El concejal de Urbanismo de Zurgena usaba el coche de un promotor detenido

ELPAÍS/Almería* : Los detalles del caso de corrupción urbanística investigado en la pequeña población almeriense de Zurgena, en la que se han detectado más de 1.000 viviendas ilegales, van conociéndose con cuentagotas. Dos días después de que la Guardia Civil detuviera al alcalde Cándido Trabalón, del Partido Andalucista, y su concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, la juez del caso decretó la puesta en libertad de ambos sin necesidad de abonar fianza, aunque siguen imputados de cohecho, prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio.

El resto de apresados, dos empresarios de la construcción y dos arquitectos técnicos también recobró la libertad, aunque todos tendrá que comparecer a primeros de mes en el juzgado.

Los interrogatorios comenzaron a las 11.30 y se prolongaron hasta avanzada la tarde y las preguntas giraron en torno a las actuaciones urbanísticas aprobadas por el Consistorio entre 2004 y 2005. La juez Pilar Alfonso Rodríguez, a cargo del juzgado número 2 de Huércal Overa, se interesó por un ingreso de 12.000 euros que el alcalde recibió en su cuenta bancaria en 2005 y por el uso que el concejal de Urbanismo hacía de un coche propiedad de uno de los promotores imputados. "A todos les han preguntado si habían recibido pagos o comisiones, y todos lo han negado", señaló uno de los abogados.

Según fuentes cercanas al caso, el regidor no supo precisar con certeza de donde venía el dinero, dado el tiempo que había pasado, y estimó que podría ser una "ayuda económica de sus padres". Una vez que se reunió con esposa, ésta aseguró frente a un grupo de amigos que es fruto de "los regalos de primera comunión" de uno de sus hijos.

A los tres delitos anteriores, el regidor del Partido Andalucista suma una imputación por falsedad documental relativa a un certificado de antigüedad expedido por el Ayuntamiento a una casa propiedad de unos ciudadanos ingleses. En los últimos diez años, una nutrida colonia inglesa se ha establecido en la comarca del Almanzora, atraídos por el sol, la cercanía del mar y la tranquilidad de pequeños pueblos.

Sobre el vehículo que usaba, el edil de Urbanismo Manuel Tijeras explicó a la juez que era propiedad del promotor Antonio López, dueño de la empresa New Horizon Villas, pero que éste lo entregó en un concesionario de Nissan para cambiarlo por una furgoneta. "Como sabía de dónde venía el coche, lo compró y todavía está pagando los 25.000 euros que le costó mediante un leasing", señalaron desde el entorno del edil.

El empresario, acusado de cohecho, explicó que le prestó el coche al concejal "en tres o cuatro ocasiones porque tuvo un accidente". "Mi cliente es amigo de todo el mundo. Es una cosa totalmente normal en un pueblo pequeño y en una empresa que tiene cinco o seis vehículos", asegura su letrado, Rafael Salinas.Tomás Zurano, el otro constructor imputado por cohecho, suma además un delito de desobediencia por no hacer caso de la paralización de una de las promociones que tenía en marcha en la población. "Parece que ser que la Junta interpuso un procedimiento contencioso para paralizar las viviendas, pero él ha declarado que creyó que no era aplicable a esas viviendas, sino a otras, y que siguió porque no se lo aclararon", señalaron fuentes de las defensas.

Los dos arquitectos técnicos, Carlos Berbel y Francisco Salvador, están acusados de prevaricación urbanística. La abogada de Berbel, María Dolores Maldonado, señaló que su cliente trabajaba con frecuencia para el ayuntamiento como colaborador y que su papel se limitaba a "emitir informes sobre las características del terreno y si cumplían las características que exigía la ley".

Durante toda la jornada, los juzgados fueron un ir y venir de vecinos de Zurgena, que recibieron a los acusados con palmas, besos y jaleos. El alcalde, Cándido Trabalón, fue recibido aún abrumado, aseguró que estaba satisfecho por estar libre. "No debe ser tanto como se dice porque estamos en la calle", aseguró.
Ex socialista

Unas horas después, cuando se reunió con su concejal, atribuyó la operación a una "trama de acoso del PSOE", partido al que estuvo afiliado y que abandonó. "Me ha dado vergüenza ajena de las instituciones que tenemos en este país", aseguró. El alcalde confesó que mientras estuvo retenido se había planteado abandonar la política, aunque el edil de Urbanismo, Manuel Tijeras zanjó esta posibilidad. "Tenemos la conciencia tranquila y hemos hecho lo mejor que creíamos para nuestro pueblo. Vamos a seguir el tiempo que el pueblo quiera", dijo.

El empresario Antonio López también salió entre aplausos de los juzgados. "No hemos robado a nadie ni hemos nada malo para que vengan así de esta manera. Es la primera noche que he dormido en la cárcel y he estado corriendo de un lado para otro porque no sabía qué hacer", contó. Su abogado se mostró confiado en que "una vez dado el golpe de efecto" levantarán el secreto de las actuaciones y podrán solicitar el sobreseimiento de las actuaciones.

"Habría que hacer un estudio en toda la comarca, porque me consta que hay muchas viviendas ilegales en peores condiciones que Zurgena y sin embargo no se han ejercido acciones de carácter penal, ni contencioso administrativo", mantuvo.






* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Almería - 05/04/2008
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net

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La corrupción urbanística se destapa en Aljaraque

G.A.S/Huelva* : Aljaraque es uno de los pueblos de la provincia que más ha crecido en relación a la expansión urbanística. Dentro de este contexto de crecimiento, se hacía casi inevitable que salieran a la luz entramados de corrupción.

Fue el pasado año cuando Rafael Barroso Castillo, promotor y ex militante del PP, denunció al ex alcalde del municipio Juan Manuel Orta y al ex concejal de Urbanismo, Casto Pino, por un posible delito de cobro de comisiones ilegales, que enriquecieron el patrimonio personal de los imputados durante los 12 años de mandato al frente del Ayuntamiento de Aljaraque. Al mismo tiempo se detuvo a la esposa de Casto Pino, así como a un socio de Orta.

El pasado 2 de abril se tomó declaración a lxs detenidxs a lxs cuales no se ha procedido aún a imputar ningún cargo, hasta que la investigación policial vaya aportando luz a la posible trama de corrupción urbanística. Por el momento solo se les acusa de blanqueo de dinero, delito fiscal y falsedad documental.

La situación de Aljaraque ha cambiado drásticamente desde que el Partido Popular llegó al Ayuntamiento. Hace 12 años el pueblo, compuesto por cuatro núcleos (Aljaraque, más las pedanías colindantes), limitaba con pinares que albergaban un ecosistema rico en fauna y flora. A día de hoy todo ese pinar ha sido transformado y cubierto por cemento y urbanizaciones. Este proceso urbanizador iba a seguir su curso gracias a los permisos concedidos para la construcción de 6.000 viviendas más, aunque al parecer estos permisos se han reducido a 1.500 cuando ha cambiado el signo del ayuntamiento, aún así el cemento sigue multiplicándose.

La población de Aljaraque se ha multiplicado en los últimos años de 9.000 a una 18.000 personas. Esto según lxs vecinxs del municipio ha provocado un estancamiento total, ya que la “La gente no deja dinero en el pueblo, se va a comprar fuera” como apuntaba una vecina del pueblo. Un pueblo eminentemente ganadero ha pasado a ser una ciudad dormitorio sin recursos suficientes para abastecer a tal cantidad de población.
Al mismo tiempo que se han construido sin control alguno, urbanizaciones de lujo y chalets adosados, la edificación de viviendas de protección oficial (VPO) han sido nimias, con un total de 20 viviendas en estos últimos años.

Según lxs nuevxs integrantes del gobierno municipal, se llevará a cabo un proyecto de construcción de 578 VPOs en 4 años, aunque para ello tendrán que llevar a cabo un proceso de reconversión de los terrenos destinados a este fin, ya que el espacio con posibilidades de construcción se han reducido drásticamente gracias a la especulación.

Más allá del empobrecimiento del hábitat urbano, se han invadido zonas de alto nivel ecológico tanto de pinar como de las Marismas del Odiel, lo que nos da una muestra de hasta donde puede llegar el afán por llenar los bolsillos de un buen número de promotores, políticxs oportunistas y especuladores.





* Grupo de Acción Social - 05/04/2008
Foto: Aljaraque (Huelva) - gas

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El pleno del Puig reimpulsa el PAI del campo de golf con protestas y desalojos de vecinos

LEVANTE/Valencia* : Un año después de que el pleno del Ayuntamiento del Puig exigiera a la empresa Golf-Mar adecuar el macroproyecto de 6.255 viviendas y un campo de golf a la nueva Ley Urbanística Valenciana para garantizar un 10% de pisos protegidos (600 VPP), el nuevo equipo de gobierno surgido tras la moción de censura a los socialistas -formado por PP, un independiente y dos tránsfugas del PSPV- aprobó ayer con siete votos, en una sesión extraordinaria, revocar ese acuerdo, por lo que la promotora queda exenta de construir VPO.

Socialistas y Compromís votaron en contra.
El Programa de Actuación Integrada (PAI) ha resucitado con el nuevo gobierno, tal como informó Levante-EMV en exclusiva esta semana. Este PAI se aprobó el 30 de diciembre de 2003 con el objetivo de acogerse a la antigua LRAU. Cuatro años más tarde el mismo alcalde del PSPV que lo aprobó dio marcha atrás obligando a Golf-Mar a destinar el 10% a VPO, así como a vender los aprovechamientos urbanísticos a un precio de mercado que oscilaba sobre unos 180.000 euros la hanegada.
El nuevo alcalde del PP, José Miguel Tolosa, explicó que llevó al pleno el PAI tal como se aprobó en 2003 ante la "posibilidad más que real" de que el ayuntamiento perdiera el recurso contencioso-administrativo que la empresa presentó en su día. "Eso supondrá el fin de juicios interminables con grandes cuantías económicas que podrían llevar a la quiebra del ayuntamiento", señaló para justificar su decisión.
El nuevo gobierno sólo ha tardado dos meses y medio para debloquear este PAI desde que accedió al poder. La venta del 10% del aprovechamiento urbanístico centró casi todo el polémico debate. Desde el PSPV se pedía al gobierno local que diferenciara el planeamiento de Golf-Mar, con el que dicen estar de acuerdo, del asunto del aprovechamiento, por el cual dicha firma podía adquirir ese 10% a razón de 54.000 euros la hanegada. El portavoz socialista y ex alcalde Eugeni Ruiz declaró que "el 10% debe ser del ayuntamiento y si el pleno estima el recurso de reposición el acuerdo volverá a ser como en el año 2003, situación que haría perder varios miles de millones de euros al pueblo del Puig". Desde el gobierno, el edil independiente Enrique Navarro, ex edil de Urbanismo con el PSPV en el pasado mandato, contestó que se actualizarán los precios en una negociación con la empresa y si no hay acuerdo se hará "una subasta pública" para vender ese aprovechamiento. El portavoz de Compromís, Vicent Porta, dijo que "no podemos decir no al golf pero estamos en contra por las prisas". Porta preguntó si "¿hay algo que esconder?", al tiempo que avisó que su grupo iniciará acciones judiciales.
Desalojo de un vecino
El salón de plenos estaba abarrotado de público, en su gran mayoría propietarios de terrenos en el sector Els Plans. Hubo un nuevo desalojo de un vecino que abucheó al concejal del grupo no adscrito, José Pérez, uno de los tránsfugas. La policía lo desalojó. Otra persona se encaró con el desalojado al defender a Pérez y casi llegan a las manos ya fuera del salón. Cabe destacar que la ex alcaldesa popular y edil de Coalició, María Alfonsa Vázquez, abandonó la sesión antes de votar como forma de protesta.






* Levante-EMV - Paco D. Ausina, El Puig - 05 de abril de 2008
Foto: El Puig (Valencia), costa - mma.es

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Pelotazo en Torre Pacheco

ELPAÍS/Murcia* : "El Ayuntamiento de Torre Pacheco está interesado en formalizar la permuta de los terrenos de su propiedad con los de la mercantil Mar Menor Golf Resort (Polaris World) para, entre otros fines, la ampliación del cementerio de El Jimenado". De esta forma justificaba en un decreto el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, su decisión de promover el cambio de una finca de 34.834 metros cuadrados en terrenos aledaños a una urbanización con campo de golf por cinco fincas de secano de 52.000 metros cuadrados, alejadas del casco urbano.

García Madid ingresó ayer en prisión tras negarse a declarar ante el juez por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El alcalde olvidaba en aquel texto que el cementerio no es propiedad municipal, y que el valor de los terrenos es muy desigual, según fuentes de la investigación. En el decreto, firmado el 12 de febrero de 2007 e incorporado al sumario, sostenía que los terrenos que le cede la mercantil "podrían ser un lugar idóneo para la instalación del Grupo de Proyección Exterior de la Guardia Civil". Lo cierto es que el Grupo de la Guardia Civil se instaló en Los Alcázares. En el bancal, que Polaris World compró a una familia antes de cambiarlo por el otro del Ayuntamiento, no se ha iniciado ninguna actuación. Ya ni se plantan lechugas.
Perjuicio al Ayuntamiento

Las valoraciones independientes realizadas por la Fiscalía revelan que el terreno que cedió el ayuntamiento era mucho más valioso. Y que la operación pudo suponer un perjuicio al municipio de entre cinco y seis millones de euros.

El decreto recoge que los terrenos de Mar Menor Golf Resort estaban valorados en 2,42 millones y los municipales en 2,88 millones, "según un informe emitido por el técnico municipal". Dicho funcionario es el arquitecto municipal detenido, Ramón Cabrera, en prisión por hacer esa tasación a la baja. Según el decreto, la empresa debía pagar como compensación por la diferencia de precio sólo 455.331 euros.

Todas las personas que participaron en el decreto de la alcaldía están detenidas o imputadas, como el secretario municipal, José Luis de Dios Rojo, y el interventor, Miguel Pérez. También están imputados el presidente de la compañía presuntamente beneficiada, José Luis Hernández, y el ex directivo Juan Marcos Fernández Farrugia.

El juez Salvador Calero investiga las irregularidades urbanísticas en Torre Pacheco y Fuente Álamo en sustitución de la juez Aránzazu Moreno, de baja maternal. Tres días antes de ceder el testigo, Moreno levantó las medidas cautelares sobre el alcalde García Madrid. Su sustituto ordenó detenerlo y lo ha enviado a prisión. El consejero de Presidencia del Gobierno de Murcia (PP), Fernando de la Cierva, calificó a la juez Moreno de "pepera" en una conversación grabada. De la Cierva trabaja ahora para Polaris World. Este periódico trató de contactar con la juez Moreno, pero no es posible al estar de baja, según un portavoz del Tribunal Superior de Murcia.





* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 05/04/2008
Foto: Mar Menor Golf Resort - llavetex.net

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'Trama eólica': "Te he colocado cinco 'kilos' por la patilla"

ELPAÍS/Gran Canaria* : Celso Perdomo, valiéndose de su cargo de director general de Industria del Gobierno de Canarias, "facilitó información que no debía ser divulgada a personas que tenían interés" en el concurso de instalación de parques eólicos, a cambio de sustanciosos cohechos. Ésa es la conclusión del fiscal anticorrupción de Gran Canaria, Luis del Río, que solicita siete años de prisión para el ex alto cargo.


Cuando tramó en 2004 el amaño del concurso, Perdomo dependía de un consejero del PP, Luis Soria, hermano del máximo dirigente popular canario, José Manuel Soria. El presidente del Gobierno era el nacionalista Adán Martín, que gobernaba en coalición con el PP. Perdomo fue destituido en junio de 2005. Pero eso no le impidió seguir tejiendo en la sombra ventajas ilegales para sus clientes en el futuro concurso, que finalmente sería anulado en diciembre de aquel año. Su trueque de información privilegiada por reiterados cohechos está abundantemente detallado en el relato del fiscal, basado en la investigación policial:

- Correos ilegales. Antes de que se publicara la orden del concurso, Perdomo envió sendos correos electrónicos, en agosto de 2004, a Wilebaldo Yanes y a Daniel Fernández Salamanca, representantes de diversos concursantes, con un borrador de la orden del concurso y una relación de terrenos y contactos públicos y privados para instalar parques eólicos.

- Cesión de acciones. Perdomo mantuvo contactos con representantes de dichas sociedades para pactar el precio de su información. Por ejemplo, con Enrique Guzmán López, que el 5 de octubre de 2004 firmó un contrato de cesión de acciones a Perdomo en Proyectos Renovables de Canarias, haciendo constar que dicha firma tenía un acuerdo con Hidrocantábrico para presentarse al concurso eólico.

- Pagos en Luxemburgo. Además, Perdomo recibió pagos de dicho empresario en una cuenta de un banco de Luxemburgo, nominalmente a cargo de su novia, Mónica Quintana. Por esa vía, ingresó más de 23.000 euros en 2005. Pero esta cifra podía ser aún mayor, a tenor de las grabaciones telefónicas. El empresario Guzmán le avisó en mayo de 2005 en varias conversaciones del pago de su comisión: "En el banco tienes que firmar lo de los 30.000 euros y firmar la cuenta, lo tiene que firmar Mónica (...). Han pagado los 30.000, el dinero llega a la cuenta esta semana (...). Vas a poder tocarlo esta semana". El remache es contundente: "Te estás haciendo millonario conmigo, perdona, a ti te están saliendo bien las cosas desde que me conoces. Te he colocado cinco kilos por la patilla".

- Pago en especie. Perdomo también acordó el pago de cohechos con los empresarios Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel. Ambos concursantes pactaron pagarle 12.700 euros a través de una empresa que había hecho obras de albañilería en su domicilio.

- El topo. Tras cesar como director general de Industria, en junio de 2005, Perdomo compró la voluntad de un alto funcionario para la trama: Honorato López, jefe de área de la Consejería de Industria. Era un hombre clave: podía valorar los expedientes y figurar en la mesa de contratación. Su abordaje queda evidenciado en las escuchas. "¿Es colega tuyo como para sentarnos a hablar de pasta?", le preguntan a Perdomo los empresarios. Éste asiente. "Sí, sí. Pero tengo que sentarme con él a ver de qué pie cojea, lo puede haber tocado otra gente". "Tú al Honorato le tienes que decir, tú, gilipollas, ¿quieres ganar dinero o no, idiota?", le aconsejan a Perdomo. Y Honorato resulta no ser "idiota". "Me tomé un café con Honorato, me va a dar una lista de cantidades [de comisiones]... Dos kilos por megavatio. Honorato dice que como él puede controlar los informes previos...", explica Perdomo a sus secuaces, que esgrimen dificultades técnicas para pagarle el soborno. "Le puedo abrir una cuenta, lo que no voy a poder firmarle es una orden de transferencia cuando todavía no sé cuántos megavatios nos va a dar". Su fichaje vale la pena. "Y si me dice que es poco, nos rascamos el bolsillo. Si él nos garantiza que sale con los nueve megavatios de Lanzarote, nos vamos a llevar cada uno entre 40 y 45 millones de pesetas si nos garantiza la adjudicación", argumenta Perdomo.

- Cinco millones por megavatio. Perdomo y el empresario Guzmán prometen a Honorato pagarle dos millones de pesetas de entrada, cuatro más cuando realice su informe y un millón más por cada megavatio adjudicado. Otro empresario, Esquivel, le garantiza pagos adicionales: dos millones por dejar el expediente bien valorado y, posteriormente, hasta cinco millones por megavatio adjudicado. Honorato se jacta del favor que devolverá: "Me dijo anoche que este año los Reyes Magos venían cargaditos de megavatios eólicos", comenta Perdomo. "El éxito depende de él, vamos a hacerle la rosquilla, lo que teníamos pactado con él, 50% para él, 50% para mí. Lo está estudiando todo muy bien, quiere máxima discreción. Como se filtre, se lo levantan. No quería que me viesen con él (...). Quiere una copia de todos los proyectos en los que quieres que él interactúe para él encauzarlos antes de que lleguen a la mesa [de adjudicación]".

- Anulación. Cuando el concurso es anulado en diciembre de 2005 por el Gobierno de las Canarias por un problema formal, Perdomo y sus cómplices pactan mantener sus estrategias de cara al futuro concurso. No sin cierta inquietud. "Tenemos que mantener nuestro contacto donde lo tenemos, no vamos a hablar por teléfono a partir de ahora", acuerdan Perdomo y un empresario. Pero no tienen ya salida. "He invertido mucho", le advierte a Perdomo su interlocutor.







* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 05/04/2008
Foto: Delegación en Las Palmas de Gran Canaria del Gobierno de Canarias - wikipedia.org

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