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LAVERDAD/Murcia* : Cantó de plano. Se fue de la húmeda, que se dice en el argot de la delincuencia. Y fueron esas declaraciones, prestadas por el ingeniero, empresario y ex funcionario del Ayuntamiento de Librilla Domingo Peñalver Rojo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las que llevaron al juez a ordenar la detención del alcalde de esa localidad, José Martínez García; del concejal de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, y del gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora.
Lo que Domingo Peñalver comenzó a contar el pasado 19 de noviembre, tras ser detenido, sonó a música celestial en los oídos de los investigadores, que comprendieron al instante que la confesión les daba vía libre para detener al alcalde de Librilla y a sus dos supuestos hombres de confianza.
En esa declaración prestada ante la Guardia Civil, a la que La Verdad ha tenido acceso, y que luego fue ampliada en presencia del juez de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, se relata de forma minuciosa cómo funcionaba la supuesta trama montada en torno al Consistorio librillense y cuyo supuesto fin era el enriquecimiento ilícito, a cargo de los fondos públicos, de todos sus integrantes. Lo que sigue es un resumen del acta de la citada declaración.
UN EX TÉCNICO MUNICIPAL
Peñalver empezó relatando que es ingeniero y que desarrolló su labor en el Ayuntamiento de Librilla, como técnico municipal, hasta que se dio de baja en octubre del 2007. Sigue narrando cómo se inició su relación con otro de los imputados, el funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde; cómo ambos compartían la propiedad de la empresa ACADI y cómo tenían intereses en otras sociedades; cómo Cano medió ante el Consistorio para que le adjudicasen a ACADI la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)...
Habla y habla, a lo largo de dos horas y media, hasta que a las 17.40 horas solicita un descanso. Cuando se reanuda la toma de declaración, a las 18.00 horas, empieza a hablar de seguido sobre la presunta trama de corrupción.
«Que con motivo de ser el manifestante el redactor del PGOU de Librilla para desarrollar el suelo del municipio, tuvo contacto con el asesor jurídico del Ayuntamiento, (el abogado) Cesáreo Gil de Pareja Otón, el cual organizaba los términos de los convenios urbanísticos, cuyo objeto era la reclasificación del suelo, y para ello el mencionado Cesáreo tenía plenos poderes dotados por el alcalde, Pepe, y por Pedro, teniente de alcalde, para que se encargara de convenir con los propietarios de suelo las cantidades que debían pagar para poder cambiar el uso de dicho suelo de rústico a urbano y así obtener una plusvalía por los mismos».
«Asimismo -continuó-, y si además esos conveniantes (propietarios) contrataban los servicios de la empresa municipal IDL, esta firma sacaba a concurso esos contratos, que siempre acababan realizándose por ACADI, ya que estaba acordada de antemano esa adjudicación».
ÉSTE ERA EL PROCEDIMIENTO
«Lo que el manifestante quiere decir -añadió, por si no empezaba a estar claro el asunto-, es que Cesáreo Gil de Pareja, desde su posición de técnico jurídico contratado por el Ayuntamiento, y a su vez contratado por IDL, y colaborando ya con ACADI porque en el avance del PGOU aparece como co-redactor, estableció el procedimiento por el cual se podía conseguir que los propietarios de los terrenos contratasen con IDL desde el plan parcial hasta la dirección de la obra, que es el proceso para reclasificar el suelo y acabar el mismo en urbano».
Pero, claro, aseguró Peñalver, eso le costaba un dinero no sólo a los dueños del suelo, sino a él mismo, como adjudicatario último y privilegiado de los contratos. «La empresa IDL cobraba previamente a los propietarios y acto seguido, a través de Pepe (alcalde) o Pedro (teniente de alcalde), y de José Andrés de IDL, le solicitaban al manifestante sumas de dinero para que pudiera seguir desarrollando los proyectos y para poder cobrar finalmente sus honorarios, no sin antes haber desembolsado cantidades de dinero en B».
A petición de los agentes de la UCO, el ex funcionario municipal señala que «al referirse a dinero en B hace mención a cantidades económicas que tenía que hacer efectivas el manifestante a los tres individuos antes citados, como condición para que IDL le pagara a ACADI (su empresa) los trabajos realizados a los propietarios del suelo. Estas comisiones se pagaban en mano y en efectivo por parte del manifestante a Pepe (alcalde), Pedro (teniente de alcalde), indistintamente, y a José Andrés (IDL) de forma separada. Estos pagos en metálico los tenía que justificar el manifestante a través de facturación falsa».
CUANDO TENÍA LIQUIDEZ
«Las cantidades a las que el manifestante hace referencia -aclara- suman un total de 90.000 ó 100.000 euros a cada uno de los individuos mencionados, repartidos en varios pagos de 30.000 ó 40.000 euros cada vez. Dichos pagos eran reclamados por dichos individuos en los días siguientes a los ingresos realizados al manifestante a través de la mercantil ACADI, es decir, cuando tenía liquidez. El manifestante hace constar que en esos momentos tenía numerosos empleados y que sufragar los gastos de éstos le suponían sumas de dinero que apenas podía soportar con los ingresos de ACADI. (...) Esos ingresos se los iban suministrando por medio de IDL y con absoluta manipulación por parte de los individuos mencionados, prevaliéndose de la situación que tenían sobre el manifestante para mantener esta situación de carencia económica sobre el mismo y así obligarle a aceptar los condicionantes de dicho pacto, en el cual para poder seguir recibiendo los ingresos por el trabajo realizado se veía obligado a seguir realizando los pagos mencionados. (...) Se encontraba agobiado, tenía miedo y dependía económicamente de ellos».
A continuación, Peñalver aseguró que Cesáreo Gil «era la persona de confianza de los responsables políticos de Librilla» y que «parte de la obligación de pagos dentro del Ayuntamiento a determinadas personas era también para pagar, mediante facturación, al Citado Cesáreo. Que la facturación que ACADI tuvo que pagar a Cesáreo Gil como compensación alcanzó la cantidad de 574.000 euros». Peñalver, el cantante, acabó reconociendo a los agentes que «siente temor por su propia vida y la de su familia y por las consecuencias que puedan ocurrir, a tenor de los hechos narrados, en su entorno familiar».
UNA CANTIDAD DESORBITADA
Con las jugosas confesiones del empresario y ex técnico municipal, la UCO elaboró un atestado en el que reseñaba que, según se deducía de los datos aportados por el propio Peñalver y de la documentación recabada de la Agencia Tributaria, «Domingo Peñalver pagó supuestamente a José Martínez García, Pedro Martínez Muñoz, José Andrés Cortés y Cesáreo Gil, la cantidad de 1.848.150,58 euros a cambio de realizar los trabajos que IDL encargaba a ACADI».
Horas después, los tres primeros eran detenidos y acababan dando con sus huesos en prisión. Unos días más tarde fue arrestado Cesáreo Gil. Quedó libre, pero con cargos.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 30.01.2009
Foto: Librilla (Murcia), ayuntamiento - librilla.es
Corrupción en Librilla: «Pagué entre 90.000 y 100.000 euros en metálico al alcalde y al edil de Urbanismo»
Vecinos de Alcosa se manifiestan contra el trazado de la SE-35 ante sus efectos en el parque del Tamarguillo
EUROPAPRESS/Sevilla* : Varios cientos de personas, según la organización Movida Pro Parque del Tamarguillo, han recorrido hoy a pie el barrio de Alcosa en protesta por el trazado que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla planea para la nueva autovía de circunvalación de la ciudad, dado que la nueva infraestructura "parte en dos" una zona verde de 96 hectáreas habilitada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Consistorio con fondos de cohesión de la Unión Europea.
Uno de los miembros de la plataforma, Jesús Caballo, informó a Europa Press de que la protesta se celebró bajo la vigilancia de la Policía Local, partiendo a las 17,30 horas del centro cívico de Parque Alcosa para rechazar el trazado que la Gerencia de Urbanismo prepara para la futura autovía de circunvalación SE-35, porque la carretera proyectada discurre justo "a través" de las 96 hectáreas de zona verde fruto del encauzamiento de los arroyos Ranilla y Tamarguillo a su paso por el término municipal de Sevilla, obras impulsadas por la CHG y el propio Consistorio.
"El propio Ayuntamiento lo reconoce", dijo en cuanto a los efectos de la carretera sobre el parque del Tamarguillo, aún por inaugurar y supuestamente en peligro según este colectivo.
El delegado de Presidencia y Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de su lado, asegura que el Ayuntamiento de Sevilla va a dotar ahora de las infraestructuras necesarias para poder abrirlo en enero de 2010 gracias a su inclusión en el Plan 8.000 del Gobierno Central. El delegado de Presidencia y Urbanismo ha manifestado su compromiso con los vecinos de Sevilla Este y Alcosa, que "tendrán completamente equipado el Parque del Tamarguillo en enero de 2010", gracias a la decisión de incluir en el Plan 8.000 el proyecto de infraestructuras del mismo que contará con una inversión de 2.168.317 euros.
El proyecto del ejecución del parque del Tamarguillo realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contempla una reserva de suelo para nueva vía de transporte de la ciudad, SE-35 a su paso por Alcosa, proyectada en el PGOU de Sevilla cuya ejecución estará sujeta a los ajustes necesarios previos al inicio de las obras. La Confederación ha ejecutado paralelamente a esta obra el tramo correspondiente al nuevo cauce del Arroyo del Ranilla que va paralelo a la SE-35 por todo el arco norte hasta desembocar en el río Guadalquivir.
Está actuación, cuyo proyecto ya está redactado, permitirá que desaparezca el actual canal que parte por la mitad al barrio de Palmete y que separa actualmente Alcosa de Sevilla Este. El proyecto de Urbanismo para esta zona consiste, al igual que se ha hecho en Miraflores o Pino Montano, en meter el parque en el barrio de Alcosa, una vez que la Carretera de Alcosa sea sustituida por la nueva ronda de circunvalación SE-35.
La SE-35 es una infraestructura de ciudad contemplada en Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2006 que dotará, en este caso a Sevilla Este y Alcosa, de un instrumento vital para su desarrollo económico dando acceso directo a la autovía A4 y la ciudad. De esta forma, se conseguirá eliminar el tráfico interno que actualmente soporta la Carretera de Alcosa haciendo más permeable el acceso de los vecinos al nuevo parque del Tamarguillo.
* Europa Press - 29.01.2009
El Fiscal de medio ambiente pide un año de cárcel para el alcalde de Alguazas
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VEGAMEDIA/Murcia* : Por un delito contra el entorno de La Torre de los Moros. La denuncia fue presentada por la Asociación Entrecauces con motivo de la construcción de un edificio en el entorno protegido de este importante monumento de Alguazas. La Fiscalía también pide ocho años de inhabilitación para el Alcalde José Antonio Fernández Lladó, quince meses de prisión para la promotora y la demolición de la obra realizada.
"La imagen de Goliat mordiendo el polvo es la primera que se viene a la cabeza con el golpe que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo acaba de proporcionar a los promotores y responsables políticos de la construcción de un restaurante en el entorno protegido de la Torre de los Moros", aseguran desde Entrecauces.
Desde hace años, esta polémica e impactante edificación en uno de los lugares más emblemáticos de la huerta de Alguazas ha suscitado la firme oposición de la ciudadanía y de la Asociación Entrecauces, de donde en enero de 2005 partió la querella criminal, que ahora después de 4 años empieza a dar sus primeros frutos, según este colectivo. Esta Asociación sin ánimo de lucro nació precisamente para dar cauce a las inquietudes ciudadanas por la protección del patrimonio cultural, histórico y natural de la Vega Media, sobre todo "a partir de la pasividad del Alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, ante las más de 40 denuncias presentadas por los vecinos y vecinas desde el año 2002, en el caso del impacto al entorno de la Torre de los Moros, y demuestra una vez más una clara situación de abuso de poder y favoritismo a intereses particulares privados en perjuicio del interés público".
La construcción que ha motivado la denuncia de Entrecauces y el escrito de la Fiscalía sería constitutiva de delito por estar realizada en suelo no urbanizable protegido arqueológicamente, por se zona de huerta y entorno del Bien de Interés Cultural de la Torre de los Moros, una fortaleza medieval del siglo XII que algunos historiadores consideran la más antigua de la Región de Murcia. Los delitos que el fiscal pronuncia en su escrito de acusación serían contra la ordenación del territorio, por el que se estima responsable a la promotora del restaurante Consuelo Arnaldos Martínez, y de prevaricación urbanística, cuya responsabilidad apunta al Alcalde de Alguazas, José Antonio Fernandez Lladó.
El fiscal se ha dirigido ya al Juzgado de instrucción nº 5 de Molina de Segura para solicitar la apertura de Juicio Oral, a celebra ante el Juzgado de los Penal del Palacio de Justicia, donde se deben determinar las penas de prisión, inhabilitación y restauración de daños que los acusados podrían verse obligado a cumplir si las condenas propuestas por la Fiscalía se traducen en una sentencia definitiva.
* Vegamedia Press - 29.01.2009
Foto: Afirman que se ha perjudicado este edificio histórico -VMPress.
Vecinos de Pinto, contra el PGOU y la construcción de un campo de golf
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MADRIDIARIO* : Un grupo de vecinos han constituido la Plataforma de "Ciudadanos por un Pinto sostenible" cuyo objetivo es plantear una alternativa al actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contempla, entre otros proyectos, la creación en esta localidad de un campo de golf en la zona de Punctum Millenium.
El representante de este nuevo colectivo, Antonio García, ha explicado que el objetivo de esta plataforma es "defender una planificación urbanística integradora, racional, equilibrada y que proteja el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos de Pinto"
El actual PGOU es considerado por la Plataforma "una amenaza para el buen desarrollo de Pinto, porque este campo de golf iría rodeado de 732 viviendas de lujo, cada una con su propia parcela" que ocuparán el mismo suelo que las 9.200 viviendas restantes de Punctum Millenium.
También van a emprender acciones para evitar que no se apruebe la modificación prevista para este Plan, que supone la construcción de El Espacio del Motor, una operación urbanística que contempla, entre otros equipamientos, la creación de un circuito de alta velocidad para competiciones internacionales de automovilismo y motos.
Desde la Plataforma, consideran que este proyecto es "una operación especulativa, innecesaria y con un enorme impacto para el entorno, por lo que solicitamos a la Comunidad de Madrid que emita un informe de evaluación ambiental desfavorable".
Este nuevo colectivo hará su acto de presentación pública el próximo 19 de febrero y pretende que sus integrantes sean vecinos que se impliquen a título individual, independientemente de su afiliación o simpatías por otras entidades sociales, políticas o de cualquier ámbito.
* Madridiario - 29-01-2009 - MDO/EFE
Foto: madridiario.es
