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DIARIODEMALLORCA* : Manuel Fuentes Revuelta (Ciempozuelos, 1956) es un hombre tranquilo pero de convicciones firmes. Es el alcalde de Seseña, una ciudad de La Mancha abrumada por una macrourbanización creada por el constructor conocido como ´El Pocero´. Como su paisano Don Quijote, Fuentes lucha contra los gigantes de la especulación urbanística, lo que le ha valido una decena de querellas presentadas por ´El Pocero´.
Ayer vino a Palma invitado por el Club DIARIO DE MALLORCA y Esquerra Unida para dar una conferencia sobre "Propuestas para la transparencia democrática y la lucha contra la corrupción".
–¿Le resulta cuesta arriba luchar contra la especulación del suelo en Seseña?
–Ha sido complicado porque no siempre se ha entendido el posicionamiento de Izquierda Unida. Ha habido una creencia generalizada de que hay que anteponer las pretensiones de desarrollo económico, aunque no fuese muy ética, a la idea de crear una ciudad sostenible.
–La creación de empleo es siempre el argumento empleado para convencer.
–Esto siempre ha circulado en la población de Seseña: Hay que dejar que todo el mundo haga lo que quiera si genera dinero, y es la gran equivocación. Hemos conseguido aplicar una política seria, pero ahora con la crisis, la percepción de los ciudadanos es que las cosas no han ido bien, pero ya aventurábamos que esto podía ocurrir cuando dijimos que habría pan para hoy y hambre para mañana con ese desarrollo urbanístico.
–¿Se ha sentido amenazado durante esta lucha con los urbanizadores?
–Me siento constantemente amenazado en lo político y en lo personal porque hay que hacer frente a once querellas, y hemos tenido que aguantar manifestaciones de trabajadores pidiendo licencias para su jefe, que no se podían dar porque no eran legales. He sido perseguido por medios de comunicación propios del agente urbanizador, recusaciones que impedían que votáramos en los plenos. Todo es una estrategia planteada para amedrentarnos, hacernos sucumbir. Ha habido alguna sentencia condenatoria que fue recurrida y ahora me tengo que sentar en el banquillo de los acusados por otra querella por calumnias. Con auto de archivo hay ocho de las once querellas, esperemos que al final todas sean archivadas y no entrañe un riesgo político ni personal para los cargos municipales. Es una situación complicada.
–Enfrentarse al gran capital le ha supuesto tener en contra a instituciones de toda índole, incluyendo a poderes del Estado, ¿Se siente como David luchando contra Goliat?
–Se tiene esa percepción, uno llega a pensarlo, es como si nos hubiésemos salido del sistema. Algo similar deben estar pensando los dos periodistas de la SER que por contar una información veraz les condenan, lo mismo puede sentir el juez Garzón. Pareciera que estamos molestando, y lo único que hacemos es actuar con honestidad y ser transparentes. Un promotor me dijo hace años que no quería información de su empresa ni buena ni mala, sino pasar desapercibidos para que nadie se entere de lo que pasa.
–Decía usted en una rueda de prensa que dio en Palma que el capital controla a los poderes públicos.
–Estoy convencido que el poder económico tiene mucha fuerza. Dinero y poder van de la mano, cuando debería prevalecer el servicio público y no dejarse influir, pero eso es una utopía, porque hay mucho sinvergüenza metido en política, y eso hay que combatirlo. Desgraciadamente el poder económico maneja todo y se reciben muchas presiones cuando alguien del poder económico quiere sacar adelante su proyecto.
–¿Presiones también de los propios ciudadanos?
–Sí, desgraciadamente los ciudadanos también pueden estar influidos por el poder económico. Si un empresario paga un viaje a Mallorca a una asociación de 500 vecinos. ¿Influye o no? Yo creo que sí, se favorece a un determinado grupo y los ciudadanos también se pueden ver influidos porque si un empresario controla un medio de comunicación puede decir a quién hay que votar.
–¿Lo que está pasando en Seseña es un ejemplo de como actuar ante las presiones?
–En Seseña se actúa con cierta normalidad. El cargo público elegido por los ciudadanos es quien debe gobernar el municipio. Nos posicionamos contra los especuladores y esto es lo normal, pero pareciera que es anormal porque en otros sitios no se actúa de forma tan contundente. Reconozco errores en la gestión municipal pero otra cosa es facilitar los negocios a unos pocos en perjuicio del resto.
–Tras aquella macrourbanización levantada en su municipio que triplica su población, ¿Qué hacer ahora?
–Ahora hay que gestionarla, hay 3.000 empadronados, 5.000 viviendas construidas y dar una buena calidad de vida a aquellos que compraron la vivienda de buena fe. Hay que diseñar un plan para contener y no para expandir, a fin de cohesionar a la población y hacer un pueblo sostenible.
* Diario de Mallorca - Entrevista - 4.03.10
Foto: Seseña (Toledo) macrourbanización - A.Heredia (El Mundo)
´Estoy constantemente amenazado por luchar contra la especulación´
Una sentencia declara ilegales 52 chalés de lujo en Pontevedra
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ELPAÍS* : Parecía una flagrante ilegalidad desde su construcción en 1991, y la justicia lo acaba de confirmar. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le ha dado la razón al dictamen de la Xunta, que en 2007, durante el Gobierno bipartito, incoó un expediente administrativo contra una urbanización de 52 chalés de lujo construidos en suelo rústico y junto al mar en O Grove (Pontevedra). La promotora, Improin, había segregado la parcela calificada como suelo rústico, incumpliendo así la Ley del Suelo de Galicia.
La sentencia no alude de forma explícita al derribo, por lo que aún está por ver cuándo se escribirá el punto final de este pleito urbanístico, y cómo se reparará la segregación fraudulenta de la parcela, clasificada como rústica no urbanizable en un lugar paradisíaco, junto a una playa.
El fallo, que desestima el recurso de los promotores contra la resolución de la Xunta, ordena la restitución de la parcela matriz a su estado original, que deberá ajustarse a la licencia por la que fue autorizado el apartotel. También establece la obligación de comunicar al registro de Cambados la imposibilidad jurídica de su parcelación destinada a chalés adosados. El TSXG se ha limitado a validar la resolución del departamento que en 2007 dirigía la ex consejera María José Caride, que no se había pronunciado sobre el derribo de los chalés, sino únicamente respecto al uso fraudulento de la finca convertida en urbanización privada.
Dos frentes abiertos
A pesar de los dos frentes judiciales abiertos, uno penal y otro administrativo, este último ahora resuelto por el TSXG, la urbanización hace ya años que está habitada por los 52 propietarios de los chalés. En mayo de 2007, días antes de las elecciones municipales, agentes de la Guardia Civil hicieron un registro por sorpresa en el Ayuntamiento de O Grove, de donde se llevaron todos los expedientes del caso Raeiros. La entrada y registro estaba relacionada con una denuncia por delito urbanístico que ahora podría activarse tras el dictamen sobre este contencioso.
La sentencia traspasa al Ayuntamiento la responsabilidad de decidir sobre el futuro de la polémica urbanización. El alcalde, José Antonio Cacabelos, del PSOE, se reunirá con su equipo jurídico para decidir sobre el futuro de una urbanización polémica desde sus inicios debido a su impacto medioambiental y paisajístico, ya que se encuentra en una zona de protección y en primera línea de costa.
* ELPAIS.com - 4.03.10
Foto: La urbanización de O Grove, vista desde la orilla del mar.- CARLOS PUGA, elpais.com
Las Rozas: TS confirma nulidad de Estudio de Detalle para edificación Ciudad del Fútbol
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EFE/Madrid* : El Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Ayuntamiento de Las Rozas contra la sentencia del Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de abril de 2005, que declaró nulo el Estudio de Detalle aprobado por el consistorio para la edificación de la Ciudad del Fútbol.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo resolvió el 22 de febrero que "no ha lugar al recurso de casación" de la RFEF y el Ayuntamiento de Las Rozas contra la sentencia del TSJM que hace cinco años declaró nulo, "por no ser conforme a Derecho", el acuerdo del consistorio de julio de 1999 que aprobó definitivamente el mencionado estudio.
Este documento correspondía a las tres subparcelas (1.3, 1.4 y 1.5) del Parque Empresarial de Las Rozas, donde se encuentra la Ciudad del Fútbol de la RFEF, y el TSJM entendió que no era conforme a Derecho porque "consolidaba una cesión gratuita de bienes inmuebles municipales que comprometía ilegalmente el Convenio de 4 de junio de 1998", por el que el Ayuntamiento cedía los terrenos a la RFEF.
El TSJM aludió también entonces a otra sentencia suya de octubre de 2004, "ya firme", que "declaró nulo y sin efecto" dicho convenio, por lo que las parcelas debían retornar a ser posesión del ayuntamiento "por su carácter de dominio público" y entendió que el Estudio de Detalle era contrario al Plan General de Ordenación Urbana.
El reciente pronunciamiento del Supremo desestima los argumentos del Ayuntamiento de Las Rozas y la RFEF, basados en que la sentencia recurrida se refiere a un pronunciamiento anterior, que no era firme, en el que se anulaba un convenio urbanístico, y en una serie de infracciones a la Ley del Suelo de 1976 y a los planes urbanísticos de la localidad madrileña.
La cesión de 120.000 metros cuadrados del Parque Empresarial de Las Rozas a la RFEF para la edificación de la Ciudad del Fútbol fue aprobada por el Ejecutivo del alcalde Bonifacio de Santiago (PP) en un pleno municipal celebrado en 1998, con los votos en contra del PSOE e IU.
Ambos partidos denunciaron que la operación era contraria a la ley porque los terrenos estaban calificados en el Plan de Urbanismo como de dominio público, lo cual impedía su donación a una entidad privada como la RFEF.
* La Rioja - EFE - 4.03.10
Foto: Las Rozas (Madrid), ayuntamiento - wikimedia.org
'Operación Molinos': Fiscalía acusa a una constructora de pagar cientos de miles de en ´negro´
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ELPERIÓDICO/Aragón* : Consta igualmente en las actuaciones como a nombre de Constucciones Sagain se han emitido facturas falsas que como única finalidad tienen la de justificar salidas de dinero de la mercantil que van a parar a imputados en las presentes actuaciones que obviamente no declaran los correspondientes beneficios", afirma la Fiscalía en el escrito por el que pide al juez de La Almunia que rechace la petición de archivo formulada por Patxi Aramburu, ejecutivo de esa empresa e imputado en la Operación Molinos.
Esta es la primera ocasión en la que el ministerio público individualiza el manejo de grandes cantidades de dinero negro a una sociedad al socaire de los negocios urbanísticos desarrollados en La Muela.
El escrito lleva fecha del 26 de febrero. Ese mismo día, otro imputado, José Miguel Mosteo Melús, ratificó ante el juez que había elaborado, por indicación de Carmelo Aured, dos facturas falsas datadas en el 2004 a nombre de Construcciones Sagain --a cuyos responsables aseguró no conocer-- por valor de 600.000 y 300.000 euros. El ministerio público sospecha que la sociedad usó esos papeles para camuflar pagos en B a otros imputados por la presunta trama de corrupción urbanística.
La fiscal considera que existen indicios para imputar a Aramburu los delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, falsedad documental y fraude fiscal.
En este sentido, indica que Sagain hizo en la Muela compras de terrenos, en ocasiones procedentes de la Sociedad Urbanística Municipal, que experimentaron "importantes revalorizaciones" gracias a sus "continuos contactos con diferentes miembros de la corporación municipal".
También señala que una delimitación urbanística se hizo "a su demanda y no del legítimo propietario".
* El Periódico - 4.03.10
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
Adjudicado sin aval técnico el plan general de Gondomar
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ELPAÍS/Pontevedra* : El gobierno de tránsfugas de Gondomar ha adjudicado la redacción de un nuevo plan general de urbanismo para el municipio a la empresa Eptisa contra el criterio de los técnicos que formaban parte de la mesa de contratación y mediante un procedimiento irregular con el que, según el BNG, "pretenden recuperar el plan general de la corrupción de 2006 y atender así a los compromisos heredados del gobierno de Carlos Silva, que son los mismos que estuvieron detrás de la moción de censura" que desalojó de la alcaldía al nacionalista Antón Araúxo.
Al concurso para redactar el plan de urbanismo se presentaron siete empresas y, sorprendentemente, la mejor valorada por los técnicos de la mesa de contratación (arquitecto municipal, un representante de la Diputación Provincial y dos de la Xunta) obtuvo finalmente la peor valoración por decisión de los cuatro ediles presentes en la mesa (el alcalde, Martín Urgal, el ex alcalde Carlos Silva, el concejal de Urbanismo, Alfonso de Lis, y el portavoz, Manuel Núñez), que impusieron su criterio con el voto de calidad del alcalde.
La valoración de los técnicos fue anulada por un contra-informe de Alfonso de Lis, que introdujo nuevos baremos.La secretaria y la interventora municipales, que formaban parte de la mesa, coincidieron en rechazar la propuesta "política" por desconocerla y porque los miembros de la mesa, por ley, deben disponer de ese tipo de informes con una antelación mínima de 48 horas. No ha sido la única irregularidad de este procedimiento.
En la primera sesión de la mesa, el BNG alegó vicios de nulidad en la tramitación, ya que aún no se había resuelto en el juzgado la declaración de lesividad suscitada, antes de la moción de censura, por la tentativa del gobierno nacionalista de contratar la redacción de un nuevo plan general. El BNG, pese a ser preceptivo, no volvió a ser convocado a ninguna de las siguientes reuniones de la mesa, que por eso mismo fue impugnada, sin que tampoco a día de hoy se haya resuelto esa reclamación.
"Los mismos de siempre haciendo lo de siempre: chanchullos, trapalladas, ilegalidades y oscurantismo. Un escándalo con demasiados precedentes", resumía ayer el BNG, que volvió a recordar las ilegalidades urbanísticas que afectan directamente al alcalde, la construcción prohibida de un hotel rural, y al concejal de Urbanismo, una nave industrial en suelo rústico de protección en Oia.
Propuesta del PP
Esos dos inmuebles, sin embargo, podrían obtener legalización al amparo de la nueva legislación urbanística que promueve la Xunta. Precisamente ayer, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, anunció que la reforma de la Lei do Solo que se tramita el Parlamento, mediante una enmienda del PP, legalizará en la provincia de Pontevedra más de 500 naves industriales que surgieron al margen del planeamiento urbanístico antes de la entrada en vigor de la citada ley, la mayoría en Mos y las comarcas de A Louriña y O Condado.
Hernández aseguró que el objetivo de la regularización de las naves es "reforzar la seguridad jurídica". Así, se da mayor estabilidad a una realidad existente, pero que permanece en una situación de alegalidad que le impide contar con servicios urbanísticos apropiados y desarrollar adecuadamente sus funciones.
La medida consiste en incluir las naves en un ámbito de suelo urbanizable. Los propietarios estarán obligados a donar todas las infraestructuras urbanísticas básicas (viario, encintado de aceras, alumbrado público, abastecimiento y saneamiento).
* ELPAIS.com - 4.03.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Derecho a una vivienda digna a precio asequible
MARÍA ACOSTA PUERTA/Almería* : El artículo 47 de la Constitución Española, dispone que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. (…)”
Con la finalidad de articular el cumplimiento efectivo de este derecho constitucional de acceso de los ciudadanos residentes en Andalucía a una vivienda digna y adecuada, también recogido en el Estatuto de Andalucía, el Parlamento de Andalucía aprobó el pasado 18 de febrero el texto definitivo de la Ley Reguladora de Derecho a la Vivienda, a la que se presentaron más de 90 enmiendas
Este derecho no significa a la titularidad de una vivienda, es decir, a que la administración tenga que dar a cada ciudadano una vivienda, sino que se corresponde con la obligación de la administración a favorecer el acceso a una vivienda mediante la promoción pública, no siendo por tanto una obligación nueva para la Administración.
La nueva Ley concreta los instrumentos con los que cuenta la administración para hacer efectivo el derecho referido así como las circunstancias y los procedimientos por los que los ciudadanos pueden ejercitarlo y exigir su cumplimiento incluso ante los Tribunales de Justicia.
Dispone esta Ley que serán titulares del derecho todas aquellas personas con vecindad administrativa en la comunidad autónoma que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad y que a su vez acrediten estar en disposición de llevar una vida económica independiente de su familia. Igualmente, no podrán ser titulares ni tener derecho de uso y disfrute de otra vivienda y deberán estar inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (sobre el Registro Público Municipal de Vivienda Protegida http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-200058-26iquest3BSe-acab26oacute3B-el-Sorteo-de-VPO3F.html).
La norma promueve el acceso a la vivienda de forma preferente a las familias con ingresos inferiores a los 36.000 euros anuales (5,5 veces el Iprem), que es el umbral económico fijado en el actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 para acceder a una VPO. Para evitar su excesivo endeudamiento, el nuevo marco normativo pone límites al esfuerzo económico que cada familia podrá asumir para acceder a una vivienda, estableciendo que las ayudas públicas tendrán que garantizar que no tengan que destinar más de un tercio de su renta en el caso de la compra o de un cuarto en caso del alquiler.
También recoge la obligación de la Administraciones de favorecer un alojamiento transitorio para las personas en situación o con riesgo de exclusión social que no puedan acceder a una vivienda protegida y cuya necesidad quede acreditada.
Cabe destacar que este texto legal obliga a las Administraciones a posibilitar a través del planeamiento urbanístico, la disposición de suelo que permita el acceso en régimen de promoción libre, así como una serie de ayudas y acciones de fomento con incentivos para la salida al mercado de stock desocupado, la oferta de viviendas en alquiler, o ayudas a la rehabilitación. Dispone que la Junta de Andalucía, a través de sus planes de vivienda y suelo y los respectivos presupuestos de la Comunidad, fijará los recursos económicos destinados a promover el derecho a la vivienda, aunque cabe preguntarse si los municipios contarán con el respaldo económico suficiente para dar cumplimiento a lo previsto en ésta Ley.
Finalmente, cabe destacar la amplia facultad que se dispone a favor de la Junta de Andalucía cuando se señala que esta podrá establecer reservas de suelo conforme a las previsiones de la legislación urbanística con destino preferente a viviendas protegidas, en cualquier clase de suelo, debiéndose incorporar al planeamiento municipal mediante su modificación; condicionando en cierta forma la facultad que la LOUA concede a la administración local para ordenar el suelo.
* María Acosta Puerta. Abogada. Escobar & Navarrete abogados
* Teleprensa - Opinión - 4.03.10
