LAVOZ/A Coruña* : Un recurso presentado por Carlos Rodríguez Horta, que fue asesor urbanístico de Manuel Varela Rey, desencadenó el proceso judicial que culminó con la sentencia de demolición del colegio. El fallo llegó recién estrenado el 2005. En concreto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló una resolución de la Dirección Xeral de Urbanismo del 31 de julio del 2000 por la que se otorgó la autorización para construir el centro. Según la Sala de lo Contencioso Administrativo, el trámite de excepción aplicable al suelo rústico no se ajustaba a derecho por el tipo de uso y por la existencia de suelo urbano o apto para urbanizar suficiente para ubicar el Artai en otro lugar. También anuló dos autorizaciones aprobadas por la comisión de gobierno de Carballo los días 31 de julio del 2000 y 3 de abril del 2001, en el primer caso porque estaba vigente la suspensión de licencias derivada de la aprobación del PGOM y en el segundo porque se concedió licencia de obras sin que previamente se otorgase la de apertura.
Ratificación
El Concello de Carballo presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya sentencia se demoró hasta mediados del 2009, pero los magistrados ratificaron los argumentos de los jueces gallegos y, por tanto, la orden de derribo.
No obstante, la sentencia de demolición no se ha materializado ni se prevé que vaya a llevarse a cabo, entre otros motivos porque el autor de la demanda falleció en el año 2007 y no parece que nadie esté interesado en seguir adelante con el proceso.
* La Voz de Galicia - 15.02.11
Foto: Carballo (A Coruña) - Luis M. Bugallo Sánchez, wikipedia.org
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LNE/Asturias* : La situación urbanística de Llanes es «dramática», sin parangón con ninguna otra en España. Llanes se ha quedado sin plan urbanístico, pues todos los anteriores están anulados por los jueces o derogados. El Ayuntamiento conserva las competencias urbanísticas, pero carece de normativa municipal que aplicar. Así que su margen de maniobra es muy estrecho, prácticamente inexistente. Los seis expertos consultados ayer -tres prefirieron permanecer en el anonimato- coincidieron en señalar que el Ayuntamiento no podrá conceder licencias de obra mayor (construcción de nuevas viviendas, por ejemplo) hasta que cuente con un nuevo plan general. Sólo podrá otorgar licencias centradas en «la conservación y mantenimiento de lo que hay». Los urbanistas sólo ven una salida posible: suspender de inmediato la concesión de licencias, «para evitar más problemas», y redactar lo más rápido posible, «pero con todas las garantías legales» y «sin atajos», un nuevo plan de urbanismo. Cualquier otro camino «sería un suicidio».
En esos términos se expresó Gerardo de la Iglesia, abogado experto en Derecho Público y Urbanismo. Fue claro y contundente: la sentencia del Supremo es «muy buena y muy fundada en derecho», a la vez que «durísima». El Supremo ha confirmado todas las graves irregularidades observadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y ha acusado al Ayuntamiento de «ocultación de documentos» y de «hurtar a la ciudadanía la posibilidad de alegar» sobre varias actuaciones urbanísticas, lo que supuso «quebrantar el control democrático de los ciudadanos». Algo «gravísimo», según De la Iglesia, quien incidió asimismo en las deficiencias observadas en la memoria del plan y en el estudio económico y financiero. «Pocas veces he visto una sentencia tan fuerte», añadió el jurista. El futuro es «negro», según De la Iglesia, quien asegura que la sentencia del Supremo ha dejado fuera de ordenación la mayor parte de las actuaciones urbanísticas ejecutadas en el concejo en las últimas décadas. «Será posible legalizar muchas de ellas, pero quizá no todas». Por eso a De la Iglesia no le extrañaría ver «algún derribo» en el concejo de Llanes en los próximos años.
Javier Junceda, abogado y catedrático de la Universidad Internacional de Barcelona, alabó el pronunciamiento del Supremo, que ha certificado la «solidez» de los criterios que llevaron al TSJA a anular el plan general en 2007. «La sentencia confirma punto por punto que se ha infringido el régimen de información pública en la aprobación del PGOU, que se ha vulnerado el régimen de la memoria y estudio económico financiero y que se ha intentado sortear el control jurisdiccional al llevar a un PGOU planes de desarrollo anulados con ocasión de la declaración judicial contraria a las normas subsidiarias municipales» de 1992.
Junceda defiende que el urbanismo actual está basado en el planeamiento, por lo que «no cabe urbanismo sin plan». Así que aboga por la suspensión de los procedimientos urbanísticos hasta la aprobación de un nuevo plan, que debería tramitarse «con la mayor celeridad y garantías». Junceda sostiene que el Ayuntamiento no podrá otorgar licencias de obra nueva. Lo mismo que De la Iglesia, Junceda subrayó que el Ayuntamiento puede incurrir en responsabilidad patrimonial si como consecuencia de la sentencia del Supremo se produce algún derribo u otros perjuicios a promotores o propietarios.
El abogado Javier Calzadilla, que representa a la Agrupación de Vecinos de Llanes (Avall) en el «caso La Talá», coincidió con sus colegas al señalar que el Ayuntamiento de Llanes se ha quedado sin instrumentos de ordenación urbanística. «Hoy Llanes no tiene plan de ordenación», por lo que han quedado automáticamente anulados, también, los planes parciales, entre ellos el de La Talá, al quedarse sin cobertura jurídica. Lo mismo ocurre, a su juicio, con las licencias de obra nueva. En cuanto a las obras ejecutadas al amparo de los planes anulados, habrá que examinar «caso por caso». En el caso de las actuaciones que carezcan de cobertura jurídica, habrá que estudiar, a su vez, «si son o no legalizables».
* LNE - 15.02.11
Foto: Llanes (Asturias), vista general - elcomercio
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ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : “El estudio de cargas de la Rana Verde es la chispa que puede encender la mecha de nuevas movilizaciones”, advierte la Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización en un comunicado. La plataforma indica que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento “tiene que entender que querer llevar a cabo este proceso sin el acuerdo de los vecinos es un fracaso anticipado, igual que el proceso iniciado en el año 1998, con millones de las antiguas pesetas entregadas a fondo perdido y que seguimos preguntándonos en que dotación del balance de pasivo del patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo se encuentran”. El colectivo insiste en que “la expectación es máxima entre los afectados sobre la próxima publicación del estudio de cargas del área de gestión básica (AGB) de Pinares de Chiclana (Rana Verde)” y señala que “la valoración de las unidades de aprovechamiento es un hecho fundamental para corroborar todo lo denunciado por esta plataforma”.
Los vecinos integrados en la plataforma admiten que “los costes de urbanización serán los que digan los estudios técnicos sin lugar a dudas”, pero consideran primordial que las cargas urbanísticas “se encuentren establecidas en base a unas valoraciones legales y justas; se realicen las interpretaciones sobre el 10 por ciento de cesión previa de viarios y vías pecuarias ya existentes; que el cien por cien de las cantidades abonadas por los afectados repercuta sobre los proyectos de ejecución urbanísticos de cada área, y la solicitud de ayudas mediante los fondos de cohesión europeos para los sistemas generales y extensibles al resto de AGB”.
Otro punto innegociable para la Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización es el establecimiento de un canon para el pago de los trabajos de infraestructuras necesarios para la regularización de las viviendas. En este sentido apuntan que “es indispensable un canon de los sistemas generales que facilite el pago a las familias, y por supuesto asumir la realidad urbanística del extrarradio en el nuevo planeamiento, disminuyendo las unidades mínimas de las parcelas para regularizarse en todas las AGB”. La plataforma exige “soluciones legales para abaratar las cargas” y asegura que “las hay”.
* Andalucía Información - 15.02.11
Foto: Chiclana (Cádiz), plaza mayor - diariodecadiz.es
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KAOSENLARED* : Al menos 16.000 personas mueren de forma prematura por culpa de la contaminación en España, según estima el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM). Esta cifra multiplica por siete a la de fallecidos en accidentes de tráfico en 2010. Los niños, ancianos, enfermos crónicos o con patologías cardíacas son los colectivos más vulnerables a este problema ambiental. “La comunidad científica no tiene dudas respecto a los efectos perjudiciales de la contaminación sobre la salud respiratoria y coincide en la necesidad de reducir la contaminación urbana”, explica Cristina Martínez, coordinadora del área de medio ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Según datos del MARM, la contaminación que se registra en España produce 16.000 muertes prematuras, una cifra siete veces mayor a la de fallecidos en accidentes de tráfico en 2010. El año pasado 1.710 personas perdieron la vida en las carreteras. En el conjunto de la Unión Europea (UE), la cifra se eleva a 370.000 muertes debido a la mala calidad del aire.
“Respirar aire limpio es un derecho de todas las personas”, señala Juan Ruiz Manzano, presidente de la SEPAR. Los gases emitidos por los tubos de escape de tráfico rodado y las superficies industriales o productoras de energía son los mayores causantes de este problema de salud ambiental.
Las partículas en suspensión, originadas por la combustión de los motores de los vehículos, “producen un efecto agudo que acelera la muerte de personas con un estado frágil de salud”, advierte Martínez. En su opinión, los niños, personas mayores, enfermos crónicos, o pacientes con patologías cardíacas son las personas “más vulnerables” a esta contaminación urbana.
Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), procedentes de las grandes instalaciones de combustión, causan problemas en el tracto respiratorio y producen irritación e inflamación. “Los niños y los asmáticos son los más afectados”, subraya la experta.
Muertes que se podrían evitar
Otro estudio europeo, que incluye a Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia, revela que si los niveles de estas partículas contaminantes suspendidas en el aire (inferiores a 2,5 micras) se redujeran a 20 partículas/microgramo por metro cúbico, en cada ciudad se evitarían 11.375 muertes prematuras, es decir, 8.053 muertes por patologías cardiopulmonares y 1.296 por cáncer de pulmón.
Desde la SEPAR alertan de que los niveles -de entre 100 y 150 microgramos por mililitro de NOx- alcanzados en algunas ciudades españolas durante los últimos días exceden los 40 microgramos necesarios para proteger la salud.
* Kaos en la Red - 14.02.11
Foto: Contaminación - kaosenlared
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ELMUNDO/Cádiz* : El ex alcalde de la localidad gaditana de Barbate por el PP, Juan Manuel de Jesús, deberá sentarse de nuevo en el banquillo después de que un juzgado barbateño haya ordenado la apertura de juicio oral por la vía penal. Al ex primer edil se le acusa de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante sus años de mandato, que se suma a otra causa por las que ya fue condenado y una aún en período de instrucción. El escrito de la acusación particular, imputa a De Jesús los delitos de falsedad, fraude y prevaricación con respecto a una parcela inicialmente propiedad del Ayuntamiento barbateño y que, según el mismo escrito, habría sido vendida por debajo de su precio de mercado y con una tramitación irregular, no ajustada a Derecho. Los hechos que se juzgan se remontan al año 2000, cuando el entonces alcalde decide "ceder en pago" a la empresa Estructuras Auxiliares una superficie de 2.906 metros cuadrados de una finca de propiedad municipal.
Optaba así por la dación en pago, procedimiento utilizado en el derecho privado para saldar deudas mediante entrega de bienes, pero que "no existe en la normativa reguladora de la enajenación de bienes inmuebles de las entidades locales", según la acusación particular. En su escrito, precisa que esta enajenación debería de haberse realizado mediante "subasta pública o la permuta de otros bienes inmuebles", pero no de forma discrecional.
En el mismo informe, apunta que el Ayuntamiento barbateño no tenía entonces deuda alguna que saldar con la empresa Estructuras Auxiliares SA, representada por Juan Carlos Salido Gómez, aunque sí la junta de compensación de la unidad de ejecución urbanística de Carretera de Atlanterra, que presidía Juan Manuel de Jesús, pero en la que el consistorio perdería su mayoría participativa, estando en manos privadas.
Junto a la cesión, presuntamente irregular de esta parcela, la acusación particular, ejercida por el entonces delegado de Urbanismo Jesús López, aclara que el alcalde la "cede en pago" por algo más de 150.000 euros (25.840.374 pesetas entonces), mientras que fue adquirida dos meses después por la empresa Depurasur SL por más de 200.000 euros (33 millones de pesetas en el año 2000), un 30 por ciento más.
Según la acusación particular, "es evidente que el alcalde se concertó con el señor Salido Gómez, al objeto de transmitirle la parcela del patrimonio municipal, sin subasta pública, sin deberle nada directamente y a un precio muy inferior al de mercado".
El Registro de la Propiedad rechazó la inscripción de la finca como dación de pago, por lo que Juan Manuel de Jesús "trata de legalizarla, modificando el contenido de la escritura, mediante un nuevo proyecto, que transmitía los terrenos a la junta de compensación de la Carretera de Atlanterra y que fue aprobado por el Pleno municipal dos meses después de haber cedido la parcela" a Estructuras Auxiliares, que a su vez la había vendido a un tercero.
La acusación considera probado los delitos de prevaricación y de falsedad por parte del ex alcalde popular, a expensas de la decisión judicial una vez se celebre la vista oral. Por estos hechos, solicita para Juan Manuel de Jesús siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, además de un año de prisión y seis de inhabilitación por el de fraude y hasta seis meses de multa, con seis años de suspensión de empleo o cargo público por el delito de falsedad.
Junto al ex alcalde, se sentarán en el banquillo dos altos funcionarios municipales, un letrado de la asesoría jurídica y el arquitecto, a los que el ex delegado de urbanismo denuncia por incompatibilidad en cargo público, al prestar servicio en la citada junta de compensación con el beneplácito del ex alcalde.
La causa que se verá ahora en vista oral fue rechazada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate, que ahora se ve obligado a dar trámite a la apertura de juicio al Juzgado de lo Penal de Cádiz, después de que la Audiencia Provincial respaldara los recursos presentados por la acusación particular. Junto a las penas solicitadas, el escrito recoge la petición de que el ex alcalde sea juzgado por un tribunal popular, según la tipificación de algunos de los delitos.
Nueva inhabilitación
El ex alcalde ya fue condenado a seis meses de inhabilitación para cargo público porque no abonó una deuda acumulada de diez años a una empresa contratada por el Ayuntamiento en 1992. Además, Juan Manuel de Jesús, que fue primer edil entre 1999 y 2007, tiene pendiente otra causa por la reventa de unos terrenos por la que la Fiscalía de Cádiz abrió en su día diligencias y que está aún en período de instrucción.
* El Mundo - 14.02.11
Foto: Barbate (Cádiz) - García Cordero (El País)
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* muestra su estupor ante las declaraciones de ayer del alcalde de Madrid, cuando se plantea 2016 como plazo para cumplir la legislación de calidad del aire. A pesar de que ha tenido dos legislaturas completas para garantizar que los madrileños respiramos aire limpio, ahora quiere seguir retrasando ese derecho. De sus declaraciones se deduce otro corolario: la economía antes que la salud, algo que, por cierto, contradice a numerosos estudios, que demuestran que luchar contra la contaminación es más rentable que tolerarla. Según recogen varios medios de comunicación, Alberto Ruiz-Gallardón afirmó ayer que “No hay ninguna duda, estoy convencido que antes de esos cinco años, que es el plazo que nos marca Bruselas a las autoridades, lo vamos a cumplir -la legislación de calidad del aire en cuanto al dióxido de nitrógeno-”.
A este respecto, Ecologistas en Acción quiere aclararle:
- No es cierto que Bruselas le dé esa prórroga al Ayuntamiento. De hecho, lo más probable –y lo más deseable para los pulmones de los madrileños– es que no sea así, puesto que la Comisión Europea sólo concede estas prórrogas a aquellas regiones que han hecho todo lo posible por reducir la contaminación, algo que a todas luces no ha ocurrido en Madrid.
- Del mismo modo, a lo largo las dos legislaturas de Ruiz-Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno municipal ha venido haciendo una interpretación de la ley muy forzada, y que no comparten muchos juristas ni técnicos en la materia: que dado que se nos dio un margen de tolerancia para cumplir de forma progresiva con los límites de protección a la salud para el dióxido de nitrógeno, estos límites sólo eran obligatorios en 2010, aunque la ley dice claramente que también lo eran los años previos (cuando se debía cumplir el valor de 40 microgramos por metro cúbico más el margen de tolerancia de cada año). En todo caso, la situación en 2010 era la crónica de una superación de los límites legales anunciada, puesto que todos los años anteriores se habían superado. En estas condiciones, pedir una prórroga o decir que en los próximos años se van a tomar medidas efectivas, no es sino una burla a la salud de los madrileños.
La economía (mal entendida), antes que la salud
Es lo que se deduce cuando Gallardón afirma que no puede reducir el flujo de automóviles que llegan de fuera de Madrid porque causaría un perjuicio económico “muy grande”, “un empobrecimiento y una pérdida de competitividad y, por tanto, de empleo”. Esta afirmación da por buenos varios errores.
El primero es que si no hay tantos coches no hay movilidad ni actividad económica. La mayor parte de los desplazamientos en la ciudad de Madrid se hacen en transporte público y andando. Sólo un tercio de los desplazamientos son en automóvil. Muchas ciudades funcionan, y mucho mejor que Madrid, con menos tráfico. Es más, resultan más atractivas para sus habitantes y para los visitantes.
La segunda es suponer que luchar contra la contaminación es caro. Todo lo contrario: lo ruinoso es mantener esta situación, que tiene, por ejemplo, numerosas implicaciones económicas en cuanto a la mayor morbilidad, bajas laborales, etc. de los madrileños. A esta conclusión llegó la Comisión Europea en un “análisis de impacto” que realizó, con el que pretendía calcular el coste de la aplicación de políticas de mejora de la calidad del aire. Incluso en el peor de los escenarios posibles, los beneficios superaban entre 1,4 y 4,5 veces a los costes [1].
En definitiva, para Ecologistas en Acción las políticas posponer y posponer la lucha contra la contaminación no sólo son nefastas para la salud de los madrileños, sino también para nuestra economía.
* Ecologistas en Acción - 15.02.11
Foto: Madrid, polución atmosférica - madridiario
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