MARISAGOÑI* : "La corrupción es una amenaza para la democracia", denunció ayer el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en el Club de Opinión Diario de Mallorca, donde ofreció una conferencia junto con el profesor de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Juanjo Ganuza. "Cuando uno lee en la prensa local un anuncio que dice ´se vende chalet en primera línea con acceso directo al mar y plataforma de roca privada´, entiende lo que está pasando en las islas", comentó Jiménez Villarejo, quien propugnó la "creación de una cultura cívica contra la corrupción".
"A más democracia no hay menos corrupción, sino igual o más corrupción que en las economías de transición" apuntó el ex fiscal, quien recetó un régimen de incompatibilidades más estricto en los municipios, la recuperación de controles internos como las advertencias de legalidad de los secretarios, registros públicos de los patrimonios de alcaldes y concejales y la eliminación de reservas competenciales a los primeros ediles, que posibilitaron en su día el ´caso Gil y Gil´. También subrayó la necesidad de reformar la ley de partidos, que ya va por la prórroga número 30 en el plazo de presentación de enmiendas. Criticó especialmente la negativa del PP a eliminar las donaciones anónimas, una figura que "puede tener luego sus contraprestaciones", y recordó condonaciones de deuda, como la del PSC por parte de La Caixa. El ex fiscal señaló que en España hay 45.800 inmobiliarias, de las que sólo 4.600 tienen más de tres empleados, según datos del GAFI, que ve en esta sobredimensión del sector "un espacio abierto a posibles lavados de dinero ilícito".
En materia urbanística, el ex fiscal repasó la "abundante jurisprudencia" emanada del Tribunal Supremo que tiene sus paralelismos con el ´caso Andratx´: casos de alcaldes y concejales que construían en su propio municipio, licencias otorgadas en suelos inedificables, o licencias que excedían lo permitido por el planeamiento, entre otros. También se refirió a "decisiones aparentemente lícitas que pueden ser fraudulentas" como las 227 modificaciones de planeamientos detectados por el Consell de Mallorca en la isla entre 1998 y 2000. Entre los municipios que tratan de evitar una revisión -figura más adecuada cuando hay muchos cambios- citó el caso de Santanyí, donde se registraron 74 cambios de planeamiento entre 1985 y 2003.
"Lo que para algunos es un problema para otros es un drama. La economía frena el desarrollo. En los países emergentes y del tercer mundo es una enfermedad mortal", afirmó Ganuza, tras presentar un mapa de la corrupción en el mundo, que permite extraer algunas conclusiones generales: la corrupción prolifera más en los lugares cálidos que en los fríos y se da más entre los católicos que entre los protestantes. Entre los más limpios, los países escandinavos, entre los menos, la Europa del Este y África.
Ganuza presentó varias máximas: cuando menos corrupto es un país, más rico es, más crece; cuando más corrupto es un país, peor desarrollo humano tiene, peor sanidad y peor educación; a mayor corrupción, mayor desigualdad. "La corrupción es una trampa. Cuando hay mucha la sociedad no lo ve mal. Por eso hay mucha. Crea una círculo vicioso", comentó el profesor, convencido de que "se corrompe porque el beneficio es mayor que el riesgo de ser descubierto y castigado". Como antídoto recetó más transparencia, un sector privado competitivo y liberalizado, participación social, prensa independiente, cultura democrática, judicatura eficaz e independiente y meritocracia en el acceso a la Función Pública. Según expuso, hasta el Banco de España denuncia que la corrupción frena el desarrollo económico, social y humano de una sociedad. Los conferenciantes recibieron una intensa ovación del público, entre los que se encontraba el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, acompañado de su segundo, Ladislao Roig.
*DIARIO DE MALLORCA, Martes, 27 de febrero de 2007
´La corrupción es una amenaza para la democracia´
La ruta de los 'pelotazos' inmobiliarios
E.SÁNCHEZ* : "Una comisión del Parlamento Europeo visitará el próximo 3 de marzo el municipio serrano madrileño de Galapagar para comprobar in situ las denuncias de ciudadanos y partidos políticos sobre crecimientos urbanísticos excesivos. También tienen intención de recorrer Torrelodones, Alpedrete, Moralzarzal, Rascafría y Las Rozas, aunque todavía no está confirmado.
- Galapagar. Esta localidad, situada a 35 kilómetros de Madrid y con el 72,56% de su término protegido, aprobó de forma inicial en julio de 2005 un nuevo ordenamiento urbano. En él se prevé la construcción de 8.910 viviendas y un techo poblacional de unas 60.000 personas. En la actualidad, el pueblo tiene 32.096 habitantes. El plan impulsado por el PP ha suscitado el rechazo de los vecinos y de la oposición municipal (PSOE, IU y Foro Verde).
- En Torrelodones los escándalos urbanísticos rompieron el partido popular. El alcalde, Carlos Galbeño, del PP, expulsó a dos de sus concejales que habían denunciado supuestas corrupciones. Una de las cuestiones urbanísticas que más críticas vecinales ha levantado en el municipio es la intención del PP de recalificar el Área Homogénea Norte, una zona de 128 hectáreas, considerada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de gran valor ecológico. El Ayuntamiento pretende edificar en este entorno 1.536 viviendas y un campo de golf municipal.
- Alpedrete. El municipio, gobernado por el PP, está tramitando un plan general que, caso de ser aprobado, duplicará la población actual de 13.100 habitantes. Los vecinos se han unido en una plataforma y han recogido firmas en contra de los planes municipales. Denuncian que con el plan urbanístico que pretende aprobar el gobierno local se multiplicará la población del municipio.
- En Moralzarzal, el regidor, José María Moreno, del PP, ha vuelto a resucitar un viejo proyecto: el desarrollo urbanístico de Los Praderones. Esta finca fue declarada hace tres años suelo no urbanizable de especial protección. La Comunidad de Madrid ha rechazado los planes municipales para una zona conocida como Los Praderones en tres ocasiones.
- Rascafría. La alcaldesa de Rascafría, Yolanda Aguirre, del PP, se vio obligada a reducir a la mitad el número de viviendas previstas para su municipio. Pasaron de 1.600 a 900 debido al fuerte rechazo que provocó entre los vecinos y los socialistas, en la oposición, sus planes para el municipio.
- Las Rozas. El municipio, gobernado por el PP, prepara un plan urbanístico que elevará la población a 110.00 habitantes, el 47% más que la actual. La propuesta municipal prevé un límite de 7.556 nuevas viviendas y agota el suelo edificable de la localidad. Para el PSOE local, los cálculos del equipo de gobierno se quedarán cortos y según sus propias estimaciones alcanzarán los 130.000 habitantes en 10 años.
*ELPAIS.com - Galapagar - 27/02/2007
Un estudio de Medio Ambiente incide en el impacto del urbanismo en la costa de Málaga
FERNANDOJ.PÉREZ* : "Las aguas que bañan Andalucía recibieron en 2004, último año de que se disponen estadísticas, un total de 3.273 millones de metros cúbicos de aguas residuales tanto de origen industrial como agrícola y urbano. Este caudal, en gran parte depurado, llegó al mar a través de los 1.182 puntos de vertido autorizados por la Junta de Andalucía, según el último inventario de la Consejería de Medio Ambiente, actualizado en enero de 2007. Los datos se recogen en un estudio elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el estado ecológico del litoral malagueño.
De los 1.182 puntos de vertidos controlados por la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Junta de Andalucía, 402 pertenecen a la provincia de Cádiz. A continuación se sitúa Sevilla, con 230 puntos autorizados. Aunque esta provincia carece de litoral propiamente dicho, los vertidos al estuario del Guadalquivir en el que se mezclan aguas dulces y marinas, acaban afectando a la costa atlántica andaluza. Sevilla concentra además 77 de los 151 puntos de salida de aguas de origen agropecuario.
Huelva cuenta con 174 vertidos; Almería, 157; Málaga, 128 y Granada cierra la clasificación con 91 puntos. La naturaleza de los vertidos es mayoritariamente urbana, con 864 puntos, frente a los 151 que genera la actividad agropecuaria y los 148 producidos por la industria. La forma de conducción más habitual (976 puntos) es el desagüe directo en un curso de agua que va al litoral, mientras que en 80 casos, las aguas residuales llegan al mar a través de emisarios submarinos.
Las emisiones de aguas residuales no parecen afectar en gran medida a la calidad del agua en las playas, uno de los motores de la economía regional. Según los datos de la AMA, en 2005, el 85,6% de las aguas litorales cumplían los llamados valores guía de contaminación. El 13,79% se encontraban dentro de los valores mínimos exigidos y apenas el 0,63% incumplía los valores imperativos. El programa de vigilancia sanitaria de las aguas de baño litorales estableció 319 puntos de muestreo en 227 playas.
Según la Junta de Andalucía, estos buenos niveles se deben en gran parte a que las 63 aglomeraciones urbanas del litoral andaluz, con una población superior a los 5,4 millones de personas, cuentan con sistemas de depuración de aguas residuales.
Las poblaciones que presentan mayores problemas están en la provincia de Cádiz. En Algeciras, el Ministerio de Medio Ambiente acaba de adjudicar la construcción de la planta depuradora. En Bolonia y Chipiona las obras están en ejecución y en Tarifa los trabajos se encuentran pendientes de licitación. En otras diez poblaciones, como Benalmádena (Málaga), las depuradoras se han quedado pequeñas para acoger el caudal de aguas residuales, que forman las desagradables natas a la orilla del mar y se están acometiendo tareas de ampliación.
Los datos de los puntos de vertido, pertenecientes a la Junta de Andalucía, estaban recogidos en el Estudio Ecocartografico del Litoral de Málaga, un proyecto encargado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y que ha costado 2,14 millones de euros. Aunque como reconoce el director técnico del estudio, Rafael Consuegra, "se trata únicamente de un análisis descriptivo" del estado del litoral, tanto de las aguas como de los primeros 500 metros del espacio costero, el estudio hace numerosas referencias al impacto que ha tenido el urbanismo en el medioambiente costero malagueño.
El estudio ecocartográfico, que ocupa 26 baúles con 125 tomos, constata científicamente que los 164 kilómetros del litoral de la Costa del Sol "han sufrido en las últimas décadas una gran inestabilidad ambiental". Los autores señalan que "la falta de orden y planificación ha traido como consecuencia más inmediata una gran sobrepoblación, modificación de la línea de costa, excesiva infraestructura urbana y vertido de sustancias de desecho". Todas estas acciones, señalan, son "responsables del deterioro ambiental y del retroceso de la calidad de vida".
En el aspecto faunístico, la "fuerte presión urbanística" ha dejado como consecuencia una "escasez de zonas naturales bien conservadas". En cuanto a la flora, el litoral cuenta con al gunas áreas que mantienen interés "pero que podrían ser fuertemente degradadas en un futuro próximo debido al alto grado de amenaza por la creación de urbanizaciones y obras públicas", advierten los expertos.
La "excesiva urbanización" del litoral ha provocado en buena medida "la desaparición y grave alteración de numerosos yacimientos arqueológicos y paleontológicos y de edificios arquitectónicamente muy valiosos".
*ELPAIS.com - Málaga - 27/02/2007
Foto: Desagüe y vertidos en playas- ÁLEX ZEA / JOSÉ BIENVENIDO
Urbanismo, vivienda y medio ambiente
IgnacioConde* : "Últimamente, en los distintos medios de comunicación podemos encontrar noticias relacionadas con una corrupción urbanística que parece generalizada. Una de dos: o antes no existía o simplemente no resultaba tan interesante como para ser publicada. Lo curioso de todo esto es que no se trata ya de un problema de los grandes ayuntamientos sino que lo podemos encontrar a una escala inferior, en ayuntamientos como Gondomar o Barreiros.
En ocasiones, vemos como en estos pequeños ayuntamientos se imponen planes generales de ordenación que suponen duplicar o triplicar el número de vecinos (o al menos el número de viviendas) en un muy corto plazo, lo que, sin duda, supone un modelo de desarrollo urbano claramente insostenible.
Esta explotación abusiva del suelo es un gravísimo problema ya que rebaja la calidad de vida de los ciudadanos y condiciona la protección ambiental de la zona. Las administraciones públicas y, muy particularmente, los ayuntamientos, deben garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a una vivienda digna (este un mandato constitucional, nada menos), pero lo deben hacer desde el respeto al medio ambiente, protegiendo el interés general en la búsqueda de mejoras sociales y económicas para los ciudadanos y evitando abiertamente toda especulación abusiva en los distintos procesos urbanizadores.
Desde el punto de vista político, en los próximos meses, previos a las elecciones municipales del 27 de mayo, los ciudadanos tenemos una buena ocasión para saber por donde se mueven nuestros “ilustres representantes” y para decidir nuestro voto. No se trata sólo de escuchar las más o menos interesantes promesas que vamos a escuchar de unos y de otros, sino de valorar lo que ya han hecho tanto en el gobierno municipal como en la oposición según el caso.
Es mucho lo que nos jugamos, yo apuesto por un urbanismo sostenible que no olvide nunca la función social de la propiedad, que garantice un equilibrio entre el acceso a la vivienda, la protección de nuestro medio ambiente y el desarrollo económico de nuestra ciudad. Parece misión imposible, pero se trata de aplicar el sentido común sin caer en la tentación de vincular el progreso de las comunidades locales con el crecimiento urbanístico.
En Santiago de Compostela, la concejala responsable de su magnífico casco histórico acaba de poner en marcha un plan más que interesante que consiste en conceder ayudas públicas para rehabilitar viviendas a cambio de su posterior alquiler a personas jóvenes a precios razonables.
Lo dicho, simplemente sentido común.
*Xornal.com, martes 27 de febrero de 2007
