ELPAÍS/Madrid* : Parece un espejismo, un pueblito humilde y blanco atrapado entre autopistas. La colonia militar Arroyo Meaques fue construida por el Ejército en la posguerra para alojar a las familias de oficiales y suboficiales de Tierra. "Fue un premio para los vencedores", dice Emilia Cortés, hija de un militar que se mudó aquí en los años sesenta y que no luchó en el conflicto. Emilia pasa las vacaciones en casa de sus padres para vigilarla (el año pasado entraron a robar). No es un mal lugar para descansar: una casita encalada con tejado a dos aguas de 110 metros cuadrados, con un pequeño jardín a la entrada y un enorme patio con barbacoa, albaricoqueros, ciruelos y una huerta de tomates.
Todo con una boca de metro (Colonia Jardín) en la puerta y a cinco paradas de Plaza de España. Lo mejor: el alquiler mensual (vitalicio) ronda los 200 euros. "Ahora todo el mundo nos dice 'esto es un lujo', pero no sabes lo que era vivir aquí sin calefacción, sin colegios ni metro, con una farola cada 200 metros, con ríos de barro bajando por las calles cada vez que llovía", explica Emilia. "De pequeña odiaba las botas katiuskas porque no había otra forma de moverse".
El casero de estos 133 hogares es el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas). Se construyeron según las directrices de Regiones Devastadas; los obreros fueron soldados, el arquitecto, un ingeniero militar, los medios, los que había en la posguerra. "Distribuciones muy sencillas construidas con materiales económicos", explica el plan especial para la colonia (de 1997, proporcionado por un vecino), "en la mayor parte de los casos su estado de conservación es regular-malo". El documento viene a decir que gracias a que el casero ha sido el Ejército, la colonia ha sobrevivido ajena a "las presiones inmobiliarias". "En cambio", continúa el texto, "la consecuencia contraria es el grado de deterioro".
Ante la apatía y la falta de medios del casero, los vecinos fueron adecuando sus hogares a los tiempos, cambiando la fontanería, instalando calefacciones y bajadas de agua. "Esto se ha mantenido en pie gracias a nosotros", explica otro vecino, militar jubilado.
Gracias a un convenio de 2007 entre Invifas y el Ayuntamiento, Arroyo Meaques (protegida como una de las 42 colonias históricas madrileñas) fue finalmente urbanizada. Pagó el Ejército (unos tres millones y medio de euros) pero se encargó el Ayuntamiento. Medio siglo después se asfaltaron sus calles de tierra, se colocaron alcantarillas y farolas. Farolas, por cierto, de dos tipos. La colonia marca la frontera entre Madrid y Pozuelo: dependiendo de la calle los vecinos votan en uno u otro municipio y se iluminan con farolas de diseño fernandino o moderno, lo que además de una complicación administrativa supone un disparate estilístico.
La obra está terminada pero aún no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento. Según Urbanismo porque el trámite es complicado. Algunos vecinos apuntan sin embargo a un supuesto afán especulativo de su casero: la reforma de su colonia fue de las primeras en anunciarse pero de las últimas en llevarse a cabo. Y desde hace tiempo los inquilinos que mueren no han sido sustituidos por otros nuevos. "Es un terreno muy goloso", dice Emilia, consciente de que a muy pocos metros una parcela como la suya vale millones. En la colonia hay unas 15 casas vacías, dejándose caer. De sus fachadas cuelgan carteles que las catalogan como "Almacén Invifas", porque de ser ocupadas ilegalmente el desalojo es más fácil si se trata de una instalación militar. Cuando el Ayuntamiento reciba la obra los vecinos esperan que el Ejército les permita comprar las casas que llevan décadas alquilando y manteniendo. También que el precio sea ventajoso y compense los años de botas embarradas.
* El País - 27.07.10
Foto: Una vecina pasea por las calles recientemente asfaltadas de la Colonia militar Arroyo Meaques - elpais.com
Cuando el Ejército es el casero
La Fiscalía investiga si es irregular el convenio para lograr el suelo de la EDAR de Peñíscola
,+terrenos+EDAR+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Castelló* : Las denuncias vecinales han llevado a la Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente de la Fiscalía General del Estado a abrir diligencias informativas, sobre el convenio urbanístico suscrito por el Ayuntamiento de Peñíscola con la sociedad Viveros Valencia VA8 para conseguir los terrenos para construir la depuradora. Este acuerdo urbanístico había sido reprobado por la Asociación de Vecinos Afectados "Camí Vell". Desde el consistorio no se ha querido valorar la decisión de la Fiscalía. Desde Camí Vell se había denunciado que el convenio urbanístico que suscribió el ayuntamiento peñiscolano con Viveros Valencia,permitiría canjear una superficie total de 66.902,33 metros cuadrados, ubicados a más de 7 kilómetros de la costa, por el equivalente al 65% del aprovechamiento en terrenos urbanizables en el Sector 1 del planeamiento de Peñíscola.
A cambio, el consistorio, dice la asociación, se comprometió a otorgar el equivalente al 65% del aprovechamiento en terrenos urbanizables en el sector 1 del planeamiento de Peñíscola, es decir que se cambian "3 metros cuadrados de suelo no urbanizable a 7 kilómetros de la costa por 2 metros cuadrados de suelo urbanizable a 500 metros de la costa".
Según el portavoz de la asociación Ezequiel Llorach, "esto supone, empleando criterios de valoración objetivos extraídos del propio Proyecto de nuevo PGOU del municipio, así como de los establecidos por la Reparcelación del Sector inmediatamente colindante con este Sector 1 (delimitado por el Plan de Reforma Interior de las calles N-26, N-17, N-36 y avenida.Papa Luna del Polígono III Zona R-B del Suelo Urbano) que el valor de los terrenos objeto del convenio sería de 780.000 en la zona de origen, mientras que en la nueva ubicación alcanzarían los 16,36 millones de euros si se le adjudicaran parcelas calificadas como Uso Hotelero, y 9,55 millones si se le adjudicaran parcelas calificadas como Uso Apartamental".
"Aunque entendemos que los precios hayan oscilado en estos años, resulta evidente que no lo han hecho en un 1.200%", por lo que concluyen que se trata de un desproporcionado beneficio para una empresa privada y, por lo tanto, un paralelo perjuicio para el municipio y los ciudadanos.
Más teniendo en cuenta que el proyecto de expropiación en la zona de origen de los terrenos, para los demás propietarios con terrenos aledaños y de similares características "prevé un valor para ellos como suelo rústico de 11,61 euros", apostilló Llorach.
El colectivo vecinal considera que "es necesario que el municipio cuente con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), en pleno funcionamiento·, y no entiende "porque ésta no ha sido construida todavía", por ello reclaman que dicha EDAR se ejecute cuanto antes, recordando a todos, que "cualquier fórmula que pueda utilizarse para obtener los terrenos necesarios, ha de regirse siempre por la legalidad vigente, respetando el principio de igualdad y sin perjudicar los derechos e intereses de terceros en favor de un interés particular"
Camí Vell había reclamado en repetidas ocasiones al ayuntamiento la anulación del convenio urbanístico por entender que el consistorio estaba aplicando un trato de favor hacia la empresa que obtendría así un "desproporcionado beneficio" a cambio de los terrenos necesarios para la EDAR.
Así, el pasado febrero presentaron un escrito ante el consistorio, reclamando la nulidad del acuerdo y amenazaron con que si no se les escuchaba, adoptarían "las medidas que sean necesarias para defender los legítimos derechos e intereses".
* Levante-emv - 27.07.10
Foto: Terrenos motivo de permuta y que generan la polémica que obliga a intervenir a la fiscalía - levante-emv.com
El urbanismo 'descontrolado' causa el aislamiento de las especies autóctonas
MÁLAGAHOY* : La provincia de Málaga cuenta con 23 territorios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Renpa), lo que asciende a 89.067 hectáreas, el 12% de la superficie provincial. Para el año 2012, además, acogiéndose a la Red Natura 2000, de lugares de importancia estratégica para la Unión Europea y zonas de especial protección para las aves, la superficie protegida en la provincia debe suponer el 22,4% del territorio provincial. No obstante, la intensa transformación de los usos del suelo en las últimas décadas está suponiendo, según el diputado de Medio Ambiente, Miguel Esteban Martín, "una seria amenaza para la biodiversidad". El urbanismo "descontrolado" y la creciente demanda en infraestructuras de transporte han dado como resultado la fragmentación de los hábitats naturales, negativa para la conservación de las especies autóctonas, que quedan aisladas.
En este sentido, el Observatorio Provincial de Sostenibilidad presentó ayer un informe con el fin de evaluar el grado de fragmentación de los espacios protegidos de la provincia, identificar las causas y presentar propuestas para favorecer la conectividad de los espacios protegidos.
Las vías pecuarias y los ríos, "por su carácter lineal y amplia distribución a lo largo del territorio provincial", son la principal propuesta de conexión para el Observatorio. Sin embargo, "su valor real como conectores está condicionado en gran medida por el estado de conservación y el grado de ocupación por usos artificiales y urbanísticos", ya que de las 527 vías pecuarias de la provincia, sólo el 31% están deslindadas. Así, la primera propuesta sería la declaración de espacio protegido al río Guadalhorce y sus afluentes. Del mismo modo, se propone crear una unidad ambiental entre los espacios de montaña, que sirva de conexión entre el Parque natural de la Sierra Tejeda, Alhama y Almijara con la Sierra de las Nieves. Las vegas de Antequera y Campillos y el cordón litoral serían las otras propuestas de conexión para la "protección y continuidad de los espacios naturales".
* Málaga Hoy - 27.07.10
Foto: Imagen del Parque Natural de Sierra de las Nieves.- malagahoy.es
Cantabria.- ARCA cree que la aprobación de la nueva normativa es un acto de indignidad política
,+urbanizaci%C3%B3n++Las+Llamas+con+sentencia+de+derribo++-+eldiariomontanes.es.jpg)
ABC/EFE* : La asociación ecologista ARCA ha opinado hoy que la aprobación por parte del Parlamento de una iniciativa que permitirá legalizar algunas viviendas con sentencia firma de derribo es un "acto de indignidad política sin precedentes". ARCA, en un comunicado, subraya que "hoy es un lunes negro para la democracia y el Estado de Derecho en Cantabria", por la "piña" que han hecho PP, PRC y PSOE para "impedir la ejecución de unas sentencias firmes de derribo".
Así se han expresado los ecologistas después de que el Parlamento haya aprobado hoy, también por unanimidad, una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a proponer las modificaciones normativas que sean necesarias para que los propietarios de las viviendas con sentencias de derribo, como consecuencia de la ilegalidad de las licencias, puedan cobrar las indemnizaciones por daño patrimonial antes del derribo.
Según los ecologistas los grupos parlamentarios no han aprobado una ley para aumentar la seguridad jurídica, ni para proteger a los compradores afectados, sino para "proteger sus propios intereses políticos y seguir abanderando la especulación urbanística".
Además, ARCA denuncia que el "siguiente objetivo" del Gobierno y del Parlamento de Cantabria será "recortar los niveles de protección" del Parque Natural de las Marismas de Santoña para impedir el derribo de varias urbanizaciones ilegales en Argoños.
No obstante, ARCA dice que "confía en la Justicia y está convencida de que estas maniobras fracasarán y las sentencias de derribo se ejecutarán finalmente".
Por último, ARCA subraya que reafirma su compromiso de defender la legalidad urbanística en Cantabria y anuncia nuevas sentencias en un futuro próximo contra planeamientos y urbanizaciones costeras, incluyendo nuevas órdenes de demolición.
* ABC - EFE - 26.07.10
Foto: Argoños (Cantabria), urbanización Las Llamas con sentencia de derribo - eldiariomontanes.es
Sevilla no necesita un rascacielos
CARMEN NAVARRO MEZQUITA/Túmbala* : Érase una bella ciudad, Isbiliya, cuya población se reunió y acordó cómo usar y construir la ciudad; un acuerdo que recogieron en un gran libro público, para que estuvieran claras las reglas que todo el mundo había de observar. Pero el sultán, muy vanidoso, y cierto prestamista influyente, llevado por la codicia, ansiaban alzar una altísima torre en el lugar más vistoso de la ciudad aun incumpliendo muchos e importantes preceptos del gran libro... Así que un grupo de sus habitantes, indignados por tal atropello autoritario, se juntó para intentar evitarlo. Por desgracia, esto no es un cuento oriental: la Isbiliya de antaño es la actual Sevilla, en la que está ya en obras el que pretenden sea su primer rascacielos: la Torre Cajasol. Ésta, de 178 metros, forma parte del complejo de oficinas y comercio Puerto Triana, que promueve Cajasol en la zona sur de la isla de la Cartuja, con la colaboración del Ayuntamiento, el silencio de la Junta de Andalucía y el diseño del arquitecto César Pelli.
Una actuación que, de culminarse costará unos 310 millones de euros (según el presupuesto inicial), que se detraerán de menesteres sí necesarios. Que tendrá una dudosa utilidad: más de 80.000 m2 para oficinas en una ciudad y entorno donde ya hay 150.000 m2 sin uso. Que alimentará tanto el descrédito político e institucional como el trabajo judicial: el cúmulo de irregularidades detectadas tienen ya el caso en el juzgado. Que generará diversos impactos sobre la ciudad: en su paisaje, parte integrante de su patrimonio; en su movilidad, con sus 3.000 plazas de aparcamiento en el corazón de uno de los nudos viarios más colapsados de todo el área metropolitana; en su tráfico aéreo, porque afectará a la seguridad de acceso al aeropuerto, etc.
A consecuencia de este proyecto, dentro de unos días, Sevilla podría entrar en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Su gran altura, ubicada a pocos metros del conjunto histórico de la ciudad, supondrá una enorme presión visual sobre los tres monumentos sevillanos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El Comité del Patrimonio Mundial de este organismo decidirá si entra en la lista de patrimonio en peligro durante la reunión que celebrará en Brasilia a finales de mes. Si se produce esa inclusión, sería un descrédito no sólo para la ciudad y su Ayuntamiento sino también para todo el Estado, con su Gobierno a la cabeza como responsable último del patrimonio nacional y, específicamente, del declarado como “mundial”.
Contra el interés público
Lamentablemente, la Torre Cajasol (ya rebautizada como “Torre Caralsol”) no es algo aislado. Es otro capítulo, aunque notorio, del historial de agravios que la ciudad viene sufriendo a manos de sus gobernantes; ejemplos de un proceder autocrático, poco transparente, no participado socialmente y de muy discutible sentido público. Una relación en la que destacan, entre otros, el Estadio Olímpico, tan costoso como infrautilizado; la biblioteca universitaria, alzándose a costa del parque del Prado de San Sebastián; el proyecto Metropol- Parasol, o “setas de la Encarnación”, que levanta un carísimo e inútil artefacto gigante en el corazón del casco histórico y acumula ya un sobrecoste del 70% sin que se haya empezado a construir.
Actuaciones surgidas de los delirios de unos políticos obnubilados e indigestados por el “efecto (o síndrome) Guggenheim”. Y que a estas alturas, y con la crisis económica, deberían empujar a la ciudadanía, y a un Gobierno local (PSOE-IU) que se dice “de progreso”, a reflexionar sobre lo que significan el servicio y el interés públicos; y sobre qué intervenciones son congruentes con dichos fines y cuáles no, yendo incluso en sentido opuesto.
* Carmen Navarro Mezquita / Integrante de la plataforma Túmbala
* Diagonal - 23.07.10
Foto: Sevilla, vista montaje rascacielos desde Giralda - Plataforma_Tumbala
Transparencia en el urbanismo
LEVANTE/Editorial/Valencia* : El Consell de la Generalitat y los responsables del departamento de Territorio y Medio Ambiente parecen haber decidido mirar hacia otro lado y disculpar el error del director general de Urbanismo, José Luis Selva, quien, como el Ejecutivo, ha admitido que intervino en trámites y firmó una propuesta de resolución sobre la reclasificación de un terreno en Villena del que es copropietario. Las leyes sobre incompatibilidades son muy exigentes en cuanto a la intervención de funcionarios y altos cargos en asuntos que atañen a sus intereses personales. Lo sabe bien el titular de Medio Ambiente, el vicepresidente Juan Cotino, quien varias veces ha tenido que ausentarse de reuniones ejecutivas porque se iban a tratar asuntos relacionados con su patrimonio o empresas de su familia.
En el caso de Selva Ros, su firma compromete un expediente que reclasifica un terreno de Villena que se viene dedicando al cultivo de cereales y que, por iniciativa de una empresa, albergará una de las mayores centrales termosolares de Europa, comprando para ello una partida de suelo en la que el aún director general es copropietario de 250.000 metros cuadrados.
El respeto a la legalidad es siempre exigible en la acción política, pero más si cabe en el urbanismo, área en la que una línea o una trama disparan o hunden el valor de unos bienes. Y si los gestores no están libres de toda sospecha, carecerán de legitimidad para imponer el cumplimiento de la norma ante los ciudadanos.
* Levante-emv - Editorial - 26.07.10
