SUR/Málaga* : La mayoría se desplazará apenas unos metros, aunque alguno deberá acometer un traslado de mayor relevancia. Una quincena de chiringuitos del municipio tendrán que cambiar su ubicación actual para ajustarse a la ley. Constituyen la mitad de los establecimientos de playa que se encuentra en dominio público a lo largo del litoral marbellí, cuya solicitud de concesión será remitida la próxima semana por el Ayuntamiento a la Demarcación de Costas en Málaga.
La tramitación supone el primer paso para la regularización de estos chiringuitos, después de multitud de reuniones mantenidas por el equipo de Gobierno con Costas y los representantes del sector en la ciudad, según explicó ayer el concejal de Playas, Antonio Espada. El edil destacó que el objetivo es solventar la inseguridad jurídica de los chiringuitos en el litoral marbellí.
Las solicitudes incluyen un proyecto básico elaborado por cada uno de los propietarios de los 30 establecimientos de playa, así como un estudio financiero, y se presentarán ante el órgano estatal con sede en Málaga de manera independiente para que no se paralice, en el caso de existir algún problema, la tramitación de las concesiones del resto de chiringuitos. La documentación será remitida a la Dirección General de Costas, que deberá otorgar una concesión cuyo plazo, según el acuerdo de las partes implicadas, será de 15 años prorrogables en tres periodos de un lustro hasta llegar a los 30 años.
Reubicación
De la treintena de chiringuitos afectados por la nueva normativa, catorce quedarán adosados al paseo marítimo de Marbella. Entre ellos, nueve de los quince que deberán mudar su ubicación. Los otros seis traslados no se harán con objeto de establecerse junto al paseo, pero también se situarán completamente fuera de la franja protegida por la Ley de Costas.
Los cambios en su enclave no serán los únicos que sufrirán los chiringuitos del municipio. Para cumplir con la norma, los 62 negocios de playa repartidos en los 27 kilómetros de costa de Marbella deberán reducir su superficie hasta un máximo de 150 metros cuadrados que contempla la ley. Posteriormente cabe la posibilidad de que los establecimientos soliciten una autorización para instalar un terraza de hasta 100 metros cuadrados.
En la actualidad, todos los chiringuitos de la ciudad incumplen estas directrices y superan las medidas establecidas, según indicó Espada, que resaltó que el Ayuntamiento será «muy intransigente» en relación con la superficie que ocuparán los negocios, de cara a que se ajusten a la normativa. En este sentido, advirtió que su incumplimiento acarreará la retirada de la concesión.
El concejal de Playas señaló que una vez que la Dirección de Costas apruebe las concesiones, los propietarios deberán presentar ante el Ayuntamiento el proyecto de ejecución para obtener la licencia de explotación. El edil indicó que el Ejecutivo local confía en que las concesiones se otorguen en noviembre, de manera que exista el suficiente margen de tiempo para acometer las obras en los chiringuitos antes del inicio de la temporada estival de 2010.
Otros chiringuitos
La tramitación no afecta al resto de establecimientos de playa distribuidos por el litoral marbellí. En suelo municipal se levantan 14 de ellos, mientras que la situación de los 17 restantes es transitoria, dado que inicialmente se ubicaban también en terrenos municipales y ahora ocupan zona de dominio público tras la aprobación de los nuevos límites de la franja marítimo-terrestre protegida por la ley. El Ayuntamiento solicitó a Costas el pasado mes de marzo la homologación de estos chiringuitos, que obtendrán concesiones de 30 años prorrogables por el mismo periodo de tiempo.
Espada resaltó la necesidad de regularizar la situación de todos los negocios de playa del municipio, no sólo para dotar de seguridad jurídica a los mismos, sino también para «despejar el temor» de los empresarios de un sector que, según el edil, genera 1.300 puestos de trabajo directos.
El concejal elogió la «marcha atrás» por parte del Gobierno en su iniciativa de sacar a estos establecimientos de la arena. «No se entenderían las playas sin chiringuitos», apuntó Espada, que afirmó que este tipo de negocios prestan un «servicio público» a residentes y turistas, especialmente en Marbella, que, a juicio del edil, es «el balneario de Europa».
En este sentido, recordó que el posicionamiento del Ejecutivo local «siempre ha sido mantener los chiringuitos en la arena, puesto que somos una ciudad que vive del turismo y su presencia nos proporciona un desarrollo económico y social de primer orden».
* SUR - 21.08.09 -
HUGO SIMÓN
Foto: El chiringuito de la playa de El Cable será uno de los que deberán desplazarse hasta quedar adosados al futuro paseo marítimo. /JOSELE-LANZA, diariosur.es
Marbella: Quince chiringuitos situados en dominio público se trasladarán para ajustarse a la ley
Ronda: Marín declara como imputado por un presunto delito urbanístico
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LAOPINIÓN/Málaga* : El alcalde de Ronda (el ex andalucista y ahora militante del PSOE), Antonio Marín, declaró ayer en calidad de imputado en el Juzgado número 3 de Ronda por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación, por permitir el Ayuntamiento la edificación de una nave agrícola en la Hoya del Tajo, en suelo no urbanizable y de especial protección ambiental.
Ecologistas en Acción puso en conocimiento de la Policía Autonómica en el año 2006 la existencia de esta edificación, que a su vez remitió un informe a la Fiscalía de Málaga, organismo que tras analizar el expediente pidió al juzgado rondeño la apertura de este caso, al entender que se ha vulnerado la ley urbanística, ya que la zona donde se levanta el inmueble está catalogada como PI5.
También acudió ayer a declarar ante el juez el propietario de la construcción denunciada, A.F.D.R., afirmando su abogado que edificó la nave en la seguridad de que tenía todos los permisos y dentro de la legalidad.
Mientras, el alcalde en su declaración eludió cualquier tipo de vinculación con este asunto, argumentando que el acuerdo para realizar estas obras "no se ajusta en modo alguno a la legalidad en cuanto a procedimiento reglado administrativo" e indicó que todas las competencias en materia urbanística estaban en esa fecha en manos del entonces delegado municipal de Obras, el popular José Herrera, quien posteriormente salió del equipo de Gobierno al romperse el pacto entre PA y PP.
Incluso, en otra parte de su declaración llega a decir que Herrera incumplió de forma reiterada su obligación de informar al alcalde sobre todos los decretos que emitía y que por ello "se tuvo que precintar el despacho del citado delegado (de Obras), llegando incluso a acordar la expulsión del Ayuntamiento ante la posible sustracción y destrucción de documentos".
Antonio Marín también acusó al jefe del Servicio de Obras y Urbanismo, Lázaro Valderrama, de no haber advertido a los concejales que formaban parte de la Comisión Informativa de Obras celebrada el 26 de julio de 2006 sobre la posible ilegalidad de la nave agrícola, de 56 metros cuadrados, ya que aunque era su obligación, "no lo hizo, puesto que parte de los concejales no son juristas y no entienden de esas materias".
No obstante, los ecologistas mantienen que tanto ellos como la Junta de Andalucía advirtieron por escrito a Marín de la existencia de la construcción denunciada, a lo que el regidor respondió que nunca tuvo conocimiento de estas comunicaciones, ya que la documentación referente a Obras se derivaba directamente a ese departamento.
El regidor abandonó de manera precipitada las dependencias judiciales por la puerta trasera, con la intención de evitar que las cámaras de los fotógrafos recogiesen el momento se su salida del Palacio de Justicia, por lo que no realizó ninguna declaración.
Mientras, su abogado dijo a los periodistas que hoy mismo pediría el archivo de la causa contra su defendido, al considerar que no se le puede relacionar con esta construcción, ya que toda la gestión urbanística era responsabilidad de Herrera.
El abogado de los ecologistas anunció que en los próximos días serán citados a declarar igualmente el entonces delegado de Obras y Urbanismo, así como todos los concejales que participaron en la comisión informativa de Obras donde se autorizó el proyecto de la nave agrícola en el Tajo.
* La Opinión de Málaga - BLAS GIL - 21.08.09
Foto: Ronda (Málaga), ayuntamiento - andaluciaimagen.com
El TS cambia su doctrina y rechaza dar licencias en los planes anulados
ATLÁNTICO* : El Tribunal Supremo acaba de emitir una sentencia sobre los planes de urbanismo y otros, como especiales o parciales, que tendrá repercusión en ciudades como Vigo. El alto tribunal advierte de que los ayuntamientos no pueden dar nuevas licencias sin más cuando hay un plan anulado por un tribunal amparándose en que la sentencia no es firme. Esto ha ocurrido de forma reiterada en Vigo con distintas actuaciones anuladas por el Tribunal de Galicia, como Finca do Conde y otros, donde el Concello decidió dar permisos municipales de primera ocupación y apertura tras recurrir en casación el fallo, que, como se esperaba, finalmente fue confirmado por el Tribunal Supremo, lo que ha provocado un serio problema todavía por resolver.
Lo cierto es que una sentencia de la sala de lo Contencioso dictada el 26 de junio de 2’ viene a poner un cierto orden y a esclarecer los límites de los ayuntamientos a la hora de dar licencias. Sustancialmente el Supremo afirma que una resolución anulatoria de un Plan General (y todavía más cuando se anulan planes parciales o estudios de detalle), aunque no sea firme, no puede desconocerse en su eficacia respecto de las partes afectadas, de forma que el plan parcial que desarrolla el Plan General resulta inválido. Hasta ahora, para el ayuntamiento recurrente, o para una entidad particular, una sentencia que anula un Plan General u otros inferiores no existe mientras no adquiera fuerza, que es lo que viene a echar abajo el Supremo. La argumentación del alto tribunal, como explica la página especializada ‘Fiscalización. com’, es lógica: ‘No puede un ayuntamiento que fue parte en el litigio que desembocó en la sentencia anulatoria escudarse en tal pendencia de firmerza, pues las sentencias de mera anulación surtirían efectos para las partes sin necesidad de firmeza ni de la publicación oficial de su anulación y pérdida de vigencia’. Con ello, sí podrían acogerse en la falta de firmeza los terceros inocentes que no fueron parte en el proceso que se ultimó con la sentencia anulatoria del Plan, pero nunca la Administración que a sabiendas de tal anulación se embarca en un proceso ante el Tribunal Supremo que, en realidad, sabe que consiste en una maniobra dilatoria, para ganar tiempo. Según señala ‘ Fiscalización.com’, esta sentencia tendría que ser tomada en cuenta por los alcaldes para así dejar de plantear recursos de casación frente a sentencia anulatorias de reglamentos o planeamiento para ‘mantener la paz de su mandato’. Por tanto, ante una sentencia de este calibre, tendrían que paralizar el desarrollo del Plan General.
* Atlántico Digital - 18-08-2009
