ELPAÍS/Baleares* : "Es un disparate bloquear las licencias en Roca Llisa, la crema de las urbanizaciones de Ibiza, y convertir sus parcelas en rústicas". Así protesta uno de los cientos de propietarios afectados por el reciente veto político contra el desarrollismo dictado sobre 13 zonas urbanizables de la isla, una moratoria de tres años decidida para proteger el paisaje.
Su parcela, de 22.000 metros cuadrados, le costó 850.000 euros y tramitó la licencia para construir un chalé, junto a un campo de golf. "Ahora mi terreno edificable pasa a valer 6.000 euros, es decir, nada", protesta.
La izquierda de Ibiza en el Consell Insular, con mayoría del PSOE y los ecologistas de Eivissa pel Canvi, ha congelado la concesión de licencias en 13 urbanizaciones y áreas de parajes litorales y montañosos de gran valor ecológico y que tienen fuerte demanda residencial. Más de 400 hectáreas quedan marcadas con el lápiz rojo de la prohibición.
Además, para frenar que prosiga el urbanismo salvaje se impide en toda la isla la construcción de chalés en suelos urbanos que no cuenten con luz, agua, alcantarillas, aceras y calles asfaltadas.
"Queremos salvar 13 enclaves turísticos ahora que aún es posible. Y asegurar que no crecerán en la isla urbanizaciones sin los equipamientos elementales, que deben sufragar los promotores y que, al final, realmente asumen las Administraciones", razona el impulsor de la norma, Miquel Ramon, consejero del Territorio, de Izquierda Unida. La Norma Territorial Cautelar es temporal y regirá para poder revisar el Plan Territorial. "Las casas sueltas no han de devorar más pinares y las calas".
Entre los 13 enclaves salvados están por el momento 73,7 hectáreas en la costa de Santa Eulàlia, donde se frenan nuevos edificios que amenazan con devorar el monte en Cap Llibrell y Cap Martinet. En las inmediaciones está la citada Roca Llisa. "Hay muchos solares de Roca Llisa donde se concedían licencias de manera irregular, automáticamente. Por eso el mayor impacto inmobiliario de la moratoria afecta a este enclave", observa Ramon.
Suelo, licencias, casas, impuestos... una secuencia ligada a la financiación municipal. "Si Roca Llisa pasa a rústico allí se dejará de pagar el Impuestos de Bienes Inmuebles y el Ayuntamiento perderá millones". La voz es del asesor de unos propietarios. "Los dueños de los chalés y solares son ricos, viven fuera de la isla y no votan, y el Ayuntamiento les recargó el IBI".
Un ataque a la decisión nace desde la izquierda radical. "Es una norma cosmética por innecesaria. Suspende urbanizaciones que ya están declaradas suelo rústico", dice Neus Prats, portavoz de los activistas proteccionistas del Grupo de Estudios de la Naturaleza. En Ibiza y en Baleares gobierna el PSOE con Eivissa pel Canvi, que cuestionó el desarrollismo de la etapa del PP.
En Ibiza la protesta paró 120 viviendas en el litoral Punta Pedrera. Esta zona también ha quedado blindada por la moratoria. En Sant Josep fue preservado el desarrollo de Cala Comte y Cala Bassa, así como el área natural de Cap Llentrisca, Sa Talaiasa, en Cala d'Hort, de 115 hectáreas, que se ensancha. "En Cala d'Hort recuperamos la extensión marcada por el parque natural que el PP borró del mapa para hacer un campo de golf", recalca Ramon.
"Vendrá una parálisis total de la construcción", sentencia Pedro Palau, consejero portavoz del PP, que considera que se desencadenará "la especulación" y que las prohibiciones "agravarán la crisis económica". Palau, que fue presidente de Ibiza, tildó la moratoria de "bluf informativo" y acusó al PSOE-Eivissa pel Canvi de "pensar sólo en los grandes titulares".
La norma paró las máquinas que abrían caminos en el monte del Port de Benirràs y hollaron el paisaje porque el Ayuntamiento de Sant Joan, del PP, otorgó 11 licencias-exprés para esquivar la primera moratoria del Gobierno de Baleares. "Se estaba ejecutando una nueva explotación residencial en Ets Amunts d'Eivissa (Benirràs), de 14,6 hectáreas que ahora se preservan. Así recalcamos la efectividad de la norma", insiste el consejero, de IU.
Un experto en urbanismo de Baleares resume que la moratoria establece "nuevas exigencias para impedir la construcción que va más allá de lo que había dictado el Parlamento balear. Es relevante la exigencia de las dotaciones de servicios para las casas en terrenos urbanos".
En Ibiza, durante medio siglo, han nacido urbanizaciones al margen de toda normativa y calificación urbanística. Alguna de manera reciente. Ramon detalla: "Congelamos la urbanización de Illa Blanca que es un suelo urbano que ha nacido al margen de la legalidad".
¿Si hay indemnizaciones, quién las pagará? Ramon considera que será en todo caso el Gobierno de Baleares si los tribunales deciden que se han de resarcir los derechos de los afectados. Los efectos de la moratoria de suelo rústico de las ocho hectáreas de Ses Variades de Sant Antoni, justo al lado del puerto de uno de los ámbitos afectados, contienen carga política y financiera. Por 40.000 metros -imposibles de edificar- la familia de Abel Matutes cobró 26,4 millones en 2005. En Sant Josep, en distintas parcelas sin edificar de Playa d'En Bossa y Cala Tarida, que superan los 52 hectáreas, la norma "pretende salvar los pocos espacios sin edificar junto a la costa".
Los jueces en la primera sentencia condenatoria sobre corrupción urbanística del caso Andratx, en Mallorca, han aludido a la conciencia social para proteger el medio ambiente y frenar la sobrecarga en Baleares y reseñado las movilizaciones callejeras. El Consell ibicenco reconoce que su norma "supone una auténtica toma de conciencia de la dimensión ambiental o ecológica".
La patronal reclama que las Administraciones adjudiquen obra pública y no frenen el sector de la construcción, ya tocado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero Ramon concluye: "Teníamos que evitar los hechos consumados, las obras en marcha".
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 15/07/2008
Foto: Solar en Punta Pedrera- VICENT MARI, elpais.com
Lápiz rojo contra el urbanismo salvaje
Imputado el alcalde accidental de Estepona por blanqueo, cohecho y tráfico de influencias
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ElPAÍS/Málaga* : La instructora del caso Astapa contra la corrupción, Isabel Conejo, imputa al alcalde accidental de Estepona (Málaga), Rafael Montesinos (PA), los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, han informado fuentes judiciales. Montesinos asumió las funciones de alcalde accidental tras el ingreso en prisión del anterior regidor socialista Antonio Barrientos.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona ha citado a declarar al regidor en funciones el próximo viernes a las 11.00, en el marco de la quincena de comparecencias que por este caso tendrán lugar entre el jueves y el lunes.
Montesinos asumió el cargo después de que la juez declarase el ingreso en prisión del anterior regidor de la localidad, el socialista Antonio Barrientos, a quien la juez imputa los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. Barrientos estaba al frente del Ayuntamiento de Estepona desde 2003, cuando formó gobierno con los apoyos del GIL. En las pasadas elecciones municipales, en mayo de 2007, el PSOE mejoró sus resultados y subió de seis a 11 el número de ediles.
Además del ex alcalde otros cuatro ediles socialistas se han visto implicados en este caso de corrupción. Son Francisco Zamorano (al frente de la delegación de Personal y Hacienda), Asunción López (Cultura), María Victoria López (Educación) y María Luisa Rodríguez (Playas). Entre todos suman acusaciones por supuestos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y negociación y actividades prohibidas a funcionario público. Sus fianzas oscilan entre los 30.000 y los 50.000 euros.
* ELPAIS.com - EFE - Estepona - 15/07/2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)
Los vecinos dicen 'no' a un proyecto inmobiliario multimillonario en Berlín
EFE* : La proyectada nueva zona de rascacielos y oficinas a orillas del río Spree, en Berlín, quedó hundida por la voluntad del vecindario del distrito, que rechazó en referéndum una inversión inmobiliaria estimada en 3.000 millones de euros. Un 87% de los 35.000 berlineses que participaron en la consulta se pronunciaron en contra de la llamada Mediaspree, como se conocía al proyecto inmobiliario que iba a repoblar unas 180 hectáreas de terreno con oficinas, hoteles y edificios de viviendas.
Para que el referéndum se consideraba válido debía superarse el 15% de habitantes con derecho a voto del distrito afectado, Friedrichshain-Kreuzberg, lo que según cifras dadas a se logró, puesto que votó casi un 20%. El resultado de la consulta fue una victoria de la iniciativa ciudadana lanzada precisamente con el eslogan de "hundir" ese proyecto inmobiliario.
El distrito de Friedrichshain-Kreuzberg se reparte entre ambas riberas del Spree, en los antiguos sectores este y oeste de la ciudad, y el nivel de rechazo a los planes de reurbanización de la zona fue parecido a uno y otro lado del río.
Los inversores habían garantizado que se respetaría una franja de diez metros de ancho sin construir, junto al río, que se convertiría así en zona de paseo. La iniciativa ciudadana defendía que la franja debe ser al menos de 50 metros, así como el compromiso absoluto a no construir rascacielos.
La zona afectada queda bastante apartada del centro de Berlín y durante décadas estuvo en estado de semiabandono, pero tras la caída del Muro ha vivido una revitalización entre los ambientes alternativos de la ciudad, de manera que se han multiplicado ahí los bares, cafeterías, clubes nocturnos, etcétera.
La consulta no era vinculante, pero las autoridades berlinesas se apresuraron a aclarar que respetarán su resultado. En los últimos meses ha habido en Berlín varios referéndum sobre cuestiones que afectan a los vecinos, de manera que en los medios se habla de una proliferación de la "democracia directa" que alteran las decisiones previamente sentenciadas por las autoridades.
El caso más notorio fue la decisión de rebautizar una calle con el nombre de Rudi Dutschke, el líder estudiantil del Mayo del 68 berlinés, fallecido en 1979 como consecuencia de las secuelas que le quedaron por el atentado sufrido el año de la revuelta.
Fracasó, en cambio, por falta del mínimo de votantes, otra consulta reciente para evitar el cierre del aeropuerto de Tempelhof, en pleno casco urbano, cuyo recuerdo está para muchos berlineses vinculado al puente aéreo que salvó al sector occidental del bloqueo soviético, entre 1968 y 1969.
* El Mundo - EFE - 14/07/2008
Foto: Berlin - wikipedia.org
Costas ha derribado ya medio centenar de edificaciones en el litoral valenciano
LASPROVINCIAS* : El Ministerio de Medio Ambiente ya ha derribado 53 edificaciones en el litoral de la Comunitat Valenciana durante los últimos cuatro años. La superficie afectada ha sido de 8.207 metros cuadrados, según datos aportados por la jefa de Demarcación de Costas de Valencia, Lidia Pérez.
Este es el balance de la pasada legislatura en la que, según destacó la propia Pérez en su intervención en unas jornadas en la Universidad Politécnica de Valencia, el Ministerio ha incrementado el ritmo para "esponjar la zona litoral". Es decir, dejar espacio libres en las zonas construidas.
Las demoliciones, según Costas, están dirigidas a regularizar la situación del litoral de la Comunitat eliminando las edificaciones que no cumplen la legalidad. Una posición que muchos de los afectados rechazan y han denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente ha estado aplicando la ley de costas con carácter retroactivo.
Los derrumbes responden también a la política de deslindes (recuperación del dominio público marítimo terrestre), que también entre 2004 y 2008, como resaltó Pérez, experimentó un notable avance, hasta el punto de que el 80% del litoral de la Comunitat ya está deslindado. El programa, que ha levantado una fuerte contestación social, incluye la demolición de las construcciones fuera de ordenación.
Todo apunta a que los derribos continuarán a no ser que el Ministerio, tras nombrar una nueva directora general, establezca una política más moderada en la aplicación de la ley de costas. La fuerza que ha tomado la Plataforma Nacional de Afectados puede hacer que el proceso de deslinde se ralentice.
Lidia Pérez apuntó en su intervención que la presión urbanística en el litoral de la Comunitat era muy fuerte y había que continuar con el "esponjamiento" de los espacios del litoral, lo que implica nuevos deslindes, derribos y limitación de las concesiones en el dominio público.
Durante los últimos cuatro años, según los datos aportados por Pérez, se han procedido a la regeneración de playas en 250 kilómetros de costa. Además, las demarcaciones hidrográficas del Júcar y el Segura (Comunitat Valencia y Murcia) han sido las que han acumulado más derribos en la costa entre 2004 y 2008.
Superficie artificial
La Comunitat presenta el incremento de superficie artificial más elevado de España, ya que ha superado el 50% en la última década, según se desprende del informe anual de Greenpeace Destrucción a Toda Costa 2008.
La organización ecologista salió ayer a la calle en diversas ciudades españolas, entre ellas Valencia, en la playa de la Malvarrosa, y Alicante, para presentar su informe anual sobre la situación del litoral en España que detalla los 100 "puntos negros" que registra el país a causa del urbanismo, las infraestructuras y la contaminación de las aguas, de los cuáles un total de once se encuentran en la Comunitat, aunque el documento señala que la tarea de reducir a tan sólo once puntos la destrucción "resulta ardua a la vista del estado del litoral valenciano".
En la provincia de Castellón, el documento indica que uno de los puntos negros abarca la práctica totalidad de la costa debido a los vertidos de aguas residuales urbanas, que afectan sobre todo a determinados términos municipales como Benicarló o Peñíscola.
En Valencia, el estudio de la organización ecologista destaca como punto negro principal el plan conocido como el Manhattan de Cullera en la desembocadura del Júcar.
Las zonas más degradadas por urbanismo, infraestructuras y contaminación de aguas en Alicante son la ampliación del puerto deportivo de Xàbia y el puerto deportivo Luis Campomanes en Altea, debido a que las aguas donde se ubica cuentan con la presencia de posidonia oceánica, una planta marina que forma bosques sumergidos done se cobijan cientos de especies para alimentarse y criar.
* Las Provincias - 13.07.08 - J. S.| VALENCIA
Foto: Derribo de un restaurante en la playa de Oliva por invadir el dominio público - lasprovincias.es
"No me di cuenta que me llevaba 152 millones de pesetas que no me correspondían"
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IDEAL/Granada* : El constructor granadino José Ávila Rojas ha señalado esta mañana, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Granada, que tuvo una participación mínima en las dos operaciones presuntamente delictivas contra la Hacienda Pública por las que la Fiscalía le pide una pena de ocho años de cárcel, cuatro por cada delito, una multa de 20 millones de euros e indemnización de casi cinco.
Ávila Rojas declinó cualquier responsabilidad y la hizo recaer sobre sus socios. "Yo no sé nada", repitió en varias ocasiones, "no tuve nada que ver. No tenía que haberme metido en nada".
Esa fue la base de su discurso. Incluso ha afirmado que no se dio cuenta de que se había llevado 152 millones de las antiguas pesetas que no le correspondían. "Fue un error y lo he tratado de subsanar", ha añadido.
Ávila Rojas, imputado en la operación ‘Malaya’, está acusado por el Ministerio Público de defraudar a Hacienda en 2001 y 2002 en sendas operaciones inmobiliarias.
En la primera de ellas, en mayo de 2001, el acusado y la sociedad CCF 21–perteneciente a Carlos Sánchez, también imputado en la operación 'Malaya'– adquirieron una finca en Marbella (Málaga) que vendieron el mismo día a Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio S.L. defraudando la cantidad del IVA, unos 580.577 euros, y la del IRPF, 1.958.524 euros.
La segunda tuvo lugar en julio del año siguiente cuando el empresario y CCF 21 vendieron otra finca en cuya operación, según el fiscal, no pagaron los impuestos correspondientes a la Agencia Tributaria que se estiman en 618.668 euros en concepto de IVA y de 1.639.803 euros por el IRPF, según consta en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press.
En la primera sesión del juicio, esta mañana, también salió a relucir el nombre del ex alcalde Marbella Julián Muñoz. Al parecer tuvo que ver en la vertiente urbanística del pleito y por eso ha sido citado a declarar mañana como testigo.
* Ideal - CARLOS MORÁN - 14.07.2008
Foto: Marbella (Málaga), puerto deportivo - J.Rojas (El País)
