ELPLURAL* : Dice el refranero popular que “la manzana podrida pierde a su compañía”, y algo así ha debido pasar en la Comunidad Autónoma de Murcia, donde una enmarañada trama de corrupción se ha cebado con las fechorías de alcaldes y altos cargos del Gobierno que preside el popular Ramón Luis Valcárcel Siso desde el año 1995, con mayoría absoluta. Un sinfín de causas judiciales abiertas, donde ediles imputados y otros pesos pesados continúan en sus puestos a día de hoy, a falta de sentencias.
La oposición ha acusado a Valcárcel de “no tener autoridad moral para depurar responsabilidades en su partido” y que “no puede exigir a sus alcaldes y concejales que separen claramente los intereses privados de los públicos, porque él mismo no lo ha hecho”. El secretario general de los socialistas en esa región, Pedro Saura, durante un debate televisivo en Canal 6, en 2007, [cuyo video se reproduce aquí], reveló que la familia del presidente poseía ocho conocidas empresas dedicadas al negocio de la construcción y promoción inmobiliaria, que “les habían producido pingües beneficios”.
Las empresas de la familia
En el listado presentado por la oposición socialista (enlace información diario La Verdad) aparecen más de ocho empresas de familiares del presidente murciano, cuyo objeto social es el asesoramiento inmobiliario, construcción y promoción de inmuebles. En “10 J. M. Gunter”, fundada en 2001, aparecen como administradores una hermana, María Isabel Valcárcel Siso, y su marido; en “Ancara-9, S.L”, inscrita en 2005, figura su hermano, Carlos Valcárcel Siso, y la esposa de este; mientras en “Guayaquil Import”, la administradora única es su hermana, Marta Valcárcel Siso. Por otro lado, las compañías “Meroño y Cruz”, “Habvit Viviendas”, “Secruz 3”, “Faromar Urbanizaciones”, “Faromur Promociones”, e “Hijos de Juan Francisco Cruz Alfaro” son propiedad de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro.
Peñalver, el jefe de Urbanismo
La evidencia de las empresas familiares del presidente Valcárcel, no obstante, no ha pasado a más. No ha tenido la misma suerte el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver Mota, que sí está inmerso en una causa judicial porque, según el informe de la Fiscalía, pretendía “controlar toda la actividad urbanística de la región”, desde el despacho de arquitectos de su familia, Peñalver Arquitectos S.L, fundado por su padre, hermano y esposa, esta última como tapadera de su marido.
Los Peñalver, “los naranjitos”
Fiscalía apunta en su informe que “tal era el número de proyectos presentados al visado por el despacho Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., y que irónicamente debían recibir el dictamen favorable del propio Joaquín Peñalver, que los funcionarios de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban”, según el diario La Verdad.
Veintiséis de cuarenta y cinco
Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. Sobre sus hombros, imputaciones por presuntos delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones, prevaricación o falsedad documental, y la mayoría sigue en sus puestos a la espera de juicios, según evidenció la revista Interviu.
“Los excesos… y comilonas” en Villanueva
En Villanueva del Segura, que cuenta con apenas 1.500 habitantes, el alcalde, José Luis López Ayala(a la izquierda, en la foto), “ha malgastado en poco más de dos legislaturas más de 800 millones de las antiguas pesetas, ha forjado una red de privilegios a afines a su partido. Asesores personales, excesos en los sueldos del alcalde y de los concejales del PP, vehículos, comilonas (60 millones de pesetas gastadas en fiestas)”, según denunció en un comunicado el grupo socialista en ese municipio. Actualmente, López Ayala, el arquitecto municipal y tres concejales de su Gobierno están siendo investigados, a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, por la concesión de una licencia para construir en una zona de dominio público del río Segura la urbanización Spa Valley, en el paraje de La Morra.
Caso Totem, ¿caso Murcia?
Antes de que termine este año, podría comenzar el juicio por el llamado caso Totem, una operación destapada en la localidad de Totana a finales de 2007, contra el pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales, y en la cual están acusadas 17 personas, entre ellas, el ex regidor Juan Morales y el actual alcalde, también popular, José Martínez Andreo, que fue detenido en noviembre de 2007 acusado de nueve delitos, y que consiguió salir de prisión en febrero de 2008 pagando una fianza de 70.000 euros. Actualmente, continúa al frente de la Alcaldía. Esta trama de corrupción ha llegado también a Cajamurcia, a través de su filial Summa Inversiones Inmobiliarias, implicada en la causa judicial.
El apoyo al alcalde corrupto
La detención del alcalde Martínez Andreo levantó revuelo en la localidad de Totana, pero por razones contrarias a lo que podría pensarse. Más de 500 personas se concentraron ante la cárcel de Sangonera, convocadas por la plataforma Por el Buen Nombre de Totana, para apoyarle. Y esta contradictoria actitud refleja una realidad que se extiende a toda la Comunidad de Murcia, donde en las últimas elecciones, a pesar de los muchos escándalos de corrupción, los populares obtuvieron el 61,55% de los votos.
Urbanismo especulativo y riqueza
Juan José Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana, explica la razón del éxito de Andreo, que apunta a un fuerte caciquismo del PP en la Comunidad. “Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos críticos, además, el consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones”. Por otro lado, y con un gran peso en la conciencia de la gente está la especulación inmobiliaria, “que ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia. Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones”, de acuerdo con la opinión de ecologistas de la zona. "Es una vinculación psicológica muy fuerte entre urbanismo especulativo y crecimiento económico", resume el líder regional de IU, José Antonio Pujante.
* El Plural - CECILIA GUZMÁN - 24.08.09
Foto: Murcia, Palacio_Regional - jarique.com
Veintiséis ayuntamientos murcianos mantienen en sus puestos a alcaldes y altos cargos pendientes de juicio
La Laguna de Torreguadiaro llega a la Fiscalía de Cádiz
,+laguna++-+andaluciainformacion.es.jpg)
ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : Después de años de lucha contra las edificaciones previstas en la zona de La Laguna de Torreguadiaro, años en los que se han presentado 11 denuncias ante las Guardia Civil y el Seprona, 8 ente la Consejería de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Junta de Andalucía y tras entregar un dossier completo del caso al Defensor del Pueblo andaluz, la Plataforma de Vecinos de la barriada de Torreguadiaro ha llevado el caso ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, concretamente ante el fiscal de Patrimonio, Urbanismo y Medio Ambiente.
El presidente de la citada Plataforma, Jesús Gil Guerrero, expone una vez más las irregularidades de las obras que se pretenden construir en la zona de La Laguna y las diversas ilegalidades en las que se incurre con los terrenos sobre los que se asentarán las edificaciones.
Gil Guerrero vuelve a informar, en esta ocasión a la fiscalía de Cádiz, de las irregularidades de la parcela TG-22. Recuerda en su escrito que el caso se remonta al año 2002, cuando en un Pleno del Ayuntamiento sanroqueño se aprobó la recalificación de un terreno destinado a zona verde a zona urbanizable, adjudicándose “sin que nadie pudiera realizar alegaciones, todo encubierto” a la empresa Werh, quien asegura “no tenía permiso de obras, ni enganche de luz y agua”. El proyecto El Vigía, conlleva la construcción de un hotel resort de lujo con 110 habitaciones y un residencial con 160 viviendas.
Según la Plataforma, esta empresa valló la zona, plantaron en su interior adelfas y palmeras y usurparon una calle que según la documentación que obra en poder de Gil Guerrero, pertenece a los vecinos según escritura pública.
En el terreno entró maquinaria pesada y realizó movimiento de tierras, llegando a romper un colector que proviene del arroyo y va a parar a La Laguna. “Los empresarios al romper los colectores metieron unos grandes tubos para el desagüe de las aguas sucias, fecales, tóxicas que vienen de una gasolinera llamada Montilla”, declara el presidente de la Plataforma, añadiendo que rompieron muros, acerado, tapias y farolas y se apropiaron de una zona verde que estaba destinada a un parque para el disfrute de los vecinos de la zona afectada. Esta parcela TG-22 se encuentra además, en pleamar, a menos de 150 metros del mar.
Las reivindicaciones vecinales no se refieren sólo a esta parcela y al proyecto de edificación, sino también al aprobado en el Pleno extraordinario del 29 de julio pasado, cuando se aprobó la reconversión en urbanizable de una parcela no urbanizable, concretamente la UN-29 de PGOU. Los vecinos alegan que la citada parcela se encuentra situada a menos de 25 metros de La Laguna y a menos de 100 metros de la orilla del mar.
La Plataforma asegura que el anunciado proyecto de viviendas de VPO para jóvenes quedará detrás de lo que realmente tienen proyectado construir en la parcela. El cartel que se ha colocado en la zona informa de la edificación de 52 viviendas de protección oficial para jóvenes en Sotogrande. Gil Guerrero asegura que estas casas estarán construidas en la zona de la parcela que no linda con el paseo y la carretera, donde edificarán un rascacielos que acabará con las vistas de cualquier vecino.
Año tras año y Pleno tras Pleno, desde la Plataforma se informa que están cansados de luchar contra unos proyectos urbanísticos en los que siempre se encuentran un muro de silencio por parte de las autoridades competentes. La lucha continuará y así lo reflejan las palabras de Jesús Gil, quien desde la terraza de su vivienda, desde la que disfruta de inmejorables vistas de La Laguna y la playa, asegura que no se opone a que se edifique en las parcelas colindantes a su terreno, sino simplemente que se cumpla con la legalidad y se edifique en la zona original del terreno, no en las inmediaciones de la carretera junto al humedal, que se retiren las tuberías de aguas fecales que se dirigen directamente al agua de una zona protegida y que se regenere tanto La Laguna como sus alrededores para el disfrute de los vecinos.
El próximo paso previsto es que los vecinos del área soliciten al alcalde de San Roque, Fernando Palma y al portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, una reunión para que informen a los vecinos de cómo está actualmente la situación y cuándo se van a emprender los trabajos de mejora de esta zona residencial.
Zona protegida
La Laguna, declarada en Granada por la Unión Europea como zona medioambiental y de humedal protegida, se encuentra en la actualidad a pesar de ser un paraje natural de extraordinaria belleza en completo estado de abandono. Los carteles informativos colocados por la Junta de Andalucía, donde se describen las innumerables especies de aves que pasan por la zona, están literalmente enterradas entre escombros, suciedad y cañas.
Tampoco los alrededores presentan un buen estado de conservación, ya que el camino de madera que recorre el lateral de La Laguna han sido mejorado en varias ocasiones pero dándole sólo, según informan los vecinos “un lavado de cara” que no arregló los problemas de inseguridad que presenta, como maderas sueltas y clavos a la vista de cualquier persona que pasee por el lugar.
Los vecinos demandan la conclusión del paseo marítimo que recorre la zona costera existente entre dos torres de vigía muy antiguas y que dominan con su presencia la zona. Desde la Plataforma, Gil Guerrero asegura que la partida presupuestaria existente para finalizar este paseo se gastó sin ser destinada al mismo, añadiendo que la dificultad de terminarlo es porque cruza de parte a parte la parcela TG-22.
Una de las peores zonas que se puede encontrar un caminante, son las casetas ubicadas junto al puente de madera y destinadas a la observación de aves. Algunos desaprensivos las han convertido en el lugar elegido para hacer sus necesidades, por lo que el aspecto que presentan es lamentable.
Desde la Plataforma vecina se pide a los políticos y autoridades competentes, no sólo que se mejore la zona, protegida y con grandes posibilidades, sino que se frene la construcción incontrolada de grandes edificios que van a poner fin a la belleza natural del lugar y con el paso de aves que tienen la zona como su lugar de referencia.
Asimismo, solicitan que se limpien los alrededores de La Laguna y sus aguas no sean el destino de tuberías de aguas fecales y tóxicas.
* Andalucía Información - S.P.C. - 24.08.09
Foto: Laguna de Torreguadiaro · Autor: S.P.C., andaluciainformacion.es
La doctrina Parcent, ante los tribunales
,+protesta+vecinos+-+levante-emv.com.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : La noche del 30 de enero de 2006, negra y gélida, con toda el agua del mundo cayendo desde el cielo, unos doscientos vecinos se congregaron bajo un manto de paraguas en la plaza de Parcent para protestar por la decisión del gobierno local del PP de aprobar tres planes parciales que suponían la construcción de 1.800 casas en la sierra del municipio.
Entonces nadie podía sospecharlo, pero en aquella noche desangelada una modesta manifestación espontánea originó el nacimiento de la famosa doctrina Parcent que en los años siguientes iba a recorrer media Europa como paradigma del urbanismo salvaje que Bruselas se proponía atajar. Tuvo resultados prácticos: los tres PAI aún no se han construido.
Sin embargo, la doctrina Parcent vive ahora momentos complicados: el actual alcalde, Máximo Revilla, y sus cuatro concejales, todos de Coalició Democràtica -el partido que ganó las últimas elecciones por su oposición a los PAI que defendía el PP- se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 2 de noviembre después de que un juez de Dénia haya admitido a trámite una querella de la promotora Terra de l'Horta, que les acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa por haber anulado de forma ilegal los planes una vez que accedieron al poder.
La cuestión que ahora se dirime en este nuevo duelo judicial sobre el urbanismo desaforado no es baladí, toda vez que los PAI aún no están muertos: de hecho, siguen tramitándose en la Consejería de Territorio y todos los intentos que hasta el momento ha hecho el ejecutivo de Revilla para que la Administración autonómica les devuelva el expediente -lo que acarrearía su paralización- han resultado infructuosos.
Los cinco concejales deberán responder ahora a la querella de la promotora, que pide para ellos y para el secretario municipal detención y encarcelamiento o libertad provisional con fianza, a pesar de que en últimos tres años su doctrina recibió un férreo apoyo en diferentes escenarios. En primer lugar, en la calle: a la sencilla manifestación de aquella noche de los paraguas se sumó otra dos meses más tarde que reunió ya a dos mil personas con el lema Salvem els nostres pobles. No a la destrucció del territori.
En segundo lugar, en Europa: en una sesión del Parlamento Europeo de aquel 2006, cinco eurodiputados les concedieron su respaldo y hasta el presidente del comité de peticiones envió una carta al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, quejándose de tanta pasión por el hormigón. Parcent fue clave en los apercibimientos que Bruselas realizó a todo el conjunto de la política urbanística española. Y en tercer lugar, desde los tribunales: la doctrina Parcent es sobre todo una doctrina jurídica porque a mediados de 2006, y en dos sentencias sin precedentes, el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) ordenó la suspensión cautelar del PAI del Replà al considerar que el mismo se realizaba sin reservas hídricas y suponía un grave atentado medioambiental.
Pero ahora la promotora ha abierto un segundo frente judicial antagónico al del TSJ al considerar que los ediles de Revilla han prevaricado tras anular el acuerdo plenario con el que el PP daba luz verde a los PAI y al exigir a Territorio que también paralizara los planes. En su querella, Terres de l?Horta subraya la vinculación entre Coalició Democràtica y la asociación Veïns de Parcent, que fue la que inició las movilizaciones.
En cambio, la promotora no alude al hecho de que en una sesión del Parlamento Europeo de 2008, el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo presentara como interlocutora de las empresas de los PAI a la propia ex alcaldesa popular de Parcent, Maria del Carmen López. Ni a los informes del Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la propia Consejería de Territorio desaconsejando los PAI que acabarían con 121 especies de fauna protegida.
Terres de l'Horta ha sido la promotora más activa a la hora de defender los proyectos urbanísticos. Vinculada al grupo Ballester y al cantante Julio Iglesias, con su querella se juega su última carta para revitalizar los PAI. El gobierno local de Parcent cree que no lo logrará: a través de un comunicado afirma que "hemos actuado conforme a la legalidad vigente y consideramos que la interposición de la querella tiene la gravísima pretensión de encarcelar a quienes practican la democracia".
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 24/08/2009
Foto: Parcent (Alicante), protesta vecinos (archivo) - levante-emv.com
Son Gotleu, el barrio olvidado de Cort
ELMUNDO/Palma* : Desactivar el polvorín social de Son Gotleu no entra en los planes de acción prioritarios del Ayuntamiento de Palma. En el barrio donde estalló el pasado jueves una reyerta multitudinaria de más de un millar de personas entre inmigrantes nigerianos y personas de etnia gitana, entre otros, el gobierno municipal no tiene prevista, a fecha de hoy, ninguna actuación urbanística de primera nivel.
De hecho ni se le menciona en los doce folios del pacto de gobernabilidad firmado en 2007 por PSOE, UM y Bloc, (PSM más EU/EV) en el que se trazaban las líneas maestras a seguir por el gobierno municipal en inversiones y proyectos durante la presente legislatura. Por no pasar, por las calles de Son Gotleu no ha pasado ni el Plan E, que ha puesto patas arriba gran parte del callejero urbano de la capital balear y que se ha quedado a las puertas, en la reforma de la plaza Miquel Dolç, antes denominada de teniente coronel Franco. De ahí para dentro nada.
A diferencia de otras zonas deprimidas de la capital con una problemática social en línea con este barrio del levante palmesano, La Soledad, Polígono de Levante, Son Banya, Pedro Garau o Corea, donde hay sobre el papel proyectos urbanísticos municipales a ejecutar de mayor o menor envergadura, los más de 9.000 vecinos del barrio de Son Gotleu (30% de inmigrantes) son los grandes olvidados de la presente legislatura. Desde que la ex alcaldesa Catalina Cirer (PP) inaugurase el casal de barri y el nuevo cuartel de la Policía Local en las semanas previstas a las elecciones de 2007, allí ningún político ha inaugurado nada y pocos, casi ninguno, son los que se pasean por sus calles, pese a que todos conocían y sabían con creces que la multiculturalidad era allí una bomba de relojería.
* El Mundo - Indalecio Ribelles | Palma - 24.08.09
Foto: Imagen de la batalla campal del jueves en Son Gotleu. | AA. VV. Orson Welles, elmundo.es
