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Así nos roban: técnicas de saqueo municipal

Entre los diferentes niveles de corrupción, está claro que el que más afecta a los ciudadanos es el originado por la acción delictiva del Gobierno nacional y la Comunidad Autónoma de que se trate. Solo un peldaño más abajo en números globales, aunque afectando más directamente, se encuentra la corrupción en Diputaciones y municipios. Un Ayuntamiento es posiblemente el actor económico más importante de su territorio. Su influencia como generador de riqueza en el tejido local no es comparable a ninguna otra empresa o entidad. Alrededor de un alcalde y su equipo de gobierno se genera toda una mafia de intermediarios locales que se alimentan de una trama organizada y, por tanto, son partidistas hasta la médula. Desde el pequeño tendero hasta las grandes empresas instaladas, hay modos y formas características en la corrupción municipal.
"JORGE ARMESTO* : De vez en cuando en televisión un rojillo afirma: “La corrupción es sistémica”. Entonces alguien, generalmente del PP, se cubre con la máscara de la indignación y, desde el pedestal ético construido por su partido, contesta: “¿Estás llamando corruptos a los 26.000 concejales de mi partido? ¿A esas miles de personas abnegadas que están en pueblos pequeños trabajando y desviviéndose por sus vecinos?”. El rojillo se la envaina y dice: “No, no, a esos claro que no”. Aunque en su fuero interno piensa: “Sí, a todos. Del primero al último”.

Lo primero que llama la atención es que parece que nadie se ha parado a pensar que cuando únicamente se ponen como ejemplo de abnegación y honradez los concejales “de los pueblos pequeños”, parece deducirse que nada bueno se puede decir de los “de los pueblos grandes”. No seré yo quien niegue esto. Si los propios adalides del PP dan por hecho que los concejales y alcaldes de ciudades y capitales son indefendibles y están enfangados hasta el tuétano, no es cosa de llevarles la contraria. Hablaré solo de “los pequeños”.

¿A quién se venden las cosas?

Un ayuntamiento es posiblemente el actor económico más importante de su territorio. Su influencia como generador de riqueza en el tejido local no es comparable a ninguna otra empresa o entidad. Por poner un ejemplo, un ayuntamiento de un pueblo de 20.000 habitantes puede recibir al cabo del año entre 5.000 y 6.000 facturas de todo tipo: productos de limpieza, herramientas, mobiliario, material de obras y oficina, repuestos mecánicos, ropa de trabajo, productos de ofimática, papelería, imprenta. Materiales de carpintería, construcción, fontanería, electricidad, trofeos, camisetas, gomas de borrar, carteles y trajes de rey mago.

Tal vez nosotros no imaginemos la enormidad de esta lista. Pero el alcalde la conoce muy bien. Sabe que uno de los pilares fundamentales de su reelección es el cuidado con que realice cada uno de estos gastos. Y ni uno solo se deja al azar: todos los jefes de servicio saben en qué comercios se deben adquirir estos objetos.

Hasta importes de 18.000 euros, estas facturas no necesitan de ningún procedimiento de fiscalización previa. Los ayuntamientos medianos, en sus bases de presupuesto, establecen una cantidad (suele ser una cercana a los 1.200 euros) a partir de la cual el gasto debería ser aprobado previamente. Pero este trámite se suele soslayar y, además, no implica control alguno. Es mero papeleo. En la práctica eso significa que el 100% del gasto corriente en suministros se hace de modo arbitrario. Todo desagua en los establecimientos de familiares, militantes o donantes del partido. Las facturas acostumbran a tener un sobrecoste. Algunos son razonables y otros disparatados. Nadie controla si lo que se adquiere está en los precios de mercado y ni siquiera que se suministren las cantidades u objetos que se facturan. ¿Quién va a mirar si había 20 sacos de cemento o 15? Eso sí, en la factura sí había 20. En algunos negocios, el peso del ayuntamiento como comprador es tan importante que no es extraño que un cambio de gobierno traiga aparejado un cambio de dueño en establecimientos tan estratégicos como imprentas, droguerías o ferreterías y éstas acaben en manos de familiares o amigos cercanos de los nuevos gestores. Alcaldes y concejales aleccionan a los funcionarios sobre dónde se puede adquirir cada cosa. Desde almacenes de materiales de construcción a tiendas de Todo a Cien. Todo suma. Todo vale.

Es habitual que se le pregunte al encargado de la compra: “¿Es para ti o para el ayuntamiento?”. Si es para este último el precio se eleva. Puede parecer banal que una grapadora le cueste a una institución pública el doble que a un particular. Pero cuando multiplicamos esa diferencia por las miles de facturas que se pagan al año, la cuestión deja de ser tan baladí. Por supuesto, alcaldes y concejales tienen un trato preferente. Habría que ser un mezquino para cobrarle un cambio de aceite a quien envía a tu taller toda la flota municipal de vehículos. Y como eso, todo. Reformas en su casa, muebles, ordenadores gratis. Cualquier cosa, hasta la más ínfima, se les regala. Se acostumbran a no pagar por nada, a comer de gorra en los restaurantes. Los comerciantes beneficiarios también son generosos donantes de las campañas. Tanto en metálico como en especie. Las imprentas, las empresas de megafonía, de alquiler de carpas, de organización de eventos, les hacen gratis la campaña electoral. Previamente ya habrán pasado alguna factura desorbitada por cualquier otra cosa.

La red mafiosa se extiende por todo el comercio y la industria local. De haber varios proveedores del mismo ramo a los que premiar, se reparte en función de lo que aportan a la causa. Hay muchas decenas de miles de euros que fluyen incesantemente, muchas familias, muchos empleados viviendo del dinero público. En los días previos a las elecciones se pronuncian veladas amenazas: “Si pierden estos, nos bajan los ingresos y tendré que despedir gente”. Comerciantes y empresarios reparten las papeletas de votación a sus empleados en sobre cerrado. Estos siempre tienen la sospecha de que “tienen un tono de color diferente” para que los apoderados del partido que vigilan las mesas las reconozcan el día de la votación. Las empresas señaladas como de la facción política contraria subsisten como pueden castigadas por una competencia desleal. Muchas se rinden y tienden puentes: aceptan el chantaje. También están dispuestas a pagar, a donar, a subvencionar. O eso, o la ruina.

Alcaldes y concejales buscan que hasta el último euro que gestionan recaiga en “el pueblo”. O al menos en el reducido círculo de beneficiarios que ellos consideran “pueblo”. Jamás se compra nada a una empresa foránea a menos que haya un comisionista local. No importa si esto encarece el presupuesto. Pongamos que hay que comprar unos focos para el teatro que sólo pueden surtir empresas especializadas. En ese caso, si se puede, mejor es que los compre la tienda de bombillas local, propiedad de algún amigote, y luego los revenda al ayuntamiento.

¿Cuánto valen las cosas?

Como en los supermercados, todo acaba en 9. Existen números mágicos que se repiten en las adjudicaciones de toda España.

Las obras y servicios valen por norma general 49.000 euros. La razón es que hasta 50.000 se dan a dedo a quien se quiera. Si sobrepasan esa cantidad entonces pasan a costar 199.000. Entre 50.000 y 200.000 euros la adjudicación se hace por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. O lo que es lo mismo, es el ayuntamiento el que elige a tres empresas a las que le solicita presupuestos. En estos casos lo habitual es que sea la empresa a la que se va a favorecer la que aporta los otros dos presupuestos que obliga la ley. Pueden ser del mismo dueño, empresas pantalla u otras reales con las que se llegó a un acuerdo de reparto o de subcontratación. En otras ocasiones, la mesa de contratación municipal busca dos empresas que, ya sea por su pequeño tamaño, por su inexperiencia o por su falta de solvencia, sabe positivamente que presentarán la documentación incompleta o errónea.

En los ayuntamientos pequeños son raras las obras que sobrepasan los 200.000 euros. Cuando es así, deberían adjudicarse por el “procedimiento negociado con publicidad”. Es decir, que cualquiera podría optar a ellas. Para evitarlo, habitualmente se fraccionan las obras en fases de 199.000. Esto es ilegal y fraude de ley, pero nadie lo suele denunciar. Todo se puede hacer en fases: desde tejados hasta aceras. Las explicaciones rayan en lo cómico. Así, el concejal de obras de Málaga aportó esta nueva genialidad a la historia de la contratación pública: “No hay fraccionamiento porque lo que se ha dividido no es el contrato para construir un parque en el Benítez, si no el dinero del que se disponía”. Exacto, el papel del contrato seguía de una pieza. Ahí estaba el folio enterito para quien quisiera comprobarlo.

Existe otra modalidad: los contratos de servicio que cuestan 119.000. La razón es que a partir de 120.000 existe la “exigencia de clasificación” a las empresas. Por debajo de esa cifra, puede ser cualquiera.

Aprovecho para animar a quien esto lea a que busque las cantidades de las adjudicaciones en sus villas y pueblos. Se sorprenderá de la frecuencia con que aparecen estas cantidades.

¿Cuándo se gasta?

Las elecciones municipales son siempre en mayo. Ese año, en los primeros días de enero, los concejales peregrinan al Departamento de Intervención para que les apunten con una flechita las cantidades que se pueden gastar de las partidas de sus presupuestos. Desde entonces, en una carrera contrarreloj, tienen cuatro meses para vaciarlas todas. Es lo habitual verlos preguntándose: “¿Qué podemos pintar?”, ¿hay que comprar algo para el polideportivo?”. El qué se compra es lo de menos. Las partidas deben agotarse. El mayor flujo de dinero posible debe revertir en “el pueblo”. Puede ser la última oportunidad para las comisiones. Es la mejor época para los gastos absurdos o las ideas disparatadas. Ningún concejal es tan estúpido como para dejar dinero en el presupuesto que podría gastarse otro si ganase las elecciones. Incluso aunque su propio partido pudiese ganar, no siempre es seguro que fuese a ocuparse de la misma responsabilidad. Mejor no dejar nada.

Esto ocurre cada cuatro años. En un año no electoral, el mismo proceso se da en los meses de otoño, cuando se está a punto de cerrar el presupuesto. Tras el verano se produce la misma peregrinación y todos solicitan informes del estado de las partidas para vaciarlas a conciencia. El objetivo es llegar a 31 de diciembre a cero. O mejor aún, en negativo. En la lógica municipal, cuando un concejal deja un año una partida presupuestaria sin gastar, esta desaparece del presupuesto del año siguiente. Puesto que no se usó, no debe ser importante. Así se anima al gasto irreflexivo y al cortoplacismo: cuánto más se gasta, más puede crecer la partida presupuestaria el año siguiente.

¿Por qué todo esto es impune?

En primer lugar existe un pacto tácito de no agresión entre los partidos del régimen. Si tú no hurgas en mis cosas yo no hurgo en las tuyas. Pero es que, además, no es tan sencillo. Si la mayoría de las ilegalidades tiene como beneficiarios a vecinos de la localidad, ir contra la ilegalidad es ir, de facto, contra los vecinos. La acusación de que se ponen en peligro puestos de trabajo por “peleas políticas” está siempre en el aire. Para la oposición, en este terreno pantanoso hay mucho que perder y poco que ganar.

Interventores y secretarios carecen ya de capacidad para controlar todo este flujo enorme de malgasto y cohecho. Dirigen departamentos con escasez de medios y personal. En los ayuntamientos más pequeños ni siquiera se contrata a interventores, pues la ley no lo obliga, y es el secretario quien, en teoría, debería realizar ambas funciones. Puesto que carece de tiempo material para controlar todas y cada una de las decenas de facturas que entran cada día, sólo pide explicaciones cuando existen sobrecostes escandalosos. Aún así, siempre hay modo de justificarlos.

Secretarios, interventores, aparejadores, arquitectos municipales, estuvieron dotados en otro tiempo de autoritas. Bendita democracia, ahora ya son tan víctimas de mobbing y acoso como cualquiera. Empieza a ser común que se les aparte de sus funciones y se los someta al escarnio popular. La acusación de que “paralizan el funcionamiento del ayuntamiento” por la “excesiva burocracia” es frecuente. Los ciudadanos los ven como unos tiquismiquis que le ponen pegas a todo e impiden el flujo de inversiones. Lo cierto es que lo único que paralizan, de un modo muy limitado, es la adjudicación ilegal. Cuando “todo” se paraliza, simplemente es porque “todo” es ilegal. Secretarios e interventores, que son el único débil dique ante la corrupción, son demonizados entre los ciudadanos. Aprenden con el tiempo a pelear sólo las batallas que pueden ganar y a dejar pasar algunas cosas para poder discutir otras. Saben que su fiscalización es casi siempre inútil.

Cuando los ayuntamientos realizan gastos que no se ajustan a la ley, el interventor pone un “reparo”. El reparo se levanta por medio de un decreto que firma el alcalde. Habitualmente ni se molestan en motivarlos y son de copia y pega. En un ayuntamiento mediano el número de “reparos” que se levantan en una legislatura puede llegar a varios centenares. Estos “reparos” se comunican al Tribunal de Cuentas, donde llegan por decenas de miles. Nunca ocurre nada.

De todos modos, siempre es mejor que los informes estén a favor. Para eso se contrata como personal laboral a asesores externos. Si tu arquitecto o tu aparejador es demasiado escrupuloso con la legalidad, siempre habrá otro al que se contrate a dedo y al que no le importe decir que hay un pantano donde se eleva un monte. Los funcionarios con oposición están aislados en despachos a los que no llega ni un triste expediente, mientras los contratados informan positivamente todo lo que se les pone en las manos. Lo mismo ocurre con interventores y secretarios.

Es necesario hablar de las políticas de contratación de personal que son el verdadero soporte del sistema. El poder se encarga de quitarle importancia a estos asuntos. Se ven como algo disculpable, algo que está en la naturaleza humana. “¿Acaso tú no enchufarías a tu hermano si está en paro? ¿Quién no lo haría?”, vienen a decir. La realidad, desgraciadamente, es menos amable. Los puestos de trabajo valen dinero. El más cotizado es el de funcionario. Pongamos que enchufamos de auxiliar administrativo a un chaval de 27 años. Cobrará 21.000 euros al año durante 40 años hasta su jubilación. Eso, con aumentos y trienios, supone que a lo largo de su vida ganará cerca de un millón de euros. ¿Y alguien regala un millón de euros? Ese valor hay que compensarlo: tiene un precio. Por eso es tan habitual ver en los ayuntamientos a los hijos balas perdidas de los empresarios locales. Aquellos tarambanas que no fueron capaces de otra cosa encuentran su acomodo en la administración previo pago de las aportaciones que sean necesarias. También influye el tamaño de la unidad familiar. Enchufar a un chaval soltero garantiza un voto: el suyo. Enchufar a uno con pareja, con padres y hermanos ambos cónyuges garantiza más de una decena. Puede parecer banal, pero no lo es: todo se estudia, todo se cuida.

Se puede afirmar que no hay ni un solo puesto de trabajo que dependa de las administraciones locales pequeñas y medianas que no se dé de modo arbitrario. Ni uno. La inexistencia de control es total. Los exámenes o las preguntas se le proporcionan al premiado. Por si acaso aún así falla (no se trata precisamente de lumbreras) se deja para el final una entrevista en la que se le valora subjetivamente. Previamente se han adecuado los méritos a su perfil. Los puestos de trabajo se cuidan de igual modo que la compra de grapadoras. Todo debe recaer en alguien “del pueblo”. Desde un humilde contrato de dos meses para abrir la caseta de turismo, hasta un arquitecto contratado. Cada puesto tiene un precio y un coste. Por la caseta de turismo quizá solo se exija subordinación y fidelidad. Por ser arquitecto, bastante más. Cada ayuntamiento tiene a una cuadrilla de funcionarios, siempre los mismos, que se encargan de valorar todas las oposiciones del año. Este negociete apenas conocido puede reportar de 250 a 300 euros por cada examen. Al cabo del año la cifra no es desdeñable y supone un buen sobresueldo por colaborar con tus jefes corruptos.

En los últimos tiempos, con la caída de la oferta de plazas de funcionario, se ha generalizado otro modo de hacer fijos a los contratados laborales. Los ayuntamientos encadenan más de tres contrataciones parciales consecutivas para la misma función con lo que, si el trabajador denuncia, la ley obliga a hacerle un contrato fijo. Así, este empieza a ser el modo habitual de “contratación” y los ayuntamientos están en pleitos permanentes que pierden una y otra vez, pagando indemnizaciones a los enchufados que les han “denunciado” y sosteniendo, de paso, a los bufetes de abogados amigos que hacen su agosto por perder juicio tras juicio. En el colmo de la desfachatez el ayuntamiento encarga trabajos (por ejemplo, informes de arquitectura) a los mismos trabajadores que “ha despedido” y le “han denunciado” y con los que todavía está pleiteando. El trabajador temporal cobra sus informes mientras “está despedido”; recibirá más adelante la indemnización; será readmitido como fijo; y los abogados amigos pasarán sus minutas. Todo el mundo gana.

Con el tiempo, si una fuerza política es hegemónica, la diversidad ideológica de los funcionarios desaparece y el ayuntamiento se divide entre los directamente cómplices de la arbitrariedad y los que prefieren tomar un perfil plano, lo más invisible que se pueda para no meterse en líos. Los escasos héroes que se enfrentan al sistema padecen un acoso salvaje. Así se entiende por qué no hay controles sobre lo que surten los proveedores amigos. Los trabajadores que hacen de lacayos cada día informan favorablemente facturas falsas, otras desorbitadas u otras con conceptos falsos que ocultan el verdadero gasto. Si los suministros tienen calidades pésimas y se rompen, no importa, ya se comprarán más. Los funcionarios honrados se asombran de que los cartuchos de tinta de la fotocopiadora se agoten en dos días. Los que se encargan de su compra saben que la obsolescencia forma parte del negocio. Los trabajadores públicos colocados a dedo por el poder son el engranaje necesario para que el flujo del dinero corra. El enchufismo no es una solidaridad mal entendida. No: se trata de una organización en la que el nepotismo y la arbitrariedad en la contratación de personal son imprescindibles para el saqueo generalizado del dinero público.

¿Por qué pierden todos?

La población sabe esto. Los votantes, mal que bien, lo saben. Pero han aceptado la justificación del poder según la cual, al fin y al cabo, las irregularidades sirven para que hasta el último euro recale “en el pueblo”. De hacer las cosas legalmente, quién sabe, entrarían trabajadores de otros lugares o las obras las acometerían empresas foráneas. Piensan, al fin, que tal estado de cosas es necesario. Que sin él las cosas irían peor. Y si bien es cierto que algunos se benefician mucho más que otros, así es como el dinero fluye.

Sin embargo, las cosas no son así y ésta es únicamente la justificación que los corruptos han hecho crecer en una población resignada. Voy a poner un ejemplo muy gráfico: dos pueblos celebran los carnavales. En el primero, el concurso de disfraces es justo y gana el mejor. Grupos de todas partes, algunos multitudinarios, participan. Compiten charangas enormes y espectaculares. Las calles se atestan de visitantes y el comercio y la hostelería lo agradecen. En el segundo pueblo, el jurado cuida de que los premios recaigan en los grupos locales. Los foráneos dejan de acudir. El nivel cae y con los años el desfile se convierte en un paseo de algunos tipos con disfraces comprados en los chinos por calles semidesiertas.

Esto mismo puede aplicarse a todo: a la industria y al comercio. Los adalides de la libre competencia sostienen un sistema en el que algunos privilegiados no necesitan competir y juegan con cartas marcadas. Los nuevos proyectos no pueden enfrentarse exitosamente a empresas que reciben el flujo constante de las inversiones públicas por hacer un trabajo más caro y peor. El nivel general baja. La usurpación de todos los puestos de trabajo por parte de incapaces penetra en la subcultura dominante del lugar (el meme) acentuando la idea de que son sólo los mediocres los que prosperan. El talento huye. Las buenas ideas son incapaces de crecer. El hecho de que el mérito no sea un factor para contratar a las personas con responsabilidades hace que las personas de mérito emigren. Todo se contamina: si los profesores de las escuelas municipales son unos lerdos, ¿qué aprenderán los alumnos? ¿Qué cultura puede crearse en la base cuando la gestionan desde arriba los incultos? Las constantes vitales bajan. Se crean menos cosas y son peores. Hay menos músicos, menos actores, menos emprendedores de cualquier cosa. La sociedad civil se degrada, pierde vitalidad, el talento solo emerge fuera. Se crean distinciones para honrar a los exitosos exiliados y poder vivir durante un día en la ensoñación de que forman parte del cuerpo social que los exilió.

El lugar se anquilosa, se revela incapaz de ser polo de atracción por nada. Gobernado por una mafia que se rige únicamente por una lógica de comisiones cortoplacista mira como si fueran marcianos a otros lugares que innovan, ya en el urbanismo, en la energía o en los servicios. Si el concejal de medio rural escribe “violojía”, ¿promoverá la agricultura biológica? El comercio y la industria agonizan, la población decrece, los ingresos por impuestos menguan, el flujo de dinero disminuye, con lo que cada vez es menos lo que llega fuera del círculo de poder. La espiral de degradación se acentúa entonces, cada vez más y más.

Lector, ¿conoce algún lugar así?


* Diagonal - Jorge Armesto - 20.5.15
Foto: Plan E - Uribe Kosta

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El urbanismo chino está transformando las ciudades africanas

El paso de China a primera potencia económica del planeta también se está reflejando, lamentablemente, en su influencia en un urbanismo vulgar y exagerado. Cada vez más internacionalizado el país, está exportando su forma de construir, mediocre y barata, hasta el mismo corazón de África, un continente en expansión urbana que necesita que las obras se hagan rápidamente y a precios asequibles para la población. Esto va a originar a medio plazo una debacle en las nuevas macrociudades africanas que perderán sus señas de identidad sin contar además con una industria que apoye el crecimiento futuro. Si en Latinoamérica parece que fue EEUU el que marcó las pautas del caos en la ordenación urbanística, en África va a ser China quien ocupe este lugar.
"JUSTIN ZHUANG* : La fábrica del mundo tiene una nueva exportación: el urbanismo. Más y más edificios, infraestructuras y distritos ideados por compañías chinas brotan a través de África, cambiándole el rostro a las ciudades del continente.
O eso al menos asegura el estudio de investigación holandés Go West Project, el cual ha estado rastreando este fenómeno para su proyecto en curso sobre, precisamente, la exportación a África del modelo urbano de China. Desde 2012, el grupo integrado por el arquitecto Daan Roggeveen y el periodista holandés Michiel Hulshof, ha visitado seis ciudades africanas para investigar al respecto. Asimismo, Roggeveen y Hulshof recientemente lanzaron su reporte preliminar en una edición de Urban China, una revista que se enfoca en el desarrollo urbano del gigante asiático.

Según la investigación del dúo, el crecimiento económico y político de China lo ha convertido en un jugador relevante en el desarrollo del continente: no sólo es el socio económico más grande de África, sino que su inversión a través de la diplomacia (ofrecimiento de edificios, autopistas, trenes, plantas energéticas y otras infraestructuras) lo ha transformado en una poderosa alternativa a la ayuda occidental que se orienta hacia la reducción de la pobreza.

Esto ha permitido a las compañías chinas invertir y construir una gran cantidad de nuevos proyectos en ciudades africanas, desde las oficinas centrales de la Unión Africana en Addis Ababa (Etiopía) hasta la Zona de Libre Comercio de Lekki en Lagos, Nigeria.

Mientras que muchos africanos aprecian este desarrollo tan necesario, no está exenta de problemas, advierte Roggeven. Muchos proyectos fallan al relacionarse con el contexto local, tal como los Departamentos Gran Muralla ('Great Wall Apartments'), un proyecto ya en construcción ubicado en Nairobi (Kenia) que consta de bloques residenciales que lucen exactamente iguales que las viviendas que se encuentran en toda China. A través de entrevistas con los habitantes y periodistas de cada ciudad, el equipo considera también que el modelo del urbanismo chino presenta un paradoja para su gente.

"Por una parte, China es capaz de entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, e impulsa el desarrollo urbano. Y en la otra, las compañías chinas son capaces de socavar a todos los demás competidores, incluyendo a los locales", explica Roggeven. "Esto significa que las compañías africanas son incapaces de competir. Esto lleva a la pérdida de empresas y puestos de trabajo, no sólo en la construcción, sino también en empleos de bajo nivel, como vendedores ambulantes y trabajadores de la construcción locales".

Y el impacto del desarrollo chino en África se está volviendo aún más grande: mientras las compañías chinas solían originalmente estar involucradas en el rubro de la construcción, Go West descubrió que tienen una creciente importancia en las transformaciones reales de la ciudad contemporánea africana.

"Cada vez son más los chinos que se están involucrando en la cadena productiva, mientras también diseñan e incluso invierten en proyectos inmobiliarios. Muy a menudo, estas intervenciones no están alineadas con el contexto local, sino más bien planeadas desde arriba hacia abajo", dice Roggeven. "Construir un edificio es una cosa, pero el iniciar el edificio y su diseño es decisivo en cómo una ciudad se desarrolla".

Sin embargo, no hay un único sendero para el desarrollo chino en África: la segunda economía del mundo no sólo se enfrenta a la competencia de oficinas de otros países en fuerte desarrollo, como India, Brasil y Turquía, sino que su influencia también se frena por la fuerza política y económica de cada país africano. Roggeveen y Hulshof toman en cuenta que las inversiones chinas han sido capaces de llevarse a cabo principalmente en países menos democráticos y con mayor concentración del poder político.

Pero aún cuando la influencia china en las ciudades africanas crece, Roggeven está esperanzado en que tales desarrollos se volverán más sensibles a las necesidades del continente.

"Parece que la manera china de operación cambiará a través del tiempo para poder conectarse mejor a las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales del contexto local", dice. "Tenemos la conjetura que esto será esencial para que las intervenciones chinas puedan sobrevivir en África en el largo plazo", puntualiza.


* Plataforma Arquitectura - JZ - 14.5.15
Foto: La tercera fase de Apartamentos Gran Muralla está actualmente bajo construcción.- Go West Project

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Las grietas de la ciudad

Como ya se viene repitiendo desde hace tiempo, el fracaso de la ciudad postmoderna es evidente, a pesar de que en ciertos países en vía de expansión, como China o el Golfo, todavía no hayan recorrido el camino para llegar a esta conclusión más avanzada. En las ciudades con más tradición lo indispensable hoy día es la colaboración, la participación de la ciudadanía en la construcción de nuevos espacios, muchas veces considerados residuales en el global urbano. Hay múltiples experiencias de cómo introducirse a través de las grietas que permite el Urbanismo actual, mercantilista y definido por y para unas élites de la sociedad. Y esto también en Madrid y otras ciudades del país.
"EDUARDO MANGADA* : En la ciudad construida “los espacios infrautilizados son las grietas por donde se cuelan las ansias de libertad y la posibilidad de repensar la ciudad desde sus usos y gestión“ (David Estal). Construir sobre lo construido, hacer ciudad en la ciudad, puede ser el anuncio de un nuevo paradigma que venga a renovar el discurso urbanístico, pero que puede banalizarse a fuerza de repetirlo y tornarse vacuo si no somos capaces de plasmarlo en intervenciones concretas en el tejido urbano.

En un entendimiento de la ciudad como un espacio consolidado, hay que descubrir los vacíos, los espacios y edificios infrautilizados o abandonados, grandes o pequeños, intersticiales o de borde, asumiéndolos como una gran ocasión, como oportunidades para asentar en ellos nuevos usos y nuevas formas de gestión capaces de revitalizar y completar la ciudad existente, física y socialmente. Espacios y edificios sobre los que los colectivos ciudadanos de todo tipo proyectarán una nueva forma de ciudad, menos predeterminada por las normas urbanísticas al uso. Más espontánea, cambiante, aleatoria, efímera o permanente. La holandesa Eva de Klerk exhorta a los poderes públicos con las palabras siguientes: “Abranse a lo inesperado: provéanlos de espacios libres y zonas de experimentación, de lugares donde ellos mismos planten las semillas de nuevas formas de hacer, denles la oportunidad de pensar e improvisar modos diferentes de hacer la ciudad como ellos mismos la entienden, anímenlos a explorar alternativas y tengan el valor de confiar en ellos. Perder el miedo a dejar de lado normas y modelos superados, confiando en el valor de la libertad, abre una nueva perspectiva de futuro para nuestra ciudad”. La americana Danya Sherman los anima a dejar que los ciudadanos se tomen “el permiso para tener una visión propia de la ciudad, soñar a lo grande y aprender a comprometerse”.

No se trata de anular un proyecto de ciudad desde el planeamiento urbanístico formulado por los responsables políticos, con la real y eficaz participación ciudadana, sino de abrir nuevos caminos para la construcción y gestión de la ciudad. Transformar la repetida invocación de la participación en organismos de colaboración, en un partenariado público-ciudadano. Aprender en este proceso, mantenido en el tiempo y en distintas circunstancias, que “la planificación urbana no es tan importante como saber escuchar, facilitar y colaborar” con los ciudadanos. Será necesario dotar a los responsables públicos de un fonendoscopio para auscultar e interpretar con inteligencia y cariño los latidos del corazón de la ciudad.

Más allá de los equipamientos y de las actividades regladas, florecerán en nuestras ciudades nuevas formas de ocupar el espacio, nuevos usos, nuevas expresiones de vida colectiva nacidas de las demandas, las iniciativas y las aspiraciones ciudadanas. Iniciativas en gran medida autogestionadas de forma responsable que piden ser acogidas y apoyadas por el propio ayuntamiento. Una colaboración que exige una mutua lealtad. Superar la hipertrofia de la “ciudad oficial”.

En Madrid, como en otras muchas ciudades, ya existen experiencias exitosas sobre espacios y edificios okupados o cedidos. Abramos los ojos, destapemos los oídos y descubriremos en nuestras calles muchos espacios expectantes disponibles para albergar proyectos ciudadanos ilusionantes y factibles. Incorporémonos al “Paseo de Jane” para gozar de una mirada colectiva.

A la espera de nuevos descubrimientos y nuevas aventuras urbanas, existen ya muchas iniciativas que esperan la ocasión y complicidad del ayuntamiento para manifestarse y consolidarse. Como ejemplo, pensemos en la gran oportunidad que brinda el mercado de Legazpi. Un magnífico edificio de titularidad municipal, vacante casi en su totalidad y sin un proyecto institucional conocido, enclavado en Arganzuela. Un distrito en el que se ha consolidado en un acelerado proceso, un proyecto ciudadano en el que se han integrado asociaciones vecinales y otros colectivos y que ha venido a denominarse Espacio Vecinal Arganzuela (EVA). Una solvente entidad capaz de promover y gestionar múltiples actividades lúdicas, culturales, cívicas, etc. Capaz de formular cara al futuro un programa pormenorizado que necesita un espacio de acogida para hacerse realidad. Con esta base sólida EVA solicitó al Ayuntamiento hace unos meses la cesión parcial o total, temporal o permanente, del antiguo Mercado de Frutas y Verduras. Una solicitud despreciada por el ayuntamiento que, tras un largo y ominoso silencio, hizo público la tramitación de un convenio con un operador inmobiliario al que se pretende otorgar una concesión de uso para la instalación de un complejo turístico-gastronómico y supuestamente deportivo, ajeno a las demandas y aspiraciones de los vecinos pero rentable para los promotores privados. En todo caso, de dudosa rentabilidad para la ciudad. Una iniciativa comercial que viene a reforzar la triste tendencia, amparada por los actuales munícipes, para convertir Madrid en un parque temático turístico, hotelero y de compras.

La colaboración del ayuntamiento con los colectivos ciudadanos, aprovechando su capacidad de autogestión, puede facilitar la aparición de una red de nuevos equipamientos sociales, múltiples y diversos, que enriquezcan la ciudad y potencien la responsabilidad cívica de los vecinos de Madrid. Sintiéndolos suyos desde su gestación a su administración serán los propios ciudadanos quienes se responsabilicen de su propio mantenimiento y vitalidad.

Ahora que se abre en España un nuevo paisaje político e institucional, configurado en gran medida por unos ayuntamientos renovados, nacidos y sustentados por un potente y diverso movimiento ciudadano, hijos del ya mítico 15M, es posible esperar que este renacer civil se manifieste en una eclosión de nuevos espacios colectivos, espacios comunes.

* Eduardo Mangada | Arquitecto y socio del Club de Debates Urbanos

* Nueva Tribuna - EM - 10.5.15
Foto: Urbanismo, huertos - nuevatribuna

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Inmatriculada corrupción

Ya se ha comentado en este Blog la labor de rapiña que ha estado haciendo la Iglesia Católica con miles de bienes patrimoniales al inmatricularlos en el Registro como de su propiedad, cuando nada hay más lejos de esta circunstancia ya que se trata de bienes públicos del Estado cuyos dueños son todos los ciudadanos españoles. El asunto ha pasado de puntillas en los medios cómplices de comunicación y, por supuesto, ni la justicia ni el gobierno se han atrevido a decir nada, presos de su propia corrupción. Precisamente fue el católico gobierno de Aznar el que aprobó en 1998 el Reglamento hipotecario a fin de permitir a la Iglesia registrar a su nombre templos de culto y otros espacios públicos: el mayor expolio monumental realizado en el país hasta el momento.
"ANTONIO MANUEL* : No merece llamarse democracia el sistema político que no democratiza su sistema económico. Que no socializa toda su riqueza mediante una fiscalidad universal y progresiva. Que ampara exenciones injustas y paraísos fiscales dentro de su propio Estado. Todos somos ciudadanos porque todos estamos sujetos al deber de declarar y tributar, pagando más quien más tenga. Ése fue el grito de los revolucionarios norteamericanos contra los colonizadores británicos: “no taxation without representation”. Y por la misma razón murió el feudalismo en Francia, arrastrando su caída a media Europa, cuando las asambleas populares votaron la abolición de los privilegios de la nobleza y el clero. Desgraciadamente, esta revolución siempre fue abortada en España por quienes nos mantienen anclados en la eterna Edad Media de su escudo: la cruz y la corona.

En pleno siglo XXI, Iglesia y Estado siguen siendo dos hermanas siamesas cosidas por el bolsillo. Y a cada intento político de separación para incorporarnos a la modernidad, sobreviene una reacción visceral por puro instinto de supervivencia.

El pueblo siempre supo que esta dependencia parasitaria era culpable de sus males. Pero necesitaban de los ilustrados para elevar su voz y denunciar razonadamente lo obvio. En el Informe reservado de 1787, el conde de Floridablanca alertó del triple fraude a las arcas públicas ocasionado por los inmuebles en las “manos muertas” de la Iglesia: no pagan impuestos, privan de su aprovechamiento a quienes de verdad los necesitan, y su conservación corre de cuenta del Estado. A pesar de la estrategia moderada de Camponanes o Jovellanos respecto a los bienes eclesiásticos, el Rey rechazó sus informes y la Inquisición los condenó por diabólicos. Las sístoles y diástoles del siglo XIX trajeron dos grandes e insuficientes desamortizaciones. La vanguardista ley republicana intentó equipararnos al resto de Estados europeos, pero la Iglesia no tardó en pasear bajo palio al caudillo por la gracia de dios que le devolvió su régimen de privilegio. El Concilio Vaticano II consiguió que muchos cristianos rompieran con su jerarquía, compartiendo trinchera con las fuerzas democráticas en la transición. Lo que no podíamos imaginar, ni en la peor de nuestras pesadillas, es que precisamente ahora la Iglesia perpetrara el mayor expolio de la historia de España. Ilegítimo, inmoral, injusto, inconstitucional, antidemocrático. Y consentido.

No obedece a la casualidad que Aznar aprobara en 1998 dos reformas para desmantelar el patrimonio público: una, de la ley de suelo en favor de bancos y promotores; otra, del reglamento hipotecario a favor de la jerarquía católica. De la primera conocemos las consecuencias y los culpables. De la segunda, no nos dejan saber. La coartada fue abrir las puertas del Registro a los templos de culto, hasta entonces públicos como las calles o las plazas. Al carecer en la mayoría de los casos de títulos de propiedad, la Iglesia se sirvió para inscribirlos de dos normas franquistas e inconstitucionales que la equiparaban con una administración pública y a sus obispos con notarios. De esta forma, sin papeles ni rendir cuentas a nadie, la jerarquía católica comenzó a inmatricular bienes religiosos en buen estado de conservación o recién restaurados con el dinero de todos. Después se apropió de los que pertenecían a sus propias órdenes o hermandades. Y por último, con evidente abuso de derecho, de patrimonios mundiales, no religiosos o que jamás habían poseído: desde la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, hasta plazas públicas y locales comerciales, pasando por solares, viviendas, cocheras, quioscos… y cualquier finca que no estuviera a nombre de nadie. Todo menos las iglesias en ruinas, todavía públicas. Y sin declarar ni pagar impuestos por ellos, ni por los ingresos que generan: sólo la Mezquita de Córdoba, más 12 de millones de euros.

Nadie conoce la magnitud del escándalo y las secuelas que producirá en el futuro este empoderamiento sin precedentes de la jerarquía católica. El gobierno se niega a facilitar la lista de los miles de bienes usurpados, consciente de la crisis de Estado que le supondría abrir la caja de Pandora. La presión de las plataformas ha conseguido que el Partido Popular derogue el privilegio, pero sin efectos retroactivos. Las miles de inmatriculaciones siguen siendo tan inconstitucionales como antes. Sólo que no hay una fuerza política que esté a la altura de la Historia y se atreva a impugnarlas, dada la indefensión en las que nos deja a la ciudadanía.

No se trata de un debate religioso, sino patrimonial y de defensa de lo público. Mientras la crisis sirve de coartada para despedir a médicos y maestros, la Iglesia abre hospitales, colegios y universidades sobre el suelo que ha usurpado y por el que no tributa. Nadie cuestiona su labor asistencial, pero la garantía del Estado social no se encuentra en la caridad porque no es un derecho ni se invoca en tribunales. Como decía Eduardo Galeano, “la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”. Simplemente queremos que nos devuelvan lo que es nuestro y paguen por lo que es suyo. Que se sometan a la misma transparencia que la Corona, partidos y sindicatos. Que desparezca este paraíso fiscal, en palabras del Magistrado Manglano, cuantificado en miles de millones: “No entiendo qué tiene que ver la labor social y la libertad religiosa con que no paguen como en el resto de Europa”. En definitiva, que se investigue y condene esta “inmatriculada corrupción”. Porque como dice el propio Papa Francisco: “La corrupción es sucia y la sociedad corrupta apesta. Un ciudadano que deja que le invada la corrupción no es cristiano, ¡apesta!”


* La Marea - AM - 29.4.15
Foto: Sevilla, catedral - JMB

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Guardianes espaciales de los derechos humanos: cuando los satélites son los únicos testigos de la destrucción

La tecnología actual sigue avanzando y gracias a los satélites espaciales es posible un control exhaustivo de la Ordenación Territorial, con las enormes aplicaciones que puede tener para localizar las agresiones al medio ambiente y al urbanismo delictivo. Además tienen otras funciones, cuando ni siquiera periodistas y defensores de los derechos humanos pueden acceder a territorios en conflicto, la indefensión de quienes viven en esos lugares es máxima. Por eso muchas organizaciones utilizan satélites para obtener imágenes. A cientos de kilómetros de altitud, estos vigilantes tecnológicos se convierten en testigos de masacres, bombardeos y destrucción.
"LUCÍA EL ASRI* : Están a cientos de kilómetros de altitud y son capaces de ver que ayer, anteayer o hace un mes, los bombardeos indiscriminados de Bashar Al Assad destruyeron varias regiones de Siria. También que miles de seres humanos que hace días abandonaban sus casas huyendo de la guerra se encuentran ahora en territorio seguro. Son satélites que en los últimos tiempos se están convirtiendo, casi, en los únicos testigos de la destrucción que se cierne sobre algunos rincones del planeta.

A principios de enero, Amnistía Internacional recibió información sobre ataques masivos de Boko Haram en la ciudad de Baga, al noreste de Nigeria. Según explica a HojaDeRouter.com Christopher Olof, uno de sus activistas, no hay ni periodistas ni investigadores de derechos humanos capaces de acceder a la zona y algunas de las infraestructuras de telecomunicaciones han sido destruidas.

“Los medios de comunicación apenas publicaron información porque era escasa”, dice. La ONG, sin embargo, fue capaz de despejar las dudas gracias a dos imágenes satélite de los momentos inmediatamente anterior y posterior al ataque. Con ellas pudieron comprobar que cerca de 3.700 estructuras habían sido dañadas o destruidas. Su posterior análisis “ arrojó luz sobre un crimen que, de otra forma, habría pasado inadvertido”.

No es la única organización que utilizan las imágenes. Son numerosas las que necesitan observarlas y analizarlas para obtener acceso, aunque sea visual y en la distancia, a aquellos lugares donde sus trabajadores no pueden estar físicamente por cuestiones de seguridad, como suele ocurrir con las regiones en conflicto.

Explica Olof que también sirven para realizar evaluaciones detalladas y sistemáticas de un área específica donde encontrar, por ejemplo, centros de detención secretos, demoliciones generalizadas de viviendas o desplazamientos forzados.

Human Rights Watch también ha utilizado la información de estas herramientas para, entre otras cosas, calcular el uso indiscriminado de bombas que el régimen sirio ha utilizado en Alepo y Daraa (Siria), ver las decenas de miles de casas que han sido destruidas en el país, localizar fosas comunes y el lugar de ejecución de cientos de soldados iraquíes asesinados por el Estado Islámico el pasado junio en Tikrit, documentar la destrucción de pueblos en Sudán o en Burma e incluso en Turquía o identificar a los sirios atrapados en un campo de minas cercano a la ciudad de Kobane.

Esta organización realiza investigaciones en más de noventa países de todo el mundo entrevistando a activistas locales, autoridades, supervivientes y testigos de importantes violaciones de los derechos humanos, y apoya su trabajo con los datos proporcionados por estos satélites. Con ellos no solo certifican masacres perpetradas en un determinado lugar, sino que también pueden, por ejemplo, planificar nuevas misiones comprobando si sus investigadores tendrán acceso a trabajar sobre el terreno.

“Fue así como conseguimos identificar más de treinta pueblos en República Centroafricana donde la mayoría de los hogares habían sido quemados durante 2013. Era una situación que hasta el momento no había sido documentada por los medios de comunicación y que tanto la ONU como Cruz Roja desconocían”, explica Josh Lyons, uno de los investigadores de HRW. Gracias a los satélites, la organización pudo confeccionar mapas y algunos de sus activistas viajaron hasta los pueblos para encontrar supervivientes, documentar los ataques e investigar a los responsables.

Habitualmente, dice Lyons, las imágenes obtenidas por satélite ayudan a encontrar evidencias que apoyan lo que un testigo ha dicho sobre un incidente en particular. “Buscamos pistas en esas imágenes que coincidan con los testimonios”, y que a veces también sirven para demostrar qué imágenes – de todas las que consiguen llegar por las redes sociales desde zonas de conflicto y que han sido tomadas con ‘smartphones’ - son reales.

Capaces de superar obstáculos

Los satélites que toman estas imágenes suelen ópticos o de radar, y son capaces de rastrear millones de kilómetros cuadrados por día. Por ejemplo, el GeoEye-1 de DigitalGlobe, uno de los mayores proveedores de imágenes satelitales, que actualmente tiene cuatro en funcionamiento, recoge información de más de 350.000 kilómetros cuadrados cada jornada, con un margen de error de menos de cinco metros. Mientras tanto, el WorldView-1, también de DigitalGlobe, recoge hasta 1,3 millones de kilómetros cuadrados diarios.

Los satélites ópticos tienen incorporadas cámaras bastante potentes, con mucho 'zoom', y a diferencia de las cámaras normales, “no sólo captan la radiación del color rojo, verde y azul, sino que también recogen aspectos que no son del espectro visible, como pueden ser las frecuencias de infrarrojos”, explica Mateo Burgos, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Algunos de esos infrarrojos son sensibles a la vegetación y pueden utilizarse para ver cómo los bosques crecen, o cómo han variado las cosechas. Otros pueden medir el calor y captan zonas brillantes donde hay focos como consecuencia de incendios o explosiones.

Este tipo de satélites necesitan la luz del día para poder tomar sus imágenes. Sin embargo, los satélites con radar son capaces de tomar imágenes de noche y de día, y pueden ver incluso superando obstáculos como la niebla o las nubes. “Son capaces de atravesar esos obstáculos e incluso pueden ver cosas enterradas en el suelo, a escasa distancia de la superficie”, explica Burgos. De ahí que se haya estudiado su aplicación para la detección de minas antipersona.

Barreras en el camino

Las imágenes que toman estos satélites tienen que ser interpretadas por analistas humanos. En este sentido, los ópticos juegan con ventaja, ya que las imánges que obtienen son muy similares a las que nuestros ojos están acostumbrados. Las que se toman con radar son más díficiles de analizar, no tienen color y si lo tienen no suele corresponderse con el real.

Por eso necesitan de un proceso muy complejo para ser entendidas e interpretadas, y aunque las imágenes son realmente de ayuda en muchas ocasiones, “es difícil confirmar una masacre utilizando sólo imágenes satélite”. Eso hace que, en la medida de lo posible, intenten contrastarlas con datos recogidos desde el terreno, nos explica Micah Farfour, analista en DigitalGlobe.

Por otra parte, estos satélites circulan de un polo a otro, dando vueltas, y siguiendo habitualmente una órbita concreta. En ese camino van tomando las fotos, y a cada vuelta que dan se desplazan un poco en la órbita para no pasar siempre por el mismo sitio. Por eso el tiempo que tarda en visitar de nuevo los lugares por los que pasó ayer es más o menos largo (puede tardar varios días), lo que hace difícil conseguir información detallada y al minuto de cada lugar.

Aunque hoy no podamos saber que acaban de bombardear una ciudad en Iraq, sí podremos saberlo mañana. Al fin y al cabo, “ si han masacrado un lugar, cuando el satélite vuelva a pasar verá las casas destruidas, verá que algo ha cambiado, verá el recorrido que ha hecho un grupo de personas que huye de sus países en guerra”, afirma Burgos.

España también controla, a través del Ministerio de Defensa, dos satélites de este tipo: el Paz (radar) y el Ingenio (óptico). El primero tiene un tiempo de revisita de un día, es bastante rápido y puede colaborar con otros satélites para que esa visita se realice, por ejemplo, cada 12 horas.

Prueba ante un tribunal

Este tipo de información visual se ha utilizado en varias ocasiones como prueba en tribunales, en la Corte Penal Internacional y hasta en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). “Por ejemplo, la aplicación en 2008 de una orden de arresto contra Omar Al-Bashir, presidente de Sudán, se hizo gracias al uso de imágenes de satélite que demostraban la destrucción de aldeas en Darfur”, explica Olof.

También son utilizadas en investigaciones independientes que, a menudo, influyen en procesos judiciales. Así se han utilizado para investigar el conflicto entre Rusia y Georgia o las violaciones de derechos humanos en las cárceles secretas de Corea del Norte.

Desgraciadamente, la tecnología aún plantea muchas limitaciones. El principal reto a la hora de utilizar estas imágenes en un contexto legal es el análisis e interpretación exahustivos que requieren. Un tribunal podría no aceptarlas como prueba si lo que muestran no es muy evidente.

Al fin y al cabo, como explica Burgos, son imágenes digitales tomadas a cientos de kilómetros de distancia (por ejemplo, el GeoEye-1 está a 681 kilómetros de altitud). "El tamaño del píxel es muy gordo, y físicamente hablamos del orden de dos por dos metros cada uno”. Por eso ver cosas pequeñas, como personas, es realmente difícil. Para hacer frente a este problema, se está empezando a investigar con aviones no tripulados equipados con sensores que actúan de forma similar a los satélites.

En cualquier caso, estas imágenes satelitales proporcionan “una evidencia irrefutable y casi de carácter científico” de que se está produciendo una violación de los derechos humanos, afirma Olof. Las imágenes son poderosas y ayudan, añade, a movilizar a los ciudadanos. Lyons recuerda que esta debe ser una herramienta más para la denuncia, no la única, e insiste en que los defensores de los derechos humanos deben volver, siempre que sea posible, a andar sobre el terreno. La defensa de esos derechos ni puede ni debe reducirse a la tecnología.


* El Diario - Lucía El Asri - 21.4.15
Foto: No hay periodistas ni investigadores de derechos humanos capaces de acceder a una zona como Baga (Nigeria)- digitalglobe

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No es corrupción: son los bonus de España SA

Según los últimos estudios y encuestas, España es ya un país conocido en casi todo el mundo por la corrupción, pero no existen casos tan espectaculares como fue el caso Marbella, por ejemplo, hay que hablar más de una corrupción estructural que se parece cada vez más a un sistema de incentivos como el que usan las grandes empresas con sus ejecutivos. Así los sobresueldos existentes en realidad son primas, las mordidas por otorgar contratos públicos son comisiones por ventas, las cuentas en Suiza o Andorra, stock options, etc, etc.
"ISAAC ROSA* : No lo llames corrupción: llámalo retribución variable. Bonus. Incentivos. Primas. Durante décadas la democracia española ha funcionado como una empresa. Como una gran empresa. España SA. Otro día hablamos de quiénes son sus propietarios, hoy solo me fijaré en sus directivos.

Todo este goteo interminable de casos de sobresueldos, pagos en negro, tarjetas 'black', cuentas en Suiza, comisiones, partidas de formación desviadas, puertas giratorias, gastos de viajes, comidas y hoteles a todo tren… No, no es corrupción estructural. En realidad es un sistema de retribución variable, como el que tantas compañías usan para motivar a sus ejecutivos.

Así que no son corruptos. Son profesionales. Y como tales, recibían su salario pero también todo un catálogo de bonus, complementos, primas. Que ya sabemos que la política está muy mal pagada. Estoy seguro de que quienes hoy son imputados se sienten así: ellos se limitaron a seguir una práctica muy extendida, según la cual el paso por la política admitía ciertos beneficios bajo cuerda. Desde Urdangarin a Rodrigo Rato, pasando por los mil y un corruptos señalados en el último lustro, todos muestran la misma sorpresa cuando les pillan: “¡Pero si yo no he hecho nada malo!”. Y, en efecto, parece que solo se beneficiaron de un sistema de incentivos muy extendido.

Llamemos a las cosas por su nombre, aplicando la neolengua del management: los sobresueldos en realidad son primas. Las mordidas por otorgar contratos públicos son comisiones por ventas. Los trabajillos al filo de la ley de incompatibilidades, bonus por resultados. La financiación ilegal, gastos de representación. Las comisiones por recalificar terrenos o agilizar tramitaciones, una merecida gratificación. Las cuentas en Suiza o Andorra, stock options. Los sillones en los consejos de las antiguas cajas o las tarjetas 'black', pago en especie. Los viajes y hoteles a todo trapo, simples dietas. Un ático en Marbella es un merecido premio por objetivos. Y las puertas giratorias, un sencillo complemento de jubilación, mientras que para expresidentes y reyes abdicados se reserva el premio gordo: el 'paracaídas dorado'.

Así ha funcionado la democracia española mucho tiempo, al menos para una parte de sus directivos. No todos, claro, sigue habiendo gente honrada que pasó por la política y salió con lo mismo que llegó, incluso con menos. Pero conocemos demasiados casos de ministros, diputados, consejeros, concejales y cargos de confianza para los que el servicio público ha sido un buen negocio, mesurable en aumento de ingresos, jugosas ofertas de empleo y crecimiento patrimonial.

Mientras la empresa funcionaba y daba beneficios, todo bien. Alegría, alegría. El país crecía, se urbanizaba, extendía infraestructuras (algunas útiles, muchas otras inútiles), daba músculo a las empresas para salir al exterior, engordaba fortunas, y algo salpicaba a quienes estábamos abajo. No mucho, pero suficiente para hacer la vista gorda, e incluso votar al que ya se sabía corrupto.

Pero cuando entró en números rojos, los empleados y usuarios (pues eso somos nosotros, empleados y usuarios, a ver si alguien se cree accionista o propietario de España SA) empezamos a ver con malos ojos los desmesurados bonus de los directivos más codiciosos. Y hoy sospechamos que hubo mucho más que un generosísimo plan de incentivos: también delitos societarios. Apropiación indebida, estafa y administración desleal. El saqueo de España SA por sus propios directivos.


* El Diario - ir - 23.4.15
Foto: Corrupción - terra.es

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El urbanismo en tiempos de Google: los reyes de internet invaden las ciudades

Las sedes de las grandes empresas que dominan internet se construyen como islas tecnológicas de aparente sostenibilidad, mientras los habitantes de los municipios donde se ubican continúan con su vida sorteando los problemas de tráfico, contaminación y desequilibrio social que provocan. ¿Es compatible su idea de urbanismo individualista con el desarrollo de las ciudades?
"LUCÍA CABALLERO* : Google llegó a Mountain View en 1999 para instalarse como una ‘startup’ más del floreciente Valle del Silicio. Probablemente, pocos paisanos repararon en aquellos primeros 40 trabajadores, acomodados en una oficina corriente. Hoy, los dominios del gigante en el municipio californiano cuentan con unos 80 edificios, entre alquileres y propiedades, que ocupan casi 70.000 metros cuadrados.

Googleplex, este complejo que constituye el cuartel general de la compañía, es un reflejo material de su hegemonía en internet: una isla tecnológica diseñada para satisfacer las necesidades de una comunidad muy particular. Una especie de gueto que “agrava los grandes problemas de la ciudad: la segregación espacial, el desequilibrio social y económico, la falta de relaciones entre personas y el transporte masivo”, explica a HojaDeRouter.com Jon Aguirre, arquitecto de la oficina de innovación urbana Paisaje Transversal.

Sin embargo, para una empresa multimillonaria en constante crecimiento, esto no es suficiente. La compañía dirigida por Larry Page ha anunciado recientemente que quiere ampliar su particular imperio en cuatro de las localizaciones donde ya tiene oficinas.

Google no se anda con nimiedades. Pretende edificar una serie de construcciones en forma de bloque; ligeras y móviles, que abarcarán más de 23.000 metros cuadrados y darán cabida a 10.000 nuevos trabajadores. El diseño del arquitecto danés Bjarke Ingels y la firma londinense Heatherwick Studio aboga por la sostenibilidad: se integrará en el entorno urbano y natural, fomentando la creación de negocios locales. ¿Dejará entonces de ser una isla tecnológica para conectarse con el mundo que le rodea?

“No es una cuestión de que Google proponga una manera de hacer urbanismo, sino de su propuesta y cómo pretende llevarla a cabo”, asegura Aguirre. Las grandes corporaciones, ya hablemos de bancos o tecnológicas, “tienen un papel importante en la construcción de la ciudad, el problema viene cuando no hay un equilibrio”.

Las multinacionales tienden a promover su propia idea de urbe, encauzada a retroalimentar su ya patente liderazgo, sin prestar demasiada atención a los agentes afectados por sus iniciativas. No hace falta cruzar el charco para ver esta realidad. Aguirre pone como ejemplo la ciudad financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte y el Distrito Telefónica en Las Tablas. En contraposición a sus ideas egocéntricas, “el territorio debería edificarse desde la convergencia de la ciudadanía, la administración pública y el sector privado”, señala.

LUCHA DE GIGANTES

El plan de ‘la gran G’ es uno de los muchos que han recibido en el Ayuntamiento de Mountain View, que busca propuestas para desarrollar nuevos proyectos urbanísticos al norte de la autopista 101. Entre los requisitos figura la contribución al desarrollo de la comunidad local, de ahí el sospechoso alarde de sensibilidad social por parte de Google.

Su solicitud tiene que competir con las del resto de gigantes instalados en la localidad por un suelo cada vez más cotizado. Según los informes que las autoridades han hecho públicos, harían falta unos 557 kilómetros cuadrados para dar cabida a todas los proyectos, frente a los 232 que ofrece la administración.

LinkedIn, por su parte, ha planteado la construcción de seis oficinas, acompañadas de un teatro y un club deportivo, todo ello englobado en un proyecto que ha bautizado como Shoreline Commons y que también parece fomentar la integración con la comunidad externa a sus dominios. Paradójicamente, la idea corresponde a los mismos arquitectos que han diseñado la ampliación de Googleplex.

Pertenezcan a quien pertenezcan, las nuevas oficinas contribuirán a empeorar el tráfico en la caótica 101, por donde circulan cada día los autobuses que llevan a los trabajadores de Google al complejo corporativo. La mayoría de sus aproximadamente 15.000 empleados viven fuera de Mountain View. “La zona de la bahía de San Francisco necesita un plan regional para solucionar sus problemas de transporte, del que estas empresas se han desentendido creando redes de movilidad privadas solo para su plantilla”, critica Alexandra Lange, experta en diseño urbano y autora de 'The Dot-Com City: Silicon Valley Urbanism' (La ciudad 'puntocom': el urbanismo de Silicon Valley).

Google y LinkedIn no son las únicas empresas de internet con grandes pretensiones urbanísticas, ni Mountain View el único municipio de lo que conocemos como Silicon Valley en proceso de colonización. Facebook se expande por Menlo Park y Apple también se ha embarcado en la construcción de un nuevo campus en Cupertino, después de que su proyecto fuera aprobado en noviembre del pasado año por las autoridades de la localidad. El diseño del edificio - 260.000 m2 dispuestos en forma de 'donut' y cuatro plantas - ha corrido a cargo del afamado arquitecto Norman Foster.

Los de la manzana mordida presumen de la sostenibilidad de la construcción y de su eficiencia energética, y aseguran que toda la potencia provendrá de fuentes renovables. Según Tim Cook, máximo responsable de la compañía, ocuparán las nuevas oficinas en 2016.

ALIADOS IMPRESCINDIBLES

Hay precedentes de propuestas rechazadas por demasiado ambiciosas, pero ¿qué ayuntamiento querría deshacerse de Facebook, Apple, Google o Linkedin? “Estas empresas pagan grandes impuestos en sus ciudades, así que los gobernantes no quieren disgustarles para que no se marchen”, afirma Lange.

Su poder económico les convierte en “un agente con una fuerte personalidad y capacidad de impacto público, por lo que disfrutan de un trato preferente”, indica Manuel Fernández, investigador y consultor en políticas urbanas. Los complejos donde se instalan sus sedes “tienen una capacidad enorme de modificar la realidad de los espacios que ocupan”.

El alcalde de San Francisco ha querido aprovechar este potencial de cambio con una estrategia diferente: revitalizar el barrio de Mid Market. Allí se ubican desde 2012 las oficinas de Twitter, entre otras ‘startups’, en un intento por convertir una zona desfavorecida en un centro empresarial. Según Fernández, el desarrollo suburbano de Apple y Google convive actualmente con esta otra tendencia: “la vuelta a las ciudades como espacios de actividad económica e industrial”.

Una corriente que también se aprecia en el proyecto Downtown de Las Vegas, donde “las empresas se han trasladado al centro para crear oportunidades de innovación y ‘coworking”, explica el urbanista y escritor Leo Hollis. En 2009, el fundador de Zappos, Tony Shieh, invirtió 200 millones de dólares en propiedades de esta zona para construir lo que, según él, sería “la capital del mundo del coworking”.

Pese a que ambas ideas parecen positivas, Hollis no las ve con buenos ojos. “Es una cuestión de gentrificación”, asevera. Los precios de las viviendas aumentan y “ la innovación puede repeler a la comunidad que existía previamente en esa área”. Para evitarlo, las compañías con sede en San Francisco trabajan para que los habitantes del barrio se sientan integrados, incluso les abren las puertas de sus oficinas una vez a la semana. Fernández cree que su estrategia funciona: “si contribuyen a mejorar su entorno, van a repercutir positivamente en su propia actividad”.

Esa es precisamente una de las funciones del urbanismo: acabar con los desequilibrios sociales. Para ello, deben brindarse oportunidades no solo a las élites intelectuales, sino también a los menos preparados o quienes proceden de entornos con pocas opciones. No obstante, ¿hasta qué punto pueden los gigantes de internet crear puestos de trabajo para personas poco cualificadas?

“El problema es la elitización del empleo”, indica el arquitecto de Paisaje Transversal. Los trabajadores de estas empresas son personas “con recursos, que habrían encontrado un puesto en otro sitio”. Quienes no cumplen los requisitos quedan excluidos. Un fenómeno especialmente acusado en las afueras o suburbios, donde más desigualdades existen, y donde se localizan las aparatosas sedes de las tecnológicas.

Aunque se comienza a percibir cierto interés por la sociedad en que se incluyen, aún no sabemos si Apple, Google, Facebook y compañía podrán contribuir a su bienestar. La solución pasa porque aporten su conocimiento y recursos para “ dar respuesta a las necesidades reales de la ciudad”, afirma Aguirre, y no solo para alimentar las ambiciones de sus directivos. El impacto medioambiental, económico y social que continúan generando no puede salvarse con construcciones megalómanas ni garantías de eficiencia energética.


* El Diario - LC - 6.4.15
Foto: Sede de Google en Mountain View - Robbie Shade

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Urbanismo en Barcelona, fin de ciclo

En lo que llevamos de siglo Barcelona ha pasado de ser considerada referente en cuanto al Urbanismo, con un modelo de ciudad paisajista y de espacios urbanos de calidad, a un "sálvese quien pueda" característico de la nueva urbe neoliberal. Ahora lo que predomina es el capitalismo urbanístico, salvaje y despiadado, en vez del participativo ciudadano. Los nuevos centros financieros y los desarrollos obsoletos con predominio del automóvil son, como en otras ciudades, la moneda común no deseada para la vida social cotidiana. Los cambios urbanísticos por hacer en Barcelona deben ser radicales si se quiere figurar de nuevo a la vanguardia, con ejemplos de activismo participativo y de coordinación territorial.
"JOSEP MARIA MONTANER* : Cataluña había sido reconocida por su urbanismo basado en el proyecto, la resolución de las infraestructuras en relación al entorno, un nuevo paisajismo y unos espacios públicos y parques metropolitanos con obras de arte; con el referente internacional del modelo Barcelona. Esto ya forma parte de un ciclo terminado. La ausencia de obras trascendentes en el territorio durante estos cinco años de recortes y la parálisis en algunas áreas de Barcelona son muestras de este retroceso.

De haber intentado relacionar bien las infraestructuras con la ciudad se ha pasado a tolerar heridas endémicas, como las interminables obras ferroviarias en La Sagrera; y de la limitada presencia de la ciudadanía en este urbanismo ilustrado se ha pasado a que ésta sea una escenografía.

Este urbanismo, tan valorado, era herencia de Ildefons Cerdà y de los hermanos Rubió i Tudurí. Su reformulación arrancó con el Grup R, se tejió en la universidad pública, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en los años setenta con el LUB (el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, de Manuel de Solà-Morales, Joan Busquets y otros), fue activada por las luchas de los movimientos urbanos durante la Transición, y se aplicó, en parte, en el urbanismo impulsado por Oriol Bohigas y su equipo en los años ochenta.

Al final del recorrido se evidencia lo que han dado de sí estos cuatro años de relevo, con el predominio en Barcelona de la falsa vanguardia representada por el Institut for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) y los arquitectos que encabezan Hábitat Urbano y Barcelona Regional: el humo de la smart city, centenares de renders no realizados y varios proyectos fuera de Cataluña.

En este contexto de ciclo que se acaba, lo chocante no es que la CUP de Barcelona dictamine que “en esta ciudad no han gobernado las izquierdas, han gobernado los capitales”, allá cada uno con su esquematismo; lo es que ninguno de los que promovieron la recuperación de la ciudad democrática salga a argumentar y defender las aportaciones del modelo Barcelona. Incluso el maragallismo ha sido apropiado por Esquerra Republicana.

Este fin de ciclo queda señalado por dos exposiciones. Metrópolis Barcelona, en el Disseny Hub, que presenta una acumulación fantástica de datos para fomentar la conciencia de escala metropolitana, pero que ni visibiliza el material humano y social, ni explicita diagnósticos, ni propone estrategias para el Plan Director Urbanístico (PDU). Recordemos el aviso de Byung-Chul Han, la acumulación big data no conlleva ninguna interpretación, “es ciega ante el acontecimiento”. Y Catalunya Ciutats, en las Drassanes, que pretende enlazar con los 100 años de historia tras la labor cívica de la Mancomunitat y no hace más que mostrar la falta de ideas sobre el territorio de la actual Generalitat.

El modelo de ciudad expansionista y empresarial, basada en el control y en el uso del automóvil, está obsoleto. Ha de surgir una ciudad alternativa, de la subjetividad y la diversidad, reclamada e imaginada por los auténticos protagonistas: movimientos urbanos y redes sociales; ecologistas, feministas, activistas y sindicalistas; colectivos, cooperativas y asociaciones; y también los habitantes procedentes de otras latitudes.

En las próximas elecciones municipales cada ciudad podrá decidir si continúa con los viejos modelos, gestionados por una casta alejada de la realidad, que tolera las mafias y la especulación, o si impulsa un nuevo urbanismo en Catalunya, que recapitule, heredando las mejores tradiciones, y que, al unísono, rompa con las inercias y se ponga en sintonía con los tiempos; un nuevo municipalismo basado en la gestión participativa y transparente, pensado para sumar esfuerzos de manera integradora, en el que tomen forma, en el espacio público y el privado, los derechos humanos.

¿Cómo son las ciudades que buscan alternativas a la gestión neoliberal, se basan en la cooperación, afrontan las crisis ecológicas y el exceso de contaminación, y son capaces de ensayar y experimentar? Podemos iniciar una nueva época de coordinación metropolitana y territorial, debatiendo qué se transforma y qué se protege; qué inversiones son prioritarias para el bien común y cuales obedecen a visiones periclitadas e interesadas; por dónde y cómo se puede mejorar el comercio de proximidad y dónde están las áreas de oportunidad para la producción artesanal, industrial y digital. La resignificación del territorio va mucho más allá de los mitos de la movilidad y la información. Tiene que ver con disfrutar de estructuras y servicios urbanos para la vida activa y creativa de las personas en los barrios; el empoderamiento de los múltiples focos sociales de reunión y autoorganización; y también la vibilidad de la memoria.

Este es un reto demasiado importante para nuestro futuro y el de nuestro territorio para dejarlo pasar. No podemos seguir acomodados en la inercia, inmóviles ante las ineficacias dominantes y engañados por el consumismo.

* Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la ETSAB-UPC.

* El País - JM.Montaner - 26.3.15
Foto: Barcelona, contaminación - elpaís

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Las nuevas ciudades de los ricos

El urbanista Bernardo Secchi describe en su obra póstuma cómo el aumento de la desigualdad se percibe en el incremento de las urbanizaciones privadas. Tanto en Brasil como en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Venezuela o en Argentina, obviamente viven los ricos: la gated community es su capital espacial, lo que los distingue del resto de la población. La gated community es la negación de la ciudad, pero se convierte, junto a las favelas y los barrios pobres que inevitablemente las acompañan, en representación espacial de las características de la nueva sociedad y de su política de distinción o, en otros términos, de inclusión/exclusión.
"BERNARDO SECCHI* : A medida que el grupo de los ricos se vuelve, en sentido relativo, más pequeño y la distancia con los pobres aumenta, a las políticas de identificación y reconocimiento se unen las de separación y exclusión. Los ricos barrios residenciales del París de la Tercera República, del Londres victoriano, de la Viena fin de siècle, o del Milán de Beruto eran y son aún bien distintos de una gated community [urbanización privada].

Europa tiene una larga historia de ciudad y en la complejidad del palimpsesto del territorio europeo muchos aspectos de nuestro mundo y de su posible futuro se manifiestan desenfocados, confusos y más difíciles de reconocer. Un viaje a lo largo del continente americano, en el cual la condición social ha tenido siempre un papel menor que en Europa, puede, sin embargo, enseñarnos muchas cosas.

Si desde Canadá nos movemos hacia el sur, a través de Estados Unidos, México, los países de América Central, Brasil y Argentina, nos damos cuenta del progresivo aumento de la frecuencia y de la creciente transformación de las razones y el carácter de las gated communities. Algunas ciudades del Centro y Sudamérica se han convertido en representación clara del resultado de procesos de distinción y de exclusión/inclusión social.

En Brasil, por ejemplo, la compañía americana Alphaville ha construido y está construyendo algunas decenas de condominios fechados de grandes dimensiones, verdaderas y exclusivas ciudades nuevas con una población que puede superar en algún caso los 100.000 habitantes. En Argentina, en el área de Buenos Aires, al comienzo del siglo XX podían contarse cerca de 450 condominios cerrados, cada uno con su propio nombre.

El modelo urbanístico de referencia más frecuente es el del new urbanism nacido en Estados Unidos en los años ochenta y que ya en Peter Calthorpe, su ideólogo y propulsor, se mostraba del todo coherente —excepto en el lenguaje urbano— con la carta fundacional de la arquitectura y del urbanismo del Movimiento Moderno, esto es, con la Carta de Atenas, de la que se hacía una relectura a la luz de criterios estéticos que es inevitable señalar como “populistas”, aunque reconvertidos para clases medias altas. En los años noventa una versión más avanzada del new urbanism se apropia de las nuevas “teorías” ecológicas. Las smart cities estadounidenses, como las Alphaville brasileñas, las utilizan dentro de una gran retórica de marketing en la cual el tema de la seguridad, de una parte, y el de la calidad ambiental, de otra, se vuelven los pilares de la construcción de una nueva sociedad.

En 1996, se estimaba en 10 millones los ciudadanos estadounidenses que vivían en 20.000 gated communities

Dentro de estas ciudades, tanto en Brasil como en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Venezuela o en Argentina, obviamente viven los ricos: la gated community es su capital espacial, lo que los distingue del resto de la población. Entran por cooptación familias e individuos dotados —por usar una vez más las palabras de Pierre Bordieu— de elevado capital económico y/o cultural, y/o social; de rentas elevadas, y/o de elevado nivel de educación y profesionalidad, y/o de una red de relaciones sociales con los más altos grados del poder. Es notorio el caso del rechazo de una gated community argentina a aceptar la candidatura del más famoso futbolista del país.

La cooptación en los diferentes círculos, clubes y asociaciones es, por lo demás, en todo el mundo occidental y hace tiempo, el procedimiento utilizado por las clases superiores para reconocerse y encontrar, directa o indirectamente, adhesión y complicidad. Un procedimiento articulado y complejo que confía en el proyecto educativo de los jóvenes en los rallyes, en la asistencia a determinadas escuelas, en la participación en las fiestas organizadas en los diversos círculos y clubes. Los grupos emergentes que habitan en las gated communities adaptan su propio estilo de vida, su propia renta y su propio estatus al de sus homólogos, ya vivan estos en los beaux quartiers de Nueva York, o en Los Ángeles o en París, o en otras gated communities distribuidas por el mundo. Los pobres, desocupados o que llevan a cabo los trabajos más humildes de manutención y limpieza de las casas, de los jardines, de las calles y de las piscinas del club, viven en favelas o en áreas situadas a menudo en el entorno inmediato de la gated community. La burguesía parisina de la Tercera República construía les chambres de bonne en las buhardillas.

No existen evaluaciones globales —y la cosa no debe extrañar— de los que viven en las gated communities. Edward Blakely y Mary Gail Snyder, en 1996, estimaban en cerca de 10 millones los ciudadanos estadounidenses que vivían en 20.000 gated communities. En 2001, Thomas Sánchez y Robert Lang, con una evaluación más ajustada, contabilizaban en casi siete millones las familias (cerca del 5,9% de las familias estadounidenses) que vivían en comunidades encerradas por muros y en otros cuatro millones las que vivían en comunidades con diversos tipos de control de acceso. En total, en 2001, al menos 16 millones de personas vivían en Estados Unidos, dentro de gated communities.

La gated community es la negación de la ciudad, pero se convierte, junto a las favelas y los barrios pobres que inevitablemente las acompañan, en representación espacial de las características de la nueva sociedad y de su política de distinción o, en otros términos, de inclusión/exclusión. Pero la gated community, como de forma más discreta el círculo, el club o los impenetrables beau quartiers y de manera más ambigua y adornada los numerosos eco-barrios europeos, es algo más: es un estado de suspensión del orden jurídico-institucional del Estado al que pertenece; es lugar de nuevas y específicas formas de gobernanza construida ad hoc y aceptada en un pacto de mutuo acuerdo por sus habitantes; es Estado dentro del Estado.

Los aspectos jurídico-institucionales de la gated community son tan importantes como los físico-espaciales.

Naturalmente, el mundo de las gated communities, y más en general de la ciudad de los ricos, es muy variado y su importancia y composición social cambia según la estructura social de los diversos países y de las diversas áreas metropolitanas en las cuales se inserta. Entre las gated communities argentinas y el barrio bobo o el barrio exclusivo parisino hay profundas diferencias que no pueden infravalorarse. Papel, extensión y dinámica de las clases medias son en todo caso variables importantes para determinar su estructura y desarrollo.

La gated community se convierte en representación espacial de las características de la nueva sociedad

Lo que resulta interesante observar en las diversas situaciones es, por ejemplo, cómo opera exactamente la política de distinción sobre las clases medias: una parte es absorbida e incluida dentro de los estratos más ricos y/o potentes de la sociedad, se apropia de un capital espacial específico y queda incluida en la gated community; otra, bastante más amplia, es gradualmente excluida y arrastrada hacia una progresiva pobreza. La ciudad y el territorio construidos por la ciudad de los ricos son cada vez más “distinguidos” y fragmentados.

La búsqueda paciente de muchos arquitectos y urbanistas durante todo el siglo XX ha intentado, sobre todo en Europa, hacer que las distancias en la calidad del espacio usado por cualquier grupo social, dentro y fuera de la propia vivienda, fuesen menores que las que había entre los respectivos niveles de renta y de poder. Pero en los últimos decenios del siglo XX, en un periodo de progresivo crecimiento numérico y de centralidad política de las clases medias y del desmantelamiento del Estado del bienestar, el espacio habitado por diversos grupos sociales se ha vuelto a separar y divergir en sus aspectos fundamentales, alimentando las políticas y los comportamientos generadores de exclusión.


* El País - Bernardo Secchi - 1.2.15
Foto: Nordelta, una urbanización privada cercana a Buenos Aires. / RICARDO CEPPI

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Indicios de malversación en cinco contratos del AVE firmados en 2012 por más de 15 millones

Si el faraónico proyecto del AVE ya es cuestionable por sí mismo, al haberse demostrado que casi todas las líneas son deficitarias y han causado un daño irreparable a la Ordenación Territorial, el que, además, exista una tremenda malversación de fondos públicos con adjudicaciones fraudulentas, es de 'apaga y vámonos'. La justicia analizará 5 contratos del AVE adjudicados por ADIF en 2012 al hallarse indicios de malversación. La obra ilegalmente abonada supera los 15 millones. Tales irregularidades se suman a las que ya investigaba la Fiscalía Anticorrupción (una presunta trama que regaló seis millones a constructores) y el Tribunal de Cuentas (unos sobreprecios del 230% que ocasionaron 415 millones injustificados).
"FRANCISCO MERCADO* : De los más de 70 millones de sobrecostes hallados en obras de infraestructuras ejecutadas por organismos dependientes de Fomento a lo largo de 2012, cinco contratos por valor de más de 15 millones acabarán en los tribunales al apreciarse serios indicios de malversación. Es una cifra (15,3 millones) casi idéntica a lo gastado con las ilegales tarjetas black de Caja Madrid, 15,5 millones. El ente adjudicador en todos los casos fue ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), organismo dependiente del ministerio de Fomento.

La denuncia está en fase de tramitación, según han confirmado fuentes jurídicas conocedoras del caso. La conducta delictiva que se desprende en estos contratos sospechosos encajan plenamente en el artículo 432 del código penal sobre el delito de malversación:

1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres años.

Los detalles de los cinco contratos bajo sospecha de malversación adjudicados por Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), organismo dependiente de Fomento, son los siguientes:

-Tramo Colada de la Buena Vida (Ave a Murcia). El contrato principal fue adjudicado el 30 de enero de 2009 por 41,7 millones. El plazo de ejecución ha sido prorrogado dos veces hasta sumar 24 meses de retraso. Sin embargo, tuvo premio: el 26 de octubre de 2012 se le añadió un contrato por obras complementarias por otros 7,4 millones más. Esto suponía un 18% del precio del contrato principal. Y otros seis meses más de plazo para realizar la obra. Adif alegó que dio tal contrato al constructor ya contratado para "adelantar la solución a dos afecciones que el proyecto iba a causar en Beniel (Murcia) como eran la permeabilidad y los impactos acústicos".

El Tribunal de Cuentas desnuda tal argumentación. "No puede afirmarse que siendo obras necesarias, e incluso siendo necesario adelantarlas, se deban a una circunstancia sobrevenida e imprevista pues la existencia del núcleo urbano de Beniel ya se conocía al redactarse el proyecto". Beniel no era la Atlántida. Estaba en el mapa. Nadie lo puso ahí para que el constructor chocara con el pueblo. ¿Qué hace ahí Beniel? Y, por ello, no ve razonable que el mismo contratista cope el proyecto y su posterior corrección. A juicio de los auditores, no está justificada la adjudicación directa de tal contrato bis.

-Tramo Ponts-Borrasa (AVE a Francia). El contrato principal fue adjudicado el 29 de junio de 2007 por 23,5 millones. Fue prorrogado tres veces hasta sumar 18 meses adicionales. Casi igual duración que el plazo de ejecución inicial: 20 meses. Pero doblar el tiempo pactado aquí también tuvo una distinción: el 16 de julio de 2012 se le contrata por otros 4,2 millones, un 18% del precio inicial, y otros 12 meses para acabar la obra. Adif alegó que había que ejecutar obras complementarias como estabilizar la ribera del río Fluviá o rehabilitación de viales. El Tribunal de Cuentas es meridiano: no ve por qué tales obras son inseparables del contrato inicial ni por qué son necesarias para su perfeccionamiento.

-Tramo Arrazúa/Ubarrundia (AVE de Euskadi): El contrato inicial fue aprobado en 2007 por 19 millones. Cinco años después, se firmó un contrato extra el 2 de junio de 2012 por 2,2 millones. Tal mordida suponía un 16% del monto del contrato inicial y otros tres meses extra para rematar la obra. Adif alegó que, oh sorpresa, el proyecto exigía unas voladuras especiales porque, cinco años después, habían descubierto que la AP1 y una línea eléctrica estaban cerca de la obra. ¿Quién ha dejado ahí una autopista? Pero el Tribunal de Cuentas, que nuevamente parece manejar mejores mapas, afirma que esas "circunstancias ya eran conocidas cuando se aprobó el proyecto". En este caso, además, por unos cambios de medición se añadieron otros 290.000 euros en favor del contratista. Esto suponía adicionar un valor equiparable al 13% del presupuesto original de adjudicación. La ley sólo permite variaciones hasta un tope del 10%.

-Tramo Palencia-León. (AVE Palencia-León). Fue adjudicado por 2,1 millones el 15 de febrero de 2012. El contrato incluye "la indebida convalidación de actuaciones ya ejecutadas por valor de 350.000 euros, que fue autorizada el 13 de septiembre de 2011 por el presidente de la Entidad sin que conste en el expediente el motivo por el que no pudo formalizarse el contrato correspondiente a estas alturas".

-Tramo Cerponzs-Portela. (AVE del proyecto atlántico). Fue otorgado el 5 de octubre de 2012 por 1,2 millones de euros. El contrato incluye actuaciones variadas. Como mantenimiento en servicio de la estación de Portela, mejora de accesibilidad y recuperación de la fuente de los Peregrinos del Camino de Santiago. Pero ni el apóstol logra cubrir de legalidad tales obras, ya que se ejecutaron "sin que en ningún momento se acredite su relación con la obra principal, ausencia especialmente significativa en relación con la actuaciones destinadas a la recuperación de la fuente de los Peregrinos y tampoco existe motivación sobre lo imprevisto de su origen ni sobre lo necesario de su ejecución".

El AVE es un goteo continuo de contratos y actuaciones que han acabado en la justicia por sospechas de corrupción. Las obras del AVE a su paso por Barcelona están bajo pesquisas judiciales. Un juzgado de Barcelona investiga si responsables de ADIF (la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias), malversaron seis millones de euros a favor de una constructora. La Operación Yogui, que está bajo secreto de sumario, estalló este lunes en Madrid y Barcelona con nueve detenidos entre funcionarios de Adif y trabajadores de la empresa Corsan, que en 2008 fue adjudicataria.Están acusados de malversación de caudales públicos, cohecho y falsificación de documento.

Sobreprecio de 6 millones

La investigación se centra en averiguar si funcionarios de Adif certificaron obras de Corsan —que ganó el concurso por casi 68 millones sobre un precio de licitación de 98— por un importe muy superior al de los trabajos que realmente ejecutaron entre 2008 y 2011. Gracias a ese “ilícito sobreprecio”, según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa se benefició ilegalmente de unos seis millones de euros procedentes de las arcas públicas. A cambio de avalar ese fraude, “cualificados funcionarios” de Adif recibieron dádivas y dinero de los directivos de la contratista. Para obtener pruebas documentales de todo ello, los agentes registraron por orden judicial las sedes de Adif y de la adjudicataria en ambas ciudades, y detuvieron también a empleados de la ingeniería Inocsa, que debía controlar la ejecución de las obras. El tramo afectado estaba situado junto a la estación de la Sagrera, al norte de la ciudad de Barcelona.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas tras concluir en abril de 2013 su informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea AVE Madrid-Barcelona (desarrolladas entre 2002 y 2009), detectó unas anomalías tan graves, con incrementos del precio de hasta el 230% y unos desembolsos injustificados de 415 millones de euros, que abrió una investigación interna que aún no consta que haya concluido. Las irregularidades detectadas por dicho organismo supervisor en las obras del AVE Madrid-Barcelona son distintas de las que investiga la fiscalía anticorrupción y que han propiciado ya una decena de detenciones. Se resumen en los dos siguientes aspectos.

Por un lado, se detectó un incremento en el precio del contrato para la construcción de la Plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrassa de 247 millones de euros, lo que representa un incremento del 230% del precio de adjudicación del contrato.

En segundo lugar, so pretexto de que se detectaran deficiencias en el proyecto para la construcción de tres tramos (Castellbisbal-Papiol, Hospitalet-Can Tunis y La Torrassa-Sants), se modificaron los contratos primitivos firmados con la Administración. Estos añadidos o modificados supusieron unos gastos adicionales de 18,2 millones en el primer tramo, 23,7 millones en el segundo y 126 millones en el tercero. El Tribunal de Cuentas no logró acreditar que la Administración, la empresa ADIF dependiente de Fomento, hubiera exigido responsabilidad alguna a ninguno de los contratistas.

Restitución a las arcas públicas

Ante la envergadura de este malgasto y descontrol en el pago de las obras, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. En la actualidad, años después de abrirse las pesquisas, el asunto está aún en fase de investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron los sobrecostes, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos. Estos datos son el paso previo para poder ejercitar acciones y exigir su restitución a las arcas públicas.

Si, por añadidura, se advirtiera algún indicio penal en el curso de esta investigación interna del Tribunal de Cuentas, se pondría en manos de la justicia ordinaria. Pero la naturaleza de la documentación que maneja suele generar que este escenario no se produzca. Los datos que obran en poder del Tribunal de Cuentas solo permiten detectar que la Administración no ejerce los controles exigibles, que no justifica los contratos o alzas que abona, pero no puede adentrarse en las marañas que frecuentemente esconden tales mecanismos: el supuesto regalo de dinero público, una parte del cual luego presuntamente devuelven las constructoras con cohechos. Y este campo es el que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Cuando estalló este escándalo ADIF, bajo mandato ya del PP, culpó al PSOE de los sobrecostes. "En 2008, cuando se estaba llevando el AVE a Barcelona… el gobierno de entonces tenía prisa por acabar y quería cumplir los plazos, hubo muchos problemas… se tiró mucho de la obra complementaria y de la obra de emergencia", explicó el responsable de Adif. Pero en 2012, cuando se han producido los cinco contratos bajo sospecha de malversación, ya gobernaba el PP. Ana Pastor, actual titular de Fomento, siempre ha proclamado su voluntad de erradicar toda suerte de tramas o corruptelas que pudieran anidar en su ministerio. Este diario solicitó, sin éxito, la versión de Fomento.


* Voz Pópuli - FM - 17.1.15
Foto: AVE - vozpopuli

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