JustoNavarro* : "Por fin la autoridad ha percibido la gran revolución de estos años, iniciada en los sesenta del siglo pasado y continuada hasta hoy, cada vez más acelerada: la construcción destructiva. Era visible la explosión inmobiliaria por la proliferación de bloques de casas en cadena. Era visible su efecto sobre las costumbres, pero nadie vio nada, quizá porque una torre de pisos no desentona en la economía del máximo beneficio personal, lo que antes se llamaba capitalismo para diferenciarse de otras formas económicas. Puesto que el capitalismo es la única economía existente e incluso la única imaginable, ya sólo hablamos de economía, y acabamos de descubrir lo fácil que resulta convertir en delincuencia negocios tan legítimos como la compraventa de bienes raíces.
La industria inmobiliaria ha cambiado la política. Ha conseguido que algunos gobiernos municipales funcionen como asociaciones para delinquir. La proliferación de viviendas a precios imposibles para la mayoría de los vecinos ha contado con el apoyo caótico y eufórico de todos los partidos, de la derecha a la izquierda. Hemos descubierto que el crecimiento económico puede equivaler a delincuencia económica, y habrá quien culpe al libre mercado, pero el urbanismo actual habría sido imposible sin la contundente intervención del Estado en la economía: los ayuntamientos han privatizado suelo y recursos públicos con la necesaria colaboración, activa o pasiva, de la administración autonómica.
Se ha llevado a cabo una especie de desamortización, como la del siglo XIX, cuando la expropiación y venta de fincas de conventos y municipios. Esto era entonces liberal, una reforma antifeudal de la propiedad de la tierra, iniciada por los invasores franceses, ratificada por las Cortes de Cádiz y los progresistas de 1837 y 1855. La liquidación de los bienes municipales movió dinero para bien de todos y arruinó a los vecinos. Los métodos de venta y pago aseguraron la posesión de la tierra a la aristocracia de sangre y del comercio, los viejos y nuevos terratenientes, actores decisivos en la historia de España, una historia fea. Es mejor no recordarla porque, en vez de unir a los españoles, los separa.
En Sicilia pasó casi lo mismo. En 1812 los señores feudales de la isla se convirtieron al liberalismo. Obligaron al rey Fernando I de Borbón a firmar una Constitución liberal que despojaba a la nobleza de sus privilegios feudales, y transformaron sus tierras en propiedad privada, libremente negociable. Los feudos fueron latifundios. La vida cambió para que todo siguiera igual, y hay quien ve en ese momento el origen remoto de la mafia de hoy.
En nuestros años hemos vivido otra desamortización, muy distinta, porque ya no había feudos sino propiedad pública. Se han vendido masivamente las propiedades municipales. Los ayuntamientos se han deshecho del suelo municipal en nombre del bienestar general o lo que antes se llamaba bien común. El asunto empezó con un permiso para construir donde no se podía, y a cambio la constructora dejó un mínimo jardín público que el Ayuntamiento acabó cediendo para la construcción de un bloque más de viviendas. Luego se vendió directamente suelo público. Y todo fue dentro de la ley, como legal ha sido el arrasamiento de paisajes, la invasión de las playas y los montes.
Existe ahora una nueva sociedad económica, con una red de tratantes y comisionistas en torno a la Administración, y políticos reconvertidos en negociantes inmobiliarios como única profesión verdadera. Los bancos participan en los beneficios inmediatos del suelo y en el negocio dilatado de las hipotecas inacabables. Mucha gente que jamás había tenido dinero sucio en sus manos se ha visto obligada en la notaría a ensuciar su dinero para poder comprarse un piso. Todo se ha viciado, y no es una cuestión regional ni nacional: en esta revolución urbanística son esenciales las tramas de tráfico mundial de capitales y limpieza de rentas mafiosas. No conocemos el alcance de esta mutación moral. No es el asunto del año, sino el asunto del futuro.
*El País 31/12
El año del descubrimiento
La selva del urbanismo a vista de pájaro
Natalia Junquera - El País 30/12
Todos los pecados urbanísticos han quedado a la vista. Desde el aire, no hay escapatoria. Las ortofotos, imágenes que se pueden ver y también medir, como un plano -tomadas con cámaras métricas instaladas en el fuselaje de un avión- y las imágenes por satélite han abarrotado los informes de expertos de pruebas irrefutables para llegar a una misma conclusión: el modelo de desarrollo urbanístico español de los últimos años es "insostenible".
"El suelo edificado ha crecido más de un 40% en los últimos 18 años y este aumento se ha realizado sobre zonas agrícolas de huertas de gran valor productivo en muchas ocasiones, en zonas húmedas de importante valor para la conservación de la biodiversidad, y sobre todo, en la primera línea de playa a lo largo de todo el Mediterráneo. Hay zonas donde ya está construido el 60% de la línea de costa", asegura Fernando Prieto, coordinador de Cambios de ocupación del suelo en España. Implicaciones para la sostenibilidad, un informe realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE).
El informe, de casi 500 páginas, toma sus pruebas de la comparación de imágenes hechas por satélite en 1987 y en 2000 a petición de la Agencia Europea de Medio Ambiente, muestra cómo la agricultura intensiva, muy dependiente del regadío, se ha desarrollado espectacularmente precisamente en las zonas que más problemas tienen con el agua; cómo el avance de la construcción y la agricultura ha hecho desaparecer múltiples humedales litorales especialmente ricos en biodiversidad y en general o cómo se ha instalado el cemento donde antes había bosque o playa.
El último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de hace apenas un mes, habla de una "expansión urbana descontrolada" y la explica así: "La tasa de cambio del uso del suelo de rústico a urbano es superior a la tasa de crecimiento demográfico". Y concluye que este descontrol urbanístico es "uno de los principales retos comunes a los que debe hacer frente la actual Europa".
Los que más contribuyen a esa "expansión urbana descontrolada" son los españoles. "En los últimos diez años hemos pasado de edificar unas 350.000 viviendas a más de 800.000 cada año, más que Alemania, Inglaterra y Francia juntas. Este proceso, que se ha centrado fundamentalmente en la costa y en las principales áreas metropolitanas del país ha supuesto la urbanización del equivalente a unos 20.000 campos de fútbol cada año", asegura Fernando Prats, fundador de AUIA (Arquitectos Urbanistas e Ingenieros Asociados), gabinete que colaboró en el informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España. "Lo que hacemos es dar información crítica, para intentar que todo lo que vemos llegue a la opinión pública. Llevamos desde los años 80 observando el urbanismo en clave de sostenibilidad y francamente, estamos muy preocupados con la situación actual", dice.
Por todo esto, la ordenación del territorio se ha convertido en la principal aplicación de la ortografía. "No es que sea una disciplina nueva. En la Segunda Guerra Mundial ya se utilizaba para ver dónde estaba y qué tenía el enemigo. Desde entonces, se ha utilizado para muchas cosas, por ejemplo para hacer inventario de los olivos o las vides y solicitar fondos a la Unión Europea, pero sí es cierto que el urbanismo, el medio ambiente y la ordenación del territorio en general se han convertido en la principal aplicación", explica un técnico del Instituto Geográfico Español.
Las cámaras métricas, instaladas en el fuselaje de un avión, a 2.200 metros de altitud sirven para detectar pequeñas y grandes irregularidades, frecuentes piscinas particulares sin licencia y grandes urbanizaciones pegadas al mar. Por eso Hacienda ha decidido utilizar esta técnica para detectar fraudes inmobiliarios y todas las viviendas que no estén registradas en el catastro.
"Vivimos el boom especulativo más largo e intenso de la España moderna, que ha impulsado una ola de corrupción y afecta a la población con menos recursos económicos", asegura Fernando Prats, arquitecto y urbanista. "Nunca ha habido más viviendas y más cara, con crecimientos de precios del 160%, y menos oferta residencial a precios asequibles. El acceso a nuevas viviendas ha exigido, a quienes han podido hacerlo, elevar el endeudamiento familiar en el país en un 348% durante la última década", añade.
Los informes, los expertos y las pruebas que aportan, coinciden en que no se trata de algo puntual, sino de una tendencia, además, preocupante. "El consumo de cemento o la demanda de viviendas indican que todavía se puede mantener esta evolución no deseada y se seguirá ocupando la primera línea de costa con desarrollos urbanísticos y se seguirá construyendo en zonas protegidas, a no ser que se modifique la legislación y se dictaminen una serie de restricciones al aumento de la superficie artificial", afirma el coordinador del Informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España, Fernando Prats.
"Lo peor está por aflorar: los compromisos de los nuevos crecimientos, vía planeamiento municipal, pueden llegar a triplicar o cuadruplicar la capacidad residencial actual, porque en este ciclo especulativo la expansión inmobiliaria no se produce sólo a través de urbanizaciones ilegales sino a través de los nuevos planes urbanísticos de los ayuntamientos", asegura el fundador de Arquitectos Urbanistas e Ingenieros Asociados, colaborador del informe sobre los cambios de ocupación del suelo en España.
Los expertos confían en que la nueva ley de suelo, en trámite parlamentario, ayude a mejorar la situación e impedir disparates urbanísticos y medioambientales. "El Gobierno y las administraciones locales tienen la última oportunidad para comprar terreno para las generaciones futuras, que garanticen la sostenibilidad", advierte el coordinador del informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España.
Las Cajas financian la especulación y la corrupción urbanística
El portavoz de Los Verdes, Francisco Garrido, acusó hoy a las Cajas de Ahorro andaluzas de financiar la especulación urbanística y denunció las amenazas y coacciones que sufren los vecinos que se oponen a estos proyectos inmobiliarios, en especial en Ronda (Málaga).
Garrido aludió, en conferencia de prensa, a la finalidad social claramente preferente que deben perseguir las actuaciones de las Cajas, que contrapuso con que más del setenta por ciento de los grandes proyectos urbanísticos con mayor impacto medioambiental de Andalucía estén financiados por estas entidades, incluso los proyectos más destructivos, y muchos sometidos a investigación por corrupción política. Demandó a los partidos, que controlan los órganos de gobierno de estas entidades financieras, que abandonen 'el doble lenguaje' de propugnar un urbanismo sostenible en público y aprobar y financiar otro, especulativo, con sus decisiones en las Cajas de Ahorros. 'No es de recibo esta actuación porque las Cajas no están para financiar proyectos especulativos ni para intervenir de manera especulativa en el mercado inmobiliario', apostilló.
Como ejemplo destacó el polémico proyecto urbanístico de Los Merinos, en Ronda (Málaga), contestado por grupos ecologistas que temen afecte a una zona declarada reserva de la biosfera y que, según Garrido, está apoyado por el ex alcalde de Ronda y actual vicepresidente de Unicaja, Juan Fraile.
Garrido denunció que los promotores de este proyecto actúan de un forma 'cuasi mafiosa' en Ronda, 'amenazando y amedrentando' a los opositores a esta urbanización y consolidando lo que calificó de 'estado de excepción urbanística' y 'quiebra del Estado de Derecho'.
Anunció una interpelación en el Congreso sobre la actuación del sargento de la Guardia Civil de Ronda, de quien dijo que tiene una relación familiar con el jefe de la empresa de seguridad de este proyecto inmobiliario, y a quien acusó de 'estar protegiendo los intereses de la promotora y coaccionado y amedrentando a los vecinos, citándolos de manera inopinada a declarar en el cuartelillo'.
Recordó las campañas de amenazas y difamaciones sufridas por los opositores a proyectos urbanísticos ilegales en Marbella (Málaga) o en el Puerto de Santa María (Cádiz) y denunció la campaña de acoso que sufre la alcaldesa de Cuevas del Becerro (Málaga) por su oposición al proyecto de Los Merinos.
También alertó de que el concejal de Los Verdes en Frigiliana (Málaga) ha sufrido el tercer ataque a su vehículo privado y soporta amenazas de muerte, por lo que anunció que pedirá una entrevista para analizar estos hechos con el delegado del Gobierno.
Los Verdes distribuirán tarjetas para que los ciudadanos las remitan al presidente de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorro (FACA) y de Unicaja, Braulio Medel, en la que se demanda 'que las cajas de ahorros dejen de ser las financiadoras de la especulación y de la corrupción urbanística en Andalucía'.
Sevilla 18 de Diciembre
El urbanicidio español es fruto de una enorme complicidad
AntonioFranco* : "Es imposible no ver el urbanicidio español. Son miles y miles de edificios, muchos de ellos enormes, muchos de ellos desproporcionados en sus formas y dimensiones con respecto al entorno, levantados ante de los ojos de todo el mundo y a la luz del día entre grúas indisimulables, vallas manifiestas y carteles anunciadores completamente explícitos. Ocupan espacios que hace 10, 15 o 20 años eran o no edificables o edificables con muchí- simas limitaciones. Es imposible no verlos porque están en todas partes y, frecuentemente, en las mejores ubicaciones. Muchos, en las ciudades; todavía más en sus entornos, y, como caídos en aluvión o traídos por un tsunami, en el litoral potencialmente turístico y en rincones de montaña en los que siempre había prevalecido la pretensión de un crecimiento equilibrado. Son bloques y chalets, pisos y locales de todo tipo, innumerables apartamentos- Y, por si esto fuese poco, son, asimismo, identificables, porque a su lado nuevas grúas, nuevas obras y nuevos carteles anuncian la inmediata puesta en marcha de nuevas promociones...
Aludiendo a la visualidad de las cosas, hay que reconocer que los retoques de los antiguos planes urbanísticos, los concejales cambiando de criterio sobre la edificabilidad, los alcaldes firmando recalificaciones y los promotores recogiendo sus beneficios a capazos se ven menos. Pero existen igualmente. Existen como las mismas construcciones.
Ahora se pone de moda sacar las entretelas de todo eso a la luz. Algunos lo atribuyen al clarinazo público del caso Marbella o a un súbito ataque de vergüenza colectiva. Yo creo que se debe a algo mucho más prosaico: la saturación. Por un lado, el litoral español ya es, en términos generales, una línea continua de edificaciones. Por otro, el llano de Madrid tiene alrededor de la capital un radio de muchas decenas de kilómetros ya construidos. Y las islas se han pasado manifiestamente en sus raciones de cemento. Se impone una desaceleración de respiro. Y con las obras ya irreversiblemente hechas, nos distraeremos con una temporada movida de tardía exigencia de responsabilidades.
Pero tampoco crean que va a ser fácil: la corrupción que está detrás de buena parte de este cambio del decorado español afecta a gente de todos los colores políticos, y en este país eso conduce frecuentemente a que se haga más ruido que justicia. Para empezar, en el PP, partido al que los indicios apuntan como el gran campeón a la hora de reunir protagonistas de esta delincuencia, están muy bien engrasados los mecanismos dialécticos de defensa. Aunque Mariano Rajoy hable de expulsar a todos los que hayan incurrido en irregularidades, de momento consiente que sus altos cargos pillados con las manos en la masa continúen en sus puestos e, incluso, que se descalifique públicamente a quienes les detienen y procesan, es decir, a Anticorrupción y los fiscales. También hemos tenido que oír cómo desde el PP se desentierra el GAL para descalificar a los actuales gobernantes socialistas, aunque estén avalados por las urnas, e intentar incapacitarles moralmente para que actúen contra los sobornos.
CON TODO,sería ingenuo pensar que lo principal de este asunto es su condición de reyerta entre partidos. El urbanicidio español es el resultado de una gigantesca complicidad en la que estamos implicados --aunque con diferentes grados de culpabilidad-- casi todos. En lo inmediato, los máximos culpables son, evidentemente, los corruptos que sobornan para construir donde no se puede y los corruptos que se dejan sobornar para facilitarlo. Pero en un segundo escalón de responsabilidad y culpa están las administraciones e instituciones, que deberían fiscalizar, prever e impedir, y que en la práctica resultan ser consentidoras por incapacidad. O lo suficientemente lentas como para ser ineficaces. Me refiero tanto a determinadas esferas municipales, autonómicas y estatales como al estamento judicial y a las fuerzas policiales.
Pero las cosas no acaban aquí. Inmediatamente detrás de lo anterior, la responsabilidad alcanza al conjunto de la sociedad civil, que en este país es perfectamente consciente de que nuestro modelo económico centrado en un abuso desaforado del ladrillo, además de ser insano en sí mismo, fomenta un ánimo especulativo generalizado. Porque eso es lo que crea la laxitud general con respecto a estos problemas, lo que anima a que la gente de la calle compre y venda inmuebles con un espíritu inequívocamente especulativo, aunque al final lo acabe pagando ella misma, y lo que impulsa una operatividad cotidiana del urbanismo rebozada de corrupción en casi todos los tramos. Porque todos sabemos que no tiene sentido que en este país se construya tanto y, sin embargo, no se dé respuesta a la escasez real del tipo de vivienda que realmente necesita y puede pagar el ciudadano medio. Porque todos sabemos que no tiene sentido que aquí se construyan más inmuebles que en países como Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos...
Estamos viendo, junto a los edificios imposibles de ocultar, que cuando el ladrillo es la actividad económica nuclear de un país, además de los riesgos de continuidad que eso tiene cara al futuro, acaban asentándose en su entorno demasiadas cosas ilógicas. Con cierto cinismo podría decirse que la especulación solo es soportable, socialmente hablando, cuando la hacen unos pocos, que es lo que había sucedido siempre. Con un ánimo especulador tan generalizado como el que hay en España, y con lo poco contrarrestado que está, eso amenaza a contaminarlo todo. En la política ya tenemos ejemplos palmarios, desde el peso del dinero de la construcción en la financiación irregular de los partidos políticos hasta la alteración manifiesta del resultado electoral de un territorio tan significativo como la Comunidad Autónoma de Madrid un día en que las urnas votaron contra las conveniencias de determinados constructores.
*La Voz de Asturias, 26/12 "ESTADO DE ESPECULACION GENERAL"
La responsabilidad de los arquitectos en el desastre urbanístico de España
Catalina Serra -El País 24/12. "Escucha, no todo es ladrillo":
En 10 años se han edificado cinco millones de viviendas en España. La gran mayoría de los arquitectos que han construido bloques de pisos, ristras de casitas adosadas o chalés seudorrústicos que han desfigurado los campos, playas y ciudades del país no se sienten responsables del desastre y se amparan en su papel de técnicos encargados de que los edificios cumplan con la normativa y se adecuen a los planes urbanísticos municipales.
Si los arquitectos y sus colegios tuvieron un papel importante durante la transición, desde finales de los ochenta y hasta casi entrado el nuevo milenio, su voz crítica quedó diluida en los aspectos técnicos del visado y servicios a los colegiados sin más repercusión social que la pátina cultural de sus exposiciones, generalmente autocomplacientes.
"En la Comunidad Valenciana, los arquitectos municipales están en primera línea de fuego y han sufrido muchas veces presiones increíbles. Cuando han pedido el apoyo del colegio se ha respondido, pero a veces de forma más testimonial que eficaz", reconoce Fabián Llisterri, ex decano del colegio de la Comunidad Valenciana, una de las más afectadas por el urbanismo salvaje y en la que han aparecido numerosas asociaciones y colectivos, en los que participan arquitectos y otros profesionales además de vecinos afectados, críticos con el modelo imperante. "Los arquitectos tenemos una responsabilidad específica que no podemos obviar, lo que ocurre es que nuestra influencia es muy limitada porque quien legisla y aprueba los planes es la Administración. Aun así, y muchas veces en ambientes hostiles que apoyan el crecimiento sin límites, algunos hemos participado en debates y firmado manifiestos en defensa de una actitud más racional y respetuosa con el territorio o la sostenibilidad y, como pasa en otros estamentos de la sociedad, también hay un sector de arquitectos que ha apoyado y se ha beneficiado del urbanismo galopante que hemos sufrido".
De entre los manifiestos que ha firmado Llisterri destaca el que lleva por título Por una nueva cultura del territorio, presentado en marzo de este año y que ya lleva recogidas más de 700 firmas de arquitectos, urbanistas y geógrafos, un colectivo este último que figura entre los más activos en la crítica a la desaforada urbanización del país. "El manifiesto surgió de un grupo de profesionales preocupados por la evolución del modelo territorial, no tanto por la corrupción sino por el mismo modelo del uso del suelo", explica Rafael Mata, uno de los promotores del documento y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. "Los delitos urbanísticos existen y la justicia tiene que perseguirlos, pero dentro de la legalidad el modelo actual también es lesivo para el medio ambiente, la calidad de vida de los ciudadanos y para asegurar el acceso a la vivienda. No fue un manifiesto respuesta a lo que pasó en Marbella, aunque coincidió en el tiempo, sino que va más allá. Está fallando el modelo. Se construye sin planificación, a golpe de planes parciales o actuaciones singulares que no están contempladas en una planificación seria del territorio. Y, cuando la hay, los planes se sortean o no se aplican adecuadamente, de manera que lo que la ley contempla como excepción se está convirtiendo en la regla". Es lo que pasa, añade, con el suelo, que ahora es todo edificable hasta que no se demuestre lo contrario. Y así nos va. Lo dicho, hacen falta más desertores.
"Cuando acabé la carrera, en 1996, me hice el juramento hipocrático de que mi labor profesional se centraría en la rehabilitación y en la reutilización de los espacios existentes, pero que nunca construiría obra nueva. No quiero colaborar". Itziar González Virós es uno de los escasísimos casos de desertores del ladrillo y no sólo ha mantenido su juramento sino que es una de las arquitectas más activas de Barcelona a la hora de replantear, siempre en equipo, el modelo urbanístico, tanto en lo que se refiere al análisis crítico de lo que está sucediendo como a la propuesta de alternativas que, en su caso, se concretan en su trabajo como experta en participación. Es decir, como técnica que media entre la Administración y los ciudadanos, los grandes olvidados de estos años, en un complejo y largo proceso que ha tenido uno de sus resultados más interesantes en el acuerdo para la reurbanización de la plaza Lesseps en Barcelona. Una gota de agua en un mar de cemento, pero algo es algo.
Ella nació en 1968 y se siente parte de la generación del baby boom que se ha formado en la universidad democrática con unos profesores que fueron, precisamente, los grandes críticos del urbanismo desarrollista franquista y que, con los años, se han integrado en las estructuras administrativas de ayuntamientos y comunidades o han tenido que abandonar sus ilusiones y esfuerzos por la presión de gestores y tecnócratas, que son quienes dominan ahora tanto la promoción inmobiliaria privada como la pública. "La nueva y durísima mercantilización de nuestras ciudades ha exiliado a la disciplina del urbanismo para situar, en su lugar, el virtuosismo del aprovechamiento y la edificabilidad, lo que yo denomino la urbanología", indica González Virós. "Al joven arquitecto le cuesta mucho alcanzar la experiencia de lo urbano porque está en manos de esta industria que dominan abogados y promotores y que ha simplificado el reto de construir y planificar la mixtura y la complejidad. Los del 68 reclamaron equipamientos y zonas verdes, algo que no puede decirse que se haya conseguido del todo. Nosotros reclamamos vivienda y participación. Ellos consiguieron la democracia formal y nosotros queremos la democracia real, participativa y culta, es decir, que se cultive a los que viven la ciudad, que aumente su implicación política, que haya libre intercambio de reflexión, información y formación".
Es un cambio de paradigma en el que no está sola, aunque son voces aún minoritarias en el espectro mediático de la arquitectura española. En la otra punta del país, en Sevilla, el colectivo Arquitectura y Compromiso Social está en la misma batalla. "Hay un error en la formación de los arquitectos porque se les prepara desde el paradigma del arquitecto artista, es decir, ha habido un hiperformalismo que ha supuesto la dejación de la responsabilidad social del arquitecto, que cuando acaba la carrera ve que prácticamente su única salida profesional es trabajar para promotores", indica Esteban de Manuel Jerez, miembro del colectivo que, entre otros proyectos, trabaja en el plan de rehabilitación del Polígono Sur de Sevilla y, más concretamente, en el famoso barrio de las 3.000 viviendas, "el mayor gueto de España", explica. "Lo que no puede ser es que se hagan planes generales de nueva construcción cuando, por ejemplo, en Sevilla hay 40.000 viviendas vacías. Los aspectos de rehabilitación son fundamentales, pero el problema es que, por una parte, la principal y casi única forma de financiación que tienen los ayuntamientos es el urbanismo, es decir, la nueva construcción; y, por otra, la economía española depende del ladrillo, por lo que es un tema sensible que no se aborda a fondo. La base del problema es el precio del suelo, cualquier intervención que se pretenda hacer desde la arquitectura en el aspecto formal, tecnológico o de abaratamiento de materiales no sirve de nada".
La Ley del Suelo de 1998, que ahora está en proceso de reforma y que supuso la consideración de todo el suelo como urbanizable salvo que hubiera un plan especial de protección, no fue el detonante del boom urbanístico actual, que había comenzado ya a principios de la década, pero lo multiplicó y sirvió para justificar la fiebre constructora que estamos sufriendo. El problema es que el paisaje de grúas en el que se ha convertido todo el país en gran parte está amparado por la legalidad, la voluntad política de impulsar la economía a través del tocho y la complacencia de muchos ciudadanos que se han enriquecido con el proceso.
"El desarrollo sostenible, la contención urbanística y la defensa del patrimonio no dan votos", explica el arquitecto cántabro César Gutiérrez, que en 2005 dimitió como concejal socialista del Ayuntamiento de Potes, en el que había ejercido la oposición a lo largo de 14 años, porque, decía en su escrito de despedida, "los vecinos eligen a los que mejor les representan por ser parecidos a ellos". "No se puede salvar a nadie a la fuerza", indicaba, y concluía: "Mientras tenga ojos para ver, no podré evitar sufrir la degradación galopante de mi pueblo, pero al menos a partir de ahora no tendré la mala conciencia de pertenecer a una corporación municipal que, cuando no promueve, tolera la ruina fraudulenta y el desguace sistemático del conjunto histórico de Potes".
Gutiérrez cree que nada ha cambiado desde entonces, todo lo más ha empeorado, y que el problema es grave en los pueblos pequeños ya que se otorga un gran poder a las corporaciones pese a que no tienen ni capacidad ni conocimientos de gestión adecuados. "La cuestión urbanística es irresoluble porque es una competencia muy golosa para los municipios y en la que hay demasiados intereses. La gente, además, se queja ante algún caso concreto de destrozo, pero en general no se escandaliza y lo ve como normal. No es un problema de corrupción, que también la hay en ocasiones, sino que los mismos vecinos piensan que es mejor no entrar en el tema porque ya les va bien así".
En España están colegiados unos 40.000 arquitectos de los que casi el 80% son profesionales liberales, es decir, asumen el seguro de responsabilidad civil por su trabajo. Sólo unos pocos consiguen la fama o el prestigio de salir en las revistas y allí está una de las grandes contradicciones de la situación española. Los profesionales de élite, tanto nacionales como internacionales, sirven en bandeja a los políticos la excusa "cultural" de muchas de las grandes operaciones urbanísticas con edificios singulares o actuaciones parciales que poco tiene que ver con la mayoría de las obras que rodean estos proyectos y que son las que realmente están modificando el paisaje urbano y rural de España. La realidad es que la arquitectura española está en manos de los arquitectos anónimos que trabajan para los grandes promotores y que repiten el mismo modelo con el único objetivo de rentabilizar el beneficio del suelo y de la construcción.
"A los arquitectos estrella se les ha utilizado para justificar operaciones urbanísticas que son, cuando menos, dudosas", indica Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). "El arquitecto tiene una responsabilidad social y personal en lo que está sucediendo y no vale ampararse, como dicen algunos, en que es un trabajo técnico y la culpa es de la empresa o la administración para la que se trabaja. Creo que en los últimos años algunos colegios han entendido que no se trata de proteger a sus miembros de forma corporativa sino de velar por el prestigio y la responsabilidad social de la profesión. En el terreno interno, los colegios tienen mecanismos disciplinarios y códigos éticos que deberían aplicar para evitar algunos de los desmanes que hacen sus colegiados, y, en su proyección pública, pueden hacer oír su voz sobre los destrozos del paisaje y del patrimonio del país".
Aunque la realidad es la que es y parece evidente que esta responsabilidad personal y social no la asumen todos por igual, algunos colegios profesionales están por la labor. Puede sorprender después de todo lo que se sabe del caso Andratx y echando un vistazo a la sistemática destrucción constante del paisaje mallorquín, pero el Colegio de Arquitectos de Baleares llegó a inhabilitar hace un año a un arquitecto y ha sido activo en la denuncia de casos de supuesta corrupción de sus colegiados, como el de un arquitecto municipal del Ayuntamiento de Sant Josep de Ibiza que informaba, por supuesto favorablemente, los proyectos de su nuera en el propio municipio, en cuya redacción se sospechaba que él había participado, en una zona, además, protegida. "Tenemos un código ético bastante más estricto que el resto sobre incompatibilidades y desde hace un año funciona una comisión dentológica cuyo objetivo no es esperar que lleguen los casos cuando el daño está hecho sino tener una acción preventiva, es decir, a la mínima sospecha se abren expedientes de información", explica Luis Corral, decano de este colegio.
"No es una oficina que surja del caso Andratx", añade. "Ya habíamos colaborado con la fiscalía antes de esto y ahora la colaboración es más intensa. No todos los arquitectos son corruptos y de lo que se trata es de que los casos aislados, que existen, no pongan en cuestión la labor de los arquitectos en general. Ahora la labor de la justicia, que durante un tiempo tuvo una cierta dejadez en estos casos, es más potente y no se va a parar aquí. Vamos a colaborar para clarificar esta situación y además iniciaremos todos los expedientes informativos y disciplinarios que hagan falta".
Especulación y progreso
Manuel Verdú Martínez* : "La gente no puede sentirse solidaria en un sistema donde prima la riqueza individual de unos pocos, algunos con el único mérito de usar el poder público para medrar de la corrupción y especulación inmobiliaria". Aunque se haya dicho que el ser humano es bueno por naturaleza y tienda a la realización del bien, sólo lo es en la misma proporción que su tendencia natural a la injusticia, porque en el uso de su libertad no se adhiere a ningún canon ético ni moral que colija qué valores deben ser de obligada referencia.
Las pautas de comportamiento humano no suelen estar dictadas por el sentido común, sino por el egoísmo, esa tendencia genética a resarcirnos ciegamente sin análisis ni medida de todo aquello que sirve a la propia individualidad, primando más un salvaje instinto de supervivencia que un sentimiento de solidaridad, valor que debería inculcarse a edades tempranas en nuestro proceso de aprendizaje, sin remilgos morales ni ideológicos, pues sin solidaridad no se construye ni sustenta ningún modelo social que contribuya a un desarrollo sostenible y a la felicidad de los seres humanos y del resto del planeta.
Sabemos qué es el capitalismo, la economía neoliberal y de libre empresa, y como en sus patrones de conducta prima el más infame sentido utilitarista, apátrida, incluso inhumano: libre empresa y bajos salarios, esencia de la economía del pleno empleo, en un proceso de competitividad global, mezquina y absurda: todos lanzados a producir mercancías y cosas repetitivas e innecesarias, el mismo producto multiplicado.
La gente no puede sentirse solidaria en un sistema donde prima la riqueza individual de unos pocos, algunos con el único mérito de usar el poder público para medrar de la corrupción y especulación inmobiliaria, que paradójicamente hemos ido asumiendo como un motor de economía y desarrollo, si entendemos por tal, la expansión de la logia del hormigón, ese club o sociedad del nuevo caciquismo y sus tramas políticas, que no ve inmoral acaparar cualquier espacio natural para crear polígonos de ladrillo y campos de golf, con tal de conseguir un enriquecimiento rápido; sin importar no sólo las consecuencias medioambientales y despilfarro de recursos, si no la injusta profundización en una desigualdad cada vez mayor, marginando e hipotecando las vidas de aquellos que no pueden adquirir una vivienda, como los jóvenes y emigrantes subempleados; y todo ello, en un país que tiene el mayor parque inmobiliario de Europa.
Personalmente no entiendo el progreso y menos el progresismo, del que se dice solventará todos los desmanes actuales, eso si, entendido siempre como una utopía de futuro, porque en el presente, lo que llamamos desarrollo no conlleva aumentar la felicidad de la gente y su calidad de vida, algo tan simple como usar la economía al servicio del bienestar social, en un entorno medioambiental sano y una integración cultural, desgraciadamente cuestionada por el ámbito excluyente de algunos políticos de caverna.
*La Verdad 22-12
Turrón y ladrillos: ¡feliz Navidad!
Forges/ El País 21-12
Una vez que finalice el 'boom' inmobiliario, España volverá a la mediocridad del pasado
@Fátima Martín. El Confidencial, 19 de diciembre
“La economía española está inmersa en un boom. Sobre todo su mercado inmobiliario, con precios que han crecido más del 180% en la pasada década”. Así comenzaba un demoledor editorial, titulado Deconstruyendo España y firmado por Bret Stephens, de la edición de ayer de The Wall Street Journal(WSJ), el mismo día en que Zapatero viajaba a Nueva York para presentar sus recomendaciones sobre el Plan de Acción para la Alianza de Civilizaciones ante la Asamblea General de la ONU.
“La realidad es que todas las fiestas se acaban, o al menos, decaen. En este caso, el mercado inmobiliario del tigre ibérico muestra defectos estructurales a los que el gobierno de centro-izquierda ha prestado escasa atención”, prosigue el WSJ.
El diario estadounidense destaca el consumo de los españoles, mucho del cual va a parar al ladrillo. “Los precios siguen subiendo, aunque a un ritmo menor. En España, menor significa precios que a finales de septiembre aún se acercaban al 9,8% respecto al año anterior”, se asombra el editorialista.
Más dramático incluso, según el WSJ, es el boom paralelo que vive la construcción. Sólo este año se construirán 800.000 nuevas viviendas, más del doble que en Francia, que posee 17 millones de habitantes más y donde los precios de las viviendas alcanzaron una respetable subida del 128% en los pasados 10 años.
El porcentaje de propietarios ronda el 85%. “Compradores de segundas residencias, domésticos o extranjeros, no serán capaces de mantener una demanda de 800.000 viviendas al año”, asevera el diario. Y recuerda que más del 80% de las hipotecas españolas son variables, lo que significa que los aumentos de los tipos del Banco Central Europeo se traducen en mayores pagos mensuales.
Los bancos huyen de las constructoras. El editorial tampoco obvia la corrupción, que también eleva los precios.
“¿Cuánto puede durar el boom?”, se pregunta. “Muchos de los mayores bancos del país parecen pensar que poco, lo que explicaría el hecho de que hayan estado vendiendo sus participaciones en las principales constructoras”, se contesta.
La opinión concluye que España encara un doloroso reajuste económico: “Una corrección inmobiliaria tendría un gran impacto sobre la economía, cuyos dos motores son el consumo interno y la construcción. Éste es un ciclo que se retroalimenta y que podría derivar en un frenazo brusco”.
“La construcción no es el tipo de industria que da productividad para competir en una economía globalizada. Una vez que se frena, será difícil recolocar en otro sitio el exceso de mano de obra. El primer ministro, José Luis Rodríguez Zapatero, parece contento de continuar con las reformas introducidas por sus antecesores. Pero, a menos que Madrid lo evite, al boom español le seguirá pronto la familiar mediocridad del pasado”, finaliza.
Ayer, Blas Calzada, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ahora coordina el comité asesor del índice Ibex, consideró que el BCE tendrá que subir los tipos de interés si quiere evitar que se forme "una doble burbuja", bursátil e inmobiliaria, y que "estalle de mala manera". A día de ayer, el Euríbor, al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, marcó el 3,942%.
El esfuerzo de un joven para comprar una vivienda
DiarioSur 19/12 - Europa Press
El esfuerzo de una persona joven para acceder a una vivienda libre media creció 3,5 puntos porcentuales en el segundo trimestre de este año hasta representar el 64,3% del sueldo total, frente al 60,8% del trimestre anterior, según los datos presentados hoy por el Observatorio Joven de Vivienda de España del Consejo de Juventud de España.
De esta forma, la diferencia bruta entre el máximo tolerable por un joven y el precio medio de la vivienda libre, tomando como referencia los datos del Ministerio de la Vivienda para una casa de 100 metros cuadrados, alcanza los 104.255 euros, casi siete años de sueldo medio de un joven español. El Consejo achacó este aumento al aumento del precio de la vivienda, pero principalmente al crecimiento de los tipos de interés.
La proporción de jóvenes con empleo alcanzó en el segundo trimestre pasado el 68,7%, el porcentaje más alto desde el primer trimestre de 2003, aunque el Consejo de Juventud de España destacó la "creciente temporalidad", donde los contratos temporales representan ya casi uno de cada dos puesto de trabajo, el 47,6% del total. La muestra contempla jovenes de entre 18 y 34 años, según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), un sueldo medio de 15.000 euros brutos anuales y un máximo tolerable del 30% del sueldo total.
El vicepresidente del Consejo de Juventud de España, José Luis Arroyo Sánchez, señaló durante la presentación de los datos que es "necesario" que el Gobierno desarrolle políticas para potenciar la emancipación y se limite la vivienda desocupada, que "es utilizada en muchos casos para especular con el mercado". En este sentido, alabó la decisión del Ejecutivo catalán de sacar adelante el proyecto de ley de derecho a la vivienda que contempla intervenciones temporales y multas de hasta 900.000 euros para fomentar el uso en alquiler de vivienda desocupada, y destacó que esta propuesta legislativa "sustituye la concepción material" de la vivienda por su "idea constitucional" de derecho social.
Por provincias, los jóvenes de Vizcaya son los que más esfuerzo deben realizar para acceder a una vivienda, con el 82,4% de su sueldo, seguido de Málaga (+79,9%), Madrid (+79,6%), Barcelona (+79,5%) y Guipúzcoa (+78,5%).
En el extremo opuesto se situó Teruel, que es la provincia que menos esfuerzo se ve obligada a realizar, con un 33,7% del sueldo medio, seguido de Ciudad Real (37,2%), Cáceres (38,2%), Lérida (38,2%) y Badajoz (39,4%).
Separando los datos por comunidades, ya son nueve las que cuentan con una proporción de jovenes superior al 50% en tasas de temporalidad, frente a las seis del segundo semestre de 2005, de forma que Andalucía, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla-La Mancha cuentan con menos trabajando como fijos que con contrato temporal.
Lo más grave es la desregulación
Oriol Nel·lo* : "Hace unos días, escuchando las noticias por la radio, oí cómo el locutor explicaba que alguien había sido detenido "por delito de urbanismo". "Hasta aquí hemos llegado", me dije: la práctica urbanística ha sido hasta tal punto pervertida y denostada que, en vez de ser vista como el instrumento colectivo para ordenar el territorio, ha acabado siendo identificado con el descontrol e incluso con la pura y simple delincuencia.
Esta situación es el resultado del estallido en los últimos meses de diversos casos muy visibles de malas prácticas, incentivadas por el aumento continuado de los precios, que, con su carga de morbosidad, han encontrado un notable eco en la prensa y en los medios de información. Bien están estas denuncias, pero me temo que su proliferación está generando un tremendo equívoco.
En efecto: centrar el debate sobre la situación del urbanismo en España en la corrupción no sólo resulta sesgado y parcial, sino que puede ser desorientador y contraproducente. El principal problema del urbanismo en España no yace en lo adjetivo -la corrupción-, sino en lo sustantivo -el modelo de ocupación del territorio-. Un modelo a través del cual se están urbanizando de manera inadecuada e innecesaria grandes extensiones de suelo, con la única justificación del beneficio privado a corto plazo, sin tener en cuenta los costes colectivos que acarrea. Y esto acontece, en buena parte de los casos, de forma perfectamente legal. Así, tal como se afirma en el manifiesto Por una nueva cultura del territorio, suscrito por profesionales del urbanismo de toda España, en nuestro país la urbanización voraz y masiva "está teniendo consecuencias ambientales y paisajísticas muy negativas", de las que "son expresión palmaria las dificultades de acceso a la vivienda, el incremento de la movilidad y el aumento de los costes de los servicios". Esto es así porque demasiado a menudo la Administración ha permitido, e incluso impulsado, iniciativas privadas de urbanización de baja densidad, mal integradas en el sistema urbano y con nula preocupación por sus efectos sociales.
En este contexto, centrar el debate urbanístico exclusivamente sobre el tema de la corrupción tiene efectos negativos. En primer lugar, se oscurece el problema de fondo, que no es otro que el de la debilidad de los instrumentos y las políticas públicas para ordenar, domeñar y corregir la evolución del proceso urbanizador en beneficio de la colectividad. Debilidad que resulta especialmente patente a la hora de dar respuesta a las demandas de vivienda asequible y entorno de calidad.
Por otra parte, la polvareda de la corrupción permite diluir la responsabilidad de los sucesivos gobiernos del Partido Popular, los cuales se aplicaron a fondo para incrementar esta debilidad de la Administración. Así, a través de las denominadas "medidas liberalizadoras" se impulsó la noción de que la vocación primordial de todo suelo es la de ser urbanizado y su valoración debe realizarse al máximo valor especulativo posible. Estas políticas no han obtenido, obviamente, ninguno de sus pretendidos efectos benéficos (los precios del suelo y la vivienda no se han moderado, antes al contrario) y han alentado la dispersión de la urbanización, así como la recalificación extensiva de suelo rústico. Por otra parte, la carrera del oro auspiciada por estos planteamientos ha sido un excelente caldo de cultivo para las irregularidades que ahora se denuncian.
Finalmente, la corrupción se está tomando como excusa y justificación para reclamar una recentralización de las competencias urbanísticas. Así, desde el propio PP, desde determinados cuerpos estatales, e incluso desde algunos medios progresistas se ha venido a equiparar autonomía y mala práctica urbanística. A ésta se contrapone la presunta eficiencia taumatúrgica del Gobierno central del momento y se reclama para aquél la devolución de las competencias urbanísticas. Se trata de posiciones abiertamente anticonstitucionales que, además, no soportan la carga de la prueba: si la práctica urbanística ha podido ser algo más ordenada en algunas comunidades autónomas -entre las que se encuentra Catalunya- esto se ha debido, precisamente, a la existencia de gobiernos autónomos que han hecho prevaler sus competencias y sus políticas frente al urbanismo salvaje inducido por ciertas reformas legales del Gobierno central.
Por todo ello, es necesario, a nuestro entender, reconducir el debate sobre el urbanismo. Ciertamente, los casos de corrupción deben ser publicitados, perseguidos y erradicados de manera contundente y absoluta. Pero al mismo tiempo deben impulsarse las adecuadas medidas legislativas -entre las que se encuentra la Ley del Suelo ya en trámite en las Cortes- y las políticas públicas adecuadas para hacer del urbanismo aquello que nunca debió dejar de ser: un instrumento eficaz y transparente destinado a ordenar los usos del territorio en beneficio de la colectividad.
*El País 17-12-06
Algo huele mal en la justicia
Recientemente, el fiscal anticorrupción de Baleares ha arremetido contra el juez del caso Andratx por dejar en libertad bajo fianza a algunos imputados (alcalde e inspector de obras) en un auto judicial "que no se ajusta a derecho", ya que la gravedad de los delitos implica un riesgo de fuga que debería evitarse y, además, les ha permitido abonar la fianza con fondos de cuentas intervenidas (es como si al acusado de asaltar un banco le dejan pagar la fianza para salir en libertad con el dinero presuntamente robado).
Algo huele mal...
El propio presidente de Baleares, Matas, acudió hace unos días, con la mosca detrás de la oreja, a entrevistarse con el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, para conocer de primera mano cómo estaba la investigación por corrupción urbanística en las islas, tras los rumores de nuevas actuaciones y la imputación como acusado de su director general de Ordenación del Territorio (¡el máximo responsable del tema en Baleares!).
Algo huele mal...
El mismo fiscal general ha visitado también Andalucía para rubricar un protocolo con la Junta de mejora y cooperación en la legalidad urbanística. El presidente Chaves dice que "todo va bien" en urbanismo y que la Comunidad es un modelo para todo el país en la lucha contra la corrupción. Pone como ejemplo de su "modélica" actuación la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella (¡quince años más tarde de la llegada de Gil y el gilismo!). El fiscal general aplaudió las últimas actuaciones realizadas por la Junta en este ámbito, sin el más mínimo asomo de crítica por lo hecho (o no hecho) anteriormente en Andalucía.
Algo huele mal...
Mientras, una asociación de jueces, el Foro judicial independiente, critica las previsiones de la Junta de Andalucía para crear nuevos juzgados de lo contencioso, cuya sobrecarga actual "impide otorgar una tutela judicial sin dilaciones, en una materia tan sensible como es el control de la legalidad de los actos de la administración". Se quejan fuertemente de la cortedad de la Junta en las ampliaciones de juzgados de lo contencioso-administrativo.
Algo huele mal...
Y es que, últimamente, las acciones de la Justicia están en el ojo del huracán del problema de la vivienda y la especulación urbanística en España. Se han dado algunos pasos (sobre todo en casos puntuales), pero la falta de medios del llamado Poder judicial, su escasa neutralidad política y unos criterios técnicos a veces desfasados (como en el caso de la falta de suspensiones cautelares de obras con licencias municipales recurridas, que ha producido que cuando llegaran las sentencias firmes los edificios estuvieran terminados y las viviendas incluso habitadas), han hecho que la opinión pública esté muy sensibilizada con el tema y tenga dudas "razonables" sobre la actuación diligente e imparcial de la Justicia en un ámbito de tanta repercusión e importancia como es la ordenación del territorio y la especulación urbanística.
El que espera desespera, ministra
Alberto Montero Soler* : "La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se despachaba este pasado día 12 con unas declaraciones muy expresivas de su incompetencia para gestionar un problema que le viene grande y de la que ya ha dado muestras más que probadas a pesar de ser, precisamente, el único problema del que tiene que ocuparse y de que para ese fin dispone de todo un ministerio creado a tal efecto.
Un problema que además, y según la última encuesta del CIS, los españoles consideran que, personalmente, es el que en mayor medida afecta a sus vidas.
Preocupación que puede ser de todo menos infundada si se tiene en cuenta que, desde 1998, el precio de la vivienda ha experimentado un alza acumulada de más de un 150% mientras que, sin embargo, los salarios reales de los trabajadores se mantenían a finales del tercer trimestre de este año en el mismo nivel que presentaban en 1997. En román paladino, que mientras el precio de la vivienda se ha multiplicado por dos veces y media en los últimos diez años (por 3,23 veces en el caso de los pisos de segunda mano), el poder adquisitivo de los salarios sigue siendo exactamente el mismo.
Un problema que ha trascendido nuestras fronteras y ha llegado incluso hasta las Naciones Unidas. Desde allí se desplazó hasta España su Relator Especial sobre una Vivienda Adecuada quien se mostró sorprendido de la situación del mercado inmobiliario español y alertó de su carácter insostenible a medio plazo. Es más, en rueda de prensa oficial declaró que entre el 20 y el 25% de la población española se encuentra excluida del mercado de la vivienda debido a su alto precio.
Este problema, por otra parte, no deriva de la escasez de oferta de viviendas -que también podría haber sido- porque, según revela un reciente estudio de Funcas, en España existen 510 viviendas por cada mil habitantes, es decir, el mayor parque de viviendas en relación al número de habitantes de toda Europa: más de una por cada dos habitantes.
Y la situación no tiene visos de cambiar porque esa oferta se alimenta de una demanda en permanente expansión que, aunque comienza a desacelerarse, tiene sus principales motores en la inversión puramente especulativa y en las demandas tanto de los no residentes como de la población inmigrante que se está instalando en nuestro país.
Esta grave situación, percibida por el Relator de Naciones Unidas en una visita de tan sólo doce días, le llevó a afirmar que el Ejecutivo debería intervenir y adoptar “medidas inmediatas” para resolver el problema de la vivienda en España, al que ha calificó como "el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo".
Sin embargo, parece que la ministra de Vivienda ni se entrevistó con el Relator al que el propio Ejecutivo había invitado, ni fue a la rueda de prensa que éste dio ni debe saber mucho del mercado inmobiliario español.
No otra puede ser la interpretación que se deriva de sus declaraciones de ayer cuando afirmaba que “espera” que el precio de la vivienda suba en 2007 como el IPC, un 2% (es decir, la tasa de inflación también “esperada” por el gobierno para el próximo año).
En efecto, tenemos una ministra que para hacer frente al principal problema actual de los españoles y a uno de los problemas inmobiliarios más graves del mundo a lo único que se le ocurre recurrir es a la esperanza. Se olvida de que los gobiernos pueden y deben regular los mercados; que deben luchar contra el fraude y la especulación, que deben prevenir y, en su caso, perseguir la corrupción urbanística; que pueden recurrir a las ayudas directas para las familias que no tienen acceso a una vivienda; o, incluso que siempre tienen a su disposición el expediente de la expropiación por causa de utilidad pública o social (como acaba de plantear el gobierno autonómico catalán).
Pues no. La ministra de Vivienda de este gobierno “socialista” no va a recurrir a la intervención en el mercado inmobiliario para preservar a los ciudadanos de las consecuencias de los desequilibrios del mismo. ¡Dios nos libre de interferir sobre los mercados!, debe decirse.
En su lugar va a esperar -con los dedos cruzados, imaginamos- a que el mercado, por sí mismo, recupere el equilibrio a pesar de que dicho equilibrio, si es que se alcanza, puede ser perfectamente compatible con la expulsión del 25% de la población del acceso a una vivienda digna.
Así que tranquilos: si no pueden comprar una vivienda no se preocupen y hagan como nuestra ministra: esperen y esperen y esperen…
*elotrodiario.com
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión. / REBELION.ORG
¡Vivienda digna ya! Macromanifestación
¡Vivienda digna ya! 
Esta manifestación se hará en forma de marcha cortando el tráfico por las principales calles de las ciudades del Estado el SÁBADO 23 DE DICIEMBRE A LAS 17:00
La lista de ciudades es la que nos han confirmado hasta el momento, seguramente irá ampliándose conforme corra la noticia
Motivos
Últimamente se están haciendo sentadas por una vivienda digna de manera desorganizada y disgregada en unas pocas ciudades. Éste es un problema a nivel estatal, por lo que se convoca una MACROMANIFESTACIÓN (no es una macrosentada) para el SÁBADO 23 DE DICIEMBRE A LAS 17:00. Se comunica con tanta antelación para que se difunda lo máximo posible. ¡Para eso se pide vuestra ayuda!, publicadlo en foros, blogs, panfletos, cartas a los medios de comunicación, comunicadlo a todo tipo de asociaciones, todo lo que se os ocurra.
Cómo se realizará
Esta manifestación se hará en forma de marcha cortando el tráfico por las principales calles de las ciudades del Estado, ya que ha quedado claro que las simples sentadas no son atendidas. No obstante, nunca se abandonará el espíritu pacífico con el que esta iniciativa ha nacido. Si la policía detiene la marcha, se volverá al punto de partida pacíficamente, sin enfrentamientos, y se esperará a que se pueda reanudar. En el caso de no poder hacerse, se convertirá en una sentada más, pero se habrá llamado más la atención.
Eslogan
Debido a las fechas navideñas de la macromanifestación, el eslogan principal será:
No podemos volver a casa por Navidad porque todavía no nos hemos marchado de ella.
¿Dónde?
Las ciudades de las que hasta ahora tenemos constancia que tienen convocatoria son:
* Madrid: Puerta del Sol* Barcelona: Plaça Catalunya* A/La Coruña: Plaza de Maria Pita* Albacete: Plaza del Altozano* Badajoz: Plaza de San Francisco* Bilbao: Plaza del Teatro Arriaga* Burgos: Plaza del Cid* Cádiz: Plaza España* Collado Villalba (Madrid): Plaza del Ayuntamiento* Córdoba: Plaza de las Tendillas* Elche: Plaça Baix* Gijón: Plaza del Ayuntamiento* Granada: Fuente de las Batallas* Huesca: Plaza Zaragoza* León: Plaza de San Marcelo* Málaga: Plaza de la Constitución* Oviedo: Plaza de Ámerica* Palencia: Plaza Mayor* Pamplona: Plaza del Castillo* Salamanca: Plaza Mayor* San Fernando (Cadiz): Plaza de España* Sevilla: Plaza Nueva* Toledo: Plaza de Zocodover* Valencia: Plaza de San Agustín* Valladolid: Plaza Mayor* Vigo: Puerta del Sol* Zaragoza: Plaza del Pilar
Kaosenlared.net
El derroche de las viviendas vacías
Mucho se está hablando estos días de las viviendas vacías en España, y del proyecto de ley del gobierno catalán que permitirá expropiarlas cuando lleven más de dos años vacías y ponerlas en el mercado de alquiler por un máximo de seis años.
Todos los analistas y comentaristas políticos se hacen eco de esta polémica iniciativa. La mayoría para criticarla por intervencionista y atentar contra la propiedad privada. Otros por considerarla de difícil aplicación, ya que el concepto de "vivienda vacía" es ambiguo y no fácil de delimitar (por ej. el Ayuntamiento de Madrid ya lo intentó hace un tiempo y luego se volvió atrás).
Incluso, desde el Ministerio de la Vivienda se han desmarcado de esta drástica opción y apuestan por la Sociedad Pública de alquiler (bastante inoperante por otra parte, en el tiempo que lleva en funcionamiento).
Pero lo que está claro es que los datos no mienten. Y en España hay cerca de tres millones y medio (3.500.000) de viviendas vacías (según la misma Sociedad Pública), es decir casi un 15% del parque total de viviendas. Unas cifras escalofriantes, con una subida en diez años de más del 25%. Y que sitúan a España, que es el país con más viviendas por habitante de la UE (528 de cada 1000), también a la cabeza en proporción de viviendas vacías.
Se ha repetido muchas veces en distintos foros e, incluso, hace poco hasta una delegación especial de la ONU avisó sobre tan preocupante asunto, ya que deja fuera del acceso a la vivienda a un 25% de la población, sobre todo jóvenes.
Soluciones hay bastantes, empezando por una mejora en la ley de arrendamientos urbanos que potencie el alquiler de viviendas, en sintonía con lo que sucede en otros países de Europa, y la aplicación inmediata de una nueva fiscalidad pública que penalice este tipo de especulación inmobiliaria. Porque lo que está en el fondo del asunto, lo que la mayoría de comentaristas no se da cuenta, es del enorme despilfarro territorial que supone esta actividad. El tremendo gasto energético y "espacial" que lleva consigo el considerar a la vivienda (y los múltiples servicios asociados) como un recurso exclusívamente económico, como un refugio para los ahorros personales o, en su caso, para el dinero negro.
Aquí es donde choca este primitivo pensamiento economicista con la realidad territorial, con la complejidad del entorno urbano; porque el suelo donde se construye es un bien limitado... y escaso. Y hay que administrarlo con cuidado y sabiduría. Sobre todo en determinadas zonas geográficas que, curiosamente, es donde se produce la mayor presión edificatoria.
Miserables urbanistas
Soledad Gallego-Díaz* : ¿Estamos ante una corrupción urbanística generalizada? Seguramente, desde un punto de vista penal, no. Hay muchos ayuntamientos en los que la recalificación de terrenos no se hace buscando obtener fondos para la financiación extra, e ilegal, de los partidos políticos, ni para el provecho personal del alcalde, de los concejales y de todo tipo de sinvergüenzas añadidos.
Pero una cosa es estar convencido de eso y otra, creer que en Mallorca y en Baleares no hay más casos de corrupción urbanística penalmente sancionable que los que ya se han detectado, como pareció anunciar el pasado miércoles el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. O bien el fiscal general padece un problema de facundia o sufre una repentina necesidad de congraciarse con todo el mundo, de cara a las fiestas navideñas. Cualquier cosa es posible, menos esperar que los ciudadanos crean que la Fiscalía Anticorrupción ya lo ha investigado todo, en Baleares como en otros lugares de España.
Pase lo que pase con esos graves casos de corrupción urbanística, es posible que lo más importante que ocurre hoy día en España no sea tanto ese tipo de delitos concretos como la extensión de algo que no es un crimen pero que tiene, incluso, consecuencias más desastrosas para el conjunto de la ciudadanía: la notable indecencia intelectual que padece desde hace ya bastantes años el urbanismo y la arquitectura en este país, con el resultado de un territorio cada vez más destrozado e irrecuperable.
Lo incomprensible es que haya prosperado casi sin oposición la feroz idea de los expertos ultraliberales, acogidos en el seno del PP, según los cuales todo el territorio de este país es edificable, salvo pequeñas parcelas perfectamente definidas que deben ser protegidas, bien sea por su valor paisajístico extraordinario o por otras circunstancias igualmente particulares y determinadas. El resto, decían, es un solar potencial. Así se abarataría el suelo y bajaría el precio de la vivienda.
El resultado está a simple vista de los ciudadanos: el suelo y la vivienda son más caros que nunca y, al mismo tiempo, sin beneficio alguno a cambio, el territorio está cada vez más destruido y arrasado. El resultado es Seseña, un páramo de Toledo donde se levantan miles de viviendas y donde, obviamente, no había ninguno de esos escasos bienes legales a los que, según los ultraliberales, cabe proteger. Desde luego, no el paisaje, un secarral de tomo y lomo. Tampoco primorosos cultivos agrícolas, puesto que aquellos fueron unos aburridos campos de cebada. Es posible que en Seseña, como en otras tantas catástrofes urbanísticas que padece España desde hace algunos años, no haya corrupción ni delito. Lo que sí hay es desvergüenza. Un urbanismo desvergonzado que construye donde no hay ni agua ni equipamientos ni, sobre todo, necesidad alguna. El mismo urbanismo descarado e insolente que cree que todo lo que se puede hacer, se debe hacer. El que quiere arrasar parte de Guadarrama o la ladera de los montes de Cee en la Costa de la Muerte, el que ya ha arrasado Los Cristianos, en Tenerife, o la costa valenciana.
El resultado de esa indecente idea es el deterioro de un bien irrecuperable e insustituible que era propiedad de todos nosotros.
¿Qué ha pasado con los alcaldes, urbanistas y arquitectos que en los años 80 advertían contra esa locura?
¿Qué ha sido de aquellos alcaldes y de aquellos especialistas que luchaban por un urbanismo comprometido con la ciudadanía, con una forma de ser de la ciudad y del paisaje?
¿Con aquellos concejales y consejeros de urbanismo que creían en el patrimonio común y en que no era lo mismo dejar que la ciudad creciera por un lado que por otro, de una manera que de otra?
La gran mayoría estaba en la izquierda y, lamentablemente, fue la izquierda la que prescindió de ellos.
Todos se contaminaron de esa otra visión burocrática, rutinaria y miserable del urbanismo que ahora sufrimos los ciudadanos y que nadie, ni tan siquiera aquellos urbanistas y arquitectos que en otros momentos levantaron la voz, parece hoy querer, ni saber, combatir.
*El País, 8 Diciembre
Hartos del "boom" del ladrillo
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| CARLOS CARRIÓN |
No son `okupas´ ni alternativos. Ni siquiera jóvenes, porque muchos han superado los 30. Son, sencillamente, víctimas del `boom´ inmobiliario. Hace un mes sorprendieron con movilizaciones masivas. El humor de sus consignas no hacen sino subrayar la gravedad de un problema que afecta a más del diez por ciento de la población. Su objetivo: que se cumpla el artículo 47 de la Constitución: «Todos tenemos derecho a una vivienda digna».
El pasado 7 de noviembre a las 12 de la mañana, mientras el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, inauguraba la feria inmobiliaria Meeting Point, dos mujeres introducían sus manos en un bidón de cemento fresco. La Policía tardó cuatro horas en liberarlas y tuvo que utilizar un martillo percutor para separarlas del hormigón. Con ese gesto pretendían hacer visible la relación de los españoles con las hipotecas y la especulación inmobiliaria. Inseparables. Dos semanas antes, más de cien jóvenes con pijama se adueñaron de la sección dormitorio de Ikea en Hospitalet de Llobregat y, a finales de octubre, la Asamblea contra la Precariedad y a favor de una Vivienda Digna dio muestras de su poder de convocatoria al reunir a 15.000 personas en una manifestación en Madrid.
El movimiento social a favor de una vivienda digna crece cada día ante la mirada impasible de los políticos, que de momento prefieren despachar a los que protestan con decálogos de buenas intenciones. Algunos medios los llaman «okupas», «antisistema» o, sencillamente, «jóvenes», y lo cierto es que ni son okupas ni quieren dinamitar las estructuras ni son «sólo jóvenes», adjetivos que simplifican un movimiento plural y espontáneo donde abundan ecologistas, estudiantes universitarios, sindicalistas y asociaciones de vecinos, pero también mucha gente que nunca había participado en un colectivo y decide enrolarse por primera vez en una causa porque le toca donde más duele. Luis Castrillo pertenece a estos últimos: «Si con 32 años me siguen llamando `joven´ es porque vivo en precario, no porque lo sea. Después de varios contratos miserables he decidido prepararme unas oposiciones. Vivo con mi pareja en un piso de alquiler y no puedo aspirar a más. Sinceramente creo que nuestra generación está acorralada. En España no se reconoce la formación universitaria y las empresas se han acostumbrado a tener una clase obrera de lujo. La única gente que conozco que está ganando mucho dinero es porque se ha ido a trabajar a Holanda o a Estados Unidos, donde sí reconocen el valor de nuestras titulaciones. En este país hay una bomba de relojería: los jóvenes que están dejando de serlo y no tienen acceso a nada de lo que esperaban».
Por miedo al activismo de estos jóvenes (que tienen todos los lujos de la clase media hasta que se independizan de sus padres), la Generalitat y el Gobierno desconvocaron la cumbre de ministros de Vivienda de la UE que debía celebrarse en Barcelona en octubre. Trataban de evitar los efectos de esta oleada de protestas que comenzó en mayo gracias a un correo electrónico anónimo. «Por una vivienda digna. Pásalo». Nadie sabe quién escribió la misiva, pero lo cierto es que funcionó y miles de personas acudieron a sentadas por toda la geografía española, sin permiso, sin organización y sin líderes. La experiencia se repitió seis domingos. Así surgió la Asamblea contra la Precariedad y la Vivienda Digna, conocida como V de Vivienda, que se multiplicó por Barcelona, Málaga, Zaragoza, Sevilla, Logroño, San Sebastián, Cáceres y Granada.
"Internet es la piedra angular del movimiento".
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Los principios del neoUrbanismo
"Las sociedades occidentales están cambiando y entran en una nueva fase de la modernidad que ve evolucionar profundamente las formas de pensar y actuar, la ciencia y la técnica, las relaciones sociales, la economía, las desigualdades sociales, los modelos de democracia. Estas mutaciones suponen y hacen necesarios cambios importantes en el concepto, la producción y la gestión de las ciudades y de los territorios, y ponen de actualidad una nueva revolución urbana, la tercera después de la revolución de la ciudad clásica y de la ciudad industrial.
La sociedad debe, por tanto, dotarse de nuevos instrumentos para intentar dominar esta revolución urbana, sacar partido de ella y limitar sus posibles perjuicios. Para ello, hace falta un nuevo urbanismo que se corresponda con las formas de pensar y actuar de esta tercera modernidad.
Para resumir y calificar este neourbanismo que inicia su camino, al menos en el mundo occidental, podemos decir que es:
- un urbanismo de dispositivos: no se trata tanto de diseñar planes como de establecer dispositivos que los elaboren, los discutan, los negocien y los hagan avanzar;
- un urbanismo reflexivo: el análisis no precede a la regla y al proyecto, sino que está presente permanentemente. El conocimiento y la información se usan antes, durante y después de la acción. Recíprocamente, el proyecto se convierte plenamente en instrumento de conocimiento y negociación;
- un urbanismo precavido, que da lugar a controversias y que se procura los medios para tener en cuenta los efectos y las exigencias del desarrollo sostenible;
- un urbanismo participativo: la concepción y la realización de proyectos son el resultado de la intervención de muchos actores con ideas distintas, y de la combinación de dichas ideas;
- un urbanismo flexible, de consenso, de efecto catalizador, en sintonía con las dinámicas de la sociedad;
- un urbanismo heterogéneo, compuesto de elementos híbridos, de soluciones múltiples, de redundancias, de diferencias;
- un urbanismo estlísticamente abierto que, al separar el diseño urbano de las ideologías político-culturales y urbanísticas, deja terreno para elecciones formales y estéticas;
- un urbanismo multisensorial, que enriquece la urbanidad de un lugar.
Dicho con otras palabras, el neourbanismo es un plan particularmente ambicioso que necesita más conocimientos, más experiencias y más democracia".
François Ascher: "Los nuevos principios del Urbanismo" (ALIANZA)
¿Por qué Urbanismo PatasArriba?
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- ¿Por qué y para qué Urbanismo PatasArriba?...
En primer lugar, porque el urbanismo en España no pasa por uno de sus mejores momentos y la situación ha llegado a ser "insostenible". Se ha denunciado repetídamente por numerosas voces autorizadas, y resulta evidente si se recorre el país de punta a punta, de costa a costa.
Pero es que, además, es un tema conflictivo en el que están implicadas las distintas administraciones y los partidos políticos, con una complicidad no suficientemente analizada en los medios de comunicación y que preocupa a todo el mundo, como han demostrado las recientes encuestas.
El URBANISMO, como actividad humana compleja, que debiera tratar, fundamentalmente, de la ordenación del territorio y de los sistemas urbanos, ha alcanzado en este país, en pocos años, uno de los ejemplos más sangrantes de especulación inmobiliaria y de caos paisajístico degradante. Con las graves consecuencias socio-culturales y económicas que esto conlleva. Desde el difícil acceso a la vivienda de gran parte de la población, hasta la contaminación de las ciudades y las costas, con la pérdida generalizada de recursos y de calidad de vida.
Así que más bien habría que preguntarse:
- ¿Y por qué no Urbanismo PatasArriba?...
Porque con el panorama nacional que tenemos, donde la corrupción y los "pelotazos" urbanísticos campan a sus anchas, lo lógico y lo normal (o quizás ilógico y anormal) es lanzar una página-web o un blog como éste, un lugar de análisis y debate en la red sobre la des-Ordenación del Territorio, la especulación inmobiliaria galopante y el acoso desenfrenado al medio ambiente.
Y es que se trata de situar o poner el urbanismo "patas arriba", pero es que, curiosamente, el urbanismo actual que se hace en España está casi todo "patas arriba", vive "patas arriba".
O sea que...
-En fin, lo fundamental es abrir puertas, oxigenarse un poquito y permitir recorrer caminos menos contaminantes, por aquello de que se hace camino al andar. En ello estamos y así hemos nacido, con independencia, en la red de redes. Con aspiraciones participativas y de colaboración. Ahí está la oportunidad de todos.
Tratando de aportar, por nuestra parte, un granito de arena transparente en la "construcción/deconstrucción" de este soporte interactivo sobre el proceloso mundo de la "construcción/destrucción" urbanística, pública o privada, y sobre la impactante huella que está dejando en nuestro entorno. Desde las aglomeraciones saturadas de la costa, hasta las aldeas recalificadas del interior, pasando por los suburbios marginales de las capitales. Del paisaje y paisanaje del turismo de "sol y playa", al del patrimonio histórico-artístico, o al de los límites urbanos de la inmigración.
En definitiva, el gran caleidoscopio del urbanismo nacional que vive y respira "patas arriba".
Carlos de Rueda, arquitecto
El modelo insostenible de la Costa
El famoso hotel El Algarrobico en Carboneras (Almería).
Salvajada urbanística insostenible, actualmente paralizada judicialmente gracias a la denuncia ciudadana.
La ONU alerta sobre la especulación urbanística desenfrenada de España
ELPAIS.com/AGENCIAS - Madrid - 01/12/2006
Naciones Unidas ha alertado hoy sobre la "especulación urbanística desenfrenada" del mercado de la vivienda en España. El organismo considera que el Gobierno debería modificar el sistema de deducciones fiscales a la compra de inmuebles porque, en su opinión, se "está subvencionando a los promotores con dinero público".
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, se ha mostrado muy crítico en rueda de prensa con el mercado de vivienda español y ha expresado su preocupación sobre el acceso de la población inmigrante a una vivienda digna, aunque ha ensalzado algunas iniciativas del Gobierno para frenar la especulación, concretamente, la nueva Ley del Suelo y ha señalado como una de las soluciones el fomento del alquiler.
Kothari, que elaborará un informe sobre el grado de cumplimiento del derecho a una vivienda digna en España, afirmó que entre el 20 y el 25% de la población española está excluida del mercado de la vivienda, debido principalmente a su alto precio. Kothari cree que el Ejecutivo debería intervenir y adoptar "medidas inmediatas" para resolver el problema de la vivienda en España, al que ha calificado como el "el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo". Un Gobierno "sensibilizado", pero una situación "insostenible".
El relator de Naciones Unidas señaló que el Gobierno español "está sensibilizado" con este asunto y recordó que ha visitado España a petición del propio Ejecutivo, pero insistió en que la situación actual es "insostenible".
Sobre la corrupción, dijo que el caso de Marbella es "sólo la punta del iceberg" y "mucho más grave" de lo que la opinión pública ha podido saber por los medios de comunicación. Por ello, recomendó extremar la vigilancia y aplicar el código penal con rigor, aunque reconoció que para ello hace falta "voluntad política y económica" e hizo referencia al conflicto de intereses que existe a veces entre el Gobierno central y el de las comunidades autónomas y los municipios.
Problemas para la clase media y los inmigrantes. Kothari se mostró sorprendido tras constatar que España es un país rico desde el punto de vista financiero, con grandes inversiones en infraestructuras y altos ingresos por turismo, y en cambio padece un grave problema de acceso a la vivienda, debido a que la "clase media" cuenta en muchas ocasiones con "trabajos poco estables" y con dificultades para conseguir una hipoteca. También expresó su preocupación por la subida de los tipos de interés, un fenómeno que encarece las cuotas de las hipotecas y que genera "estrés" a los propietarios de la vivienda. Asimismo, recordó que el problema de la vivienda afecta a los inmigrantes, que, a pesar de contribuir de manera importante al crecimiento económico, "viven de manera segregada y excluidos".
Tras pasar doce días en varias ciudades españolas, el relator elaborará ahora un informe sobre el grado decumplimiento del derecho a una vivienda digna en España, que elevará al Consejo de Naciones Unidas en un plazo de tres meses. El Gobierno español recibirá una copia y contará a su vez con otros cuatro meses para responder al mismo.
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Por un urbanismo solidario
J. Manuel Sánchez Gordillo. CUT-BAI
Para profundizar en las causas de la corrupción urbanística galopante que nos rodea y nos ahoga por todas partes no sería malo recordar una verdad elemental que en estos momentos olvidamos con gran facilidad: cual es que es actual sistema económico y de desarrollo que genera el capitalismo sitúa en el altar supremo y como valor indiscutible el ganar el máximo de dinero en el mínimo de tiempo y, sea como sea, y a costa de lo que fuere.
Cuando el Dios y el valor supremo es el ganar dinero ya no importa como este dinero se obtiene, ya sea mediante el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la guerra, la especulación del suelo o la pura y dura destrucción sistemática de la naturaleza.
Por tanto habrá que sacar una consecuencia elemental: el sistema capitalista, en sí mismo, es una gran fábrica de corrupción puesto que su mandamiento primero es el beneficio privado sin límites y a cualquier medio.
Por tanto, a nadie le debería sorprender que en el Estado Español suceda lo que está sucediendo: que las grandes constructoras con la ayuda o la acción directa del capital financiero está poniendo en marcha una corrupción escandalosa con una necesidad elemental del ser humano como es contar con el suelo donde poder edificar su propia vivienda.
Creo que habría que subvertir radicalmente esta filosofía del actual orden establecido que en su afán por ganar dinero entra de lleno en el terreno de las necesidades humanas más elementales y las convierte en negocio: la cultura, el suelo y la vivienda, la tierra para comer o la medicina con la que nos tenemos que curar.
Como hipócritas nos rajamos las vestiduras cuando oímos los escándalos realmente miserables que se producen en Marbella, la casi totalidad de la costa, los alrededores de las grandes ciudades, la sierra de Madrid, la huerta valenciana o el último pueblecito del último rincón de nuestra sociedad.
No deberíamos sorprendernos cuando la tierra para edificar se ha convertido en una mercancía que se compra y que se vende y que, por lo tanto, se especula cuanto más mejor.
Las condiciones están dadas para la corrupción urbanística, al igual que para otras muchas corrupciones que irán saliendo a la luz en la medida que a los caza-plusvalía millonaria les interese o huela la posibilidad.
Las grandes constructoras lo tienen claro: el negocio consiste en comprar suelo rústico a 500 ptas. el metro cuadrado, buscar la recalificación de ese suelo y multiplicar no sé cuántas veces por 1.000 el valor de ese suelo una vez que lo hemos convertido en urbano o en urbanizable.
Quienes piensan solo en ganar dinero no se van a parar en trabas legales. Basta forzar la ley mediante el soborno de unos ayuntamientos al borde de la bancarrota que están deseando encontrar un rey Mida que le permita hacer los grandes proyectos que por sus propios recursos financieros raquíticos les son imposibles.
Eso en el mejor de los casos. También hay sin vergüenzas como la copa de un pino, que el dinero que le ofrecen las grandes constructoras no lo emplean para obras de interés general o mejoras de infraestructuras de su pueblo, sino que ,aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se lo llevan a sus bolsillos a Andorra o a Suiza o se compran los grandes caprichos de su vida.
Pero también hay que decir que todos los planes urbanísticos, modificaciones o PGOU's tienen que ser aprobados por las Comisiones Provinciales de urbanismo, que son competencia de la Junta de Andalucía, Extremadura o Cataluña. Y decir también que la corrupción ha sobrepasado con mucho estos entes a veces metidos a nivel de directores generales o consejeros hasta los tuétanos.
¿Qué hacer ante esta situación?
Dejar de lamentarnos, de mirar para otro lado o poner en la picota única y exclusivamente a los ayuntamientos con lo que de camino nos cargamos la pobrísima autonomía local, cosa que me parece un auténtico disparate.
Lo que se debería hacer es:
1.- Una nueva Ley del Suelo por la que todo el suelo urbanizable deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho, pongamos por caso, del pueblo andaluz o de la humanidad.
El suelo rústico cuando en los PGOU´s pasen a ser urbanizables serán públicos, se pagarán a los antiguos propietarios como rústicos, puesto que así los cotizaba en hacienda y los ayuntamientos que dispongan de ese suelo barato tendrán que facilitar ese suelo al mismo precio que los compraron para la construcción de viviendas.
Es decir, con el suelo nadie podrá hacer negocio, puesto que será un derecho ciudadano que venga a cubrir una necesidad humana básica como es la de disponer de un techo.
De esta manera, no hay especulación que valga. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el Estado o las cooperativas podrán hacer viviendas públicas, baratas y dignas y sobre todo al alcance de las personas concretas que las demandan.
2.-Nueva Ley de las Haciendas locales que permitan a los ayuntamientos disponer de la fuerza económica suficiente para no dejarse tentar por ningún especulador o corruptor, y atender a los servicios crecientes que han asumido su competencia absoluta pero sin un duro para llevarlas a cabo.
Llevan muchos años los ayuntamientos solicitando una financiación equitativa al Estado del 33, 33, 33 que nos equipare a Europa, y sobre todo, que permita al poder municipal el más cercano al ciudadano realizar sus tareas con solidaridad, ética y eficacia.
Hace falta una descentralización con competencias pero también con dineros para que los ayuntamientos puedan cumplir con su función, con la necesaria participación ciudadana para realizar los proyectos que los distintos pueblos y ciudades demandan, y demandan con justicia.
Dos simples leyes son suficientes. Leyes audaces, valientes pero imprescindibles para que la ética llegue porque todo lo demás no son más que cuentos y zarandajas.
Nosotros, desde Marinaleda, a pesar de no contar con esas dos leyes que hoy reclamamos más que nunca, hemos puesto en marcha un proyecto de urbanismo solidario que se viene realizando desde hace ya unos años y que ha consistido:
• El ayuntamiento mediante compra o expropiación se ha hecho con una gran bolsa de suelo.
• Ese suelo se le ofrece al auto constructor totalmente gratuito.
• El ayuntamiento mediante un convenio con la Junta de Andalucía le facilita al auto constructor los materiales también gratuitos.
• El ayuntamiento pone los técnicos y el arquitecto municipal al servicio de este proyecto de auto construcción.
• El auto constructor pone su trabajo desde que comienzan hasta que terminan las viviendas.
De esta manera hemos construido 300 viviendas con 3 habitaciones, azotea, cuartos de baño y un patio de 100 metros cuadrados… y el auto constructor sólo tiene que pagar lo que él mismo mediante asamblea de vecinos ha decidido que en este instante es de 2.500 ptas. al mes.
Esto demuestra que es posible que el urbanismo sea realmente solidario si se ponen la voluntad política, la ética y los medios que tengamos a nuestro alcance al servicio de las personas y no del beneficio egoísta de un puñado de desaprensivos.
No es una utopía. No es un cuento de hadas. Es algo que se puede y se debe venir a comprobar, y que, desde luego, se puede hacer.
Lo que me da una rabia infinita es que teniendo tantos medios a nuestro alcance los despilfarremos tan disparatadamente.
Y es que la economía debe estar al servicio del conjunto de los seres humanos y no al revés.
REBELION.ORG
