IDEAL/Granada* : El mapa de los puntos negros del ladrillo tuvo el año pasado 75 lunares repartidos por toda la provincia. La Delegación de Vivienda y Urbanismo de la Junta abrió a lo largo de 2008 un total de 162 expedientes por supuestas irregularidades urbanísticas en 75 municipios, prácticamente media provincia.
Las denuncias parten de los agentes del Seprona, de particulares, de los propios ayuntamientos o del equipo de inspectores que tiene la Junta en Urbanismo y Medio Ambiente. Muchas de ellas terminarán en los juzgados, en pleitos que durarán años.
Aunque hay casos de envergadura -promociones con decenas de viviendas-, la mayoría de los expedientes se originan por aparentes menudencias: la recurrente casa de aperos que se convierte en chalé de lujo.
Todas estas agresiones van esquilmando el territorio con desmontes ilegales y ocupación de zonas verdes y terrenos protegidos. Entre los 162 expedientes hay edificaciones ilegales en polígonos industriales, supuestas naves agrícolas que superan en metros construidos el 50% de la licencia, obras que han ocupado ramblas o espacios protegidos, otras que invaden el dominio público y movimientos de tierra sin autorizar.
Pero también hay una gran cantidad viviendas con licencia o ya construidas sobre las que ahora planea un futuro incierto. En total, 698. Un número que en realidad es muy superior, ya que muchas de las actuaciones recurridas lo que pretenden es urbanizar terrenos para edificar encima.
A efectos numéricos, los municipios que acumulan más expedientes son Benalúa (9), Almuñécar (8), Órgiva (7), Atarfe (6) y Loja (7). Aunque estas estadísticas no se corresponden necesariamente con la magnitud.
Salobreña tuvo el año pasado 5 denuncias, pero con relevancia. Uno de los proyectos afecta a la construcción de 40 viviendas residenciales en el Monte de los Almendros y otro a una promoción de 192 pisos y garajes.
En la Costa
La operación más ambiciosa de las que figuran en las estadísticas de Urbanismo se localiza en Gualchos. Uno de los expedientes abiertos por la Delegación de Vivienda -todavía en tramitación en Sevilla- afecta a la concesión de licencia para 72 viviendas repartidas en tres bloques, 30 adosadas y 67 plurifamiliares en Castell con aparcamientos.
En Almuñécar hay una denuncia del Seprona por la edificación de 15 unifamiliares en Cotobro, un expediente por la construcción de un residencial en el camino de Río Seco sin ajustarse supuestamente al planeamiento y un convenio urbanístico afectado por posibles irregularidades.
La práctica totalidad de los expedientes están aún a expensas de lo que decida la Dirección General de Ordenación del Territorio. 28 denuncias se encuentran en tramitación y hay un caso con diligencias abiertas en el juzgado número 6 de Granada, que investiga las supuestas irregularidades en un residencial de Atarfe donde presuntamente no se ha respetado su uso original, destinado a mayores de sesenta años y minusválidos.
* Ideal - QUICO CHIRINO - 5.02.09
Foto: Los inspectores intentan frenar los desmanes urbanísticos. /IDEAL
Las irregularidades urbanísticas salpican a media provincia
Detenidos el alcalde de Castro y el concejal de Obras por supuestos delitos urbanísticos
ELCORREO/Cantabria* : Castro Urdiales se despertó ayer con la enésima vuelta de tuerca en la investigación judicial abierta sobre supuestas irregularidades en la gestión urbanística que sacude al municipio. El alcalde, Fernando Muguruza, y su antecesor y actual edil de Obras y Servicios, Rufino Díaz Helguera, fueron arrestados por la Guardia Civil por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos.
El regidor -antiguo militante del Partido Regionalista de Cantabria y tránsfuga desde 2007-, está imputado en otras ocho causas, pero nunca hasta ayer había sido detenido. En esta ocasión, los cargos que pesan sobre el primer edil y su socio de gobierno -expulsado del PSOE y que formó el partido Acuerdo por Castro- están relacionados con su decisión de permitir la construcción de varias urbanizaciones sobre un arroyo, según informaron fuentes de la investigación.
Ambos políticos fueron puestos en libertad con cargos tras declarar durante dos horas. No obstante, se prevé que, tras revisar el atestado policial, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 les haga comparecer en las próximas horas.
Tanto Muguruza como Díaz Helguera tuvieron que aclarar diversos aspectos técnicos sobre la gestión de la zona de Santa Catalina, donde al menos tres urbanizaciones han quedado en entredicho. Y eso que todas contaron con las preceptivas licencias municipales. En este sentido, el magistrado entiende que fueron levantadas sobre terrenos considerados de dominio público hidráulico sin advertir de ello a los compradores.
Ante la situación que le tocó vivir ayer, el alcalde aclaró que tiene «la conciencia tranquila» al haber actuado «siempre conforme a lo que se me ha indicado desde los servicios técnicos y jurídicos». «Y siempre con la intención de hacer las cosas bien por mi pueblo». Además, Muguruza se declaró «inocente».
El regidor también adelantó que no dimitirá «bajo ningún concepto». «No he hecho absolutamente nada digno de vergüenza. El dar un paso atrás sería añadir un daño nuevo a todas las injusticias que ya estoy sufriendo», apuntó. Ahora bien, «si mis compañeros de equipo -Acuerdo por Castro y PP- deciden que es conveniente dar paso a una nueva situación política, con que ellos me lo pidan, lo haría. Pero no deberíamos hacer cambios», añadió.
«Vergüenza» vecinal
Casi acostumbrados a la espiral de detenciones e imputaciones a los políticos locales desde el pasado mes de marzo, los vecinos de la localidad se movían ayer entre la «vergüenza» y la «decepción». Y es que la investigación ha condicionado la vida municipal en muchos aspectos y ha empañado la imagen de Castro. Muchos se preguntan si, con tantos asuntos judiciales pendientes, los ediles tienen tiempo de preocuparse de los auténticos problemas locales.
La detención de dos promotores a principios de diciembre destapó la investigación judicial que se desarrollaba por el proyecto urbanístico en Santa Catalina. Los arrestados eran responsables de la construcción de una promoción de 53 viviendas, llamada 'Boulevard' y levantada por la empresa Urdicam. En esa operación también fueron detenidos los dos arquitectos de la firma, aunque luego quedaron en libertad. A los cuatro se les acusaba de haber construido el inmueble sobre un arroyo. Una treintena de familias, que ya habían firmado las escrituras, resultaron afectadas.
Apenas unos días después, la Guardia Civil arrestaba al ingeniero de caminos de Dirsur, F.J.L., empresa contratada por el Ayuntamiento en la pasada legislatura para elaborar el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana. También apresó al ex arquitecto municipal Pedro Restegui, a éste por segunda vez. Al parecer, ambos técnicos realizaron una modificación en el plan parcial que afectaba a la zona de Santa Catalina, donde se levantó el edificio 'Boulevard'.
Pronto la Policía Judicial amplió sus pesquisas a otras dos promociones próximas al inmueble, 'Paraíso XIX' y 'Santa Catalina', que estarían asentadas sobre el mismo arroyo. Los dos responsables de la empresa Viviendas y Promociones Cotolino declararon la semana pasada por un supuesto delito de estafa y otro contra la ordenación del territorio.
Hubo una tercera persona citada que desempeña el cargo de gerente de Inmobiliaria Izarra-Promociones Paraíso. Y, por idéntico motivo, es objeto de la investigación abierta en relación a la promoción 'Paraíso XIX', aún en construcción, aunque no vendió ninguno de los 21 pisos previstos.
* EL Correo Digital - SONSOLES ZUBELDIA - 5.02.2009
Foto: Castro Urdiales - wikipedia.org
El Tribunal Superior ordena demoler una casa de la asesora de Urbanismo de Nigrán
LAVOZDEGALICIA/Vigo* : La funcionaria que se encarga en Nigrán de velar por la legalidad de los asuntos de materia urbanística posee una vivienda construida de manera irregular sobre la que pesa una sentencia firme de derribo desde el pasado mes de octubre.
La asesora jurídica del departamento de Urbanismo, María del Carmen Iglesias Rial, y miembros de su familia construyeron un bloque de tres viviendas adosadas cerca de los arenales de Praia América, en San Pedro de A Ramallosa, conforme a una licencia que fue mal concedida por el Ayuntamiento porque no respetó el requisito de parcela mínima estipulado en las normas subsidiarias de planeamiento.
Las viviendas fueron levantadas sobre un solar de 603 metros cuadrados cuando hubieran sido necesarios al menos 1.200 metros (400 por vivienda) para ajustarse a la legalidad, según corrobora otro informe de disciplina urbanística de la Xunta de Galicia.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado un recurso de apelación que fue interpuesto por el Concello de Nigrán y los interesados -María del Carmen Iglesias Rial y dos cuñados de esta funcionaria- contra la primera sentencia dictada el 30 de diciembre del 2004 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo.
Dicho fallo judicial anuló la licencia por ser contraria a la normativa urbanística vigente y condenó al Ayuntamiento a demoler la edificación por incumplir la parcela mínima prevista en la ordenanza 6 del planeamiento de Nigrán.
Propuesta
Los familiares de la asesora urbanística de Nigrán han presentado una propuesta para intentar no destruir la edificación, consistente en convertir las tres viviendas adosadas en una sola. Su abogado manifestó ayer que lo ilegal son las tres viviendas, pero que se podría mantener la edificación porque consideran que no es contraria al planeamiento.
Se amparan en un apartado del último fallo judicial en el que se expresa que, anulada la licencia, se impone la orden de demolición, «sin perjuicio de que el promotor pueda promover la obtención de una nueva licencia para una única vivienda, acreditando el cumplimiento de los parámetros urbanísticos, lo que tal vez permita el aprovechamiento de lo edificado».
Para la funcionaria María del Carmen Iglesias Rial, el origen del problema es un error en la redacción de las normas de planeamiento, puesto que en la unidad de actuación donde está su vivienda se omitió la excepcionalidad del requisito de parcela mínima presente en el resto de los ámbitos.
Los propietarios de la vivienda podrían pedir una indemnización al Concello si finalmente tuvieran que llevar a cabo las obras de demolición para ajustarse a la legalidad.
Sin embargo, existe otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, a raíz de la denuncia de otra vecina, que señala que las obras que se realizaron tampoco se ajustaron a la licencia que fue concedida, cuestión en la que podría ampararse el Ayuntamiento para evitar el desembolso.
El lugar donde se construyeron estas viviendas era un antiguo parque público, una superficie arbolada con mesas y bancos muy utilizado por los vecinos, que el Ayuntamiento decidió sacar a subasta pública para generar ingresos.
Los vecinos del barrio de Area perdieron así un espacio verde y todavía hoy continúan lamentándolo. «Había unos olmos que daba gusto verlos», recordaba ayer Ángel Díaz Rial, vecino del barrio.
* La Voz de Galicia - Alejandro Martínez - 5.02.2009
Foto: Un vecino muestra el parque público que existía antes de que se construyera la edificación a sus espaldas - lavozdegalicia.es
Jerez: Anticorrupción requiere todo tipo de documentación en Urbanismo
DIARIODECÁDIZ* : Fiscalía y Udyco prosiguen con el desarrollo de un amplio operativo 'anticorrupción' en la ciudad y ayer mismo, según ha podido contrastar este periódico a través de diversas fuentes, irrumpieron funcionarios públicos en la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, antigua Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), para solicitar a los técnicos de la concejalía que dirige actualmente Juan Pedro Crisol todo tipo de documentación seleccionada y relacionada con el grueso de convenios urbanísticos rubricados en los últimos años.
Probablemente, han señalado, esta petición de documentos también se esté llevando a cabo en empresas que han venido trabajando con el Consistorio jerezano. La investigación, según han venido manteniendo en días atrás fuentes del gobierno local, arrancó con el cese de Pacheco a manos de la alcaldesa, Pilar Sánchez, en marzo de 2007. La regidora denunció a la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión del ex alcalde y la investigación sigue su curso.
No obstante, se ha sabido que el rastreo "a conciencia" de la gestión urbanística seguida en el Consistorio durante los últimos tiempos es el principal leit motiv que impulsa el "singularísimo" expediente abierto por la Fiscalía, que además incluye otras causas -se habla de un total de cinco- como el 'caso Jerecom' y la trama de empresas satélites que, entre otras cosas, presuntamente facturaban a la GMU por duplicado y cobraban por obras no ejecutadas; y la denuncia que ya ha cursado el Juzgado de Instrucción nº3 por supuestas contrataciones irregulares de dos colaboradores de Pedro Pacheco que cobraron unos 200.000 euros sin justificar contrapartida o trabajo alguno.
Mientras los grupos políticos han declinado en todo momento pronunciarse de forma abierta hasta tanto en cuanto no avance o culmine la investigación, lo cierto es que el operativo ha solicitado en Urbanismo "todos los convenios urbanísticos y numerosa documentación sobre obras y promociones concretas". En este sentido, ha podido saber este medio, los funcionarios han requerido en los convenios la fecha de solicitud de licencias; la fecha de concesión de dichas licencias; el registro de petición de primera utilización y la fecha en la que se concedía. Igualmente, se ha solicitado información sobre "el objeto concreto de lo que se convenía". Este periódico ya adelantó que Fiscalía y Udyco habían solicitado a altas instancias municipales todo tipo de documentación relacionada con algunos de los convenios más importantes rubricados en los últimos años, como puedan ser las modificaciones puntuales de Croft, Carrascal, Ikea o acuerdos firmados sobre los suelos de La Norieta (sector 34).
En este punto, diversas fuentes insisten en el entronque que toda esta investigación pueda tener con la 'Operación Karlos', que destapó una presunta trama fraudulenta a Hacienda y Seguridad Social. De hecho, cuando van a cumplirse tres años de aquella operación, no está de más recordar que ya en aquel momento IU solicitó una investigación por las posibles extensiones urbanísticas del caso 'Karlos' y señaló directamente a la figura de José Luis López, empresario ubriqueño detenido en esta operación y puesto en libertad con cargos aunque sin fianza, y su vínculo con el polémico desarrollo de La Norieta, la segunda fase de un parque empresarial gestionado precisamente por la empresa Jerez Ciudad de Negocios, de la que López es consejero. Dicho grupo político puso de manifiesto el bajo precio de venta mediante el cual el empresario adquirió la parcela -72 euros el metro- en relación con el que llegaron a alcanzar otras zonas con menor proyección que La Norieta, con precios que rondaron los 160 euros por metro. Lo es evidente es que Fiscalía y Udyco están profundizando en las posibles causas abiertas y trabajando a destajo en una investigación que se prevé larga.
* Diario de Cádiz - Francisco Sánchez Múgica / Jerez / A. V. / F. S. M. - 5.02.2009
Foto: Funcionarios municipales sacan documentación de la GMU, el día de la ruptura del pacto PSOE-PSA en marzo de 2007. - diariodecadiz.es
