IDEAL* : A principio de 2003 entró en vigor la Ley de Suelo de Andalucía (LOUA), que obligaba a todos los municipios a adaptar sus planeamientos -los conocidos 'pegous'- a estas nuevas directrices. Daba cuatro años de plazo. Llegó el 20 de enero de 2007 y pilló a la inmensa mayoría de los ayuntamientos fuera de juego. Fue algo general en toda Andalucía. En el caso de Granada 154 pueblos no se habían adaptado a tiempo.
¿Cuáles son las consecuencias? Mientras no cumplan este trámite no pueden impulsar ningún proyecto que no esté recogido ya en su plan, no pueden modificar nada ni alterar el uso previsto en un solar. Se acaban las populares recalificaciones.
A muchos ayuntamientos el corsé no les agobiaba pero para otros, aquellos que habían agotado prácticamente su PGOU -como era el caso de la capital-, el nuevo escenario era demoledor.
No es que los municipios se quedaran de brazos cruzados, muchos intentaron adaptarse a la LOUA. Entre 2004 y 2005 llegaron propuestas ambiciosas que planteaban hasta quintuplicar el número de viviendas de algún pueblo en cuestión de una década. Por ejemplo, los primeros documentos enviados a la Consejería de Obras Públicas por Atarfe contemplaban 21.165 casas nuevas y pasar a 94.500 habitantes; Gójar pretendía crecer de 4.913 vecinos a 12.316; Pulianas de 1.381 a 6.074 o Ugíjar de 2.524 a 13.479.
En la Costa se dibujaba una explosión mayúscula. Motril era el más comedido, con 17.785 viviendas nuevas, un crecimiento del 63,7%. Según los informes iniciales de Obras Públicas, Gualchos preveía pasar de 2.973 habitantes a 17.741; Salobreña de 11.750 a 65.170; y Almuñécar de 24.713 a 143.956. Además, muchos ayuntamientos incluían en esos 'pegous' iniciales algún que otro campo de golf.
Era el 'boom' del ladrillo y el mapa que proponían esos ayuntamientos era lícito. Pero en ésas estaban cuando llegó el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y frenó en seco las expectativas con dos premisas básicas: un municipio no puede declarar suelo urbanizable nuevo más del 40% del que ya tiene y la población no puede incrementarse en ocho años más del 30%. Una horquilla que se ha flexibilizado para los pequeños.
Sirva un sólo ejemplo para resumir en qué se ha traducido todo esto: el anterior concejal de Urbanismo de la capital, Luis Gerardo García Royo, presentó en el verano de 2005 un nuevo PGOU para Granada con 15.223 viviendas nuevas y todavía no ha salido adelante.
Después del POTA llegó la crisis y el 'ladrillazo'. Para contrarrestarlo, el Gobierno y la Junta han puesto a disposición de los ayuntamientos un presupuesto extraordinario para que hagan obras y se han aprobado distintos planes para fomentar la construcción de viviendas protegidas. El último que firmaron el consejero de Vivienda, Juan Espadas, y la ministra del ramo, Beatriz Corredor, recoge una inversión de 1.440 millones de euros en toda Andalucía para rehabilitar viviendas y edificar 45.029 VPO.
Pero aquí se origina la contradicción: más dinero que nunca pero los ayuntamientos que ya habían agotado su suelo están bloqueados.
Adaptación parcial
Sacar adelante un PGOU nuevo lleva tiempo y es farragoso. Pero existe un atajo. Un decreto del 22 de enero de 2008 permite lo que se denomina una adaptación parcial a la LOUA, que se puede conseguir en tres meses. No es un plan nuevo, pero sí posibilita romper el bloqueo. La filosofía es «garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de viviendas protegidas».
Es lo que ha hecho la capital, que con este retoque al antiguo plan podrá construir 6.000 VPO y, en un momento dado, tramitar por ejemplo el hipotético traslado de la fábrica de Cervezas Alhambra.
Granada es la provincia andaluza con más municipios que buscan esta adaptación parcial, hasta 73. De ellos, 44 localidades están interesadas, 23 están redactando el documento y seis han terminado o están en fase de exposición pública: además de la capital, Monachil, Alhama, Peligros, Loja y Vegas del Genil. Muy avanzados están Fuente Vaqueros, Churriana, Morelábor, Albuñuelas, Las Gabias, Galera, Calicasas, Salar y Maracena.
Se han montado seis oficinas de asesoramiento (OTAU) y el 86,8% de los municipios que podían optar por esta variante han puesto en marcha el proceso. 48 pueblos han solicitado además la subvención para costear los trámites.
En cuestión de meses se romperá el bloqueo.
* Ideal - QUICO CHIRINO - 15.06.09
Foto: El parón de la construcción coincide con que tampoco queda mucho suelo por urbanizar. /IDEAL
Granada: La crisis sorprende a 73 pueblos bloqueados por no adaptarse a tiempo a la ley de suelo
Palma: El TSJB paraliza Son Espases
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DIARIODEMALLORCA* : El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) dictó hoy un auto en el que ordena la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2009 por el que se suspende la eficacia de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Palma relativa la construcción del Hospital de Son Espases.
La modificación del PGOU fue aprobada de forma definitiva por el pleno del Consell de Mallorca el 5 de junio de 2006, y contra ella la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones había presentado un recurso pidiendo su anulación. El TSJB dictó sendos autos en diciembre de 2006 y mayo de 2007 en los que desestimaba la medida cautelar de suspensión de dicha modificación.
Sin embargo, la Congregación, no satisfecha con los autos de la Sala de lo contencioso-administrativo, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, sobre el que el Alto Tribunal dictó sentencia el pasado 3 de febrero de 2009, en la que ordenaba la suspensión de las obras del citado centro, acordando "la suspensión de eficacia de la modificación puntual de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma".
Quedaba pendiente el pronunciamiento del TSJB, que el auto de hoy ordena la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo para la paralización de las obras. El auto recoge que deberá publicarse en el BOIB la "suspensión de la eficacia" de la modificación del PGOU relativa a la implantación de un sistema general de equipamiento comunitario sanitario supramunicipal denominado Son Dureta II".
Asimismo, también ordena que el Ayuntamiento de Palma presente en la Sala la relación de las licencias concedidas con posterioridad al 5 de junio de 2006 en el ámbito territorial relativa a la construcción del hospital.
* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS - 15.06.09
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)
El caso de Dimas y la isla del 10%
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ELPAÍS/Lanzarote* : Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), había abierto despacho en su celda. Allí acudían políticos de todas las fuerzas de la isla para negociar pactos en ayuntamientos y cabildos de la isla. Aunque parezca increíble, este veterano político disponía en la cárcel de teléfono móvil y ordenador portátil, lo suficiente para presuntamente convertirse, tras los barrotes de su celda, en el gran muñidor de una trama de supuesto cobro de comisiones ilegales desde el Ayuntamiento de Arrecife e incluso de Yaiza, de forma que se llegaba a decir que Lanzarote era la isla del 10%, el porcentaje que se cobraba por dar el visto bueno o acelerar un proyecto.
Tres frentes forman parte del esqueleto de la Operación Unión, desarrollada en la isla por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, llamada así en referencia a una cafetería de la capital donde se reunían los implicados. Dos de esos frentes estaban dirigidos desde la cárcel por Dimas Martín con un largo historial a sus espaldas de delitos de corrupción.
Los agentes registraron su celda, su casa y dos oficinas que usaba como cuartel general. En su casa, los agentes hallaron, por ejemplo, los documentos del Plan de Ordenación Urbana del municipio de Yaiza que aún no tenía nadie, ni eran públicos. A Martín se le identifica como el gran muñidor de, en primer lugar, una trama urdida para cobrar comisiones desde el Ayuntamiento de Arrecife, bien si se quería que se abonasen facturas por trabajos realizados, bien si se optaba a licitaciones. Además, aparece como el posible cerebro de la trama alrededor de la golosa redacción del plan urbanístico de Arrecife, para lo que se habría contactado con tres despachos de arquitectos y varios empresarios. Éstos habrían participado en lo que algunos consultados por este periódico definieron como "el supermercado de las licencias", con posibles sobornos a partir de 3.000 euros a cambio de concesiones de suelos, modificaciones de usos del territorio y variaciones en los criterios de edificabilidad. Y todo con Dimas Martín como cerebro tras los barrotes de la cárcel.
Dimas Martín es uno de los 10 hijos de un humilde camionero. Ya en los años ochenta fue de los primeros políticos en ser condenado por cohecho. Sin embargo, accedió a una alcaldía tras haber comprado el voto de un concejal. Ahora acumula casi media docena de condenas por casos relacionados con la corrupción y se le considera el responsable de haber dejado un agujero de más de 12 millones en el complejo agroindustrial de Teguise. Además, ya tiene colocados al menos a seis de sus familiares en distintas administraciones.
Todas las obras de Arrecife, bajo mandato socialista, las controlaba el PIL. También controlaba Hacienda y la redacción del nuevo Plan General. Los más de 22 millones llegados del Plan E de Zapatero y de inversiones del plan de barrios también han podido hacer girar la máquina registradora del PIL."No sabíamos que Dimas actuaba como un capo de la mafia", asegura Carlos Espino, el secretario general de los socialistas conejeros al semanario Lancelot de esta misma semana. El alcalde de Arrecife, el histórico socialista Enrique Pérez Parrilla, destituyó a todos los concejales del PIL en cuanto supo de sus detenciones e imputaciones.
Ese partido respondió dando por rotas las relaciones en otras cuatro corporaciones, pero ninguno de sus consejeros ni concejales abandonó la silla. Horas después, el PSOE rompía los cinco pactos de Gobierno, enviaba a sus socios a la oposición, se queda gobernando en minoría y se arriesga a censuras. "No es lo mismo pactar con un PIL sin Dimas ni ninguno de sus concejales con causas pendientes en la justicia que tener la certeza de que dirigía una trama de comisiones al 10% desde la cárcel", justifica el máximo responsable socialista.
Y nadie en la isla cree que una operación como ésta hubiera podido ser ejecutada por alguien de la isla de toda la vida, por alguien que hubiera tenido contacto o conociera el poder insular de Dimas Martín y de su red de contactos. De hecho, la Operación Unión está coordinada por un juez y un fiscal relativamente nuevos en la isla (César Romero e Ignacio Stampa), que han guardado el sumario en un cofre con siete llaves, junto a toneladas de material incautado en oficinas, hogares y despachos profesionales.
"Esto no habría sido posible con alguien que llevara algo de tiempo aquí; por eso hasta han traído a la Guardia Civil en aviones", insisten varios testigos, que según sueltan la frase piden que su nombre quede en el anonimato, no vaya a saberse quién abre la boca en una isla donde se conocen todos. Todo eran sospechas en Lanzarote, la isla del tesoro, pero en este territorio de fuego se aplicaba el Ensayo sobre la ceguera mucho antes de que Saramago decidiera convertirla en su hogar. Dimas Martín sigue preso.
* ELPAIS.com - JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife - 14/06/2009
Foto: Arrecife (Lanzarote) - flickr.com
Todos somos Marbella
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MÁLAGAHOY* : Los alcaldes de los municipios pequeños buscan el foco para hacer valer la presión social y, como sucedió en la localidad costera, tratar de buscar acuerdos ventajosos para las causas judiciales por delitos contra el territorio. El próximo 16 de julio el alcalde de Viñuela, Juan Millán (PSOE), se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por conceder entre 2001 y 2003 dos licencias de obras para construir en terreno no urbanizable.
Ochenta y un días después lo hará el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, antiguo GIL y luego independiente, acusado de cobrar dinero para elevar la densidad residencial en una finca conocida como La Parrada. El primero se enfrenta a 18 meses de cárcel y 17 de inhabilitación. El segundo a dos años de cárcel, 3 millones de multa y siete de inhabilitación.
Ambos son sólo los dos casos más próximos de la cara oculta segunda fase del boom inmobiliario. Primero fue la Costa con epicentro en Marbella la que sucumbió al cóctel de ladrillo, poder y política. Después, con todas las lupas ya sobre Gil y sus secuelas, desde Julián Muñoz hasta Marisol Yagüe, la presión inmobiliaria y las sospechas de delitos contra el territorio se fueron extendiendo hacia pueblos pequeños alejados del litoral y de los focos, pero enclavados en parajes naturales de gran valor paisajístico.
La Consejería de Obras Públicas ya reconocía en 2005 que habían comenzado a crecer las denuncias por construcciones irregulares en el interior. Aquel mismo año, la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente hacía constar que las ilegalidades urbanísticas se estaban desplazando hacia el interior de la provincia y la organización Ecologistas en Acción corroboraba que el fenómeno estaba socavando la Axarquía.
Cuatro años después prácticamente el 25% de los alcaldes de los cien municipios de la provincia tiene abierto algún procedimiento judicial relacionado con su gestión pública y de ellos al menos 15 están imputados en causas contra la ordenación del territorio o delitos como prevaricación, cohecho o alteración del precio de las cosas vinculados al negocio inmobiliario.
Los rasgos comunes de esta segunda etapa del lado oscuro del ladrillo residen en que afecta a autoridades de municipios pequeños. Entre ellos figuran el alcalde de Carratraca, Óscar Román (IU), que se enfrenta a 18 meses de prisión y 10 de inhabilitación por permitir en 2002 una segregación de suelo en terreno presumiblemente no urbanizable, el de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza); a quien el fiscal atribuye 23 delitos urbanísticos por autorizar entre 2002 y 2006 un total de 2.000 viviendas supuestamente ilegales. Además, la Fiscalía reclama 30 años de prisión y 111 de inhabilitación para el alcalde de Valle de Abdalajís, Tomás Gómez (PP), por 12 presuntos delitos de prevaricación urbanística.
El ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) también está pendiente de sentarse en el banquillo acusado por el Ministerio Público de un delito continuado contra la ordenación del territorio por autorizar en 2003 diez licencias para construir en suelo que se considera no urbanizable. Corbacho, ya condenado por malversación, se enfrenta a 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación.
En fases previas de tramitación hay abiertos procedimientos judiciales por actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio contra el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE); el concejal de Hacienda y ex concejal de Casares Juan Sánchez (IU), Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE) o Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), así como contra el ex alcalde de Coín Juan José Rodríguez Osorio (PA) por autorizar una edificación, luego paralizada por el actual regidor, Gabriel Clavijo (PSOE), lo que le valió una querella de los propietarios del terreno. Además, se ha admitido otra denuncia contra el ex alcalde y actual concejal de Urbanismo de Manilva, el independiente Emilio López Berenger, por autorizar una promoción de viviendas libres en suelo de uso educativo.
Además, se instruye otra causa contra el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), imputado en el caso Troya, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción por presunto cohecho y prevaricación en actuaciones vinculadas a la contratación de obras.
También está en el ojo del huracán el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE tras su detención hace ahora un año, en el caso Astapa contra la corrupción política, al tiempo que acaba de salir de la cárcel el regidor de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, expulsado de las filas socialistas tras su arresto por presunto cohecho, blanqueo, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística.
La caída de Manilva y Estepona en la sospecha de la corrupción política fueron consecuencia inmediata de la presión ejercida sobre Marbella. Los demás municipios, en cambio, aparecieron como un refugio discreto para los intereses que buscaban negocio fácil y enriquecimiento rápido. Fuera de la primera línea, no se ha tenido una idea cabal de las magnitudes que podría haber alcanzado el fenómeno hasta muchos años después.
Pero los alcaldes de los pueblos pequeños no quieren discreción y han reaccionado para situarse en el centro del foco. Animados por una supuesta absolución en las urnas, que ha revalidado prácticamente los mandatos de todos los imputados, quieren seguir el ejemplo de Marbella, hacer valer el impacto social de las causas judiciales abiertas y sacar ventaja. No en vano, en Marbella están en vías de legalización la abrumadora mayoría de las viviendas ilegales y los imputados por delitos contra la ordenación del territorio han sellado un favorecedor pacto con la Fiscalía.
En este sentido 17 de los 31 alcaldes de la Axarquía pidieron a comienzos de junio al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que se les aplique la legislación contencioso administrativa en lugar del Código Penal.
Es decir pretenden que se obvie el impacto penal de su gestión y únicamente se analice la legalidad de sus actos administrativos. En la práctica esto significa que sería la jurisdicción más colapsada, con una demora media de cuatro años, la que se encargaría de analizar la validez de sus licencias urbanísticas. Y en el supuesto de que se tratara de actos ilegales las consecuencias las pagarían las arcas municipales que, además, también deberían hacerse cargo de la defensa de los actos administrativos de los alcaldes y demás cargos públicos.
* Málaga Hoy - 15.06.09
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
Decálogo del Plan Rabassa
JOSÉ RAMÓN NAVARRO VERA/Alicante* : El proyecto de los promotores se presenta con los alicientes del lugar y ocasión privilegiados: lugar de dicha en una vida cotidiana milagrosa y maravillosamente transformada", Henri Lefebvre, en "El Derecho a la Ciudad". El largo proceso de tramitación de este plan residencial acaba de terminar con la firma del conseller García Antón. Aunque tengo la impresión, por ciertos signos de cambio que parecen percibirse en la política urbanística de la Generalitat, que lo ha refrendado sin gran entusiasmo. En cualquier caso, la aprobación definitiva de la gigantesca operación inmobiliaria sobre casi cuatro millones de metros cuadrados y de trece mil quinientas viviendas, resta credibilidad a un hipotético cambio de rumbo de esa política urbanística y territorial.
¿Qué se puede decir del Plan Rabassa que no se haya dicho ya? El 2 de mayo del 2004, cuando se iniciaba la tramitación del polémico plan, INFORMACION publicó mi primer artículo crítico sobre la operación inmobiliaria de mayor magnitud en la historia de la ciudad. Desde entonces, y a lo largo de estos últimos cinco años, se han publicado siete u ocho textos más en los que de una manera directa o indirecta he pretendido transmitir a los ciudadanos los argumentos por los que sostengo que este plan no es positivo para la ciudad y no supone ninguna innovación ni avance, ni en el terreno de la política urbana y territorial ni por los contenidos disciplinares propios de la urbanística, de la ordenación del territorio y de la arquitectura.
Este texto está concebido como una síntesis de alguna de las cuestiones más relevantes del Plan Rabassa, así como de otras relacionadas con él desde la perspectiva del tiempo transcurrido.
URBANISMO DEL PROMOTOR
Operaciones residenciales como la de Rabassa constituyen la práctica de lo que llamamos "urbanismo del promotor" (noción que debemos a Henri Lefebvre, filósofo de lo urbano). Las características de este modelo de producción de suelo urbanizable lo podemos resumir en los siguientes aspectos:
-Hegemonía de la iniciativa privada en el planeamiento y gestión del suelo ligados a tendencias monopolistas u oligopolistas (hay que recordar que con la aprobación del Plan Rabassa, su promotor, que lo es también de su vecino PAU 1, sólo en esa zona de la ciudad gestiona del orden de cinco millones de metros cuadrados de suelo urbanizable).
-Un modelo en el que se impone el concepto de venta del territorio sobre su gestión pública.
-Un planeamiento desregulado, en la medida que operaciones como la de Rabassa se desarrollan sobre suelo no urbanizable al margen del planeamiento general de los municipios.
-Una práctica profesional rutinaria desde el planeamiento a las tipologías arquitectónicas residenciales.
-Un modelo insostenible ambientalmente, tanto por el emplazamiento territorial de las grandes piezas residenciales como por las características internas de las mismas.
-El urbanismo del promotor no sólo vende viviendas, también vende un imaginario de ciudad ideal que abarca desde el modo de vida al paisaje.
-Esta modalidad del urbanismo se funda en la emergencia de un nuevo tipo de promotor que extiende su actividad, más allá de la promoción y construcción de viviendas, a otros sectores de servicios y equipamiento urbano, desde aparcamientos a gestión de residuos, cuyos efectos a largo plazo en la vida social y política de las ciudades pueden ser imprevisibles.
TERRITORIO
El Plan Rabassa no contribuye al fortalecimiento del territorio metropolitano de Alicante-Elche, ya que ignora y desaprovecha las condiciones de centralidad de su emplazamiento, inducidas por la accesibilidad privilegiada, así como la proximidad a potentes actividades metropolitanas como la Universidad y el futuro Parque Científico. En este sentido, una alternativa de terciario avanzado junto a otras actividades emergentes para ese sector hubiera contribuido a recalificar un proyecto más coherente con el de periferia metropolitana contemporánea. Pero al optar por un uso residencial dominante para el sector, repite el modelo tradicional de los crecimientos de periferia de las ciudades de los sesenta del siglo pasado, aunque las viviendas tengan mayor calidad que aquellas. Por eso, entre otras cosas, el Plan Rabassa no es una ciudad, es un "polígono".
SOSTENIBILIDAD
La repetición banal de las ideas termina por vaciarlas de significado. Es lo que está ocurriendo con la noción de "sostenibilidad". Las declaraciones de la secretaria autonómica de Territorio, a mediados del 2007, según las cuales el Plan Rabassa no sólo no ofrecía las más mínima duda sobre su rigor y calidad ambiental, sino que es un "ejemplo de urbanismo ambiental y sostenible" (sic) todavía causa perplejidad. En primer lugar, por lo rotundo de la afirmación, y, en segundo lugar, porque sus declaraciones estaban fundadas en la cuestión de la protección de las lagunas de la zona comprendida en el proyecto, que, en mi opinión, no es el problema ambiental relevante de este gran sector residencial.
Las declaraciones de este cargo de la Administración Autonómica denota el estrecho, y poco riguroso, concepto de medio ambiente y de sostenibilidad que se ha manejado durante la tramitación del Plan Rabassa. ¿Dónde quedan las cuestiones sobre consumo de recursos, desde el suelo al agua; las derivadas de incremento de la demanda de movilidad privada, efectos sobre la cohesión social, etc.? ¿Y qué hay de la inexistencia de propuestas innovadoras con relación a la eficacia energética y de recursos en las viviendas previstas? Respuestas a estas preguntas es lo que cualifica a los mejores sectores residenciales que se proyectan y construyen en otras ciudades españolas y europeas.
CULTURA URBANA
Si entendemos por cultura urbana el conjunto de ideas, valores, sensibilidades, representaciones, etc. que identifican una manera de mirar y habitar la ciudad y el territorio como paisaje construido, no parece que esa cultura sea muy vigorosa en Alicante. El necesario debate y reflexión crítica sobre las cuestiones acuciantes que han planteado desde los intensos y alarmantes procesos de crecimiento y ocupación de suelo como Rabassa no se ha producido, ni auspiciado por el Ayuntamiento ni por sectores profesionales.
Es sorprendente que ningún representante del Ayuntamiento con responsabilidad en la tramitación de este plan, ni políticos ni técnicos, haya tenido el más mínimo interés en explicar la mayor operación urbanística de la historia de Alicante, salvo las consabidas razones de que hacen falta VPO y de que el sector propuesto tiene mucha zona verde.
En mi opinión, los colectivos profesionales más implicados, arquitectos e ingenieros, han tenido una actitud que oscila entre la tibieza y el silencio. Entre otras razones, lo que ha ocurrido refleja una concepción del urbanismo como un conjunto de saberes jurídicos y técnico-ingenieriles, pretendidamente neutrales, dirigidos, en esencia, a preparar el suelo para la producción inmobiliaria. Es un urbanismo que reproduce, sin cuestionarlo, el modelo espacial y social, urbano y territorial, impuesto por el mercado, quedando relegado a una herramienta que se desentiende de los fines y efectos que pueden producir en el territorio urbano operaciones como Rabassa, erigiéndose en un instrumento legitimador de la razón del mercado.
TRANSPORTE
En las dos exposiciones públicas del Plan Rabassa el documento no contenía ninguna cuantificación ni previsión sobre la movilidad inducida en el sector residencial ni sobre los efectos que produciría en el sistema viario de la ciudad. Parece que algún documento de esta clase se ha ido añadiendo más tarde, aunque estamos demasiado acostumbrados a que estos estudios sectoriales de los planes sean un simple expediente a cumplimentar, a pesar de la entidad que tienen para justificar la elección de un modelo de crecimiento.
Con un volumen de población entre 35.000 y 40.000 habitantes y unos índices de movilidad en la ciudad por persona y día de entre 1,5 y 2 (según la última encuesta de que se dispone), se puede pronosticar un volumen muy importante de desplazamientos que se generaran cotidianamente en el sector Rabassa. La práctica inexistencia de oferta de empleos en el nuevo sector no colaborará en la disminución de los flujos cotidianos de viajes al trabajo. Es cierto que hay previstos potentes viarios nuevos que darán servicio al nuevo sector residencial, pero resolver el problema de la congestión de tráfico aumentando la capacidad del sistema viario para coches cumple ese papel a corto plazo, pero a largo plazo lo agrava.
En la segunda exposición pública del proyecto de Rabassa se introdujeron precipitadamente unas rayitas de color con una leyenda que aseguraba que aquello era la línea tranviaria del sector, pero en realidad se trataba de algo para cubrir el expediente. Puede, y será necesario, conectar el sector internamente y con la ciudad a través del tranvía si se quiere reducir los costes indirectos generados por le tráfico privado.
¿Qué ocurre cuando no se planifica conjuntamente un plan urbano con la red de transporte que debe servirle?, sucede lo que ha pasado con el tranvía que se esta implantando en el resto de la ciudad: en ocasiones, se ha tenido que insertar de un modo forzado en el tejido urbano a costa de recortar espacio público peatonal o verde, perdiendo su capacidad de captar demanda, o dicho de otro modo, de no dar un servicio óptimo. Y todo ello porque cuando se redactó el Plan General del 79, el que ahora se revisa, ni a técnicos ni a políticos se les ocurrió que el tranvía moderno estaba a la vuelta de la esquina, como algunos, infructuosamente, les advertimos. Si entonces se hubiera previsto, hubiera pasado lo que en los mejores proyectos tranviarios europeos en los que la línea del tranvía aparece como una pieza estratégica en los planes de urbanismo, convirtiéndose en un elemento articulador que ordena y da forma a la parte de la ciudad que atraviesa, y no como ocurre en Alicante, donde la red no tiene esa función sino la de conexión entre puntos.
URBANIDAD
Las condiciones de la urbanidad de un sector residencial como Rabassa se cumplen cuando hay una adecuación entre forma social y forma física construida: cuando el espacio público se erige en el protagonista, haciendo posible el intercambio y el encuentro; cuando la forma y la arquitectura lo hacen reconocible; cuando una cuidada mezcla de usos y actividades favorecen la diversidad y la amenidad; en fin, cuando los ciudadanos se sienten participes de su barrio y ciudad.
En mi opinión el Plan Rabassa no se funda en estas condiciones para hacer ciudad. El resultado de este plan, si finalmente se construye, conformará un paisaje muy similar al que está emergiendo en el PAU 1, pero cuatro veces mayor: un archipiélago desarticulado en el que dominan las manzanas cerradas (las "urbas") que suelen dar la espalda a la calle, que queda relegada a una función de viario de circulación, mientras que las condiciones de homogeneidad, tanto de las tipologías arquitectónicas como de los usos, casi exclusivamente residenciales, difícilmente contribuirán a crear un espacio urbano diverso, ameno o atractivo.
En resumen, el espacio proyectado para Rabassa producirá un "no-lugar", en el sentido que lo ha definido Marc Augé como lugares sin identidad ni memoria. Rabassa será un lugar sin memoria no porque sea nuevo, sino porque la memoria la encontramos en los lugares que se construyen y reconstruyen con el tiempo y no en esta enorme área residencial proyectada en su totalidad hasta en sus mínimos detalles.
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Durante el dilatado proceso de tramitación del Plan Rabassa no se ha impulsado desde el Ayuntamiento ninguna actividad de información ni de participación, en realidad es lo que viene sucediendo con otros proyectos de la ciudad, salvo las derivadas del estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación.
A pesar de que, como he señalado en otro punto de este decálogo, encuentro a faltar una mayor implicación en el debate sobre el Plan Rabassa de algunos sectores de la ciudad, por otro lado, se ha producido una de las más intensas movilizaciones ciudadanas de los últimos tiempos en torno a la Plataforma contra el Plan Rabassa (ahora denominada Plataforma de Iniciativas Ciudadanas). Es cierto que también han existido otros movimientos ciudadanos en la ciudad, recordemos a la plataforma por el soterramiento, así como la del puerto, pero mientras estas planteaban reivindicaciones o críticas a problemas urbanos concretos vinculados a sus barrios, lo novedoso de la Plataforma contra Rabassa fue, y sigue siendo, la de posicionarse por una nueva manera de pensar, planear y gestionar la ciudad, alejada de esa otra manera de hacer urbanismo representada por el Plan Rabassa.
A movilizaciones ciudadanas como las que han tenido lugar en torno a este plan, el Ayuntamiento no les ha dado la más mínima oportunidad de debate. Para ellos puede ser una buena táctica, ya que el tiempo juega a su favor, pues son movilizaciones que llevan adelante ciudadanos que emplean su tiempo desinteresadamente y la ausencia de diálogo por parte municipal puede terminar por ahogarlas. Aunque, en el caso de Rabassa, no ha sido así.
Con esa actitud cerrada ante la participación pública espontánea, el Gobierno Municipal despilfarra un capital social con el que otros buenos políticos locales quisieran contar, además de constituir un desprecio hacia unos ciudadanos que, como decía, han empleado muchas horas en pensar y actuar buscando la posibilidad de cambiar o mejorar esta ciudad. Lo primero que debía de saber un buen político local es que una ciudad avanza cuando se asumen y se gestionan los conflictos y no buscando el camino más fácil, rodeándolos.
COHESIÓN SOCIAL
La cohesión social es una cualidad del espacio humano de una ciudad que tiene su reflejo en el espacio construido. Una ciudad cohesionada, urbana y socialmente, es aquella que ha superado las desigualdades, integrando las diferencias de raza y renta a lo largo y ancho de su territorio. Equilibrio social y espacial es lo que resume la cohesión social en una ciudad. Una aproximación al diagnóstico de la cohesión social en Alicante muestra debilidades importantes.
A escala del territorio urbano, la ausencia de una política vigorosa, urbana y de vivienda, en barrios y otras zonas del tejido continuo de la ciudad, se ha traducido en una baja calidad del espacio público, los equipamientos o el parque de viviendas, lo que unido al intenso estímulo hacia el crecimiento periférico del parque de viviendas ha contribuido a un vaciamiento de estos barrios de la ciudad interior en donde permanecen los ciudadanos de rentas más bajas e inmigrantes. El Plan Rabassa puede contribuir a acelerar este proceso.
En segundo lugar, la necesidad de una mezcla social equilibrada para asegurar la cohesión social en la escala del barrio no parece que se haya buscado en la operación de Rabassa, donde el 60% del total de viviendas (8.047) serán VPO. Una buena política de cohesión social debería haber distribuido el parque de este tipo de viviendas por toda la ciudad; sin embargo, es sabido que durante los mejores años de crecimiento inmobiliario en Alicante, apenas se han construido VPO .
PLAN GENERAL
Uno de los argumentos críticos que con más insistencia se han escuchado acerca del Plan Rabassa es el relacionado con que no estuviese contenido en el planeamiento general del municipio.
La exigencia de esa inserción en el planeamiento general de una operación de la magnitud de Rabassa es debida a que un marco territorial amplio es el adecuado para evaluar su impacto y grado de coherencia con el modelo territorial proyectado. En ese sentido, el Plan General debía de dar respuestas a cuestiones derivadas de los efectos de la inclusión de esta gran urbanización, entre otras, de la idoneidad de su emplazamiento, justificación de la demanda residencial y proyecciones de suelo adicionales y efectos ambientales de todo tipo.
Sin embargo, el planeamiento general, actualmente en tramitación, ha pasado "de puntillas" por esta operación inmobiliaria y la única justificación que se da para su incorporación al mismo es de índole jurídica. Es un buen ejemplo de cómo en el discurso profesional relativo a la planificación urbana los instrumentos jurídicos se imponen sobre otras consideraciones relativas a lo que llamamos habitar la ciudad y el territorio, algunas de las cuales han sido expuestas en este texto.
ÉTICA
Para cumplimentar este punto, y terminar este decálogo, traigo una cita muy clara de la que es autor Giulio Carlo Argan, crítico de urbanismo y arquitectura y ex-alcalde de Roma: "Es fácil precisar que el desarrollo urbano es moral cuando adviene en el interés y para ventaja de todos los ciudadanos y es inmoral cuando adviene en interés y para ventaja de un grupo o de un individuo y causa daños a los demás".
* José Ramón Navarro Vera es catedrático de Urbanística de la Universidad de Alicante.
* Información - Opinión - 14.06.09
