ELPAÍS* : El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha levantado parcialmente esta mañana el secreto de sumario de la red de corrupción vinculada al PP que destapó el pasado viernes. En un auto notificado hoy y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado imputa en la causa a 34 personas, entre las que se encuentra el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP); el ex alcalde de Majadahonda y hasta ayer gerente del Mercado Puerta de Toledo -cargo dependiente del Gobierno de Madrid-, Guillermo Ortega (PP); y el ex consejero delegado de Repsol y administrador de Rústicas MBS, José Ramón Blanco Balín.
El juez les imputa los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho, pero no el de asociación ilícita, en contra de la petición del fiscal.
A los 34 imputados de hoy hay que sumar los tres detenidos el pasado viernes y que ayer comparecieron ante Garzón. Son el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003 y amigo de Alejandro Agag; Pablo Crespo Sabaris, secretario de Organización del PP gallego hasta 1999 y hombre de confianza del dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; y el empresario Antoine Sánchez, administrador de la constructora Catalunya Nord Recor y de Inversiones Kintamani, dos empresas implicadas.
En la lista de imputados no está el ya ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, que ayer presentó a Esperanza Aguirre su dimisión después de que su nombre fuera relacionado con la trama. López Viejo fue responsable en 2003 de las escenografías electorales de la presidenta de Madrid, que montaba la compañía Special Events, regida por Correa.
Las declaraciones, entre mañana y el 5 de marzo
Tampoco lo está Benjamín Martín Vasco, diputado del PP que ha sido designado presidente de la comisión de investigación sobre la otra trama que afecta a Madrid, la crisis de los espías. PSOE e IU le han pedido hoy que renuncie tras revelar la cadena SER que Isabel Jordán, una de las detenidas en el marco de la operación Gürtel (correa en alemán) abierta por la Audiencia Nacional, afirma en las grabaciones en poder del juez que Martín Vasco cobró 30.000 euros del entramado de empresas de Francisco Correa.
Los que sí figuran son responsables de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, detenido anoche en Valencia; Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda; y Felisa Jordán, detenidas ambas el pasado viernes y puestas en libertad por la Policía. Ambas, junto a una tercera -Carmen Luis Cerezo-, serán mañana las primeras en comparecer a partir de las diez de la mañana ante Garzón, que tiene previsto interrogar a todos los imputados en grupos a partir de mañana y hasta el 5 de marzo.
Después de esta primera toma de declaración, el juez decidirá también por la tarde si acuerda el ingreso en prisión de Correa, Crespo y Sánchez tras haber prorrogado ayer su detención a petición de las fiscales Anticorupción, Miriam Segura y Concha Sabadell, para la práctica de nuevas diligencias. Mañana también podría ser puesto a disposición judicial el último detenido en esta operación, Álvaro Pérez Alonso, conocido como el bigotes. Para notificar el auto con estas nuevas imputaciones, Garzón ha alzado parcialmente el secreto de sumario de la causa, en la que ayer abrió también una pieza separada para investigar las filtraciones a los medios de comunicación.
* ELPAIS.com - JOSÉ YOLDI - Madrid - 10/02/2009
Garzón eleva a 37 los imputados en la trama de corrupción en Madrid y Valencia
Denuncian la ley del gobierno central que permite la compra-venta de viviendas en la costa
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El mecanismo por el que se ha modificado la efectividad de la ley de Costas (modificación de la Ley de Navegación sin pasar por el Consejo de Estado ni Pleno de Congreso) es un claro indicio de la falta de transparencia en la actual gestión medioambiental. La nueva Ley de Navegación Marítima deja en entredicho la Ley de Costas (1988) ya que ahora las viviendas que ocupan zonas de dominio público marítimo terrestre, construidas antes de dicho año, pueden seguir siendo objeto de explotación y negocio.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988 hasta el día de hoy, se ha efectuado el deslinde del 83% de la costa, aunque realmente comenzó a efectuarse de manera efectiva dicho deslinde con la ex ministra Cristina Narbona en 2004, proceso que poco a poco se ha ido viendo mermado.
Para los ecologistas, ahora con más descaro este gobierno pone de manifiesto su falta de interés por el medio ambiente y por las costas. Y es que a pesar de las limitaciones de la Ley de Costas el grado de artificialización de la costa canaria sigue aumentando, además con precedentes de distinto rasero en su aplicación, ya que los centros comerciales y los hoteles ilegales no cuentan con la misma “penalización” que los barrios y viviendas, de esta forma, esto hace que todavía existe menos legitimidad por el estado para ordenar y “proteger” la costa y el litoral.
Son muchos los afectados que apoyan y aplauden esta nueva enmienda, probablemente no sean conscientes de el coste ambiental y económico que supone la “legalidad” de sus viviendas. Viviendas situadas en domino público para disfrute privado, con inversión pública para mantener la playa. Y es que los problemas que trae consigo una regeneración son innumerables, además de afectar a numerosos ecosistemas, cada vez más vulnerables ante efectos antrópicos como el cambio climático, con este contexto de incremento del nivel del mar hay que empezar a retranquear las construcciones costeras, eliminando aquellas más cercanas al nivel del mar, para adaptarse a un nuevo escenario que en unas décadas será bastante patente.
Es por ello que desde Ben Magec-Ecologistas en Acción se exige que se aplique la Ley de Costas, eliminando las construcciones costeras y se evite la ocupación del litoral. Ya que esta nueva medida que no va a lograr sino generar una serie de problemas ecológicos en cadena y va a hacer necesaria una fuerte inversión pública en todo el litoral, dinero, que precisamente, en los tiempos que corren, no sobra.
* Ecologistas en Acción de Canarias - 9.02.09
Foto: ecologistasenaccion.org
'Caso Faycán': Un millón en comisiones
CANARIAS7/Telde* : El juez del caso Faycán concluye en el auto con el que da carpetazo a la instrucción que el ex alcalde Francisco Valido, los ex ediles del PP, Antonia Torres y Carmelo Oliva, y el interventor municipal, Enrique Orts, idearon una trama ilegal para financiar al PP, pero el dinero acabó en sus bolsillos. Llegaron a moverse casi un millón de euros en comisiones ilegales en tres años.
La presunta trama de corrupción municipal que investiga el llamado caso Faycán tenía un núcleo duro. El juez Francisco Javier García sitúa al frente de la orquesta al ex alcalde por el PP, Francisco Valido Sánchez, quien en supuesta connivencia con la ex edil de Obras, María Antonia Torres, el ex de Hacienda, Carmelo Oliva, y el interventor municipal, Enrique Orts, hoy en día apartado provisionalmente de sus funciones, pergeñó un sistema que tenía por cometido inicial la financiación ilícita del PP en el periodo 2003-2006, pero que, como admite el propio magistrado en un auto con el que cierra la instrucción, derivó en una trama para pasar el dinero obtenido a los bolsillos, al «peculio privado», de los cabecillas, de varios ex concejales como María del Carmen Castellano, del ex asesor Francisco Gordillo, y de 2 técnicos municipales, Jorge Rodríguez y Esteban Cabrera. Se llegaron a percibir casi un millón de euros en comisiones ilegales.
Tres años de instrucción.
Francisco Javier García llega a esas conclusiones en el auto del 6 de febrero pasado con el que pasa las diligencias previas del sumario a procedimiento abreviado, lo que en la práctica equivale a cerrar la instrucción tras más de tres años de investigación y, de paso, viene a confirmar los plazos que ya avanzó este periódico. El juez disecciona la supuesta trama para el cobro de comisiones ilegales en un escrito de 24 páginas en el que detalla el modus operandi y justifica los indicios de los que dispone para procesar a 38 personas frente a los 47 imputados que llegó a contabilizarse. Ahora pasan a ser procesados, según, entre otras, la sentencia 828/2008 del Supremo.
En esencia, la clave de la trama estaba en la alteración del sistema de pagos del consistorio. Con el concurso imprescindible del interventor municipal, marido a su vez de Torres, que actuó de facto como tesorero, el gobierno de Valido se saltó el orden de pagos que fija la ley y creó supuestamente un nuevo sistema que facilitaba adelantar los abonos a las empresas que el juez llama de confianza y a las que se les solían adjudicar obras por procedimiento negociado y sin publicidad en contratos que no superaban los 60.000 euros a cambio de comisiones que oscilaban entre el 6 y el 20%. El ex asesor de Torres, Francisco Gordillo, alertaba a la empresa de cuándo iba a cobrar para que así hiciese su aportación. Y en otros casos, como con Mazotti, se le pasaba antes el pliego.
Con el auto del día 6 el juez del caso Faycán da traslado de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en un plazo de 10 días presenten sus escritos de calificaciones. Empieza la cuenta atrás para el juicio.
Clave, la ferretería.
Por lo que aparece en el auto, la trama llegó a manejar casi un millón de euros en comisiones ilegales. La empresa que supuestamente más aportaba a la causa era la ferretería de Las Huesas (Felipe y Nicolás Ojeda), que daba un 20%. En total, aportó 269.050 euros. El Grupo Europa repartió 240.000 euros, Mazotti hizo un pago único de 180.000 y Dragados, otro de 60.000. El resto aparece muy fraccionado.
* Canarias 7 - G.F. / J.Q. / T.A. - 9.02.09
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
El TSJA anula la licencia al hotel Guadalpín nueve años después de que Gil la concediera
SUR/Málaga* : Nueve años han sido necesarios para que la licencia de obras del hotel Guadalpín de Marbella quede anulada por exceso de edificabilidad. Después de casi una década de pleitos los vecinos y la Junta de Andalucía han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les de la razón y considere que la licencia, concedida a la mercantil Confira el 14 de abril de 2000 con Jesús Gil como alcalde, «no fue ajustada a derecho».
Según la sentencia, a la que tuvo acceso SUR, «la validez o invalidez de las licencias no se resuelve conforme a normas de planeamiento futuras sino a las normas que resulten aplicables en el momento de su concesión».
El hotel de cinco estrellas, propiedad de la promotora Aifos, codemandada junto a Confira en el pleito, sigue abierto pese a las denuncias ante la Junta y la gestora de Marbella. La primera de ellas impugnó la licencia de obras junto a varios vecinos de la zona y a la comunidad de propietarios Casablanca, aunque finalmente, esta última se ha quedado descolgada del procedimiento después de que el alto tribunal andaluz determine que no tienen legitimación para solicitar la anulación de la sentencia. El resto de vecinos, representados por la abogada Inmaculada Gálvez, anunciaron que pedirán la revisión de este criterio.
Un símbolo
No es la primera vez que el TSJA o el Supremo ratifican la suspensión o la anulación de una sentencia otorgada en la era Gil, aunque quizás ésta sea, hasta la fecha, la más importante. El nombre del hotel Guadalpín está íntimamente ligado al del 'caso Malaya' contra la corrupción en Marbella tras las investigaciones que pusieron al descubierto el cobro de supuestos pagos millonarios por parte de la junta directiva de Aifos al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y al ex alcalde Julián Muñoz para obtener las licencias de construcción.
* SUR - 0.02.09 -M. J. CRUZADO
Foto: Marbella, zona hotel Guadalpín - elpais.com
El jefe de la trama de corrupción quiso comprar un PAI en La Nucia
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ELPAÍS/Alicante* : Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, puesta al descubierto por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, intentó comprar el Programa de Actuación Integrada (PAI) Pie de Monte de La Nucia a los promotores del proyecto.
"Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado. El tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 [el metro cuadrado] y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos", recoge una de las numerosas grabaciones incorporadas al sumario del caso, donde Correa se refiere a un negocio urbanístico que, como se ha sabido después, tiene que ver con el citado PAI de La Nucia. "De mi 50%", alardea Correa en las grabaciones, "reparto con Ramón Blanco, con Álvaro [Pérez], con Pablo y con el alcalde. Hay un tema medioambiental que desbloqueo yo".
Para que el supuesto negocio del que habla el jefe de la trama se cerrara era imprescindible que el PAI Pie de Monte, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de La Nucia en 2004, fuera aprobado por la Generalitat. Sin ese permiso la recalificación de parte de estos terrenos era imposible. Correa visitó al menos tres veces la localidad.
El proyecto, promovido entre otros por Francisco Murcia Puchades, se había atascado en la Consejería de Territorio porque carecía de los preceptivos informes, confirmaron ayer a este diario fuentes de este departamento. El propio Correa alardea en otro fragmento de las conversaciones registradas de que cuenta con un as en la manga para desbloquear el proyecto. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban [Gonzálezs", en alusión al ex consejero de Territorio, cuyo departamento estableció varias condiciones para aprobar el PAI, entre ellas contar con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), una barrera prácticamente insuperable.
El PAI no pasó el examen de la Comisión de Urbanismo de Alicante a finales de octubre del año pasado. Sus responsables dejaron el expediente encima de la mesa a la vista del informe negativo de la CHJ por la falta de suficientes recursos hídricos. Tampoco contaba con el informe de la Entitat de Sanejament de la Generalitat, corroboró la misma fuente oficial.
La actuación afecta a más de un millón de metros cuadrados de suelo urbanizable y no urbanizable, donde los promotores querían levantar 3.900 viviendas.Del millón largo de metros cuadrados que abarca el plan urbanístico, unos 450.000 son urbanizables y algo más de 600.000, no urbanizables, detalló una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. La mercantil Montemar La Nucia, SL, es la sociedad promotora del PAI y en su accionariado se encuentra el promotor alicantino Francisco Murcia Puchades. También figuran Jaime Febrer Rovira o Juan Vicente Hermosilla. El proyecto de Pie de Monte no es el único que se promueve en esta localidad. En proceso están también los de La Serreta y Algar.
Este proyecto sigue en tramitación en la consejería que dirige José Ramón García Antón, pero, contrariamente a lo que defiende el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, no tiene un informe favorable de impacto medioambiental. Así lo confirmó ayer una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. Tan lejos como el domingo, el consistorio alicantino aseguraba en un comunicado que este departamento se lo había concedido en 2007. "Es rotundamente falso que tenga un informe de impacto negativo", dijo el gabinete de prensa de La Nucia, que amenazó con emprender acciones jurídicas contra los medios de comunicación.
Desde que la operación de Garzón saltara a las portadas de los diarios, Cano ha repetido que no tiene relación con Álvaro Pérez, a pesar de que numerosos testimonios, y el propio hecho de que éste tiene un chalé en L'Alfàs del Pi, municipio vecino de La Nucia, indican lo contrario. También hay testimonios que aseguran que Francisco Correa, el supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se paseó varias veces -al menos tres- por esta localidad de La Marina Baixa. Fue precisamente Cano quien contrató a la empresa Special Events de Correa para que organizara la primera edición de los Premios Luis del Olmo de Periodismo en La Nucia. Correa estuvo en la presentación de los premios y también en la entrega. Después de este evento, se le vio una vez más por La Nucia. Correa y Álvaro Pérez -que se refería al primero como su jefe- aparcaron su vehículo a las puertas del Ayuntamiento, donde se reunieron con el alcalde.
* ELPAIS.com - A. BALAGUER - Valencia / La Nucia - 10/02/2009
Foto: la Nucía (Alicante) - diarioinformacion.com
