ElPAÍS/Madrid* : Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) han decidido anular la adjudicación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) del palacio del Infante Don Luis a la Fundación Autor, dependiente de la Sociedad General del Autores y Editores (SGAE). Los cinco jueces justifican esta decisión al considerar que la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado entonces por Arturo González Panero (PP), se realizó "con absoluto desconocimiento" del procedimiento y de los requisitos que la regulan. Panero, imputado en el caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, fue expulsado del PP.
Para obtener esta adjudicación la SGAE se comprometió en noviembre de 2006 a invertir 30 millones de euros para rescatar de la ruina en la que se encuentra al palacio del Infante Don Luis, construido por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1765 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El edificio, una vez rehabilitado, iba a ser destinado a albergar la sede de la Fundación Autor. El compromiso entre la SGAE y el Ayuntamiento se selló con la firma de un contrato entre el alcalde de Boadilla del Monte y el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, por el que se le cedía el palacio durante 75 años. A cambio se comprometían a rehabilitar, conservar y mantener el edificio.
En ese sentido, el Ayuntamiento de Boadilla con Juan Siguero (PP) como alcalde rescindió a finales de mayo el contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de la Fundación Autor. El propio Siguero justificó esta decisión por la "inadecuación" del proyecto presentado por la SGAE a las "especificaciones técnicas" marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en los jardines.
Esta decisión judicial, que discrepa de la sentencia dictada en primera instancia por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Madrid, había desestimado la denuncia del abogado y concejal de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, supone un nuevo traspiés para un Ayuntamiento que ha sido seriamente golpeado por la corrupción, convirtiéndose en el epicentro madrileño de la Operación Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular.
A la postre, el TSJ ha terminado por dar la razón al representante de APB, que alegaba que la concesión era nula de pleno derecho. "La justicia vuelve a darnos la razón con esta sentencia. Gracias a eso volvemos a recuperar el palacio para los vecinos de Boadilla. Y no ha sido nada fácil, ya que el PP decidió con su mayoría absoluta adjudicar ilegalmente esta concesión a la SGAE, y Alternativa por Boadilla ha tenido que oponerse en solitario".
La sentencia, que es firme y ante la que no cabe recurso, ahonda en las graves irregularidades detectadas. Como que en la concesión no se ha observado ninguna de las formalidades ni requisitos descritos en la normativa vigente, al mismo tiempo que "falta" la aprobación previa del proyecto de obras que no fue realizado con anterioridad a la adjudicación. Los magistrados recuerdan que el proyecto de actuación de obras fue aprobado después de haberse adjudicado el uso del palacio, según un informe de la Comunidad de Madrid.
La SGAE emitió ayer un comunicado de prensa en el que destaca que la Fundación Autor "no tiene ninguna responsabilidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento". Además, recuerda que el Consistorio decidió a finales de mayo extinguir la concesión del uso privativo del inmueble, por lo que esta entidad privada daba ya el expediente por terminado.
* El Pais - 5.10.10
Foto: Palacio del Infante Don Luis.- periodistadigital
Los jueces anulan la adjudicación del palacio de Boadilla a la SGAE
Málaga.- Casi la mitad de la población vive en una zona con riesgo de riada
MÁLAGAHOY* : La ocupación de cauces, el urbanismo desmesurado o la escasez de infraestructuras de defensa hacen que casi la mitad de la población de la provincia de Málaga vivan en una zona de riesgo en el caso de inundaciones. La Consejería de Medio Ambiente ha identificado 158 puntos negros que correrían peligro en el caso de una fuerte tromba de agua que provoque el desbordamiento de uno de los ríos o arroyos que discurren por entornos urbanos. El diagnóstico realizado por la Agencia Andaluza del Agua a raíz de la redacción del futuro Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea alerta de que 61 de los 101 de la provincia presentan riesgo de avenidas en mayor o menor medida.
Diez de esos puntos, entre los que se encuentra la cuenca del río Guadalhorce hasta su desembocadura en la capital y la de río Verde en la Costa del Sol occidental, tienen un riesgo muy grave de sufrir una inundación en el caso de fuertes inundaciones.
En otras 61 zonas el peligro se reduce a grave, mientras que en otros 66 casos es moderado. Sólo 21 de los 158 puntos negros localizados tienen un riesgo escaso. En total, según el plan de prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, el 45,9% de la población malagueña vive cerca de alguno de estos puntos. Además de la progresiva invasión que se ha ido produciendo en el dominio público hidráulico, las principales causas que han contribuido a que cada vez sean más las zonas en peligro en caso de inundación son la ausencia de ordenación en las zonas inundables, la destrucción de la vegetación de ribera y una no siempre adecuada red pluvial.
Dada la época de riesgo en la que se encuentra la provincia, será uno de los puntos que se traten en la reunión técnica que se celebrará hoy en Málaga para dar a conocer la planificación hidrológica que se desarrollará en los próximos años en la cuenca Sur. La delegada provincial de Medio Ambiente, Remedios Martel, aseguró ayer a este periódico que la administración autonómica "está trabajando con mucha dedicación en reducir los riesgos de inundabilidad de muchos de estos puntos" y que en la nueva planificación será "una prioridad la corrección de los puntos ya detectados".
También se ha hecho un diagnóstico de las zonas más vulnerables ante un periodo de sequía como el que la provincia de Málaga ha vivido en los últimos años y Málaga, el valle del Guadalhorce y algunos núcleos del interior de la provincia se llevan la peor parte. La propia Agencia Andaluza del Agua reconoce en este documento que existe una insuficiencia de infraestructuras de apoyo o emergencia frente a situaciones de sequía, un retraso en la implantación en los planes de actuación y una sobrexplotación de acuíferos que ponen en peligro a estas zonas cada vez que la pluviometría cambia.
Por otra parte, el comité asesor del plan de emergencias ante el riesgo de inundaciones en Andalucía, que reúne a técnicos de Junta y Estado bajo la coordinación de la Consejería de Gobernación y Justicia, se reunió ayer para comenzar a trabajar de cara a este otoño-invierno con el fin de repasar y actualizar los procedimientos de intervención, cooperación e información entre los distintos cuerpos que actúan en este tipo de incidentes. El director general de Interior, Emergencias y Protección Civil, José Antonio Saavedra, dijo que "se trata de trabajar con previsión adelantándonos a las posibles situaciones de emergencia, en la época en la que se produce el mayor número de precipitaciones y las de mayor intensidad".
La lluvia caída en la madrugada del lunes en buena parte de la provincia de Málaga es sólo un pequeño anticipo de lo que se espera para esta semana. El mal tiempo volverá a imponerse a partir del jueves y prácticamente se mantendrá hasta la mitad de la semana que viene. Habrá que aprovechar el sol hoy y mañana porque a partir del jueves el paso de un frente podría dejar lluvias generalizadas en toda la provincia. Pero será el fin de semana cuando la Agencia Estatal de Meteorología advierte que lloverá con más intensidad. Si las previsiones no fallan, la inestabilidad se mantendrá a comienzos de la semana que viene y las que más lo notarán serán las temperaturas que bajarán considerablemente hasta situarse en torno a los 20 grados.
* Málaga Hoy - 5.10.10
Foto: Inundaciones que afectaron a Rincón en marzo de 2004.- malagahoy
Un juez imputa al ex alcalde de Polop por presunta corrupción urbanística
LASPROVINCIAS/Alicante* : El responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Villajoyosa ha imputado al ex alcalde de Polop Juan Cano y a un ingeniero por las supuestas irregularidades urbanísticas detectadas por la Guardia Civil en esa localidad durante la investigación del crimen de Alejandro Ponsoda.Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), las comparecencias de ambos sospechosos se celebrarán el próximo 30 de noviembre. La resolución judicial es el resultado de la petición formulada por la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia de Alicante.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado descubrieron una presunta trama corrupta ligada al urbanismo municipal en el transcurso de sus pesquisas para esclarecer el asesinato del ex alcalde Ponsoda.
Esa parte del sumario se desgajó de la principal y se envió a otro juzgado de La Vila, que ya ha activado el procedimiento.
Según los investigadores, Cano controlaba el urbanismo municipal incluso antes de llegar al Consistorio para ocuparse de esa área. Otro personaje central en la presunta trama urbanística es el ingeniero José Vicente Martí, que llegó a la corporación de la mano del anterior.
El teléfono de este ingeniero fue 'pinchado' por la Guardia Civil con autorización judicial en la primavera de 2008. Martí elaboraba los informes sobre los planes urbanísticos proyectados en Polop a través de su empresa EIA Ingeniería.
No obstante, los agentes de la UCO descubrieron que había constituido otra mercantil, Urbanismo e Ingeniería de La Marina (UEI Marina), en el año 2002, desde donde realizaba presuntamente los proyectos técnicos que los diversos agentes con intereses urbanísticos en Polop le encargaban y sobre los que él mismo debía resolver.
Esa maniobra, según se recoge en el sumario, tenía como finalidad «evitar que le pudieran relacionar con EIA en una posible investigación por haber abusado de su función pública y haberse asegurado un beneficio económico».
Algunos proyectos urbanísticos del municipio están bajo sospecha. Es el caso del Plan de Reforma Interior (PRI) Rotonda, impulsado por la promotora Balcón de Polop. La UCO ya hablaba en 2008 del posible «enriquecimiento ilícito» de Martí.
Por su parte, Juan Cano ganó 290.000 euros con la venta de una parcela a Blauverd, una promotora que impulsaba un plan urbanístico en la localidad. No sólo él, sino también el ex concejal Jaime Narbó (480.000 euros) y su padre, Francisco Narbó (240.000), hicieron negocio con ese plan proyectado en el llamado Sector 8 de Polop.
* Las Provincias - 5.10.10
Foto: Polop - wikipedia
Córdoba.- Urbanismo 'regala' a Gómez el centro comercial mayorista más grande
ELDÍADECÓRDOBA* : La redacción definitiva del plan especial de la carretera de Palma, que legalizará Colecor, no dejará lugar a dudas. Donde al principio la Gerencia de Urbanismo utilizó el eufemismo "centro logístico" como uso autorizable dentro de las naves levantadas sin licencia, quedará como un suelo sujeto "al artículo 12.3.1 del Plan General de Ordenación Urbana", según el texto final, que es el que, dice el PGOU, regula "el almacenamiento y comercio mayorista, cuyo objeto es el depósito, guarda, almacenaje y/o distribución de bienes y productos". Por esta vía, el Consistorio le abre la puerta a Arenal 2000, empresa propiedad de Rafael Gómez, a convertir Colecor -si así lo estima- en uno de los mayores centros de venta, tipo cash and carry, de la provincia de Córdoba con la única excepción de que no puede operar con ningún tipo de mercancía peligrosa.
Confirmando las previsiones, Urbanismo no ha cambiado de criterio por el informe crítico de la Junta, que entiende que se está sobrepasando lo previsto por el PGOU. Lo cierto es que, con esta decisión, la Gerencia bordea lo previsto tanto en el Plan General como en la sentencia que tumbó el primer plan especial que, aunque redactado por Arenal 2000, presentaba un régimen de usos bastante menos bondadoso para los intereses de Rafael Gómez que el que se ha realizado desde los despachos de Urbanismo.
Según el PGOU, todo el plan especial de la carretera de Palma tiene que regirse por la normativa de suelo no urbanizable de especial protección de la Vega, con la particularidad de que se tiene que hacer lo posible por mantener los usos industriales históricos. Para ello, el plan permite a Urbanismo cierta mano en el sentido de "precisar y completar" el régimen de usos de la zona. ¿Cuál es el régimen de usos de la zona? Según el PGOU, las construcciones e instalaciones ligadas al sector primario, obras públicas, graveras, transformación de productos agrícolas y ganaderos, usos dotacionales y turístico-recreativos y equipamientos especiales (cementerios o cárceles, por ejemplo), salvo vertederos. Los usos prohibidos son, según el PGOU (artículo 11.8.5), "todos los demás", incluido el comercio mayorista.
El informe del Servicio de Planificación elaborado para aprobar definitivamente el plan de Colecor dice que Urbanismo está legitimada para introducir un uso no previsto -en puridad, prohibido- porque el PGOU le permite "precisar y completar" (aunque con la función territorial de evitar fragmentaciones innecesarias). El problema reside en la sentencia del TSJA de 2008 que anuló el primer plan especial. En su fundamento décimo, el alto tribunal andaluz dijo lo siguiente: "El Plan Especial, en cuanto desarrolla las determinaciones del PGOU, no puede ni contradecirlo, ni innovar aquellas determinaciones estructurales, de ahí que no pueda desconocer las prohibiciones de uso que para el suelo que ordena establece el propio PGOU".
Sigue el tribunal: "Ahora bien, dentro del citado límite, aquellos usos industriales previstos en el Plan Especial, deben integrarse e interpretar su alcance y extensión sobre los objetivos y fines de ordenación previstos en el propio PGOU. No cabe interpretaciones extensivas, cuando es posible aquellas que cohonestan sin forzar los usos concretados en el Plan Especial, con los autorizados genéricamente en el PGOU, insistimos, siempre respetando las prohibiciones previstas en el planeamiento general". La Junta entiende que Urbanismo se ha pasado con creces de la raya de la cierta libertad de acción que le ofrece la ley y la sentencia mientras que la Gerencia, en un asunto dirigido por su teniente de alcalde de Urbanismo, Francisco Tejada (IU), a la cabeza, entiende que está legitimada para ello.
El segundo asunto clave del informe es sostener que es perfectamente legal mantener 25.000 metros cuadrados de las naves sin licencia (más el cuerpo principal de la antigua cooperativa láctea). El informe de Urbanismo dice que no existe relación entre el uso histórico de Colecor y el autorizable, como afirma la Junta. La sentencia de 2008 es contradictoria en ese sentido. En primer lugar, asegura que no es preciso que lo que se autorice sea lo mismo que lo que existía. Sin embargo, introduce la aseveración de que existe una "insoslayable" relación entre lo de antes y lo que se puede permitir. La normativa que rige el suelo protegido de vega, como es el caso del que ocupa Colecor, permite, según el PGOU hacer cambios funcionales "siempre que se realicen reutilizando las instalaciones o construcciones existentes" sin perjuicio de ajustes. Ese artículo tampoco se aplica.
Urbanismo usa un criterio peculiar. Dice que en realidad el porcentaje de ocupación es del 21% como máximo que existía en la cooperativa láctea, aunque la superficie transformada llega ahora a 136.000 metros cuadrados, lo que permite dejar en pie la mayor parte de las naves de Colecor. La finca registral ha crecido en los papeles de Urbanismo hasta reconocer todos los metros cuadrados transformados por Arenal 2000 en unas obras realizadas sin licencia. Urbanismo afirma también que la sentencia no le obliga a respeto alguno a los usos históricos y que sólo se tiene que guiar por "la regeneración ambiental y paisajística" y por asegurar la permanencia de determinadas empresas en la zona. El TSJA vinculó esa decisión a necesidades industriales o empresariales reales expresadas en un proyecto de actuación.
* El Día de Córdoba - 5.10.10
Foto: Naves de Colecor, propiedad de Arenal 2000.- el Dia de Cordoba
Detienen al director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia
LAVERDAD* : La Guardia Civil ha detenido a tres personas en relación con la operación que se desarrolla desde primera hora de la mañana en Murcia , donde se están practicando registros en despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, según han informado fuentes de la investigación.Los detenidos son el director de la gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce. A su entrada a la Gerencia, Guerra, acompañado de dos agentes, ha declarado en relación con la operación que "no pasa nada, no pasa nada. Son cosas de esto".
Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía. Al parecer, la operación estaría indagando en convenios urbanísticos de la zona norte de la ciudad.
Desde las ocho de la mañana, una decena de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizan registros en varios despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia , gobernado por el PP, y en algunas empresas y domicilios tanto de esta ciudad como de Madrid.
Los registros han sido ordenados por el juzgado número 8 de Murcia, el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Dos vehículos todo terreno de la Guardia Civil se encuentran aparcados en la plaza de Europa, donde tiene su sede la Gerencia, que no ha sido precintada y en donde han podido acceder con normalidad los funcionarios hasta las 10 de la mañana. Los agentes están retirando abundante documentación de las dependencias municipales.
Los agentes se encuentran en la primera planta de la Gerencia, donde están ubicados, entre otros, el despacho del concejal, del director de servicios, y la asesoría jurídica municipal. El concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, aún no ha llegado al edificio, según fuentes consultadas por Efe.
* La Verdad - 5.10.10
Foto: Ayuntamiento Murcia - serturista.com
Alicante.- El Ayuntamiento no sabe y no contesta
JOAQUÍN LÓPEZ* : El Ministerio de Fomento, con la licitación por 61 millones de euros para la entrada del AVE en Alicante, se pone por delante de la Administración local que no es capaz de encargar formalmente el proyecto sobre el desarrollo urbano a la Sociedad Avant, aunque hace ya cinco meses que anunciara, como fue recogido en los diarios de la ciudad, que así lo haría. Por aquella fecha también acordamos con el delegado de Urbanismo una muy inminente reunión con la alcaldesa para poner plazos a la aprobación del proyecto, todo ello con la intención por nuestra parte de intentar que la llegada del AVE y la urbanización de la zona, que debe dar lugar al gran parque por el que estamos en este proceso, coincidan. Estos retrasos incomprensibles que se vienen produciendo y alentando desde tiempos inmemoriales, unas veces por Fomento y otras por el Ayuntamiento, tienen en la actualidad en la Alcaldía de Alicante a su único culpable.
La alcaldesa Sonia Castedo no ha tenido la sensibilidad suficiente para convocar la reunión comprometida por su delegado de Urbanismo con la Plataforma Renfe y tratar el futuro desarrollo de la UBO/5 (Urbano en Ejecución número 5), más conocida como Operación Integrada 2 (según el anterior plan general), y poner fecha definitiva a su aprobación por el pleno municipal, que se atrasa y se atrasa desde hace años. Muestra así una enorme carencia de responsabilidad y su falta de interés, más allá de las palabras, para solucionar uno de los mayores problemas de la ciudad. Y no será porque no le hemos recordado la necesidad de la reunión por medio de solicitudes por registro, llamadas telefónicas y mensajes multimedia. ¡Pero la señora alcaldesa no encuentra el momento para la reunión!
El AVE llegará a Alicante en 2012 pero no puede llegar a un inmenso erial todavía lleno de vías y sin el proyecto aprobado y en ejecución, y sin plazos para la finalización total del soterramiento, ni de la estación intermodal de Alicante. Y esto es lo que ocurrirá si las tres administraciones Ayuntamiento, Generalitat y Fomento no cumplen con su responsabilidad y consiguen que Avant, que son todos ellos, tenga una planificación detallada, con fechas concretas a cumplir. Se ha anunciado para primeros de octubre una reunión de Avant, por lo que exigimos que en ella se acuerden los plazos de todo el proceso que concluirá cuando tengamos todas las vías soterradas y podamos disfrutar del gran parque central de Alicante y de una estación intermodal moderna y funcional.
El Ayuntamiento debe ser el principal impulsor y garante de este objetivo, y sin embargo, y de forma incomprensible no lo está siendo: la ciudad ganará un inmenso parque, evitará el corte en dos del paso a nivel y se podrá ejecutar la Vía Parque. ¿A qué espera pues? ¿Por qué no toma la dirección del proceso? Si se trabaja bien, en el mismo 2012 podremos tener fuera el paso a nivel, ejecutada la Vía Parque y el gran parque central en desarrollo. Aún esperamos y deseamos que sea así, y aprovechamos para exigirle de nuevo a la alcaldesa que ponga fecha a la aprobación inicial del proyecto urbano por el pleno, porque no olvidemos que después la Generalitat debe dar la aprobación definitiva en un proceso que puede ser largo, por lo que debemos comenzar de inmediato. Antes del periodo electoral el Ayuntamiento debe haber hecho sus deberes y haber aprobado el plan de desarrollo urbano. Así lo exigimos ahora y seguiremos haciéndolo mientras no se haga, sea periodo electoral o no.
* Información - Opinión - 2.10.10
