SOITU* : El apelativo 'sostenible' se usa hasta el aburrimiento. Basurama, un colectivo cultural que nació de una iniciativa de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha querido incidir sobre el empleo que se hace de este ambiguo término con una serie de humor titulada "100% Sostenible" que ha lanzado hoy en internet.
Con una mezcla de ironía y humor, Basurama pretende con este corto titulado 'Murcia: lechugas, pelotas de golf y otros animales' hacernos ver que "lo que se nos ha vendido como desarrollo en el fondo no es más que crecimiento sin límites". La serie es una llamada de atención sobre el uso actual del concepto de sostenibilidad, "verdadero placebo para nuestras consumistas y a la vez preocupadas mentes".
El capítulo presentado es sólo el comienzo. Como explica Pablo Rey, uno de los integrantes de este colectivo cultural, "ahora estamos trabajando en el siguiente capítulo que trata sobre Nápoles (ver trailer) y también nos gustaría grabar otros cortometrajes sobre las autovías y la construcción del casino en los Monegros. "Queremos ser testigos de la ilimitada ambición humana y por eso nos hemos propuesto 'ir al lugar' y retratar todos estos fenómenos reales, pero de una manera divertida que refleje la levedad de nuestro paso por este mundo".
¿Cómo se gestó el concepto de 'desarrollo sostenible'? Como explica el economista José Manuel Naredo en su texto 'Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible', "tras la aparición de Informe sobre Nuestro futuro común (1987-1988) coordinado por Gro Harlem Brundtland en el marco de las Naciones Unidas, se fue poniendo de moda el objetivo del 'desarrollo sostenible' entendiendo por tal aquel que permite 'satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas'. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Pues, según este economista, la explicación está justamente en el halo de ambigüedad que acompaña esta terminología.
En la serie estrenada por Basurama, los protagonistas de este cortometraje que dura unos 20 minutos son tres científicos de élite (Dr. Heart, Dr.Metz y Dr. Artila) apoyados por un ordenador central llamado Hols. Todos se encargan de controlar la sostenibilidad del planeta frente a la acción destructiva del hombre. En concreto, este capítulo dedicado a Murcia retrata cómo la especulación inmobiliaria está influyendo en la transformación irreversible del litoral mediterráneo.
El documental puede verse también en www.100x100sostenible.com y 'Sostenible Youtube'.
* SOITU.es - 30.10.2008
Cuando la palabra 'sostenible' da risa
La Justicia llega tarde al medio ambiente
.jpg)
ADN/Madrid* : Sentencias inútiles. El soterramiento de la M-30, el desdoblamiento de la M-501 y el Recinto Ferial de la Isla de Colegio (Alcalá Henares). Tres proyectos con sentencias judiciales en contra por falta de respeto alas leyes que protegen el medio ambiente, los tres ejecutados y en funcionamiento cuando llegaron los fallos.
El acuerdo del Ayuntamiento para hacer los túneles de la M-30 junto al río Manzanares omitió una declaración de impacto ambiental previa. El magistrado anuló el proyecto el 16 de octubre. Pero los coches circulan desde hace más de un año.
Jaime Doreste, el abogado que llevó el recurso para Ecologistas en Acción, explica: "Si se hace firme la sentencia, pediremos alguna compensación a la hora de ejecutarla". La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, dio ayer el asunto "por finiquitado", ya que piensa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les dará la razón en su apelación.
Proceso lento
La lentitud resta fuerza a las sentencias que protegen los valores naturales. Los vehículos transitan por la M-501 convertida en autovía desde julio. El TSJM sentenció el 14 de febrero "la restitución al estado anterior [a las obras] de la zona". El recurso ante el Supremo de la Comunidad dejó en suspenso esta decisión. La carretera funciona desde hace cinco meses, a pesar de que no contempló la normativa europea sobre medio ambiente.
En Alcalá de Henares, el Ayuntamiento levantó un re cinto ferial y de ocio en la Isla de Colegio, un espacio de la Red Natura 2000 protegido por la Unión Europea. El TSJM anuló en mayo de 2007 el proyecto por no haberse sometido al estudio de impacto ambiental, del que fue eximido por la Consejería de Medio Ambiente. Mandó el fin de las obras cuando ya estaban realizadas.
De hecho, las fiestas patronales de 2007 se celebraron en este espacio a pesar de la sentencia, ya que "el tribunal no aludía a limitación de uso en el espacio ya construido", dijeron.
EL APUNTE
Estudios ambientales para evitar sanciones
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid hacen estudios de impacto ambiental 'a posteriori' para la M-501 y la M-30 respectivamente. Los expedientes abiertos por la Comisión Europea ante la falta de respeto a la normativa medio ambiental les llevó a tomar estas medidas para contentara la CE y evitar una proceso judicial en Luxemburgo.
* ADN - Raúl Rejón - 30.10.2008
Foto: Madrid obras_M-30 -L. Magán (El País)
Marbella: Más de 60 urbanizaciones demandan ayuda al Consistorio por la falta de infraestructuras básicas
SUR* : Suele decirse que a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso debieron pensar durante años algunos promotores que, camuflados en la voraz política urbanística del GIL, que arrambló como una apisonadora con suelos de equipamientos y zonas verdes para armar paredes de ladrillo, dejaron flecos considerables en las infraestructuras necesarias para las urbanizaciones donde pusieron su firma.
Las consecuencias las pagan ahora miles de vecinos con problemas en el saneamiento, el asfaltado, el acerado, el alumbrado o la seguridad vial, entre otros aspectos básicos para garantizar la calidad de vida.
Muchos, algunos también para subsanar los achaques propios de la antigüedad de las construcciones, ya han llamado a la puerta del Ayuntamiento para pedir ayuda para solventar los déficit y para abaratar los costes de la obra con el asesoramiento técnico municipal. Según explicó Javier García, director del Área de Urbanizaciones y coordinador de Las Chapas, en total son más de 60 los núcleos residenciales que se han puesto en contacto con el departamento para acogerse a los convenios de colaboración con el fin de concluir sus equipamientos.
Las seis primeras
La iniciativa, puesta en marcha por el equipo de gobierno a principios de año, ya ha cuajado en obras en seis urbanizaciones: en calle Cártama (Nagüeles), Las Lomas de Marbella Club, la calle Nerja (Rocío de Nagüeles), Marbesa, Carlina Norte y Carib Playa (Las Chapas). En estos casos la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a los acuerdos de colaboración, por los que el Ayuntamiento se encarga de la redacción de los proyectos y exime a los vecinos de pagar la licencia de obras, con el consiguiente abaratamiento de la actuación, que, no obstante, corre a cargo de la urbanización al estar fuera del ámbito de su competencia.
«El notable aumento de peticiones evidencia las ventajas que comporta el acuerdo ofertado, puesto que disponen de asesoramiento técnico municipal y además se benefician de un considerable abaratamiento de los costes», valoró García, al tiempo que resaltó que con estos convenios se pone fin «a los problemas acumulados durante muchos años fundamentalmente por obras que no fueron ejecutadas en su momento por los promotores y en otros muchos por la antigüedad, de varias décadas». Los tramites municipales se prolongan unos dos meses, según apuntó.
Informes técnicos
A las primeras seis actuaciones, le seguirán muchas más. A día de hoy están en tramitación, a la espera de recibir el informe técnico, otros seis proyectos relativos para las urbanizaciones Los Pinos, Los Molineros, El Mirador, Marqués del Duero, Las Torres de Marbella Club y La Virginia. Igualmente el Ayuntamiento está a la espera de recibir las solicitudes formales de Las Flores, Marbellamar, Panorama, Supermanzana F, Coto Real, Lomas de Río Real, Sol Lido y Grace Paradise.
Sobre el terreno, las obras se traducirán en la construcción de aceras, la instalación de tuberías y de colectores para el saneamiento o la colocación de alumbrados, en los casos de abandono más flagrante. En otros casos puntuales, las peticiones obedecen al interés vecinal de mejorar su calidad de vida con la implantación, por ejemplo, de puntos limpios para depositar los residuos.
MÁS INFORMACIÓN I Delegación de Urbanizaciones. C/ Pinsapo. Las Chapas. 952 838 410/11. urbanizaciones@marbella.es.
* SUR - 30.10.08 -CRISTINA GONZÁLEZ
Foto: MARBESA. Una de las urbanizaciones más antiguas cuyos vecinos han solicitado firmar el convenio con el Ayuntamiento. / JOSELE-LANZA, diariosur.es
Contra el automóvil
ORIOL BOHIGAS* : En el libro Dues hores de lucidesa, Noam Chomsky dice: "Durante los años 50, el gobierno de los Estados Unidos lanzó uno de los programas de ingeniería social más vastos de todos los tiempos. Se trataba de desmantelar la red de transporte público (el ferrocarril) en beneficio de la carretera y los aviones (...). Fue comprada por tres compañías: General Motors, Firetone y Standard Oil. La desmantelaron para privilegiar el transporte por carretera, con lo cual podían ganar mucho dinero.
Fueron acusadas de connivencia ilícita y condenadas a pagar una cantidad ridícula, del orden de cinco mil dólares. Después, el gobierno americano, pretextando intereses de defensa nacional, construyó una red de autopistas (...). Simultáneamente, destruyó las vías de tren y construyó aeropuertos. El resultado fue la creación de un sistema de transporte basado en la lógica industrial en vez de una lógica de servicio público". Y al preguntarle sobre las consecuencias de esta operación, Chomsky contesta: "Consecuencias inmensas, empezando por la decadencia de los centros de las ciudades y el desplazamiento de los habitantes hacia la periferia. Las ciudades ya no tienen centro, la gente vive en los alrededores, donde hay los grandes centros comerciales (...). Este programa gigantesco de ingeniería social, pensado para enriquecer a los constructores de coches, los fabricantes de neumáticos y las compañías petrolíferas, tuvo un impacto terrible en la sociedad, los esquemas de consumo y las relaciones individuales". Sólo añadiendo algunos datos seguramente más radicales, las afirmaciones de Chomsky explican los orígenes mafiosos y las graves consecuencias de la invasión abusiva de automóviles en las ciudades y en los paisajes interurbanos.
Un ejemplo escandaloso puede ser Caracas, víctima de los sucesivos populismos gubernamentales. Una enmarañada red de monstruosas autopistas a tres niveles anula cualquier vialidad peatonal, sin ni siquiera aceras donde refugiarse, y soporta los permanentes embotellamientos de coches que no tienen escapatoria hacia una red menos especializada. Y mientras tanto, el Gobierno promueve con incentivos alocados la compra de automóviles y ofrece gasolina prácticamente gratis. Del transporte público de gran alcance se habla sólo como una lejana utopía. Una ciudad dividida en dos especies antiurbanas: los terribles tugurios y unos pretendidos centros sepultados bajo unas autopistas que sustentan el perpetuo colapso. Una ciudad en la que no se puede andar, no sólo por temor a la delincuencia, sino porque ya no quedan calles utilizables.
Las ciudades europeas funcionan mejor, pero, a pesar de ello, se ven presionadas por los ciudadanos, que reclaman soluciones de urgencia, casi siempre tan ingenuas como la simple ampliación de espacios vehiculares sin prever las congestiones que puedan producir. En Barcelona se resiste discretamente el envite del populismo. Hay que reconocer que el municipio se ha esforzado en reducir o controlar los espacios vehiculares exclusivos, aumentando aceras y eliminando carriles en algunos puntos significativos con resultados plausibles. La oferta y demanda de espacio vehicular funciona de manera especial. Si en un punto de tráfico demasiado denso se aumenta el espacio, acudirán más coches y la densidad será la misma. Si se quiere reducir esa acumulación, hay que poner dificultades disuasorias a los vehículos y, sobre todo, darles menos espacio, civilizarlos para que convivan y no destruyan la ciudad. En la década de 1980 ya se derribaron en Barcelona dos autopistas elevadas y ahora veo otros programas en este mismo sentido. Los cinturones se construyeron con dimensiones mínimas para reducir la entrada de coches en la ciudad. Un cinturón con más carriles habría colapsado algunos barrios. Hay que conformarse: en una ciudad grande y densa -dos cualidades específicamente urbanas- hay que contener en el tráfico -hacerlo incómodo, pero todavía útil para el coche- si no se quiere colapsarla.
Esta actitud es difícil de mantener con radicalidad ante las contradicciones habituales entre las urgencias y la planificación. Los aparcamientos pueden ser un buen ejemplo. En zonas densas facilitan el uso del coche y, por tanto, favorecen su excesiva acumulación. Pero, en cambio, bien dimensionados y bien situados, son indispensables para una mínima supervivencia, indispensable en muchos casos. Por tanto, hay que cifrar correctamente esos mínimos y no dejarse llevar por el optimismo funcional inmediato.
En la nueva terminal del aeropuerto de El Prat parece que se construye un aparcamiento inmenso de no sé cuántos miles de plazas y que, en cambio, todavía se discute -con augurios no muy esperanzadores- sobre la interconexión directa con el metro, el tren y la alta velocidad. Es decir, se prevé una prioridad del transporte privado sobre el público que puede tener un impacto negativo en los esquemas de consumo de la ciudad, como decía Chomsky. Un mal ejemplo y una mala lección. Nadie se preocupará en cambiar esa prioridad porque, según parece, los ingresos más cuantiosos de AENA provienen de la explotación del centro comercial y de los aparcamientos. También aquí se está creando un sistema "basado en una lógica industrial en vez de una lógica de servicio público".
Pero la mayor contradicción está en que cualquiera de estas decisiones para reducir o civilizar el tráfico exige otra decisión previa: la mejora y la eficacia responsable de un sistema de transporte público de gran alcance, especialmente el metro y sus variantes con autonomía de trazado. Y eso es lo difícil, especialmente en Barcelona, donde los déficit son evidentes. Pero es indispensable porque hemos llegado al límite. Ya no se puede seguir civilizando el coche si no se ofrece una alternativa que acoja a los que se habrán declarado no usuarios por respeto al orden y el bienestar de la colectividad.
* Oriol Bohigas es arquitecto.
* ELPAIS.com - OPinión - 29/10/2008
Aguirre y Gallardón excluyen a la Cañada Real de su plan 'antichabolismo'
ELMUNDO/Madrid* : La presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, han dejado fuera del protocolo que han firmado esta mañana para la erradicación del chabolismo a la Cañada Real Galiana, situado cerca de la localidad de Rivas-Vaciamadrid.
La Cañada está considerada como la mayor concentración de viviendas ilegales levantadas sobre terreno público de España y probablemente de Europa. A lo largo de 20 kilómetros de una antigua vía pecuaria se asientan más de 4.000 chamizos y casas, algunos chalés de lujo. Muchos de ellos son ilegales. En total, viven allí más de 40.000 personas.
En el acto en el que han participado los dos políticos 'populares' no se ha permitido hacer preguntas de los periodistas. El que sí ha justificado la decisión ha sido el gerente del IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración social), Javier Ramírez, que ha asegurado que la Cañada Real Galiana "no es un núcleo chabolista, es un asentamiento ilegal".
Dentro del plan presentado se contemplan desmantelar los núcleos chabolistas de El Cañaveral (Vicálvaro), Las Mimbreras II (Latina), Santa Catalina (Puente de Vallecas) y Ventorro (Villaverde).
El pasado 14 de octubre, el Ayuntamiento de Madrid derribó cinco infraviviendas ilegales de la Cañada Real Galiana. Desde el pasado mes de mayo, el Consistorio de Gallardón ha demolido en el ámbito de la Cañada al menos 81 construcciones, 13 infraviviendas, 1 puente y 1 nave industrial.
De todos los derribos, el que más eco tuvo fue el que se produjo a mediados de octubre de 2007. Vecinos y policía se enfrentaron en una auténtica batalla campal que se saldó con 23 policías y cuatro civiles heridos y nueve personas detenidas.
* El Mundo - JAIME G. TRECEÑO - 30.10.2008
Foto: Varias personas contemplan sus viviendas derruidas en la Cañada Real. - EFE
Andratx: El perito judicial niega que el terreno sea urbano
DIARIODEMALLORCA* : El perito judicial ha declarado que el argumento de los expertos de la defensa para demostrar que el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot no cambió ilegalmente un terreno de rústico a urbano es "capcioso" e intenta "hacer pasar por verdad lo que es falso (que el suelo es urbano)".
Así lo ha dicho durante su testimonio junto a los dos peritos de la defensa en la última jornada del segundo juicio del "caso Andratx", en el que se analiza la construcción de un restaurante en zona protegida por parte de Juan Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo, gracias a la presunta falsificación de Massot.
El ex director general argumentó ayer, durante su declaración en la Audiencia Provincial, que cometió un error al haber certificado en 1998 y 1999 -años en los que Juan Carlos Hidalgo compró la casa- que el terreno era Área Natural de Especial Interés (ANEI), tal y como consta en diversas normas urbanísticas del Ayuntamiento.
Massot sostuvo que cambió la clasificación a urbano en 2001 porque la zona tenía todos los servicios, un extremo que han intentado demostrar los peritos de la defensa y ha negado el perito judicial y arquitecto Rafael Balaguer, director de la Oficina de Información Deontológica del Colegio de Arquitectos de Baleares.
El arquitecto ha asegurado que, aparte de red de baja tensión, "no se ha acreditado existencia alguna de otro servicio, ni uno más" anteriormente a 1981, año de aprobación de un real decreto que permitiría su clasificación como urbano, de reunir los citados servicios y de acuerdo con la Ley de Espacios Naturales.
"Por tanto, intentar desvirtuar la condición de ANEI a través de un supuesto fáctico que queda desmontado es lo que me ha parecido un auténtico sofisma", ha añadido.
Además, ha dicho que intentar demostrar lo contrario se basa en "argumentos capciosos", en los que "para hacer pasar por verdad lo que es falso, se parte de premisas válidas para desembocar en una conclusión inadmisible".
El perito ha afirmado asimismo que la Ley de Espacios Naturales de 1991 cataloga la zona como ANEI y "con la más alta clasificación", porque es un espacio húmedo y está a menos de cien metros del mar. "Entiendo que no es urbano en absoluto", ha concluido.
Previamente, los peritos de la defensa han argumentado que la citada ley excluye de ANEI los terrenos que parezcan urbanos de acuerdo con la realidad del terreno, en alusión a la supuesta dotación de servicios de esta zona propiedad de Juan Carlos Hidalgo.
Massot, Eugenio Hidalgo y su hermano Juan Carlos Hidalgo se enfrentan a penas de entre seis y medio y ocho años por los delitos de falsedad documental y prevaricación urbanística. Juan Carlos Hidalgo se enfrenta además a un delito contra la ordenación del territorio.
* Diario de Mallorca - EFE - 30.10.2008
Foto: andratx - guides
NOTICIA RELACIONADA: Massot dice que legalizó el restaurante ya que la zona era ´más urbana que una catedral´ - Diario de Mallorca - 30.10.2008
El alcalde de Zarra permitía a su hijo construir chalés con jacuzzi bajo licencia de casitas de aperos
,+chal%C3%A9s+ilegales+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Valencia* : Los datos con los que trabaja la Unidad de delitos Urbanísticos de la Guardia Civil apuntan a que el alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, pudo otorgar 87 licencias de obra a la empresa constructora de su hijo, Sergio Rubio, para construir casitas de aperos -permitidas por la ley- en terrenos no urbanizables que al final acabaron convertidas en chalés que superaban el límite legal de construcción y que, además, contaban con piscina independiente y jacuzzi.
La llamada a declarar como testigos a varios propietarios ingleses de chalés en Zarra en la causa abierta contra el alcalde del municipio, Juan José Rubio, y su hijo -detenidos desde el martes por un delito contra la ordenación del territorio y otro de malversación-, ha hecho saltar todas las alarmas entre la colonia inglesa de El Valle.
Los titulares de ayer sobre la detención del alcalde y sobre la construcción de sus chalés en suelo rústico sentó como un jarro de agua fría entre los propietarios de estos inmuebles, la mayoría ingleses, que los habían adquirido a través de inmobiliarias también inglesas que llevan operando desde 2002 en la comarca.
Las reacciones no se hicieron esperar y a primera hora de la mañana algunos propietarios acudieron a Ayora histéricos para pedir explicaciones a las inmobiliarias y defender que compraron los chalés "pensando que todo estaba ok".
En Zarra, y dado que la mayoría de británicos sólo siguen la prensa internacional o las publicaciones propias que edita en la comarca la colonia inglesa, muchos se enteraron ayer a primera hora de los ocurrido cuando algunos vecinos de la población les enseñaron los titulares de los periódicos con las palabras "ilegal", "chalé" y Zarra.
Robert y su familia compraron hace cuatro años una de las villas que construyó en medio de la huerta la empresa del hijo del alcalde de Zarra y hoy no sabía nada de lo ocurrido hasta que alguno de sus vecinos los han avisado. "No teníamos ni idea, pagamos todo y tenemos todo en regla, nadie nos dijo nada cuando nos pusieron la luz, el teléfono o el agua", comentó este propietario.
Como el de Robert, los casos se repiten en los cinco sectores en los que se han construido estas villas que responden a un mismo modelo de vivienda. Unos 120 metros cuadrados de casa principal, un garaje independiente y una pequeña piscina junto a una zona verde.
Los británicos pagaron entre 120.000 y 150.000 euros y ahora descubren que quizá sus casas son ilegales y no saben muy bien qué va pasar a medida que avance la investigación.
"No estoy preocupada porque no tengo casa aquí, yo la tengo en Casas de Madrona,-decía otra súbdita inglesa- pero mis amigos sí y hoy se han enterado de todo".
Según ha podido averiguar Levante-EMV, un grupo de propietarios de estas promociones ya estaba al tanto de la situación y también han denunciado la situación ante los tribunales. "Querían construir otra casita en el jardín y entonces no les dieron licencia de obras porque no se podía", explicaron ayer algunos vecinos.
Desde las inmobiliarias inglesas que operan en el Valle, sus responsables -que también tuvieron que acudir a declarar como testigos- insistieron ayer en que todos los propietarios que han adquirido viviendas en Zarra "cumplen con sus obligaciones y pagan todo lo que se les ha pedido, como el catastro, y todos los impuestos".
A última hora de ayer, los agentes seguían realizando las entradas y registros, especialmente en el ayuntamiento. Mientras tanto, el juez tomaba declaración a algunos de los denunciados, a la espera de localizar a todos los propietarios, la mayoría residentes británicos y que en algunos casos siguen viviendo en Alicante porque todavía no estaba acabada su casa en Zarra.
Irregularidad previas
Un matrimonio de residentes británicos explica en la página web de una inmobiliaria cómo decidieron comprar una casa y establecerse en Zarra. En la primavera de 2003, contactaron con Ann y Alison, de la inmobiliaria "Hills and Valley". Compraron un terreno y, al día siguiente, ya tenían una casa diseñada "con la ayuda de Sergio, de Telyzán SL, un constructor local recomendado por Ann y Alison".
Al febrero siguiente regresaron y sufrieron un "shock" al ver que su casa aún estaba a medias. Una mañana llegó un coche de la policía con el arquitecto municipal de Teresa y la Guardia Civil para informarles de que debían parar las obras porque estaban en el cauce de un río y podía inundarse. Les faltaba la licencia municipal.
* Levante-EMV - Íñigo Roy/Regina Laguna - 30.10.2008
Foto: una tras otra. Vista general de varios de los chalés que la empresa del hijo del alcalde construyó en las huertas de Zarra. - josé ferrer, levante-emv.com
Imputado el presidente del Consell de Ibiza por el caso Eivissa Centre
EFE* : El magistrado del juzgado de instrucción nº2 de Ibiza, José Espinosa, ha emitido hoy un auto imputando al presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés en el marco de la investigación de un presunto cobro de comisiones en la remodelación del centro de la ciudad, en el caso Eivissa Centre.
Tarrés, que ha atendido a los medios después de conocer la noticia, ha explicado que el juez le imputa "porque no tiene más remedio" ya que, según el presidente insular, no puede ser testigo en la causa.
El presidente del Consell, diputado autonómico y ex alcalde de Vila (Ibiza), que deberá declarar ante el juez el próximo día 2 de febrero, ha declarado su intención de "ir lo antes posible ya que esperar hasta esa fecha es casi cruel".
Tarrés ha insistido en que el juez no le "acusa de nada" y ha afirmado: "Simplemente tengo que ir a explicar lo que sé".
El presidente del Consell no se ha mostrado sorprendido por la imputación ya que ha asegurado que "es normal que el juez quiera escuchar a uno de los acusados y que en aquel momento era el alcalde de la ciudad".
Tarrés era alcalde de Ibiza en el momento que en el ex secretario general de PSOE de las Pitiüses, Roque López, grabó las cintas en las que presuntamente se demuestra el cobro de comisiones por parte de altos cargo del partido socialista de Vila.
El ahora presidente del Consell ibicenco ha manifestado que no tiene intención de dimitir y ha insistido en que "según el auto el juez no cree que haya indicios de criminalidad".
"Ir imputado quiere decir simplemente que tengo que ir con mi abogado", ha insistido.
Tarrés ha afirmado que su imputación no tiene nada que ver con otros casos de presunta corrupción política que se investigan en estos momentos en Baleares, como el llamado caso Ordinas, acerca de supuestos cobros de comisiones ilegales en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) la pasada legislatura.
El presidente ibicenco ha asegurado en relación a dicha causa que él no tiene "ninguna lata de Cola-cao en el jardín", como la hallada por la Fiscalía Anticorrupción en la vivienda de la ex gerente del CDEIB Antónia Ordinas, por indicaciones de la propia acusada.
"Puedo decir con orgullo que nadie me ha dado un duro nunca", ha concluido Tarrés.
El caso Eivissa Centre comenzó tras la denuncia realizada hace veinte meses por el ex secretario general de los socialistas de Ibiza y Formentera y ex concejal, Roque López, quien en los pasados días anunció que solicitaría "una nueva ampliación de la querella por falsedad documental contra Xico Tarrés".
López interpuso una querella contra el equipo de gobierno de Vila, encabezado entonces por Tarrés, por presunta corrupción urbanística, para lo que presentó varias grabaciones de conversaciones telefónicas.
Según López, tras el inicio del edificio Joan XXII se llevó a cabo una declaración de obra nueva certificada ante un notario, que no se correspondería con la realidad y en la que Tarrés declaró ante notario que se habían construido 36 viviendas en un inmueble de cinco plantas más el sótano, cuando ya se habían construido 160 viviendas.
* Soitu.es- EFE - 29.10.2008
Foto: Ibiza, eivissa centre - flickr.com
Adeje: Lucha contra la construcción de un supuesto Centro Comercial
CANARIAS24H* : La Asociación de Vecinos de Playa Paraíso en el Municipio de Adeje lleva luchando mucho tiempo contra la intolerable construcción de un supuesto Centro Comercial, en el extremo de la punta más bonita y simbólica que linda al mar en esta Zona.
Este proyecto recibió las bendiciones de las distintas Administraciones, a pesar de que no sólo destrozó el paisaje al edificarse en pleno dominio marítimo terrestre levantando un muro de protección para el edificio cuyos escombros estuvieron años, sino que acabó impidiendo acceso al mar y el tránsito por el litoral a todos los vecinos.
En realidad, este proyecto de Centro Comercial no era tal, sino que se trataba, y actualmente lo sigue siendo, de un edificio en el que la mayor parte de sus apartamentos son viviendas de lujo actualmente vendidas en su mayor parte a extranjeros.
Además se construyó una planta más sobre el proyecto presentado, y todo ello sin cumplir la Ley de Costas que impide edificar residencias en esta franja del Litoral.
Los vecinos hemos presentado numerosas quejas no solo por el atropello urbanístico, sino porque también interrumpió el acceso a una punta costera donde nuestros niños jugaban en los charcos y muchos de nosotros íbamos a pescar.
Lo único que conseguimos es que la Demarcación de Costas autorizara una pequeña escalera portátil para acceder al mar, ya que teníamos que pasar por una tortuosa vereda al estar herméticamente cerrado el paso por un muro que defiende del mar el edificio.
El supuesto "Centro", que permaneció un tiempo precintado por incumplir manifiestamente la Ley, fue legalizado.
La Asociación de Vecinos ante tal injusticia y el constante silencio de las Autoridades no ha tenido más remedio que llevar este asunto a los Tribunales encomendándoselo a la Letrada, Sra. Palliser.
El Informe del Perito Judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia es contundente y advierte que el edificio invade totalmente la servidumbre de protección marítimo-terrestre.
Por ello queremos salir a la opinión pública y manifestar que deseamos que las Autoridades apliquen con el mismo rigor y contundencia la Ley de Costas contra este tipo de inversiones especulativas que infringen la Ley, dado que la misma es igual para todos y parece ser que nuestras Autoridades no tienen la misma vara de medir y son mucho más condescendientes con este tipo de construcciones que verdaderamente constituyen un atentado al medio ambiente y a nuestro modo de vida.
Asociación de vecinos de Playa Paraíso
* Canarias 24H - 27.10.2008
Foto: Adeje, urbanismo insostenible - canarias.indymedia.org
M-30: 18 meses después, un pozo sin fondo
REBELIÓN/Madrid* : Los ciudadanos madrileños tendrán que pagar 864.000 euros al día, hasta 2040, por una obra que no ha resuelto ningún problema estructural relacionado con la movilidad, la contaminación atmosférica o la articulación urbana de la ciudad. Gallardón intenta aprovechar la confusión de la crisis general para evadir responsabilidades.
La Plataforma M-30 No Más Coches y el Foro por la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid, a las que pertenece Ecologistas en Acción, denuncian que a pesar de los reiterados intentos del Ayuntamiento para ocultar la verdadera magnitud del coste de la ampliación de la M-30 y de la deliberada desinformación a la que nos ha venido sometiendo al respecto desde que se iniciaron las obras, poco a poco los ciudadanos vamos conociendo la verdad y el verdadero alcance de la hipoteca económica y social que nos va a suponer durante más de treinta años a todos los madrileños.
Diez mil cuatrocientos millones
Según un informe de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la Gestión Integral de la vía del 26 de marzo de 2007 – y que sólo hemos podido conocer más de un año después -, “el coste final de la M-30 será de diez mil cuatrocientos millones de euros”. En este documento, la Comisión desmiente rotundamente todas las informaciones interesadas que al respecto han venido proporcionando el alcalde y su equipo, quienes, incluso con posterioridad al mismo, han seguido minimizando la importancia de la deuda contraída con las compañías constructoras y los bancos, llegando a falsear descaradamente las informaciones públicas sobre las cifras comprometidas (nunca han admitido un coste superior a los 4.800 millones de euros).
El acta de la Comisión avala las previsiones que desde el primer momento formulamos en la Plataforma M-30 No Más Coches, que siempre ciframos el coste total por encima de los 10.000 millones, mientras que un chequeo pormenorizado del estado de la autovía avala la pertinencia y seriedad de nuestras denuncias sobre el despropósito de esta obra faraónica.
Atascos y contaminación en aumento
Un año y medio después de su inauguración, se puede comprobar que la ampliación de la M-30 no ha resuelto ningún problema estructural de movilidad en Madrid (tanto en la ciudad como en la propia autovía persisten –con tendencia al alza– los mismos atascos en hora punta que en 2004), mientras la contaminación atmosférica se mantiene un mes tras otro superando los límites legales.
Por su parte, los túneles presentan deficiencias que pudieran resultar gravemente peligrosas (contaminación muy elevada, ventilación insuficiente, inundaciones periódicas, señalizaciones confusas, etc.), mientras que el proyecto “Madrid Río” está estancado y los terrenos “recuperados” en superficie se han convertido en un erial inhóspito e insalubre.
La madre de todas las deudas
La agencia de calificación financiera Standard and Poor’s ya ha rebajado de “estable” a “negativa” la solvencia financiera del Ayuntamiento a causa de “el fuerte incremento de la deuda en el periodo 2003-2007” por causa de la ampliación de la M-30, advirtiendo que existe “un 30% de posibilidades” de que la solvencia ahora calificada, y la nota que le otorga la agencia, se vean rebajadas aún más “en los próximos dos años”.
La crisis general ha destapado con mayor antelación de la que seguramente preveían los gestores municipales la verdadera dimensión del disparate económico que supone esta obra y las gravísimas hipotecas con las que tendremos que pechar durante los próximos 35 años. En estas circunstancias, al Sr. Gallardón no se le ocurre otra cosa que intentar eludir sus responsabilidades, como pésimo gestor que es, culpando al gobierno central del déficit municipal y ordenar una subida generalizada de los impuestos.
Falta de fiabilidad y transparencia municipales
Una conclusión que, en cualquier caso, debiéramos extraer de todo lo anterior es la cada vez más ineludible necesidad de saber la verdad completa sobre todos los aspectos económico-financieros de la M-30, así como sobre su seguridad, lo que exige ordenar sin demora que se hagan las auditorías necesarias bajo los criterios de máxima publicidad y transparencia, contando con la supervisión directa de todos los grupos municipales y huyendo de los informes conocidos hasta el momento los cuales, en tanto que han sido realizados a petición de parte interesada, carecen de la necesaria fiabilidad.
Se trata de que, si ya es imposible eludir la deuda de la M-30, al menos se eviten más engaños a la ciudadanía y de que, si al final las deudas municipales nos van a ahogar a todos, como mínimo sepamos por qué.
* Rebelión - 28.10.2008
Detenida la alcaldesa de San Fulgencio y 4 ediles por una trama urbanística
+-+inem.es.jpg)
LEVANTE/Alicante* : Agentes de la Unidad de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron esta mañana a la alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, a cuatro ediles del Consistorio y al abogado municipal.
Por esta presunta trama también fueron detenidos hace unos días el teniente de alcalde, Manuel Barrera, así como el jefe de Policía Local y el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz, que hoy ha vuelto a ser arrestado, según señalaron a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Las detenciones se produjeron a media mañana, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron al Ayuntamiento de San Fulgencio, leyeron sus derechos a la alcaldesa, los ediles socialistas Juan Antonio Gamuz y Juan Antonio González Palanco, y los concejales de la Agrupación Popular San Fulgencio y Urbanizaciones (Apsfyu), Mariano Martí y Fina Reme, así como al abogado del ayuntamiento de San Fulgencio.
A continuación, los agentes clausuraron las dependencias del equipo de Gobierno, de modo que nadie pudo ni entrar ni salir durante la operación, y realizaron un registro que pasadas las 14.00 horas aún continuaba en curso, de los despachos de los detenidos.
Apsfyu gobierna en coalición con PSOE y con la Agrupación Independiente del Mediterráneo (AIM), cuyo presidente Manuel Barrera fue detenido por un delito de cohecho en la misma operación el pasado 20 de octubre.
La noticia de la detención de la alcaldesa y de parte de su equipo de gobierno se extendió rápidamente entre los vecinos de San Fulgencio, que acudieron a las puertas del Consistorio para presenciar la operación. Aunque no ha trascendido aún el motivo de las detenciones, un juzgado de Orihuela investiga un supuesto cobro ilegal de comisiones para favorecer un plan urbanístico en San Fulgencio, caso por el que ya fueron apresados y luego puestos en libertad el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz (PSOE); el ex edil de Hacienda, el independiente Manuel Barrera, y el jefe de la Policía Local. Los miembros de la corporación municipal de San Fulgencio detenidos esta mañana por orden judicial pasarán el próximo viernes a disposición de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
* Levante-EMV - AGENCIAS - 29.10.2008
Foto: San Fulgencio (Alicante) - inem.es
El Ayuntamiento de Arrecife derriba diez viviendas construidas ilegalmente
,+derribo+viviendas+ilegales+-+laprovincia.es.jpg)
LAPROVINCIA/Lanzarote* : Era el sonido de la Justicia llevada a su extremo último. El ruido quebrado y caótico de la demolición se adueñó ayer a partir de las nueve y media de la mañana del barrio de Argana Alta, en Arrecife, mezclándose de paso con el olor putrefacto procedente del vertedero que los vecinos soportan desde hace años sin que nadie le ponga remedio.
El Ayuntamiento, amparado en una orden de demolición de noviembre de 2007 y en una resolución judicial, inició el derribo de diez viviendas adosadas construidas en la calle Balayo, sin licencia, en suelo no edificable.
Las casas, de dos plantas, están lejos de ser un proyecto a medias. Los exteriores de la hilera de viviendas eran un conjunto bien rematado, debidamente pintado en tonos ocres y pastel en uno de los bordes al norte de la barriada. Además, el ataque de la picareta dejó al descubierto las intimidades del interior, donde se veían baños alicatados hasta el techo, los calentadores de agua e incluso puertas de madera que los operarios de la promotora intentaron rescatar a primera hora, aunque los agentes de la Policía Local les impidieron el acceso. Incluso entre la espiral de polvo y destrucción emerge la anécdota, como esa cerveza que uno de los obreros de la empresa, Construcciones Míguez Lanzarote SL, dejó en el interior de uno de los bloques de la pared. En los llanos, algunos curiosos aprovecharon para hacer fotos del espectáculo.
El concejal de Urbanismo, Ubaldo Becerra, comentó a este diario que esta promoción no tenía otro destino que acabar en el piso. Recordó, entre otros detalles, que la licencia fue denegada a principios de 2006 y que, a pesar de eso, la promotora continuó con las obras vulnerando los precintos al menos en dos ocasiones. Según apuntó el edil, incluso existen actas policiales de denuncias vecinales por el desarrollo de los trabajos en plena noche, con los focos de los vehículos de la empresa y de los trabajadores alumbrando el trajín nocturno.
Becerra precisó que los derribos supondrán un coste aproximado de 30.000 euros que la corporación local derivará a la promotora, al igual que hará con las costas procesales. Subrayó asimismo que la firma deberá hacer frente también a la correspondiente sanción municipal.
* La Provincia - GREGORIO CABRERA - 29.10.2008
Foto: Un momento de la demolición iniciada ayer por la mañana en Argana Alta. ADRIEL PERDOMO, laprovincia.es
El Ayuntamiento de Bigastro ha entregado a la Guardia Civil documentación de «permuta de terrenos»
+-+laverdad.es.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento de Bigastro ha entregado numerosa documentación a la Guardia Civil relacionada con "la permuta de unos terrenos", según ha explicado hoy el edil de Urbanismo, Raúl Valerio, un día después de la detención del alcalde, José Joaquín Moya, a raíz de una investigación por un presunto delito urbanístico.
En rueda de prensa, Valerio, acompañado por la primera teniente alcalde, Inmaculada Martínez, ha informado de que desde hace ocho meses el instituto armado ha ido solicitando con cierta periodicidad al consistorio diversa documentación.
Aunque ha eludido concretar la temática de la misma, Valerio ha apuntado que se trata de "la permuta de unos terrenos, al parecer, de un suelo industrial por un local comercial" realizada entre 2004 y 2005.
"Si este es el caso por el que se produjo la actuación de ayer -en alusión a la detención del alcalde, José Joaquín Moya-, manifestamos nuestra absoluta sorpresa, pues desde febrero, y cada quince o veinte días, se nos ha solicitado documentación y la hemos entregado", ha manifestado el concejal de Urbanismo.
No obstante, ha precisado que el equipo de Gobierno local no tiene conocimiento "exacto" del hecho investigado ni de los posibles delitos que se le imputan tanto al alcalde como al secretario municipal, este último también detenido en la operación de ayer.
En opinión de Martínez, la detención del alcalde tiene su origen "en la avalancha de querellas que el PP ha presentado en los Juzgados desde la última campaña electoral y que sucesivamente se han ido desestimando por falta de pruebas y argumentos".
Ante estas declaraciones, el secretario local del PP de Bigastro, José Antonio Ricart, ha afirmado que la investigación abierta a Moya se enmarca en el objetivo popular de "esclarecer la gestión municipal".
En este sentido, Ricart, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a sus compañeros del grupo popular, ha manifestado que la detención del alcalde se ha producido a raíz de una de las denuncias que ha interpuesto el PP por posible delito urbanístico.
Aunque no ha precisado cuál de esta denuncias ha dado origen a la investigación y, por ende, al arresto del alcalde, el edil del PP ha afirmado que sus votante "exigen que hagamos una política de rigor, control y fiscalización de lo que hace el equipo de Gobierno".
En su opinión, "mucha otra gente puede verse afectada" por la investigación iniciada "y, desde luego, no hay marcha atrás".
"Todos aquellos que han votado en las Juntas de Gobierno y en los plenos podrían también verse afectados", ha añadido Ricart en alusión a los concejales socialistas que han respaldado determinadas actuaciones urbanísticas.
La Guardia Civil detuvo ayer al alcalde de esta localidad, al secretario municipal y a dos empresarios por un posible delito urbanístico ante el cual el PSPV-PSOE ha decidido suspender cautelarmente de militancia a Moya.
* Información - EFE - 29.10.2008
Foto: Bigastro (Alicante) - laverdad.es
Andratx: Carlos Hidalgo alega que no sabía que su restaurante estaba en ANEI por su incultura
+-+mallorcaconfidencial.jpg)
DIARIODEMALLORCA* : Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, dijo ayer desconocer que el terreno sobre el que edificó ilegalmente un restaurante en 2001 fuera suelo rústico protegido con la categoría de Área Natural de Especial Interés (ANEI) y basó su ignorancia en su "incultura".
Estas declaraciones se produjeron ayer al inicio del juicio por la segunda pieza de las 68 que contiene el denominado caso Andratx en la que se juzga a los dos hermanos Hidalgo y al ex director de Ordenación del Territorio y ex jefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, de los delitos de falsedad y prevaricación urbanística por la edificación de un restaurante en una zona protegida. Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach piden ocho años de prisión para Eugenio Hidalgo y Jaume Massot y seis años y seis meses de prisión para Carlos Hidalgo.
De la misma manera, Eugenio Hidalgo, interrogado por Juan Carrau, dijo también desconocer que en los terrenos donde su hermano reformó una edificación ya existente para convertirla en un restaurante no se podía construir nada pese a ser concejal de Urbanismo en el momento de las autorizaciones del ayuntamiento y más tarde máxima autoridad municipal del consistorio de Ponent.
El ex alcalde alegó para justificar este desconocimiento que el urbanismo en Andratx, como en muchos otros municipios, lo llevan los técnicos y que el primer edil está para atender a la gente, para llevar a cabo una labor mucho más cercana a los ciudadanos. Además, señaló que en los terrenos ya existían otra casa y "un negocio pegadito a ella" por lo que pensó que no se trataba de una zona protegida.
Carlos Hidalgo dijo desconocer absolutamente que la casa que compró en 1999 estaba en un terreno protegido ya que "soy un poco corto en cultura" y que actuó en todo momento asesorado por su arquitecto Francisco Muñoz -ya fallecido- y su abogado Santiago Rodríguez Miranda.
El hermano del ex alcalde de Andratx reveló que formalizó una opción de compra sobre la vivienda edificada en el número 13 de la Avenida Gabriel Roca del Port d´Andratx con la intención de convertirla en su domicilio familiar.
No obstante, más tarde cambió de parecer y decidió reformar la edificación para montar un restaurante aprovechando la experiencia que su mujer tenía en el sector de la restauración.
Enemistad
Tras conocer las intenciones de su hermano de montar un restaurante, Eugenio Hidalgo le pidió entrar en el negocio pero Carlos se negó, como reconoció ante el tribunal, "porque mi mujer no quería asociarse con mi hermano".
Este hecho abrió un periodo de enemistad entre ambos hermanos que se prolongó entre julio de 1999 y 2003, como admitió Carlos a preguntas del abogado defensor de Eugenio Hidalgo, Rafael Perera.
El ex alcalde de Andratx no asistió a la inauguración del restaurante en junio de 2001 ni su hermano a su toma de posesión como primer edil en abril del año 2002. Eugenio Hidalgo admitió que la negativa de su hermano a su entrada en el negocio del restaurante le molestó habida cuenta de que antes ya habían participado en sociedades como EUCAR de venta de coches.
* Diario de Mallorca - I.OLAIZOLA. PALMA - 29.10.2008
Foto: Andratx (Mallorca) - mallorcaconfidencial
El TSJ anula el PAI La Foya de Vilafamés por carecer del informe de suficiencia hídrica
+,+casas+en+La+Foya+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Castelló* : Tras la paralización cautelar de las obras del Programa de Actuación Integrada (PAI) La Foya de Vilafamés, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el PAI. Según se detalla en la sentencia -con fecha del 8 de octubre y que fue notificada el viernes- el proyecto no cuenta con el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la suficiencia de los recursos hídricos.
Los magistrados de la sala argumentan que, según la ley de las aguas, antes de que las administraciones autonómicas aprueben un plan urbanístico las confederaciones hidrográficas deben emitir un informe previo. En el caso de que los proyectos comporten nuevas demandas de recursos hídricos, dicho informe deberá pronunciarse sobre la existencia o no de recursos suficientes para satisfacer la demanda. Si el informe no se emite en el plazo establecido, se entenderá que es negativo, se añade en la sentencia.
Un informe obligatorio
Además, el tribunal señala que el informe es obligatorio y en caso de omitirse conllevaría la anulación del proyecto con retroacción de actuaciones. En el caso del PAI La Foya de Vilafamés la omisión del informe es "clara", por lo que el ayuntamiento "tendrá que rehacer, de nuevo, todo el programa", asegura la abogada de los denunciantes. Por su parte, el consistorio alega que el informe de la CHJ ya se emitió para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2003 pero la sala considera que no es suficiente.
El segundo motivo por el que el TSJ ha fallado anular el PAI es por vulnerar la normativa estatal y comunitaria en materia de contratación, en aras del respeto a los principios de libre concurrencia, igualdad, no discriminación, proporcionalidad y transparencia. Según la sentencia, no se ha cumplido con el principio de publicidad.
La alcaldesa de Vilafamés, Luisa Oliver, señaló ayer a Levante de Castelló que se acatará la sentencia y que el programa urbanístico se volverá a hacer desde cero. No obstante, Oliver quiso reseñar que, pese a que el PAI ha sido anulado, las parcelas de los denunciantes se siguen considerando como suelo no consolidado. De esta manera, "estos vecinos no podrán evitar el pago de las cuotas de urbanización, como pretendían con la denuncia", dijo la munícipe.
La decisión del tribunal se emite a raíz de la denuncia de la Asociación de Afectados La Foya. Este colectivo siempre se ha mostrado contrario a la ejecución del PAI con el que el consistorio pretende regular urbanísticamente la zona de la Foya en donde, a pesar de estar calificada como suelo rústico, se han levantado decenas de casas a lo largo de 30 años.
* Levante-EMV - Nerea Soriano - 28.10.2008
Foto: suelo rústico. Durante 30 años se han construido decenas de casas en La Foya. Con el PAI el ayuntamiento quiere legalizarlas. - levante-emv
Ayuntamiento y Junta facilitan la construcción de macro urbanizaciones en Macenas
,+stop+monta%C3%B1as+cemento+-+salvemosmojacar.org.jpg)
GAS/Almería* : Las asociaciones Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas han denunciado en los juzgados que tanto el Ayuntamiento de Mojácar como la Junta de Andalucía «obviaron el trámite preceptivo» de emisión de un informe medioambiental negativo que hubiera impedido la ejecución de la macrourbanización de Macenas.
Estos colectivos, que han exigido al juez la paralización cautelar de las obras del hotel, han elaborado un informe pericial en el que se demuestra que el lugar elegido para ubicar el hotel, cerca de la playa, «se encuentra íntegramente en el Lugar de Interés Comunitario de Sierra Cabrera y afecta a varios hábitats prioritarios protegidos». Denuncian que, además de no contar con el preceptivo informe medioambiental, los promotores han incumplido diversos plazos en su tramitación.
Por este motivo, consideran que el macroproyecto «es completamente ilegal» y apuntan a la posible comisión por parte de los responsables políticos de ambas administraciones de presuntos delitos de prevaricación, esto es, tomar decisiones injustas a sabiendas de que lo son.
La ejecución de esta macrourbanización ha provocado, según estos colectivos, la exterminación de una planta endémica, que sólo se encuentra en este lugar, la 'Limoniun Estevei'. Además, también se han visto gravemente perjudicadas las tortugas mora y otras especies protegidas. Los denunciantes aseguran que la macrourbanización de Playa Macenas, con 1.400 viviendas, varios hoteles y dos campos de golf, «regados de forma presuntamente ilegal desde hace tres años, es la mayor aberración urbanística y medioambiental en curso en la provincia de Almería».
Culpan a las administraciones y a sus responsables políticos de permitir que se destruya «salvajemente uno de los enclaves más paradigmáticos y emblemáticos de las playas vírgenes de Almería». Por ello, exigen también la paralización del riego y el uso de los campos de golf, ya que se ubican en suelo protegido «y se riegan ilegalmente con agua potable, derrochando el agua equivalente a una población de 16.000 personas».
* Grupo de Acción Social (GAS) - 25.10.2008
Foto: Mojácar (Almería), stop montañas cemento - salvemosmojacar.org
ARCA pide la retirada del nuevo PGOU de Santander
EFE* : ARCA ha presentado un extenso documento de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander para que sea desestimado y se inicie la redacción de uno nuevo que "responda prioritariamente al interés general" de los ciudadanos.
La asociación ecologista asegura en un comunicado que Santander es un "modelo de ciudad caótica e insostenible", sometida desde hace décadas a un permanente proceso de "especulación urbanística" que ha perjudicado gravemente la calidad de vida de sus habitantes, lo que, a su juicio, se demuestra con la pérdida de población que ha sufrido en los últimos años.
ARCA señala que, sin embargo, la revisión del PGOU no pretende rectificar y compensar los errores cometidos en el pasado, sino que ante el agotamiento de los suelos urbanos y urbanizables clasificados en 1997, su objetivo es poner en el mercado casi la totalidad de territorio municipal restante, a excepción del que está protegido por el Plan de Ordenación del Litoral (POL)
La asociación ecologista rechaza "muy especialmente" que esta "desmesurada creación de suelo edificable" se justifique por la previsible demanda de segundas residencias que provocará la finalización de las obras de la Autovía de la Meseta, tal y como dice la memoria del PGOU, y considera que esta idea marco es una excusa para favorecer a los promotores urbanísticos.
Según ARCA, impulsar la construcción de un 40 por ciento más de las viviendas existentes en Santander es "un error histórico".
Bajo su punto de vista, "nadie en su sano juicio puede seguir defendiendo el modelo de liberalizar al máximo el suelo, porque sus consecuencias inseparables son la devastación del territorio, la pérdida en calidad de vida y la escalada de precios y del endeudamiento familiar".
ARCA propone que la superficie de suelo designada como "nuevos crecimientos" al norte de la S-20 sea suprimida, manteniendo como suelos urbanos o urbanizables tan sólo los que ya recogía el anterior plan de 1997.
Además, la asociación sugiere que en lugar de extensos distritos-dormitorio en los que predomina el uso exclusivo de bloques de viviendas y viales de tráfico, se creen espacios urbanos en los que las viviendas sigan la pauta de disponerse en torno a amplios espacios verdes peatonales y parques como elemento central integrador, con zonas comerciales y de equipamiento y encuentro social.
Otra propuesta de ARCA es que la coordinación con los ayuntamientos colindantes no se haga sólo para dar continuidad a zonas construidas o a viales, sino que se creen grandes cinturones verdes o sistemas de parques periféricos, que comuniquen paisajística, ambiental y peatonalmente a los municipios.
ARCA defiende, además, la modalidad de viviendas de alquiler municipal, de propiedad pública en suelo de propiedad pública, diversificar la economía de la ciudad "más allá del ladrillo y la hostelería" y la permanencia del puerto en el interior de la bahía sin realizar nuevos rellenos.
* Soitu.es - EFE - 28.10.2008
Foto: Vista general de la ciudad de Santander. - EFE
Un juzgado declara ilegales las obras de la M-30
MADRIDIARIO* : El Juzgado Contencioso Administrativo nº22 de Madrid ha declarado ilegales las obras de soterramiento de la M-30, según anuncia Ecologistas en Acción. El Ayuntamiento recurrirá la sentencia y asegura que no tendrá efectos reales.
Ecologistas en Acción ha recibido la notificación del Juzgado en el que presentó un recurso contencioso administrativo por las obras de la M-30, en el que consideraba que el proyecto no contaba con evaluación de impacto ambiental y que incumplía la legislación de protección de patrimonio histórico.
La sentencia del juzgado anula la aprobación de los cinco proyectos de remodelación que dieron pie a la obra, correspondientes al soterramiento de la avenida de Portugal y de las calzadas que discurrían a lo largo del Manzanares. Este miércoles darán a conocer las repercusiones y los detalles de la sentencia, que según Ecologistas se basa en los planteamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por su parte, el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón confirmó este martes que apelará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la sentencia dictada el pasado 16 de octubre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 en la que se anula los proyectos de la parte oeste de la M-30.
Este juzgado de lo contencioso administrativo planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que fue resuelta el pasado julio. Entonces el TUE sentenció que la legislación comunitaria exige que las obras en vías urbanas, como la M-30, se sometan a una evaluación de impacto ambiental previa. No obstante, el Tribunal Europeo señaló que correspondía al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid, que fue quien consultó al Tribunal de Luxemburgo, determinar si en el caso concreto de la M-30 se vulneró la normativa de la UE.
En un comunicado emitido por el Consistorio, el equipo de Gallardón sostiene que "respeta, como ha hecho siempre, la decisión judicial, pero considera que la misma no se ajusta a la situación jurídica de los proyectos ni a la jurisprudencia que sobre esta cuestión ha sentado ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid".
Es por eso que el Ayuntamiento planteará un recurso de apelación ante el TSJM confiando en que la sentencia que finalmente dicte este órgano judicial "confirme la doctrina hasta ahora mantenida por el mismo y desestime el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción".
Consecuencias "resultas"
También matizaron que las consecuencias materiales de una posible sentencia anulatoria ya están resueltas por el Ayuntamiento con la realización del estudio ambiental acordado con la Comisión Europea. En definitiva, si la sentencia del TSJM fallara en contra del Consistorio ésta sólo tendría un alcance formal que, a juicio del equipo de Gobierno, "carecería de consecuencia alguna sobre los proyectos en su día aprobados y ya ejecutados y en servicio".
Y es que el Ayuntamiento de Madrid acordó con la Comisión Europea la realización de un estudio ambiental completo de naturaleza y contenido equivalentes a los previstos en la normativa comunitaria para el conjunto de actuaciones de remodelación de la M-30, compromiso que el Ayuntamiento de Madrid "está cumpliendo en los términos acordados". De esta manera, la Comisión no ha impuesto sanción alguna a las autoridades madrileñas en relación con la reforma de la vía, matizaron las mismas fuentes.
Desde el Gobierno municipal se recordó asimismo que, tras este acuerdo con la Comisión, el TSJM ha declarado en dos sentencias que los recursos contencioso administrativos relativos a si los proyectos en principio anulados debían o no haberse sometido a evaluación ambiental "han perdido su finalidad y utilidad, desestimando los recursos interpuestos".
Esta jurisprudencia coincide con el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destacaron desde el Consistorio, que al resolver la cuestión prejudicial afirmó literalmente que una evaluación ambiental formal "puede sustituirse por medidas equivalentes que cumplan las exigencias mínimas" de la normativa ambiental comunitaria, como se acordó en este caso.
Por todo ello, el Gobierno municipal calificó de "sorprendente" que el juzgado 22 haya resuelto "en términos totalmente distintos a lo fallado anteriormente por tres juzgados de Madrid" y, en particular, que "no siga la jurisprudencia establecida por el Tribunal Superior de Justicia en esta materia".
Ecologistas en Acción rechazó hacer valoración alguna sobre la sentencia del Juzgado número 22 aunque adelantó que con ella se da la razón a la entidad ecologistas.
* Madridiario - 28-10-2008 - MDO / E.P.
Foto: Madrid, obras M30 - madridiario.es
Detienen a los alcaldes de Zarra y Bigastro por delitos urbanísticos
+-+ebigastro.com.jpg)
LEVANTE/Valencia* : La Guardia Civil ha detenido esta mañana al alcalde de Zarra, Juan José Rubio, de la agrupación independiente AEPZ, y al primer edil de la localidad alicantina de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya.
La Guardia Civil ha detenido esta mañana al alcalde de Zarra, Juan José Rubio, de la agrupación independiente AEPZ, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.
Agentes de la Guardia Civil han realizado una actuación en el Ayuntamiento de la localidad y han detenido al primer edil municipal, según las mismas fuentes, que no han precisado más detalles sobre la detención.
La detención del alcalde de la localidad valenciana de Zarra, Juan José Rubio, perteneciente a una agrupación independiente, y la de su hijo, detenido en la misma actuación de la Guardia Civil, se debe a presuntos delitos urbanísticos, según informaron a Europa Press fuentes de la Benemérita. En enero de 2006, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana presentó una denuncia en el Juzgado Decano de Requena contra Juan José Rubio y tres concejales socialistas de Zarra por varios delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude y estafa.
A raíz de estas actuaciones, Rubio fue expulsado del PSPV-PSOE, según fuentes socialistas, y formó una agrupación electoral independiente (AEZP), con la que ganó 4 de los siete concejales de Zarra en las elecciones municipales de 2007.
Con la actuación judicial, el fiscal del TSJCV ratificaba la denuncia presentada en diciembre de 2005 por la concejal del PP de Zarra, Rebeca Gozálvez, contra el alcalde tras detectar una serie de irregularidades en las actividades de compraventa de inmuebles llevadas a cabo por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra SL y por la Mercantil Telyzan SL.
El Ministerio Fiscal determinó la existencia de indicios de comisión de delito penal en los hechos investigados y extendió su denuncia, además de al alcalde, a otras siete personas por su presunta implicación en los hechos.
Entre ellos figuraban el hijo de Rubio y administrador único de Telyzan, la secretaria accidental del Ayuntamiento, el arquitecto municipal, un miembro del Consejo de Administración de la empresa de servicios y a tres concejales del Consistorio, dos de los cuales eran, a su vez, miembros del Consejo de Administración de la citada sociedad municipal.
El escrito de denuncia remitido al Juzgado de Requena recogía los hechos documentados por Gozálvez y determinaba que existían indicios racionales de que la adquisición de varios solares por parte de Telyzan fue una "operación urdida para perjudicar al Ayuntamiento de Zarra (al desprenderse de unos bienes cuyo valor económico era muy superior al precio recibido) y beneficiar directamente al hijo del alcalde".
TAMBIÉN EN BIGASTRO
El alcalde de la localidad alicantina de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, ha sido detenido hoy por la Guardia Civil, según han afirmado a EFE fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del propio PSPV-PSOE.
Hasta el momento no ha trascendido el motivo de su detención y, según han añadido las citadas fuentes, la investigación que rodea a este arresto "continua abierta".
Moya es alcalde desde hace 25 años de esta localidad, cuya población no supera los 7.000 habitantes. El secretario-interventor municipal del Ayuntamiento de Bigastro y un empresario han sido detenidos en la misma operación que el alcalde de la población, el socialista José Joaquín Moya, a partir de una investigación por un presunto delito urbanístico. Fuentes cercanas al caso no han concretado a Efe cuáles son los supuestos delitos que se les atribuyen ni las supuestas irregularidades que se investigan en una causa que lleva el juzgado número 3 de Orihuela. Por su parte, la primera teniente de alcalde de Bigastro, Inmaculada Martínez, ha informado a los periodistas de que a las 11.15 horas se personaron en el Ayuntamiento agentes de la Guardia Civil y que trasladaron al alcalde hasta dependencias del instituto armado en Jacarilla (Alicante) para prestar declaración. Tras asegurar que no se ha efectuado ningún registro en el edificio consistorial, ha reiterado que desconoce el motivo de esta actuación policial e, incluso, que Moya haya sido trasladado en calidad de detenido. Además del alcalde, ha relatado que también ha sido igualmente trasladado por la Guardia Civil el secretario-interventor municipal, Antonio Saseta. Martínez ha querido expresar a los vecinos de esta pequeña localidad del sur de Alicante un mensaje de "calma y tranquilidad", a la espera de conocer la situación del alcalde.
* Levante-EMV - Agencias - 28.10.2008
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
Empieza el segundo juicio del 'caso Andratx'
+-+wikimedia.org.jpg)
TERRA/Mallorca* : La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma acoge a partir de hoy la vista oral del segundo juicio del llamado 'caso Andratx', sobre la construcción de un restaurante en un terreno protegido, por parte de Juan Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde de la localidad Eugenio Hidalgo.
En dicho juicio, correspondiente a la pieza separada número 32 del llamado 'caso Andratx', el Ministerio Fiscal acusa al ex alcalde de la localidad Eugenio Hidalgo, a su hermano Juan Carlos Hidalgo y al ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación urbanística, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
El Ministerio Público acusa además al hermano del ex edil, Juan Carlos Hidalgo, de un delito contra la ordenación del territorio.
Juan Carlos Hidalgo construyó un restaurante ampliando una antigua vivienda de 1950, ubicada en una parcela calificada como suelo rústico protegido en un Área Natural de Especial Interés (ANEI).
Según la Fiscalía Anticorrupción, dada dicha protección, era 'imposible autorizar' la construcción de la ampliación del inmueble para hacer posible su cambio de uso de vivienda a restaurante.
También se le acusa de transformar en aparcamiento una zona húmeda de unos 600 metros cuadrados, que se encontraba en una parcela colindante y con idéntico nivel de protección.
Según la Fiscalía, Juan Carlos Hidalgo sabía que se trataba de terrenos protegidos cuando los adquirió, pero él y su hermano, el alcalde Eugenio Hidalgo, convencieron al que era jefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, 'para que realizase cuantos actos administrativos fueron necesarios o convenientes aunque fuesen ilegales' para poder realizar 'las obras ilegales que proyectaba'.
La falsificación de la calificación del suelo, de rústico a zona general turístico residencial, fue llevada a cabo por Massot, mediante documentos oficiales redactados en enero y febrero de 2001, y enero de 2002, que dieron lugar a posteriores licencias de construcción también irregulares.
Por todos estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de acusación ocho años de prisión para Jaume Massot, seis y medio para Juan Carlos Hidalgo y ocho para Eugenio Hidalgo; además de la demolición de lo construido.
El Ministerio Público pide también que, con la apertura de juicio oral, se requiera a los acusados que presenten una fianza para asegurar el pago de sus responsabilidades, que sería de 97.000 euros para Jaume Massot, 188.000 para Juan Carlos Hidalgo, y 97.000 para Eugenio Hidalgo.
El Ayuntamiento de Andratx está personado como acusación particular en este proceso.
En la primera pieza del caso Andratx, referida a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos en un terreno propiedad del ex alcalde Eugenio Hidalgo considerado área protegida, y cuya vista se celebró entre el 5 y el 8 de mayo pasados, la misma sección de la Audiencia Provincial ya condenó al ex edil a cuatro años de cárcel.
La sentencia también condenó a tres años y seis meses al ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear Jaume Massot, a un año al ex asesor legal del Ayuntamiento Ignacio Mir, y a cuatro meses el ex celador municipal Jaume Gibert.
* Terra Actualidad - EFE - 28.10.2008
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
El fiscal mantiene la acusación contra el ex alcalde de Benalmádena al entender que dio una licencia "ilegal"
.jpg)
METRO* : La Fiscalía de Málaga mantuvo hoy la acusación contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Benalmádena Enrique Bolín por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que concedió una licencia en la zona de La Leala "a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística".
La fiscal sostuvo la petición de ocho años de inhabilitación y multa de 16.200 euros, según la defensa de Bolín, que pidió la libre absolución del ex regidor, quien aseguró al final de la vista que actuó "correctamente" y no ha cometido "ningún delito". El juicio quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 7 de la capital.
Para la representante de la acusación pública, "se construyó en suelo no permitido" y se cambiaron los usos "para una mayor densidad" en una operación en la que "se tenía que haber seguido un orden riguroso", según dijo, y en la que Bolín "omitió los trámites necesarios a sabiendas de que no podía ser modificado el planteamiento general".
Asimismo, dijo que el acusado "aprobó los decretos con informes contrarios de los técnicos" y precisó que "es posterior a la concesión de la licencia cuando se hizo la modificación de elementos necesaria", por lo que aseguró que "no se puede presumir buena fe" en el acusado.
Por su parte, la defensa aseguró que el suelo era urbanizable y que la licencia "no es ni injusta, porque el acto administrativo está legalizado, ni arbitraria ni se dio a sabiendas de su injusticia", al tiempo que insistió en que el Ayuntamiento era competente para modificar los parámetros urbanísticos.
El letrado explicó que había un desfase en superficie de la parcela de unos particulares y se le iba a dar un uso diferente para las vías del tren, por lo que se firmó un convenio "con el que se pretendía compensar esos usos". Además, señaló que la operación fue "amparada por el pleno y los informes técnicos" y dijo que en todo caso pudo haber "un desfase procedimental administrativo", pero no un delito.
Bolín, en su derecho a la última palabra, explicó que "había la necesidad imperiosa de obtener unos terrenos para el ferrocarril y por eso se firmó el convenio y se llevó a pleno y al equipo redactor para que se modificaran los elementos, "pero no se hacía", indicó el regidor, quien apuntó que "no podía evitar dar la licencia porque era un beneficio muy grande para el pueblo".
Negó que la operación supusiera un aumento de la edificabilidad y recordó que la licencia no fue impugnada inicialmente por la Junta de Andalucía, sino que se denunció por el PSOE dos años después, cuando ya está la obra. Además, indicó que cuando se recibió la orden de suspensión del acto administrativo "paralicé las obras", por lo que consideró que actuó "correctamente y no he cometido ningún delito".
* Diario Metro - Europa Press - 27.10.2008
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
La dimensión de la burbuja: 4 millones de pisos, 4 años, 877.000 millones de euros
COTIZALIA* : Construir casi cuatro millones de viviendas nuevas entre 2003 y 2007 ha costado 562.000 millones de euros, pero los españoles han pagado por ellas 877.000 millones de euros, 315.000 millones de euros más. ¿Dónde ha ido a parar la diferencia?, se pregunta Ricardo Vergés, arquitecto y economista en un reciente estudio publicado por El Observatorio Inmobiliario y de la Construcción titulado El ladrillo no es desarrollo.
Vergés sostiene que buena parte del dinero que han adquirido entidades españolas a los demás bancos en el interbancario de Fránkfurt (algo que, según él, “no debería haber sucedido”) ha servido para financiar el boom inmobiliario español. Concretamente, entre 2003 y 2007, lo que él denomina “el último auge de la era inmobiliaria” dicha liquidez ha pasado de 78.000 a 428.000 millones de euros, según el FMI.
Esta cifra, según sus cálculos, representa aproximadamente un 75% de los costes de producción residencial incluyendo honorarios, salarios, e impuestos directos de la actividad inmobiliaria entre 2003 y 2007, según las Cuentas Nacionales. Dichos costes ascienden a 562.000 millones. Sin embargo, son muchos más (877.000) los millones de euros que los compradores de los 3,94 millones de viviendas nuevas promovidas durante dicho periodo han debido pagar por ellas (en promedio 223.000 euros por unidad). “No se tienen noticias de dónde ha ido a parar la diferencia de 315.000 millones en excedentes de explotación o beneficios netos (eso sí, impuestos deducidos)”, cuestiona.
“Lo primero para Europa ha sido cerrar la ventana abierta en 2003, por la que se colaba la corriente interbancaria de 350.000 millones que han financiado buena parte de las obras de más de cuatro millones de viviendas. Cosa hecha a finales de 2006 al descubrir la magnitud de los hechos. Acto seguido caen inmobiliarias, constructoras y entidades que contaban con la perennidad del fabuloso negocio que, según Cuentas Nacionales, les traían otros tantos beneficios. Caen también los visados mientras se acumulan los invendidos. Todo ello desinfla la actividad, el consumo, la confianza y la abundancia de dinero, antes mismo de empezar a hablar de subprimes”, explica Vergés.
El esfuerzo inversor en nueva vivienda en España es 4,5 veces más intenso que en EEUU
Es precisamente al comparar la evolución del mercado inmobiliario de EEUU con el de España cuando se pone de manifiesto la dimensión de la burbuja propia. “Los EEUU nunca llegaron a construir más de 9 viviendas por mil habitantes y siempre las vendieron a precios equivalentes, como mucho a 3,5 rentas familiares medias”, afirma. En España, se han llegado a alcanzar las 22 nuevas viviendas por mil habitantes, vendidas a precios que todavía superan las 6,5 rentas familiares medias. “O sea que en los últimos años, el esfuerzo inversor en nueva vivienda en España ha llegado a ser cuatro veces y media más intenso que en EEUU”.
El presente estudio depara más sorpresas, como el hecho de que en los mismos cinco últimos años se han contratado 8,4 millones de hipotecas, de las cuales menos de seis millones son hipotecas de origen y el resto refinanciaciones sin incremento de capital. “El modelo QDAM de endeudamiento estima que la deuda por cuotas (principal más intereses) de 1,56 billones que los hipotecados de 2003 a 2007 tenían que devolver sobre el papel, asciende ya a 1,86 billones a causa de la refinanciación solicitada entretanto. En efecto, ésta se ha disparado en los dos últimos años, posponiendo el principal y alargando el calendario de amortización y por tanto los intereses, de modo que el importe pendiente no cesa de aumentar”, estima. Dicho de otro modo, y utilizando su propia terminología: vamos a tener esclavitud por deuda (debt slavery) para rato.
“El bosque de la crisis mundial nos oculta los árboles de nuestra propia crisis. Ciertamente, cuando Wall Street se resfría, los demás mercados estornudan. El problema es que España no tiene un resfriado, sino una pulmonía crónica y que el pronóstico no es halagüeño: cada vez se nos hace más difícil respirar”, concluye.
* Cotizalia - Fátima Martín - 27/10/2008
Foto: Burbuja inmobiliaria - cotizalia.com
Ladrillazo al ex alcalde de Alicante
INTERVIÚ* : Luis Díaz Alperi dimitió por sorpresa como alcalde de Alicante cuando estalló el ‘caso Riviera’, una gigantesca estafa inmobiliaria que por un montante superior a los 60 millones de euros afecta a 1.000 familias que invirtieron sus ahorros en la compra de pisos en Alicante, Murcia, Málaga y Granada.
Cuando dimitió después de 13 años en el cargo el alcalde, Luis Díaz Alperi, todavía parlamentario autonómico del PP, no dio explicación alguna. Cedió su bastón de mando a su concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, y enmudeció. Claude Roch, primogénito del clan Tabarot, una familia de políticos de la UMP, el partido de Nicolás Sarkozy, había sido detenido la noche antes en el aeropuerto de Alicante cuando se disponía a volar en un jet privado a Marruecos con un selecto grupo de directivos de su inmobiliaria Riviera Coast. Gracias al Ayuntamiento de Alicante, que dirigía Díaz Alperi, esta empresa construyó su lujosa sede en el antiguo Liceo Francés: sin permiso de obras, sin licencia, tras una inspección de la policía municipal que denunció las irregularidades urbanísticas y sobre suelo de uso escolar. ¿Como lo consiguió?
Documentos que obran en poder de interviú confirman que Claude Roch Tabarot logró lo imposible en el Ayuntamiento durante el mandato de Díaz Alperi. Cuando la prensa, algunos vecinos y la oposición municipal habían denunciado que una inmobiliaria edificaba su sede en el antiguo Liceo Francés, todo fueron silencios. “Se hizo la vista gorda, ahora nos lo explicamos todo”, dice el abogado de los afectados, José Luis Escobar.
Según esta documentación, el 26 de marzo de 2007, la inmobiliaria solicita licencia para acondicionar el interior del Liceo Francés y ubicar allí la Fundación Riviera, una presunta tapadera con la que se concederían becas a jóvenes tenistas para poder practicar su deporte, junto con la sede social del Club G-7. La realidad es que se construyó allí la inmobiliaria. “Hemos comprobado en la contabilidad que la Fundación sólo movió 2.500 euros y los afectados nos dicen que las dos plantas de su sede siempre estaban vacías”, señala Escobar.
Las obras además poseían mayor calado. Se cambió la fachada, se colocó un letrero luminoso con el nombre de la inmobiliaria y sobre el patio del colegio y las pistas deportivas se iba a hacer un aparcamiento. “Se levantó un acta de disciplina urbanística, la policía municipal se personó y constató las irregularidades”, confirma la concejala socialista Loles Fernández, “pero todos ignorábamos quiénes eran los que estaban detrás de Riviera Coast, sólo sabíamos que se estaba mirando para otro lado”.
El 21 de agosto de 2007 (ver documentos en página anterior) los técnicos municipales deniegan al Grupo Riviera el permiso de obra mayor para ubicar la sede de su inmobiliaria en el suelo escolar del Liceo Francés. Cuatro meses después se desestima su recurso de reposición, pero la inmobiliaria sigue adelante. Ni se paralizan las obras ni se cierran las oficinas ni se expedienta o multa a sus propietarios. ¿Quiénes eran los influyentes y poderosos empresarios que se escondían tras el Grupo Riviera?
El mes pasado lo supieron. El 11 de septiembre, a las 21.00 horas, la cúpula de Riviera Coast era detenida en el aeropuerto de Alicante. Toda la prensa del día siguiente anunciaba el escándalo. A las 16.00 horas, dimitía por sorpresa el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP), y los afectados creen que no es mera casualidad: “Antiguos empleados nos aseguran que el Liceo Francés estaba ligado al patriarca Robert Tabarot pero lo más relevante es que el suelo dotacional de un colegio se transformó de súbito en edificio de oficinas. A un particular jamás le dejarían y le paralizarían las obras. Pero el ayuntamiento que presidía Alperi lo aprobó. Su actividad era prácticamente nula y el negocio, redondo. Y al venirse todo al suelo y estallar el caso con las detenciones, no era difícil prever lo que se avecinaba”.
La alcaldesa y el concejal
Una fotografía de un sonriente Nicolas Sarkozy posando junto a ella preside el despacho de la alcaldesa de Le Cannet y diputada en París, Michèlle Tabarot. Su hermano Philippe es concejal en Cannes también por la UMP, aunque en la oposición. Y el primogénito, Claude Roch, está a la espera de juicio tras pasar por prisión, dictada desde la Audiencia Nacional por el caso Riviera. El padre, Robert Tabarot, un ex boxeador (peso medio y medio-pesado) que dirigió la OAS –grupo de extrema derecha que reivindicaba Argelia como colonia de Francia– vive en Alicante y allí nació su hija Michèlle. Un grupo cerrado, muy pétreo, que se reúne en secreto y sigue un supersticioso ritual antes de cada cita electoral para planificarla como si fuera un combate de boxeo, según desveló el semanario L’Express cuando ella accedió la última vez al cargo. En Francia se les considera un clan, pero sólo en el plano político.
El problema ha surgido cuando han saltado a los negocios. El juez Santiago Pedraz y la Brigada de Delitos Económicos investigan cómo pudo Claude Roch Tabarot arruinar a más de mil familias españolas en más de 60 millones de euros. Pero la fórmula es la de siempre: un extraordinario poder de seducción con la política como telón de fondo y un lujo ostentoso. Coches de alta gama –un Porsche adquirido por leasing–, relojes de 6.000 euros que cambian de mano, restaurantes lujosos, nombres famosos como reclamo... Pero en esta ocasión, a las celebridades del deporte o el espectáculo se les unía como novedad las de la política.
Porque las relaciones de los Tabarot alcanzan la alta esfera pública, la cima del mundo. En la empresa inmobiliaria Aglabahía, de la que Claude Roch es administrador, figura como socio Cossington Consultants Limited, domiciliada en Gibraltar. Su accionista principal es la empresa Valmet Nominees Limited, a la que el diario The New York Times ha relacionado con el blanqueo de 15 millones de dólares a través del Banco de Nueva York y procedentes de la venta de titanio ruso y petróleo siberiano por parte de Roman Abramovich, el magnate ruso afincado en Londres propietario del Chelsea F.C. El diario vinculó también con Valmet a Konstantin Kagalovski, ex representante de Rusia en el Fondo Monetario Internacional (FMI), y ambas operaciones están siendo investigadas por jueces de Estados Unidos y Suiza.
Y es que el clan al que pertenece Claude Roch además “presumía de sus altos contactos políticos, de su hermana diputada y de la cercanía al presidente francés”, señala el abogado José Luis Escobar. Así lograron embaucar a sus inversores, pero hoy todo se ha venido abajo.
En la sección de Toulon de la Liga de los Derechos Humanos (LDH) consta la ficha del patriarca, Robert Tabarot, con varias fotografías: alias Rocher, ex boxeador, creó con Athanase Tassou Georgopoulos la división en Orán de la OAS argelina, “que no vaciló en asesinar a soldados franceses”. Cuando se produjo la descolonización, se estableció en Alicante, donde montó una pizzería. Por eso en esta ciudad española nació Michèlle Tabarot y a Claude Roch con sus contactos y su ostentoso lujo no le fue demasiado difícil acceder a numerosos negocios en la costa de la comunidad valenciana: terrenos alrededor de Terra Mítica, presidente del Casino Costa Blanca de Villajoyosa, hundimiento de la constructora Cleop...
Benidorm y Le Cannet han estado hermanados como pueblos y a los contactos de los Tabarot se les atribuye otra gestión de altura: Claude Roch logró que Severiano Ballesteros, Miguel Induráin y Norma Duval fueran vecinos del complejo de lujo Golf Bahía, para que hiciesen de reclamo hacia otros inversionistas. Pero ya se veía que a Claude Roch le gustaba más el dinero que los ladrillos: la constructora quebró y las viviendas tuvieron que ser terminadas por otra empresa. A sus hermanos también les gusta el glamur y rodearse de famosos para sus aventuras políticas: en sus páginas webs respectivas la alcaldesa Michèlle figura en una fotografía con el futbolista Zidane y el concejal con una bella Miss Francia. Michèlle Tabarot, la que posee un mayor ascendente sobre Sarkozy, también es diputada en la Asamblea Nacional.
El abogado de los afectados, José Luis Escobar, denuncia a interviú que el dinero defraudado pudo evadirse a Marruecos, pues en Marraquech se estableció Riviera Coast Marroc y allí viajaba Claude Roch Tabarot momentos antes de ser detenido y encarcelado junto a su mano derecha, Francisco Fernández Fernández; el director financiero, Luis César Dávalos Coronati; el responsable de construcción, José Antonio Quesada Cordón; el asesor de comunicación, Germán Piñeiro Vázquez, y la abogada Sonsoles Sánchez Albiñana. Todos fueron puestos finalmente en libertad por el juez Grande Marlaska, al encontrarse el titular, Santiago Pedraz, fuera de Madrid. Pero sus pasaportes están retenidos y tienen obligación de presentarse ante el juez. Y es que sus deudas se acumulan: deben doce millones a diferentes bancos y ocho figuran en el Registro de Aceptaciones Impagadas. “Gastaban un millón de euros al año en publicidad”, señala Escobar.
Al inspeccionar las cuentas, los afectados han encontrado que Riviera Coast como matriz y sus cuatro filiales alquilaron un enorme edificio en la madrileña calle José Abascal por 60.000 euros mensuales e invirtieron un millón en su decoración. Hoy sólo quedan pagarés falsos, letras devueltas y un montón de deudas.
* Interviú - Federico UTRERA - 13.10.2008
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
