al juez que son víctimas de un expolio
LAPROVINCIA/Tenerife* : Cientos de vecinos están declarando desde ayer martes y hasta mañana jueves como afectados y personándose como acusación en el proceso judicial penal conocido como 'caso Las Teresitas', impulsado desde hace dos años por la Fiscalía Anticorrupción.
Se trata de vecinos de Montaña Morera, Las Huertas y miembros antiguos y actuales de la Junta de Compensación.
Ayer lo hicieron casi un centenar de vecinos de Montaña Morera, que fueron citados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife. Todos ellos, invariablemente, tras ser identificados cuentan su propia versión del expolio del que aseguran haber sido víctimas.
Así, coincidieron en señalar que en el año 2001 descubrieron con sorpresa que sus casas habían desaparecido del registro de la propiedad y los terrenos estaban a nombre de Inversiones Las Teresitas (ILT), que además los había hipotecado por cerca de dos millones de euros.
Incluso ya hay una sentencia firme que obliga a retrotraer todo el plan parcial al año 1989, momento en el que se supone que se cometió el error fatal que concluyó en lo que estos vecinos no dudan en calificar de despojo. Los vecinos que declararon ayer dieron también el nombre de sus abogados y procuradores para personarse en esta causa judicial, seguramente la más costosa y aparatosa de las que se tramitan actualmente en Canarias.
IMPUTADOS. Y es que en estos momentos hay cerca de quince imputados entre ellos el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, funcionarios del Ayuntamiento y miembros de la Junta de Compensación.
Se ha gastado una ingente cantidad de dinero en investigaciones, incluso en los más remotos paraísos fiscales. Mañana jueves han sido citados a declarar y a personarse un centenar largo de propietarios de parcelas de Las Huertas, quienes ahora han visto como la Gerencia de Urbanismo está a punto de concluir todo el proceso para reconocerles sus derechos.
* La Provincia - NOÉ RAMÓN - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 26.11.2008
Foto: Concentración de vecinos frente al Ayuntamiento de Santa Cruz. LP/DLP
