MÁLAGA NO SE VENDE* : Manifestación contra la especulación, la precariedad y la corrupción. Málaga - 16 de Febrero - 11hs.
¿Sabes que el 40% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes? ¿Sabes que el 30% no tiene acceso a una vivienda digna y que en la provincia de Málaga hay más de 100.000 viviendas vacías? ¿Sabes que en Málaga tenemos unos 70 campos de golf y que se quieren construir otros 100? ¿A quién crees que beneficia esto?
Han convertido el territorio de Málaga en una mercancía; dónde las sierras se transforman en canteras, los ríos se apresan, la costa se enladrilla y los campos se convierten en campos de golf. Para los próximos años está prevista la construcción de más de 900.000 nuevas viviendas, casi tantas como las 950.000 que ya hay. También está prevista la creación de unos 100 nuevos campos de golf ¿crees que l@s malagueñ@s o l@s turistas necesitamos esto?
Con la excusa de la creación de empleo están vendiendo nuestra provincia y nuestras vidas, sin embargo este empleo es temporal y precario. La especulación con el territorio provoca: el brutal aumento del precio de la vivienda, impidiendo su acceso a la población, la privatización de servicios y espacios públicos, el abandono de la agricultura y con ella de la soberanía alimentaria, la pérdida de los comercios tradicionales y la creación de macro-urbanizaciones que duplican o triplican las poblaciones, con la contaminación y la mengua de la identidad y cultura que ello implica.
Nos estamos coordinando tanto en la capital como en la provincia ciudadan@s y colectivos afectados, para denunciar la especulación con el territorio, la corrupción y la precariedad. Somos l@s hipotecad@s de por vida, l@s estafad@s por inmobiliarias y bancos, l@s que no tenemos acceso a una vivienda digna. Somos l@s que sólo tenemos acceso a trabajos precarios, con jornadas interminables y sueldos irrisorios. Somos l@s que tras años de desarrollismo salvaje nos hemos quedado sin ríos ni acuíferos, sin zonas naturales y culturales, l@s que estamos quedándonos sin (agri)cultura, identidad y sin espacios públicos (carriles-bici, parques, centros sociales...).
Somos l@s que sufrimos la destrucción y la contaminación por las canteras, centrales térmicas, el AVE, las autopistas, a los que pretenden quitarnos el tren, las últimas playas, etc., somos l@s que estamos hart@s de tanto golf y urbanizaciones, “progreso” y beneficio para unos poc@s; hart@s de tanta impunidad y “solidaridad” con empresas inmobiliarias y constructoras, bancos, politic@s corrupt@s y mafias.
Somos como tú.
Estamos aquí para decir basta, encontrarnos,
organizarnos y luchar junt@s por nuestro derecho a una vida y a un entorno digno transformando nuestra realidad
¿Todavía crees que los partidos políticos y las administraciones representan a l@s ciudadan@s o representan más bien a los empresarios que los patrocinan?
¡¡No dejemos el futuro de la provincia de Málaga en las manos de empresari@s y polític@s corrupt@s!!
POR LA VIVIENDA, LOS DERECHOS SOCIALES Y LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE.
La Provincia de Málaga No se Vende, Gobierne quien Gobierne + afectad@s por la especulación y la precariedad.
malaganosevende (at) yahoo.es
estrecho.indymedia.org/malaga
es.groups.yahoo.com/group/malaganosevende
* Indymedia Estrecho - 12 feb 2008
Málaga: Manifestación contra la especulación el sábado 16 de febrero
Cantabria: El TSJC vuelve a fallar contra el Plan Parcial del Alto del Cuco
ELDIARIOMONTAÑÉS* : La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha vuelto a fallar en contra del Plan Parcial del sector 2 del Alto del Cuco -que contemplaba la construcción de 395 viviendas en la ladera Sur del Monte Picota- y ha acordado su anulación, estimando así el recurso que presentó el Gobierno de Cantabria.
La sentencia, fechada ayer miércoles, 13 de febrero, y hecha pública hoy, se suma a la dictada el 29 de marzo del pasado año, que supuso ya la anulación del Plan Parcial en respuesta al proceso promovido entonces por la asociación ecologista ARCA.
En la actualidad, esa primera sentencia está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación, en el que tienen puestas sus esperanzas el Ayuntamiento de Piélagos y la promotora Fadesa.
Mientras tanto, las obras siguen paralizadas en virtud de una medida cautelar adoptada por el TSJC a petición del Gobierno cántabro. Esa medida seguirá vigente mientras la nueva sentencia a favor del Gobierno no sea firme.
El TSJC sustenta esta nueva sentencia en la que dictó hace ya casi un año y, de hecho, lo que hace es reproducir buena parte de aquella primera sentencia, reiterando así que el Plan Parcial del Sector 2 del Alto del Cuco "vulnera" la Ley del Suelo de Cantabria y representa una "dentellada" al Monte de la Picota para "incrustar" 395 viviendas.
El resultado, según la Sala, es un "impacto visual importante" y una "agresiva modificación de la topografía" del Monte Picota, a través de "exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas". De hecho, sostiene que las obras ya realizadas de desmontes y terraplenes han alcanzado un volumen de tierras extraídas de más de 583.000 metros cúbicos, mientras el volumen de tierras de relleno y terraplén es de casi 83.000 metros cúbicos.
En opinión del TSJC, la actuación urbanística "no pasará desapercibida", sino al contrario. "Se va a producir una alteración topográfica de la ladera, que en ningún caso puede ser calificada de moderada", añade la Sala.
Rechaza además que pretenda ampararse esta urbanización en la existencia de otras actuaciones previas en el mismo monte porque, a su juicio, el hecho de que "precedentes actuaciones urbanísticas, amparadas por sus respectivos instrumentos de planeamiento, hayan generado un impacto paisajístico negativo ya irreversible, no resulta ser una razón de peso para santificar" este Plan Parcial.
Desniveles de hasta el 40%
Junto a la vulneración de la Ley del Suelo y el impacto visual, el Gobierno cántabro también alegaba en su recurso otras infracciones, muchas de las cuales son compartidas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por ejemplo, la infracción contra la ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
En este sentido, la sentencia recalca que los espacios reservados para parques y jardines existen, pero son "de imposible acceso", ya que superan el seis por ciento de desnivel máximo permitido. Es más, la pendiente oscila entre el 6% y el 10%, "llegando a alcanzar en la zona central el 40%". Y en el área de recreo y juego para niños existe una pendiente "muy acusada, entre el 25% y el 33%".
También cuestiona la sentencia el cómputo que se hace de algunos espacios y deja claro que la red viaria no puede considerarse como equipamiento, sino como infraestructura, al igual que tampoco pueden ser considerados como equipamientos los espacios libres. Pese a tratarse en algún caso de errores que el Ayuntamiento y la promotora pretendían corregir en el proyecto de compensación, la Sala subraya que no pueden ser subsanados en dicho documento, sino que ha de recogerse en el Plan Parcial.
Lo que no comparte en cambio la Sala es la tesis del Gobierno regional sobre el exceso de edificabilidad porque, según dice en la sentencia, "la diferencia es absolutamente nimia" y en términos de aprovechamiento lucrativo es "menor" de lo permitido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos.
Cuestiones formales
En lo que respecta a cuestiones de tramitación del Plan, no de contenido del mismo, la Sala de lo Contencioso también da la razón al Gobierno regional en alguna de sus argumentaciones, pero no en todas.
Así, coincide con la postura del Ejecutivo en lo relativo a la necesidad de haber aportado el informe que exige la legislación de telecomunicaciones. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) reclamó ese informe al Ayuntamiento, que si bien lo solicitó al Ministerio, no lo remitió a la CROTU.
Por el contrario, la Sala no acoge otros de los planteamientos del Ejecutivo. Es el caso, por ejemplo, de la supuesta vulneración del procedimiento que aducía el Gobierno ya que, a su juicio, se debería haber sometido a información publica el informe de impacto ambiental.
Sin embargo, la sentencia recalca que la normativa vigente no explicita que esa exigencia afecte a los planes parciales y sólo prevé ese requisito "cuando se trata de elaboración de Planes Generales o Normas Subsidiarias".
El alcalde o el pleno
Con esta sentencia se resuelve un recurso que el Gobierno cántabro presentó en octubre del año 2004, después de requerir infructuosamente al Ayuntamiento de Piélagos la anulación del Plan Parcial, puesto que no contaba con el visto bueno de la CROTU.
El Ejecutivo envió un requerimiento en ese sentido al Consistorio y fue respondido por el alcalde acompañado de varios informes, tras lo cual, el Gobierno presentó el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, al entender que la respuesta a ese requerimiento no era potestad del alcalde, sino del Pleno municipal.
La Sala de lo Contencioso considera "de escasa o ínfima influencia" el hecho de que el escrito lo realizara el alcalde y rechaza esa cuestión formal, pero en cualquier caso, atendiendo a otros de los argumentos esgrimidos, estima el recurso del Gobierno y anula el Plan Parcial.
La sentencia también alude a las críticas y acusaciones plasmadas durante el proceso, en el que el Ayuntamiento de Piélagos atribuyó al Gobierno "motivaciones políticas y electorales", pero rehúsa pronunciarse sobre ellas porque, según subraya, su labor es resolver "cuestiones de estricta legalidad y derecho".
* El Diario Montañés - E.P. - 14.02.08
Foto: Piélagos, Alto del Cuco - eldiariomontanes.es
Vigo: Uno de los socios de Construcuatro admite que cobró sobreprecios
ELCORREOGALLEGO* : Uno de los socios de la constructora pontevedresa Construcuatro y consejero delegado de esta empresa, José Manuel T., imputado en relación al supuesto cobro de sobreprecios en las viviendas protegidas de un edificio del polígono vigués de Navia, admitió hoy ante el juez que cobró cantidades a mayores con el objetivo de realizar mejoras en las viviendas, según confirmaron fuentes cercanas al caso.
Torres acudió a primera hora de la mañana al Juzgado de Instrucción Número Dos de Vigo, donde prestó declaración durante cerca de dos horas y, según fuentes judiciales, admitió el cobro de los citados sobreprecios en las viviendas de protección oficial del edificio número 25 de la calle Teixugueiras, del barrio vigués de San Paio de Navia, y explicó que estaban destinadas a realizar mejoras en las calidades de los inmuebles.
A pesar de admitir los citados sobreprecios, Torres aseguró, según fuentes legales, que vendía pisos "buenos" y "muy baratos". Asimismo, y en relación al mismo asunto, también declaró hoy, como imputado, el presidente de Construcuatro, Eugenio S., quien acudió alrededor de las 11.30 horas.
El pasado 6 de febrero declaró un intermediario de las operaciones de venta de pisos, quien también confirmó el cobro de sobreprecios e incluso afirmó haber entregado dinero negro a un copropietario de la empresa. Además, el pasado 10 de enero también prestaron declaración otros dos intermediarios que reconocieron los cobros "por orden de la constructora Construcuatro".
AFECTADOS.
Hasta las inmediaciones de los juzgados vigueses también se acercó un grupo de afectados por los supuestos sobreprecios, que portaban camisetas rojas en las que denunciaban su situación. Algunos de ellos afirmaron haber pagado los sobreprecios "directamente" a Eugenio S. y a José Manuel T.
Así, Vanesa Díaz, una de las afectadas, afirmó que su contacto "siempre fue Torres", quien le exigió que "tenía que pagar 30.000 euros de más por el piso dos días antes de firmar el contrato de reserva", un dinero que, según explicó, abonó en la propia sede de Construcuatro, empresa participada por Eugenio S., José Manuel T. y el portavoz del PP de Pontevedra, Telmo Martín.
También destacó que el socio de la constructora les dijo que, si no pagaban ese sobreprecio, "había más gente que quería el piso, y enseñaba un taco de documentos" de supuestas personas interesadas en adquirir una vivienda.
García aseguró que fue citada en el peaje de la autopista Vigo-Pontevedra --"donde dijeron que estuviéramos tranquilos porque habían blanqueado parte del dinero", afirmó--. "Nos pidieron que mintiéramos si nos preguntaban, pero yo les dije que por ellos no iba a mentir", aseveró.
Finalmente, explicó que la razón que le daba la empresa era la realización de mejoras en las calidades del piso, aunque criticó que "es mentira porque en los pisos faltan cosas". Por ello, pidió que "se haga justicia" con su caso.
EXPEDIENTE DE LA XUNTA.
Las primeras denuncias por el supuesto cobro de sobreprecios en la compra de estos pisos fueron interpuestas en diciembre de 2006, y meses después se personaron en la causa varios afectados que, además, recurrieron a la delegación provincial de la Consellería de Vivenda para alertar a la Xunta de esas posibles irregularidades.
Vivenda abrió un expediente sancionador a la empresa Construcuatro a finales del pasado verano ante los indicios de que existió un caso de fraude en la venta de vivienda protegida. No obstante, la vía penal tiene prioridad sobre la administrativa, por lo que la Xunta no podrá aplicar ninguna sanción hasta que no se conozca la resolución judicial del caso.
La consellería entregó toda la documentación recabada, entre la que figuran tres denuncias y una veintena de declaraciones firmadas por otros tantos compradores, al Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo.
* El Correo Gallego - E.P. VIGO - 14.02.2008
Foto: Vista del edificio construido por Construcuatro /Jesús de Arcos, farodevigo.es
'Pocerolandia': pisos 60.000 euros más baratos que en octubre
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ELMUNDO* : El constructor Francisco Hernando, más conocido como 'El Pocero', y artífice de la macrourbanización de más de 13.000 viviendas proyectada en la localidad toledana de Seseña (a 36 kilómetros de Madrid), comienza a pasar apuros por la crisis de ventas que ha paralizado al sector inmobiliario. El desplome de las operaciones es de tal calibre que su caseta de ventas ha tenido que colgar el cartel de 'Rebajas' para dar salida a las decenas de pisos de los 2.500 que componen la primera fase de su macrourbanización.
Ahora, la oficina de ventas ofrece casas 'llave en mano' para entrar a vivir de inmediato con un descuento medio de 60.000 euros frente a los precios del pasado mes de octubre. Dependiendo de las características del piso, la bajada oscila entre el 20% y el 30% con respecto al importe que marcaban hace cuatro meses.
Por ejemplo, una vivienda de cuatro habitaciones con 113 metros útiles cuesta ahora 249.600 euros, IVA incluido. En octubre, un comprador que hubiera adquirido un inmueble con las mismas características hubiera pagado 308.681 euros, es decir, 59.000 euros más.
"Antes vendíamos al menos 30 pisos al mes, pero ahora a lo sumo sacamos siete", reconoce un comercial del Residencial Francisco Hernado refiriéndose al parón que ha experimentado el cierre de operaciones desde el pasado mes de octubre.
Paradójicamente, si el cliente no tiene prisa por tener su vivienda y adquiere uno de los miles de inmuebles en construcción y que estarán concluidos en 2009 no disfrutará de rebajas en el precio.
Esta política de rebajas, según fuentes del sector, se explicaría en la necesidad del constructor por trasladar la carga de la hipoteca al comprador final. "Si no vende, es la constructora la que tiene que hacer frente a los compromisos adquiridos con la entidad financiera", explican.
Caja de Ahorros del Mediterráneo, Ibercaja, Caja Duero, Banco Galicia, Caja España y Caja Cantabria son algunas de las entidades que han financiado las obras de la macrociudad.
El propio Francisco Hernando reconoció recientemente a las autoridades del municipio de Seseña que tenía más de 3.000 pisos sin vender de los 5.000 terminados o en fase de edificación.
Fuentes del sector financiero pronostican que la técnica utilizada por 'El Pocero' para sacar sus pisos al mercado tendrá que ser adoptada por otros muchos promotores para eludir problemas financieros. "Las promotoras necesitan tesorería para hacer frente a los créditos hipotecarios. Y si no encuentran compradores, tendrán que bajar precios y reducir márgenes para lograr liquidez", asegura un experto de una prestigiosa consultora inmobiliaria.
Las ventas de 'Pocerolandia' también se han visto seriamente perjudicadas por el submercado que ha surgido en el propio complejo residencial de inversores que hace dos o tres años depositaron sus ahorros en inmuebles de la urbanización con el fin de obtener abultadas plusvalías antes de formalizar las escrituras y cerrar la hipoteca. Comprado a un inversor antes de la entrega de llaves, el precio podía resultar hasta un 30% más atractivo que el que se ofrecía directamente en las oficinas de ventas.
Pese a los problemas para sacar los pisos al mercado, las obras no paran en el Residencial Francisco Hernando. Aunque a menor ritmo que hace un año, los operarios siguen trabajando para terminar de levantar las 5.100 viviendas para las que el consistorio toledano ha autorizado licencia de edificación.
En cuanto al futuro de las 8.000 restantes que planeaba 'El Pocero', es una incógnita. Primero, porque el Ayuntamiento le ha denegado nuevas licencias de edificación hasta que no se desplace la línea de alta tensión que cruza por los terrenos en los que está previsto construir los nuevos bloques. Y, segundo, porque al empresario puede resultarle más rentable posponer las obras hasta que repunte el mercado.
* El Mundo - Economía - 14/02/2008
Foto: Seseña (Toledo), pocerolandia - burbuja.info
Europa investiga al Consell por las inversiones en la Ciudad de la Luz
ELPAÍS/Alicante* : Inversión pública en un mercado privado. La Generalitat ha invertido más de 200 millones de euros de fondos públicos en la construcción de los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz en Alicante. Allí han rodado empresas privadas sus películas y han recibido subvenciones por más de 12 millones por escoger esos estudios para hacerlo.
Por todo ello, y a raíz de dos denuncias de sendos estudios de cine europeos, la Comisión Europea anunció ayer el inicio de una investigación "pormenorizada" con arreglo a las normas sobre ayudas del Estado en el Tratado de la Comunidad Europea sobre la financiación del complejo de estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz, en Alicante. El objetivo es determinar si la financiación de la Generalitat "constituye una ayuda de Estado ilegal que falsea la competencia entre estudios cinematográficos europeos". De hecho, las denuncias iniciales, presentadas en febrero y julio de 2007, partieron de dos estudios de cine, uno de ellos los británicos Pinewood, que "en esta situación de competencia, dudan de que la decisión [de la Generalitat] de invertir en la Ciudad de la Luz responda a consideraciones comerciales normales".
Las dudas no las tienen solo los estudios cinematográficos denunciantes, la propia Comisión también duda "de que un inversor privado hubiera aportado el 100% de la financiación a una empresa de tal envergadura en un mercado competitivo". La comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, declaró que la Comisión "expresa su preocupación porque la importante financiación pública haya permitido a la Ciudad de la Luz falsear la competencia leal en el mercado europeo de los estudios cinematográficos".
La gestión de la Ciudad de la Luz es muy deficitaria. El importe neto de la cifra de negocios en 2006 fue sólo de 242.577 euros, pero las pérdidas de actividades ordinarias superaron los 19 millones. Eso sí, las subvenciones para rodar en los estudios superaron los 12 millones de euros.La Comisión Europea incide, en la nota difundida ayer, en que en la Ciudad de la Luz se han invertido, por parte de la Generalitat, más de 200 millones de euros con "fondos públicos", y como su construcción todavía está en marcha la cifra final "podría ser significativamente superior". En el comunicado destaca los "importantes descuentos" que se han ofrecido para atraer producciones cinematográficas a Alicante, que superan los 12 millones de euros en tan solo dos años. La Comisión duda de que un inversor privado hubiera aportado el 100% de la financiación a una nueva empresa en un mercado competitivo. Fuentes jurídicas consultadas explicaron ayer que si estas ayudas no han sido notificadas a la Comisión y autorizadas por ésta, podrían considerarse "ilegales" y añaden que "en ese caso se exigiría que el beneficiario las devolviera".
El proyecto de la Ciudad de la Luz arrancó de un sueño del cineasta Luis García Berlanga, que asumió como propio Eduardo Zaplana, en su etapa de presidente de la Generalitat. Los fastos de presentaciones por todo lo alto acompañaron al proyecto desde el primer día. Además, de los 226 millones de euros invertidos hasta el momento, la Generalitat concedió ayudas económicas a las productoras por rodar en Alicante. Más de 12 millones de euros en dos años, según la Sindicatura de Comptes. Asterix en los Juegos Olímpicos se llevó 4,75 millones y Su majestad Minor, 2,7 millones. La gestión de la Ciudad de la Luz siempre ha estado marcada por la polémica y la opacidad a la hora de facilitar información pública sobre sus cuentas y resultados. Los únicos datos que han trascendido son los de los resultados de 2006, cuando la cifra de negocios fue de apenas 242.577 euros, pero las pérdidas se elevaron hasta los 19.044.076 euros. El Consell se defendió ayer mediante una nota en la que recordó que la mayor parte de estudios de cine en Europa han recibido "apoyo gubernamental en forma de inyecciones de capital directa o bien con incentivos fiscales". La Generalitat considera que la denuncia de Bruselas está "infundada", ya que la Ciudad de la Luz, por nutrirse de fondos públicos, "no ha distorsionado el mercado europeo". En cuanto al capital aportado por la Generalitat, son "inversiones públicas similares a las que puede hacer un inversor privado y en ningún caso se trata de ayudas de Estado".
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 14/02/2008
Foto: Alicante, ciudad de la luz - ciudaddelaluz.com
Cataluña: El juez ratifica que en la etapa de Pujol se cobraron comisiones del 20%
ELPAÍS* : Ratificación de pe a pa. El juez de Barcelona que investiga el supuesto pago de comisiones a constructores en la época de Convergència i Unió (CiU) ha dictado una segunda resolución en la que confirma que existen indicios para pensar que esos hechos ocurrieron y que la empresa de la Generalitat Adigsa exigió a los constructores el 20% del importe de las obras que cobraron por rehabilitar viviendas.
Por ese motivo, el juez se ratifica en que la investigación del caso está cerrada y acuerda que continúe la tramitación para celebrar el juicio.
Dos años después de que la fiscalía se querellara por ese caso, el juez dictó el pasado 28 de junio lo que en términos jurídicos se llama auto de acomodación al procedimiento abreviado (véase EL PAÍS de 16 de octubre). Es una decisión que se acuerda cuando el juez cree que hay indicios de criminalidad. La otra alternativa posible es archivar del caso. Las defensas de los imputados, entre ellos todos los directivos de Adigsa, recurrieron contra aquella decisión y ahora el juez ha rechazado de plano esas alegaciones e insiste en lo que dijo entonces: que al constructor Juan Antonio Salguero se le exigieron comisiones del 20% en la rehabilitación de unas obras públicas y que éste tuvo que pagar 108.000 euros.
En la decisión de hace unos meses, ahora ratificada, el juez relataba la participación concreta de Ferran Falcó y Josep Antoni Fondevila, presidente y consejero delegado de Adigsa en la última etapa del Gobierno de Jordi Pujol. También precisaba que José María Penín era un intermediario en aplicar el llamado Pla Jove, "ideado y creado con la finalidad de captación de votos para el partido Convergència i Unió". En esta causa están inculpadas ocho personas y entre ellas figuran también el arquitecto Jordi Huguet, director técnico de Adigsa en aquella época, y Xavier Sala, responsable económico de la empresa.
Cuando hace meses se conoció la resolución judicial, los portavoces de CiU dijeron que era nula porque la Audiencia de Barcelona había ordenado el peritaje de unas viviendas y que, por tanto, el caso estaba reabierto. Fue el mismo argumento que se dijo incluso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora, sin embargo, el juez es contundente frente a esas argumentaciones: "Con respecto a la prueba pericial pendiente de practicarse, no se considera que pueda afectar al contenido de la presente resolución por tratarse tal valoración de un aspecto puramente accesorio que no afecta a la existencia material de los hechos que se imputan".
Ese peritaje sigue pendiente de elaboración y, mientras tanto, las defensas han vuelto a recurrir contra la resolución judicial ante la Audiencia de Barcelona. Javier Melero, abogado de Falcó, ha ido incluso más allá y ha presentado un incidente de nulidad. Su intención es que el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona revoque toda la investigación. "Se han violado las normas esenciales del procedimiento. La única prueba de cargo que existe es un supuesto perjuicio por una pericial de parte", afirma Melero. Su cliente es ahora teniente de alcalde de CiU en el Ayuntamiento de Badalona.
La opinión del abogado contrasta con el parecer del juez, quien después de defender la legalidad de su decisión, añade: "Otra cuestión es que pueda resultar más o menos del agrado la extensión en la descripción de los hechos, su contenido o incluso la forma de redacción". Por ello, el juez insiste en "la concurrencia de indicios bastantes para la continuación del proceso y enjuiciamiento de la causa".
* ELPAIS.com - PERE RÍOS - Barcelona - 14/02/2008
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com
'Guateque': Un viceconsejero de Aguirre se concedió una licencia de obras en un mes
ELMUNDO/Madrid* : ¿Quién dijo que el sistema de concesión de licencias del Ayuntamiento no era ágil? El ex gerente de Urbanismo y actual viceconsejero de Transportes, Luis Armada, puede atestiguar que no es así. Al menos en lo referido a la concesión de una licencia que un familiar solicitó y él concedió para unas obras de un palacete situado en el número 9 de la calle de la Bola. El que fuera 'número dos' de Urbanismo con José María Álvarez del Manzano consiguió en un mes el trámite administrativo para hacer los trabajos.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la solicitud la presentó, firmada de su puño y letra, el 30 de abril de 2001. En tan sólo nueve días, en la sesión del 8 de mayo, consiguió el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Consejería de Educación y de la Comisión de Control y Protección del Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo.
"Un tiempo récord", apuntan desde la oposición. Este organismo se reúne una vez a la semana y suele acumular diferentes asuntos, por lo que los nuevos quedan en espera.
Tres días después, el 11 de mayo, el jefe de Sección de licencias de Gerencia de Urbanismo, actualmente imputado en el 'caso Guateque' por cohecho y prevaricación, redacta un informe favorable a la concesión de licencias. Los trabajos consisten en la consolidación puntual de la cubierta del sótano en el patio de luces de la finca.
Concretamente se trata del desmontaje de lucernarios, "realizados en hierro y vidrio y sustitución por pavés de vidrio con la misma indicación que el forjado existente. Obras complementarias de electricidad y acabados", según consta en la documentación.
Finalmente, el 21 de mayo de 2001, los servicios técnicos de Gerencia de Urbanismo informan favorablemente a la solicitud de licencia. "Procede a elevar al señor gerente municipal de Urbanismo, la siguiente propuesta de resolución". Es decir, remitir a Armada ese documento para que dé el visto bueno definitivo a una licencia que ha solicitado para unas obras.
El documento está firmado por el asesor técnico, María Aránzazu Amóstegui Fernández, y el jefe de departamento de Zonas Protegidas I, Enrique Zoraya Casado. Junto a su firma está la de él mismo, como gerente municipal de Urbanismo. La notificación al interesado se produjo el 4 de junio. Fuentes de la oposición calificaron el tiempo de concesión de licencias como "express", y precisaron que el tiempo normal es de tres meses.
Fuentes de la Consejería de Transportes precisaron que la licencia se concedió en un mes porque se trataba "de obras menores". Concretamente, de goteras. Además, se empeñaron en aclarar que Armada no asistió a la Comisión de Patrimonio y que los técnicos de Urbanismo constataron que las obras ejecutadas en 2001 se ajustaban a la licencia concedida.
Finalmente, precisaron que su familia mantiene alquilado el palacete desde 1951.
* El Mundo - JAIME G. TRECEÑO - 13/02/2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
'Murcia no se vende' se manifiesta el sábado en Totana contra la corrupción
VEGAMEDIA* : La coordinadora "La Región de Murcia no se vende" ha convocado para este sábado, 16 de febrero, una manifestación en Totana bajo el lema "Esto no es plan, No a la corrupción". La elección de Totana se debe a que, pese a tener un PGOU conformado por 59 convenios urbanísticos, algunos de los cuales están siendo investigados por la justicia, se pretende enviar a Murcia para su aprobación definitiva sin atender las más de 4.000 alegaciones de particulares y colectivos, y "apostando por un modelo de monocultivo del ladrillo que estrangularía el futuro ecológico, económico y social", según la organización.
Totana es uno de los múltiples casos que afloran por doquier en la Región, en los cuales, según MURCIA NO SE VENDE, "se intenta imponer el interés particular de unos poco sobre el interés general de todo un pueblo, basados todos ellos en una ley del suelo que permite y promueve la corrupción en todos sus órdenes, urbanística, social, ética y moral, y esto no es plan", añaden.
La coordinadora hace un llamamiento a todos los ciudadanos a manifestarse públicamente por el buen nombre de Totana y la Región, contra la corrupción, en defensa del patrimonio natural y cultural común, de la regeneración social y democrática, y en apoyo a la actuación de la Justicia.
La manifestación partirá a las 12:30 del mediodía realizando un céntrico recorrido que comenzará en el lateral del Parque Municipal y finalizará en la plaza del ayuntamiento.
* Vegamedia Press - Murcia - 12/02/2008
Foto: Miembros de Murcia No Se Vende, esta mañana / VMPress.
El PGOU de Alicante languidece
LUIS FALCÓ MAESTRE* : No nos engañemos, y es que a estas alturas y tras un decenio, el PGOU está malherido o más bien herido de muerte; ya no sólo porque expira el plazo establecido para su exposición y aprobación del PGOU, que puede convertirse en la puntilla a pesar de las trampas desde Conselleria de Urbanismo, sino porque la posibilidad de desarrollar PAIs ha desgajado gran parte del contenido del Avance, desnaturalizando lo que en él se planteaba, con el beneplácito e interés del alcalde.
Basta con revisar el planteamiento lanzado hace 8 años y comprobar cómo algunas zonas del extrarradio planteaban un crecimiento moderado considerando diversos factores como el PATEMAE (¿se acuerdan de la conexión Elx-Santa Pola-Alicante?), PATRICOVA (zonas de riesgo inundación) o movilidad entre otros. Como ejemplo que ilustra este cambio tenemos el planteamiento para el desarrollo de Rabassa, donde no alcanzaba las 8.000 viviendas, zona de recreo y deportiva y el respeto a las "balsas" o lagunas y el hito del Cerro del Gallo.
Una despolítica territorial que ya sufrimos los ciudadanos, pues en estos planes no se contempla una serie de servicios, condiciones previas y dotaciones que sí se establecen en el PGOU.
Abusar, por tanto, de una figura como son los planes parciales, establecida como aplicación excepcional dentro de la ley urbanística, desvirtúa y abandona las verdaderas necesidades de la población en pro de unas suculentas ganancias a los promotores amigos y una política del parche que saltará en pedazos. Una visión peligrosamente reduccionista donde el concepto de crecimiento se relaciona sólo con más hormigón y terrenos en propiedad.
Por otro lado, la visión global de la metrópolis posibilita adecuar y establecer diferentes servicios que los PAIs no suele contemplar. Veamos algunos factores donde se vislumbra esas carencias por retrasar el PGOU.
Dotaciones sociales: básico y primordial, sus instalaciones escolares, deportivas, sanitarias, seguridad, policía, bomberos... Actualmente se abordan con planes especiales como el del centro tradicional y el insuficiente de la zona norte.
Zonas y corredores verdes: parques, cordones y bulevares verdes. Donde el déficit es alarmante, sólo hay 3,5 m2 de manto vegetal por habitante.
Movilidad: Se contempla conexiones de viales de transporte, accesibilidad y movilidad sostenible, con carriles bici, carril bus, etecétera. El presente apuesta por el vehículo privado, aparcamientos en el centro y desdoblamientos de carriles (como en la avenida de Dénia), además de un encarecido tranvía.
Ajustes y armonía con los municipios limítrofes: no hay planificación comarcal, basta con ver la proyección y los PGOU de El Campello o Sant Joan donde recalifican a urbanizable casi todo su término municipal.
Equilibrio centro-periferia: se pretendía en el concierto previo del PGOU un control del hábitat disperso en pedanías y extrarradio. La tardanza ha dado como resultado un crecimiento desordenado e inconexo si observamos la Condomina, Rabassa, Nuevo San Blas, Pino-Ruaya, etcétera.
Cultura participativa: el PGOU tiene un tratamiento más democrático y global que los PAIs, requiere una reflexión sobre el modelo de ciudad y unos pasos que integran los diferentes factores sociales, económicos y culturales vitales para la buena salud de la ciudad y sus habitantes.
Patrimonio: ya sea arqueológico, arquitectónico o natural. Otros afectados del retraso y en franca decadencia, maltratando la historia, la identidad y de paso las posibilidades de un turismo de calidad. ¿Realmente hay un catálogo de edificios protegidos? Miren lo que queda del Ideal, de la estación de Benalúa, de la Serra Grossa, de Aguamarga, Infraestructuras portuarias: Alicante es una ciudad marítima y enlazada al desarrollo de su puerto, mira (o miraba) al mar con orgullo y ahora parece que torres de silos, humos y elementos nocivos pueden ser los nuevos vecinos de Benalúa, Babel y San Gabriel.
Todos estos factores conjugados sirven para optimizar los propios recursos y no establecer pequeñas, o no tanto, aldeas con sus servicios desconectados al resto. Un PGOU establece un modelo de ciudad, nos guste más o menos, pero con una línea, un orden y racionalidad ante los retos que se establecen en la entrada del siglo XXI. No tenerlo a estas alturas es ahogar a la ciudad, negarle una dirección, y este alcalde no es que esté pasivo ante esta circunstancia sino que es quien tira de la cuerda.
Es verdad que algunos PAIs contemplan su equipamiento, servicios y zonas verdes, pero sólo circunscrito a su desarrollo interno e independiente, suponiendo un gran error para la configuración general del municipio.
Un retraso, pues, que ha arrastrado a un bloqueo en la gestión de diversas concejalías y a lo que no podrá esperar establecer acciones en detrimento de la salud y bienestar de la ciudadanía.
Una inexplicable demora que ha supuesto una reducción de servicios y calidad de vida, pues recordemos que en los últimos 10 años la población se ha incrementado en más de 60.000 habitantes y el PGOU vigente es del 87. Prórrogas que sólo han beneficiado a los constructores poniendo en peligro la rehabilitación de viviendas del centro o los empleos de muchos conciudadanos.
Así pues, entrando en la cuarta legislatura con el mismo alcalde, seguimos sin PGOU, pero además sin Palacio de Congresos, plan especial de protección de Tabarca, Agenda Local 21 aplicada o pacto por la movilidad. Sin embargo el ritmo de la transformación de Alicante es vertiginoso y desordenado, como venimos denunciando Els Verds Esquerra Ecologista desde hace mucho tiempo.
Personalmente me siento engañado y estafado por el incumplimiento sistemático de nuestros gobernantes, que han demostrado una gran carencia en aquello que supuestamente deben hacer, que es gestionar las arcas públicas para revertir en bienes y servicios para todos y no sólo para unos pocos.
* Luis Falcó Maestre es portavoz de Els Verds Esquerra Ecologista y candidato al congreso por Bloc-Iniciativa-Verds.
* Información - Opinión - 12 de febrero de 2008
