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DIARIODECÁDIZ* : El Equipo contra la Delincuencia Urbanística (Edu) de la Guardia Civil se halla inmerso en una nueva operación contra la falsificación de certificados de obra nueva que, hasta el mediodía de ayer, había deparado nueve detenciones más, informaron a este diario desde la Comandancia de Cádiz.
Esta nueva andanada contra el urbanismo ilegal en la localidad chiclanera continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones en las próximas horas. Y es éste precisamente el motivo que ha sido aducido desde el Cuerpo para no dar de momento más detalles que puedan entorpecer el cierre de la operación.
Con estas nuevas detenciones, se sitúan ya en medio centenar el número de implicados en Chiclana en casos fraudulentos de obra nueva.
Fue en el verano de 2007 cuando se realizó la primera operación, con la que se desmanteló, según la Guardia Civil, una extensa red dedicada a la regularización de viviendas ilegales en Chiclana mediante el certificado de un técnico que acreditaba una antigüedad suficiente en las construcciones para la prescripción de la irregularidad (que vence a los cuatro años) y que, al tiempo, permitía a los titulares la solicitud de un préstamo hipotecario tras la fraudulenta inscripción en el Registro de la Propiedad.
Cayeron entonces un abogado, arquitectos, peritos tasadores, y promotores. A ellos se les sumó después incluso un director de un banco, situándose el número de implicados en una treintena. Porque en la que fue la primera operación confluía además un delito de estafa de enormes proporciones, con cerca de 200 hipotecas falsas firmadas.
En junio de este año, en otra operación, fueron detenidas seis personas e imputadas tres más, que subieron la cifra a los 40. Con estos últimos, ya vamos por 50.
* Diario de Cádiz - R.R. - 8.11.2008
Foto: Chiclana (Cádiz), zona trama Obra Nueva - diariodecadiz.es
Chiclana: La Guardia Civil practica nueve detenciones más de Obra Nueva
Pego venderá patrimonio para pagar un millón por deudas del ex alcalde
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INFORMACIÓN/Alicante* : El tripartito de Pego (Ciutadans de Pego, PSPV y Bloc) aprobó ayer en un pleno extraordinario hacer frente al pago de cerca de un millón de euros que exigen dos sentencias judiciales por la gestión llevada a cabo por el ex alcalde, Carlos Pascual.
Sin embargo, la difícil situación por la que atraviesan las arcas municipales obligará al consistorio a "vender patrimonio porque no tenemos margen de maniobra para endeudarnos durante este mandato", afirmó el alcalde y edil de Hacienda, Carmelo Ortolà. "Con un préstamo no podemos cubrir el 100% de la cuantía y pediremos de manera urgente al juez un plan de financiamiento", explicó el independiente. Como ya se adelantó esta semana, el Ayuntamiento tiene dos meses de tiempo (el plazo acaba el 23 de diciembre) para pagar 400.000 euros más los intereses acumulados a la empresa Ruzafa S. L. por trabajos llevados a cabo en el Marjal por el gobierno de Pascual. Unas obras que se llevaron a cabo "sin expediente de contratación, sin consignación presupuestaria ni memoria valorada".
Por este motivo, el tripartito anunció ayer acciones legales contra el gobierno de Pascual al considerar que, "presuntamente, se pudo incurrir en un delito de incumplimiento de la ley de contratos y en malversación de fondos públicos". El alcalde mostró las 14 facturas presentadas por Ruzafa S. L. una semana antes de que Ortolà tomara posesión de su cargo de alcalde (2003) y en las que "viene la firma de Carlos Pascual, un funcionario municipal que no tiene nada que ver con el Marjal y con el informe técnico de un biólogo que nada tiene que decir sobre pagos".
Además, el primer edil aseguró que, posteriormente, se han limpiado canales "y no le ha costado al ayuntamiento 67 millones de las antiguas pesetas" por lo que "dudo de que ese dinero se destinara íntegramente a ese concepto".
Por otra parte, el ayuntamiento y, en consecuencia todos los pegolinos, también asumirá otro fallo judicial que anula el proyecto de reparcelación del sector 1 (conocido como el del cementerio) y obliga a costear al pueblo una serie de infraestructuras incluidas, en su día, en el plan urbanístico. "La sentencia obliga a sacar del PAI cinco casas, una nave, dos pequeños almacenes y una red de alcantarillado procedente del plan urbanístico del Pujol", aclaró la edil del PSPV, Ana Aparisi. Todo supone económicamente para Pego 449.692 euros.
* Información - MARÍA JOSÉ MASCARELL PASTOR - 8.11.2008
Foto: Imagen de obras llevadas a cabo en la zona que alberga el plan urbanístico del sector 1 - tino calvo, diarioinformacion.com
Campamento: Veinte años en punto muerto
ELPAÍS/Madrid* : Va para veinte años desde que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, vislumbrara lo que denominó la "Castellana del Sur", un gran bulevar que uniría el barrio de Aluche con Alcorcón, tras demoler los cuarteles de Campamento.
Dos décadas después, el proyecto sigue ahí, embarrancado en los despachos. En uno u otro momento, un sinfín de responsables políticos de todas las administraciones implicadas no ha dudado en alentar su puesta en marcha, pero lo cierto es que los avances han sido mínimos.
Al margen de protocolos y convenios suscritos y las previsiones sin base alguna realizadas acerca del inicio de este desarrollo, la única realidad sobre la mesa pasa por las dos actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa. Tres contratos adjudicados a Construcciones Arribas Gozalo, por un total de 2,58 millones de euros, para demoler nueve instalaciones militares y la presentación de un plan parcial para acometer la primera fase de la denominada Operación Campamento, documento que fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Madrid hace justo dos años.
A partir de aquí, palabras y más palabras. El pasado mes de junio, durante el debate del Estado de la Ciudad, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguraba "que podría haber noticias sobre esta operación en poco tiempo", y la nueva titular del Ministerio de Vivienda, Beatriz Corredor, como sus dos antecesoras en el cargo, María Antonia Trujillo y Carme Chacón, viene insistiendo, cada vez que tiene oportunidad, sobre la necesidad de desbloquear en los próximos meses. Y poco más.
Lo único cierto que, sin poner un ladrillo ha sucedido en estos veinte años, han sido las sucesivas modificaciones relativas para aumentos de edificabilidad. Muy lejos han quedado ya aquellas 3.500 viviendas contempladas en 1993 durante la elaboración del vigente plan general. En 1995, el proyecto hacía ya referencia a la construcción de 16.270 viviendas, y en 1997, cuando ese plan quedó definitivamente aprobado, el número de pisos a construir quedó cuantificado en 18.371. No paró ahí la cosa. El último dato conocido, el derivado del convenio suscrito en noviembre de 2005 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid, y plasmado posteriormente en el plan presentado por Defensa, fija en 22.100 las viviendas a construir, 10.700 en la primera fase. A partir de aquí, lo dicho. Demoliciones pausadas de los cuarteles -quedan varias instalaciones pendientes de derribo- y un plan parcial que no verá la luz definitiva hasta que el Ayuntamiento estudie toda la documentación requerida a Defensa -iban a ser tres o cuatro meses y ya llevan dos años-. Cuando lo haga, y antes de que pueda iniciarse la construcción de viviendas, habría que urbanizar los terrenos, proceder a su reparcelación y constituir la junta de compensación entre los definitivos propietarios.
Cuestión no precisamente baladí en este caso, pues hablamos de reordenar 2,11 millones de metros cuadrados a ambos lados de la autovía de Extremadura (A-5), desde su cruce con la avenida de los Poblados y hasta la colonia militar de Cuatro Vientos, cuyo coste inicialmente estimado rondaba los 620 millones de euros, a financiar a partes iguales entre el Ayuntamiento y los propietarios finales de los terrenos que sean adquiridos al Ministerio de Defensa. De momento, para el próximo año, ninguna de las administraciones tiene previsto invertir ni un euro en esta actuación.
De Angoso a Opecam
Mientras tanto, muchos de los vecinos más jóvenes de los barrios y municipios aledaños siguen teniendo en esta actuación la esperanza de contar con una vivienda a precio asequible, aunque de momento no existe posibilidad alguna de que alguien disponga de terrenos para levantarlas, mientras que el Ministerio de Defensa, propietario de los mismos, no los otorgue a la Comunidad de Madrid -existe un protocolo firmado para que el Gobierno regional obtenga, por 33,6 millones de euros, suelo para 2.000 pisos del Plan Joven-, a promotores privados y a las sociedades cooperativas que pudieran estar interesadas.
A pesar de esta circunstancia, han sido varias las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años. Desde aquella que hace una década promovió Tomás Gonzalo Angoso, funcionario jubilado de 75 años y presidente de la cooperativa Río Duero, que llegó a cobrar 10.000 pesetas de entonces a medio millar de familias por un supuesto derecho de inscripción para optar a pisos en el futuro desarrollo, a esa otra de hace cuatro años en la que la Asociación de Vecinos Las Águilas confeccionó un listado al que se apuntaron 4.000 posibles demandantes.
La última, la de la Asociación Opecam, presidida por Jesús María Álvarez Plaza -director general del despacho de abogados Vila & Asociados-, a la que se han inscrito de forma gratuita y a través de Internet unos 10.000 vecinos. De momento, los asociados no se han constituido en cooperativa. Pretenden obtener el máximo número de viviendas posibles para los vecinos de las zonas limítrofes con el desarrollo de la Operación Campamento.
En el año que lleva funcionando, los responsables de Opecam han mantenido contactos con ejecutivos de Defensa para hacerles llegar su reivindicación de que la adjudicación de los terrenos se haga a compañías de acreditada solvencia y que se limiten los plazos para ejecutar las obras. A través del despacho de abogados, Opecam ofrece también asesoría respecto a los posibles derechos de reversión a que hubiera lugar de aquellas personas cuyos bienes fueron en su día expropiados o cedieron suelo para los cuarteles.
Nueva zona residencial
La Medina, una zona degradada del distrito de Latina, entre la A-5, la avenida de la Aviación y la línea C-5 de Cercanías, va a cambiar su imagen.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) está promoviendo la transformación de este ámbito de 70.866 metros cuadrados ocupado durante años por una treintena de infraviviendas, cuyas familias han sido realojadas.
En su lugar se ha proyectado una nueva zona residencial con una edificabilidad de 51.941 metros (el 10% para el Ayuntamiento de Madrid) para la construcción de unos 650 pisos. Además de las viviendas, la transformación contempla reordenar el ámbito con 12.260 metros cuadrados de zonas verdes, un nuevo equipamiento de 3.600 metros cuadrados y un intercambiador de transportes aprovechando la estación de Cuatro Vientos.
De momento, ya se han aprobado definitivamente las bases y estatutos de la Junta de Compensación que gestionará este ámbito. También se fija el mantenimiento de la actividad de un concesionario de automóviles.
* ELPAIS.com - JUAN CARLOS MARTÍNEZ 07/11/2008
Foto: Viviendas junto a la calle Adonis en Campamento.- MANUEL ESCALERA, elpais.com
Son Oms: El fiscal imputa a Vicens delitos penados con hasta 19 años
DIARIODEMALLORCA* : Anticorrupción reclama la prisión para el parlamentario, o subsidiariamente, cárcel eludible con 800.000 euros de fianza. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) Antoni Capó aplazó ayer hasta el martes su decisión respecto a la solicitud de la fiscalía anticorrupción de decretar prisión preventiva para el diputado autonómico (suspendido en militancia en Unió Mallorquina) Bartomeu Vicens.
El parlamentario es el principal encausado en el caso Son Oms, una presunta trama de corrupción en torno al polígono industrial del mismo nombre, y el fiscal planteó como alternativa al juez la cárcel eludible con una fianza de 800.000 euros.
La vistilla sobre la situación de Vicens se hizo en la sala del jurado del TSJB y duró una hora. El hoy parlamentario del grupo mixto salió de la sala con aspecto de honda preocupación, pero tanto a su entrada, como a la salida del Palacio de Justicia se mostró más tranquilo.
El fiscal anticorrupción Juan Carrau pidió la prisión preventiva para Vicens, del que destacó su temor a que huya de Mallorca ante las graves penas a las que puede enfrentarse. Así el ministerio público adelantó que piensa imputar al también abogado y empresario los siguientes delitos: continuado de falsificación de documento mercantil; blanqueo de capitales; contra la Hacienda Pública; y estafa continuada.
El cohecho sin concretar
Carrau mencionó un quinto delito, el cohecho, o posible cobro de comisiones, pero apostilló que de momento esta línea de investigación no ha concluido y se reserva su postura acusatoria para más adelante.
Según Carrau, Vicens podría ser condenado hasta con 19 años de cárcel por los cuatro primeros delitos, lo que acentúa el peligro de fuga.
La fiscalía también destacó que Bartomeu Vicens cuenta con medios económicos suficientes para iniciar una nueva vida en el extranjero y mencionó la existencia de un depósito en el paraíso fiscal de las islas Caimán y un importante tráfico de divisas detectado en un bufete de abogados salpicado con la trama y relacionado con el imputado.
Carrau también mencionó la existencia de una caja fuerte en un banco a nombre de Vicens o de su empresa tapadera Metalumba, como un indicio del potencial económico oculto del encausado.
Por contra, los abogados de Vicens, Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, reclamaron la libertad sin fianza de su representado y trataron de rebatir las tesis del fiscal.
La defensa destacó que la supuesta cuenta en Las Caimán no era tal, sino, como ya se alegó ante el anterior juez instructor, Juan Ignacio Lope Sola, fue una inversión del matrimonio Vicens en acciones de Repsol, que luego fueron vendidas.
Los abogados también resaltaron el arraigo familiar del imputado y subrayaron que no existe el menor riesgo de que aquel escape a la acción de la Justicia.
La condición de letrado mallorquín y de miembro del Parlament también fue exhibida por los abogados para reforzar sus tesis. "Vicens no ha faltado ni un día a las sesiones del Parlament, salvo el pasado 23 de octubre en que fue citado judicialmente (por el caso Son Oms", argüyeron Valdivia y Campaner.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 8.11.2008
Foto: Palma, polígono Son Oms - diariodemallorca.es
El TSJC cataloga de zona verde dos fincas del Gótic recalificadas como habitables
LAVANGUARDIA/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha catalogado como zona verde dos fincas situadas en el sur del Barri Gòtic de la capital catalana que el Ayuntamiento de Barcelona recalificó en el año 2003 como suelo habitable.
En la sentencia, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC estima el recurso presentado por una entidad vecinal del Barrio Gótico contra una resolución de la Subcomisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona del año 2003 que recalificaba el suelo correspondiente a dos fincas de la calle Nou de Sant Francesc.
Según el acuerdo municipal, esas fincas pasaron a estar afectadas por un plan de conservación del centro histórico, cuando en un proyecto urbanístico anterior, de febrero de 2001, habían sido catalogadas como zona verde.
Los demandantes solicitaban que se preservara esa área como zona verde por considerar que la conservación de los inmuebles sería incoherente con la realidad del barrio, "necesitado de esponjamiento constructivo que permita la mayor ventilación y llegada de luz solar y la mejoras de las condiciones del tráfico", según la sentencia.
El ayuntamiento alegó que esa pérdida de zonas verdes quedaba compensada por el parque previsto en el entorno del antiguo Mercado del Carmen.
No obstante, la sentencia considera que "en modo alguno puede concluirse que la funcionalidad de la zona verde suprimida en el sector Gótico sur se verá compensada para sus habitantes por la mayor prevista en el entorno del Mercado del Carmen", al tratarse de dos sectores alejados, separados por las Ramblas, y con características constructivas y sociales distintas.
También se argumentó en la demanda que en el casco antiguo de Barcelona es imposible cumplir las proporciones de espacios verdes por suelo que prevé la ley para los sectores de nueva creación.
En ese sentido, el TSJC añade que "no pueden aprobarse operaciones urbanísticas que conlleven una reducción aún mayor de los estándares adoptados por la normativa vigente".
"Una cosa es lo hecho conforme a los criterios de otras épocas y otra que si se incide sobre el mismo ámbito no puede actuarse alejando aún más los resultados de lo finalmente querido por la ley", puntualiza el alto tribunal catalán.
* La Vanguardia - EFE - 5.11.2008
Foto: Barcelona, plaza_del_rey - wikipedia.org
Moratoria para las Hipotecas Subprime españolas: La banca siempre gana!
VDEVIVIENDA* : Ayer el gobierno anunció una moratoria de dos años para las familias “en apuros” que hayan suscrito una hipoteca inferior a 170.000 euros. Esta nueva medida puede reducir hasta un 50% la cuota mensual en el pago de la hipoteca durante los próximos dos años. El 50% restante será aplazado con el aval del ICO y deberá ser devuelto prorrateado tras los dos años de moratoria. Desde VdeVivienda queremos denunciar que...
En primer lugar, esta medida deja fuera a las familias de menores ingresos que en los últimos años habían suscrito hipotecas por el 100% del valor del piso; una cantidad, como es sabido, muy superior a los 170.000 euros, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. Y esto significa que muchas de las familias con más dificultades quedarán excluidas de la moratoria.
En segundo lugar, esta moratoria no supone en ningún caso una reducción de la deuda pendiente. Sino que significa un balón de oxígeno con vencimiento a dos años, para luego volver a ahogar a las familias con una deuda todavía más asfixiante. Pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, tomemos como ejemplo una cuota mensual actual de 1000 euros. Con la moratoria, la persona en paro pasaría a pagar 500 euros al mes durante dos años, pero finalizado este plazo pasaría a pagar de nuevo 1000 euros, más las cantidades aplazadas prorrateadas durante los siguientes diez años (unos 97 euros al mes), más los intereses de esas cantidades aplazadas. Así, si bien es cierto que esta medida puede suponer una ayuda puntual en ciertos casos, en ningún caso resuelve el problema de las centenares de miles de subprime españolas, ya que la moratoria se reduce a una burda refinanciación de la deuda, cuyo resultado último es que el banco cobrará aún más por la hipoteca.
En tercer lugar este aplazamiento de las cuotas se hará avalado por el ICO. Esto sólo significa que, tras los dos años de moratoria, si la persona no puede hacer frente al pago de la hipoteca, el Estado, con dinero público, garantiza al banco el cobro de las cantidades aplazadas. Esta nueva maniobra política, más que estar pensada para aligerar la carga hipotecaria de las familias, es un mecanismo pensado sobre todo para aligerar la cuenta de provisiones de los bancos y atajar de inmediato el incremento de la morosidad que amenaza con recortar sus astronómicos beneficios. Lo que realmente se persigue es sostener y reflotar la industria del ladrillo, haciendo que la gente pueda pagar como sea las hipotecas de unos pisos sobrevalorados, manteniendo así el negocio de la banca y los precios desorbitados de la vivienda.
No podemos sino concluir que las supuestas ayudas a los ciudadanos encubren una vez más la asistencia del Estado al sector bancario.Y todo ello después de haber anunciado una inyección de 50.000 millones de euros a la banca a costa del erario público y 100.000 millones para avalar la deuda de las entidades financieras, sin condición alguna más que reanimar la concesión de créditos (para que la banca siga ganando aún más dinero). Acciones que por otro lado sólo pretenden seguir alimentando la burbuja finaciera y que suponen la paradoja de entregar recursos a aquellos cuyas recetas nos han llevado a la crisis. Algo parecido a poner la zorra a guardar las gallinas
Si una hipoteca es un contrato firmado libremente por dos partes, ¿por qué España es de los pocos países del mundo en el que el banco siempre gana, imponiendo cláusulas abusivas y sin asumir la parte de riesgo que le corresponde? Incluso en EEUU, cuando alguien no puede pagar la hipoteca, puede devolver las llaves al banco y liquidar así su deuda: ¿por qué en España el banco puede subastar el piso por un precio inferior al de la deuda, desahuciar a la familia que no puede afrontar el pago, y encima seguir cobrando a esta familia la deuda restante? ¿Por qué no se regula de una vez el mercado hipotecario para que esto no vuelva a pasar nunca más? ¿Por qué no se obliga a la banca a renegociar la deuda y renunciar a parte de sus intereses? ¿Por qué no hacer asumir a los bancos la crisis que ellos mismos han creado concediendo hipotecas impagables?
VdeVivienda considera inaceptable que el gobierno insista en proponer medidas y ayudas que benefician al sector inmobiliario y a la banca. Y sobre todo VdeVivienda exige cambiar de una vez por todas este modelo basado en hacer de las necesidades y derechos fundamentales un negocio. Un modelo que, no lo olvidemos, nos ha llevado a la crisis actual. Por ello VdeVivienda se sumará a la convocatoria que, bajo el lema “que la crisis la que paguen los bancos”, se ha convocado para el próximo 15 de noviembre a las 17h en las principales plazas de todas las ciudades del estado español. En Barcelona, nos vemos en plaza Catalunya!
* bcn.vdevivienda.net
* Kaos en la Red - V de Vivienda - 7.11.2008
