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KAOSENLARED* : En febrero del año pasado, cuando fue detenido, Francisco Correa había solicitado la residencia en Latinoamérica, pues le llegó el tufillo de que varios de sus colaboradores comenzaban a ser investigados. Era el supuesto jefe de una trama de corrupción que sobornaba a cargos públicos a cambio de contratos para sus empresas. El mayor escándalo de corrupción de la democracia.
España desde entonces ha alcanzado un desempleo del 19%. La crisis financiera, que tanto a afectado a otras economías, no se ha manifestado allí mas allá de la burbuja inmobiliaria, afectando a la demanda y al sector de la Construcción. En este escenario, encontramos a este singular personaje, interpetando el papel de untador de políticos, en este caso del Partido Popular, y dejando al país sin “una alternativa”, como algunos editoriales han querido encontrar, al desprestigiar al partido de la oposición en un momento en que el ejecutivo también está en apuros de legitimidad. Sin embargo, a la vista de lo que votan PP y PSOE en el Parlamento Europeo, instancia cada vez mas importante en la política nacional de los países de la Unión, podría decirse que se trata de un único partido. Dentro del territorio nacional juegan los papeles de gobierno-oposición.
A punto de escaparse la liebre, como decíamos, la Audiencia nacional detuvo a varios de los implicados en una red de blanqueo y sobornos que afecta ya a un centenar de implicados. La red empezó a funcionar en 1996, y desde entonces una veintena de políticos del Partido Popular han recibido sobornos por valor de mas de 6 millones de euros. Los delitos que están siendo juzgados se extienden por cuatro autonomías gobernadas por el PP: Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León; y ya han hecho dimitir a cuatro alcaldes madrileños. Solo la comunidad madrileña concedió la organización de unos 350 actos oficiales a las empresas de Correa, por valor de 3.028.049 euros. También los ayuntamientos de Boadilla, Pozuelo, Majahonda y Arganda hicieron contrataciones de sumas abultadas a las empresas implicadas.
Una agencia de viajes de Francisco Correa, llamada Pasadera, fue al parecer la proveedora cuasi-oficial del PP durante años. Organizaba los viajes del partido y del mismo ex-presidente José María Aznar. Según el juez, el dinero era depositado en paraísos fiscales. No se tiene constancia aún de cuantos millones han podido ir a parar a unos diez países diferentes, entre ellos Estados Unidos, Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido. Suiza ha enviado información financiera a la Audiencia Nacional, en cuyos bancos Francisco Correa y su principal colaborador Pablo Crespo, tenían depositados unos 21 millones de euros. Esta suma habría sido creada a partir de negocios relacionados con el tráfico de influencias, el cohecho o la prevaricación, delitos por los que se les investiga.
Abecedario de la corrupción gürteliana.
A continuación exponemos una lista de los principales y mas notables encausados en la trama de corrupción del Caso Gürtel, en la que están siendo investigadas un centenar de personas, así como las razones por las que se les investiga:
# Luis Bárcenas: Ex tesorero del PP. Junto con el eurodiputado Galeote, habría recibido unos dos millones de euros en sobornos.
# Costa Climen, Ricardo: Diputado de las Cortes Valencianas y secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Según el juez está implicado en la trama.
# Crespo, Pablo: Ex secretario de Organización del PP de Galicia. Número dos de la trama corrupta, mano derecha de Francisco Correa, dio instrucciones desde la cárcel para mover los fondos que estaban en Suiza, donde, junto con el empresario, tenían unos 21 millones de euros de dudosa procedencia.
# Martín Basco, Benjamín: Diputado de la Asamblea de Madrid, cobró presuntamente unos 437.000 euros por favorecer intereses de Correa.
# Betoret Parreño, Rafael: Jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. Concuñado de Carlos Fabra. En 2005 Orange Market, filial de Gürtel en Valencia, obtuvo gracias a él el primer concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur.
# Bosch, Alfonso: Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Imputado por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Recibió sobornos por valor de 250.000 euros para favorecer intereses de Correa. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre.
# Campos Guinot, José Víctor: Ex Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y consejero de Justicia y Administraciones Públicas. Dimitió en el año 2007 para dedicarse a los negocios. Participó en la organización de la visita del Papa, cuyo coste de organización fue engordado por la trama. Está imputado en el Caso Gürtel.
# Camps, Francisco: Presidente de la Comunidad Valenciana. Acusado de aceptar el regalo de unos trajes de marca valorados en 12.000 euros, y por tanto de tener conocimiento del entramado corrupto, este delito de cohecho ha sido archivado por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano.
# González, Ignacio: Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente de la empresa pública de aguas de Madrid Canal Isabel II, está siendo objeto de una investigación por contratos y subvenciones adjudicados a la socia de su mujer por valor de 2.340.000 euros.
# Granados, Francisco: Secretario general del PP. La fiscalía está investigando la situación de Granados al frente del Ayuntamiento de Valdemoro.
# Fabra, Carlos: Presidente del Partido Popular en Castellón. Presidente esa Diputación provincial. Se investiga al susodicho por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad documental y fraude. “Yo no sé la de gente que habré colocado en 12 anos” declaraba jactándose de ello en 2009.
# Galeote, Gerardo: Eurodiputado del PP. Acusado de embolsarse junto con Bárcenas, el tesorero del PP, unos 2.000.000 de euros de Correa.
# Galeote, José: Consejero de la empresa Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla y ex concejal de la misma localidad, recibió presuntamente 612.506 euros en sobornos de las empresas de la trama. Además, pudo haver comprado propiedades en Miami junto con los cabecillas de la red.
# Galeote, Ricardo: Concejal de Estepona. Hermano de Guillermo Galeote. Otrogó contratos con las sociedades Special Events SL y Viajes Pasadena SL, por valor de mas de 100.000 euros.
# González Panero, Arturo: Ex alcalde de Boadilla del Monte. Tiene al menos nueve propiedades en Miami, valoradas en unos 2.200.000 euros.
# López Rodriguez, Ginés: Ex Alcalde de Arganda, recibió mas 500.000 euros en sobornos, siempre según el auto de Garzón.
# López Viejo, Alberto: Está acusado de adjudicación irregular de contratos. Durante su etapa como concejal de Limpieza, lo llamaban “el Toyota” porque obligó a varias empresas a comprar vehículos de esta marca en un concesionario concreto. Unos 200.000 euros presuntamente cobró de Correa.
# Martín Morales, Tomás: vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla, recibió 378.000 euros de la trama.
# Ortega, Guillermo: Ex alcalde de Mahadahonda, otorgó contratos a Correa por valor de mas de 2.000.000 de euros.
# Sepúlveda, Jesús: Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, dimitió en marzo, tras ser imputado. Se le acusa de obtener 422.992 euros en dádivas de la red, además de un coche de la marca Jaguar.
El juez juzgado.
Por si no hubiese suficientes ingredientes en esta tragedia valleinclanesca, el juez que abrió el caso y comenzó la investigación, Baltasar Garzón, está siendo objeto de una investigación que podría apartarle del cargo. Y la denuncia vino del abogado del constructor José Luis Ulibarri, uno de los sospechosos de haber pagado millones de euros para conseguir adjudicaciones. El Tribunal Supremo ha autorizado que Francisco Correa dirija la acusación contra el juez que le estaba juzgando. La artimaña que han utilizado está relacionada con la grabación de las comunicaciones en prisión entre los principales implicados en la trama Gürtel y sus abogados, que ellos relacionan con una violación del derecho a la intimidad de los acusados. Esta acción ha sido justificada por el juez que le sustituye. Los abogados de los acusados podrían estar involucrados con los delitos de que se acusa a sus defendidos, como ayudarles a esconder millones de euros en paraísos fiscales. Es lo que se desprende de las grabaciones. Las consecuencias de anular la legalidad de estas pruebas, como pretenden varios letrados del Tribunal Supremo, podrían traducirse en la prolongación de los procesos judiciales durante varios años, así como la libertad condicional de los imputados, el alzamiento de los embargos o el archivo del caso. El fiscal, sin embargo, se ha opuesto a la querella por considerar que el juez en ningúnn momento es sospechoso de haber cometido delito alguno al tratar de esclarecer la situación legal de los defensores de los imputados.
Censura aus Spanien
Al menos es lo que ha intentado alguna autoridad, por suerte sin éxito, en dos ocasiones ya, en relación a la corrupción. En Alemania se asistió en los cines al documental “Let’s make Money”, de Erwin Wagenhofer, el director de We feed the world, para más señas. En él hay una parte dedicada a lam especulación urbanística en España, y aparecen imágenes a vista de pájaro de las urbanizaciones construidas sin apenas restricciones legales en los años de vacas gordas. Esto mismo, mas de un año después, ha querido hacer la Televisión Española en una serie sobre la corrupción en España, y cuál no ha sido la sorpresa de los españoles cuando se han enterado de que el Ministerio de Medio Ambiente pretendía censurar unos dos minutos de un capítulo en el que aparecían imágenes del telediario de la cadena estatal del 2009 sobre corrupción urbanística en el Litoral.
Pero esta no ha sido la única intentona controladora, el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat de Valencia, se vio obligado a descolgar varias fotografías de una exposición de fotoperiodismo sobre 2009 en las que aparecían políticos implicados en el caso Gürtel, por orden de la Diputación de Valencia. El director del Museo, Romà de la Calle, dimitió indignado, y las fotos fueron repuestas en la exposición, tras un gran revuelo en la opinión pública española y valenciana.
* Kaos en la Red - Carmela Negrete | Periodista - 22.03.10
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org
Crisis, corrupción e impunidad: El caso Gürtel
Sentencias condenatorias urbanísticas superaron las 600 el pasado año
ABC* : Así lo ha informado hoy en Salamanca el fiscal de Sala Coordinador de esta Fiscalía, Antonio Vercher, durante su intervención en el XXII Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal de Salamanca. En declaraciones a los medios de comunicación, el fiscal ha destacado que frente a las 525 sentencias condenatorias de 2008, el pasado año se han superado las 600.
Vercher ha indicado además que de las 525 condenas dictadas en el 2008, un total de 310 se referían a delitos de urbanismo propiamente dichos y el resto a medio ambiente, "lo que da una ratio de dos sentencias condenatorias por cada tres dictadas".
Dentro de los infractores de este tipo de delitos, los ayuntamientos "son bastante problemáticos", ha destacado el fiscal, quien ha recordado también que se trata de "delitos bastante nuevos por lo que esperamos que los próximos años la tendencia sea a la baja".
Tal y como ha recordado, hasta "hace unos años" había "cierta" impunidad ante este tipo de situaciones, sobre todo en los ayuntamientos, por lo que se han cometido "irregularidades".
De acuerdo con los ponentes de la primera mesa de esta última jornada del congreso salmantino, las costas españolas son otro de los focos principales de actuación de la Fiscalía.
En este sentido, el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo ha señalado que hasta ahora "costaba aplicar" la medida de la demolición, pero "estamos consiguiendo que se aplique", lo que supone un arma disuasoria contra las construcciones ilegales.
Vercher ha matizado que en este momento se están enjuiciando temas anteriores a la crisis económica, por lo que es probable que aunque "se tenga más cuidado a la hora de delinquir, aumenten las sentencias condenatorias" por la propia dinámica del mercado inmobiliario.
Sobre el carácter disuasorio de las penas, los ponentes se han mostrado de acuerdo en que, en materia urbanística, sí es efectiva ya que la mayor parte de los implicados son "colectivos económicamente fuertes".
Durante su intervención en el congreso de Derecho Penal, Vercher ha analizado los últimos pasos de la Fiscalía en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, examinando alguna de las situaciones más complicadas que se han registrado.
Según el fiscal, las estadísticas que se elaboran no se hacen por contar simplemente con unos datos y poder compararlos, sino para intentar buscar soluciones, "por lo que nos interesa saber hasta qué punto los problemas se captan y las soluciones se aplican".
En la mesa sobre "Corrupción Urbanística" también has participado miembros de la Guardia Civil para hablar las herramientas que emplean en la lucha contra la corrupción en esta materia.
En este contexto, se han analizado aspectos como las investigaciones patrimoniales, el desvío de dinero a paraísos fiscales, la utilización de empresas pantallas o de entramados societarios.EFE
* ABC- EFE - 19.03.10
Viñeta: especula en accion - Jobi
El urbanismo ilegal tumba al alcalde socialista de Linares de la Sierra
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HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde de Linares de la Sierra, Jaime Luis Fernández Ceballos, quedó ayer en libertad con cargos, junto a su pareja y al tesorero municipal, después de prestar declaración por su presunta implicación en un delito contra la ordenación del territorio. El pasado mes de noviembre el juez ya ordenó el precinto de una casa ilegal perteneciente a la familia del regidor socialista.
La construcción que parece haber desencadenado una espectacular operación a plena luz del día protagonizada por la Guardia Civil se levantó en el paraje conocido como La Presa, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La Fiscalía, tras recibir la denuncia de Medio Ambiente y la Policía Autonómica, abrió diligencias y comenzó a tirar de un hilo que ha conducido finalmente a la Policía Judicial de la Guardia Civil a las instalaciones municipales.
De momento, la operación e imputación del alcalde, según confirmó el mismo PSOE, se relaciona con el urbanismo ilegal y la ordenación del territorio en terreno especialmente protegido.
La Guardia Civil desarrolló la operación a plena luz del día ante la sorpresa de los vecinos de esta población de 300 habitantes. El alcalde salió del Consistorio junto a las fuerzas de la Benemérita, acompañado de dos miembros de su equipo y un teniente de alcalde. Tanto el edil como los demás imputados declararon en las instalaciones del Juzgado de Aracena hasta ser puesto en libertad. La Benemérita también interrogó a algunos vecinos del pueblo serrano y lo tuvo que hacer en la sede del centro Guadalinfo, dependiente de la Junta de Andalucía y la Diputación, que se ubica en la calle Calar.
También está pendiente de resolver la demanda de la empresa Proyectos e Inversiones MJF, que decidió llevar al Consistorio ante los tribunales por paralizar la construcción de una promoción de viviendas poco tiempo después de que el alcalde autorizara supuestamente el cambio de titularidad de la licencia urbanística en favor de la promotora.
El caso ha puesto de relieve los tentáculos del urbanismo ilegal en el Parque Natural de la Sierra de Aracena, un espacio mirado con lupa por Medio Ambiente y la Guardia Civil y que ha sido objeto de cientos de denuncias por construcciones irregulares, la mayoría de ellas construidas aprovechando licencias para casas de apero y labranza que luego se han convertido en chalés de alto standing y hasta complejos rurales.
De momento, el PSOE de Huelva ya ha suspendido de militancia al alcalde de Linares tras conocer su imputación, según apuntó en un comunicado, "en el proceso judicial abierto hace meses contra su cónyuge por la realización de una construcción supuestamente irregular".
Según la nota, "una vez conocida la imputación la dirección socialista adoptó la decisión de suspender cautelarmente de militancia a Jaime Luis Fernández Ceballos, una medida disciplinaria que ha sido aceptada por el propio afectado en su ánimo de no perjudicar al partido". El PSOE también le ha exigido la entrega del acta de concejal.
Según la versión dada por la dirección provincial socialista, "con anterioridad a los hechos producidos esta misma jornada, el PSOE ya había abierto un expediente informativo contra el alcalde tras conocer la noticia de la investigación judicial que afectaba a su compañera sentimental. Este expediente informativo podía concluir con la expulsión de Fernández Ceballos de esta formación política, como así ha ocurrido".
La dirección del PSOE, que ayer trasladó a su plana mayor de forma urgente a Aracena, asegura que "está trabajando para garantizar la gobernabilidad del municipio serrano" y lanzó "un mensaje de tranquilidad a los vecinos.
La dirección del PSOE de Andalucía avaló la decisión onubense sobre la suspensión cautelar del alcalde. El vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, dijo que Javier Arenas debería tomar ejemplo de esta suspensión cautelar ante los casos de "imputados y condenados que hay en su partido".
Desde el Partido Popular también se ha exigido la inmediata dimisión del alcalde.
El grupo municipal de Izquierda Unida reiteró la exigencia de dimisión o cese del alcalde que formuló en noviembre de 2009 "cuando salieron a la luz pública los hechos por los cuales ha sido imputado ahora". El secretario de Organización de IU, José Luis Pérez Tapias, y la concejal Conchi Pérez, pidieron también el cese de los "concejales socialistas que puedan ser imputados".
IU aprovechó la ocasión para recordar que el alcalde "tiene otra denuncia ante la justicia por la concesión de licencia primero y denegación posterior para la construcción de una promoción de 12 viviendas en terreno no urbanizable". IU añadió que el Defensor del Pueblo andaluz, ante una queja de la Coalición, lo declaró como "entidad no colaboradora por su negativa a aceptar su recomendación de rectificación con el proceso de adjudicación de viviendas municipales".
Según una nota distribuida anoche por IU, "Mario Jiménez, anterior secretario de Organización, e Ignacio Caraballo, entonces responsable de Política Municipal han sido los grandes valedores políticos del alcalde, a quien impusieron como candidato del PSOE y lo han mantenido en el cargo a pesar de las informaciones".
IU advierte que "no pueden ahora mirar para otro lado porque son los máximos responsables políticos de lo que pasa en Linares". Un pueblo que ayer se escondió literalmente en casa ante la presencia de la Guardia Civil.
* Huelva Información - 23.03.10
Foto: Un vecino mira un cartel en el Ayuntamiento, cerrado tras la operación policial. - huelvainformacion.es
Matas, abucheado a su llegada a los juzgados por el caso 'Palma Arena'
ELMUNDO/Palma* : El juez sostiene que pudo lucrarse con el dinero desviado. Le imputan nueve delitos con penas de 30 años de cárcel. Jaume Matas ha llegado a los juzgados en torno a las 80.50 horas para prestar declaración por el caso Palma Arena. El ex presidente del Govern ha aparecido con aspecto tranquilo y sonriendo, en coche particular acompañado por su mujer, Maite Areal, y su abogado, Rafael Perera, y no ha querido hacer declaraciones al nutrido grupo de medios de comunicación que se agolpan en las puertas de los juzgados de la Vía Alemania.
Matas, que llegó ayer a la capital balear tras un intenso fin de semana de reuniones en Madrid con sus abogados, Rafael Perera y Manuel Ollé a fin de preparar su defensa, ha entrado al edificio por la puerta trasera , donde varios ciudadanos le han recibido con abucheos y gritos de 'ladrón' y otros insultos.
Cinco minutos antes que Matas y Areal ya había llegado su presunto testaferro, Bartomeu Reus, que también ha sido recibido con gritos por parte de los ciudadanos allí concentrados. Al contrario les ha pasado a los fiscales anticorrupción, Joan Carrau y Pedro Horrach, que han levantado aplausos a su paso.
El juez que instruye el caso, José Castro, le interrogará sobre las decisiones que fueron adoptadas durante la construcción del velódromo palmesano y que derivaron en el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos, así como acerca de su incremento patrimonial supuestamente ilícito durante su segunda etapa como máximo mandatario de la Comunidad balear.
Una jornada en la que también han sido emplazados a declarar la mujer del ex jefe del Ejecutivo balear, Maite Areal, su cuñado y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, y el conseller de Obras Públicas en el primer Govern de Matas y presunto testaferro de éste, Bartomeu Reus, todos ellos como encausados dentro de este procedimiento que suma más de cuarenta imputados. Entre ellos, ex altos cargos del PP, empresarios, constructores y proveedores que participaron en las obras de la considerada infraestructura estrella de los 'populares' durante la pasada legislatura (2003-2007).
La de Matas, sin embargo, está prevista como la comparecencia más esperada en el marco de la instrucción del caso por cuanto han arrojado ante el juez imputados y testigos en referencia a la vinculación del ex dirigente 'popular' con las presuntas irregularidades cometidas a lo largo de la construcción y con el tren de vida que llevó durante el pasado mandato, una forma de vivir que, de acuerdo a las investigaciones, no se corresponde con los ingresos que obtenía. Ahora, alejado de la vida política y social española -en la actualidad reside en Nueva York-, Matas deberá explicarse ante la Justicia.
A tenor de las pesquisas realizadas, el titular del Juzgado de Instrucción número 3, encargado de instruir el desfase económico en la ejecución del Palma Arena y su posible conexión con el incremento de bienes de Matas, atribuye al ex ministro de Medio Ambiente un total de nueve tipos penales: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, un delito fiscal y otro electoral, castigados con penas que pueden alcanzar los treinta años de prisión.
El ex dirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros por el 'palacete' de la calle Sant Feliu
Es por todo ello que, después de que el ex presidente perdiera las elecciones en 2007 y con ello su condición de aforado, el magistrado podría solicitar medidas cautelares contra el inculpado en caso de que así lo soliciten la Fiscalía anticorrupción o la acusación particular tras la declaración que lleve a cabo el ex jefe del Ejecutivo, que prevé prolongarse durante dos o tres días. Está previsto, además, que Matas sea interrogado en el marco de la pieza abierta en relación a la presunta financiación irregular del PP durante los últimos comicios autonómicos y municipales.
Operación Buckingham
La investigación sobre el patrimonio de Matas fue iniciada por los fiscales anticorrupción de Baleares Juan Carrau y Pedro Horrach tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda que posee en la calle Sant Felio de Palma, conocida como palacete, por la que el ex dirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones. Según el Ministerio Público, el ex ministro pudo incurrir por este hecho en un delito de cohecho impropio y la rebaja en el precio habría supuesto "una dádiva o regalo en especie".
Sin embargo, no sólo esta mansión ha sido objeto de investigaciones, ya que la Guardia Civil emitió un informe relacionado con un piso situado en la calle Don Ramón de la Cruz, en el barrio de Salamanca de Madrid, que figura formalmente a nombre de Bartomeu Reus y quien según el Instituto Armado sería testaferro de Matas. Pese a que según el documento la familia Matas paga oficialmente al mes 2.500 euros por el alquiler del inmueble, el ex presidente del Govern y su esposa serían los propietarios reales de la vivienda.
Los arquitectos del velódromo acabaron percibiendo unos 9 millones de euros en concepto de honorarios
En el marco de estas investigaciones, conocidas como 'operación Buckingham', efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, tal y como documentaron los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.
Castro judicializa las actuaciones
Así, fue dos meses después cuando el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su presunta relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo. A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del ex presidente más de 300.000 euros en dinero negro u opaco al fisco.
Ante este cúmulo de circunstancias, el 15 de octubre el juez comunicó a Matas su citación como imputado, cinco meses antes de la fecha prevista para su declaración, lo que a juicio de su abogado, Rafael Perera, "le causa un perjuicio innecesario" al considerar que durante los meses restantes para el interrogatorio Matas vería "en entredicho, por lo menos mediáticamente, la limpieza de su actuación". En este contexto, el letrado rechazó "cuantas imputaciones pudiesen formularse" contra su patrocinado, al tener su origen en "informaciones sesgadas, parciales o abiertamente erróneas".
Por su parte, uno de los letrados personados en el caso, Gregorio San José, solicitó el pasado mes de diciembre la nulidad de las investigaciones sobre los bienes de Matas en el marco de este procedimiento, al preconizar la falta de indicios de que parte del sobrecoste en las obras acabase engrosando el patrimonio del ex presidente. Ante esto, el juez desestimó la petición mediante un contundente auto donde considera el patrimonio del ex líder del PP "uno de los principales destinos" de los 50 millones de euros desviados en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas.
Entre algunas de estas supuestas irregularidades se encuentra la contratación 'a dedo' de los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz, quienes sustituyeron al arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, y acabaron percibiendo unos nueve millones de euros en concepto de honorarios, según las investigaciones, que se centran en averiguar el motivo por el que se rescindió el contrato al experto alemán y quién ordenó contratar a los dos hermanos. Los García-Ruíz aseguraron ante el juez que fue Matas quien les llamó personalmente por teléfono para pedirles que continuasen con las obras.
Asimismo, otro de los testimonios que implican al ex presidente es el arrojado por Jane King, la primera imputada del caso que se ha prestado a confesar de cara a lograr futuras atenuantes. La que fuese número dos de la ex vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, aseguró ante el juez que cuando advirtió a Matas de que el coste de la infraestructura "se estaba disparando", éste le respondió que "había que acabarlo como fuera", escudándose en que la infraestructura debía estar finalizada para la celebración del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007. Días después, su propia ex jefa de gabinete, Dulce Linares, aseveró que las decisiones "más importantes" adoptadas durante la construcción "venían avaladas por Matas".
* El Mundo - 23.03.10
Foto: Palma, palacete de Matas - elmundo.es
Marbella: Hacienda señala los convenios del promotor de La Cañada con Jesús Gil y Roca
MÁLAGAHOY* : El cabo suelto que conduce la trama de presunta corrupción política y urbanística del caso Malaya hasta la familia Gil tiene uno de sus episodios más singulares en el centro comercial La Cañada, un espacio de ocio tan contundente como popular y que, a la luz del informe realizado por la Agencia Tributaria, estuvo plagado de sombras desde el primer minuto de su historia.
El empresario murciano Tomás Olivo, a través de la sociedad Emasa Constructora, logró en mayo de 1994 que el Ayuntamiento de Marbella firmara un convenio por el que le cedía 119.235 metros de terreno rústico de propiedad municipal, al que le cambiaría la calificación urbanística para que pudiera levantar un centro comercial. El acuerdo fijaba el precio de la finca en 600 millones de pesetas, cantidad que Olivo debía devolver en obras a realizar en un futuro por importe de 360 millones y el resto a la firma del convenio, la obtención de la licencias de obras y el permiso de primera ocupación.
Ese convenio inicial, sin embargo, se modificó y amplió a través de otros tres acuerdos, de tal modo que al final Tomás Olivo no sólo no le debía nada al Ayuntamiento de Marbella, sino que se había convertido en su acreedor. Esa deuda se canceló el 30 de agosto de 2000 a través de otro convenio más, este de dación de pago, por el que el municipio le entregaba a la sociedad General de Galerías Comerciales, propiedad de Olivo, varios inmuebles valorados en 13,3 millones de euros.
Estos hechos fueron puestos al descubierto en uno de los informes que realizó el Tribunal de Cuentas que dieron origen a una querella de la Fiscalía Anticorrupción que originó la apertura de las diligencias previas 3210/2006 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella.
De acuerdo con la documentación investigada por la Agencia Tributaria el día anterior a la firma del primer convenio, Olivo libró tres cheques por importe de 540.910 euros cada uno para que "a través de un negocio simulado con el concurso de una sociedad de los procesados Carlos Sánchez y Andrés Liétor denominada Roadhouse España, dichos fondos terminaran beneficiando a Juan Antonio Roca y los fallecidos Jesús Gil y José Luis Jiménez".
Para los investigadores estos 1,6 millones de euros (270 millones de pesetas) fueron puestos "en fondo común" por el presunto cerebro de Malaya, el ex alcalde de Marbella y el gerente de Contratas 2000, José Luis Jiménez. El dinero supuestamente se inyectó en Spanish Learning Friends, una sociedad de la que la familia Gil era socia mayoritaria al disponer del 50% de sus participaciones, a través de Gestión Inmobiliaria Mizar, una firma de la que todavía ahora es administradora única María Ángeles Gil Marín. Otro 25% lo poseía Gestión Saciso, mercantil participada por los hijos y la esposa de José Luis Jiménez, uno de los hombres fuertes de Gil en la primera mitad de los 90 al frente de Contratas 2000. Roca disponía del 25% restante a través de Inmuebles Direla.
Parte de los 1,6 millones de euros fueron invertidos en comprar un suelo rústico en primera línea de playa de Estepona, donde ya gobernaba Jesús Gil Marín. Estos 18.000 metros de suelo pasaron rápidamente a ser urbanizables.
Pero el historial del centro comercial La Cañada no se circunscribe a este episodio inicial. Su andadura ha estado siempre rodeada de la polémica y la sospecha. Tomás Olivo, murciano como Juan Antonio Roca y del que se cuenta que en 1974 expendía gasolina en una estación de servicio de su tierra, abordó enseguida una pequeña ampliación del complejo. La fase inicial constaba exclusivamente de un hipermercado y unos cines. Los tiempos reclamaban más comercio y más ocio. Esa segunda ampliación se saldó con una multa de 600.000 euros impuesta por la Junta de Andalucía que resultó histórica en aquellos tiempos porque carecía del preceptivo informe de la Consejería de Economía. El empresario pagó y siguió adelante. En 2002 emprendió la tercera ampliación. En diciembre de aquel año el entonces alcalde, Julián Muñoz, aprobó por decreto licencia para que levantara nueve naves comerciales. La Junta impugnó el acuerdo porque el proyecto carecía de informe de impacto ambiental y requirió la paralización de las obras, circunstancia que no se produjo. La Junta, entonces, optó por denunciar a Julián Muñoz ante la Fiscalía, que pidió para él dos años de prisión por un delito continuado contra la ordenación del territorio.
En esas tuvo lugar la moción de censura, la ex alcaldesa hoy procesada en el caso Malaya, Marisol Yagüe, llegó a la Alcaldía de Marbella y dictó un decreto de paralización de las obras a requerimiento de la Consejería de Obras Públicas, pero nunca se lo comunicó al promotor. Hubo que esperar a la disolución del Ayuntamiento y al gobierno de la Gestora que dirigió Marbella hasta las últimas elecciones municipales para que, en julio de 2006, se le notificara la orden de suspender las obras. Las nueve naves se quedaron a medio levantar.
Tomás Olivo es, de las decenas de empresarios procesados en el caso Malaya, el que muestra menos síntomas de noqueo. Se le atribuye capacidad para "seguir haciendo buenos negocios en Marbella" a pesar de la crisis que azota el sector inmobiliario. En primer lugar ha logrado salvar La Cañada. El plan general de ordenación urbana (PGOU) de Marbella contempla su regularización y consolidación como gran centro comercial. A cambio, deberá entregar terrenos para el futuro recinto ferial del municipio, donde deberá ejecutar obras por valor de 2,5 millones de euros, frente a los cuatro inicialmente previstos, además de ceder los viales y aprovechamientos urbanísticos correspondientes.
En segundo lugar, el Ayuntamiento le concedió a finales del año pasado licencia para edificar en la antigua sede de Radio Nacional de España en el municipio con arreglo al PGOU de 1986, de modo que no deberá hacer cesiones al municipio y podrá destinar el 60% de los más de 7.000 metros a uso residencial.
Incluso logró que el gobierno de la popular Ángeles Muñoz otorgara una licencia provisional para que una casa automovilística de lujo celebrara un evento en las naves y suelos de la tercera ampliación de La Cañada que están a medio construir.
* Málaga Hoy - 22.03.10
Foto: Marbella, centro comercial La Cañada - andalucia-travelguide.com
Salvemos el Ensanche
ALEJANDRO LILLO/Valencia* : La arquitectura y el urbanismo obedecen a unos intereses que no son neutros. A mediados del siglo XIX los potentados que gobernaban Valencia impulsaron la apertura de la calle de la Paz. Deseaban mejorar la vida en la ciudad, sí, pero tomaron esa decisión porque resultaba favorable a sus intereses. Querían descongestionar el centro urbano del tráfico creciente y agilizar la circulación de productos entre el Mercado Central y el puerto porque eran comerciantes e industriales, porque necesitaban que las mercancías fluyeran rápido para abaratar los costes. El plan preveía el derribo de la Torre de Santa Catalina y de cuantos edificios se interpusieran en su camino. Por fortuna, varios factores impidieron la realización del proyecto según el esbozo original, quedando conformada esta calle tal cual la podemos apreciar hoy.
Pasado siglo y medio de aquel proyecto, los líderes del PP en Valencia parecen no haber aprendido nada. Están dispuestos a repetir unas prácticas más propias del Ochocientos que del democrático siglo XXI en el que nos hallamos: me refiero a la decisión que han adoptado con respecto al barrio de El Cabanyal y su derribo. Si de lo que se trata es de repetir los usos burgueses del XIX no habrá inconveniente en que hablemos de lucha de clases.
Supongamos que, dada la excesiva afluencia de tráfico que soporta el centro de la ciudad, un grupo de ciudadanos propusiera la demolición de las viviendas que lindan con la Gran Vía para ampliarla en uno o dos carriles. Si se lo planteáramos al Ayuntamiento seguro que le parecería un despropósito, como también me lo parece a mí. Lo que sucede es que proponer la destrucción de El Cabanyal para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez es una barbaridad de similares dimensiones. Las razones que nuestros munícipes arguyen para llevar a cabo el derribo de este humilde barrio de pescadores podríamos utilizarlas también para reivindicar la demolición de algunas de las mansiones burguesas que limitan con la Gran Vía y la zona del Ensanche. Sería una medida que también nos beneficiaría a todos, ¿no les parece?
Entre el derribo de El Cabanyal y la hipotética ampliación de la Gran Vía no hay tantas diferencias. Ambos espacios se crean hacia finales del siglo XIX, y ambos reflejan una determinada realidad de la historia y la sociedad valencianas. El Cabanyal ha sido y es un humilde barrio de trabajadores, mientras que la zona de la Gran Vía y el Ensanche han sido y en parte siguen siendo hoy un barrio de casas lujosas y familias acomodadas. Si alguno de esos dos espacios desapareciera estaríamos falseando y destruyendo la historia viva de nuestra ciudad, esa ciudad que algunos dicen amar tanto.
En cambio, Rita Barberá Nolla, descendiente de aquellos potentados del XIX y del XX, los Nolla y Sagrera, está decidida a destruir ese humilde barrio mientras que seguro rechazaría la idea -igual de disparatada, repito- de ampliar la Gran Vía a costa de las majestuosas viviendas de la zona.
El Ayuntamiento y la Generalitat dicen actuar conforme a los intereses de los valencianos, pero los proyectos siempre los plantean para beneficiar a su gente. La polémica de El Cabanyal es sólo una manifestación visible de esos intereses y de esas políticas de clase que parecían ya relegadas al pasado pero que por desgracia están bien presentes en nuestros días. El PP valenciano viene actuando así desde hace tiempo, lo que pasa es que lo hace de forma silenciosa, sin el aspaviento y la publicidad que le dedican a otras cosas. En la superficie todo son fiestas y glamour, fórmulas uno y copas del América, pero en la trastienda la enseñanza y la sanidad, patrimonio de todos los ciudadanos, están siendo privatizadas. Así como los vecinos de El Cabanyal denuncian el abandono al que el Ayuntamiento ha sometido al barrio para justificar después su derribo, la enseñanza y la sanidad públicas están siendo desatendidas por nuestros dirigentes para justificar así su privatización.
En Valencia capital los colegios religiosos están subvencionados. En vez de promover una educación pública e igual para todos, el gobierno valenciano invierte nuestro dinero en escuelas católicas o ultracatólicas, algunas pertenecientes a la prelatura del Opus Dei, en las que además se fomenta una educación sexista. Entretanto, muchos centros de enseñanza públicos imparten las clases en barracones, con unas condiciones materiales deplorables.
Con la sanidad pasa lo mismo. El último centro inaugurado en la provincia, el hospital de Manises, lo lleva una empresa privada. La sanidad de todos deja de estar en manos públicas para pasar a gestión privada como un primer paso a su privatización definitiva. La salud de nuestros hijos y nietos entendida como una forma más de ganar dinero. Un modelo que se repite en Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche y ya veremos si en el nuevo hospital La Fe.
Así es la política que lleva a cabo el PP en Valencia. La polémica de El Cabanyal sólo es una de las medidas más visibles que están dispuestos a tomar para lograr sus objetivos. Es un asalto a los derechos, los logros y la historia de los trabajadores de esta tierra; unos trabajadores que han luchado para conseguir que el Estado garantice unos servicios mínimos a los ciudadanos con independencia de su posición social y del dinero que ganen; un Estado del Bienestar que unos pocos están desmantelando para su propio beneficio. Si esto no son intereses de clase que baje Dios y lo vea.
* Alejandro Lillo es historiador.
* ELPAIS.com - Opinión - 22.03.10
