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CANARIAS7* : Las actuaciones del PIO y del corredor del Norte que el TSJC considera ilegales suman un presupuesto estimado de 758,69 millones de euros, sin contar la anulación de los suelos Bb3 ni la inversión asociada al aprovechamiento del banco submarino de arena de Pasito Blanco.
Sólo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha anulado las determinaciones del Plan Insular (PIO) sobre las carreteras entre La Aldea y Agaete, la tangencial de Telde y el nuevo corredor interior del Sureste, así como sobre la ampliación del puerto de Arinaga y la creación del puerto deportivo de Bahía Feliz, entre otras actuaciones afectadas, deja en el aire una inversión de 539 millones de euros según las estimaciones del propio PIO.
El presupuesto más elevado recogido en la memoria final del PIO es el de la nueva autovía entre Jinámar y el Aeropuerto, con un coste estimado de 222 millones de euros. Le sigue la nueva carretera entre La Aldea y Agaete previsto en el proyecto de trazado, que es de 196 millones sin contar las expropiaciones, aunque la cifra se quedará corta a la vista del gasto autorizado para el primer tramo, que es de 128,5 millones para hacer diez de los 18 kilómetros de la nueva vía. El nuevo corredor interior entre Carrizal, Ingenio y Agüimes costaría 40 millones de euros (39,67) según el PIO, la ampliación del puerto de Arinaga 52,5 millones y la creación del puerto deportivo de Bahía Feliz otros 29, en este caso de inversión totalmente privada.
Los fallos que anulan parte del plan viario del Norte y el corredor entre Arucas y Guía previsto en el PIO cuestionan una inversión de 220 millones de euros, los 91,1 en que ha sido adjudicada la cuarta fase de la circunvalación, los 75 reservados para la variante de Bañaderos en el convenio de carreteras entre los gobierno central y canario y los 53,6 recogidos en el contrato de la duplicación entre El Pagador y Guía que está en ejecución.
Y los Bb3, el gas y...
A la inversión que está prevista para las infraestructuras afectadas por la anulación parcial del Plan Insular y del plan viario del Norte hay que sumar el coste de no poder convertir en terrenos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales los suelos B.b.3, una determinación del PIO anulada por otra sentencia del TSJC de 2008. Tampoco están sumadas las decenas de millones de euros que costaría la planta regasificadora que Gobierno regional y Gascan quieren poner en Arinaga, para lo que es preciso que se amplíe el puerto. Además, Ben Magec pedirá al TSJC que aclare si su última sentencia afecta también a los puertos deportivos de Meloneras y Tauro.
El Norte exige recurrir con "todos los medios".
La Mancomunidad del Norte mostró ayer todo su apoyo al Cabildo ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula parcialmente el Plan Insular de Ordenación (PIO) y acordó por unanimidad solicitar a esta corporación que recurra la sentencia y «que destine todos los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar los proyectos que afectan al desarrollo de esta comarca y al interés general de la Isla», entre ellos la carretera de La Aldea a Agaete.
Los alcaldes del Norte acordaron «solicitar al Cabildo que subsane los defectos de forma que menciona la sentencia» –principalmente la falta de declaración de impacto ambiental- como argumento de base para declarar la nulidad del PIO, «garantizando con ello que los proyectos que se contemplan en este documento de ordenación puedan seguir su curso y no hipotecar el desarrollo de la comarca».
Además, coinciden en que todos los proyectos afectados disponen de sus propios estudios de impacto exigidos por las administraciones locales, estatales y europeas, lo que viene a demostrar que han pasado por los trámites exigidos y necesarios.
La Mancomunidad confía en que este fallo judicial, que estima un recurso de Ben Magec, no suponga retrasar mucho más en el tiempo el desarrollo de las actuaciones que demandan desde hace tiempo los vecinos de esta comarca basándose en aspectos puramente formales y no de fondo, como parece que recoge la sentencia.
* Canarias 7 - Jesús Quesada - 18.10,2008
Foto: La ampliación del puerto de Arinaga amparada por el Plan Insular ha sido anulada por una sentencia del TSJC./ Gerardo Montesdeoca, canarias7.es
Gran Canaria: Las obras anuladas por el TSJC cuestan 759 millones
La DIA de la Ciudad del Golf coincidió con el fin del plazo para recalificar los terrenos
ÁVILADIGITAL* : La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que daba luz verde a la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués se firmó justo cuando vencía el plazo para recalificar los terrenos. Según el contrato suscrito entre Montes de Las Navas y Residencial Aguas Nuevas, si la finca no se recalificaba en dos años, la mercantil, de la que formaban parte el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, tendría que pagar a la promotora tres millones de euros.
Así lo ha explicado Carlos Bravo, presidente de Centaurea, una de las organizaciones personadas como acusación en el caso de la Ciudad del Golf, quien ha destacado que la imputación de la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, era “previsible”.
“La Consejería de Medio Ambiente actuó en contra de informes técnicos previos en los que se reconocía el valor del pinar y la presencia de especies protegidas como la cigüeña negra”, ha señalado Bravo, quien ha destacado que a pesar de ello “se forzaron informes que contradecían los primeros y se emitió una Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2004”.
A su juicio, la Junta “violó su propia normativa”, teniendo en cuenta que doce de las 210 hectáreas sobre las que pretendía construirse la macrourbanización eran Área Crítica para la cigüeña negra y aún así fueron recalificadas.
Tres millones de euros
Señala, además, que “en un acta del pleno del Ayuntamiento, de 2004, se relata la visita de la consejera en la que se comprometió a agilizarlo” y que “a los pocos días se firmó la Declaración de Impacto Ambiental”. Bravo ha destacado en este sentido que coincidía con el vencimiento de un plazo por el cual Montes de Las Navas tendría que pagar tres millones de euros a Residencial Aguas Nuevas si no se recalificaban los terrenos: 950.000 metros cuadrados estaban clasificados como suelo urbanizable delimitado en las normas urbanísticas y el resto, 970.000, como no urbanizable.
De hecho, en la escritura de compraventa, firmada en agosto de 2002, se incorporaba una cláusula que establecía que “si en el plazo de dos años desde la firma de la escritura pública no se hubiera aprobado con carácter definitivo la clasificación como suelo urbanizable delimitado de los 970.000 metros cuadrados que se encuentran clasificados como suelo no urbanizable, la compradora podrá exigir a la vendedora la devolución de la parte del precio correspondiente a dicho suelo (2.953.943,55 euros), más el 50 por ciento del descuento (250.028,22 euros)”.
Para Centaurea, la petición de imputación de la consejera efectuada por el fiscal “avala la denuncia que se presentó en noviembre de 2006” y que “hay indicios claros de que pudieron cometerse delitos urbanísticos, medioambientales y económicos”.
* Ávila Digital - María Cuenca - 17.10.2008
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com
'Cibervigilancia' con avionetas contra los delitos urbanísticos en España
EFE* : Construcciones ilegales, irregularidades fiscales o desperfectos urbanos pueden ser fácilmente delatados gracias a un novedoso sistema de vigilancia con sofisticadas imágenes en tres dimensiones volcadas en Internet, obtenidas por una flota de avionetas y helicópteros que sobrevuela Europa de continuo.
Este sistema, que lleva sólo unos meses funcionando y que ha sido desarrollado por una empresa noruega, permite observar 'on line' detalles urbanísticos tales como la posición exacta de las máquinas de aire acondicionado en las fachadas de los hogares, la existencia de cerramientos en los balcones de las casas o incluso el número preciso de mesas y sillas en la terraza de un bar o restaurante (dato clave en muchos casos para la declaración fiscal del negocio).
Así lo ha explicado a Efe uno de los responsables de esta iniciativa, el director general de Blom España, Peter Sauleda, quien ha añadido que se trata de un sistema de imágenes y servidores conectados a Internet que ofrecen datos ya procesados con protocolos "muy simples".
Aparte de la inmediatez, precisión y actualización de las imágenes, el sistema permite asimismo, con un margen de error de unos 10 centímetros únicamente, según Sauleda, hacer mediciones para conocer, por ejemplo, la longitud y la anchura de las calles, la altura y el volumen de los edificios, la inclinación de los tejados o el perímetro de las plazas y los parques.
La vigilancia urbanística, a partir de las aplicaciones de este sistema pionero, se está utilizando ya con éxito, según los responsables del sistema, en varios puntos geográficos españoles, preferentemente, hasta ahora, en la Costa del Sol y en puntos costeros del País Vasco.
Asimismo, se está recurriendo a esta plataforma "on line" en situaciones de desastres naturales, por la disponibilidad garantizada de medios aéreos que ofrece, con una antelación de 24 horas.
La precisión de las imágenes de este sistema, cuya actualización es continua, en fases de 9 y 12 meses de media, permite incluso la observación de posibles desperfectos en líneas del tendido eléctrico de las ciudades, en el pavimento de las calles y avenidas, y en las redes de semáforos, entre otros.
Los servicios de emergencia, aparte de otros colectivos como las autoridades municipales y locales, además de las fiscales, entre otros, son grupos que también pueden beneficiarse de este sistema integrado por una base de datos con mapas de alta resolución e imágenes que cubren el 80 por ciento de la población en toda Europa.
Así, por ejemplo, según Sauleda, un equipo de bomberos, gracias a las imágenes obtenidas por la flota de avionetas (en España sobrevuelan tres de continuo) y helicópteros, que incluyen láseres de alta tecnología, escáneres multiespectro y cámaras para captar ortofotos e imágenes oblicuas, puede saber sólo con acceder al ordenador si un edificio en llamas tiene tres o siete pisos, si los materiales de construcción incluyen madera o si el inmueble en cuestión dispone de balcones que faciliten el acceso al mismo.
También el ciudadano de a pie puede beneficiarse de este sistema, según sus responsables, porque, en contraste con los datos del Catastro, le permite obtener imágenes precisas de su vivienda, o de un terreno, o de una segunda casa en la playa o en la montaña; y asimismo pueden obtener ventajas del mismo las inmobiliarias, las pequeñas y medianas empresas (pymes) o los profesionales autónomos, como los electricistas, los fontaneros o los albañiles, entre otros muchos.
* rtve.es - AMAYA QUINCOCES/EFE MADRID 18.10.2008
Foto: Madrid, vista aérea - EFE
Anticorrupción investiga a Castedo por un plan parcial
ELPAÍS/Alicante* : La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, ha abierto diligencias penales contra Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y fraude, derivados del desarrollo del sector nº 1 del plan parcial Benalúa Sur, cometidos durante su etapa de concejal de Urbanismo.
Enrique Sanus, gerente de esa área y la empresa urbanizadora Prasa también están imputados por los mismos presuntos delitos. La decisión del ministerio público es consecuencia de una denuncia presentada por el Grupo Socialista municipal de Alicante el pasado mes de agosto.
El PSPV justificó el supuesto delito de prevaricación en el hecho de que Castedo y Sanus emitieron informes y resoluciones "que consideran injustas, ya que se asume el pago del 50% de los costes de urbanización, lo que supone un detrimento de las arcas municipales y, por tanto, del interés público y colectivo a favor del urbanizador". Esta decisión habría supuesto una rebaja en el coste de la urbanización estimada en unos 500.000 euros. El Grupo Socialista municipal también defendió en su denuncia que el supuesto tráfico de influencias se halla en "la actitud del gerente y la concejal desde el primer momento a favor y en defensa del interés urbanizador, aun por encima de los diferentes informes técnicos pertenecientes a distintos servicios".
Briones ha pedido, entre otros, la documentación del expediente y la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Alicante que ya anuló la pretensión del Ayuntamiento de asumir el 50% del coste de urbanización.
La alcaldesa de Alicante respondió a la decisión de Anticorrupción abrir diligencias penales por el trámite de este plan parcial con este breve y escueto comentario: "Lo esperado. La historia se repite". Briones ya denunció sin éxito a Castedo en el caso del supuesto trato de favor del Ayuntamiento al contrastista Enrique Ortiz, archivado por el Tribunal Supremo.
Mientras, la Fiscalía de la Audiencia de Alicante se ha inhibido en favor de su homónima de Valencia para que investigue la denuncia de un colectivo de El Comtat al director general de Energía por supuesto trato de favor a su hermana en la adjudicación de un informe del Plan Eólico. La Fiscalía de Alicante se declara incompetente porque, en su opinión, los hechos se produjeron en Valencia.
* ELPAIS.com - R. B. / S. N. - Alicante - 18/10/2008
Foto: Alicante, plan Benalúa Sur - laverdad.es
Un nuevo tejido social cuestiona el desarrollismo industrial obsoleto
FERNANDO LLORENTE* : El modelo de crecimiento en Extremadura coincide con el del resto de la península en el peso exagerado de la construcción y la especulación inmobiliaria, así como en el despliegue de grandes infraestructuras viarias, pero tiene la peculiaridad de añadir proyectos industriales de generación de energía, entre otros : la instalación de varias centrales térmicas y una refinería de petróleo con su necesario oleoducto hasta el puerto de Huelva.
Algo llamativo y paradójico en una región que, con dos reactores nucleares, muchos embalses y el actual empuje de las instalaciones fotovoltaicas, genera mucha más energía eléctrica de la que consume.
Estos proyectos energéticos intensivos en capital y de duro impacto social y ambiental han suscitado un gran rechazo popular que se ha autoorganizado, al margen de instituciones, partidos y sindicatos, en plataformas ciudadanas (Refinería No, Térmicas No, Cerrar Almaraz, etc.), desplegando una lucha sostenida que ha logrado un alto grado de visibilidad y presencia social en una región secularmente azotada por la desmovilización y la apatía política. Con sus diversas luchas locales de resistencia, este movimiento ambientalista ha puesto sobre la palestra el modelo de desarrollo económico y humano que debe tomar esta región. Un modelo que ha puesto en evidencia el alto grado de divorcio entre unas instituciones públicas, alineadas con el desarrollismo industrial obsoleto, y una sociedad civil muy heterogénea ; en parte permeable a los discursos desarrollistas del “empleo por encima de todo”, pero también alarmada por estos procesos supuestamente modernizadores y que aspiran a defender y conservar los recursos naturales, los paisajes y el entramado socio-cultural de los ecosistemas regionales.
En este sentido, las luchas contra las térmicas, contra la refinería, contra la urbanización de la Isla del embalse de Valdecañas, contra Almaraz y tantas otras barbaridades se encuentran frente a un conglomerado muy compacto de intereses económicos y políticos que se entremezclan y actúan en connivencia. Valgan como ejemplos la participación directa de la Junta en la refinería con un 20% del capital a través de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, SOFIEX, por no hablar de que Alfonso Gallardo, dueño del grupo industrial más poderoso de la región, es un viejo beneficiario de la mayor parte de las ayudas industriales públicas ; que varias decenas de concejales y alcaldes de los pueblos vecinos de la central nuclear trabajan en la propia central ; el apoyo cerrado de CC OO y UGT a todos estos proyectos, o que muchas alcaldías de los municipios pequeños (la gran mayoría de los de la región) estén en manos de promotores y constructores.
Este conglomerado público-privado, político-empresarial, no duda en violar su propia legislación ambiental, ni en usar fraudulentamente la declaración de “interés público”, ni en ocultar información, ni en impedir el acceso a Canal Extremadura de las voces opuestas a sus proyectos, e incluso emplea acciones de amedrentamiento y coacción como el acoso las recogidas de firmas contra las térmicas por parte de la policía municipal de Mérida, o la denuncia falsa contra diez miembros de Refinería No por la inventada agresión al alcalde de Villafranca de los Barros, o los ataques a la vivienda de la coordinadora de Ecologistas en Acción, incluso con artefactos incendiarios, en el Gordo (Cáceres) ; o las presiones internas y externas contra los técnicos y agentes del Medio Ambiente comprometidos o las represalias de alcaldes contra los ecologistas de sus municipios... toda una microconflictividad social y política que revela el carácter poco democrático o decididamente autoritario del sistema institucional en todos sus niveles, que ha logrado tejer una densa red de clientelismo, corrupción y caciquismo de nuevo cuño que ve en el movimiento de resistencia ambiental casi el único enemigo a batir toda vez que las voces del disenso proletario, campesino o de género han quedado laminadas o integradas.
En este escenario de dura polarización ideológica, los movimientos ciudadanos están teniendo el mérito de plantear, más allá de la defensa del territorio y los recursos comunes, la necesidad de romper con el autoritario cerco económico, cultural y político en el que la sociedad civil está atrapada, poniendo en discusión no sólo los aberrantes proyectos concretos, sino también el modelo de desarrollo que nos están imponiendo desde lo más global a lo municipal.
El ‘atraso’ como oportunidad de ecodesarrollo
El atraso económico extremeño está siendo reinterpretado por el ambientalismo como una oportunidad para el cambio radical de estructura económica que la actual crisis sistémica demanda. La región cuenta todavía con un importante sector primario y un alto porcentaje de población rural, ecosistemas agrarios hortícolas, frutícolas, cerealísticos productivos y aún no muy contaminados, susceptibles de transformación progresiva a modelos ecológicos de producción. Olivares, viñedos, dehesas que son un tesoro económico, ecológico y cultural. Unos pueblos en crisis, pero aún vivos en los que se puede rastrear los antiguos conocimientos y prácticas del manejo blando de los ecosistemas... El futuro de la región pasa por la revitalización y transformación ecoeficiente del sector agroganadero y los espacios rurales, por la conservación de su rico mosaico de paisajes. Otro activo importante son los bosques del norte, auténticos pulmones verdes, que pueden desarrollarse mucho más : con prevención de incendios, ganadería extensiva, mejoras y aprovechamientos silvícolas.
* Fernando Llorente (participa en el movimiento antinuclear de la Vera-Cáceres).
* Diagonal - Número 86. Del 2 al 15 de octubre de 2008
