JJ.PÉREZ BENLLOCH* : "Lo escribió Voltaire hace unos 250 años: "Cuando vayas a tomar una decisión hazlo pensando que Europa te mira".
Hoy, y después de los estropicios cometidos en el capítulo urbanístico y medioambiental, podríamos asegurar que, a la par con el descrédito de las autoridades locales y comunitarias, se ha robustecido la confianza en la mediación de terceros, ya sea por vocación europea, en el caso de la apelación a Bruselas, ya por necesidad de un poder -como la Administración central- más lejano y ajeno a la corrupción local o a la laxitud de los gestores territoriales. Toda una descapitalización del llamado autogobierno o conciencia del mismo.
Lo escribió Voltaire hace unos 250 años: "Cuando vayas a tomar una decisión hazlo pensando que Europa te mira". Se anticipó mucho al proceso de integración en curso, pero lo presintió de tal manera que, a pesar de las lagunas y los desmayos del proyecto, su consejo resulta cada día más efectivo y ya es casi imposible que los Estados que lo componen puedan hurtarse a la supervisión y tutela de las autoridades comunitarias en muchas parcelas de su soberanía. Lo cual, además de un destino ya indefectible, constituye a menudo una garantía de racionalidad y de justicia. Tal como viene ocurriendo, en lo que nos atañe, con los expedientes y reprimendas de los parlamentarios europeos al urbanismo valenciano.
No evocaremos aquí, por tan glosados en otras ocasiones, los procedimientos de infracción abiertos contra las leyes urbanísticas valencianas (LRUV y LUV), así como las dos visitas efectuadas a estas tierras por grupos de eurodiputados para verificar las infracciones cometidas y el fundamento de las denuncias cursadas. Una intervención esperanzadora para los damnificados reales y potenciales de los métodos legales vigentes para liberar o despojar -según como se mire- la propiedad, pero también una intervención mortificante para los gobernantes valencianos que se ven abocados ante el Tribunal de Justicia Europeo.
Lo novedoso es que ahora se anuncia para febrero una tercera gira inspectora debido a los presuntos incumplimientos de las directivas sobre el agua, el hábitat y el medio ambiente en el País Valenciano. O sea que, simbólicamente, el Gobierno de la Generalitat no va a levantar sus posaderas del banquillo, lo que sin duda le aleccionará para gestionar el territorio con más y mejor sintonía con las directrices de Bruselas, o meramente con el sentido común. El hecho de que otras regiones españolas estén sujetas a similares escrutinios sólo puede consolar a los necios y ratificar en suma lo mucho que se ha soslayado por estos y otros pagos el citado aleccionamiento del singular ilustrado.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha resuelto que no se puede aprobar un proyecto urbanístico que no tenga garantizado el suministro de agua. Una prevención chocante de puro elemental, pero no irrelevante, pues puede afectar a numerosos planes urbanísticos y ha suscitado un problema interpretativo de cuyo desenlace depende que la última palabra sobre el asunto -suficiencia de los recursos hídricos para urbanizar- la tenga el Gobierno autonómico, o el Estado mediante las confederaciones hidrográficas. Tanto el subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, como el consejero de Territorio, Esteban González Pons, creen que la pelota ha caído de su respectivo lado. A la postre se trata de establecer si los dictámenes de los aludidos organismos hidrográficos son vinculantes o meramente preceptivos. Está en juego la constitucionalidad de la ley valenciana en vigor de ordenación del territorio (LOT).
En otros tiempos, y no lejanos, la mayoría de los ciudadanos, henchidos de tan entusiasta como vigoroso espíritu autonomista, hubiera considerado estos episodios como una ominosa fiscalización y merma de nuestras competencias políticas. Hoy, y después de los estropicios cometidos en el capítulo urbanístico y medioambiental, podríamos asegurar que, la par con el descrédito de las autoridades locales y comunitarias, se ha robustecido la confianza en la mediación de terceros, ya sea por vocación europea, en el caso de la apelación a Bruselas, ya por necesidad de un poder -como la Administración central- más lejano y ajeno a la corrupción local o a la laxitud de los gestores territoriales. Toda una descapitalización del llamado autogobierno o conciencia del mismo.
Cuando el PP valenciano haga balance de su gestión, lo que sin duda será una salmodia eufórica en estos próximos meses electorales, no debería soslayar lo que ha sido mérito suyo: banalizar la autonomía y abrir la veda para entrar a saco en ella como se ha entrado con los llamados desarrollos urbanísticos, con agua, sin ella e incluso sin territorio, como en los casos en que se especula con la mera virtualidad. Esperemos que Europa no deje de mirarnos.
El País 21/01
Varapalos al urbanismo
Indignación por la represión al movimiento por la vivienda digna
SERVIMEDIA 20/01 - "Llueve sobre mojado":
La Asamblea Contra la Precariedad y por la Vivienda Digna reunió este sábado a un centenar de personas frente a la Delegación del Gobierno en Madrid, para expresar "la indignación por la represión policial indiscriminada que sufre el movimiento popular de la vivienda digna".
Según fuentes de la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno desplegó a 120 agentes, 20 lecheras y un helicóptero para controlar a los manifestantes, lo que significa que había más fuerzas de seguridad que asistentes al acto.
Al frente de la concentración, un activista ondeó sin cesar una bandera republicana, a la vez que dos pancartas rezaban los mensajes "Stop represión jurídico- policial" y "Dejaos de hostias, vivienda digna ya".
Los asistentes, que llevaban fotos con supuestas agresiones policiales durante actos de la Asamblea por una Vivienda Digna, corearon consignas como "¡Vivienda es un derecho y no un negocio!", "¡Lo llaman democracia y no lo es!" o "¡Espe-espe- especulación!" (en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
"Desde el 14 de mayo, cuando se iniciaron las manifestaciones, 18 personas han sido injustamente detenidas en Madrid, y otras 42 han resultado heridas como resultado de la brutal actuación de la policía", declaró a Servimedia el portavoz de la organización, Daniel Jiménez.
La Asamblea Por la Vivienda Digna considera que la represión policial está "ordenada desde el Gobierno y su delegada en la capital, Soledad Mestre", por lo que exigen la dimisión de ésta, "como principal responsable".
"Los delincuentes no podemos ser nosotros, que invocamos de forma pacífica nuestro derecho a una vivienda digna, sino los que utilizan sus posiciones de poder, desde las Administraciones Públicas, para enriquecerse ilícitamente, a través de la especulación y la corrupción inmobiliaria", añadió.
La organización convocará a finales de marzo una nueva manifestación para reclamar viviendas dignas para los españoles, según anunció Jiménez.
El pasado mes de diciembre, cargas policiales cerraron el primer acto del año del Movimiento en Madrid, que congregó a más de 2.000 personas.
