,+construcciones+dispersas+-+ecologistasextremadura.blogspot.com.jpg)
HOY* : Ecologistas Extremadura ha señalado que el Seprona y la Fiscalía "han conseguido frenar" la construcción "ilegal" en la comarca de la Vera y la Serena, sobre las que presentaron denuncias. "Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo".
En nota de prensa, el colectivo explicó que en julio del pasado año comenzó a denunciar la presencia de múltiples construcciones ilegales en las comarcas de la Vera y La Serena, "la mayoría" realizadas en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, pertenecientes al Lugar de Importancia Comunitaria de 'Sierra de Gredos y Valle del Jerte' y a la ZEPA 'Embalse de Orellana y Sierra de Pela'.
Estas construcciones "no constituían casos aislados", añadió la asociación, ya que la organización extremeña denunció que "el número de edificaciones ilegales en estas zonas estaba completamente descontrolado, y que los infractores campaban en la más absoluta impunidad".
"Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo", explicó la nota.
Asimismo, apuntó que "a las primeras denuncias del Guijo de Santa Bárbara siguieron las realizadas en Jarandilla de la Vera" y "a finales del mes de febrero se presentaron nuevas denuncias en Aldeanueva de la Vera, sumando un total de 43 en tan solo tres localidades". "Igualmente se han denunciado decenas de construcciones ilegales en municipios de Badajoz", entre las que destacó Orellana de la Sierra, Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer.
Pocos meses más tarde, el efecto de las denuncias ya es "visible", indicó el colectivo, e indicó que las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona, así como la diligente acción de jueces y fiscalía han llevado a declarar a los juzgados a varios representantes municipales.
"Los servicios de urbanismo de Jarandilla de la Vera han dado orden de paralización incluso a obras que no habían sido denunciadas por el grupo ecologista". "Muchos de los promotores han sido llamados a declarar, y la fiscalía está instruyendo los casos para llevarlos a los tribunales, quienes pueden dictaminar el derribo de las edificaciones, sanciones e incluso cárcel para los promotores" agregó.
Con todo esto, Ecologistas Extremadura lamentó que se haya actuado tan tarde desde las corporaciones municipales, y se preguntan por qué los servicios de inspección que ahora parecen tan eficaces antes no lo eran.
Además, el colectivo puso de manifiesto que lo denunciado hasta ahora es sólo pequeño porcentaje de lo existente, y que ya se encuentra en proceso de preparar nuevas denuncias. Por eso "espera que otros ayuntamientos de la región se tomen en serio esta problemática tan extendida".
Por último, la organización recomendó a los ciudadanos que se informen bien antes de comprar cualquier finca rústica o lanzarse a construir, que valoren el impacto ambiental que puede generar su actuación y los perjuicios, muchas veces irreparables, para el medio ambiente extremeño.
* Hoy - Europa Press - 20.05.08
Foto: Jarandilla de la Vera (Cáceres), construcciones dispersas - ecologistasextremadura.blogspot.com
El Seprona y la fiscalía logran frenar las construcciones ilegales en zonas protegidas de La Vera y La Serena
Totana: El fiscal imputa a Morales 5 cohechos que sumarían quince millones de euros
,+juzgados+3+-+laverdad.es.jpg)
LAVERDAD/Murcia* : El ex alcalde habría usado a su ex mujer y sociedades de amigos e intermediarios para intentar cobrar comisiones. Hizo trizas un documento comprometedor y lo arrojó a un contenedor, aunque la Guardia Civil lo reconstruyó. Al menos cinco posibles delitos de cohecho.
Tales son los cargos, a las que se suman otros posibles delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales e infidelidad en la custodia de documentos, que el Ministerio Fiscal imputa al ex alcalde popular de Totana y actual parlamentario regional del Grupo Mixto, Juan Morales, y que se deducen de la investigación realizada con motivo de la denominada Operación Tótem.
Diversos documentos intervenidos en los registros realizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el domicilio de Morales, en la casa y en la asesoría que figuran a nombre de su ex mujer y en el piso que le prestaba a su novia brasileña, e incluso papeles que portaba en un maletín uno de sus abogados, ofrecen indicios suficientes, en opinión del Ministerio Público, para sospechar que Morales se valió «de su condición de alcalde» para solicitar multimillonarias comisiones, a cambio de su supuesto apoyo y de sus gestiones para sacar adelante proyectos urbanísticos en Totana.
Para evitar figurar como futuro perceptor de esas comisiones, Morales habría utilizado a su ex mujer, María del Carmen Jordán, así como sociedades controladas por intermediarios urbanísticos y por amigos y personas de su absoluta confianza, con quienes varias empresas, interesadas en sacar adelante esos proyectos urbanísticos, habrían firmado contratos comprometiéndose al pago de elevadas cantidades de dinero.
Uno de los documentos más comprometedores es un reconocimiento de deuda que la firma gallega Inmonuar S.L., que quería construir más de 5.000 viviendas en Totana, habría expedido en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., propiedad del intermediario Joaquín Carmona. En concreto, esa promotora gallega se habría comprometido a pagar 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, y supuestamente existía un acuerdo para que esa comisión se repartiese en tres partes iguales de 1,2 millones de euros entre Juan Morales, su amigo Gabriel Martínez (de Huevos Maryper) y el citado intermediario y su socio José Antonio Alcántara.
Ese documento de reconocimiento de deuda fue hallado en manos de todos los imputados mencionados. También lo tenía en su casa Juan Morales, quien presuntamente lo rompió en pedazos y lo arrojó a un contenedor, aunque la Guardia Civil logró recuperarlo y reconstruirlo. También estaba en el piso de la novia brasileña de Morales, Vaneide Freita.
A nombre de su ex esposa
La Guardia Civil también intervino otros tres documentos, en los que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, en los que empresas como Agroproducciones Integradas S.L. y Visanfer S.L. se comprometían a abonarle cantidades que habrían ascendido, en el primer caso, a dos millones de euros, y a cinco millones en el segundo.
Por último, la investigación sacó también a la luz un documento privado de compraventa de acciones de la empresa Deitania S.L., firmado entre Morales y el dueño de esa firma, su amigo Juan Antonio Álvarez, y que el fiscal sospecha que buscaba camuflar el supuesto intento de cobro de otra comisión de nueve millones de euros.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 22 mayo 2008
Foto: Totana (Murcia), juzgados - laverdad.es
La Audiencia confirma el primer derribo en Medina Azahara
ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la orden de derribo de un chalé ilegal levantado en el entorno protegido de Medina Azahara. Se trata de la primera demolición que se impone en esa zona, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003 y en la que actualmente hay unas 240 casas.
La Audiencia rechaza el recurso interpuesto por la defensa contra el auto dictado el 24 de marzo por el Juzgado de lo Penal 4, en el que se condenaba a los dos acusados a correr con los gastos del derribo y a tres años de prisión en total. Padre e hijo levantaron la casa en 2006. La construcción fue paralizada por la Junta a finales de ese año.
Eduardo Baena, presidente de la Audiencia Provincial, es el ponente de esta última sentencia. Baena ofrece en el escrito su visión sobre el "problema social" de las construcciones ilegales. La sentencia concluye que no es posible que los acusados no supieran que estaba prohibido construir en la zona. Argumentar ese desconocimiento es "legítimo como derecho de defensa pero no deja de ser un sarcasmo y una ofensa a la inteligencia de la sociedad y de los tribunales, que deben huir de ingenuidades".
La Audiencia hace hincapié en que los dos acusados no son personas "marginales" que estén desinformadas. Además, uno de ellos vive en la misma urbanización desde 1995 y ambos son miembros de la asociación de vecinos, "creada precisamente para solventar todos los problemas que les aquejan", entre los que destacan que la zona fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, Baena sostiene que el problema de las parcelaciones y en especial de las de Medina Azahara es "la comidilla de esta ciudad desde hace varios años". En la mayoría de los juicios celebrados por construcciones ilegales en esa zona, la defensa argumenta que en la urbanización no existen carteles que indiquen que está prohibido edificar. Ante este razonamiento, la Audiencia afirma: "Nuestras calles no se encuentran llenas de carteles de todo aquello que prohíbe la ley. Sería tanto como que un conductor, después del bombardeo mediático que existe, dijese que ignoraba que no se pudiese conducir después de ingerir bebidas alcohólicas".
La sentencia sostiene que a los acusados les movían "fines especulativos". Ya sea para evitar pagar como el resto de ciudadanos por construir una casa o para "que llegado el momento (...) la Administración expropie a precios superiores al coste de lo ejecutado".
Las casas ilegales se han consolidado "merced a una desidia de los poderes públicos que dio alas a la población por levantarse las viviendas", dice la sentencia. Según la Audiencia, el problema de los chalés ya existentes deben resolverlo los políticos. Aunque también se afirma que "los poderes públicos desde hace unos años han tomado conciencia del problema y la desidia se ha transmutado en diligencia, comenzando a intervenir la policía urbanística".
La Audiencia Provincial reconoce que, hasta hace poco, los magistrados eran reacios a admitir por la vía penal los casos de nuevas construcciones en núcleos consolidados. Sin embargo, admite un cambio de tendencia, ya que "comienzan a proliferar nuevas construcciones en la esperanza de que penalmente no serían perseguidos" y todo quedará en una "simple sanción pecuniaria", lo que conduce a "resultados perversos". Por ello, la Audiencia Provincial acordó el 10 de marzo endurecer sus criterios, que han llevado a que se dicte la primera orden de demolición en Medina Azahara.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 22/05/2008
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es
Imputados del caso Andratx negocian conformidades con la fiscalía
,+urbanismo+-+diariodemallorca.es.jpg)
DIARIODEMALLORCA* : Imputados en algunas de las casi 70 piezas separadas del caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad en la pasada legislatura, han iniciado contactos con la fiscalía anticorrupción de cara a pactar una sentencia de conformidad.
Fuentes jurídicas próximas al caso no descartan que si la Audiencia de Palma dicta sentencias condenatorias en las dos primeras piezas separadas que irán a juicio, la ya vista hace unos días por la casa en un terreno protegido del ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y la que afecta también al restaurante de Carlos Hidalgo, hermano de Eugenio, pendiente de señalamiento, podría haber más acuerdos de conformidad.
El sumario del caso Andratx fue dividido en piezas separadas (pequeños subcasos) para facilitar su investigación y enjuiciamiento. De momento el suspendido celador municipal de obras, Jaime Gibert, defendido por Juan Luis Matas, ha rubricado un acuerdo con la fiscalía anticorrupción para, a cambio de admitir su participación en algunas irregularidades y facilitar información sobre una parte del entramado que estaba oculta, ver reducida considerablemente la petición de condena contra él.
En la primera vista oral del caso Andratx, las acusaciones particulares en nombre del Ayuntamiento, ejercidas por Josep de Luis e Isabel Fluxà, y en defensa de la edil Isabel Alemany, también se unieron al pacto de anticorrupción con Gibert.
Algunas personas, especialmente técnicos y otros arquitectos que están imputados en una pieza separada, están buscando una salida similar a la de Gibert.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ - 21.05.2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
