Viñeta: El Roto, a dónde vamos - elpais.com 20100715
A dónde vamos - El Roto
Armilla.- Los Verdes recurrirá la sentencia del caso Nevada y pedirá la "demolición total" del edificio
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EUROPAPRESS/Granada* : Ecologistas tiene intención de recurrir la resolución de demoler sólo una esquina del edificio y Adobe Arquitectura aún no lo ha decidido. Los Verdes (LV), personado como acusación particular en la causa sobre la tramitación irregular del Nevada, recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Granada, que sólo ordena la demolición parte de una de sus esquinas, y pedirá la "demolición total" del edificio. Para el portavoz andaluz de la formación ecologista, Mario Ortega, el fallo es "muy light" con los responsables de la "ilegalidad" del centro pero también "pierde una oportunidad de oro" para demostrar que la justicia "no está con los poderosos, sino con la sociedad civil".
En declaraciones a Europa Press, Ortega anunció además que LV aprovechará la resolución para impulsar el proceso que llevó hasta la jurisdicción-contenciosa, donde se estudia la posibilidad, según la solicitud de la formación, declarar nula de pleno derecho la licencia de obras otorgada al edificio el pasado 30 de septiembre de 2005 y proceder al derribo de todo lo construido y "retrotraer" la zona de la Vega en la que fue levantado "a su situación inicial".
Para el portavoz andaluz, la sentencia "confirma" que se cometieron los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, si bien hace una "condena muy débil" al ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate. "No obstante lo que más nos importa no es que tengan más cárcel o menos, sino que esas ilegalidades que cometieron no deberían consolidar una obra para que sigan beneficiándose los mismos", señaló.
Además, según Ortega, "no es cierto" que el Nevada vaya a generar tantos puestos de trabajo como asegura por ejemplo el Ayuntamiento de Armilla, ya que "está constatado que por cada empleo que genera un centro comercial de grandes dimensiones se destruyen tres en el pequeño comercio". Por eso, LV ha decidido recurrir el fallo y continuar por la vía contenciosa, como hiciera de igual manera Greenpeace en el caso del Algarrobico. "Que haya demolición, porque si no la hay se estará perpetuando un modelo que ya está agotado y que ha llevado a este país a la crisis", señaló el portavoz.
Por otra parte, otra de las acusaciones personadas, Ecologistas en Acción ya ha anunciado también este miércoles su intención de recurrir la sentencia por razones similares que la de los Verdes, ya que considera "insuficiente" la demolición de tan sólo 1.400 metros cuadrados ordenada por el juez, de un total de 275.000 construidos, según informó a Europa Press el abogado de la organización, que también representa a Adobe Arquitectura, que aún está estudiando si apelar o no.
* Europa Press - 15.07.10
Foto: Armilla (Granada) centro comercial Nevada - granadahoy.com
Cuatro imputados por la urbanización de Candeleda (Ávila) declaran hoy ante el Juzgado de Arenas
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EUROPAPRESS* : Cuatro imputados por el caso de la urbanización de Candeleda, entre ellos el ex alcalde de la localidad, declaran hoy en el Juzgado de Instrucción nº2 de Arenas de San Pedro. José Antonio Pérez Suárez, que fue alcalde con el PP y en la actualidad concejal en el Ayuntamiento de Candeleda con Candidatura Independiente, formando gobierno con el PSOE, era también miembro de la Comisión Territorial de Urbanismo cuando se aprobaron las normas urbanísticas y el plan parcial que daba vía libre al proyecto urbanístico, por el que se recalificaron 120 hectáreas de terreno sin Declaración de Impacto Ambiental, 26 de ellas en Navalpilón.
Los otros tres imputados son el ex jefe territorial de Medio Ambiente, Juan Manuel Pardo Ontoria, que informó favorablemente sobre las obras de captación de agua y la ocupación de monte público dentro del Parque Regional de Gredos para ello, y los promotores de la urbanización, Juan Carlos Jiménez y Margarita Senovilla.
Los cuatro declararán como imputados por la polémica urbanización 'Candelas de Gredos', cuya promotora es Dávila Monteblanco y que pretendía ubicarse en el paraje de Navalpilón, a los pies del Parque Regional de la Sierra de Gredos, al sur de la provincia de Ávila.
Cabe recordar que la urbanización, contra cuya construcción se han manifestado diversos colectivos, contemplaba el levantamiento de más de 400 viviendas y un hotel.
* Europa Press - 15.07.10
Foto: Candeleda (Ávila), protesta contra urbanización (archivo) - aviladigital.com
La juez Castelló imputa a 25 personas en una red de sobornos a un alto cargo municipal de Barcelona
LAVANGUARDIA* : La jueza Elisabet Castelló ha imputado 25 empresarios y particulares por pagar sobornos a un alto funcionario municipal, Heliodoro Lozano -que fue jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella entre 2001 y 2008-, a cambio de poder abrir locales y apartamentos turísticos. Empresarios y particulares presuntamente abonaban dinero a una red de la cual también formaría parte el ingeniero Joaquim Quílez y una trabajadora del área jurídica del Ayuntamiento de Barcelona, Elena Ariza.
Las investigaciones del caso, que van a cargo de la jueza Elisabet Castelló y la fiscalía anticorrupción, están relacionadas con el supuesto caso de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels.
Unos cuantos de los imputados -empresarios de la hostelería y propietarios de apartamentos turísticos- habrían admitido haber hecho pagos, mientras que otros lo niegan, según han publicado dos periódicos catalanes. En el ordenador de Lozano figuraba una larga lista de personas que habrían hecho los pagos y que ya han declarado en relación a este caso.
El pasado 2007, a raíz de la investigación del caso Riviera y Saratoga, los Mossos d'Esquadra registraron el despacho del ingeniero Joaquim Quílez y encontraron un papel con anotaciones sobre cobros de dinero y en el cual aparecía el nombre "d'Helio" -en supuesta referencia a Heliodoro Lozano- y las cantidades cobradas. A partir de aquí, la jueza, en coordinación con la fiscalía anticorrupción, separó los casos.
Tanto Quílez como Lozano ingresaron en prisión a finales del año pasado a raíz de estos casos de corrupción. A ambos se los acusa de varios delitos de soborno y coacciones a la exconcejala del distrito Itzíar González, la cual, al tener sospechas de la actividad ilícita de Lozano el año 2008, decidió trasladar al funcionario a la dirección general de Infraestructuras y Urbanismo y poco después, el 2009, al Nou Barris. A raíz de este traslado, González habría recibido amenazas, sufrido un robo en su casa y recibido protección policial.
* La Vanguardia - 15.07.10
Foto: Barcelona, ayuntamiento - idg.es
Málaga.- El PGOU mantiene como ilegales más de un millar de casas en los diseminados
SUR* : Uno de los trabajos que ha tenido que realizar el Ayuntamiento de la capital para adaptar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a las exigencias de la Junta de Andalucía es elaborar un inventario de núcleos diseminados del municipio en los que se localizan viviendas que han sido construidas en suelo no urbanizable y que, por lo tanto, se encuentran fuera de la legalidad. Según pudo conocer este periódico, el trabajo arroja que en estos momentos hay 44 sectores que reúnen estas características y que albergan un total de 1.174 casas.
Para su legalización, el plan urbanístico metropolitano de la Junta contempla la posibilidad de agrupar y regularizar estas viviendas en lo que denomina como 'hábitats rurales diseminados'. No obstante, para ello, deben cumplir determinados requisitos entre los que se encuentra que deben estar vinculadas a una actividad agrícola o ganadera.
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha comprobado en este estudio que ninguna de ellas cumple este requisito, por lo que ha optado por dejar todas fuera de ordenación, a la espera de que el Gobierno andaluz redacte y apruebe un reglamento que detalle con más precisión la fórmula para considerarlas como 'hábitats rurales'. El Consistorio confía en que ese reglamento sirva para que algunos núcleos puedan finalmente quedar avalados de algún modo bajo esa figura.
Sin embargo, por el momento esto no es posible y por ello se limita a establecer un catálogo de los sectores en el que estudia pormenorizadamente su superficie y su antigüedad, entre otros muchos aspectos.
Así, el nuevo PGOU contempla información sobre estos núcleos pero, a diferencia del plan del 97 y del que fue aprobado provisionalmente en 2008 y que ahora se ha cambiado, no establece un listado de diseminados que pueden llegar a regularizar su situación mediante la tramitación de un plan urbanístico especial. El texto del nuevo Plan General que fue aprobado por el Ayuntamiento hace dos años reconocía un total de 27 diseminados de los que sólo proponía regularizar nueve al ser los únicos que se amoldan a las condiciones impuestas por la Junta. Así, se contabilizaron un total de 1.311 vecinos en 684 casas rurales, pero sólo tendrían opciones para legalizarse 168 casas en las que residen 417 personas.
En el nuevo plan, que será aprobado por el pleno del próximo viernes, ya no se establece esta distinción y se dejan a todos los diseminados fuera de ordenación a la espera de que puedan encajar en una posible operación de legalización pactada con la Junta más adelante.
Fuentes municipales aseguraron que esto no genera una mayor indefensión para los vecinos de las casas levantadas en suelo no urbanizable. Así, argumentaron que la no delimitación de los sectores que podrían legalizarse no limita las opciones de regularización que pueden llegar a tener en el futuro. Además, el PGOU sigue contemplando la posibilidad de que puedan hacerlo mediante la tramitación de los planes especiales previstos para núcleos diseminados.
Según aseguraron desde el equipo de gobierno municipal, esto no va a implicar que se produzcan derribos de las edificaciones ya que se trata de núcleos muy consolidados y con una cierta antigüedad en los que los delitos por construir ya están prescritos -lo hacen a los cuatro años- y no cabe la demolición.
Mayor riesgo
No opinan lo mismo algunas fuentes jurídicas consultadas por este periódico, que aseguraron que dejar todos los diseminados fuera de ordenación facilitará que prosperen algunas órdenes judiciales de derribo que están en vigor. Así lo indicaron los abogados expertos en derecho urbanístico Manuel Jiménez y Álvaro Ruiz, quienes detallaron que uno de los argumentos que se ha estado empleando para frenar esas órdenes es la previsión de legalización de los núcleos mediante los planes especiales previstos en el PGOU.
«Si ahora no se prevé esta opción, se genera un problema para los vecinos, porque no sólo se arriesgan a las demoliciones, aunque posiblemente serán pocas, sino también a no poder beneficiarse de proyectos para mejorar sus infraestructuras como obras de asfaltado, alumbrado o saneamiento, ya que el plan metropolitano sólo las permite en los diseminados que se hayan regularizados como tales», explicó Álvaro Ruiz, quien precisó que su despacho estaba trabajando hasta ahora en la legalización de cuatro sectores que finalmente Urbanismo ha paralizado.
La mitad de las viviendas en suelo no urbanizable registradas por el PGOU están en Campanillas (526 casas), distrito al que sigue la zona de Pedrizas (191), Puerto de la Torre (178), el distrito Este (146) y Los Montes (133). De los sectores estudiados, se han regularizado las 75 casas de la Sierra de Churriana y la zona de Los Gámez (150). Dejar el resto fuera de ordenación implica que sus moradores sólo podrán realizar obras de mantenimiento, pero en ningún caso de ampliación. El Ayuntamiento ha autorizado en ocasiones obras de asfaltado, alumbrado y saneamiento para algunos de estos núcleos.
* Sur - 14.07.10
Foto: Hasta ahora no se habian aprobado planes de legalización de los diseminados. SUR
Un juez obliga a Pozuelo a trasladar sus fiestas patronales por el ruido
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ELPAÍS/Madrid* : El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (PP) deberá buscar otro sitio para las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Consolación de septiembre, que desde 1992 se celebran en el recinto ferial del Camino de las Huertas. Una sentencia del Juzgado nº10 de lo Contencioso - administrativo ha dado la razón a la Asociación de Vecinos de Pozuelo de Alarcón por la Calidad de Vida y Contra el Ruido (Pozcavir) y ha condenado al Consistorio a trasladar las fiestas a un lugar "donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos, dado que no es posible adoptar respecto a estos eventos medidas eficaces que impidan la contaminación acústica".
Ante esta sentencia cabe recurso por parte del Ayuntamiento, que tiene un plazo de 15 días para oponerse a la resolución.
El magistrado sostiene que los vecinos no tienen la obligación legal de soportar los ruidos, y pone de manifiesto que el uso del recinto ferial para la celebración de las fiestas es incompatible con el carácter residencial del entorno y con lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que solo permite que se le den los usos propios de las zonas verdes. En este sentido, la sentencia destaca que la ordenanza urbanística "no permite estas actividades en parques y jardines, aunque sean esporádicas y tengan arraigo". Asimismo, constata que no tiene sentido la justificación del Ayuntamiento de que las actividades feriales que se celebran en estos terrenos son excepcionales y son fruto del arraigo, ya que no se puede atribuir estas características a eventos como "la Feria del Marisco de Pozuelo y las ferias del Toro, del Caballo y del Flamenco".
El texto indica además que el cambio del recinto deberá ser "inmediato", aunque abre la posibilidad de que se mantenga la actual ubicación para las próximas fiestas, que comenzarán el 4 de septiembre y finalizarán el 12 del mismo mes, "si no fuere posible el traslado a un lugar adecuado". De optar por mantener de forma excepcional la sede de las fiestas patronales, el juez obliga al Consistorio a adoptar medidas eficaces para que no se superen los límites de contaminación acústica permitidos.
Para demostrar que los ruidos ocasionados por las fiestas "son difícilmente tolerables", el magistrado destaca que el propio Ayuntamiento encargó un estudio de niveles sonoros en la zona del auditorio al aire libre El Torreón que así lo confirma. "Como puede verse los niveles registrados son significativamente superiores a los máximos establecidos por la normativa ambiental", concluía dicho estudio.
El portavoz de la asociación de vecinos afectados, Manuel Rodríguez, aseguró que estaban muy satisfechos por la resolución de un litigio iniciado hace más de diez años: "Es una sentencia valiente que da prioridad al disfrute de las condiciones familiares en vez de al legítimo derecho al ocio". En cuanto a la posibilidad de que el Ayuntamiento recurra la decisión judicial, Manuel Rodríguez se mostró esperanzado en que tire la toalla: "En otras ocasiones no lo ha hecho, pero si lo hace será solo para ganar tiempo".
* El País - 14.07.10
Foto: Pozuelo (Madrid), ayuntamiento - elpais.com
En defensa de la Ley de Costas
SERGI PÉREZ SERRANO* : No pocos ciudadanos asistimos perplejos a la reciente campaña que pretende dejar sin virtualidad el espíritu de la Ley de Costas de 1988, en aras a la protección de los chiringuitos de playa que, al parecer, se han constituido de repente (y con elecciones a la vuelta de la esquina) en elementos consustanciales a nuestra identidad nacional. La Ley 22/1988 (y posteriormente el Tribunal Constitucional) viene a decir que el deslinde del dominio público marítimo terrestre tiene carácter declarativo y no constitutivo, al entenderse de todos lo que siempre fue de todos y nunca debió pasar a manos particulares (nuestro litoral). Los problemas están apareciendo ahora porque, tras más de 20 años de vigencia de la norma, la pereza administrativa del Estado ha propiciado que todavía se estén deslindando las distintas servidumbres que la misma prevé.
Los lectores han de saber que el régimen transitorio de la ley es, cuanto menos, generoso: ante la colisión de derechos se prevén concesiones administrativas para los ocupantes del espacio público de 30 años, prorrogables incluso por otros 30. Por tanto, todos tranquilos, los chiringuitos no desaparecerán al menos hasta el año 2070. ¿No habíamos desterrado de nuestra cultura política la vieja máxima de que lo que era de todos podía ser disfrutado o rentabilizado por unos pocos?
¿No se estarán escudando algunos políticos en los chiringuitos para que algunas atrocidades urbanísticas pasen a estar dentro de la legalidad y así eludir responsabilidades y continuar haciendo negocio? Atentos.
* El País - Opinión -14.07.10
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