ELPAÍS/Reportaje* : La crisis inmobiliaria sigue dando sus coletazos. Con el desnudo de sus balances ante el Banco de España, los bancos y cajas de ahorros han admitido que una de cada cinco hipotecas concedidas a particulares tiene alto riesgo de impago. Son los créditos que dieron por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda que les sirve de garantía, ese porcentaje al que obliga la ortodoxia financiera y que las entidades se han saltado a la torera durante los años del boom inmobiliario, en la creencia de que el precio de los pisos seguiría subiendo indefinidamente. Son las subprime españolas y suman más de 100.000 millones de euros. Aunque, por ahora, solo unos 5.000 millones son calificados de dudosos por los propios bancos y cajas, la cifra podría ser mucho más elevada en el futuro. Representan casi el 18% de la cartera hipotecaria de las entidades. A la vista del riesgo, los ojos han vuelto a ponerse en las tasaciones inmobiliarias, en la sobrevaloración de unas viviendas que, según el mito no iban a bajar nunca de precio. Un mito que ha quedado desterrado en los últimos tres años, con descensos acumulados del 12%, según el Ministerio de Fomento, y superiores al 20%, con los datos de las principales sociedades de tasación.
¿Son responsables las tasadoras de haber engordado el valor de las casas para que los bancos concediesen esas hipotecas del 100% e incluso del 120% del valor de tasación?, ¿de haber admitido las presiones de sus principales clientes y, a menudo, accionistas?
Luis Leirado, presidente de la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (Atasa) y hasta esta semana vicepresidente de la tasadora líder, Tinsa, niega la mayor: "No hemos valorado ni por encima ni por debajo del mercado. Hemos sido muy escrupulosos con que las tasaciones se correspondieran con el valor del mercado. La política que han seguido las entidades bancarias es otra cosa".
"Las sociedades de tasación reflejaban los precios que había en el mercado, como ahora. Nuestros criterios de valoración no han cambiado. Nos podemos haber equivocado como los primeros...", admite Gustavo Saiz Robres, director general de Tasaciones Hipotecarias. "El sector fue muy agresivo porque los objetivos que fijaban los bancos eran estratosféricos. Los directores de las oficinas bancarias decían que el dinero era casi gratis, los promotores inmobiliarios tenían una lista de espera de entidades para financiarles... había una serie de señales que hacían que todos los actores involucrados en el proceso perdiéramos el sentido de la realidad. Y, mientras, el aumento de los precios de la vivienda tapaba todos estos errores. El resultado ha sido un daño profundo al sector financiero", afirma.
Menos políticamente correcto se muestra el director general de Sociedad de Tasación, entre las tres primeras del sector, Juan Fernández-Aceytuno, quien reconoce que hubo sobrevaloración. "Con financiación ilimitada, tipos de interés en mínimos y la renta familiar en pleno crecimiento, que son las variables que mueven el precio de la vivienda, era imposible que no hubiera sobrevaloración en el mercado inmobiliario. Pero la gente no se creyó las pocas alertas que hubo en su día sobre que los precios de las casas podían bajar, cuando no dejaban de encarecerse año tras año". La gente, continúa, confunde valor y precio y piensa que la tasación es un seguro que garantiza el valor de la vivienda durante toda la vida. Sin embargo, tiene una validez de seis meses porque el valor fluctúa, como en la Bolsa.
Otra cosa son las malas prácticas o prácticas irregulares, es decir, aquellas tasaciones que no solo estaban sobrevaloradas, como el mercado en general, sino que estaban infladas para que la caja de ahorros o banco pudiese dar una hipoteca del 100% a un cliente sin ahorro previo o para que ese préstamo cubriese las comisiones del agente inmobiliario o el intermediario financiero, o para amueblase la casa; en definitiva, para que la operación cuadrase. Que también las hubo. Como también hubo quien tasó viviendas de protección oficial como si fueran de precio libre o suelos rústicos como si fueran urbanizables.
"El sistema funcionaba con un comprador que llegaba a un banco para pedir una hipoteca sobre su vivienda; el banco le decía que el organismo supervisor pedía aportar el 20% del valor del piso con ahorro y, como el comprador no lo tenía y entonces el negocio se escapaba, el banco optaba por presionar a la tasadora para que su valoración cubriese el 100% del valor de la casa y pudiese cerrar la operación", explica José García Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.
Para Fernández-Aceytuno, "hay tasaciones bien hechas y tasaciones mejorables. Realizadas bajo presión y sin presión. Procedentes de un canal o de otro. Las tasadoras que han inflado las viviendas en la última década han creado un efecto perverso sobre las hipotecas, pues la probabilidad de impago se multiplica por cuatro cuando el hipotecado no ha puesto dinero porque no tiene ahorro previo, ese 20% del valor de tasación que sirve de colchón por si los precios se mueven a la baja y que aconseja la prudencia financiera".
Aunque prudencia es lo único que no hubo. Y el Banco de España dejó que siguiesen estas prácticas, mientras alertaba del riesgo que entrañaba prestar dinero por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda, de que los precios de los pisos estaban sobrevalorados y de que podían bajar.
El director general de Sociedad de Tasación pide más control por parte del Banco de España, aunque, al igual que sus colegas, remarca que las tasaciones no son más que una de las referencias que usan las entidades bancarias para conceder sus hipotecas; tienen otros instrumentos internos, como los avales y los seguros, para mitigar el riesgo de impago. En definitiva, son ellas las que aprueban o no la concesión de hipotecas. Y las que tienen que aportar mayores provisiones para cubrir los préstamos que superan el 80% del valor de tasación.
"Las responsables de este tipo de operaciones hemos sido las entidades financieras. No fue más que un intento, en medio de una economía que prometía, de dar entrada a los jóvenes en el mercado hipotecario. Había financiación más que suficiente para compensar su falta de ahorro previo. Y, si tienes un comprador en la puerta, no le puedes decir que no. Todos descontamos un escenario económico positivo que no se ha cumplido, calculamos mal y hemos pagado el error con una caída brusca", reconoce el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González. Por primera vez desde que en 1992 comenzaron las estadísticas hipotecarias, el año pasado el saldo vivo de las hipotecas cayó en unos 25.000 millones de euros, explica.
Sin embargo, recalca que, "aunque el nivel de paro nos ha dejado con una cartera que tenemos que recomponer, lo cierto es que la morosidad de las familias es realmente baja, del 2,58%, gracias a la especialización en los sistemas de cobro de las entidades y a que los particulares no quieren perder sus pisos. Ello demuestra la solvencia de bancos y cajas".
Las entidades financieras han sido los principales actores de las hipotecas de alto riesgo, señala Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Irea. Las tasadoras y las agencias inmobiliarias han sido sus cooperadores necesarios. Pero también tiene responsabilidad el Banco de España, que solo ha regulado a la mitad del sector, las tasadoras hipotecarias, y ha permitido prácticas que atentan contra la competencia, como que los bancos participen en el capital de las sociedades de valoración y que les cobren comisiones de peaje del 10% anual por facilitarles los clientes.
Y no solo ellos. También las promotoras inmobiliarias, las consultoras y los propios particulares que compraron casas para venderlas sin escriturar cuando su precio había subido un 20%... "Fue una histeria colectiva alimentada por el sector financiero, que ha creado dinero de forma ficticia y con él una hiperinflación de la vivienda y el suelo", asegura Echavarren.
José García Montalvo alerta otra vez sobre las tasaciones, pero en esta ocasión sobre las presentadas al Banco de España por las cajas de ahorros y los bancos. "Hoy más del 17% de todas las hipotecas concedidas está por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda. Pero este porcentaje podría dispararse más si los bancos reconociesen el valor real de los inmuebles; no el valor hinchado. Hay que saber cuándo ha actualizado la banca estos valores, ya que la normativa del Banco de España no es clara. Y cada entidad los está actualizando como quiere. Hay muchas operaciones históricas que no se han cambiado". A su juicio, el inversor que las cajas de ahorros quieren conseguir para la reestructuración del sector no entrará en el capital de las entidades si no sabe "cuándo se han dado los créditos y a qué valor", advierte.
Además, hay que tener en cuenta que la digestión de las hipotecas de alto riesgo no es más que una pequeña parte de la digestión del boom inmobiliario. Los créditos a particulares serán la parte más suave, mantiene el consejero delegado de Irea, a quien le preocupan mucho más los préstamos al promotor y las hipotecas que tienen como garantía suelos, al igual que al profesor de la Pompeu Fabra, ya que se trata de productos mucho menos líquidos.
Todavía no ha llegado el final. Aunque está claro que, como en el cuento de la lechera, el cántaro se ha roto por la codicia de promotoras, entidades financieras, intermediarios, particulares y todos aquellos que quisieron beneficiarse del constante incremento de las casas sin medir con prudencia los riesgos que comportaba; lo cierto es que aún quedan coletazos de la crisis inmobiliaria.
Negocios que son la sombra de sí mismos
Ni sombra del que fue. Así es como ha dejado la crisis inmobiliaria a su propio sector y a aquellos negocios que giraban a su alrededor, como el hipotecario o el tasador. Si en los ocho primeros años de la década de los 2000 se vendían anualmente en España cerca de un millón de viviendas, se construían unas 600.000 y sus precios escalaban a ritmos frenéticos hasta triplicarse; hoy las estadísticas reflejan los efectos del tsunami: se edifican poco más de 100.000 pisos, se venden 400.000 y sus precios bajan entre el 3% y el 6% anual.
Y lo mismo ocurre con las hipotecas y las tasaciones. Bancos y cajas veían cómo los saldos vivos hipotecarios aumentaban a porcentajes superiores al 20%, entre 150.000 y 180.000 millones de euros al año, según el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, mientras que ahora decrecen en torno a 25.000 millones de euros. Y las sociedades de valoración, que realizaban en torno a dos millones de tasaciones al año y facturaban unos 600 millones de euros anuales, actualmente hacen un millón de informes e ingresan 378 millones de euros. En el sector se cree que buena parte de las 54 sociedades existentes están en pérdidas. Igual que en el bancario se dice que las hipotecas ya no son demasiado rentables. "Los márgenes se han estrechado porque la financiación se ha vuelto muy complicada y las hipotecas están más caras", admite González.
"El grueso del negocio actual son las valoraciones de los activos adjudicados, daciones en pago y renegociaciones de créditos", mantiene el presidente de Atasa, Luis Leirado. Este espera, como el resto de sus colegas consultados, que el número de sociedades que operan bajo la regulación del Banco de España se reduzca. "El sector sufrió concentración en la crisis de los noventa, cuando había unas 175 empresas. Ahora se puede producir un efecto similar", vaticina.
"El sector financiero está cambiando y eso hará cambiar a las sociedades de tasación", dice Gustavo Saiz Robres, director general de Tasaciones Inmobiliarias. Su homólogo en Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, considera que estos movimientos pueden llevar al sector tasador hacia la independencia de las entidades bancarias. El primer ejemplo lo ha dado Tinsa, la compañía más grande, que a finales del pasado año fue comprada a las principales cajas de ahorros por parte del fondo de capital riesgo Advent.
* El País - 22.02.11
Foto: El mito de que el precio de las viviendas no iba a caer nunca quedó brutalmente desmentido por la crisis económica - elpais
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PÚBLICO/Málaga* : La organización contra el maltrato animal El Refugio se ha personado hoy como acusación popular en el Juzgado de Instrucción nº5 de Torremolinos (Málaga) por el caso del albergue Parque Animal, cuyos responsables fueron detenidos acusados de maltrato animal. Según ha informado hoy la asociación en un comunicado, el Seprona ha realizado un trabajo de investigación "impecable y muy meticuloso" y ha destacado que sea "la primera vez en España que se detiene e imputa por maltrato animal a la presidenta de una asociación protectora de animales". El colectivo ha denunciado que el Ayuntamiento de Torremolinos tardara "más de tres meses" en clausurar "y de forma temporal" el albergue, "un lugar terrorífico donde sacrificar perros y gatos era una rutina" y anuncia que pondrá todos sus medios legales "para que los presuntos autores sean castigados". Según la Guardia Civil, a los dos responsables de la protectora, detenidos el pasado 12 de noviembre, se les imputó el delito de maltrato animal por sacrificar "de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada" hasta 2.230 animales aplicando bajas dosis de medicamento letal, lo que producía una muerte lenta.
Otros cuatro delitos
A la directora de la protectora se le imputaron cuatro delitos más, entre ellos intrusismo profesional, al inyectar a los animales un producto eutanásico sin título para ello, y apropiación indebida, por no devolver en el plazo de permanencia legal animales entregados en su centro para su posterior adopción.
El Ayuntamiento de Torremolinos suspendió temporalmente el contrato a Parque Animal, anunció el precinto de sus instalaciones por seis meses, impuso una multa de 15.000 euros y adjudicó el servicio a IVC Paraíso Residencial Canina, ubicada en Alhaurín de la Torre (Málaga), donde aseguró que fueron trasladados los animales. Por su parte, Parque Animal pidió respeto a la presunción de inocencia y aseguró que "demostrará ante la Justicia que siempre ha actuado con arreglo a la legalidad" y que "el dato de animales sacrificados que se ha hecho público no se corresponde con la realidad".
* Público - 22.02.11
Foto: Animales sacrificados, inspeccionados por un agente del Seprona - publico
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ELPAÍS* : El conflicto entre el Obispado de Lugo y los vecinos de Ribadulla, en el municipio coruñés de Santiso, por la propiedad de los terrenos que los parroquianos utilizan para la fiesta y otros eventos, llegará este jueves, en forma de demanda civil, al juzgado de Arzúa (A Coruña). El Obispado no ha cedido en la reivindicación de la propiedad y los vecinos insisten en ser los titulares del terreno de 2.400 metros cuadrados. El jueves acudirán como demandados por el Obispado 53 vecinos de Ribadulla, la práctica totalidad de los habitantes, además de 10 testigos por la parte vecinal y cuatro propuestos por la parte demandante. Tampoco faltarán pruebas periciales, una de ellas caligráfica y otra elaborada por un perito agrícola. El conflicto se remonta a hace más de dos años, cuando los feligreses abortaron un intento de venta por parte del Obispado de la casa rectoral, que también incluía el campo de la fiesta que está justo enfrente.
Una escritura desconocida
La oposición vecinal y el miedo que esgrimió el párroco de entonces llevó al prelado de la diócesis, Alfonso Carrasco Rouco, a dejarlos sin misa y cerrar el templo durante una temporada. El Obispado reclama la titularidad de la finca exhibiendo una escritura, hasta ahora desconocida para los vecinos, del año 1967, cuando esta parroquia quedó parcialmente inundada por el embalse de Portodemouros. Esta prueba la rebaten los residentes en Ribadulla con documentación catastral a su nombre y una escritura pública donde se recoge la venta del campo que realizaron habitantes de la parroquia a la asociación de vecinos.
Ribadulla tiene poco más de 30 casas habitadas y la Iglesia ha demandado a la práctica totalidad de los residentes. En uno de los casos, serán los ocho integrantes de una familia los que tendrán que pasar el jueves por el juzgado. El celo del Obispado lucense lo llevó a incluir en la denuncia a los herederos de una persona fallecida, aunque posteriormente tuvo que excluirlos, ya que la muerte del demandado se produjo antes de la firma de compraventa del terreno en litigio.
* El País - 22.02.11
Foto: Ribadulla (Lugo), el obispo dejó sin misa - secuoyas
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ELPAÍS* : La detección de infracciones se ha disparado en Alicante en los últimos años. El aumento de las denuncias ciudadanas, principalmente, pero también el mayor control consecuencia de distintos cambios normativos están llevando a los despachos de la Gerencia de Urbanismo una cifra desconocida hasta la fecha de expedientes de denuncia en distintas áreas. Solo en obras, por ejemplo, los expedientes de denuncia han crecido en casi un 21% entre 2008, cuando se sumaron 350, y el año pasado, ejercicio en el que se alcanzaron 423, según datos oficiales. Los expedientes de denuncia se abren a raíz de un acta policial o, lo más habitual, tras una denuncia ciudadana. Son previos, en cualquier caso, a una sanción o a la legalización de una obra. Las infracciones se corresponden principalmente con pequeñas obras y el origen de las denuncias son sobre todo los ruidos o conflictos vecinales que se generan, apuntan fuentes de Urbanismo.
Las sanciones más habituales, mientras, se aplican a obras de más envergadura y que persiguen un beneficio económico, como podría ser cerramientos de áticos por parte de empresas constructoras.
Pero las sanciones son pocas, y de escasa cuantía en líneas generales (ya que se obliga a pagar entre el 2% y el 6% del valor de una obra casi siempre menor), y las fuentes consultadas subrayan que el objetivo de la inspección no es recaudador, sino que lo que se pretende es corregir las irregularidades para legalizar la obra.
Las denuncias vecinales son también el origen de la mayor parte de expedientes de denuncia de actividades, principalmente derivados de negocios profesionales. Las infracciones denunciadas se han duplicado ampliamente en cuatro años. En 2007 se registraron 204 expedientes de denuncia y el año pasado esta cifra alcanzó los 484. Molestias por ruido, olores o humos son los problemas más comunes con la actividad de negocios y los que suman más denuncias, tanto por una mayor sensibilidad del público como por un incremento de la actividad inspectora. Las actividades de espectáculos y recreativas, sobre todo las hosteleras, son las que dan lugar a la mayoría de denuncias en Alicante. Y el año pasado 151 de estas denuncias se acabaron traduciendo en resoluciones municipales (que ordenan una medida), frente a las 126 de un año antes.
En materia de ruido, en 2009 y a raíz de diversas protestas vecinales en el casco antiguo de Alicante, el Ayuntamiento reforzó las inspecciones en los bares de la zona de ocio más concurrida, aunque endureció la política sobre esta actividad en toda la ciudad. Solo hasta marzo se tramitaron tantas denuncias por ruido como en todo 2008.
Además, un cambio en la ordenanza sirvió desde la segunda mitad de 2008 como detonante de lo que se ha convertido casi en una cruzada contra las vallas ilegales. Alicante está repleta de vallas que se han ido instalando en distintos puntos y que en un 99% carecen de licencia y son, además, muy difíciles de legalizar, explican fuentes policiales encargadas del área. Solo en un tramo de poco más de tres kilómetros en la avenida de Dénia, por ejemplo, se han retirado 144 vallas y nueve monopostes. En este caso, la actuación de la Administración es de oficio.
La inspección y retirada de vallas se ha centrado, de momento, en las entradas a Alicante y en puntos estratégicos como la rotonda del hospital General, Padre Esplá o la playa de San Juan. Y la intención es terminar con las vallas ilegales, en manos de una docena de empresas de publicidad. En 2010 se abrieron 188 expedientes sancionadores y se calcula que este año la cifra se elevará hasta los 600. Las inspecciones elevaron las multas desde los 77.413 euros de 2009 a 214.000 euros el año pasado.
Infracciones a las ordenanzas locales
- Obras: El número de expedientes ha aumentado un 21% entre 2008, con 350 posibles infracciones, y 2010, cuando se abrieron 423.
- Actividades de ocio y otros negocios: Las denuncias se han duplicado en cuatro años y han pasado de 204 expedientes en 2007 a 484 el año pasado. Las molestias por ruidos, olores o humos de locales son la queja más común. El año pasado 151 de esas denuncias acabaron en una resolución municipal con medidas contra los infractores, frente a 126 del ejercicio anterior.
- Ruidos: Las protestas vecinales han propiciado un mayor control en las zonas de ocio. Entre enero y marzo de 2010 se tramitaron tantas denuncias como en todo 2008.
- Vallas ilegales: Un cambio de ordenanza en 2008 ha servido para retirar parte de las vallas ilegales. En 2010 se abrieron 188 expedientes de sanción y este año se calcula que serán 600.
* El País - 21.02.11
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
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LNE/Asturias* : La reciente anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes ha dejado tras de sí un mar de dudas. Las autoridades municipales han insistido en que no habrá derribos y en que el urbanismo local volverá a su cauce con las normas provisionales que el Gobierno del Principado ha prometido aprobar antes de tres meses. En contraposición a esos mensajes tranquilizadores, algunos juristas han manifestado serias dudas sobre el futuro urbanístico inmediato del concejo, e incluso sobre la posibilidad de que todo los que se ha construido en los últimos veinticinco años pueda ser legalizado con un nuevo Plan General. «No todo podrá ser legalizado», insistieron varios abogados consultados por este periódico. El asunto es sumamente complicado, porque en Llanes han sido anulados por los tribunales de justicia los tres últimos planes de urbanismo, los aprobados en 2002, 1992 y 1986. Además, el anterior, de 1976, el primero de carácter municipal, fue derogado diez años más tarde por el Gobierno del Principado. Así que Llanes carece en la actualidad de planeamiento urbanístico municipal, y sólo pueden aplicarse las leyes y normas generales, regionales y estatales.
Esta situación, única en España, genera una duda: ¿en qué situación quedan las construcciones que se han levantado en el concejo de Llanes en los últimos veinticinco años?
No hay unanimidad. De los cinco juristas con los que ha hablado LA NUEVA ESPAÑA uno ha asegurado que los planeamientos anulados por los tribunales de justicia, salvo, quizás, el de 1986, sí han estado plenamente vigentes desde su aprobación hasta su anulación definitiva por parte del Tribunal Supremo. De este modo, la mayor parte de las construcciones ejecutadas en Llanes en el último cuarto de siglo tuvo en su momento un amparo jurídico que, aunque luego se demostrara que incumplía las normas vigentes, sería «suficiente» para que «ningún juez se atreviera a ordenar derribos». Claro que este jurista habla de «la mayor parte» de las edificaciones, no de todas. La duda recae en aquellas actuaciones urbanísticas ejecutadas, por ejemplo, a menos de 200 metros de la línea costera, o en zonas en las que no se haya demostrado su condición de suelo urbano. En estos casos «sí podría haber problemas», si se denuncian las actuaciones concretas ante los tribunales.
Los otros cuatro juristas consultados hablan de un escenario mucho más problemático. A su entender, todas las construcciones realizadas en el concejo llanisco en los últimos veinticinco años están, tras la sentencia del Supremo, en situación «alegal», en una especie de «limbo» jurídico, sin un planeamiento urbanístico que las ampare.
La mayor parte de esas construcciones «alegales» podrán ser «legalizadas» cuando se apruebe un nuevo Plan General -las autoridades locales estiman que será dentro de un año, como máximo-. Pero los cuatro juristas creen que «no será posible legalizarlo todo». Los argumentos son similares a las del abogado que se oponía al término «alegal»: será imposible legalizar aquellas actuaciones urbanísticas que no puedan conseguir amparo jurídico por asuntos como la invasión de suelo protegido o de protección de Costas o la ampliación injustificada de suelos urbanos, por ejemplo.
* LNE - 22.02.11
Foto: Llanes (Asturias), vista general - elcomercio
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ELMUNDO* : Seis funcionarios de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid están imputados por el caso de la alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según confirmaron fuentes cercanas al caso. Los seis declararán a petición de la Fiscalía los próximos 16, 17, 18 y 23 de marzo ante el juez de Instrucción nº1, encargado de la investigación desde 2008, cuando el PSOE denunció los hechos. Los funcionarios encausados son técnicos de 'primera línea', la mayoría de ellos con cargos de responsabilidad en el Área de Planeamiento de la Concejalía en el momento de los hechos, como M.M.G, L.A.A. y R.N.S. Algunos habrían participado directamente en la redacción del PGOU. Se amplía así el círculo que antes sólo enmarcaba al que era concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca cuando se alteraron los más de 80 artículos y del que el fiscal jefe apuntó que había efectuado "alteraciones subrepticias solo o en compañía de otros".
Hasta ahora, García de Coca era el único imputado formal en la causa. Desde que empezó la investigación tan sólo han declarado tres personas, el exconcejal en calidad de imputado y dos trabajadores de Inzamac, la empresa encargada de la elaboración de planos y documentos municipales.
El desfile de técnicos de Urbanismo por los juzgados en calidad de encausados apunta a que las alteraciones se produjeron o bien en las dependencias municipales o bien con conocimiento de estos.
Preguntas
La investigación debería pasar por varias cuestiones. La primera es aclarar quién o quienes alteraron los artículos del Plan y por qué. La segunda es determinar qué licencias y estudios de detalle se dieron al amparo de esos artículos manipulados y la tercera es averiguar por qué el Ayuntamiento y la Consejería Fomento tramitaron el asunto como una corrección de errores ahora descartada por la Sala de lo Contencioso de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un fallo del pasado 2 de febrero y que se ha unido a la causa penal.
Mientras la investigación penal empieza a avanzar después de tres años, el Ayuntamiento no ha movido ficha. Ni siquiera después de la contundente sentencia del TSJ. En 2008 desestimó dos veces consecutivas la petición de los socialistas de una comisión de investigación para aclarar los hechos.
Ahora, con el caso de vuelta a la actualidad con esa última sentencia del TSJ, el alcalde, Javier León de la Riva, se ha despachado diciendo que abrirá la comisión "cuando el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, autorice una para el 'caso Mercasevilla'".
* El Mundo - 22.02.11
Foto: Alcalde de Valladolid - nortecastilla
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JOSÉ MANUEL NAREDO /Entrevista* : Su despacho es una mezcla del espacio personal de un estadista, un crítico y un apasionado por el mundo inmobiliario. "No volverá a darse una burbuja como esta, de tan grandes proporciones", asegura José Manuel Naredo (1942), quien en su último libro repasa cómo el cambio de modelo (alquiler por compra) durante el franquismo sigue azotando a España en la actualidad.
-¿Quiénes han tenido más culpa de la burbuja: políticos o banca?
-Ambos por igual. Por una parte, el tándem banca-inmobiliarias ha organizado el negocio fomentado por los políticos que han tenido la llave a nivel local y regional. Las limitaciones presupuestarias de los ayuntamientos les han inducido a buscarse la vida para obtener financiación. Ese contexto es muy favorable a la connivencia de megaproyectos discrecionales que nacen entre bastidores al margen del sentido común de un plan urbanístico.
-¿Se ha aprendido lo suficiente de esta burbuja inmobiliaria para que no se vuelva a repetir?
-A corto plazo, más que aprender, lo que se impone es la coyuntura. Con este último boom del ladrillo, España ha pasado de ser uno de los últimos países en tasa de endeudamiento familiar a estar por encima de todos. Por tanto, cuando el ahorro de los hogares está devorado, es imposible que la burbuja se infle en poco tiempo. Hasta que se digiera todo el stock de viviendas, y se vaya amortizando y reduciendo el endeudamiento, la crisis seguirá cortando las alas a este modelo del andamio especulativo inmobiliario-financiero. Sin embargo, puede que dentro de 20 años nos hayamos olvidado de todo y vuelva a suceder.
¿Qué condiciones deben darse para evitar otro boom' del ladrillo?
Por una parte, el cambio del modelo productivo. Un aviso que la inversión extranjera ya ha mostrado trasladando el chiringuito a empresas de energía o países como Polonia o Cabo Verde. Por otra parte, tendría que haber una reorientación del parque de viviendas. Hay que tender a más fórmulas de alquileres y vivienda social.
¿La corrección del stock' es más una cuestión de tiempo o más bien de reducción de precios?
Se puede facilitar el ajuste con la bajada de precios, pero el gran problema es que la demanda está muy de capa caída por la crisis. Además, existe el gran forcejeo en los precios porque en España no hay estadísticas de precios de mercado sino de las tasadoras que trabajan para las entidades financieras, que acaban siendo juez y parte. Los precios de tasación caen la mitad que los anuncios y eso no es real porque, al final, las operaciones se acaban realizando por debajo de lo que aparece en los anuncios.
Este año se van a construir 100.000 viviendas en España. ¿Es una cifra útil para corregir el stock' o se debería llegar a construcción cero?
La cifra es consecuente con el reequilibrio que se inició en 2010 y la escasez de demanda. El gran problema es que no hay una visión política clara para dar salida a la crisis. También echo en falta una crítica ciudadana que solicitase el aprovechamiento del stock para vivienda social. Eso denota que el país está en encefalograma plano.
¿Qué salida le daría a los pisos en manos de las cajas por los impagos?
Su conversión en vivienda social. El Gobierno se lo debería haber pedido a las cajas como pago al FROB.
El Gobierno vasco tiene intención de gravar los pisos desocupados. ¿Es una fórmula para aumentar el parque de vivienda social?
Sin duda. De hecho, en otros países hay experiencias en este sentido. En Francia ni siquiera existe una ley de vivienda, sino de cohesión social que dice que es impresentable que en una zona donde hay necesidad de viviendas las haya desocupadas. Existe un impuesto creciente que llega a ser casi confiscatorio y eso engrosa el stock de vivienda social que allí tiene mucha importancia.
Ahora se construyen urbanizaciones y no ciudades. ¿Se ha cambiado la necesidad de tener una vivienda por el lujo?
Sin duda. El modelo promueve la adquisición de las viviendas como objeto de inversión y de lujo para hacer negocio con el alza del precio. Eso ha generado búnkers de ricos con todas las comodidades frente a los guetos de pobreza.
* Fuente: http://www.publico.es/dinero/362361/no-volvera-a-darse-una-burbuja-inmobiliaria-asi
* Rebelión - 22.02.11
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