GACETA* : Una muestra revela cómo han cambiado algunas ciudades españolas desde finales de los años cincuenta. El denominador común es la falta de planificación. La construcción ha sido el gran motor de la economía española durante muchos años. Ha creado riqueza y ha transformado el paisaje, hasta dibujar nuestro actual perfil urbano. ¿El mapa de nuestros pecados?
Con el pinchazo inmobiliario a las puertas, parece que se acerca el tan temido fin de ciclo. Momento ideal para un balance.
Las Arquerías de Nuevos Ministerios, en Madrid, acogen la exposición 5 paisajes x 50 años, que propone un recorrido por los cambios experimentados en el desarrollo urbano de España en los últimos 50 años a través de la evolución de cinco entornos a lo largo de medio siglo: Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia y Córdoba.
Organizada por el Ministerio de la Vivienda, la muestra se divide en dos espacios diferenciados. En el primero se recogen las proyecciones de imágenes aéreas de 1956 e imágenes de satélite de 2006 de cada una de las cinco ciudades. La segunda sala permite el acceso a través de ordenadores interactivos de los datos sociológicos explicativos de dichos mapas: población, economía, educación y vivienda.
Se han elegido dos fechas claves. En 1956 se promulgó la primera Ley de suelo y el Ejército de Estados Unidos tomó una serie de fotos aéreas de la Península y las Islas Baleares, un retrato de nuestra piel de toro que se conocería con el nombre de “el vuelo americano”. Medio siglo después, se inició la tramitación formal de una nueva Ley de Suelo, finalmente aprobada en 2007.
Diferente fisonomía
En cuanto a las localizaciones geográficas, se han elegido áreas urbanas —se evita el término ciudad, más reduccionista— de diferente fisonomía, para proporcionar una perspectiva global.
Madrid y Barcelona, inevitables, representan las áreas metropolitanas, y muestran cómo el mapa municipal ha sido desbordado por el crecimiento urbano. La costa de Murcia y de Alicante describen la influencia y el impacto del turismo en determinadas localizaciones. Finalmente, Córdoba sirve como ejemplo de capital de provincia de tamaño medio en el interior, ajena a los fenómenos que han tenido lugar en los dos casos anteriores, pero también afectada por la expansión urbana.
Josep Roca, director del Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, es uno de los comisarios de la muestra. Según él, la principal conclusión del balance es el aumento exagerado, y peligroso, del consumo de suelo.
“En 1956 había en las cinco ciudades una media de 6,3 hectáreas por cada mil habitantes; en 1990 se pasó al 12,5, y en 2006 la cifra era ya de 35,4”, dice Roca. Y el factor demográfico no basta para explicar el salto: “La población creció sobre todo hasta la década de los 90, y el consumo de suelo se dispara precisamente a partir de entonces”. Ahí parece estar la clave. La década prodigiosa del crecimiento económico y la euforia capitalista.
Frente a los excesos, Roca advierte: el suelo es un bien escaso. No hay que abusar. De hecho, la UE es clara en su apuesta por la “ciudad compacta”, que además de suelo ahorra energía: la vivienda unifamiliar o el adosado se suelen situar lejos del trabajo, con el consiguiente gasto de gasolina en los desplazamientos, mayor consumo de electricidad por persona...
Otra forma de vida
El problema es el arraigo del problema: la causa está, sobre todo, en un cambio en la forma de ver la vida. Los urbanitas españoles necesitan más suelo: casas más grandes, más espacios comerciales... ¿Y viviendas vacías por la especulación?
Jesús Leal, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y otro de los comisarios de la muestra, cree que “se ha impuesto una forma determinada de crecimiento que tiene problemas notables de sostenibilidad cara al futuro, no solamente por el hecho de contar con una gran cantidad de viviendas sin un uso permanente, sino también por la forma en la que se han ido desarrollando”.
Jesús Leal propone una reflexión para dar un giro al urbanismo en España, que debe orientarse a un “mayor aprovechamiento de los recursos disponibles y a un mejor reparto de las oportunidades”.
El problema, reconoce Leal, es que “los planes territoriales han estado ausentes en las decisiones de desarrollo porque no existían o porque se les hacía poco caso”.
Política urbanística
Se trata de un debate que los expertos llevan sosteniendo durante años, pero que parece haber llegado a su punto de ebullición con el crecimiento exacerbado de la construcción en los últimos años.
En unas recientes jornadas sobre El papel de las herramientas de planificación urbana en el desarrollo de las ciudades españolas, Marcos Vaquer, de la Entidad Pública Empresarial del Suelo, ponía el dedo en la llaga: “La Unión Europea insiste en la necesidad de políticas urbanas integrales”, que crearía un sistema más sencillo, ya que ahora mismo “sólo los sacerdotes del urbanismo pueden leer un plano”.
Para Vaquer, los planes se han cargado de contenidos impropios de instrumentos de planificación urbana. Y, además, son ilógicos los planes que pretenden ordenar a 20 o 30 años vista y con estructuras jerárquicas que hacen difícil los cambios. Esto es lo que explica, por ejemplo, que se hagan modificaciones puntuales a planes generales casi simultáneamente a la misma redacción. “Hay que reivindicar una cultura de planeamiento, pero no con instrumentos de hace 50 años”, asegura.
Madrid: el derroche de suelo y la dispersión
Con 10,5 hectáreas por cada mil habitantes y la moda de viviendas unifamiliares y pareados, Madrid refuta la estrategia europea de la ciudad compacta que ahorra suelo y energía. Además, la creación de infraestructuras, como la M-40, favorece y dirige la urbanización.
Barcelona: ingenio contra la naturaleza limitadora
Constreñida por el mar y la montaña, Barcelona tiene una densidad mucho mayor que Madrid, con los consiguientes problemas de congestión. La necesidad se convierte en virtud con la reutilización de suelo industrial en residencial, comercial y turístico. La zona portuaria es el mejor ejemplo.
Alicante, la locura del turismo de masas
Debido al turismo, el consumo de suelo es, lógicamente mayor que en las metrópolis: 21,6 hectáreas. Pero el crecimiento ha superado toda lógica, sobre todo en municipios com Benidorm, Santa Pola y Torrevieja, cuyo suelo urbanizado creció en torno al 90% entre 1990 y 2006.
Murcia o el expolio de la naturaleza
Con sus 34,1 hectáreas, supera incluso a Alicante. El de la Manga del Mar Menor es un caso de manual de pérdida de espacios naturales o ganancia de suelo residencial y comercial (según se mire). Una barra de arena se ha convertido en zona de puertos deportivos, hoteles, residencias...
Córdoba, el crecimiento sin excusa
Sin área metropolitana, ha multiplicado por 7,5 el suelo urbanizado. Un auténtico expediente X, ya que el turismo no es comparable a Alicante o Murcia, ni tiene ciudades dormitorio a su alrededor. Su densidad ha pasado de 4,9 hectáreas por mil habitantes en 1956 a 20,3.
* Gaceta.es - Ángel Peña - 30.04.2008
Foto: Madrid, hace 50 años (arriba) y ahora (abajo).
El impacto de 50 años de crecimiento: cinco modelos de desarrollo urbanístico
Imputado el general que vendía los terrenos de Defensa con el PP
ELPAÍS* : El general de brigada en la reserva Juan Antonio Miguélez Paz, máximo responsable de las enajenaciones de terrenos e inmuebles del Ministerio de Defensa con el Gobierno del PP, ha sido imputado por un juzgado de Madrid por los presuntos delitos de prevaricación y fraude.
Tanto el general Miguélez, ex director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED), como el teniente coronel José Luis Bastabad Amado, jefe de Gestión Patrimonial del mismo organismo, comparecieron el pasado 4 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid para declarar, en calidad de imputados, por una denuncia de la Fiscalía. La denuncia se refiere a la venta, en el año 2000, de la vivienda del jefe de la Estación Naval de Tarifa y de la Enfermería de la misma dependencia, por un importe de 180.662 y 137.094 euros, respectivamente.
Ambos inmuebles se enajenaron por venta directa, después de que se declarasen desiertas las correspondientes subastas. El problema deriva de que las características que figuraban en los anuncios de las subastas no coincidían con las inscritas en el Registro de la Propiedad, lo que explica que no acudiese ningún licitador. En la primera, por ejemplo, existía una edificación de dos plantas y 566 metros cuadrados que no estaba legalizada.
Finalmente, la propiedad se adjudicó por venta directa a un particular, quien la adquirió por el precio de salida de la segunda subasta, que era un 15% inferior al importe de la tasación.
Se da la circunstancia de que la carta con la que la Gerencia aceptó la oferta del comprador está fechada el 27 de marzo de 2000, mientras que la oferta no se presentó hasta un día después. Sobre la carta del comprador figuraba una nota manuscrita del teniente coronel Bastabad con el siguiente texto: "Urgente. Dámela en cuanto se presente".
Antes de firmar la venta, la Gerencia inscribió correctamente en el registro los datos de la propiedad y legalizó el edificio preexistente, por lo que enajenó un inmueble distinto al que ofreció en la subasta. El mismo procedimiento se siguió para la venta de la enfermería.
Tribunal de Cuentas
Estas irregularidades, y otras muchas, fueron desveladas por la investigación que la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas realizó sobre las enajenaciones inmobiliarias de la GIED en los ejercicios de 1999 a 2002. Sólo en este periodo, dicho organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa, vendió un total de 618 inmuebles, de los que más de la mitad (378) fueron enajenados mediante adjudicación directa, por un importe superior a los 600 millones de euros.
El anteproyecto de informe se presentó hace un año en el pleno del Tribunal de Cuentas pero los consejeros elegidos a propuesta del Grupo Popular, que eran mayoría, se opusieron a su aprobación, en lo que constituye un caso sin precedentes en este organismo fiscalizador, por lo que el documento quedó aparcado y nunca se remitió al Parlamento, como es habitual.
No obstante, el fiscal del Tribunal de Cuentas, cumpliendo con su obligación, dio cuenta a sus superiores jerárquicos de aquellos asuntos que, más allá de las irregularidades contables, presentaban indicios de ilícito penal. En su opinión, esto ocurría como mínimo con la venta de los inmuebles de Tarifa (Cádiz) y del cuartel de Boltaña (Huesca), que compró el Ayuntamiento de dicha localidad por 543.000 euros, cuando su valor catastral superaba los 720.000.
Mientras en este último caso el posible delito, de existir, ya habría prescrito, no sucedía lo mismo con las ventas de Tarifa, por lo que el fiscal presentó en enero pasado una denuncia que fue admitida a trámite por el Juzgado número 39 de Madrid.
* ELPAIS.com - MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 02/05/2008
Foto: Madrid, antiguos cuarteles en Campamento - elpais.com
Baleares: Costas tramita la demolición de 80 construcciones ilegales en el litoral
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DIARIODEMALLORCA* : La llegada de Celestí Alomar a la dirección de la Demarcación de Costas de Balears ha supuesto la activación del registro de las construcciones ilegales situadas en el litoral balear, el inicio de expedientes y la posterior demolición de los inmuebles. Hay ochenta expedientes en marcha, alguno de los cuales ya ha llegado al final de la tramitación, siendo la sentencia el derribo de los mismos.
Las ilegalidades son variopintas porque comprenden tanto paredes como "piscinas, terrazas y edificios. Una buena parte corresponde a casetas de varadero", que han sido convertidas en chalets. Esto sucede entre otras, en la playa ibicenca de es Codolá, situada en el Parc natural de ses Salines, y pronto se tomarán las medidas necesarias.
En la playa de Figueretes ya se ha trabajado para retirar una plataforma de cemento, mediante excavadoras. La acción se realizó el pasado febrero y se dejó el perfil de la playa en un estado casi primitivo, que era el objetivo perseguido.
Este tipo de actuaciones se seguirá también en otros puntos del litoral como el caso del Club La Mola de Andratx, donde se recuperó parte de la costa.
En estos momentos se está echando abajo un chiringuito de playa, el Banana´s Bar, situado en Son Bauló, junto a la playa de Can Picafort. La causa es "la ocupación abusiva" de la primera línea.
También se demolerá un vallado existente en un camino de Betlem que conduce a la playa de es Caló. El propietario lo cerró con llave impidiendo el paso a los bañistas pese a que es un sendero público. Hace un año aceptó abrirlo y ahora la valla se echará por tierra, dejando definitivamente expedita la entrada a la playa.
En Cala Tuent ya ha quedado definido que el chalet levantado en la playa será derribado en octubre. Se había demorado esta actuación porque los propietarios querían poner un contencioso, pero Alomar comprobó que se había pasado de los plazos marcados y ya no hay vuelta atrás.
Concesiones caducadas
El director de Costas ha comprobado que "hay muchas concesiones que han finalizado pero las construcciones siguen en pie. El concesionario debe dejarlo todo tal como lo encontró, y si no lo hace, debemos actuar de forma subsidiaria, y cuando es abusivo, lo hacemos directamente".
Celestí Alomar se ha puesto como objetivo de su mandato "la aplicación de la Ley de Costas, recuperando el dominio público. Esta recuperación y una mejor gestión, en una comunidad como Balears incidirá positivamente en la materia prima esencial de las islas como es el turismo".
* Diario de Mallorca - MARIO MORALES. PALMA - 02 de mayo de 2008
Foto: Las obras para derribar el "Banana´s Bar" de Son Bauló (Can Picafort) ya han comenzado/ G. Bosch, diariodemallorca.es
El paisaje cae en el olvido
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LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda admite en una respuesta parlamentaria a la diputada de Compromís, Mònica Oltra, que una obligación prevista en el reglamento del paisaje se ha quedado en papel mojado.
El Reglamento del Paisaje, publicado en agosto de 2006 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) obligaba a los ayuntamientos "con instrumentos de planeamiento urbanístico general vigentes a la entrada en vigor de este reglamento" a adaptarse a la nueva normativa. Mientras esta actualización se producía "los municipios podrán aprobar un catálogo del paisaje con delimitación de los sistemas abiertos".
Una vez transcurridos casi dos años, la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, preguntó a la conselleria que ahora dirige José Ramón García Antón "¿cuántos municipios, y cuáles, han iniciado la tramitación del Catálogo del Paisaje?"
La respuesta, si no fuera por la seriedad del asunto, suena a chiste. "Desde la entrada en vigor del reglamento del paisaje no hay ningún municipio que haya iniciado la tramitación del Catálogo del Paisaje, según lo previsto en el apartado 2 de la disposición transitoria primera del Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana", responde el conseller García Antón a la síndica de Compromís, Mònica Oltra.
Un instituto "fantasma"
Pero además, la misma conselleria ha eludido predicar con el ejemplo. En el Reglamento del Paisaje se prevé la creación del Instituto del Paisaje como el "organismo encargado de dar soporte a la Generalitat en esta materia".
"¿Se ha constituido el Consejo Rector del Instituto del Paisaje?", ha preguntado Mònica Oltra. Ni se ha constituido el consejo rector, ni se ha aprobado el reglamento del instituto así que no está en funcionamiento. "El Reglamento del Instituto del Paisaje, el cual está previsto que se pueda aprobar pronto, regulará las funciones y la composición del Consejo Rector", asegura el conseller de Medio Ambiente en la respuesta parlamentaria, con fecha del pasado 5 de marzo.
Sin embargo, apunta Mònica Oltra, "en 2007 se presupuestó más de medio millón de euros para el Instituto del Paisaje y, para 2008, se han previsto 1,1 millones de euros".
La ejecución de las inversiones destinadas al programa de paisaje y sostenibilidad tampoco permiten echar cohetes. En 2007, el presupuesto inicial era de 12,6 millones de euros. A 30 de noviembre aún quedaban por gastar 9,6 millones de euros, según la ejecución del presupuesto. Ante esta situación, Oltra se interesó por "la ejecución del presupuesto para el Paisaje y Sostenibilidad en los apartados de inversiones reales y transferencias de capital". En una nueva respuesta parlamentaria, el conseller García Antón admite, con el presupuesto de 2007 ejecutado al cien por cien, "que de los casi 9,5 millones presupuestados sólo se ha dispuesto de 3,7".
Compromís se ha interesado por los instrumentos de protección, ordenación o gestión del paisaje desarrollados por la conselleria durante 2007. La respuesta de Medio Ambiente es desoladora. "Se están elaborando diversos instrumentos de protección, ordenación y gestión del paisaje. Entre estos, el más avanzado es el Plan de Protección de l'Horta de València que, en breve, se someterá a consultas e información pública".
* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 02 de mayo de 2008
Foto: feísmo. Chalé engastado en la montaña en la urbanización Bonavista de Cullera/ f. albero, levante-emv.com
El menudeo de la corrupción política
FERNANDO URRUTICOECHEA* : La corrupción no ha estado presente en la campaña electoral, cuando representa, en mi opinión, uno de los principales peligros, si no el mayor, para nuestra democracia. Suelen quejarse los expertos de que pese a la amplia percepción social de la corrupción, los españoles no están verdaderamente preocupados por ella. Tras las elecciones municipales del 27-M del año pasado, se llegó a decir que la corrupción había ganado, ya que de 133 alcaldes acusados de corrupción antes de las elecciones, un 70% fueron reelegidos.
También dicen que la solución pasa por los partidos políticos y los medios de comunicación, sin tener en cuenta que los primeros carecen de estímulo alguno para acabar con la corrupción, ya que es uno de sus principales medios de financiación. En cuanto a los medios de comunicación, en su mayoría han devenido en correas de transmisión de los primeros y saben de lo peligroso que es sacar un caso de corrupción, ya que la competencia acostumbra a contestar con otro del partido contrario.
Los corruptos legitiman sus actuaciones en base a la red de clientelismo que organizan, y son numerosos los ejemplos de que se persiga al que denuncia por poner en peligro tal modus operandi, de lo que puedo dar testimonio personal. Sin la presión ciudadana no se controlará la corrupción existente, y para ello es preciso que se expliquen en primer lugar no las supuestas ventajas, sino los costes de la corrupción para el bien común, para los ciudadanos, con casos concretos, no en genérico.
Y en segundo lugar los ciudadanos tenemos que ver el coste que tiene la corrupción para sus responsables y beneficiarios, con el decomiso de los patrimonios ilícitamente adquiridos y con la pena de prisión para sus principales responsables.
Son recetas ya conocidas, pero falta ‘poner el cascabel al gato’ y tal papel corresponde de forma coordinada a los funcionarios públicos implicados en el control de lo público: jueces y fiscales primordialmente; también a los notarios y registradores y a los funcionarios responsables de las tareas de fiscalización de la gestión pública, interventores en las tres escalas de la Administración Pública, secretarios municipales y, por supuesto, a las fuerzas de orden público, como las recién estrenadas unidades de delitos urbanísticos de la Guardia Civil.
Porque existen excepciones a la tópica utilización de la apatía popular, al contar con ejemplos de voto higiénico en las últimas municipales, precisamente en aquellos lugares donde el escándalo de la corrupción generó indignación social.
La corrupción endémica
Espectáculos como el de la Operación Malaya o el de la Operación Guateque no han facilitado precisamente la indignación moral de los ciudadanos, al verlos como un entretenimiento más que como un tumor social. El problema de la corrupción en España no es de los personajes de la prensa rosa, ni sus responsables más comunes atesoran cuadros de Miró en sus infinitos cuartos de baño o de spa. El principal problema de la corrupción en España es el del menudeo de la corrupción, el que sucede en el urbanismo de la mayoría de los 8.000 ayuntamientos españoles, de todos los tamaños y colores y en muchas de las contrataciones públicas, que van desde la adjudicación de un servicio de aguas a una constructora, a la contratación de una asistencia técnica de un arquitecto.
Precisamente el juez Miguel Ángel Torres, responsable de las mayores operaciones contra la mafia inmobiliaria, Operación Ballena Blanca y Operación Malaya, es el que ha alertado contra la corrupción ‘de baja intensidad’ en el sector inmobiliario, ya que lo de los maletines o bolsas llenas de dinero son las excepciones. Los métodos son más sutiles: se inicia con felicitaciones navideñas acompañadas de regalos, invitaciones a restaurantes, palcos de fútbol, a los toros, asistencias a congresos en hoteles de lujo. El paso siguiente es la participación en algún negocio o el convencimiento de que construyendo muchas casas se pueden ganar las elecciones o conseguir un ascenso en la carrera de funcionario.
Sin embargo, aunque existan tentaciones, también hay quienes las resisten, y así algunos de los casos anticorrupción más espectaculares se han debido al buen quehacer profesional de jueces y fiscales, como los casos recientes del juez Miguel Ángel Torres, en Marbella o del juez Santiago Torres, en Madrid. Tuvieron que pasar muchos años para que esos casos se abordaran judicialmente y sus responsables pasaran por la cárcel. Antes hubo muchas víctimas, pero por parte de los denunciantes, funcionarios vocacionales.
* Fernando Urruticoechea Basozábal, economista-urbanista e interventor tesorero de Administración Local con habilitación estatal
* ECOVOZ - 30 de abril de 2008
Sevilla: Colectivos sociales entran en la fábrica de sombreros para reclamar su uso social y cultural
INDYMEDIA* : Colectivos sociales compuestos por vecinos y artesanos entraron hoy en la fábrica de sombreros de Sevilla situada en la calle Heliotropo, en la zona de San Luis, para reclamar el uso social y cultural de este edificio "abandonado desde hace casi una década".
Según indicaron en un comunicado remitido a Europa Press, se trata de una acción enmarcada dentro de la 'Semana de Lucha Social' convocada por sindicatos y organizaciones políticas y sociales, que comenzó el 25 de abril y que culminará con una manifestación el Primero de Mayo.
Del mismo modo, el colectivo indicó que "ante la escasez de espacios sociales y culturales en la ciudad", exigen la revitalización del edificio que, "como tantos otros, contribuye al deterioro del entorno urbano y la exclusión de las poblaciones y usos tradicionales".
Por otro lado, matizaron que "mientras el Ayuntamiento promete espacios de uso público en cada solar, cientos de inmuebles continúan degradándose en espera de proyectos que nunca llegan o son privatizados para satisfacer la vorágine especulativa".
Este inmueble está proyectado por el PGOU de Sevilla como equipamiento socio-cultural y espacio para talleres de artesanos en su primer cuatrienio de aplicación. Entre la aprobación inicial y final del documento, la administración "ha recortado casi la totalidad del espacio dedicado a actividades artesanales, mostrando escaso interés en el mantenimiento de esta actividad tradicional y en la protección de cultura sevillana en general".
"A día de hoy se sigue sin intervenir el edificio o iniciar las acciones necesarias para llevar a cabo su expropiación, mientras que los artesanos del casco antiguo continúan siendo desalojados por la presión especulativa e inmobiliaria y se sigue padeciendo la falta de espacios para los jóvenes", añade la nota.
El edificio permanece "en el más absoluto abandono mientras el Ayuntamiento despilfarra sus recursos en proyectos faraónicos, con su máxima expresión en los Parasoles de la Plaza de la Encarnación". La presión de la especulación inmobiliaria "sigue acosando los corrales de artesanos característicos de la ciudad, como el corral de la calle Castellar, los talleres del Pasaje Mallol u otros lugares típicos que están siendo desalojados".
Por último, el colectivo lamentó que "el interés privado prevalece a toda costa sobre el valor de la cultura tradicional", ya que "en lugar de defender el patrimonio cultural común, se prima el beneficio económico de los de siempre".
* Indymedia Estrecho - SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS)
Foto: Colectivos sociales entran en la fábrica de sombreros para reclamar su uso social y cultural - estrecho.indymedia.org
