LAVOZDEGALICIA* : La amenaza de la piqueta pende sobre media Galicia. El futuro de 2.483 viviendas en las que la Justicia o la Administración han encontrado ilegalidades en su construcción está así en el aire a la espera de respuesta a recursos, negociaciones, intentos de legalización con cambios en los planes urbanísticos locales o simplemente a que el tiempo haga un milagro.
El caso del edificio Conde de Fenosa, de A Coruña, al que el Tribunal Supremo no encuentra excusa para evitar su derribo, se repite especialmente en Vigo, donde el Concello no fue capaz en años anteriores de dotarse de los filtros necesarios para que unas 1.600 viviendas cumpliesen algo más que tener licencia municipal para burlar la ley. Más de medio millar de hogares en la calle Rosalía de Castro, las torres donde se ubica el Club Financiero, un centro comercial y varios casos más esperan encaje en el Plan Xeral mientras la Justicia no deja de instar a su derribo. Sanxenxo, Viveiro, Pontedeume, Ourense, O Carballiño, Vilamartín de Valdeorras, Poio, A Illa de Arousa, Portonovo, Bueu, Marín, Carballo, Fisterra, Muxía, Ribadeo, Carnota, Lalín, Cambados y A Guarda acumulan centenares de órdenes de derribo firmes, mientras la Axencia da Legalidade Urbanística de la Xunta tramita otras 216.
* La Voz de Galicia - 12.02.10
Foto: Vigo, viviendas J.Benavente afectadas derribo - farodevigo.es
Las sentencias de derribo amenazan a casi 2.500 viviendas en toda Galicia
La fundación fantasma del Consell gastó 80.560 euros en tres consultoras
LEVANTE/Valencia* : En apenas dieciséis líneas liquidó la fundación pública Gestión y Eficiencia Empresarial (GEE) el relato de todas las actividades que acometió en el año 2008, el primer ejercicio íntegro desde que se puso en marcha esta entidad semiclandestina, el 12 de junio de 2007. En este proyecto de la Conselleria de Economía no se cumplió la costumbre de arrancar con mucha energía para perder fuelle después. Nació ya al ralentí.
Pagó los 100.000 euros a sus dos empleadas (una gerente y una técnica) y poco más.
La única actividad reseñada en un documento interno -una memoria de actividades muy "sui generis"- al que ha tenido acceso este diario fue la elaboración de estudios sobre el funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. Son empresas con un régimen jurídico y tributario distinto a las mercantiles convencionales, que viene dado por el hecho de que al menos un 70% de su plantilla tiene discapacidad. La labor de "diagnóstico y análisis de la situación económico-empresarial y de gestión" de esos centros se adjudicó a consultoras externas, que recibieron tres contratos por 80.560 euros.
Dos de estas firmas -Sokima Solutions S. L. y Efectividad y Experiencia S. L.- son de los mismos dueños y firmaron informes por un total de 13.400 y 42.280,88 euros. En torno a la mitad de esas cantidades comprometidas todavía no han sido abonadas, según indicaron a este diario fuentes de las empresas.
La tercera de las asesorías contratadas, Key Executive S. L. se llevó 24.880 euros por el estudio que elaboró. Efectividad y Experiencia S. L. y Sokima Solutions S. L. realizaron sus estudios sobre 60 centros ocupacionales especiales, muchos de ellos vinculados a asociaciones de discapacitados físicos o psíquicos. Un portavoz de estas de estas asesorías explicó a Levante-EMV que sus firmas fueron creadas por "ejecutivos de alto nivel" provenientes de muchos sectores y que ofrecen servicios de dirección de empresas a tiempo parcial. Se dirigen, explicó, a pymes y entidades que no pueden permitirse el lujo tener en nómina a ejecutivos con un caché elevado.
Este mismo responsable de las consultoras, radicadas en urbanizaciones de Bétera, reconoció que fueron ellos los que sugirieron a la Conselleria de Economía la idea de elaborar informes. Explicó que, en el marco de la crisis económica, quisieron transmitir a los "políticos" la conveniencia de elaborar un estudio para detectar "en qué pueden mejorar los centros especiales de empleo" e hicieron un "diagnóstico completo de la parte financiera, la tesorería, orientación sobre estrategias, con quién pueden negociar..". ¿Entonces les dieron a dedo los informes? Efectivamente, aunque el responsable de las empresas subraya que la fundación consultó varias ofertas. Quiso destacar incluso que a la tercera de las consultoras, Key Executive S. L., domiciliada en la ciudad de Valencia, la eligieron antes que a ellos.
El nombre de la fundación (Gestión y Eficiencia Empresarial) parece inspirado en el de la consultora Efectividad y Experiencia S. L., creada justo dos años y tres días antes. No es extraño, si se tiene en cuenta que, además del informe, el responsable de esas empresas inspiró también la idea de la montar esa fundación, ubicada en la calle Colón. Al menos eso dice.
* Levante-EMV - 12.0210
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Mallorca: Un 'regalo' de 271.000 euros para Munar
ELMUNDO* : El promotor que triplicó la edificabilidad del mayor edificio de oficinas de Baleares gracias a la recalificación de las zonas industriales que aprobó el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar, admite ante el juez Juan Ignacio Lope Sola que vendió inmuebles al marido de la ex presidenta insular por 271.000 euros menos de lo que valían. O lo que es lo mismo, que le hizo una rebaja de algo más de 45 millones de las antiguas pesetas en tan sólo dos operaciones inmobiliarias.
Así se desprende de las tasaciones que acaba de aportar al magistrado que instruye la denominada Operación Maquillaje el propietario del edificio Vipasima del polígono industrial de Son Castelló, que vendió a través de su sociedad Inversora Idueña, S.L., dos inmuebles a los Munar en 2006.
El primero, unas oficinas en plena Avenida de Jaime III de Palma y con pocos meses de diferencia, una nave industrial en el polígono de Marratxí. La sociedad beneficiaria fue Ranum, S.L., la empresa que responde a la transcripción inversa del apellido de la dirigente de UM y al frente de la cual figura su propio esposo, Miquel Munar Munar, imputado en este proceso. Esta empresa se encuentra radicada en el número 6 de la calle Major de Costitx, domicilio fiscal de la actual presidenta del Parlamento balear y líder de Unió Mallorquina (UM).
Por el local ubicado en la avenida más comercial del centro de Palma, unas oficinas de 228 metros cuadrados que antiguamente estuvieron ocupadas por una agencia de viajes, los Munar desembolsaron oficialmente 330.072 euros el 11 de julio de 2006. Es decir, que pagaron 1.447 euros por metro cuadrado. Precio de vivienda de protección oficial en plena milla de oro de la capital insular.
* El Mundo - 12.02.10
Foto: Mallorca, pleno del Consell (archivo) - diariodemallorca.es
Alpedrete Sostenible afirma que el PGOU suma otro “motivo de escándalo”
+-+webalpedrete.com.jpg)
ELFARO/Madrid* : Tras las últimas informaciones relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), especialmente la rueda de prensa ofrecida por Izquierda Unida la pasada semana, Alpedrete Sostenible reitera que este documento “no sólo carece de sentido y perjudica la calidad de vida de los ciudadanos, sino que además responde a los intereses particulares de unos pocos”.
“Queda claro que personas del Equipo de Gobierno y sus familiares conocían con antelación detalles del PGOU que aún no había visto la luz”. En concreto, recuerda este colectivo, la polémica tiene que ver con un convenio que prevé la construcción de un importante número de viviendas en la zona de Los Llanos Sur, por parte de una conocida empresa promotora de la localidad. El hecho de que entre los firmantes de los contratos de compra aparezcan nombres de personas relacionadas con un concejal de la anterior legislatura, así como con uno de la actual, ya es, para Alpedrete Sostenible, “un motivo de escándalo, pero lo es más cuando se comprueba que la fecha de firma es el 1 de julio de 2005, seis meses antes de la presentación y aprobación del Avance del PGOU en el pleno del 23 de diciembre”.
“No parece”, añaden desde esta asociación, “que esto sea fruto de la casualidad, sino que, al menos en el caso de la zona a que nos estamos refiriendo, el Plan General se ha puesto al servicio de los intereses de los contratantes, que no de los ciudadanos de Alpedrete, quienes, de llevarse a cabo este convenio urbanístico, verán cómo disminuye su calidad de vida y los valores medioambientales, al aumentar la oferta de viviendas sin que exista una necesidad real”.
En concreto, este colectivo asegura que se pretenden construir 800 casas en este sector. “Los 400.000 metros cuadrados que planean urbanizar suponen una facturación de 294 millones de euros”, subrayan desde Alpedrete Sostenible, reclamando la retirada del PGOU, además de sumarse a la petición de dimisión de la alcaldesa y el edil de Urbanismo.
La respuesta de la alcaldesa
Ante las críticas de Alpedrete Sostenible, la alcaldesa, Marisol Casado, ha respondido que “lo primero que tienen que demostrar es que hay alguna irregularidad o ilegalidad, porque hasta dónde yo sé no hay ningún informe que avale eso”. “Pero ellos”, prosiguió, “practican mucho, como otros, en este caso IU, lo de difama que algo queda. El único fin que tienen es cargarse el Plan General y de paso al Partido Popular, porque estamos a un año de las elecciones y no saben jugar limpio, y por eso utilizan estas malas artes”. Por otra parte, añadió la regidora, “el PP siempre ha tenido clarísimo lo que quería conseguir con el PGOU, que por cierto estábamos obligados a aprobar por ley desde 2001. Y ellos, que también gobernaron, no lo hicieron, porque había que trabajar, y eso es lo que no quieren hacer”. Además, reiteró que con este nuevo planeamiento se conseguiría construir vivienda social, se ampliaría el polígono y se conseguirían 280.000 metros cuadrados de suelo dotacional, además de crear puestos de trabajo y generar ingresos para hacer frente al gasto corriente del Ayuntamiento”.
* El Faro del Guadarrama - 4.02.10
Foto: Alpedrete (Madrid) - webalpedrete.com
Denuncia penal a una industria de Boiro tras 12 años de ilegalidades
,+industria+contaminante+-+elpais.com.jpg)
ELPAÍS/A Coruña* : La planta generadora de electricidad que abastece a la conservera Jealsa Rianxeira de Boiro lleva desde 1996 funcionando de forma irregular. Sus responsables pueden ahora enfrentarse a un proceso penal si prospera la denuncia de la Fiscalía Superior de Galicia, que cree que puede estar incurriendo en un delito medioambiental.
En su escrito al Juzgado de Instrucción de Ribeira, el fiscal Álvaro García Ortiz señala que existen indicios de contaminación ambiental por lluvia ácida y ruidos excesivos provocados por esta planta, construida en terrenos protegidos gracias a una autorización municipal. El alcalde era entonces Jesús Alonso (PP), dueño de Jealsa.
La historia de la planta cogeneradora lleva años siendo objeto de recursos judiciales. La licencia aprobada en la época de Alonso en la alcaldía fue tumbada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2001, pero la fábrica nunca dejó de funcionar. Con el cambio de Gobierno tras las elecciones municipales de 2003, la nueva corporación local, presidida por el nacionalista Xosé Deira, concedió al año siguiente un permiso supeditado al cumplimiento de unos requisitos medioambientales: que se cambiase el combustible empleado -sustituyendo fuel por gas natural- y se eliminasen las vibraciones que molestaban a las casas de los vecinos. Sin éxito.
La decisión del ayuntamiento fue recurrida, pero cuatro años después un juzgado de Santiago ratificó su validez y certificó, como recuerda ahora la Fiscalía en su denuncia, que la planta carece de prácticamente todas los requisitos que exige la normativa: no se recabó el permiso de Augas de Galicia ni se redactó la evaluación de impacto ambiental, tampoco se respetaron las distancias de seguridad que exige el reglamento de actividades peligrosas, ni se observaron las reglas de planeamiento urbanístico.
La juez acreditaba entonces que la planta cogeneradora, "pegada" a la conservera, era "indispensable" para su funcionamiento, pero la actividad nunca se detuvo. La sentencia fue impugnada por Boiro Energía, SA, la filial de Jealsa que gestiona la planta, pero el fiscal no ha esperado a la resolución del recurso para llevar su actividad al terreno penal, después de una denuncia de unos particulares de la que dio traslado la Fiscalía Provincial de A Coruña. En ese sentido, alude a un informe de la Asociación Profesional de Kiwicultores de Galicia, según el cual las plantaciones de este fruto en la zona se han visto afectadas por la planta eléctrica. "Se desprende que la actividad desarrollada no es en apariencia inocua, sino que provoca daños y molestias ambientales a los vecinos", aduce García Ortiz.
El escrito parte de la autorización de 2004, entiende incumplidos sus requisitos y pasa a analizar la actitud de la empresa, a la que critica duramente. "No tiene desperdicio", señala, "la contestación a la orden dictada por la alcaldía [en 2004], pues amenazaba literalmente al alcalde con hacerle responsable de un posible vertido de detritos sin depurar al faltar la energía necesaria para la planta de Jealsa". El fiscal tacha este proceder de "impresentable" y ordena que se tomen medidas para "extremar la protección ambiental de los vecinos de la planta, irregularmente instalada y potencialmente contaminante y peligrosa". Así, insta al juez a que pida al Seprona que mida los niveles de contaminación por gases y ruido.
La empresa declinó ayer comentar la denuncia, alegando que sus servicios jurídicos todavía no tenían constancia de ella. Xosé Deira, por su parte, señaló que en el pasado ya se han efectuado mediciones que constataban un exceso de contaminación por ruido, no así de gases.
En octubre pasado, el ayuntamiento legalizó una nave frigorífica en terreros de Jealsa que había corrido un camino similar al de la eléctrica. Autorizada por el Gobierno local del PP y anulada por el TSXG, Deira aseguró que esta última licencia se dio "con garantías".
* ELPAIS.com - 11.02.10
Foto: Vivienda colindante a la planta cogeneradora de electricidad de Jealsa, en Boiro.- ANDRÉS FRAGA, elpais.com
