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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos de casación interpuestos por Residencial La Maimona y la Generalitat contra la anulación de la aprobación del Plan de Actuación Integral (PAI) de la partida del Coto Catalá, aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Llíria en enero de 2006. La actuación incluía la reclasificación como urbanizables de unos terrenos que estaban inicialmente dotados de protección urbanística por ser suelo forestal por lo que la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) "Tos Pelat" y el Centre de Acuicultura Experimental (CAE) denunciaron ante los juzgados la decisión municipal.
El fallo del Supremo, que no admite a trámite sendos recursos de casación, confirma una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 9 marzo de 2009.
El auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo anula con su fallo la reparcelación, el presupuesto de proyecto de urbanización y las obras hasta el momento ejecutadas en los terrenos afectados por el PAI. Supone además la anulación de la alternativa técnica, el proyecto de urbanización y la adjudicación a Sector Residencial Maimona, S.L.U. como agente urbanizador de la obra.
La sentencia llega tarde para una amplia zona del Coto Catalá destrozada por las máquinas de la promotora.
* Levante-EMV - 30.03.10
Foto: Llíria (Valencia), coto Catalá - levante-emv.com
El TS anula el plan urbanístico Coto Catalá de Llíria pese a que recurrió el Consell
El Tribunal Superior anula el plan con 700 viviendas nuevas en Perales de Tajuña
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ELPAÍS/Madrid* : El urbanismo madrileño ha recibido un nuevo varapalo de los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado un plan urbanístico que permitía construir 718 viviendas en Perales de Tajuña (2.858 habitantes). Este planeamiento contaba con el visto bueno de la Comunidad de Madrid que aprobó las normas transitorias que lo regulan en marzo de 2007.
La mitad de las viviendas estaban proyectadas en una zona de vega inundable ocupada desde hace decenas de años por huertos. El TSJM anula el plan tras un recurso de Ecologistas en Acción por considerar que acarreaba la destrucción de ricas zonas de vega. El tribunal considera que las normas fueron aprobadas "extemporáneamente".
Las normas transitorias de Perales de Tajuña pretenden la reclasificación de la Vega del Lugar, situada al este del municipio. Estas normas también incluyen la construcción de un polígono industrial que sirva como apoyo logístico para el futuro aeropuerto de Campo Real. Ecologistas considera que tendrá un gran efecto paisajístico.
La Comunidad de Madrid aprobó el plan a través de las normas transitorias, un mecanismo que permite agilizar los trámites urbanísticos. A diferencia de los planes urbanísticos, estas normas son redactadas y aprobadas por la Administración regional.
Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio explica que la decisión del tribunal se debe a un defecto de forma. "La Ley del Suelo establece un plazo máximo de seis meses para elaborar estas normas. Nos excedimos porque pedimos informes sectoriales que las retrasaron", justifica. Este portavoz confirmó que la Comunidad de Madrid ya ha recurrido la sentencia del TSJM.
Ecologistas en Acción considera que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre se ha servido de esta "modalidad de plan para agilizar la aprobación de actuaciones urbanísticas muy conflictivas, como la de Perales o Los Molinos (también anuladas)". La organización ecologista observa con preocupación la política urbanística del Ejecutivo regional. "Esta situación no puede ser aceptada ya que es una muestra de la mala salud de un Gobierno autoritario y que desprecia las leyes", zanja.
* ELPAIS.com - 30.03.10
Foto: Perales de Tajuña (Madrid), ayuntamiento - pueblos-espana.org
El Supremo suspende Benicasim Golf por riesgo de insuficiencia de recursos hídricos
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LEVANTE/Castelló* : Una pequeña asociación vecinal ha conseguido tumbar el PAI Benicasim Golf cinco años después de su aprobación definitiva por el ayuntamiento y tras una intensa lucha que, hasta la fecha, había venido acompañada por derrotas a nivel judicial. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, notificada ayer mismo y sobre la que no cabe recurso ordinario, por la que ordena la "suspensión cautelar" de uno de los proyectos urbanísticos estrella del municipio, decisión marcada por lo que consideran un "acreditado riesgo de insuficiencia de recursos hídricos para la obra".
Los vecinos habían presentado un recurso de casación en 2008 tras ver como el TSJ de la Comunidad Valenciana, en sendos autos dictados el 13 de diciembre de 2007 y el 4 de marzo de 2008, denegaba las medidas cautelares que ahora sí asume el Tribunal Supremo. Y para ello se acoge a las propias declaraciones que se han ido tomando a lo largo de estos años, hasta el punto de destacar que, de las explicaciones emitidas por la Sala de instancia y por el agente urbanizador, "se deduce que no hay informe expreso emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar y que no existe concesión de aguas otorgada" por dicha CHJ.
La conclusión es que "es cierto el riesgo, repetidamente denunciado tanto en la instancia como en casación por los recurrentes, de insuficiencia de recursos hídricos para los desarrollos urbanísticos" recogidos en el PAI Benicasim Golf. Acreditado este aspecto, argumenta el Supremo que "de no suspender" la ejecución de todas las actuaciones previstas en este PAI, "la acción impugnatoria ejercitada por los recurrentes perdería su legítima finalidad". Es más, asevera que con la suspensión cautelar "no sólo no pueden derivarse perjuicios para el interés general" sino que, por el contrario, "este interés general se ve mejor amparado" con dicha paralización. El PAI Benicasim Golf, proyecto que empezó a ver la luz en 1999 bajo tutela del PP -y que han venido amparando los diferentes gobiernos municipales, plantea el desarrollo de dos millones de metros cuadrados y casi 3.000 viviendas rodeando un campo de 18 hoyos diseñado por Severiano Ballesteros.
Lenta burocracia
El Ayuntamiento de Benicàssim, tras diversos modificados, aprobó el Plan Parcial de Mejora, Proyecto de Urbanización y Programa de Actuación Integrada en 2005. Un lustro después,. el desarrollo seguía en punto muerto por la lenta aprobación de las infraestructuras previas para su puesta en marcha. Una de ellas, fundamental al estar asentado en la zona húmeda del Cuadro de Santiago, es el encauzamiento del barranco de la Parreta, proyecto que el Consell ha tenido bloqueado durante años y que, en la actualidad, tiene el proyecto aún por redactar.
Cautela es la palabra que esgrimió ayer la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Benicàssim, Susana Ros, a la hora de valorar la sentencia del Tribunal Supremo "ya que primero tenemos que recibirla en el consistorio y después estudiarla para ver los pasos a adoptar". La edil socialista incidió en que "no tenemos aún conocimiento de tal sentencia pero ya podemos dejar claro que este equipo de gobierno -integrado por PSPV, Bloc y Esquerra Unida- siempre ha sido muy respetuoso con las decisiones judiciales y acatará, com no puede ser de otra manera, lo que marquen los tribunales". Susana Ros, en cualquier caso, dejó claro que el proyecto Benicasim Golf "es una situación heredada del anterior equipo de gobierno", al apuntar que fue aprobada en pleno en 2005 con el Partido Popular y ARB al frente del consistorio en aquella época. Por tal motivo, señaló que "habría que preguntarles también a ellos, a los que lo aprobaron, qué piensan sobre este tema". Sobre los argumentos del tribunal para paralizar de manera cautelar el PAI, centrados en que no está garantizado el suministro hídrico, Susana Ros insistió en que no tienen la sentencia en mano para entrar a valorarlo, pero sí que recordó que "desde el Partido Socialista de Benicàssim siempre hemos sido muy exigentes a la hora de valorar los recursos hídricos". De hecho, en todo el proceso previo a la aprobación del PAI por el pleno en 2005, los socialistas, en aquella época en la oposición, basaron parte de sus argumentos en la falta de informes sobre el agua.
* Levante-EMV - 30.03.10
Foto: Recreación del proyecto Benicasim Golf en la zona sur del municipio. levante-emv
La agencia de control urbanístico incrementó un 4.200% los derribos
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ELPAÍS/Galicia* : Desde el 31 de julio de 1980, día en que el Gobierno de Adolfo Suárez transfirió las competencias sobre urbanismo a Galicia, hasta 2007, una única construcción ilegal fue demolida en la comunidad. Durante casi tres décadas, ese expediente de derribo fue toda la contundencia que demostraron siete gobiernos distintos frente a la anarquía inmobiliaria que reinó en el interior y la costa cuando estalló el boom urbanístico.
En sólo dos años, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que acaba de descabezar, previa modificación de sus estatutos, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas presidida por Agustín Hernández, había revertido esa situación. Durante 2008 y 2009, el organismo independiente que impulsó el bipartito ejecutó 42 órdenes de demolición, cinco en su primer año de funcionamiento y 37 el ejercicio pasado y firmó expedientes por los que incrementó sus sanciones hasta 8.335.859 euros.
Con una labor ingente por delante, la estrategia diseñada por el organismo cuando sus inspectores empezaron a pisar las obras pasaba por poner fin a la sensación de impunidad que amparaba a los infractores, ya fueran constructores o alcaldes. Proliferaron los expedientes de restauración de la legalidad (169 entre 2008 y 2009) y las excavadoras irrumpieron por fin en los solares para tumbar edificaciones ilegales. Las actas de inspección aumentaron al mismo ritmo que los medios de la APLU: en 2008 fueron 265, un año más tarde, 517. En este tiempo, los expedientes informativos se multiplicaron por cuatro hasta los 887 durante 2009 y se presentaron 208 recursos en los tribunales, incluidos los que pretenden anular las licencias y poner fin al desaforado crecimiento en Barreiros, y que el juez ya ha empezado a anular. Igual que los expedientes sancionadores, que pasaron de 12 a 44.
El grado de efectividad de sus acciones judiciales no deja lugar a dudas: los pleitos planteados por la agencia se resolvieron con 114 sentencias favorables y 18 desfavorables. En el caso de los juicios que afectaron a demoliciones y sanciones, el 99% cayeron del lado del ente adscrito al Gobierno gallego.
Además, en virtud de un convenio con la fiscalía, la documentación de los casos más graves se remitían al ministerio público que obtuvo de ese modo jugosa información con la que sustanciar sus denuncias, la última por prevaricación urbanística contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, del PP, tres de sus concejales y la arquitecta municipal, Marta Geada.
Esa fue la silenciosa labor que desde 2007 ha efectuado el ente al que ahora pretende restar competencias y personal la Xunta de Feijóo. Según fuentes próximas a este organismo, la relación de puestos de trabajo que diseña su nueva directora, María Fernández Allegue, prescindirá de 16 técnicos (dos inspectores, ocho subinspectores, tres jefes de sección y tres auxiliares administrativos) que previsiblemente pasarán a depender directamente de la consellería. Ésta también se ha reservado la capacidad para destituir y nombrar al director de la APLU, hasta ahora a salvo de presiones políticas.
Desde que la consellería de Política Territorial de María José Caride la puso en marcha, los técnicos de la agencia resolvieron 539 solicitudes de autorización sobre usos en zonas de servidumbre (los primeros 100 metros de la costa). Una tarea que ya no ocupará más a sus funcionarios puesto que el cambio de los estatutos además de servir en bandeja el cese de su anterior director, Hipólito Pérez, otorga esa atribución, la de permitir infraestructuras junto al mar (aparcamientos, chiringuitos, piscifactorías y paseos marítimos municipales) a la Dirección Xeral de Urbanismo.
Durante los dos últimos años, sus funcionarios atendieron 1.000 consultas efectuadas por técnicos y personal municipal, y 12.000 efectuadas por los ciudadanos.
Pese a la falta de colaboración de algunos alcaldes, los inspectores de la Xunta habían empezado a detectar una disminución de las obras que comienzaban sin licencia autonómica. Esa es la constatación que arrojan las inspecciones en todas las provincias salvo en la de Pontevedra en la que se siguen detectando contrucciones irregulares.
La agencia en 2009
- 517 inspecciones en 55 ayuntamientos.
- 237 expedientes de reposición de la legalidad urbanística tramitados (129 finalizados).
- 37 órdenes de demolición ejecutadas. Sanciones por un importe de 6.893.194 euros.
- 282 recursos administrativos interpuestos (261 resueltos).
- 114 sentencias judiciales favorables, 18 desfavorables. 99% de sentencias favorables sobre demoliciones y sanciones.
- 100% de cumplimiento en la suspensión de obras sin permiso autonómico.
- 539 solicitudes resueltas sobre autorización en zona de servidumbre de proteccion de costas.
- 92 órdenes de paralización de obras sin permiso autonómico.
- 1.000 consultas atendidas a técnicos y personal municipal, 12.000 dudas respuestas a consultas ciudadanas.
* ELPAIS.com - 30.03.10
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org
Y era la corrupción
LUIS DEL VAL* : El insoportable goteo de la corrupción que afecta a cualquier partido que haya tenido sus manos cerca de la caja, resulta desmoralizador. De la misma manera que el violador en la cárcel no comete ningún delito y, es un preso ejemplar, podríamos decir que los partidos que no tienen acceso a la administración de fondos son los más honrados. Pero, igualmente, en cuando el violador sale de prisión le faltan jornadas para volver a cometer un delito, y cualquier partido limpio y puro entra en el riesgo de las comisiones en el momento en que están a su alcance.
Hay dos causas que producen este efecto terrible: la necesidad de los partidos de mantener los aparatos, gastando mucho más dinero del que disponen, y la bondadosa contemplación con que cada partido observa a los afiliados que han pillado con las manos en la masa. Decía Napoleón que para vencer en la guerra hacían falta sólo tres cosas: dinero, dinero y dinero. Los partidos, en cuanto se meten en la carrera electoral, son mandrinadoras de fondos, que luego tienen que devolver o compensar y vienen los trapicheos y la irresistible exaltación de tesoreros, consejeros de política territorial y concejales de urbanismo. Luego, como se temen las indiscreciones del acorralado, hay una comprensión al imputado hasta que no se le condene con todos los pronunciamientos en contra.
La gente que tiene que contar cada euro para llegar a fin de mes, y la que paga los impuestos con rigurosa honestidad, está empezando a cabrearse de este goteo grosero y de esta comprensión versallesca. Poco a poco, se va formando el caldo de cultivo para que aparezcan los salvapatrias (ya tuvimos a Gil) ante el desconcierto de los partidos que no se explican esa desafección. Bueno, pues era la corrupción, chicos, la que os terminará mandando a todos, incluso los muchísimos honrados, a la calle. No es una profecía: es un razonamiento contrastado.
* Levante-EMV - Opinión - 30.03.10
El fiscal pide enviar al Supremo los indicios de corrupción contra un aforado de Castilla y León
ELPAÍS* : Un ex consejero aparece como comisionista de la trama a cambio de adjudicaciones. La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado ya suficientes indicios de delito en la adjudicación de obras en la Junta de Castilla y León como para haber pedido en los últimos días al juez Antonio Pedreira, que instruye la investigación del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que remita al Supremo las últimas conclusiones policiales donde se dibuja la implicación de aforados en el caso.
Las supuestas actividades irregulares que han motivado esta petición se recogen en varios informes de la policía, y tienen que ver con la adjudicación de obras públicas en esa comunidad, gobernada por el PP.
La policía llevaba más de seis meses intentando esclarecer la identidad de tres personas que habrían cobrado 40.000 euros en comisiones ilícitas y que aparecían en los apuntes de la contabilidad B de la trama corrupta. Los agentes requisaron en la sede principal de las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, documentación suficiente para acreditar que la adjudicación de la construcción de la variante de Olleros de Alba por la Consejería de Fomento de Castilla y León habría sido supuestamente amañada para beneficiar a una empresa concreta, Teconsa, que a su vez habría repartido comisiones ilegales entre cargos políticos. Correa habría sido el encargado de distribuir esas cantidades; además, se habría quedado con una parte.
Teconsa, la favorecida por esa adjudicación, es la misma empresa que, sin ninguna experiencia en trabajos de sonorización, se quedó con la organización de ese tipo de tareas durante la visita del Papa a Valencia. La televisión autonómica valenciana, Canal 9, dirigida por un amigo de la trama, Pedro García, adjudicó a Teconsa esas labores por seis millones de euros, de los que la mitad, según la investigación judicial, fueron a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales. Teconsa no hizo nada: subcontrató los trabajos a empresas especializadas que cobraron menos de la mitad del dinero que adjudicó la televisión valenciana.
"T.O." Y "TOTI" eran algunas de las iniciales que aparecían en los apuntes de la organización corrupta en relación a la obra de Castilla y León. Hace más de un año, el juez Baltasar Garzón apuntó que Correa y algún político habían influido en la decisión de adjudicar la variante a una empresa determinada. Garzón se basaba en apuntes contables requisados al contable de la trama, José Luis Izquierdo, donde aparecía incluso un fax remitido el 5 de diciembre de 2002 desde la Consejería de Fomento castellano-leonesa que dirigía entonces el popular José Manuel Fernández Santiago, ahora presidente del Parlamento de Castilla y León. El 3% del importe de la adjudicación, 96.100 euros, aparecían en la contabilidad B de la trama, repartido entre distintas personas identificadas con iniciales que la policía atribuyó a Fernández Santiago (TOTI), a Luis Bárcenas (ex tesorero del PP) e incluso a Jesús Merino (diputado nacional popular).
Tras varios informes policiales, la Fiscalía Anticorrupción considera que los indicios que ya hay son suficientes para nuevas imputaciones, aunque se trata de aforados de otra comunidad autónoma, en este caso de Castilla y León, por lo que ha considerado que lo mejor es remitirlo al Supremo, donde ya se investigan supuestos delitos de Bárcenas y Merino.
En el Supremo está el informe de la Intervención General del Estado sobre la variante de Olleros. Anticorrupción ha pedido al juez que en lo referido a Fernández Santiago, que en principio debería ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, vaya al Supremo, ya que la competencia de éste sobre Bárcenas y Merino arrastraría al presidente del parlamento castellano leonés al Supremo. Anticorrupción entiende que debe ser el Supremo el que se quede con la causa de Castilla y León, para no abrir un nuevo frente junto a los de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, y el del Supremo.
Fuentes próximas a la Fiscalía del alto tribunal sostienen que no pueden pedir la asunción de la competencia sobre lo que afecta a Castilla y León porque ya lo hicieron para asumir toda la causa y el Supremo respondió que se quedaban sólo con los aforados nacionales (Bárcenas y Merino). Parece que los magistrados esperarán a que Pedreira levante el secreto del sumario y el instructor del caso en el alto tribunal le siga. A partir de ese momento, habrá que ver si el Supremo decide hacerse cargo o hay que remitirlo al tribunal superior de Castilla y León.
* ELPAIS.com - 29.03.10
Foto: Valladolid, sede Cortes Castilla y León - vallisoletvm
