Ecologistas en Acción de Castilla y León* denuncia la falta de transparencia y democracia para la ubicación del cementerio nuclear. Varios alcaldes de Castilla y León han recibido ofertas de ENRESA para albergar el ATC, y les han recomendado aprobarlo en Pleno antes de consultar a los vecinos.
ENRESA ha presentado ofertas a alcaldes de Castilla y León para que acojan el Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos (ATC). Y en todos los casos, ha buscado el oscurantismo y la vulneración de la voluntad popular. Es lo que se ha podido comprobar tras todos los casos de candidaturas frustadas en nuestra Comunidad: Garoña y la Merindad de Cuesta Urría en Burgos, Bernuy de Porreros y Campo de San Pedro en Segovia, y Juzbado en Salamanca.
ENRESA, que es la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, era consciente del rechazo social que iba a generar el cementerio nuclear. Antes de la convocatoria, y para ir preparando posibles candidatos, ya se había reunido con bastantes alcaldes a espaldas de los vecinos, para convencerles de las “bondades” del cementerio nuclear. Esas reuniones se han realizado en Madrid, en la sede de ENRESA, y se llevan practicando, al menos, desde el verano.
En estas reuniones también se recomendaba a los alcaldes que aprobaran en el Pleno su convocatoria antes de consultar al pueblo, para evitar el debate. También se han organizado viajes al ATC de Holanda, mucho más pequeño que el que se quiere construir aquí. Incluso se les ofreció guardaespaldas, conscientes de la reacción contraria de los vecinos.
La instalación de un cementerio nuclear no lo llevaba ningún alcalde en su programa electoral, por lo que un acuerdo del Pleno antes de consultar con el pueblo sería una traición a la democracia. La alcaldesa de Bernuy de Porreros (Segovia) tuvo la decencia de consultar previamente a sus vecinos antes de dar un paso tan peligroso. Se saltó la recomendación de ENRESA -falta de transparencia-, y le salió mal.
A pesar de que el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró que iban a salir multitud de municipios candidatos, la realidad es que hasta ahora sólo se conocen 2 candidaturas (Yebra y Ascó). Ambas han creado un fuerte malestar social e, incluso, divisiones en los partidos políticos. ENRESA sabía que si quería candidatos, los ayuntamientos tenían que evitar el debate de sus vecinos, y la repercusión de la prensa. Pero no ha sido así, y apenas tiene candidatos.
Cuanto más se conozca del proyecto del ATC, más oposición habrá al proyecto y a la energía nuclear. Ni municipios tan pro-nucleares como Garoña o Juzbado han querido la basura de su propia industria. Ecologistas en Acción desconoce cuantos alcaldes de Castilla y León pueden haber sido sondeados por ENRESA, pero creemos que bastantes más de los que lo han manifestado.
Ecologistas en Acción de Castilla y León, que forma parte de la Coordinadora Estatal Antinuclear, siempre se ha posicionado en contra del cementerio nuclear, independientemente de su ubicación. No podemos admitir la condena de un territorio a perpetuidad mientras que las centrales nucleares siguen generando toneladas de residuos radiactivos alegremente y de forma tan irresponsable.
Por eso, los vecinos afectados por el ATC en cualquier sitio contarán con el apoyo de Ecologistas en Acción.
* Ecologistas en Acción Castilla y León - 27.01.10
Foto: Manifestación Guadalajara 2009 - cementerionuclearno.blogspot.com
Falta de transparencia y democracia para la ubicación del cementerio nuclear
El ex alcalde de Seseña y el mafioso que le pagó comparten auditor
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PÚBLICO/Toledo* : José Luis Martín Jiménez, el alcalde que permitió a El Pocero construir su macrourbanización en Seseña, comparte asesoría fiscal en Málaga con Giovanni Montaldo, el presunto mafioso italiano que le pagó más de 700.000 euros coincidiendo con la autorización de las obras en El Quiñón. Pese a ello, el ex alcalde toledano asegura no conocer de nada a Giovanni Montaldo, vinculado con la mafia calabresa e imputado en la Operación Malaya.
Martín Jiménez es el único imputado en el proceso que instruye el juzgado número cuatro de Illescas (Toledo) por los delitos de prevaricación y cohecho durante la tramitación de los permisos para la construcción del Residencial Francisco Hernando en el secarral de Seseña. La Fiscalía Anticorrupción también acusa al ex alcalde socialista de un delito contra Hacienda, ya que entre 2002 y 2005, mientras El Pocero construía su soñada urbanización, José Luis Martín realizó inversiones cercanas al medio millón de euros pese a que su sueldo como alcalde era de 1.800 euros mensuales. Martín está imputado por poner el cazo, pero de momento las autoridades judiciales no han identificado a los pagadores de los sobornos.
Ingresos sospechosos
Los ingresos más sospechosos del ex alcalde son los algo más de 700.000 euros que las firmas Inverespaña Sema y Sur Inversiones Sema, controladas por la familia Montaldo, pagaron a Servicios y Desarrollos Culturales Norte, una de las empresas del alcalde, entre 2002 y 2003 según publicó el diario El Mundo, coincidiendo con los permisos municipales para que El Pocero construyera 13.000 pisos en El Quiñón, de los que sólo terminó 5.000. Un informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional vincula a Montaldo, imputado en la Operación Malaya, con la NDhrangueta, la poderosa mafia calabresa. La empresa del alcalde que cobró de Montaldo tenía un solo empleado y los únicos ingresos que registró en 2002 y 2003 fueron los de Montaldo.
El ex alcalde de Seseña afirmó en su declaración ante el juez el 27 de abril del pasado año, que fue él personalmente quien hizo los trabajos por los que cobró dichas cantidades, pero no recuerda "en qué concepto se hicieron las transferencias" a su empresa.
Según las facturas, los elevados ingresos responden a comisiones del alcalde como intermediario en una promoción de viviendas que el empresario italiano construyó en Estepona (Málaga). Martín aseguró en su día no conocer a Montaldo. Pero el ex alcalde dio un dato fundamental en su declaración ante los tribunales al asegurar que todas sus cuentas se las lleva "una gestoría de Málaga denominada Cruces Asociados".
Curiosidades
Resulta curioso que viviendo en Seseña tenga al contable en Málaga, pero es mucho más llamativo que Cruces y Asociados es el auditor de cuentas de una promotora inmobiliaria denominada Ponte Tresa SL. Como apoderados en esta firma encontramos a Tatiana Aneta Triacca y a Pier Paolo Montaldo, esposa y hermano de Gianni Montaldo, el verdadero líder del holding inmobiliario y turístico que opera en la Costa del Sol.
No le va a resultar fácil a José Luis Martín explicar estas coincidencias. Álvaro Cruces, administrador de Cruces Asociados, ha declarado a Público que "Ponte Tresa ya no pertenece a los Montaldo y sus nombres siguen figurando en el registro mercantil por error, porque no se inscribieron las bajas". Cruces asegura que ellos no pusieron en contacto al ex alcalde de Seseña con Gianni Montaldo.
"Nosotros llevábamos las cuentas de dos sociedades del alcalde de Seseña, que se dedicaba al trapicheo inmobiliario, en el buen sentido de la palabra, a poner en contacto a unos y otros y cobrar comisiones, pero siempre declarándolo a Hacienda. Cuando vimos los 700.000 euros que sacó nos dio envidia sana", explica Álvaro Cruces. El asesor fiscal reconoce que "una persona de los Montaldo" les llamó "cuando hicieron los pagos para asegurarse de que el alcalde los iba a declarar a Hacienda". Ni Martín ni Giovanni Montaldo han contestado a las llamadas de Público.
De momento, la estrategia de José Luis Martín ante el juez ha sido alegar lagunas mentales. El ex regidor dijo no recordar el origen de los varios cientos de miles de euros que invirtió durante 2002 y 2003 a su nombre y al de sus hijos. Por poner sólo dos ejemplos, no sabe de dónde salieron los 132.000 euros que invirtió en diciembre de 2002 ni tampoco el dinero en efectivo que ingresó en abril de 2003. Al final de su comparecencia, a preguntas de su abogada defensora, Martín asegura que tiene "dificultades para leer y escribir y por eso delegaba en los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento".
Pese a estas dificultades, José Luis Martín, ha progresado de forma espectacular. Cuando se hizo con la alcaldía de Seseña, en 1987, era un humilde taxista. Hoy, seis años después de ser derrotado en las urnas por Manuel Fuentes (IU), José Luis Martín Jiménez maneja varias empresas que le han permitido mover decenas de miles de euros cuyo origen ha de demostrar en el juzgado de instrucción número cuatro de Illescas. Intentó justificar su incremento patrimonial diciendo que le tocó un cupón de la ONCE de 144.000 euros, pero, según la Fiscalía Anticorrupción, ni así cuadran sus inversiones.
Martín permanece imputado por soborno desde que Anticorrupción lo denunció en 2008. La investigación marcha desde entonces a ritmo lento. La juez no ha recabado aún el testimonio de los responsables de la empresa de El Pocero que se benefició del plan urbanístico aprobado por Martín.
La conexión italiana de Juan Antonio Roca
Giovanni Piero Montaldo lidera un grupo de negocios urbanísticos y turísticos
Giovanni Piero Montaldo, al que sus amigos llaman Gianni, es un viejo conocido de los tribunales españoles. Está imputado en la operación Malaya acusado de haber pagado a Juan Antonio Roca entre 300.000 y 540.000 euros a cambio de favores urbanísticos. El italiano, en libertad bajo fianza, reconoció en su declaración ante el juez ser amigo de Roca, con el que comparte “aficiones comunes, como los caballos y los relojes”, dijo. Montaldo lidera un grupo de empresas dedicado a negocios urbanísticos y al sector turístico en la Costa del Sol. La UDYCO lo relacionó con la mafia calabresa y, según datos del registro mercantil recabados por Público, Montaldo mantiene relaciones comerciales con compatriotas de otro de los grandes grupos mafiosos, la Cosa Nostra siciliana. Se trata de Ugo Giovanni Gianino, socio del holding de Montaldo a través de la inmobiliaria marbellí Furistrada. En 1999, el entonces fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, elaboró un informe en el que vinculaba a Gianino con el clan Benedetto Nitto Santapaola, afincado en Catania (Sicilia) y con un amplio historial criminal. El periodista Roberto Saviano asegura que la costa española es el lugar preferido por los clanes mafiosos italianos para blanquear sus ingresos.
* Público - 27.01.10
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE
País Vasco: Ordenación Territorial: ¿cuándo, cómo y para qué?
M.GURRUTXAGA, I.ARRIOLA y J.K.ARBAIZA* : Los días 23 y 24 de noviembre de 2009 se celebró la octava edición del Congreso Euskal Hiria en Bilbao. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco junto a la Fundación Metrópoli, organizan anualmente este foro que presentan como espacio para el debate e intercambio de ideas en relación a la planificación territorial, pero que se convierte básicamente en una labor comercial destinada a alabar el insostenible modelo territorial que desarrollamos en este país.
El Gobierno vasco lleva años definiendo el escenario territorial deseable y se apoya en el término acuñado por Bernardo Atxaga, Euskal Hiria. Pero, verdaderamente ¿qué hay detrás de esta propuesta?
La ordenación del territorio es una función pública cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio. Constituye un proceso de índole fundamentalmente política, al carecer de criterios universales en los que basarse, y que debe afrontar los conflictos entre los objetivos contradictorios que se plantean en todo grupo social. Por ello, es fundamental que participe toda la comunidad en el proceso.
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la CAPV son el marco general de referencia que debe respetarse en el País Vasco para la formulación de los demás instrumentos de ordenación, sean dictados por la Administración autonómica, la foral o la local. Las Directrices en vigor se aprobaron en 1997 y actualmente se encuentran en fase de revisión siguiendo un procedimiento aún por determinar. En este sentido, la Carta Europea de Ordenación del Territorio subraya la necesidad de la participación ciudadana en la elaboración de los planes de ordenación correspondientes al señalar que todos los ciudadanos europeos deben tener la oportunidad de participar dentro de un marco institucional adecuado en la adopción y en la aplicación de cualquier medida de ordenación del territorio y que toda política de ordenación del territorio debe basarse en una participación activa del ciudadano. En el Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las DOT, se subraya que la participación constituye un elemento consustancial a la formulación y elaboración de los distintos planes de ordenación del territorio y urbanismo.
Ante el déficit de participación pública que ha venido arrastrando la política de ordenación territorial en la CAPV, ¿no sería necesario, de cara a realizar la revisión de las DOT, elaborar y presentar públicamente un diagnóstico serio de las dinámicas que ha sufrido el territorio desde que se aprobaron las de 1997? En base a este diagnóstico, nos podríamos plantear públicamente cómo han de revisarse las DOT. Por ejemplo, ¿se están consiguiendo en la CAPV los objetivos doctrinales de la ordenación del territorio antes citados? ¿Está la mayor parte de la sociedad vasca a favor de un modelo territorial que polarice la actividad económica y social hacia las capitales vascas, con las repercusiones de congestión y desequilibrio territorial que ello conllevaría? ¿Se han planteado y debatido públicamente otros modelos territoriales para el futuro de la CAPV? ¿Puede seguir perdiendo la Comunidad Autónoma cada año una superficie de suelo agrario equivalente a 700 campos de fútbol? ¿Existe una política seria, consistente y debatida públicamente en materia de transportes, dirigida a minimizar los graves problemas que sufre la CAPV en esta materia? ¿Es una apuesta acertada el impulso de la actividad logística como uno de los motores económicos fundamentales para el futuro de la CAPV? ¿Son sostenibles y socialmente equitativos los modelos urbanísticos desarrollados en los últimos lustros? Las respuestas a estas y otras preguntas deberían resolverse públicamente en el proceso de revisión de las DOT.
* Ambientólogo, abogada y geógrafo, respectivamente.
* DEIA - Opinión - 27.01.10
Galicia: Los 84 municipios costeros deberán reformar su normativa urbanística
ELPAÍS* : Todos los ayuntamientos gallegos están obligados a adaptar sus planes generales a la Ley del Suelo de Galicia, de 2002. No es un trámite sencillo: en ocho años, seis más de los que concedía la ley, sólo 41 lo han logrado. En la costa la situación empeora: de los 84 municipios bañados por el mar, únicamente seis cuentan con un planeamiento ajustado a la norma autonómica. El resto están todavía en ello.
La situación se complicará para todos ellos el año próximo, cuando entre en vigor el Plan del Litoral, ya que tanto los que están en fase de redacción como los que ya han hecho los deberes deberán adaptarse a la nueva planificación costera.
Las disposiciones transitorias del Plan de Ordenación del Litoral (POL), cuyo borrador está siendo consultado con los ayuntamientos, conceden dos años de plazo a los pocos municipios con planeamientos adaptados para que revisen sus respectivas normativas. Esta decisión aboca a corporaciones como la de Vigo, que dejó atrás en 2009 casi una década de tramitación de su plan general, a retomar la redacción de su planeamiento. Los ayuntamientos que aprueben sus planes generales antes de la entrada en vigor del POL estarán en la misma situación. Los que no lleguen a tiempo deberán reformarse sobre la marcha, bien con una adaptación completa, si no pasaron aún el trámite de aprobación inicial, o parcial, si sólo estuvieran pendientes del visto bueno de la Xunta.
El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se ofreció ayer para negociar con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) las condiciones y eventuales ayudas para la adaptación de los planeamientos. "Intentaremos consensuar un plan razonable", anunció. Hernández también se comprometió a aprobar en diciembre el otro gran proyecto urbanístico de la consellería, las Directrices de Ordenación del Territorio.
El director general de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, mientras, restó importancia al impacto del nuevo plan en los ayuntamientos, que será "menor de lo que se puede suponer". Se trata de hacer ajustes "menores", que "no deberían interferir en el plazo" para aprobar los instrumentos de ordenación municipales. "Bajo ningún concepto" tendría que provocar un retraso en los trámites, sostuvo.
Pero mientras se produce la entrada en vigor del Plan del Litoral, la urgencia para la consellería consiste en agilizar las consultas con los ayuntamientos costeros a fin de decretar una prórroga parcial de la ley de los 500 metros antes de que venza la actual, el 17 de mayo. Según anunció Hernández, se trata de una medida intermedia entre la prohibición total de construir en esa franja -tal y como la aprobó el bipartito y la prorrogó la Xunta de Feijóo-, y la liberación de ese suelo. El decreto será similar al que tenía preparado la anterior conselleira, la socialista María José Caride, y consistirá en levantar la prohibición sólo en aquellas zonas que el borrador del Plan del Litoral declare exentas de protección.
* ELPAIS.com - 27.01.10
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
Cabañal: denuncia al Parlamento Europeo, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia...
CERCLEOBERTDEBENICALAP* : El último escrito denuncia del presidente de Cercle Obert de Benicalap exige sanciones al gobierno valenciano por permitir el expolio e ignorar sus compromisos legales para con los vecinos del Cabañal.
D.Antonio Marín Segovia EXPONE: Que la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó en París en su 32 reunión en el año 2003, la Declaración relativa a la destrucción del patrimonio cultural. En su apartado II ya explica claramente lo que se entiende por "destrucción intencional": cualquier acto que persiga la destrucción total o parcial del patrimonio cultural y ponga así en peligro su integridad, realizado de tal modo que viole el derecho internacional o atente de manera injustificable contra los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública, en este último caso, en la medida en que dichos actos no estén ya regidos por los principios fundamentales del derecho internacional.
En el apartado VI hace referencia a la Responsabilidad del Estado: ”…El estado que, intencionadamente, destruya patrimonio cultural o se abstenga de adoptar medidas oportunas para prohibir, prevenir, …cualquier acto de destrucción intencional de patrimonio… Asumirá la responsabilidad de esos actos, en la medida que lo disponga el derecho internacional…”
Tal y como hemos mencionado anteriormente, la Unesco en el año 2003 aprobó la Declaración de relativa a la Destrucción intencional del patrimonio cultural, en donde se dice: "VIII Los Estados deberían cooperar entre sí y con la UNESCO para proteger el patrimonio cultural de cualquier acto de destrucción intencional... facilitando e intercambiando información sobre circunstancias que traigan aparejado un riesgo de destrucción intencional del patrimonio cultural, efectuar consultas en caso de destrucción efectiva ó inminente… Con miras a una protección mas completa se alienta a los Estados a que adopten todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, para cooperar con otros Estados… etc.”
La UNESCO, en la citada Declaración afirma que es "consciente de que el patrimonio cultural es un componente importante de la identidad cultural de las comunidades, los grupos y los individuos, y de la cohesión social, por lo que su destrucción deliberada puede menoscabar tanto la dignidad como los derechos humanos", a la vez que reitera que reitera que "uno de los principios fundamentales enunciados en el Preámbulo de la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954, donde se afirma que “los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial”.
Hubo una época, durante la guerra civil, en que el Estado español legítimo fue ejemplo internacional en la protección de su patrimonio, cuando a través del Comité de Salvamento de los Tesoros del arte Español (germen de lo que posteriormente sería la figura de Patrimonio de la Humanidad) se salvaron las obras de arte del Prado y los fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional que dirigía entonces Tomás Navarro Tomás, que además era el Secretario de la Junta para Ampliación de Estudios. Fue una política patrimonial llevada a cabo por la República Española ejemplar. Pero no podemos decir lo mismo de la actual política patrimonial de la Monarquía y del gobierno de la Generalitat Valencia, presidido por D. Francisco Camps. Tampoco podemos afirmar que la alcaldesa de Valencia, Dª Rita Barberá respete las normas internacionales sobre patrimonio cultural.
Es responsabilidad exclusiva del Estado Español, especialmente través del Ministerio de Cultura, ejercer su labor de vigilancia e intervenir eficaz y urgentemente, una vez verificadas las denuncias sobre posible expolio que denuncie cualquier particular o colectivo.
La tardanza en actuar del gobierno central y de los organismos judiciales a la hora de investigar y detener el presunto expolio del bien de interés cultural del Cabañal, a pesar de las denuncias fundamentadas remitidas por diversas personas y colectivas, pone en peligro uno de los pocos barrios marineros de estilo modernista popular y que se conserva milagrosamente en la Comunidad Valenciana.
Hay que resaltar la ausencia de políticas municipales y autonómicas para permitir la rehabilitación y cuidado de los edificios y calles que conforman el citado conjunto histórico del Cabanyal, existiendo una visible degradación, dado que muchas casas han sido ocupadas por colectivos y personas en situación de exclusión y pobreza extrema, lo que ha generado un clima de malestar general en toda la zona de los poblados marítimos.
Por todo ello, y dada la visible y crónica falta de voluntad e interés en atender y cumplir las normas nacionales e internacionales sobre conservación y rehabilitación del patrimonio cultural que demuestran las instituciones valencianas, Cercle Obert de Benicalap solicita la intervención urgente de la UNESCO, del Parlamento Europeo, del Congreso de los Diputados, de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia y del gobierno central para que, una vez contrastadas nuestras informaciones, proceda a tramitar las sanciones administrativas y legales correspondientes al Ayuntamiento de Valencia, a la Generalitat Valenciana y a todos y cada uno de los funcionarios que no han atendido ni estudiado las legítimas peticiones formuladas en su momento, tal y como se establece en los puntos que a continuación transcribo de la Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural (17 de octubre de 2003):
"VI - Responsabilidad del Estado
El Estado que, intencionadamente, destruya patrimonio cultural de gran importancia para la humanidad o se abstenga de adoptar las medidas oportunas para prohibir, prevenir, hacer cesar y castigar cualquier acto de destrucción intencional de dicho patrimonio, independientemente de que éste figure o no en una lista mantenida por la UNESCO u otra organización internacional, asumirá la responsabilidad de esos actos, en la medida en que lo disponga el derecho internacional.
VII - Responsabilidad penal individual
Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas, de conformidad con el derecho internacional, para declararse jurídicamente competentes y prever penas efectivas que sancionen a quienes cometan u ordenen actos de destrucción intencional de patrimonio cultural de gran importancia para la humanidad, esté o no incluido en una lista mantenida por la UNESCO u otra organización internacional".
Igualmente, nuestra entidad cívica y cultural "Cercle Obert de Benicalap" considera urgente que el gobierno central, a través del Ministerio de Cultura, proceda a organizar una gran campaña destinada a sensibilizar al ciudadano de la gran importancia que tiene la conservación y rehabilitación del variado y abundante legado patrimonial existente en la Comunidad Valenciana, dada la falta de programas racionales y sistemáticos en la Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento de Valencia, tal y como se indican en los puntos finales de la citada Declaración y que a continuación transcribimos:
"VIII - Cooperación para la protección del patrimonio cultural
1. Los Estados deberían cooperar entre sí y con la UNESCO para proteger el patrimonio cultural de cualquier acto de destrucción intencional. Tal cooperación entraña como mínimo: i) facilitar e intercambiar información sobre circunstancias que traigan aparejado un riesgo de destrucción intencional del patrimonio cultural; ii) efectuar consultas en caso de destrucción efectiva o inminente del patrimonio cultural; iii) considerar la posibilidad de prestar asistencia a los Estados, previa petición de los mismos, en las labores de promoción de programas educativos, sensibilización y creación de capacidad para prevenir y reprimir cualquier acto de destrucción intencional del patrimonio cultural; iv) a petición de los Estados interesados, prestar asistencia judicial y administrativa para reprimir los actos de destrucción intencional del patrimonio cultural.
2. Con miras a una protección más completa, se alienta a los Estados a que adopten todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, para cooperar con otros Estados interesados a fin de declararse jurídicamente competentes y prever penas efectivas que sancionen a las personas que hayan cometido u ordenado los actos mencionados más arriba (VII - Responsabilidad penal individual) y que se encuentren en su territorio, con independencia de la nacionalidad de esas personas y del lugar en que se hayan perpetrado dichos actos.
IX - Derechos humanos y derecho internacional humanitario
Al aplicar la presente declaración, los Estados reconocen la necesidad de respetar las normas internacionales en las que se tipifican como delito las violaciones manifiestas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular si dichas violaciones guardan relación con la destrucción intencional del patrimonio cultural".
La ausencia de diálogo y de interés a la hora de coordinar e impulsar verdaderas políticas institucionales destinadas a la rehabilitación y recuperación de nuestro variado y singular patrimonio cultural, impide el desarrollo y el progreso efectivo y equilibrado de los habitantes presentes y futuros de nuestra Comunidad Valenciana.
Los sociedades realmente civilizadas y modernas son aquellas que saben compatibilizar y unir el desarrollo, la modernidad y el respeto exquisito por sus tradiciones y legados histórico-artísticos y ambientales.
A nuestro juicio, la indefensión total de los ciudadanos, víctimas de agresivas campañas de manipulación y desprestigio por parte de las instituciones públicas valencianas, debe acabar inmediatamente, pues son los vecinos y sus asociaciones cívicas los que defienden el bic del Cabañal, así como los derechos constitucionales y las normas legales sobre patrimonio cultural, sin que las instituciones quieran asuman sus compromisos y deberes legales. La ausencia de cauces de diálogo y participación efectiva entre las partes implicadas es un hecho alarmante y lamentable.
Por ello, la entidad cívica valenciana Cercle Obert de Benicalap
SOLICITA:
la intervención urgente de la UNESCO, de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, del Congreso de los Diputados y del gobierno central español, para que adopte las medidas administrativas y judiciales oportunas, en aras a evitar urgentemente la destrucción, alteración, modificación y/o desaparición del Cabañal, y de otros elementos declarados bic (jardín histórico de Monforte), pues el citado conjunto histórico valenciano es un bien de interés cultural y debe ser rehabilitado y disfrutado por todos los ciudadanos presentes y futuros, conservando su trazado original.
El Cabañal fue declarado BIC por Decreto de 3 de mayo de 1993. La declaración de Bien de Interés Cultural determinará para el Ayuntamiento correspondiente la obligación de aprobar provisionalmente un Plan Especial de protección del bien y remitirlo al órgano urbanístico competente para su aprobación definitiva en el plazo de un año desde la publicación de la declaración. Así pues, el Cabanyal se somete a las normas y medidas proteccionistas de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, cuya finalidad es salvaguardar los bienes de interés cultural e histórico en beneficio de todos.
No se acaba aquí el marco legal, tras la declaración del Conjunto Histórico del Cabanyal como Bien de Interés Cultural, se realiza un Convenio Marco de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia para el desarrollo y ejecución del planeamiento urbanístico del conjunto histórico de la ciudad, firmado en junio del 1994 entre la alcaldesa de Valencia Dª Rita Barberá Nolla y la Consellera de Cultura Dª Pilar Pedraza Martínez.
Según la Ley de Patrimonio Cultural-Valenciano, cap. III, artículo 39, punto 2: “Los Planes Especiales de protección de los conjuntos Históricos tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del Conjunto y las características generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles salvo que contribuyan a la mejor conservación general del Conjunto”.
Así pues el proyecto de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez pasa por encima de la cultura y de las leyes, así como de la voluntad y forma de vida de un pueblo. En lugar de recuperar y conservar una zona con futuro como centro de atracción cultural y turística (cuando viajamos nos gusta visitar las zonas antiguas y peculiares de una ciudad), y como legado de identidad para las generaciones futuras, creamos una ciudad cada vez menos habitable en aras de un desarrollismo bárbaro típico de los años sesenta.
Para dar apoyo a nuestra petición, adjuntamos diversa documentación y noticias aparecidas en los medios de comunicación valencianos.
Atentamente,
Valencia, a 15 de enero de 2009
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Antonio Marín Segovia
Presidente
* OtroMadrid.org - Opinión - 25.01.10
