LAOPINIÓN/Málaga* : El Juzgado de Lo Penal número 7 de Málaga tiene previsto juzgar el próximo jueves y viernes, días 13 y 14 de diciembre, al ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y a otros cinco ex ediles, miembros de la comisión de gobierno en 1998, por conceder una licencia para la construcción de 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva de uso público en el Plan General de Ordenación Urbana de 1968, según el fiscal, que pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación.
El juicio se fijó inicialmente para finales del pasado mes de octubre, aunque tuvo que ser pospuesto hasta diciembre, debido a que no se había citado en forma a la letrada de la acusación popular, personada en representación de Los Verdes, Inmaculada Gálvez. La vista se celebrará aún en el Palacio de Miramar y no en la Ciudad de la Justicia.
La comisión de gobierno del Ayuntamiento marbellí, con Muñoz como alcalde accidental e integrada por los ex ediles Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo, aprobó en marzo de dicho año conceder licencia de obras a las entidades Jotsa y Promotorauno que las autorizaba para construir un edificio de 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida Príncipe de Asturias de San Pedro de Alcántara, según las conclusiones.
Dicho permiso se otorgó "pese a que se autorizaba a edificar en un suelo que de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables --que eran el PGOU del 68-- estaba clasificado como zona deportiva de uso público", según indica el fiscal en su escrito provisional de acusación, al que tuvo acceso Europa Press; calificación de la parcela, ubicada en la conocida como los Arquillos, que luego se mantuvo en el plan de 1986.
Así, el uso era "incompatible" con la autorización concedida, lo que era "conocido por los acusados", quienes decidieron, según el ministerio fiscal, conceder la licencia de obra "sobre la base de su adecuación a las determinaciones de un documento de revisión del planeamiento municipal que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo".
Dicha revisión no había sido aprobado definitivamente por el ente supramunicipal competente, en este caso la Junta de Andalucía. De hecho, la acusación pública recuerda en su escrito, como en otras calificaciones provisionales, que la Comisión Provincial de Urbanismo denegó en 1998 la aprobación definitiva de dicha revisión promovida por la Corporación municipal.
Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide para Muñoz y para los cinco ex ediles la pena de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para cargo público al considerarlos coautores de dicho delito. Asimismo, solicita la nulidad de dicha licencia.
* La Opinión de Málaga - Europa Press - 09 de diciembre de 2007
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Juzgan a Julián Muñoz a 18 meses de cárcel por delitos urbanísticos
Los gallegos censuran el Gaiás por su coste y por la falta de contenidos
LAVOZ* : Un coste desmesurado, una rentabilidad cultural relativa, unos contenidos indefinidos y una reprobación mayoritaria a la actuación de los tres grandes partidos políticos son las críticas que reciben de la sociedad las obras de la Ciudad de la Cultura, iniciadas por el PP a finales de los años noventa y continuadas ahora por el Gobierno bipartito. Según la encuesta elaborada por Sondaxe coincidiendo con la celebración en el Parlamento de la comisión de investigación sobre el Gaiás -cuyas conclusiones se conocerán a final de mes-, el 73,5% de los ciudadanos estima que los 400 millones de euros ya comprometidos (64.000 millones de pesetas) suponen una inversión excesiva, mientras que solo uno de cada diez encuestados la define como «adecuada».
Después de más de un lustro de obras y con la decisión firme del PSOE y BNG de continuar con el proyecto emprendido por Fraga y encargado a Peter Eisenman, es abrumador el porcentaje de ciudadanos (81,5%) que preferirían que el Gaiás tuviese unos usos alternativos que permitieran cubrir el déficit de servicios sociales que padece Galicia. Incluso una mayoría del 56,7% desearía que, al menos, la obra sirviera para reducir el gasto en alquileres y adquisición de edificios por parte de la Xunta, centralizando en el Gaiás los servicios administrativos de la comunidad autónoma.
Nada o poco definidos
Los porcentajes anteriores solo se explican por que ni el proyecto cultural del PP ni ahora el del Gobierno bipartido convencen a los gallegos. De hecho, el 48% de los entrevistados sostiene que los contenidos de la Ciudad de la Cultura están «nada» o «poco definidos», frente a un 3% que sí defiende que están «definidos» o frente al 6,2% que dice que están «definidos en su mayoría».
La sucesión de nombres con el que se han ido bautizando los edificios en obras o en proyecto del complejo ha generado dudas en la sociedad, de modo que a pesar de tratarse de la inversión más importante jamás acometida por la Xunta de Galicia, solo un 34% considera que supondrá una «contribución significativa» al mundo de la cultura, mientras que un 21,8% mantiene que su aportación será «escasa».
A pesar de que los tres partidos con representación parlamentaria defienden continuar con las obras de los edificios que están aún en proyecto y concluir el conjunto, casi uno de cada tres encuestados preferiría aprovechar solo lo que ya está hecho, mientras que el 15,7% se decanta por rematar solo aquellos inmuebles del complejo que poseen una finalidad algo definida.
* La Voz de Galicia - 9/12/2007
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - lavozdegalicia.es
Otro urbanismo es posible
EDUARDO MANGADA* : La forma en que se está materializando el desarrollo urbano en Madrid y en otras ciudades españolas, y como consecuencia, los modos de ocupación del territorio, tanto en extensión y tamaño como en su localización, puede calificarse de perversa, inculta y agresiva, tanto en los aspectos físicos, medioambientales, como los sociales y económicos. Si la vivienda es el "ladrillo" con el que construimos la ciudad, la forma en que lo ensamblemos es de máxima importancia y condicionará el resultado final. La ciudad resultante puede parecerse a un simple montón de ladrillos, todo lo grande que se quiera, o configurar un edificio proporcionado y eficaz. Sin un proyecto guía, los múltiples ladrillos se convierten en un vertedero, en un basurero.
Así está ocurriendo, por ejemplo, en Madrid, donde la ausencia de un proyecto metropolitano y de unos planes medianamente cultos, hace que la enorme cantidad de viviendas que se están construyendo esté dando lugar a vertederos urbanos, lo que Rem Koolhaas ha denominado, acertadamente, "espacios basura".
La ausencia de unos modelos económicos y territoriales en los que prime el bien común ha hecho que la gran cantidad de recursos técnicos, económicos y humanos vinculados a la construcción residencial no haya dado como resultado unos nuevos ejemplos de ciudad, una nueva estructura metropolitana. Lo que han producido es una invasión indiscriminada de nuestro territorio, destruyendo recursos naturales y paisaje y sin dar respuesta eficaz a las necesidades de vivienda de capas muy amplias de la población, especialmente los jóvenes. Ha sido y es un proceso guiado únicamente por el beneficio inmediato de las empresas inmobiliarias, en ausencia y claudicación de unos poderes públicos residuales y abúlicos, cuando no conniventes. Una actitud de los poderes públicos que es tolerada por una sociedad resignada ante tanta potencia económica, tanta mercadotecnia engañosa, y a la que aún le queda la esperanza de que, con tanta vivienda en construcción, alguna vez le toque una, aunque sea en un nuevo barrio triste e infradotado, es decir, feo.
No siempre ha sido así. Sin volver la vista atrás con nostalgia de tiempos mejores cabe, sin embargo, rememorar momentos en los que la política de vivienda fue parte importante en la construcción o reconstrucción de las ciudades europeas tras los desastres de las dos guerras mundiales. En los años veinte y treinta, coincidiendo con la hegemonía de una cultura política socialdemócrata, surgen desarrollos urbanos como las Siedlungen alemanas o los Hoff vieneses. En la Inglaterra laborista de los años cincuenta y sesenta se desarrollan con mayor o menor éxito, las new towns. Ejemplos de un compromiso, y de la utilización de los desarrollos residenciales como prototipos de una nueva forma de habitar. Más modestamente, en el Madrid de 1980, también socialdemócrata, los Barrios en Remodelación fueron respuesta a demandas sociales y a una clara política de "hacer ciudad en la ciudad". Los Leganés Norte y Madrid Sur venían a completar y complementar la ciudad existente y respondían a necesidades sociales bien definidas y acotadas.
¿Por qué es tan diferente el proceso actual? Sería un grave error enfrentarnos a los modos de producción de la ciudad y a los procesos de ocupación del territorio rescatando del armario viejos mecanismos intelectuales e instrumentos de intervención que casaban bien con una España, con unas ciudades, en las que casi todo estaba por hacer, los ritmos demográficos eran lentos y la acumulación de capital en el sector inmobiliario privado era débil. El protagonismo de lo público se sentía respaldado y exigido por una amplia base social. Hoy no es así.
Pocas veces, la humanidad ha tenido tal poder económico y financiero concentrado en tan pocas manos; hay mucho dinero concentrado en un sistema empresarial inmobiliario, que dispone de una alta tecnología a su servicio y ha adquirido una alta eficacia en su funcionamiento empresarial. Estas circunstancias permiten la aparición de grandes operadores, capaces de promover y ejecutar desarrollos urbanos de tamaño impensable hace sólo 25 años. Empresas privadas poderosas económicamente, rodeadas de un aura de prestigio ¿social? y capaces de imponer sus prioridades a los poderes públicos que, como ya hemos señalado, acaban por incorporar como propias la lógica y los modos de actuación del sector privado, guiado únicamente por las leyes del mercado. Poderes públicos desnutridos culturalmente y desarmados en cuanto a los instrumentos de intervención el desarrollo territorial.
La falta de una elaboración profesional y política de una cultura del territorio, ha permitido la contaminación ideológica, la penetración del "pensamiento único neocon" en la mente de profesionales y políticos. Demostrados insuficientes los instrumentos urbanísticos del pasado, no se ha sido capaz de inventar otros nuevos que, conservando las conquistas esenciales, se muestren más eficaces en la dirección y control de los procesos territoriales. Desarmados y vencidos, nuestros ayuntamientos y gobiernos se retiran en desbandada. O lo que es peor, simplemente se alían con los promotores privados, alimentando el caldo de cultivo de la corrupción, aunque no quiero decir que toda alianza de este tipo implique obligatoriamente comportamientos corruptos.
Lo malo de todo esto no es la calificación moral de los actores, sino las dramáticas consecuencias para nuestro hábitat, el destrozo que está sufriendo nuestro paisaje, sea éste un huerto de naranjos, un pinar o un vacío manchego.
¿Cabe oponerse y corregir estos procesos? ¿Es conveniente en los momentos actuales de la economía? ¿Se dispone de los instrumentos adecuados? ¿Lo demanda la sociedad? No sólo es posible, sino necesario. Los daños ya infligidos a nuestras ciudades y los desastres territoriales que se anuncian como herencia inevitable de los procesos en curso, exigen una respuesta rápida basada en la racionalidad económica y medioambiental.
Para poder articular esos mecanismos de corrección y cambio de rumbo hay que hacer cuanto antes un profundo análisis de la situación actual, con datos objetivos que permitan entender cuáles son las fuerzas y mecanismos que impulsan y sustentan en la actualidad la forma de hacer ciudad y territorio. Entender, conocer, explicar el qué y cómo de lo que está ocurriendo. Descubrir los problemas reales y las oportunidades factibles es difícil, pero necesario. Pero sólo del análisis, por refinado que sea, no surge un proyecto eficaz socialmente. Para ello es necesaria una voluntad propositiva basada en un nuevo modelo cultural y político, que se reflejara en la política territorial, una vez recuperada la cultura del plan. Y no me refiero a la elaboración de planes burocráticos y tecnocráticos, dominantemente normativos, sino a proyectos de ciudad sugerentes, capaces de ilusionar y movilizar a los ciudadanos.
De nuevo habrá que afirmar la "geografía voluntaria" frente al "urbanismo espontáneo". Los profesionales deberán retomar su compromiso con la cultura del plan, tendrán que aprender a "hacer planes. ¡Claro que hay que hacer planes! Planes, proyectos, metaproyectos, esquemas, visiones, estrategias de cualquier naturaleza o escala. Sobre todo, hoy, de alcance territorial, de ingeniería y geografía urbanísticas, de economía y biología urbanísticas. Redactados por quien sepa hacerlos. Urbanísticos por su contenido y por su alcance, no por su perímetro. No un rearme nostálgico y fundamentalista, sino un rearme moral de los urbanistas, amenazados como estamos por dos carcomas éticas igualmente letales: el pesimismo y el cinismo". Son citas de M. Solá-Morales. Planes, proyectos cuyos contenidos y finalidad última no será la de establecer cuánto se puede construir, sino cuanta cantidad de construcción es capaz de soportar nuestro territorio. En algún momento habrá que decir: aunque usted quiera, España no puede, o a la inversa.
Sanchinarro o el Ensanche de Vallecas, la M-30 con sus diabólicos túneles y su hipoteca financiera, puede que no nos gusten, incluso puede demostrarse su perversión, su desproporcionada dimensión, incluso su fealdad, a pesar de algunas arquitecturas de prestigio puestas en ellos como camuflaje estético, pero están ahí, con sus grandes infraestructuras, ejecutadas con inversiones económicas muy importantes, incluso con expectativas de muchos ciudadanos que esperan encontrar en ellos la vivienda necesaria. Borrarlos es imposible. De lo que se trata es de civilizarlos física y socialmente, con o sin la participación de los promotores privados que ya han extraído una cuota importante de beneficios.
El esfuerzo habrá que centrarlo en recomponer, en civilizar lo ya hecho, reorientar lo anunciado y evitar daños futuros con un cambio drástico de modelo con el que hacer ciudad en la ciudad, regenerar y reconstruir territorios ya ocupados pero obsoletos, como algo más importante que fomentar nuevos crecimientos extensivos y dispersos que vengan a colmatar nuestro territorio regional. Habrá que acometer actuaciones capaces de reavivar la esperanza y la confianza en que otro urbanismo es posible.
* Eduardo Mangada es arquitecto. /Artículo de El País
* Reggio - Blog - 26 Abril 2007
Alicante: La utopía de una costa pública
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ELPAÍS* : El plan del Ministerio de Medio Ambiente para frenar el urbanismo salvaje en la costa y, en paralelo, recuperar el espacio público ya colonizado por la piqueta, ha sido acogido favorablemente por los municipios del litoral de Alicante. No obstante, los alcaldes y concejales de urbanismo advierten de la dificultad de llevar a buen término las iniciativas recogidas en el documento, Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, debido al volumen de edificaciones ya consolidadas. De hecho, la primera línea de costa de Alicante es la cuarta más edificada del Mediterráneo, según el informe Corine Land Cover.
Un reparo generalizado de todos los ayuntamientos afectados a la propuesta del departamento de la ministra Cristina Narbona ha sido la falta de información y las "lagunas" que incluye el estudio estratégico del Gobierno. Los consistorios resaltan la necesidad de preservar derechos adquiridos por los propietarios de las viviendas, levantadas con anterioridad a la Ley de Costas, vigente desde 1988, y la presencia de propiedad privada en los parajes naturales de la primera línea del mar, entre ellos Serra Gelada y Agua Amarga.
Uno de los objetivos de la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, de norte a sur de la primera línea del mar de Alicante (244 kilómetros), es mejorar la accesibilidad a las playas con paseos peatonales públicos. "Las servidumbres de paso deben quedar expeditas", comenta un técnico del departamento de Urbanismo de Dénia, gobernado por el PSPV. "Todo lo que sea recuperar el espacio público es positivo", señala el edil de Costas de Orihuela, José Antonio Aniorte, del PP.
Medio Ambiente plantea cuatro iniciativas de calado relacionadas con la protección de parajes naturales y con la demolición de viviendas. En el primer grupo se incluye la protección del delta del río Algar y del humedal de Agua Amarga. La protección del delta del Algar es más compleja porque ya hay aprobado un PAI con 6.000 viviendas. Sin embargo, el humedal de Agua Amarga sí se salvará (el Gobierno ha dejado la operación en manos del Consell y del Ayuntamiento).
En el apartado de demoliciones, el Ayuntamiento de Teulada ve inviable eliminar las casas del barranco de Les Sorts. Mientras, las viviendas de la playa de El Pinet (entre Elche y Santa Pola) y las Casitas de Babilonia (en Guardamar del Segura), en total 260 edificaciones, se demolerán a medida que venzan las concesiones, en algunos casos vigentes hasta 2017.
* ELPAIS.com - S. NAVARRO / S. CASTILLO - Alicante / Benidorm - 08/12/2007
Foto: Calpe (Alicante) - elpais.com
Telde: El fiscal pide un año de cárcel para el concejal Jiménez por prevaricación
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CANARIAS7* : La Fiscalía solicita para el concejal y portavoz de Nueva Canarias, Ildefonso Jiménez, la pena de un año y seis meses de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio o cargo público durante 10 años por la comisión de los delitos de prevaricación urbanística y administrativa en la concesión de licencias a varias casas de Los Alisios.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Telde, María de los Ángeles Zabala, ha dictado un auto en el que declara abierto el juicio oral del caso de Los Alisios, relacionado con supuestas irregularidades en la concesión de licencias finales de obra y de primera ocupación de cuatro chalés de la urbanización del mismo nombre en La Garita por parte del gobierno anterior, de CC.
Una de las viviendas pertenecía al senador y dirigente de NC José Mendoza, además de otra licencia concedida al empresario Agustín Naranjo, pese a que existían informes técnicos desfavorables, según fuentes municipales. La denuncia fue interpuesta en su día por el ahora ex concejal de Urbanismo, Guillermo Reyes, en representación del grupo de gobierno (PP/AFV-Ciuca).
Zabala dirige la acusación contra Jiménez y su asesor de Urbanismo en el mandato de CC, Juan Manuel Cabrera, a quienes ha requerido para que hagan efectivo el importe de 4.044 euros para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles exigidas. El fiscal pide que se imponga a Jiménez la pena de un año y seis meses de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (no poder presentarse como candidato en las elecciones) durante el tiempo de la condena, inhabilitación para cargo público municipal por 10 años y costas. El enjuiciamiento de esta causa corresponderá al Juzgado de lo Penal.
El concejal confía en demostrar su inocencia.
«Espero poder demostrar al final que no he realizado ninguna de las cuestiones que se me piden», afirmó ayer el actual concejal de Patrimonio, Ildefonso Jiménez, quien dijo tener «absoluta confianza en que una vez más se pueda demostrar que uno, en su paso por la vida pública, ha hecho buen uso de las atribuciones que les han conferido». «Las pruebas más que evidentes que, además, han reflejado distintas sentencias que avalan el proceder del anterior pacto, nos ponen a todos en el camino de saber cómo y por qué se produjeron ese tipo de denuncias y con qué métodos», apostilló. A su juicio, «tanto en la revisión de algunos procesos administrativos como en la vía de las sentencias que se van conociendo no era precisamente un dechado de virtudes la forma de proceder del gobierno PP/AFV-Ciuca».
La acusación particular pide para él dos años de cárcel, 10 de inhabilitación para cargo público y una indemnización al Consistorio de 3.033 euros, por dos delitos sobre la ordenación del territorio por prevaricación urbanística; mientras que a Juan Manuel Cabrera le imputa un delito continuado de usurpación de funciones públicas. El alcalde, Francisco Santiago, ya no figura como imputado en esta causa.
* Canarias 7 - Haridian Mederos - 08 diciembre 2007
Foto: Vista parcial del sector de Los Alisios, donde se ubica la casa de Mendoza / Canarias7
Medio millar de personas se manifiesta en Labastida en contra del campo de golf
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ELCORREO/Álava* : Alrededor de medio millar de personas se han manifestado esta tarde en la localidad alavesa de Labastida para protestar por el proyecto de construcción de un campo de golf y 750 nuevas viviendas en este municipio y en contra del urbanismo "salvaje" y la especulación. Convocada por la plataforma 'Torrolate', la marcha ha estado encabezada por una pancarta en la que se leía 'Por Labastida, no al campo de golf' y en ella han participado diputados forales de Álava como el responsable de Medio Ambiente, Mikel Mintegi (EA) y el de Juventud y Promoción Social, Xabier Aspuru (Aralar).
También han asistido a la manifestación el portavoz de Ezker Batua en las Juntas Generales alavesas, José Miguel Fernández, el alcalde de la localidad, Higinio Arinas (EB), así como representantes de ANV, de LAB, del sindicato agrario UAGA y de colectivos ecologistas como Berdeak/Los Verdes.
El alcalde ha acusado al PNV de "unirse políticamente al PP" para tratar de imponer al municipio la construcción de un campo de golf. El pasado 5 de diciembre los concejales del PNV y PP en el Consistorio sumaron sus votos durante un pleno extraordinario para aprobar una moción que, según EB, pretende evitar que el alcalde sea el representante del municipio en los foros institucionales que aborden la construcción del campo. EB y el grupo independiente Asociación Vecinos Bastida se oponen a dicho proyecto.
Sustitución del alcalde
Higinio Arinas ha manifestado que "no cumplirá" con el acuerdo plenario que considera "ilegal", en el que se estableció su sustitución en dichos foros por el concejal del PP y ex alcalde del municipio Ignacio Gil. También ha acusado al PNV de desoír la oposición del pueblo de Labastida al campo de golf.
La plataforma 'Torrolate' ya ha anunciado que promoverá la recusación de Ignacio Gil como representante del Ayuntamiento de Labastida en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y en la Comisión de Urbanismo de Álava.
El motivo de la recusación es que Gil "defiende intereses personales" en este proyecto ya que en el Registro Mercantil el ex alcalde de PP "figura desde 1999 como administrador de una sociedad cuyos terrenos serán recalificados si prospera la propuesta del campo de golf", afirman los responsables de "Torrolate".
Según dicha plataforma, el campo de golf supondría una agresión al medio ambiente y al patrimonio cultural ya que ocuparía zonas de interés arqueológico.
* El Correo Digital - EFE - 08.12.07
Foto: Labastida (Álava), ayuntamiento - Eduardo Dulce (picasaweb.google.com)
